1. VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LA JURISDICCIÓN 2. PENAL 3. LOS GRANDES SISTEMAS DE LA PRUEBA. 4. ASPECTO AXIOLÓGICO 5. JERARQUIA DE LA PRUEBA 6. PAPEL DEL JUEZ


UNIVERSIDAD DOMINICANA OYM

PRESENTACION
NOMBRE
GABRIEL N. PEREZ S
MATRICULA:

PROFESOR

MATERIA
DERECHO PROCESAL PENAL II

TEMAS
                         1.  VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LA JURISDICCIÓN
2.  PENAL
3.  LOS GRANDES SISTEMAS DE LA PRUEBA.
4.  ASPECTO AXIOLÓGICO
5.  JERARQUIA DE LA PRUEBA
6.  PAPEL DEL JUEZ





1.    VALORACIÓN DE LA PRUEBA EN LA JURISDICCIÓN
PENAL

A.   Generalidades

La verdad viene a ser un valor axiológico de carácter universal, de tan vieja data como la propia existencia de la grey humana en la faz de la tierra. De ahí que tanto el hombre como la mujer, en procura de vivir éticamente, siempre ha persistido en la búsqueda de la verdad.

La verdad como categoría filosófica ha sido abordada desde distintas vertientes de
opinión. Así, en el evangelio bíblico, tal expresión adquiere una significación equiparable con la redención, cuando uno de los epígonos de Jesús dijo “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”; en tanto que en el campo del materialismo dialéctico, se llega a restringir la categoría en cuestión para acuñar el concepto de verdad epistemológica, a contrapelo de la verdad metafísica.

La verdad epistemológica es la que resulta aprehendida a través de los sentidos, por el uso de la razón, circunscripta dentro de un marco gnoseológico o cognoscitivo. Más aún, en término empírico, la verdad es lo que está conteste con la realidad. En el ámbito judicial, existen tres categorías relevantes, en lo que respecta a este valor axiológico. Ellas son, a saber: la verdad fáctica, la verdad jurídica y la verdad procesal.

La verdad fáctica se enmarca dentro de lo que los romanos denominaban quaestio facti, lo que en vocablo castizo significa, cuestión de hecho, en tanto que ello hace referencia a la existencia de los hechos, cuya comisión se le imputa a alguien.

Ahora bien, en el juicio jurisdiccional, no basta la existencia del hecho, ha de existir, además, la verdad jurídica, lo que en voz latina se conoce como quaestio iuris, y en el idioma cervantino como cuestión de derecho.

De la conjunción de estas dos categorías, se desprende, que frente a la existencia del hecho, el juez siempre habrá de atenerse a la realidad del orden jurídico, nunca podrá incluir en su fallo una norma jurídica inexistente, ni tampoco podrá omitir una norma jurídica existente.

Por último, en lo concerniente a la verdad procesal, cabe indicar que con ella se
hace alusión a aquella que surge, tras instruirse el proceso en la fase de juicio.

B.   Concepto epistemológico de la prueba

El proceso, cual que sea su naturaleza, tiene como meta el establecimiento de la verdad; puesto que sin ella no hay cabida para administrar objetivamente la  Justicia y, por vía de consecuencia, el error judicial vendría a campear por sus fueros.
En materia procesal, el camino para el establecimiento de la verdad viene a ser la prueba. Esto así, en razón de que a través de ella se puede demostrar la certeza sobre la existencia de un hecho o sobre la veracidad de un juicio.

Desde el punto de vista lexicográfico, la prueba se concibe como aquella actividad procesal tendente a arrojar en un juicio la verdad o certeza de un hecho o afirmación fáctica, ya sea en la esfera de lo positivo, o bien en el ámbito de lo negativo.

Partiendo del criterio de la doctrina, tras glosar a Jeremías Bentham, afamado jurista anglosajón, se puede establecer que la prueba es un medio utilizado para el descubrimiento de la verdad de un hecho.

En la justicia objetiva, el arte del proceso consiste en administrar las pruebas. Ahora bien, en el ámbito de la casuística, cabe establecer ciertas diferencias entre el proceso penal y el civil, en tanto que uno se rige por el principio de investigación, y el otro por el principio dispositivo o de aportación.

