EL EXPANSION DEL DERECHO PENAL; PRINCIPIOS POLITICOS CRIMINALES DEL DERECHO PENAL DE LA GLOBALIZACION; LA EXPANSION PENAL Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD; ANALISIS PERSONAL DEL TEMA EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL




                   UNIVERSIDAD DOMINICANA   
                   ORGANIZACIÓN Y METODO ____________________________________________
               Escuela de Derecho Penal Especial 1 impartida                     por el Dr. Verni Raul Troncoso Melo  ____________________________________________
                           SUSTENTADO POR

                                 MATRICULA
                               09-MDRN-6-033

                       TEMAS A DESARROLLAR
          •  EL EXPANSION DEL DERECHO PENAL

       • PRINCIPIOS POLITICOS CRIMINALES       DEL DERECHO PENAL DE LA GLOBALIZACION

         • LA EXPANSION PENAL Y PRINCIO DE                                       LEGALIDAD

               • ANALISIS PERSONAL DEL TEMA                             EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL



Temas                         INDICE                            Pagina                                     

INTRODUCCION                                                       1 ____________________________________________

I. EL EXPANSION DEL DERECHO PENAL             2 ____________________________________________
1. CAUSAS DEL EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL-------------------------------------------------2
2. LA EFECTIVA APARICION DE NUEVOS RIESGOS----------------------------------------------2
3.  LA INSTITUCIONALIZACION DE LA INSEGURIDAD---------------------------------------2
4.LA SENSACION SOCIAL DE INSEGURIDAD---------------------------------------3 
5. LA CONFORMACION DE UNA SOCIEDAD DE SUJETOS PASIVOS----------------------------------3
6. LA IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD CON LA VICTIMA DEL DELITO------------------------------------------------4
7. EL DESCREDITO DE OTRAS INSTANCIAS DE PROTECCION----------------------------------------5
8. LOS GESTORES ATIPICOS DE LA MORAL-----------------------------------------------5 
9.  EL GERENCIALISMO------------------------------------5
10. LA GLOBALIZACION ECONOMICA Y LA INTEGRACION SUPRANACIONAL. MULTIPLICADORES DE LA EXPANSION---------6
11. CARACTERISTICAS DE LA DOGMATICA DE LA GLOBALIZACIO---------------------------------7
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II. PRINCIPIOS POLITICOS CRIMINALES DEL DERECHO PENAL DE LA GLOBALIZACION        7
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1. LA POLITICA CRIMINAL Y LA TEORIA DEL DERECHO PENAL ANTE LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y POLITICOS DE LA GLOBALIZACION------------------------------------7
2. LIMITADA INFLUENCIA EN ESTE PUNTO DE CIERTAS CONSTRUCCIONES TEÓRICAS DEL EXPANSIONISMO PENAL--------------------------8
3. EL DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO-----------------------------------9
4. TERCERA VELOCIDAD DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO--------------------------------------10
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III. LA EXPANSION PENAL Y PRINCIO DE LEGALIDAD                                                              11
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IV. ANALISIS PERSONAL DEL TEMA EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL                    12
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V. CONCLUCION                                                    13
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VI. NOTAS BIBLIOGRAFIA                                   14




                                   INTRODUCCION

En la actualidad nuestra sociedad se encuentra identificada por una serie de dificultades, que podríamos decir en el pasado no existían como lo son delincuencia económica, delincuencia organizada, problemas de medio ambiente, etc.

 Que al parecer será difícil combatirlos bajo el esquema del clásico derecho penal; pero no obstante, se exige combatirlos con imperiosa premura, en tal virtud, y desde este punto de vista para algunos juristas, resulta justificada la creación de un nuevo o moderno derecho penal, como lo hemos venido señalando.

Así mismo, el derecho penal como un instrumento cualificado de protección de bienes jurídicos especialmente importantes, a partir de este criterio, justifica a que la expansión del derecho penal obedezca, de algún modo, a la aparición de nuevos bienes jurídicos, de nuevos intereses o de nuevas valoraciones de intereses preexistentes, ya al aumento de valor experimentado por algunos de los que existían con anterioridad, que podría legitimar su protección a través del Derecho penal.
Son diversos los resultados de los debates al respecto de la tan nombrada expansión del derecho penal, por una lado la excesiva propensión expansiva del moderno derecho penal el cual busca la protección de bienes jurídicos colectivos o supra individuales y se aleja de la protección exclusiva de bienes jurídicos individuales o personales. 

