BASES DE SUSTENTACION DE UNA SENTENCIA.- ELEMENTOS PROBATORIOS QUE DEBEN TENER EN CUENTA LOS JUECES.- (Segunda Sala SCJ, 10 de agosto 2011)


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 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

Rc:Juan Tomás Díaz Martínez 
Fecha:10de agosto de 2011 

Dios, Patria y Libertad RepúblicaDominicana En Nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los Jueces Hugo Álvarez Valencia, Presidente; Edgar Hernández Mejía y Víctor José Castellanos Estrella, asistidos de la Secretaria General, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 10 de agosto de 2011, años 168° de la Independencia y 148° de la Restauración, dicta en audiencia pública, como Corte de Casación, la siguiente sentencia: Sobre el recurso de casación interpuesto por Juan Tomás Díaz Martínez, dominicano, mayor de edad, comerciante, no porta cédula, domiciliado y residente en la calle Imbert núm. 27 de la ciudad de Moca, imputado, contra la sentencia núm. 023, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 19 de enero de 2011, cuyo dispositivo se copia más adelante; 
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 Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; Oído al Lic. Sandy Rafael Bautista Holguín, defensor público, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 29 de junio de 2011, a nombre y representación del recurrente Juan Tomás Díaz Martínez; Oído al Lic. Rafael Comprés Espaillat, por sí y por el Lic. José Enrique García, en la lectura de sus conclusiones en la audiencia de fecha 29 de junio de 2011, a nombre y representación de la parte recurrida Maritza del Carmen Bautista Rosario, Catalina Mercedes Bautista Arias, Ricardo Antonio Bautista Rosario, José Ariel Bautista Rosario y Yohan Manuel Bautista Rosario; 

Oído el dictamen del Magistrado Procurador General de la República; Visto el escrito motivado suscrito por el Lic. Sandy Rafael Bautista Holguín, defensor público, a nombre y representación de Juan Tomás Díaz Martínez, depositado el 10 de febrero de 2011, en la secretaría general de la Jurisdicción Penal de La Vega, Unidad de Recepción y Entrega, mediante el cual interpone su recurso de casación; Visto el escrito de intervención suscrito por el Lic. Rafael Arturo Comprés Espaillat, por sí y por el Lic. José Enrique García, a nombre y representación de Catalina Mercedes Bautista Arias, quien a su vez
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representa a Maritza del Carmen Bautista Rosario; Ricardo Antonio Bautista Rosario, José Ariel Bautista Rosario y Yohan Manuel Bautista Rosario, depositado el 4 de marzo de 2011, en la secretaría general de la Jurisdicción Penal de La Vega, Unidad de Recepción y Entrega; Visto la resolución dictada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 17 de mayo de 2011, la cual declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, y fijó audiencia para conocerlo el 29 de junio de 2011; Visto la Ley núm. 25 de 1991, modificada por la Ley núm. 156 de 1997; La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia después de haber deliberado, y vistos los artículos 393, 394, 399, 400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal; 295 y 304 del Código Penal Dominicano; la Ley núm. 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas; la Ley núm. 278- 04 sobre Implementación del Proceso Penal, instituido por la Ley núm. 76- 02, la Resolución núm. 2529-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia, el 31 de agosto de 2006 y la Resolución núm. 3869-2006, dictada por la Suprema Corte de Justicia el 21 de diciembre de 2006; Considerando, que en la sentencia impugnada y en los documentos que en ella se refieren, son hechos constantes los siguientes: a) que el 10 de
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Fecha:10de agosto de 2011 enero de 2009 

