RESOLUCIÓN NO. 296-2005 REGLAMENTO JUEZ DE LA EJECUCIÓN CPP


DIOS, PATRIA Y LIBERTAD
REPÚBLICA DOMINICANA

La Suprema Corte de Justicia
En Nombre de La República

En Nombre de la República, la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Jorge A. Subero Isa, Presidente; Rafael Luciano Pichardo, Primer Sustituto de Presidente; Eglys Margarita Esmurdoc, Segundo Sustituto de Presidente; Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor y José E. Hernández Machado, asistidos de la Secretaria General, en Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 6 de abril de 2005, años 162° de la Independencia y 141° de la Restauración, dicta en Cámara de Consejo, la siguiente resolución:

Visto los artículos. 3, 4, 8, 9, 10, 46, 47, 67, 100 y 102 de la Constitución de la República;

Visto el artículo 29, inciso 2 de la Ley 821 sobre Organización Judicial, del 1927;

Visto los artículos 14 inciso h) de la Ley Orgánica No. 25-91, de la Suprema Corte de Justicia, de fecha 15 de octubre del 1991, modificada por la Ley No. 156-97, del 10 de julio del 1997;

Visto la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de abril de 1948;

Visto la Declaración Universal de Derechos Humanos, de fecha 10 de diciembre de 1948;

Visto las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, aprobadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, de 1955;

Visto la Ley No. 164 sobre Libertad Condicional del 14 de octubre de 1980.

Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de fecha 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 648 de fecha 27 de octubre de 1977, publicada en la Gaceta Oficial No. 9451 del 12 de noviembre de 1977;

Visto la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José, de fecha 22 de noviembre de 1969, debidamente aprobada por el Congreso Nacional mediante Resolución No. 739 del 25 de diciembre de 1977 y publicada en la Gaceta Oficial No.9460 del 11 de febrero de 1978;

Visto la Ley No.50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana del 30 de mayo del 1988, y sus modificaciones y Decreto No.288-96 que contiene el Reglamento de la Ley 50-88;

Visto la Ley No.64-00, Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 18 de agosto del 2000;

Visto la Ley No.42-01, Ley General de Salud, del 8 de marzo del 2001;

Visto la Ley No.72-02 contra Lavado de Activo Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, del 7 de junio del 2002.

Visto la Ley 76-02 que instituye el Código Procesal Penal de la República Dominicana, de fecha 27 de septiembre del 2002;

Visto la Resolución No.1920-03, sobre Medidas Anticipadas a la Vigencia del nuevo Código Procesal Penal, de fecha 13 de noviembre de 2003;

Visto la Ley No. 277-04 del 12 de agosto del 2004 que crea el Servicio Nacional de Defensa Pública;

Visto la Ley No. 278-04 sobre la Implementación del Proceso Penal Instituido por la Ley No.76-02 del 13 de agosto del 2004;

Atendido, que el Art. 3, parte ‘in fine’, de la Constitución dispone: "La República Dominicana reconoce y aplica las normas del Derecho Internacional General y Americano en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado…"

Atendido, a que de conformidad con el Art. 74 del Código Procesal Penal: "Los jueces de ejecución penal tienen a su cargo el control de la ejecución de las sentencias, de la suspensión condicional del procedimiento, de la sustanciación y resolución de todas las cuestiones que se planteen sobre la ejecución de la condena".

Atendido, que el Art. 436 del Código Procesal Penal, establece: "El condenado goza de todos los derechos y facultades que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y este Código, y no puede aplicársele mayores restricciones que las que expresamente dispone la sentencia irrevocable y la ley."

Atendido, que el Juez de la Ejecución de la Pena controla el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias y resuelve todas las cuestiones que se susciten durante la ejecución, de conformidad con el Art. 437 del Código Procesal Penal.

Atendido, que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, vinculantes para el Estado Dominicano, en su Regla 58 establece que: "El fin y la justificación de las penas y medidas privativas de libertad son, en definitiva, proteger a la sociedad contra el crimen. Sólo se alcanzará este fin si se aprovecha el período de privación de libertad para lograr, en lo posible, que el delincuente una vez liberado, no solamente quiera respetar la ley y proveer a sus necesidades, sino también que sea capaz de hacerlo".

Atendido, que el Código Procesal Penal establece reglas generales para la ejecución de la pena, y se precisa de la adopción de reglas mínimas a seguir por el Juez de la Ejecución para la consecución de la finalidad de la judicialización de la ejecución de la pena, como instrumento de tutela judicial efectiva de los derechos humanos de los condenados y condenadas.

Atendido, a que la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, en su Art. XXV establece que todo individuo tiene derecho a un tratamiento humano durante la privación de libertad.

Atendido, a que la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, dispone en su Art. 5.1: "Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral"; 2. "Nadie debe ser sometido a torturas ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"; 3. "La pena no puede trascender de la persona del delincuente;" y 6. "Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados".

Atendido, a que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Art. 10, inciso 1, establece que: "Toda persona privada de su libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano; y en su inciso 3, se consagra que:"El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados…".

 Atendido, a que para alcanzar el fin y justificación de las penas y medidas privativas de libertad el régimen penitenciario debe de aplicar, conforme a las necesidades y tratamiento individual de los delincuentes, todos los medios curativos, educativos, morales, espirituales y de otra naturaleza, y todas las formas de asistencia de que puede disponer, según lo prescribe las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, en su numeral 59.

Atendido, que para los fines de la efectiva ejecución judicial de la pena, son principios rectores los siguientes:

a.     Principio de legalidad: sujeción de la ejecución de las penas y medidas de seguridad al respeto estricto de la Constitución, los tratados internacionales sobre los derechos de los condenados, al Código Procesal Penal; a la Ley 224, que establece el Régimen Penitenciario, del 13 de junio de 1984 y la Ley 164, sobre el Libertad Condicional del 20 de agosto del 1985 y otras leyes correlativas; de conformidad con el Principio 7 del Código Procesal Penal.
b.     Principio de dignidad de la persona: el derecho de todo condenado a que se respete su integridad personal y su integridad física, síquica y moral; ningún condenado puede ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradante, de conformidad con el Art. 10 del Código Procesal Penal y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos citados.
c.      Principio de no discriminación: la aplicación de las reglas imparcialmente, sin hacer diferencias de tratos fundados en prejuicios, principalmente, de raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o cualquier otra opinión, de origen nacional o social, fortuna, nacimiento u otra situación cualquiera; lo que implica el respeto a las creencias religiosas y los preceptos morales a que pertenezca el condenado, de conformidad con las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas por Naciones Unidas del 10 de agosto del 1955.
d.     Principio de humanización en la ejecución de la pena: lo que implica la aplicación del principio de individualidad de las penas, desaparición de castigos corporales, no hacer la ejecución más penosa de lo que es por sí la condición de condenado, no pudiéndose aplicar mayores restricciones que las que expresamente dispone la sentencia irrevocable y la Ley, de conformidad, con la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre; Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos; Convención Americana sobre Derechos Humanos, y Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, en sus Arts. XXV, 10, inciso 1; 5, numeral 1 y 59, respectivamente.
e.      Principio de sujeción especial del condenado: lo que conlleva que el status de condenado en un establecimiento penitenciario no puede significar la eliminación de sus derechos fundamentales, lo que envuelve el reconocimiento de que el condenado disfruta de los derechos de todo ser humano, con la restricción que resulte de la aplicación de la pena, en virtud del art. 436 del Código Procesal Penal.
f.       Principios del debido proceso de ley: según está regulado en la Resolución No.1920-2003 del 13 de noviembre del 2003, son vinculantes para el Juez de la Ejecución de la Pena.
 Por tanto, la Suprema Corte de Justicia, después de haber deliberado.