Por otro lado, se considera que este expansionismo penal limita el ámbito de libertad del individuo, rompiendo como anteriormente advertimos, el principio de intervención mínima del derecho penal.  Además de que esta tendencia evidentemente esta substituyendo al principio de bien jurídico por el de proporcionalidad, buscando con ello una evidente auto legitimación.

Así también, por ultimo tratare de sistematizar las populares tres velocidades del expansionismo del derecho penal, se entiende que la primera velocidad seria aquella en la que se apliquen penas y medidas de seguridad, respetando a ultranza las garantías del individuo (derecho penal clásico), la segunda seria aquella en la que no habría pena privativa de la libertad, sino mas bien, habría sanciones que consistirían en multa (derecho penal de intervención) y por ultimo la tercera, se contempla la flexibilización de las garantías(derecho penal del enemigo), a nuestro criterio cualquier flexibilización de las garantías consagradas en todo estado de derecho, presupone una alteración al mismo, consiguientemente se estaría socavando el estado mismo de derecho, circunstancia que repetimos no compartimos y no solo no compartimos, sino que además, estamos completamente en contra de cualquier renuncia al garantismo, por mas mínima que esta se pretenda otorgar y en contra de cualquier individuo, aunque se le tratare y se le ponga el calificativo de no-persona.

I.  EL EXPANSION DEL DERECHO PENAL

1.CAUSAS DEL EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL

El derecho penal es un instrumento cualificado de protección de bienes jurídicos especialmente importantes. La expansión puede obedecer a la aparición de nuevos bienes jurídicos, por la conformación o generalización de nuevas realidades que antes no existían y  al deterioro de realidades tradicionalmente abundantes, que empiezan a manifestarse como bienes escasos, la depredación del medio ambiente, así como por el incremento esencial de valor que experimentan ciertas realidades por el cambio social y cultural. No hay consenso en la doctrina sobre cuales de estos bienes jurídicos nuevos deben ser protegidos penalmente y en que medidas. 

2.  LA EFECTIVA APARICION DE NUEVOS RIESGOS

El modelo social post-industrial se ha caracterizado como sociedad del riesgo. Se configura el  riesgo de procedencia humana como fenómeno social estructural: gran parte de las amenazas a las que estamos expuestos los ciudadanos provienen de decisiones que otros conciudadanos en el manejo de los avances técnicos; por otro lado la sociedad tecnológica desplaza a la marginalidad a otros individuos que son percibidos por los demás como fuente de riesgos personales y patrimoniales.
Por ello, aparecen nuevas técnicas como instrumentos para producir resultados lesivos y surgen modalidades delictivas dolosas de nuevo cuño, como por ejemplo el ciber delito, pero además los avances tecnológicos inciden también en el ámbito de delincuencia no intencional: las consecuencias lesivas del “fallo técnico” y si éste debe ubicarse en el ámbito del riesgo penalmente relevante o bien en el propio del riesgo permitido.

3.  LA INSTITUCIONALIZACION DE LA INSEGURIDAD 

La sociedad dominicana es una sociedad de objetiva inseguridad: los medios técnicos empleados, la comercialización de productos o la utilización de sustancias cuyos efectos nocivos no se conocen, introducen un importante factor de incertidumbre en la sociedad. 

Asimismo, se producen de modo continuado fenómenos de transferencia y asunción de funciones de aseguramiento de esferas ajenas: tendencia hacia los delitos de comisión por omisión.Finalmente esta sociedad expresa la crisis del modelo del Estado del bienestar: competitiva, con bolsas de desempleo o marginalidad irreductibles, migraciones voluntarias o forzosas y choque de culturas: episodios frecuentes de violencia.

4.  LA SENSACION SOCIAL DE INSEGURIDAD 
Uno de los rasgos más significativos de las sociedades dominicanas en esta época es la inseguridad sentida, la sensación general de inseguridad.

Por otro lado, los medios de comunicación y las propias instituciones públicas de represión de la criminalidad transmiten una imagen de la realidad que da lugar a percepciones inexactas: la reiteración, dramatización, morbo, con que se examinan determinadas noticias actúa de multiplicador de los ilícitos y las catástrofes generando una inseguridad subjetiva que no se corresponde con el nivel de riesgo objetivo.