En efecto, en el proceso penal, por ser de orden público, el juez ostenta un papel activo, y, en mérito al principio de investigación, cae dentro de su imperio averiguar la verdad jurídica objetiva, por medio de la adopción de cualquier medida de instrucción. En la jurisdicción civil, el proceso está regido por el principio dispositivo, en tanto que corresponde a las partes envueltas en un litigio aportar el fardo de la prueba por efecto de los brocardos “Actori incumbit onus probandi, actore non probente, reus absolvitur”.

Estas máximas jurídicas en latín, de uso muy frecuente en estrados, significan, una y otra, todo aquel que alega un hecho en justicia ha de probarlo, en caso contrario, el demandado queda absuelto.

Dentro de los principios rectores de la jurisdicción penal, cabe traer a colación el relativo a la presunción de inocencia, y el indubio pro reo. En buen derecho, por imperio del primer principio, corresponde al ministerio público, en un juicio penal, destruir la presunción de inocencia que protege judicialmente al acusado de la comisión de un hecho punible para que pueda resultar condenado.

En efecto, en el ámbito de la justicia penal, corresponde al ministerio público aportar el fardo de la prueba, sin dejar ninguna duda razonable; puesto que si existe alguna duda, para evitar el error judicial, el reo habrá de ser absuelto.

C.   Clasificación de los medios probatorios

Desde antaño, en el derecho romano, se estableció el concepto de prueba, partiendo de los distintos medios existentes para demostrar algo. Así, la acepción primaria de la prueba consistió en hacer alusión al conjunto de recursos utilizados para la comprobación de un hecho.

En esa época, la legislación llegó a contemplar cuatro medios probatorios. Ellos son, a saber:

1. La confesión del adversario.
2. La prueba de testigos.
3. La prueba conjetural o de presunción.
4. La prueba escrita o documental.

En nuestros días, los medios probatorios se bifurcan en dos grandes grupos: La prueba por examen directo y la prueba por conocimiento indirecto. Dentro de la primera clasificación, cabe enumerar los siguientes:

1) El descenso a los lugares de la comisión del hecho o inspección ocular.
2) El peritaje.
3) Las piezas de convicción (cuerpo del delito, documentos, actas auténticas,
procesos verbales, etc.).

En el campo de la prueba por conocimiento indirecto, resulta obvio incluir los
medios probatorios que se detallan a continuación:

1) La confesión.
2) La presunción.
3) El testimonio.

2.    LOS GRANDES SISTEMAS DE LA PRUEBA.

Cuando se habla de sistema se debe entender por éste el conjunto de normas y la
posición del juez frente a las leyes sobre pruebas en general, que sólo puede ser de libertad o de vinculación a sus normas en la tarea de apreciar el conjunto de pruebas aportadas al proceso.

Los dos grandes sistemas de pruebas históricamente considerados son :

·         El sistema legal de pruebas, tambien denominado de tarifa legal;

·         El sistema de la libertad de la prueba, prueba moral o la intima convicción.

A.   El sistema de la prueba legal.-

Históricamente el sistema de la prueba legal, que se hizo posible por la decadencia o desaparición del juez popular, se consideró como exigencia del proceso inquisitorio, puesto que concediéndosele en este proceso al juez todo poder de iniciativa, de investigación y decisión y quedando el acusado desprovisto de su propia defensa, el legislador intervino para limitar los poderes del juez en el momento culminante, en el cual éste debía proceder a absorber o condenar, tomando como base los resultados obtenidos de su propia investigación.
Por eso este método, antes que una coerción de la conciencia del juez, se interpretó como una eficaz defensa del acusado y también como un poderoso auxilio prestado al juez, de una experiencia amplia, profunda, colectiva y codificada.

El sistema de la prueba legal se puede traducir en dos formas fundamentales: positivamente o teoría de la prueba legal positiva: en esta hipótesis la ley prescribe que, una vez verificados ciertos presupuestos, indicados por ella, determinado hecho debe considerarse como cierto por el juez, aunque no esté convencido de ello; y negativamente o teoría de la prueba legal negativa, cuando la ley le prohibe al juez considerar como verdadero, si no tiene cierta prueba mínima, que ella misma establece.