RESUELVE:

PRIMERO: Disponer que a los fines de la presente Resolución se entenderá por:

1.     Control: Tutela efectiva: a) en la ejecución de la sentencia de condena irrevocable de acuerdo con su finalidad, durante la duración de la pena; b) de los derechos humanos reconocidos a los condenados o condenadas; y c) de los derechos penitenciarios a favor de los condenados y condenadas, basados en las normas del Régimen Penitenciario Dominicano y demás leyes especiales.
2.     Cómputo Definitivo: Es la fijación, por el Juez de la Ejecución de la Pena, del cómputo de la pena de conformidad con el Art. 440 del Código Procesal Penal, después de revisar la establecida en la sentencia condenatoria irrevocable, para determinar, con precisión, la fecha en que finaliza la duración de la pena y la fecha a partir de la cual el condenado puede solicitar su libertad condicional.
3.     Denuncia: Acción que persigue poner en conocimiento del Juez de la Ejecución de la Pena cualquier violación a los derechos y garantías de los condenados durante la imposición de medidas disciplinarias por la administración del establecimiento penitenciario.
4.     Derechos fundamentales de los condenados o condenadas: Todos los derechos y garantías fundamentales, contenidos en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad, no limitados por la condena; y en específico, los contenidos en las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas y en la Ley No.224 sobre el Régimen Penitenciario del 13 de junio de 1984.
5.     Ejecutoriedad: El Conjunto de los requisitos formales para el apoderamiento del Juez de la Ejecución de la Pena.
6.     Juez de la Ejecución de la Pena: Juez del orden judicial que preside la jurisdicción especializada que tiene como función principal garantizar al condenado o condenada por sentencia irrevocable, el goce de los derechos y garantías fundamentales que le reconocen la Constitución, los tratados internacionales, la Ley 224 sobre Régimen Penitenciario vigentes y demás leyes especiales y el Código Procesal Penal; y controla y vigila la legalidad de la ejecución de la pena.
7.     Libertad Condicional: Beneficio concedido por la Ley No.164, sobre Libertad Condicional del 14 de octubre del 1980, al condenado o condenada, de abandonar la prisión antes del cumplimiento total de la pena, siempre que se trate de condena, cuya duración sea de más de un año de prisión y se haya cumplido la mitad de la misma, y los demás requisitos establecidos en esta Ley.
8.     Medidas de Seguridad: Aquellas medidas complementarias o sustitutivas de las penas aplicables a imputados que por sus particulares circunstancias personales son inimputables, por lo que no es procedente la aplicación de penas.
9.     Multa: Pena, generalmente accesoria, de carácter pecuniario.
10.                       Nuevo Juicio: Derecho del condenado a ser juzgado nuevamente en cuanto a la pena fijada por el Juez de la Ejecución, a consecuencia de la unificación de las penas cuando se modifique sustancialmente el monto o cuantía de la pena, y el régimen de cumplimiento.
11.                       Pena o condena privativa de libertad: La privación de libertad, previamente prevista en la ley, impuesta en virtud de un proceso al condenado o condenada responsable de una infracción penal, mediante sentencia irrevocable, por un tiempo determinado.
12.                       Penas y medidas accesorias: Aquellas que acompañan a la pena principal, de privación de libertad, como son las costas, restitución de los objetos secuestrados, el decomiso y destrucción del cuerpo de delito.
13.                       Perdón Judicial: Caso extraordinario de exención o reducción de la pena impuesta por el juez de fondo, conforme a los criterios establecidos en el Art. 340 del Código Procesal Penal.
14.                       Peticiones o solicitudes y quejas: Medio o vía que tiene abierta el condenado o condenada para acudir, por sí o a través de su representante, por ante el Juez de la Ejecución de la Pena, cuando por acción u omisión le sean afectados derechos y garantías consagrados en la Constitución, los tratados internacionales, en el Código Procesal Penal y en la Ley sobre Régimen Penitenciario y otras leyes especiales.
15.                       Prescripción de las Penas: Extinción de la pena basada en el transcurso del tiempo, que se cuenta desde la fecha de la sentencia irrevocable o desde el quebrantamiento de la condena, según lo regulado en el art. 439 del Código Procesal Penal.
16.                       Recurso de revisión: Recurso regulado en el art. 428 del Código Procesal Penal y que le da titularidad al Juez de la Ejecución de la Pena, por ante la Suprema Corte de Justicia, cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena, o en caso de cambio jurisprudencial.
17.                       Revisión: Examen de la sanción penal impuesta por sentencia irrevocable a los fines del cómputo definitivo de la pena, a solicitud del condenado o de oficio por el Juez de la Ejecución.
18.                       Sentencia irrevocable: Decisión del juez de fondo que resuelve de manera definitiva el conflicto nacido de un hecho punible sancionado con penas privativas de libertad, que no es susceptible de ningún recurso, salvo el de revisión regulado en el Art.429, numeral 5 del Código Procesal Penal.
19.                       Suspensión condicional de la Pena: Facultad otorgada al Juez de juicio de suspender la ejecución de la pena, por el Art. 341 del Código Procesal Penal, sobre la base de la cuantía de la pena privativa de libertad igual o inferior a cinco años y del carácter primario del condenado.
20.                       Suspensión Condicional del Procedimiento: Es un procedimiento judicial de resolución alternativa del conflicto nacido del hecho delictuoso, instituido en el Art. 40 del Código Procesal Penal.
21.                       Sustitución de la Multa: potestad del Juez de la Ejecución de sustituir la multa por otras modalidades de pago, como sustitución por trabajo comunitario, pago en cuotas o a plazo, y como última alternativa la prisión.
22.                       Unificación de la Pena: Partiendo del principio del cúmulo o no cúmulo de penas según estuviere establecido, determinación por el Juez de la Ejecución, de la pena única imponible al condenado, partiendo del principio del no cúmulo de penas y de las diversas penas a que ha sido condenado el imputado en diversos procesos por hechos distintos.