fue detenido Juan Tomás Díaz Martínez, como sospechoso de haber causado la muerte de Gerardo Antonio Bautista Arias; b) que el 8 de mayo de 2009 el Ministerio Público presentó formal acusación en contra de Juan Tomás Díaz Martínez, imputado de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, y 39 párrafo III, de la Ley núm. 36, sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas; siendo apoderado el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Espaillat, el cual dictó auto de apertura a juicio en su contra, el 2 de octubre de 2009; c) que para el conocimiento del fondo del presente proceso fue apoderado el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, el cual dictó la sentencia núm. 00048/2010, el 6 de mayo de 2010, cuyo dispositivo establece lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza la solicitud de la defensa de variación de calificación en el presente caso por ser la calificación jurídica emitida en el auto de apertura a juicio la adecuada para el presente caso; SEGUNDO: Se declara al imputado Juan Tomás Díaz Martínez, culpable del tipo penal de homicidio voluntario, previsto y sancionado en los artículos 295 y 304-II del Código Penal Dominicano; así como de porte ilegal de arma de fuego autorizada a porte y tenencia a persona diferente del imputado que fue quien la presentó ante los miembros de la policía cuando se produjeron los hechos en violación al _______________________________________________________ 4. 
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artículo 39-III Ley 36, en consecuencia se le condena a cumplir ocho años de reclusión mayor en el Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta- Moca, como forma de forma conductual; TERCERO: Se ordena la confiscación a favor del Estado Dominicano de la escopeta marca Winchester, calibre 20 mm., núm. L896844; CUARTO: En cuanto a la constitución en actor civil en contra de Luis Manuel Acevedo González, se declara inadmisible, por haber sido formulada en contravención a las reglas procesales vigentes; QUINTO: En cuanto a la constitución en actor civil, en contra de Juan Tomás Díaz Martínez, se admiten como buenas y válida en cuanto a la forma, por haber sido realizada y defendida conforme a las reglas procesales vigentes; y en cuanto al fondo, se declara a Juan Tomás Díaz Martínez, persona civilmente responsable y se le condena al pago de una indemnización civil de Cuatro Millones de Pesos (RD$4,000,000.00), a favor de los señores Maritza del Carmen Bautista, Ricardo Antonio Bautista Rosario, José Ariel Bautista Rosario y Johan Manuel Bautista Rosario, como forma de justa indemnización civil de los daños morales y materiales que han sufrido las víctimas; SEXTO: Se condena a Juan Tomás Díaz Martínez, al pago de las costas penales y civiles del presente proceso distraibles las últimas a favor de los abogados constituidos en querellantes y actores civiles; SÉPTIMO: Se ordena la comunicación de la presente decisión al 
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Juez de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de La Vega, una vez la misma haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada”; d) que dicha decisión fue recurrida en apelación por las partes, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega, la cual dictó la sentencia núm. 023, objeto del presente recurso de casación, el 19 de enero de 2011, cuyo dispositivo expresa lo siguiente: “PRIMERO: Rechaza los recursos de apelación interpuestos el primero, por los Licdos. Rafael Arturo Comprés Espaillat y José Enrique García, quienes actúan en representación de los señores Maritza del Carmen Bautista Rosario, Catalina Mercedes Bautista Arias, Ricardo Antonio Bautista Rosario, José Ariel Bautista Rosario, Yohan Manuel Bautista Rosario, quienes actúan en calidad de hijos del finado Geraldo Antonio Bautista Arias; y el segundo incoado por el Dr. Manuel Sánchez Chevalier, actuando en representación del imputado Juan Tomás Díaz Martínez, en contra de la sentencia núm. 00048/2010, de fecha seis (6) del mes de mayo del año dos mil diez (2010), dictada por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat; en consecuencia, confirma la referida sentencia por las razones antes expuestas; SEGUNDO: Compensa las costas; TERCERO: La lectura de la presente sentencia vale notificación para todas las partes que quedaron citadas para la lectura del día de hoy”; Considerando, que el recurrente Juan Tomás Díaz Martínez, por