La ley deducía la eficacia de la prueba de elementos extrínsecos, como el modo, la constitución y la manifestación de cada uno de los medios de pruebas. En suma, ante el tribunal, según este método, no podía presentarse como eficaz sino el contenido material de la prueba. De ahí nació una tarifa nueva, la tarifa legal de las pruebas.

B.   El sistema de la libertad de la prueba, intima convicción, prueba moral, libre convencimiento (certeza moral).-

En este sistema el convencimiento del juez se elabora libremente, según su propio
criterio, “la credibilidad de la prueba reside por completo en la fuerza privada del juez “(Carmignani), es el método que corresponde a una estructura del proceso que, con el auxilio de garantías para las partes, repudia la desconfianza y las limitaciones propias de la ley. Este método se encuentra vinculado históricamente al proceso acusatorio, que se caracteriza por los principios de oralidad, publicidad y contradicción.

Los derechos procesales atribuidos a las partes, y, en general, el método del debate contradictorio, hacían que decayera, por la fuerza de los hechos, la intervención de la ley, despojándola de toda función.

Con arreglo al método del libre convencimiento o íntima convicción, el juez debe
examinar y apreciar las pruebas de conformidad con su raciocinio y su conciencia; los medios de prueba tienen, por general, un contenido material, ciertamente, la influencia legislativa en la determinación del convencimiento del juez, fue a la verdad eliminada como método fundamental. La formación del convencimiento del juez sobre el material de las pruebas, sin que la ley ponga trabas y determinaciones a priori, constituye un método natural y humano.
El sistema de la libre apreciación lleva implícito el sistema de la libertad de pruebas. Es suficiente que al juez le parezca, razonablemente, que un elemento allegado al proceso en debida forma tiene cierta fuerza probatoria, para que pueda considerarlo como fundamento de su decisión.


3.    ASPECTO AXIOLÓGICO

La axiología es la rama del pensamiento o de la filosofía que trata sobre la teoría de los valores aún en el más común de los sentidos. Las escuelas de la interpretación judicial o jurídicas inspiradas en la codificación francesa del siglo XIX: Escuela de la Exégesis, Gramatical, Histórica y de la Investigación Científica, al sostener que el derecho se acaba en los códigos y que no existe más allá de la obra del legislador, suprimen el aspecto axiológico del derecho, que con respecto a la prueba se manifiesta en el legalismo de las mismas.

Si analizamos los artículos 1315 al 1369 del Código Civil y su interpretación y aplicación por la doctrina y la jurisprudencia, la validez o jerarquía de los medios de prueba es ante todo legal y no racional. Es observando que este sistema legislativo no excluye necesariamente el aspecto axiológico del derecho, que las actuales corrientes de la interpretación judicial, rompiendo con ese modelo exegético, rígido, legalista, juridicista y dogmático, dan importancia al aspecto axiológico del derecho. Este aspecto preconiza que todo operador del sistema se mueve en una escala de valores; entendiendo por un valor toda cualidad relativa a una categoría en función de nulidad y validez que, aplicado a la prueba, tenemos que ese valor, validez, son definidos por la fuerza y eficacia probatoria del medio aportado que a su vez implica credibilidad o fiabilidad, significación y oportunidad.

A.   Legalismo de la prueba o axiologismo legalista

El modelo exegético y dogmático del régimen de la prueba del Código Civil (arts.
1315 al 1369), es por lo mismo un régimen legalista o juridicista, fruto del positivismo que domina el pensamiento de la época de la codificación napoleónica, este modelo se manifiesta en dos vertientes:

a) La ley (el Código Civil) establece los diferentes medios a emplearse para administrar la prueba, particularmente en el Derecho Civil de modo limitativo, no existen otros medios de prueba que aquellos establecidos (arts. 1315 al 1369): prueba literal, prueba testimonial, presunciones y juramento, ya decisorio o ya deferido; el Código de Procedimiento Civil, adiciona otros dos más que son la visita a los lugares (arts. 42 y siguientes y 295 y siguientes), el peritaje o experticio (arts.302).

b) La ley establece la validez de los medios de prueba, es decir su jerarquía y su fuerza probante ante la validez racional, especialmente, en los asuntos civiles particularmente y sólo cuando se hayan descartado los medios preestablecidos en el artículo 1316 y siguientes del Código Civil, como medio para realizar la prueba, sin tomar en cuenta racionalmente si es del uso o si es del medio preestablecido de donde resulta mejor, en todo caso resulta mejor la existencia de un legalismo axiológico o axiologismo legalista.