SEGUNDO: Establecer el procedimiento que se debe seguir ante el Juez de la Ejecución de la Pena, según las reglas siguientes:

I. DESIGNACIÓN
La Suprema Corte de Justicia podrá designar en cada Departamento Judicial por lo menos un juez que desempeñará las funciones de Juez de Ejecución de la Pena, tanto de manera provisional, conforme lo establece el Art. 8, párrafo, de la Ley No. 278-04, sobre la Implementación del Proceso Penal Instituido por la Ley No.76-02, del 13 de agosto del 2004 como de manera definitiva, luego de la entrada en vigencia plena del Código Procesal Penal, conforme al Art. 67, numeral 4 de la Constitución Política de la República Dominicana.

II. ATRIBUCIONES

Son competencias del Juez de la Ejecución de la Pena, de conformidad con los Arts. 28, 436, 437 y 441 del Código Procesal Penal:

a.     Garantizar a los condenados el goce de los derechos humanos fundamentales y de las garantías reconocidas por la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y el Código Procesal Penal, sin mayores restricciones de las que resulten de la sentencia condenatoria irrevocable y de la ley.

b.     Controlar el cumplimiento adecuado de las sentencias condenatorias, de conformidad con los principios de legalidad, de dignidad de la persona humana, de imparcialidad o no discriminación, resocialización como finalidad de la pena y al debido proceso;

c.      Resolver jurisdiccionalmente las cuestiones que se susciten durante la ejecución, conforme al procedimiento de los incidentes, Art.s 74 y 442 Código Procesal Penal;

d.     Controlar el cumplimiento de las condiciones impuestas al imputado en la suspensión condicional del procedimiento, regido por el Art.40 y siguientes del Código Procesal Penal, a los fines de que el juez competente dicte el auto para su revocación o la declaración de la extinción de la acción penal;

e.      Controlar el cumplimiento de las condiciones de la suspensión condicional de la pena y en caso de violación por el condenado de las obligaciones impuestas, ordenar la suspensión y proceder a la ejecutoriedad de la sentencia para su cumplimiento íntegro, en virtud del Art. 341 del Código Procesal Penal.

f.       Controlar la ejecución de las sentencias irrevocables, contentivas del perdón judicial, a favor de los condenados o condenadas que le hayan reducido la pena, en virtud del Art. 340 del Código Procesal Penal.

g.     Disponer las inspecciones y visitas a los establecimientos penitenciarios que sean necesarias, de conformidad con el Art. 437 del Código Procesal Penal;

h.     Hacer comparecer ante él a los condenados y encargados de los establecimientos penitenciarios con fines de vigilancia y control, conforme al indicado Art. 437 del Código Procesal Penal;

i.       Dictar, aún de oficio, según el Art. 437 antes citado, las medidas que juzgue convenientes para corregir y prevenir las fallas que observe en el funcionamiento del sistema penitenciario;

j.       Ordenar a la Dirección General de Prisiones, o autoridad competente, dictar las resoluciones necesarias en el mismo sentido de corrección del sistema penitenciario, regulado por la Ley No. 224, sobre Régimen Penitenciario del 13 de junio de 1984; todo conforme con los referidos Arts. 74 y 437 del Código Procesal Penal.

k.     Resolver sobre las propuestas de libertad condicional de los condenados y su revocación si procediere, de conformidad con los Arts. 444 y 445 del Código Procesal Penal y la Ley No.164 sobre Libertad Condicional vigente;

l.       Ejercer el recurso de revisión de la sentencia definitiva firme, cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena o en caso de cambio jurisprudencial, de conformidad con el Art. 429 del Código Procesal Penal;

m.  Velar por la fiel ejecución de las sentencias en los casos en que el cumplimiento de las mismas esté sometida a condiciones especiales, según lo previsto en el Art.342 del Código Procesal Penal;

n.     Controlar jurisdiccionalmente, de oficio o a petición del condenado, las quejas o peticiones sobre las sanciones disciplinarias impuestas a los condenados o condenadas, por la autoridad administrativa, fundadas en la Ley No.224, sobre Régimen Penitenciario vigente, de conformidad con los Arts. 437 y 442 del Código Procesal Penal;

o.     Declarar la prescripción de las penas y ordenar la liberación del condenado, cuando procediere.

p.    Decidir sobre toda reclamación fundada en violación a los derechos humanos y garantías fundamentales de los reclusos, amparados ya sea en la Constitución, Bloque de Constitucionalidad, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas del 30 de agosto del 1955, y la Ley No. 224 y demás leyes vigentes, conforme con el procedimiento de los incidentes.

q.     Promover la reinserción social del condenado o condenada después del cumplimiento de la pena privativa de libertad y del egreso de éste o ésta del penal.

r.      1. Verificar que los reclusos reciban una alimentación adecuada tres veces al día;
2. Diligenciar lo necesario, a fin de que los reclusos mantengan un buen estado de salud y de higiene general;

3. Abogar porque los reclusos practiquen deportes, actividades físicas o ejercicios y que tomen sol varias veces por semana;

4. Realizar las diligencias de lugar con el objetivo de que los reclusos participen en programas educativos, sobre todo que reciban instrucción primaria;

5. Abogar porque funcionen en los penales las respectivas comisiones de vigilancia, evaluación y sanción instituidas por el Art. 20 de la Ley 224-84, y acordar planes de colaboración recíproca;

6. Interesarse por el respeto de los derechos de los reclusos, tales como:
6.1. derecho de visitas y a recibir correspondencia (articulo 35 de la Ley 224-84);
6.2. adecuada aplicación de las sanciones disciplinarias (articulo 46 de la Ley 224-84);
6.3. ejecución de trabajo penitenciario (Arts. 55 y siguientes de la Ley 224-84);
6.4. ejecución de trabajo penitenciario(Arts. 77 y siguientes de la Ley 224-84);
6.5. clasificación técnica de los reclusos (Art. 12 de la Ley 224-84); y,
6.6. auspiciar que los reclusos practiquen la religión de su preferencia y que participen en los servicios religiosos efectuados en el penal (Arts. 75 y 76 de la Ley 224-84).

s) Realizar un nuevo juicio sobre la pena en el caso de la unificación de penas o condenas que modifiquen sustancialmente la cuantía, monto o régimen de cumplimiento de la pena, según lo establecido en el párrafo final del Art. 441 del Código Procesal Penal.