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intermedio de su abogado, propone contra la sentencia impugnada los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Inobservancia o errónea aplicación de disposiciones de orden legal. Violación del artículo 338 del Código Procesal Penal; Segundo Medio: Ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia”; Considerando, que el recurrente en el desarrollo de sus medios, alega en síntesis, lo siguiente: “Que la Corte a-qua al rechazar el recurso de apelación inobservó las disposiciones del artículo 338, toda vez que la prueba testimonial a cargo producida en el juicio de fondo resultaba ser insuficiente para establecer la responsabilidad penal del encartado; que la Corte a-qua confirmó una sentencia condenatoria en base a declaraciones de testigos referenciales, que no se encontraban presentes al momento de los hechos; que dichas declaraciones no pueden constituir un medio probatorio suficiente capaz de sustentar una sentencia de condenación, por consiguiente, al actuar de esa forma la Corte a-qua obró de manera incorrecta; que el testigo a cargo Alejandro Bautista Sosa fue la última persona con quien el hoy occiso tuvo contacto y comunicación y no vio al imputado disparar, por lo que la Corte a-qua no debió considerarlas suficientes”; Considerando, que la Corte a-qua para fallar en la forma en que lo
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 hizo y en respuesta al recurso de apelación incoado por el imputado, dio por establecido lo siguiente: “Como se dijo en el numeral tercero de esta decisión, pretende el apelante la revocación de la sentencia que se examina sobre la base de informarle a la corte que el Juez a-quo incurrió en una violación e inobservancia de la ley, pues a su decir ‘la sentencia núm. 00048/2010, del Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Espaillat, de fecha 06/05/2010, viola e inobserva el artículo 338 del Código Procesal Penal Dominicano, que establece: se dicta sentencia condenatoria cuando la prueba aportada sea suficiente para establecer con certeza la responsabilidad penal del imputado’; y acontece que el tribunal de primer grado produjo la condena sobre la base de las declaraciones del padre de la víctima señor Alejandro Bautista Sosa, quien por demás le dijo al tribunal que su hijo antes de morir y luego de haber llegado herido a su casa le informó que esas heridas se las provocó el nombrado Juan Tomás Díaz Martínez y dice el apelante que el juzgador de instancia en una parte de su sentencia establece: ‘que esa prueba de Alejandro Bautista Sosa, resulta suficiente para producir una condena como lo solicitó el Ministerio Público, ya que los demás testigos dijeron no encontrarse en el lugar de los hechos’ y al actuar así no valoró adecuadamente el juzgador de instancia el contenido del artículo 172 del

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Código Procesal Penal, en esa virtud la condena debió ser menor que la impuesta. Sin embargo del estudio hecho a las piezas que compone la sentencia de marras se puede observar en la parte in fine de la página 23, que contrario a lo expresado por el apelante en el sentido de que para el Tribunal a-quo producir la condena en contra de Juan Tomás Díaz Martínez, solo valoró la declaración del testigo Alejandro Bautista Sosa, padre de la víctima; se puede observar que el tribunal de instancia en la página señalada establece lo siguiente: ‘que la parte acusadora, Ministerio Público, en la persona del Fiscal Adjunto, licenciado José Aníbal Carela, ha hecho una formulación precisa de cargos, estableciendo cual fue la participación individual del ciudadano Juan Tomás Díaz Martínez, en los hechos de los cuales está siendo acusado; dando así cumplimiento a lo consagrado en el artículo 19 del Código Procesal Penal, que exige una formulación precisa de cargos, pues tal y como se ha hecho constar en otra parte de la presente sentencia, el Ministerio Público ha acusado a Juan Tomás Díaz Martínez, de violar los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, en perjuicio del hoy occiso Geraldo Antonio Bautista Arias, a partir de lo cual, el tribunal, en parte tiene la certeza de cuál ha sido la actuación del imputado en los hechos formulados en la acusación, lo que establece claramente sobre su intervención en los mismos y destruye el

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principio de presunción de inocencia que le favorecía al inicio del proceso, de que el imputado es culpable del hecho que se le imputa, y condenado a una pena proporcional a la participación del imputado en el hecho, y tomando en cuenta las causas y los motivos demostrados en este tribunal que rodeó el incidente en el que resultó (Sic) fallecido Geraldo Antonio Bautista Arias’; y además se puede observar que para fallar como lo hizo, dijo el a-quo haber valorado y ponderado las declaraciones del propio imputado, en cuyas declaraciones no se vislumbra que en ningún momento del conflicto su vida estuviera en peligro, por lo que la opción de él hacer uso de la escopeta fue de su única responsabilidad y libertad, de tal suerte que al no verificarse los vicios esgrimidos por el apelante en el aspecto planteado, el medio que se examina se desestima, por las razones expuestas. Propone el apelante a los fines de obtener la revocación de la sentencia recurrida que el Tribunal a-quo produjo una sentencia cargada de ilogicidad y de contradicción, y fundamenta este aspecto en lo siguiente: ‘la contradicción de la sentencia de marras y su ilogicidad radican en que no le da valor jurídico a la mayoría de los testigos, por no encontrarse en el lugar de los hechos, sin embargo valora de manera positiva las declaraciones de Alejandro Bautista Sosa, que tampoco se encontraba en el lugar de los hechos. También es ilógica la consideración jurídica que el Juez a-quo al