Resulta dudoso que la inseguridad sentida por los ciudadanos se corresponda con el grado de existencia objetiva de riesgos difícilmente controlables o incontrolables que les afecten personalmente y de modo inmediato. 

Además la aparición de nuevos riesgos de ve compensada por la radical reducción de los peligros procedentes de fuentes naturales  como consecuencias lesivas de las enfermedades. La vivencia subjetiva de los riesgos es claramente superior a la propia existencia objetiva de los mismos.

La revolución del transporte y la actual de las comunicaciones da lugar a una falta de dominio del curso de los acontecimientos; las personas tiene dificultad de obtener una información fidedigna en una sociedad caracterizada por el alud de informaciones; el mercado mercantil y laboral reclama individuos solos y móviles, lo que produce una inestabilidad emocional-familiar. 
Todo esto se manifiesta en lo que ha denominado el vértigo de la relatividad: pérdida de referencias valorativas objetivas, ausencia de referencias de “auctoritas” o de principios generalizables,  por lo que prevalece el pragmatismo del caso o la búsqueda de la solución consensuada. 

La solución a la inseguridad no se busca en su clásico lugar  natural  el Derecho de policía  sino en el Derecho Penal. Así frente a los movimientos clásicos de restricción del Derecho penal, aparecen cada vez con mayor claridad demandas de una ampliación de la protección penal que ponga fin, al menos nominalmente, a la angustia derivada de la inseguridad.

5.  LA CONFORMACION DE UNA SOCIEDAD DE SUJETOS PASIVOS

La sociedad del estado del bienestar se configurada cada vez mas como una sociedad de clases pasivas: pensionistas, desempleados, destinatarios de prestaciones públicas educativas, sanitarias…etc.

En las últimas décadas se ha producido un cambio significativo la auto comprensión social, lo que provoca una restricción progresiva de las esferas de actuación arriesgada. Actualmente existe una resistencia psicológica frente a la aceptación del caso fortuito, ya que no se conciben los peligros sin algún tipo de intermediación de decisiones humanas, de naturaleza activa o de omisión: la víctima no asume la posibilidad de que el hecho que ha sufrido sea debido a una culpa suya o que simplemente corresponda al azar. 

La industrialización  trajo consigo la construcción del concepto de riesgo permitido: expresa una ponderación de los costes y los beneficios de la realización de una determinada conducta, pero tal cálculo depende de una valoración previa, la auto comprensión de la sociedad y el orden relativo de valores en que aquella se plasme.
En el ámbito jurídico las consecuencias son: la eliminación de espacios de riesgo permitido, el incremento de infracciones de deberes de cuidado, a la ampliación de la comisión por omisión, el incremento de la tipificación de delitos de peligro.

6. LA IDENTIFICACION DE LA SOCIEDAD CON LA VICTIMA DEL DELITO.

Se está produciendo un cambio progresivo de la concepción del Derecho Penal Subjetivo llamado Ius Punienedi; de “la espada del Estado contra el desvalido delincuente” se pasa a “la espada de la sociedad contra la delincuencia de los poderosos”; lo que provoca una transformación en el Derecho Penal Objetivo llamado Ius Poenale: se pierde la visión de éste como instrumento de defensa de los ciudadanos frente a la intervención coercitiva del Estado, lo que no deja de tener consecuencias en el modo de concebir el principio de legalidad.

Partiendo del concepto clásico de principio de legalidad, los tipos penales son susceptibles de una interpretación restrictiva, admitiéndose por muchos el recurso a la analogía en el ámbito de las eximentes y atenuantes. Esta concepción tiene su fundamento en que la Ley Penal constituye una garantía para el delincuente (Magna Carta del delincuente)
En un Derecho penal entendido como Magna Carta de la víctima, las cosas se ven de forma distinta, ya que si el caso en cuestión responde al espíritu de la Ley y no viene claramente excluido del tenor de la misma, entonces procede su inclusión en el respectivo ámbito de regulación, lo que supone una “interpretación extensiva” mas allá del tenor literal.

El sujeto se contempla como víctima potencial más que como autor potencial, por lo que no aceptan la calificación de ciertos riesgos como “riesgos permitidos”.