III. COMPETENCIA TERRITORIAL

El Juez de la Ejecución de la Pena tiene jurisdicción territorial dentro del Departamento Judicial para el que ha sido nombrado. En caso de designarse más de uno, la Suprema Corte de Justicia al momento de su designación establecerá el ámbito de su competencia territorial.

IV. EJECUTORIEDAD O APODERAMIENTO

En el marco legal del Art. 438 del Código Procesal Penal:

1.     El Juez de la Ejecución de la Pena se apodera con la sentencia condenatoria irrevocable dictada por los tribunales del orden judicial.

2.     Desde el momento en que la sentencia es irrevocable, luego del ejercicio de los recursos correspondientes o hayan transcurridos los plazos para ejercerlos, la Secretaria del tribunal o Corte que dictó la sentencia condenatoria, sin más trámite, y dentro de las cuarentiocho horas siguientes, certifica el carácter irrevocable de la sentencia y la remite al Juez de la Ejecución, quien inmediatamente:

a.     Verifica el carácter irrevocable de la sentencia condenatoria;

b.     Ordena a la Secretaria la inscripción de la sentencia condenatoria, en el libro registro físico o digital, abierto al efecto, en la Secretaría del Despacho del Juez de la Ejecución de la Pena, con el mismo número único del expediente del tribunal de procedencia;

c.      Dicta, mediante auto motivado, la orden de ejecución del fallo, de conformidad con el Art. 438 del Código Procesal Penal; y lo notifica al condenado, a la Dirección General de Prisiones y al establecimiento penitenciario donde el condenado debe cumplir la pena privativa de libertad y donde es remitido, si se encontrase en libertad o en otro establecimiento penitenciario;

d.     En caso de que el condenado, se encontrare en libertad, el Juez de la Ejecución dicta orden de arresto para su comparecencia o captura.

V. PROCEDIMIENTO DEL CÓMPUTO DEFINITIVO DE LA PENA

Según el Art. 440 del Código Procesal Penal:
1. Para la revisión del cómputo definitivo el Juez de la Ejecución de la Pena tomará en cuenta:

a.     La privación de libertad sufrida por el condenado desde el día de su arresto o bajo arresto domiciliario;

b.     El tiempo transcurrido en libertad por el condenado durante el proceso, ya sea por el disfrute de la libertad provisional bajo fianza; o por la presentación de garantía económica u otra medida de coerción, en que estuviese en libertad el condenado;

c.      Tiempo en libertad del condenado durante la libertad condicional hasta su revocación; y,

d.     Cualquier otra circunstancia que pueda influir en el cálculo de la duración de la pena.

2. La finalidad del cómputo es para determinar con precisión:

a.     La fecha en que finaliza la condena;

b.     La fecha a partir de la cual el condenado o condenada puede solicitar su libertad condicional; o

c.      Solicitar su rehabilitación.

3. El cómputo siempre es reformable, aún de oficio, cuando nuevas circunstancias lo hagan necesario.

4. La revisión del cómputo definitivo se hace de oficio por el Juez de la Ejecución, dentro de un plazo de tres (3) días hábiles de la recepción de la sentencia condenatoria, mediante auto motivado y notificado al condenado, al Ministerio Público, la Dirección General de Prisiones y a la autoridad administrativa del establecimiento penitenciario, en que deba cumplir la condena.

5. En caso de cualquier queja por el resultado del cómputo por el condenado o condenada, se conoce la reclamación o petición conforme al procedimiento de los incidentes.

VI. PROCEDIMIENTO DE LA UNIFICACIÓN DE PENAS O CONDENAS

Conforme al Art. 441 del Código Procesal Penal:

1. Es competencia del Juez de la Ejecución de la Pena, de oficio, o a solicitud del condenado o condenada, o su defensor o apoderado, hacer la unificación de las penas o condenas en los casos:

a.     Previstos en el Código Penal, o sea cuando es admisible o no el principio de cúmulo de penas;

b.     Por haber sido condenado en diferentes juicios, por hechos distintos, ya sea durante el proceso o en el transcurso del cumplimiento de la condena.

2. La unificación de las penas o condenas, en caso de petición del condenado o su defensor, se tramitará y conocerá mediante el procedimiento de los incidentes.

3. Cuando la unificación pueda modificar sustancialmente la cuantía, monto o régimen de cumplimiento de la pena, el Juez de Ejecución, a solicitud de parte, realiza un nuevo juicio sobre la pena, siguiendo el procedimiento sobre los incidentes, en cuyo caso:

a.     Convocará a una audiencia oral dentro de un plazo de tres días hábiles;

b.     Citará, por cualquier medio, a la audiencia oral, al condenado, su defensor, si lo tuviere o se designare, al Ministerio Público, a la Dirección General de Prisiones y la autoridad administrativa penitenciaria.

c.      Inmediatamente después de la audiencia, el Juez de la Ejecución dicta la decisión escrita y motivada, cuya lectura vale notificación para las partes presentes a quienes se les entregará copia certificada de la decisión.

d.     La decisión que intervenga es recurrible por ante la Corte de Apelación, cuya interposición no suspende la ejecución de la pena, salvo que así lo disponga la Corte.

VII. PROCEDIMIENTO PARA CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

1. De conformidad con el Art.342 del Código Procesal Penal, la fijación de la pena por el tribunal de fondo, debe estar sometida a condiciones particulares de cumplimiento, determinadas por características individuales de la persona del imputado o imputada, de conformidad con el principio rector de la humanización de la pena, que determinan un régimen especial para el cumplimiento de la pena, en los casos siguientes:

a.     Cuando el condenado o condenada sobrepasa la edad de los setenta años;

b.     Cuando padezca una enfermedad terminal o un estado de demencia sobreviniente con posterioridad a la comisión de la infracción;

c.      Cuando la condenada se encuentre en estado de embarazo o lactancia;

d.     Cuando exista adicción a las drogas o al alcohol.

2. El cumplimiento de las penas impuestas en los casos precedentes, puede ser cumplida total o parcialmente en la forma indicada en la sentencia como son:

a.     en el domicilio del condenado o condenada;

b.     en un centro de salud mental, geriátrico, clínico o de desintoxicación, según se ordene en la sentencia condenatoria irrevocable;

3. Es atribución del Juez de la Ejecución controlar y vigilar su adecuado cumplimiento, para lo cual establecerá los controles necesarios a fin de verificar el cumplimiento de lo fijado en la sentencia condenatoria, pudiendo ser asesorado por peritos.