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establecer que nadie se encontraba en el lugar de los hechos, pero que a pesar de eso las declaraciones de Alejandro Bautista Sosa, que no vio disparar al imputado son consideradas ciertas y suficientes al extremo de que el tribunal de origen entiende que el relato que supuestamente le hizo la víctima (Sic) al imputado constituye un testimonio, y no sólo un testimonio, sino uno apto para servir de fundamento a la producción de una sentencia condenatoria’. No entiende la corte cuál es el real fundamento de las contradicciones señaladas por el apelante, toda vez que como se dijo anteriormente y como refiere el Ministerio Público en la contestación al recurso de apelación el señor Alejandro Bautista Sosa, fue la última persona con la que la víctima, señor Geraldo Antonio Bautista Arias, tiene contacto y comunicación luego de que el imputado le produce las heridas mortales, lo que evidencia que actuó correctamente el tribunal de instancia al conferirle el valor de decisión que le dio a esas declaraciones, así como a otras que le fueron proporcionadas en su presencia, de tal suerte que por igual tampoco lleva razón el apelante en el aspecto juzgado, y el medio que se examina se desestima. Por último, señala el recurrente que el tribunal de marras incurrió en la violación a una norma jurídica; sin embargo, en fundamentación de esa aseveración de manera muy escueta se limita el apelante a decir que en el lugar de los hechos, en la finca del
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imputado sólo se encontraban éste y el occiso, o sea, que viendo las declaraciones del sindicado dadas en el acto jurisdiccional, estas deben ser consideradas como un medio de prueba, declaración que ante la ausencia de principios que a su decir sustentan su criterio. Pero como se ha dicho en reiteradas ocasiones, para producir la condena de ocho (8) años el tribunal de instancia realizó una serie de valoraciones de los diferentes elementos de pruebas, que fueron puestos a su consideración, tales como las declaraciones del padre de la víctima, las declaraciones de los testigos a descargo propuestos por la defensa y así como las declaraciones del imputado; y acontece que todos coinciden en admitir que ciertamente los perdigones que le produjeron la muerte a Geraldo Antonio Bautista, salieron de la escopeta manipulada y disparada por el imputado, pero además resulta de significación el hecho de que la condena que le fuera impuesta al procesado está dentro del marco de lo dispuesto por el artículo 304 párrafo II, y 18 del Código Penal Dominicano, de tal suerte que al no llevar razón el apelante resulta procedente rechazar los términos del recurso de apelación que se examina por las razones expuestas”; Considerando, que ha sido criterio constante de esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia que para una sentencia condenatoria lograr ser inatacable es necesario, en adición a cumplir con las normas procesales,
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 que el tribunal que la dictó exponga un razonamiento lógico, que le proporcione base de sustentación a su decisión, fundamentado en uno, en varios o en la combinación de elementos probatorios como: 1ro. Testimonio confiable de tipo presencial, entendiéndose como tal lo declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa persona sabe por vivencia directa, percibida mediante alguno de sus sentidos; 2do. Testimonio confiable del tipo referencial, entendiéndose como tal lo declarado por alguien, bajo la fe del juramento, en relación a lo que esa persona supo mediante la información que le ha ofrecido un tercero con conocimiento de los hechos, o mediante su entendimiento personal relacionado con los antecedentes y estilo de vida del acusado del caso de que se trate, quedando la apreciación de la confiabilidad de cada testificación, a cargo de los jueces del fondo; 3ro. Certificación expedida por un perito, cuyo contenido exponga con precisión, un criterio técnico del que se pueda derivar una verdad de interés judicial; 4to. Documentación que demuestre una situación de utilidad para el esclarecimiento o para la calificación de un hecho delictivo; 5to. Confesión de participación en los actos violatorios de la ley penal que haya sido expuesta de conformidad con las normas procesales, siempre que ésta sea compatible con un cuadro general imputador establecido durante el conocimiento del caso; 6to.
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Cuerpo del delito ocupado con arreglo a la ley en poder del acusado, o incautado en circunstancias tales que permita serle imputable a éste; 7mo. Examen corporal efectuado en cumplimiento del artículo 99 del Código Procesal Penal; 8vo. Grabaciones o registros de imágenes y sonidos realizados en virtud del artículo 140 del Código Procesal Penal; 9no. Acta que detalle el resultado de la inspección del lugar del hecho, confeccionada observando el artículo 173 del Código Procesal Penal; 10mo. Correspondencias epistolares o electrónicas objeto de secuestro en virtud del artículo 191 del Código Procesal Penal; 11ro. Interceptaciones de telecomunicaciones debidamente autorizadas, en acatamiento del artículo 192 del Código Procesal Penal; 12do. Reconocimiento de personas o rueda de personas, ejecutadas de conformidad con el artículo 218 del Código Procesal Penal; 13ro. Declaraciones precisas de la víctima y el querellante, hechas en virtud de los artículos 83, 84 y 85 del Código Procesal Penal; 14to. Acta de registro, allanamiento o requisa de lugares privados, levantada de manera regular por el representante del Ministerio Público y en ocasión de una autorización del Juez de la Instrucción, acogiendo el mandato de los artículos 180 y siguientes del Código Procesal Penal, que de fe del hallazgo de algo comprometedor o de una situación constatada que resulte ser de interés para el proceso judicial; 15to. Acta de registro de personas o de