B.   Razonabilidad de la prueba o axiologismo racional

Las corrientes o sistemas modernos de la interpretación judicial o jurídica dan, por el contrario, importancia a la axiología racional, y en ese sentido, la eficacia y fuerza probatoria de los medios de prueba viene dada en función de una escala de valores que resulta ante todo de la razón, no de la ley, como son:

- Credibilidad o fiabilidad: se debe dar valor a aquel o aquellos medios de prueba que sean fiables o creíbles o tomando en cuenta los grados de credibilidad.
- Significación: o sea su eficacia, en cuanto a definir los hechos o lo que se quiere probar con el medio empleado.
- Validez: es decir su jerarquía ante todo racional, así como jurídica, el medio empleado debe ser admitido en el ordenamiento y no debe ser susceptible de ser descartado por otro medio válido o de mayor fuerza probante.
- Oportunidad: no debe ser un medio de prueba frustratorio.
- Utilidad: valor en que encierra los anteriores, el medio es útil, si es fiable,
definitorio, válido y oportuno.

El análisis anterior no significa necesariamente que en un momento dado lo legal y lo racional no se confunden, que al mismo tiempo sea válido un valor y otro; por ejemplo es el caso del escrito como medio de prueba, a los fines de probar los actos jurídicos y sobre todo cuando se trata de un escrito auténtico.

4.    JERARQUIA DE LA PRUEBA

Concepto: la jerarquía de la prueba no es mas que la aplicación en la practica que
de los medios de prueba hace todo aporte jurídico, conforme a la axiología. Desde esta óptica todo lo aportado por el sistema, jerarquiza los medios de prueba, partiendo de la escala de valores señalada, es decir tomando en cuenta su credibilidad, significación, oportunidad, validez, y utilidad; el abogado, conforme a su condición de auxiliar de la justicia y defensor de los intereses del justiciable, para obtener una sentencia favorable y un fallo bien substanciado o bien fundamentado; el juez como juzgador, en vista a darle la solución mas adecuada al proceso, conforme a la justicia y en vista de los intereses de las partes; en lo que a este trabajo concierne, nos limitaremos a analizar el rol o papel del juez en la jerarquizaron de la prueba.

5.    PAPEL DEL JUEZ

A.   La íntima convicción, la libertad y jerarquización de la prueba.

El juez penal dentro del sistema de la libre apreciación de las pruebas, íntima convicción o prueba moral, que es la base del régimen probatorio del sistema procesal penal dominicano, el proceso interno de convicción del juez debe ser razonado, crítico, lógico en la exposición de las motivaciones del fallo, decidir razonablemente es tener en cuenta las reglas de la “sana crítica”. entendida ésta como la orientación del juez conforme a las reglas de la lógica, la sicología judicial, la experiencia y la equidad.

En materia procesal existe una multiplicidad de medios de pruebas cuya administración no está jerarquizada por ser contrario al principio de la íntima convicción del juez, de lo que resulta, como consecuencia necesaria, la libertad de prueba en materia penal, que es admitido sin discusión en el derecho procesal dominicano, para facilitar el establecimiento de los hechos y se imparta una justicia idónea. La valoración de la prueba administrada en libertad es donde se forma la intima convicción.

B.   Elemento Material

Es obligación del Ministerio Público establecer que el inculpado es el autor material del hecho o de los hechos que constituyen la conducta delictuosa tipificada, ya sea como autor principal, coautor ya sea como cómplice, lo que se aplica tanto cuando los hechos imputados son positivos como cuando son negativos, en este último caso, como sería una abstención u omisión, partiendo de que toda proposición negativa se resuelve en una o varias proposiciones afirmativas y en ciertos casos se establece por la prueba directa.