4. En el caso de que el tribunal condicione el descuento total o parcial de la pena al cumplimiento satisfactorio del programa de desintoxicación por parte del condenado o condenada, el Juez de la Ejecución, controlará y supervisará el cumplimiento de las obligaciones impuestas al condenado o condenada, a los fines de la determinación del tiempo de la condena y de la excarcelación del condenado o condenada.

5. Cumplidas por el condenado o condenada las obligaciones impuestas, el Juez de la Ejecución dicta el auto de excarcelación correspondiente.

6. En los casos en que durante el procedimiento de ejecución de la pena sobreviniere una de las circunstancias extraordinarias de atenuación de la pena, establecidas en el Art. 342 del Código Procesal Penal, el Juez de la Ejecución puede realizar las modificaciones de la misma según lo previsto en el Art. 443 del Código Procesal Penal, para lo cual está obligado a solicitar el dictamen del Ministerio Público del Distrito Judicial de que se trate. Una vez tomada la decisión el Juez de la Ejecución de la Pena informará al Presidente de la Corte de Apelación de su Departamento Judicial.

VIII. PROCEDIMIENTO DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

1. La concesión de la libertad condicional es de la competencia del Juez de la Ejecución de la Pena, de conformidad con el Art. 444 del Código Procesal Penal y el Art. 14, numeral 4 de la Ley 278-04 sobre la Implementación del Proceso Penal del 13 de agosto del 2004, que modifica el Art. 3 de la ley No.164 sobre Libertad Condicional del 14 de octubre del 1980; y se seguirá el procedimiento establecido en esta ley 164 modificada, y en los Arts. 444 y 445 del Código Procesal Penal, por lo que ambos procedimientos deben ser armonizados, teniendo en cuenta que el Código Procesal Penal, deroga toda disposición de la Ley No. 164 que le sea contraria, conforme al Art. 449 del Código Procesal Penal y según lo establecido en la Ley No. 164 sobre Libertad Condicional y sus modificaciones.

3. En cuanto al procedimiento a seguir según lo regulado por el Art. 444 del Código Procesal Penal y la ley 164 sobre Libertad Condicional y sus modificaciones:

a.     El director del establecimiento penitenciario deberá remitir, un mes antes del cumplimiento de la mitad de la pena computada por el Juez de la Ejecución, los informes necesarios para resolver sobre la libertad condicional del condenado o condenada con los demás datos relativos al condenado o condenada, conforme se establece en el Art. 3 de la ley 164 sobre Libertad Condicional, modificada por la ley 278-04 citada.

b.     Están legitimados para promover la libertad condicional:
1.     El condenado o condenada;
2.     El defensor del condenado o condenada;
3.     De oficio, el Juez de la Ejecución; o,
4.     El Alcalde o Director del establecimiento penitenciario que corresponda;
5.     Cualquier interesado.

4. El Juez de la Ejecución puede rechazar la solicitud:

a.     Cuando sea manifiestamente improcedente;

b.     Cuando estime que no ha transcurrido el tiempo suficiente para que hayan variado los supuestos que motivaron el rechazo a una solicitud precedente.

5. En caso de solicitud denegada, el condenado no puede renovarla antes de transcurrir tres meses desde el rechazo, en cuyo caso un nuevo informe debe ser requerido a la autoridad penitenciaria.

6. La decisión que otorgue la libertad condicional del condenado debe ser motivada, fija las condiciones e instrucciones, de conformidad con los Art.s 3, 4, 5, 6 y 7 de la indicada Ley No. 164 sobre Libertad Condicional.

7. Al Juez de la Ejecución le corresponde vigilar el cumplimiento de las condiciones impuestas en la decisión, las que son reformables de oficio o a petición del condenado.

8. La solicitud de libertad condicional por el condenado o su defensor se formaliza en la forma prescrita en el Art. 2 de la Ley 164 sobre Libertad Condicional, por ante el Juez de la Ejecución de la Pena.

9. Las demás condiciones de la libertad condicional están regidas por la Ley No. 164 sobre Libertad Condicional, en cuanto a los reincidentes, art. ll, los que no se beneficiaran de la libertad condicional; la liberación definitiva del condenado por el cumplimiento de las condiciones de la libertad, art. 13; y la exoneración de todo impuesto, derecho o tasa, art. 14.

IX. PROCEDIMIENTO DE REVOCACION DE LA LIBERTAD CONDICIONAL

A) De conformidad con el Art. 445 del Código Procesal Penal se puede revocar la libertad condicional:

1.     Por el incumplimiento injustificado de las condiciones en que fue concedida la libertad condicional;
2.     Cuando ya no sea procedente por la unificación de sentencias o penas.

B) La parte legitimada para promover la revocación es el Ministerio Público, y sigue rigiendo la Ley No.164, sobre Libertad Condicional, en sus Arts. 8, 9, y 12.

C) Si el condenado liberado no se presenta voluntariamente luego de la revocación de su libertad condicional, el Juez de la Ejecución ordenará su captura;

D) Cuando el incidente de revocación se promueve con la presencia del condenado, el juez puede ordenar que se mantenga bajo arresto, hasta que se resuelva el incidente.

E) El Juez de la Ejecución decide por resolución motivada, cuya lectura vale notificación a las partes comparecientes, a quienes se les remitirá copia certificada de la decisión.

F) Si procediere, se practica de nuevo el cómputo de la condena, excluyéndose el tiempo pasado en libertad condicional, según el Art. 8 de la Ley No. 164.

G) Son aplicables en cuanto a la revocación de la libertad condicional los Arts. 9, 11 y 12 de la Ley No. 164.

H) En virtud del Art. 445 del Código Procesal Penal in fine, las decisiones relativas a la libertad condicional y su revocación son apelables ante la corte de apelación, y cuya interposición no suspende la ejecución de la pena, salvo que lo disponga la corte de apelación apoderada, con lo que se deroga el Art. 10 de la Ley No. 164 sobre Libertad Condicional.

X. PROCEDIMIENTO SOBRE LA EJECUCION DE LA PENA DE MULTA

1. El principio es que la pena de multa es sustituible por otras formas alternativas, siendo la conversión de la multa en privación de libertad la extrema a aplicar, en virtud del estatuto de libertad, de conformidad con el Art. 15 del Código Procesal Penal.

2. En los casos en que el condenado o condenada no pague la multa fijada en la sentencia condenatoria dentro del plazo fijado en la misma, es citado por el Juez de la Ejecución, para que se decida por las siguientes alternativas:
a.     Sustituir la multa por trabajo comunitario;
b.     Solicitar plazo para pagarla;
c.      Entregar bienes suficientes que alcancen a cubrirla;
d.     Pagarla en cuotas, en cuyo caso el Juez de la Ejecución puede autorizarlo.