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 vehículos, llevado a cabo respetando el artículo 176 del Codigo Procesal Penal; 16to. Acta expedida regularmente por una oficialía del estado civil, cuyo contenido sea aplicable en una situación relativa al caso que se ventila en el tribunal; 17mo. Certificación médico-legal que describa las lesiones sufridas por una persona o el diagnóstico de una enfermedad, de conformidad con la ley, así como autopsia o necropsia que describa el estado físico de un cadáver, o las causas de un fallecimiento, en acatamiento del artículo 217 del Código Procesal Penal; 18vo. Cualquier otro medio probatorio admitido por la ley que sea expuesto por los jueces con precisión en su sentencia; Considerando, que el medio de prueba tomado por la Corte a-qua para sustentar su sentencia de condenación, lo constituyó el testimonio de tipo referencial ofrecido por el padre de la víctima, Alejandro Bautista Sosa, quien declaró que su hijo le dijo antes de morir, que las heridas que presentaba se las causó Juan Tomás Díaz Martínez, hoy imputado; que, ha sido juzgado que cuando un testigo sostiene que alguien expresó en su presencia algún dato o informe que conoció directamente mediante cualquiera de sus sentidos, esa testificación constituye un elemento con fuerza probatoria, toda vez que es el reflejo o repetición del real conocimiento de alguien que presenció el hecho de que se trate; sobre todo,
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si ese testimonio referencial es concordante con otras circunstancias del caso, como lo fue, en la especie, el hecho de que el propio imputado señaló que encontró a la víctima robándole plátanos, por lo que realizó un disparo con la escopeta de su amigo Luis Manuel Acevedo González; que la víctima, Gerardo Antonio Bautista Arias, se estableció, murió a consecuencia de heridas de perdigones, alegadamente provenientes de la escopeta que portaba el imputado; por lo que dicho testimonio es un elemento probatorio válido, pues la ley no excluye su eficacia; que, en la especie, los jueces del fondo entendieron dicho testimonio confiable, y su credibilidad no puede ser censurada en casación, pues no se ha incurrido en desnaturalización, en razón de que las declaraciones vertidas en el plenario han sido interpretadas en su verdadero sentido y alcance; por consiguiente, la Corte a-qua ha obrado correctamente al considerar que el estado o presunción de inocencia que le asiste al imputado fue debidamente destruido en torno a la imputación que le fue formulada; Considerando, que, sin embargo, en lo que respecta a la determinación de la pena, la Corte a-qua confirmó una condena de 8 años de reclusión mayor en contra del imputado Juan Tomás Díaz Martínez, así como una indemnización de Cuatro Millones de Pesos (RD$4,000,000.00), sin brindar motivos de forma lógica en su sentencia, como señala el
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 recurrente; por lo que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia al examinar y ponderar todos los documentos que obran en el expediente, así como los hechos fijados por jueces del fondo, por economía procesal, decide dictar directamente la sentencia del presente caso, de conformidad con lo pautado por el artículo 422.2.1 del Código Procesal Penal, aplicable por analogía a la casación, según lo prevé el artículo 427 del indicado Código; Considerando, que en la especie, ha quedado debidamente establecido como hechos fijados, los siguientes: a) que el imputado se encontraba desesperado por los frecuentes robos de las cosechas de su propiedad, por lo cual lo mantuvo vigilante; b) que la víctima mortal de los hechos que se examinan penetró una tarde a la propiedad del hoy imputado, sin su consentimiento, y se encontraba sustrayendo los frutos de la siembra de éste; c) que el imputado, aunque niega que le realizó un disparo directo a la víctima, reconoce haber disparado una escopeta cuando éste se encontraba cortando plátanos en su finca; d) que el alcalde de la sección, Etanislao Rodríguez Ovalles, declaró que había recibido varias quejas de la comunidad, incluyendo las del imputado, sobre las pérdidas de frutos y cosas en sus fincas, y que en ese sentido aconsejó varias veces a la víctima para que no continuara cometiendo esas acciones, y lo amenazó con apresarlo si seguía esa práctica; por consiguiente, resulta evidente que la _______________________________________________________ 17. 
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acción delictuosa cometida por la víctima mortal no puede generar derechos, y por ende resulta improcedente resarcir a los familiares de la persona fallecida a consecuencia del rechazo de tal actuación delictuosa dentro de la propiedad del hoy imputado; por lo que en ese sentido, procede revocar el aspecto civil de la sentencia de que se trata; Considerando, que si bien es cierto que la Corte a-qua al confirmar la pena de ocho (8) años de reclusión mayor, tomó en consideración el grado de participación del imputado; no menos cierto es que no observó su conducta posterior al hecho, toda vez que éste fue a buscar a la víctima con la policía a la casa de su padre, debido a que no se percató de que ésta se encontraba herida, ya que huyó luego de su actuación delictiva y de recibir los impactos de municiones; que asimismo, es oportuno resaltar que el hecho se produjo dentro de la finca del imputado, mientras el mismo trataba de preservar sus bienes; por lo que, el imputado, según se estableció, actuó repeliendo la sustracción de frutos en que incurría la víctima, situación que no fue desmentida por la parte acusadora; en consecuencia, procede anular el aspecto penal de la sentencia recurrida; Considerando, que en base a los hechos fijados por la jurisdicción que conoció el fondo del asunto, esta Sala de la Suprema Corte de Justicia estima procedente variar la calificación jurídica del caso al dictar
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Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Distrito acional, Rep. Dom. Tel.: (809) 533-3191 • Dirección de Internet: http://www.suprema.gov.do • e-mail: suprema.corte@codetel.net.do 