C.   Elemento Intencional

La existencia del elemento material no es suficiente para constituir una infracción,
siendo necesario para que ésta quede tipificada, la existencia del elemento moral de la incriminación, lo que significa que, en principio, la intención delictuosa no se presume, por lo que le corresponde a la parte persiguiente probar la culpa intencional o inintencional (imprudencia o negligencia) del inculpado.

El elemento moral se prueba por la confesión del inculpado, y a falta de ésta, mediante el concurso de indicios que nacen de los hechos y circunstancias de la causa, establecidos por otros medios de prueba y la prueba de este elemento también le corresponde al Ministerio Público, con las excepciones siguientes:

a) Infracciones en la que se presume la falta: La jurisprudencia admite que las contravenciones son castigables a pesar de la buena fe de su autor, y por analogía, se aplica esta solución a los delitos contravencionales o contravenciones delitos, en estas infracciones se presume la culpa, por lo que el persiguiente sólo tiene que probar el elemento material. Hay casos específicos en que la ley establece una presunción de culpa irrefragable, como ocurre en el caso de la Ley de Cheques vigente, en su artículo 66-A (Suprema Corte, 26 de agosto de 1963, B.J.517, p.1624).

La jurisprudencia ha admitido la existencia de presunción sin texto, el ejemplo lo constituye el delito de difamación”: Cuando las alegaciones o imputaciones difamatorias son por su propio tenor susceptibles de ocasionar un perjuicio al honor y a la consideración a la persona a la cual van dirigidas, y como...” (en cuanto a él) “... la intención delictuosa se presume...” “...es al prevenido a quien le incumbe probar que esta intención no existe” (Suprema Corte, 12 de agosto de 1953, B. J. 517. p.1544)

b) Las causas de no imputabilidad. Algunos autores fundándose en el principio de
presunción de inocencia que favorece al inculpado, opinan que en una estricta interpretación de este principio, le correspondería al Ministerio Público probar las causas de no imputabilidad alegadas, a quien obliga el fardo de la prueba; otros sostienen que es el inculpado quien debe hacer la prueba de las circunstancias con virtualidad de hacer desaparecer su responsabilidad penal, una vez que se haya establecido la existencia de los elementos constitutivos de la infracción, produciéndose de este modo, un desplazamiento del fardo de la prueba.

D.   El elemento legal

La existencia del elemento legal no tiene que ser probada, ya que se presume que
ella es conocida por todos y sólo al juez le corresponde interpretarla. Situaciones que inciden sobre el elemento legal: a) La desaparición del elemento legal; b) La existencia de los hechos justificativos, como lo son la legítima defensa, el estado de necesidad, etc.

Conforme con la jurisprudencia, compete al Ministerio Público hacer la prueba de que la prescripción o la amnistía no han hecho desaparecer el elemento legal, y la prueba de los hechos justificativos compete al inculpado.

Influencia de las inmunidades.- Cuando el inculpado invoca la existencia de una inmunidad, le corresponde al Ministerio Público demostrar que no se beneficia de la misma.


















6.    BIBLIOGRAFIA

Azcona, Francisco- Bonnely, Manuel- Nuñez, Ramón- Gallardo, Claudia- Guerrero, Julio- Vega, Ho-Chi. Código de Procedimiento Penal Dominicano Anotado.

Del Castillo Morales, Luis R; Pellerano Gómez, Hipólito Herrera Pellerano; Derecho Procesal Penal, Editora Ciprián, S.A. Santo Domingo, República Dominicana; (2da. edición).

Dotel Matos, Hector et ellis, Manual de Derecho Penal General y Procedimiento Penal con Notas Jurisprudenciales, Editora Corripio, Santo Domingo, República Dominicana, 1991.

Garraud, Rene Et Pierrre. Traité d´Instruction Criminelle et de Procédure Pénale.

Luis H. Del Castillo M, Juan M. Pellerano G. E Hipólito Herrera P Derecho
Procesal Penal.

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