3. En ausencia de las alternativas indicadas anteriormente, el juez ordenará, si es necesario, el embargo y la venta pública de los bienes embargados, conforme a las reglas procesales civiles.

4. Si es necesario sustituir la multa por prisión, el Juez de la Ejecución, según el procedimiento de los incidentes, cita al Ministerio Público, al imputado o imputada y a su defensor, oye a quienes concurran y decide, terminada la audiencia, por decisión motiva.

5. Sustituida la multa por prisión, ordena el arresto del condenado o condenada, si estuviere en libertad.

6. Esta resolución es apelable ante la corte de apelación correspondiente, y no es suspensiva de la ejecución de la pena, salvo disposición contraria de la Corte.

XI. OTROS PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PENAS ACCESORIAS COMO: ENTREGA DE LOS OBJETOS SECUESTRADOS; DECOMISO Y DESTRUCCIÓN PREVISTOS EN LA LEY

1.     Realiza las medidas necesarias para cumplir los efectos accesorios de la sentencia, de conformidad con el Art.338 Código Procesal Penal, como son:

a.     Las costas con cargo a la parte vencida, este aspecto está regido por los Arts. 246 al 254 del Código Procesal Penal y su liquidación le corresponde al Secretario del tribunal que dictó la sentencia irrevocable.

b.     Entrega de los objetos secuestrados a quien tenga derecho para poseerlos, según lo decida la sentencia condenatoria, sin perjuicio de los reclamos que correspondan ante los tribunales civiles.

c.      Ejecuta el decomiso y destrucción ordenados en la sentencia y previstos en la ley, salvo los procedimientos establecidos por leyes especiales, entre otras:

§  La Ley No. 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas de la República Dominicana del 30 de mayo del 1988, y sus modificaciones y Decreto No. 288-96 que contiene el Reglamento de la Ley 50-88;

§  La Ley No. 64-00, Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, del 18 de agosto del 2000;

§  Ley No. 42-01, General de Salud, del 8 de marzo del 2001;

§  Ley No.72-02 contra el Lavado de Activo Proveniente del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves, del 7 de junio del 2002.

XII. PROCEDIMIENTOS SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Las medidas de seguridad tienen como finalidad ejercer sobre el inimputable la misma acción rehabilitadota que se le encarga a las penas privativas de libertad.

2. Las reglas establecidas anteriormente para la ejecutoriedad de las condenas, rigen para las medidas de seguridad en lo que les sean aplicables. Se observan las siguientes disposiciones:

d.     En caso de incapacidad del inimputable interviene su representante legal, quien tiene la obligación de vigilar la ejecución de las medidas de seguridad, bajo el control del Juez de la Ejecución.

e.      Es atribución del Juez de la Ejecución:

1.     Determinar el establecimiento adecuado para la ejecución de las medidas y que en todos los casos será distinto a aquel en que se cumplen las penas de prisión;

2.     Modificar su decisión, incluso a petición del representante legal o de la dirección del establecimiento, pudiéndose asesorar a tales fines con peritos;

3.     Examinar periódicamente la situación de quien sufre la medida de seguridad; y fijar un plazo no mayor de seis meses, entre cada examen; y

4.     Decidir sobre la cesación o continuación de la medida de seguridad.

3.     Esta resolución es apelable, ante la Corte de Apelación correspondiente, cuya interposición no es suspensivo de la ejecución de las medidas de seguridad, salvo que así lo disponga la Corte.

4.     En todo caso, se utilizará el procedimiento relativo a los incidentes.

5.     Cumplida la duración y condiciones de las medidas de seguridad impuestas, el Juez de la Ejecución decide sobre la cesación o continuación de las mismas, con la previa evaluación de peritos.

XIII. CASO DE SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCEDIMIENTO

1. Es una excepción al principio de que sólo la sentencia irrevocable es ejecutable.

2. Al ser dictada por el Juez de la Instrucción apoderado, la decisión sobre la suspensión del procedimiento, conteniendo la fijación del plazo de prueba, no menor de un año ni mayor de tres, y establecidas las reglas a que está sujeto el imputado o imputada, de conformidad con el art. 41 del Código Procesal Penal; dicha decisión es remitida inmediatamente por la Secretaria del Juez de la Instrucción que dictó la decisión al Juez de la Ejecución, quien procederá conforme a lo establecido en la "ejecutoriedad", en los siguientes aspectos:

a.     Ordena a la Secretaria la inscripción de la decisión, en un libro registro físico o digital, especializado para los casos de suspensión condicional del procedimiento, con el mismo número único del expediente, del tribunal de procedencia;

b.     Dicta, mediante auto motivado, la orden de control del período de prueba impuesto para la suspensión condicional del procedimiento, y lo notifica al Ministerio Público, al querellante y/o actor civil.

3. Le corresponde al Juez de la Ejecución:

c.      Recibir los informes sobre el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el imputado o imputada, para lo que se asistirá de un personal especializado;

d.     Transmitir al juez de la instrucción competente los informes para la revocación de la suspensión condicional del procedimiento, en caso de incumplimiento por el condenado o condenada de las condiciones asumidas o para la declaración de la extinción de la acción penal, según proceda, por el Juez de la Instrucción de donde emanó la decisión.


XIV. PROCEDIMIENTO EN LA SUSPENSION CONDICIONAL DE LA PENA

1. Está regulada en el Art. 341 del Código Procesal Penal; en virtud de esta solución alternativa el tribunal de juicio puede ordenar la suspensión de la pena, parcial o totalmente, de modo condicional, partiendo de los criterios establecidos en el Código Procesal Penal, de que:

d.                La cuantía de la pena, sea menor o igual a cinco años;
e.                 El imputado no haya sido condenado penalmente con anterioridad.

2. La ejecución de la sentencia que ordena la suspensión condicional de la pena estará sometida a los requisitos siguientes:

a)     Ser remitida inmediatamente por la Secretaria del Juez de Juicio al Juez de la Ejecución de la Pena competente;

b)    Ordenar a la Secretaria la inscripción de la sentencia en un libro registro físico o digital, especializado para los casos de suspensión condicional de la pena, con el mismo número único del expediente, del tribunal de procedencia;

c)     Ordenar, mediante auto motivado, la ejecutoriedad de la sentencia, el cual será notificado al Ministerio Público, al querellante y/o actor civil; y a la Dirección General de Prisiones;

d)    Controlar el cumplimiento de las condiciones por el condenado;

e)     En caso del no cumplimiento por el condenado o condenada, de las condiciones impuestas en la sentencia condenatoria, ordenar la revocación de la suspensión, y el cumplimiento íntegro de la condena pronunciada, siguiéndose el procedimiento establecido en el presente reglamento para la ejecución de las penas; y

f)      Luego del cumplimiento de las condiciones impuestas para la suspensión condicional de la pena, el Juez de la Ejecución, ordena la liberación del condenado si se ha cumplido la pena impuesta, parcial o totalmente, según lo establecido en la sentencia condenatoria.