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 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 

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 Fecha:10de agosto de 2011 

 directamente la sentencia, tal y como se establecerá en la parte dispositiva de la presente decisión; Considerando, que cuando la sentencia es casada por la inobservancia de reglas procesales cuyo cumplimiento esté a cargo de los jueces, las costas pueden ser compensadas. Por tales motivos, Primero: Admite como intervinientes a Catalina Mercedes Bautista Arias, quien a su vez representa a Maritza del Carmen Bautista Rosario; Ricardo Antonio Bautista Rosario, José Ariel Bautista Rosario y Yohan Manuel Bautista Rosario en el recurso de casación interpuesto por Juan Tomás Díaz Martínez, contra la sentencia núm. 023, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de La Vega el 19 de enero de 2011, cuyo dispositivo se encuentra copiado en parte anterior de esta decisión; Segundo: Declara con lugar el referido recurso y casa la sentencia; Tercero: Dicta directamente la decisión del caso, y en consecuencia, por las razones expuestas, varía la calificación de los hechos y condena al imputado Juan Tomás Díaz Martínez a tres (3) años de reclusión mayor, por violación al artículo 309 del Código Penal Dominicano, heridas voluntarias que causaron la muerte, y el artículo 39 párrafo III de la Ley 36 sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas, en perjuicio de Gerardo Antonio Bautista Arias, a cumplir en el Centro de
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Corrección y Rehabilitación La Isleta-Moca; Cuarto: Acoge, en cuanto a la forma, la constitución en actor civil incoada por Catalina Mercedes Bautista Arias, Maritza del Carmen Bautista Rosario, Ricardo Antonio Bautista Rosario, José Ariel Bautista Rosario y Yohan Manuel Bautista Rosario en contra de Juan Tomás Díaz Martínez, y en cuanto al fondo la rechaza, por los motivos expuestos; Quinto: Ordena la notificación de la presente decisión a las partes; Sexto: Compensa las costas. HugoÁlvarezValencia EdgarHernándezMejía VíctorJoséCastelanosEstrela GrimildaAcosta SecretariaGeneral. La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico. FB/osm.- _______________________________________________________ 20. 
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