XV. PROCEDIMIENTO PARA EL CASO DEL PERDON JUDICIAL

1. En el caso de perdón judicial instituido en el Art. 340 del Código Procesal Penal, se aplicará el procedimiento de la suspensión condicional de la pena, con las distinciones siguientes:

a)     Si a consecuencia del perdón judicial el condenado queda eximido de pena se excluye de la ejecutoriedad ante el Juez de la Ejecución de la Pena; y

b)    En el caso de que a consecuencia del perdón judicial sea reducida la pena, se seguirá, para su ejecución, el mismo procedimiento establecido en lo relativo a la suspensión condicional de la pena, previamente expuesto.

XVI. PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA PENA EN EL EXTRANJERO

1. En virtud del Art.343 del Código Procesal Penal, el juez de juicio, en los casos de ciudadanos extranjeros provenientes de Estados con los cuales exista tratados de cooperación judicial o penitenciaria con la República Dominicana, el juez de juicio puede ordenar que la ejecución de la pena impuesta sea cumplida total o parcialmente en el país de origen o residencia del condenado o condenada.

2. El Juez de la Ejecución de la Pena procederá:

a)     Ordenar, al ser remitida inmediatamente la sentencia irrevocable a la Secretaría del Juez de la Ejecución, la inscripción de la sentencia en un libro registro físico o digital, destinado para los casos de condenados o condenadas extranjeros, cuya pena ha sido suspendida total o parcialmente, para su cumplimiento en el país de origen del condenado o condenada o en el de su residencia;

b)    La inscripción de la sentencia irrevocable se hace con el mismo número único del expediente, del tribunal de procedencia.

3. En el caso de que la sentencia irrevocable ordene el cumplimiento total de la sentencia condenatoria en el extranjero, ya sea en el país de origen o residencia del condenado o condenada, el Juez de la Ejecución, procederá a:

a)     Verificar el carácter irrevocable de la sentencia condenatoria; y

b)    Notificar a la Procuraduría General de la República y ordenarle que ejecute la repatriación del condenado o condenada conforme a la sentencia irrevocable, para su ejecución en el país de origen o en el de su residencia.

c)     En caso de sentencia condenatoria contra extranjero o extranjera que ordene su ejecución parcial en el país, se procederá como en los casos de la ejecución de las sentencias condenatorias previamente regulado, en lo que respecta al tiempo de cumplimiento en territorio de la República Dominicana.

d)    Cuando se haya cumplido la pena impuesta, se notifica al Procurador General de la República a los fines de que se proceda a la repatriación del extranjero o extranjera.

XVII. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESCRIPCION DE LAS PENAS

1.     De conformidad con el art. 439 del Código Procesal Penal, las penas impuestas por la sentencia irrevocable prescriben:

a.     A los diez años para las penas privativas de libertad, superiores a cinco años;

b.     A los cinco años, para las penas privativas iguales o superiores de cinco años;

c.      Al año para las contravenciones y penas no privativas de libertad.

2.     Le corresponde al Juez de la Ejecución computar la pena a partir del pronunciamiento de la sentencia irrevocable o desde el quebrantamiento de la condena.

3.     Es atribución del Juez de la Ejecución de la Pena declarar la prescripción de la pena y ordenar la libertad del condenado, si procediere; correspondiéndole controlar y vigilar las penas accesorias resultantes de la inhabilitación para el ejercicio de los derechos cívicos, civiles y políticos, indicados en la sentencia irrevocable, durante la duración de la inhabilitación, de conformidad con el Código Penal.

XVIII. PROCEDIMIENTO DE LOS INCIDENTES

1. El Juez de la Ejecución de la Pena, al ser apoderado de las quejas, denuncias, peticiones y todas las cuestiones que se susciten a consecuencia de la ejecución y extinción de la pena, tramitará y conocerá de los incidentes, conforme al procedimiento establecido en el art. 442 del Código Procesal Penal, tomando en consideración los siguientes criterios:

       i.            Tienen calidades para promover los incidentes relativos a la ejecución y extinción de la pena privativa de libertad: 

     ii.            El condenado o condenada personalmente, su defensor, o cualquier otra persona a favor de éste, o el Ministerio Público cuando proceda, en interés de la justicia, a favor del condenado o condenada, sin ninguna formalidad, cuando actúa personalmente el condenado o condenada, mediante escrito motivado, en los demás casos, por ante la Secretaria del Juez de la Ejecución de la pena, quien levantará acta de la reclamación, queja o petición;

  iii.            La autoridad administrativa penitenciaria, ante quien se dirija el condenado, en cuyo caso, ésta autoridad administrativa debe tramitar la denuncia, queja o petición inmediatamente al Juez de la Ejecución de la Pena;

2. Se notifica la denuncia, queja o petición a los interesados, de manera específica: al Ministerio Público, a la Defensa Pública, a la Dirección General de Prisiones, a la autoridad administrativa penitenciaria, o cualquier otra persona interesada, por cualquier medio (fax, alguacil, teléfono, e-mail, etcétera).

3. Se celebrarán audiencia en los casos siguientes:

a.     En los incidentes donde se promuevan pruebas;

b.     Para conocer las denuncias, quejas o peticiones por violación de derechos y garantías fundamentales de los condenados o condenadas, fundados en la Constitución, Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, y demás instrumentos sobre derechos humanos internacionales; en el Art. 436 del Código Procesal Penal, en la Ley No. 224, sobre Régimen Penitenciario vigente, Ley No. 164, sobre Libertad Condicional y otras leyes correlativas especiales;

c.      Para la revisión del cómputo definitivo, cuando hayan reclamaciones del condenado o condenada:

d.     Unificación de penas o condenas y el nuevo juicio sobre la pena;

e.      Libertad condicional o su revocación;

f.       Multas y medidas de seguridad.

4. El Juez de la Ejecución decide por resolución escrita motivada, pronunciada inmediatamente después de cerrada la audiencia oral, salvo en caso de imposibilidad por la complejidad del asunto, dentro de los diez días; y se dará lectura de la decisión, con la presencia del condenado o condenada y partes intervinientes en la audiencia oral, valiendo notificación para todos los comparecientes, a quienes se les entregará copias certificadas de la decisión.

5. Las resoluciones son recurribles en apelación por ante la Corte de Apelación correspondiente a la jurisdicción del Juez de la Ejecución, según el procedimiento establecido en el Art. 416 y siguientes del Código Procesal Penal.

6. El recurso de apelación no es suspensivo de la ejecución de la condena, salvo que lo disponga la Corte de Apelación apoderada.

XIX. PROCEDIMIENTO PARA EL EJERCICO DEL RECURSO DE REVISIÓN

1.     De conformidad con el Art. 429 del Código Procesal Penal, el Juez de la Ejecución de la Pena ejercerá el recurso de revisión cuando tenga como causal: "cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena, o en caso de cambio jurisprudencial".

2.     El recurso de revisión, de conformidad con el art. 430 del Código Procesal Penal, se presenta mediante escrito motivado, con indicación de los textos legales aplicables o la jurisprudencia contentiva del cambio jurisprudencial.

3.     De acuerdo al art. 430 del Código Procesal Penal, junto con el escrito, el Juez de la Ejecución de la Pena, debe adjuntar la prueba pertinente, ya sea documental o designar el lugar donde ésta pueda ser requerida.

4.     La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia es el órgano competente para conocer del recurso de revisión, de acuerdo al art. 431 del Código Procesal Penal.
5.     La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia en virtud del art. 432:

a.     En caso de admisión del recurso, según el art. 432 que regula el procedimiento, si lo considera necesario para decidir, puede proceder directamente a la práctica de toda medida de investigación que considere pertinente o lo delega en uno de sus miembros y celebra la audiencia.

b.     En caso de que considere que el recurso reúna los elementos suficientes, emitirá el fallo y decide sobre el escrito y las pruebas que se promuevan, y adoptará su decisión de conformidad con los Arts. 434 y 435 del Código Procesal Penal.

XX. DERECHO A LA DEFENSA TECNICA DEL CONDENADO O CONDENADA

El condenado o condenada tiene derecho irrenunciable a hacerse asistir para los actos de ejecución y de extinción de la pena, por un abogado de su elección, y si no lo hace, el Juez de la Ejecución de la Pena le designará un defensor público; sin perjuicio de que el condenado o condenada pueda asumir su derecho a la defensa. 

XXI. JURISDICCIÓN ADMINISTRATIVA

Los demás incidentes, siempre notificados a los interesados, pueden ser resueltos administrativamente, mediante autos escritos motivados y notificados al condenado, al Ministerio Público, a la Dirección General de Prisiones, autoridad penitenciaria administrativa u otra parte interesada.

XXII. CONTROL JURISDICCIONAL DEL REGIMEN PENITENCIARIO

De conformidad con el Art. 437 del Código Procesal Penal se le atribuye al Juez de la Ejecución de la Pena, el control y vigilancia del sistema penitenciario, a los fines de garantizar todos los derechos y garantías de los condenados, por lo que es de su competencia el control judicial del sistema penitenciario y de manera específica:

1.     Inspeccionar y visitar los establecimientos penitenciarios, por lo menos cada dos meses;

2.     Hacer comparecer ante sí a los condenados o a los encargados de los establecimientos con fines de vigilancia y control, en los casos de quejas y denuncias, si se consideran bien fundadas;

3.     Dictar autos, aún de oficio, sobre las medidas que juzgue conveniente, para corregir y prevenir las fallas en el funcionamiento del sistema penitenciario, en violación a las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas y la Ley No. 224 sobre Régimen Penitenciario vigente.

4.     Ordenar a la Dirección General de Prisiones, para que en el mismo sentido expida las resoluciones pertinentes.

5.     En virtud de esas atribuciones es competencia del Juez de la Ejecución ejercer la tutela efectiva de los derechos del condenado, de conformidad con los Arts. 3, 8 y 10 de la Constitución Política Dominicana y los derechos penitenciarios contenidos en las indicadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los reclusos y Ley No.224 sobre Régimen Penitenciario en la República Dominicana, o la que estuviese en vigencia.

6.     En el Art. 6 de la Ley No. 224, se crea la Dirección General de Prisiones, dependiente de la Procuraduría General de la República, como órgano administrativo para la dirección y control de todos los establecimientos penales del país, lo que implica la individualización de las funciones de ambos operadores en materia de la ejecución y extinción de la pena, unas funciones administrativas la de la Dirección General de Prisiones y jurisdiccional, la del Juez de la Ejecución de la Pena, quien es el competente para garantizar el control jurisdiccional para la efectiva vigencia de los derechos humanos de los reclusos, dentro de la finalidad del Estado de Derecho.

XXIII. DISPOSICION GENERAL

Despacho del Juez de la Ejecución de la Pena:

1.     El juez de la ejecución será asistido por un despacho judicial en la forma prevista en el art. 77 del Código Procesal Penal en lo que le sea aplicable. Tendrá su asiento dentro del departamento judicial y ejercerá sus funciones sobre aquellos distritos judiciales que determine esta Suprema Corte de Justicia, y según lo previsto en el art. 8 de la Ley No. 278-04; y el despacho estará integrado por un secretario y personal auxiliar.

2.     Para el asesoramiento del Juez de la Ejecución de la Pena, la Suprema Corte de justicia designará los peritos que considere necesarios.

3.     Unidad de Coordinación y Seguimiento sobre los Jueces de la Ejecución de la Pena, bajo la dependencia de la Dirección General de la Carrera Judicial, según la finalidad perseguida con la judicialización de la ejecución y extinción de la pena, y cuyo personal técnico especializado será determinado por la Suprema Corte De Justicia, en que deben estar constituido como personal mínimo, médico legista, psicólogo y trabajador social, además del personal de oficina.

TERCERO: Comunicar la presente resolución a la Dirección General de la Carrera Judicial para su cumplimiento y ejecución.

Jorge A. Subero Isa, Rafael Luciano Pichardo, Eglys Margarita Esmurdoc, Hugo Álvarez Valencia, Juan Luperón Vásquez, Margarita A. Tavares, Julio Ibarra Ríos, Enilda Reyes Pérez, Dulce Ma. Rodríguez de Goris, Julio Aníbal Suárez, Víctor José Castellanos Estrella, Ana Rosa Bergés Dreyfous, Edgar Hernández Mejía, Darío O. Fernández Espinal, Pedro Romero Confesor, José E. Hernández Machado

La presente resolución ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran más arriba, el mismo día seis (06), mes de abril del año dos mil cinco (2005) en ella expresados, lo que yo, Secretaria General, certifico.-

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