7.  EL DESCREDITO DE OTRAS INSTANCIAS DE PROTECCION

Las normas de la moral social desempeñan una función de orientación, por lo que una ausencia de ética social mínima hace imprevisible la conducta ajena y produce la angustia. Es excepcional el que una conducta, que no es contraria a derecho, se repruebe socialmente como inmoral. Esto favorece el desarrollo de la delincuencia y determina que resulte correcto el diagnóstico de los que piensan que la “liberación” de prohibiciones morales conduce al incremento de prohibiciones penales. 

Por lo que se refiere al Derecho civil de daños, dada su tendencia a la objeto de la responsabilidad , y por su evolución desde el modelo de la responsabilidad al modelo del seguro”no está en condiciones de garantizar aspectos fundamentales de su función político-jurídica clásica: si el daño está asegurado, disminuyen los niveles de diligencia del agente; se tiende a configurar la indemnización con montantes estandarizados que se alejan cada vez mas de garantizar una compensación integral; se pierde el  contenido valorativo de la responsabilidad civil. 

Los instrumentos de protección  del Derecho administrativo están en creciente descrédito debido al recurso al principio de la oportunidad, la burocratización, y la corrupción, que se atribuye a este sector.
El resultado es desalentador: se ve al Derecho penal como único instrumento eficaz y supone una expansión de la otrora “ultima ratio”.

8. LOS GESTORES ATIPICOS DE LA MORAL

(atypische Moralunternehmer). Desde la criminología de izquierda se repara en que los sujetos pertenecientes a niveles inferiores de la sociedad también son titulares “reales” de bienes jurídicos (individuales o difusos), por lo que se insiste en la necesidad de no olvidar las demandas de mayor protección de estos sectores.

Tradicionalmente, los “gestores de la moral” habían venido siendo determinados estamentos burgueses-conservadores, si bien hoy adquieren tanta o mas relevancia las asociaciones ecologistas, feministas, de consumidores, de vecinos … que encabezan la tendencia hacia una progresiva ampliación del Derecho penal en orden a la protección de sus respectivos intereses.

9.  EL GERENCIALISMO

Frente al modelo de justicia penal clásico surgen modelos de justicia negociada: pactos de inmunidad de las Fiscalías con ciertos imputados arrepentidos, formas de mediación, conformidades entre las partes.  Así aparece el derecho penal como mecanismo de gestión eficiente de determinados problemas, sin conexión alguna con valores.  
Lo que se pretende es eludir los estrechos corsés de los principios de igualdad y generalización para implantar una justicia del cadí, que dé a cada supuesto la solución que “sea precisa”, sin vinculaciones externas. 

Se producen así los fenómenos de privatización (algunos propugnan las prisiones privadas y policías privadas) y desformalización que son consecuencia ineludible de la expansión del Derecho penal. Estos fenómenos se han criticado desde las posturas clásicas por la “disminución de garantías” que pueden conllevar: déficits de legalidad o imparcialidad, además de perder la “capacidad preventiva del sistema”.

Buena parte de la dimensión preventiva del Derecho penal radica en su significado comunicativo: en contextos en que la certeza y la propia severidad del castigo pueden hallarse en tela de juicio, la dimensión “publica” del derecho penal, la “sacralidad” que se le asocia, la “distancia” que genera las “formas rígidas” con respecto a la cotidianeidad constituyen un factor importante de prevención. 

10.  LA GLOBALIZACION ECONOMICA Y LA INTEGRACION SUPRANACIONAL. MULTIPLICADORES DE LA EXPANSION.

La globalización económica se define por la eliminación de restricciones a las transacciones y a la ampliación de los mercados. Por su parte la integración está guiada por la idea de conseguir un mercado común de varios países, con libre tráfico de personas, capitales, servicios y mercancías, con la consiguiente eliminación de las barreras arancelarias internas y otros obstáculos de libre cambio.
Ambos fenómenos tienen un doble efecto sobre la delincuencia: dan lugar a que determinadas conductas, tradicionalmente contempladas como delictivas, deban dejar de serlo por ejemplo las conductas vulneradoras de barreras; asimismo dan lugar a la conformación de modalidades nuevas de delitos clásicos y a la aparición de nuevas formas delictivas  como por ejemplo el fraude de subvenciones. Además generan la aparición de una nueva concepción de lo delictivo, centrada en los elementos de organización, transnacionalidad  y poder económico.
Las características de la criminalidad de la globalización son: que se trata de una criminalidad organizada en sentido amplio, en el que intervienen colectivos de personas estructurados jerárquicamente; y es criminalidad de sujetos poderosos, caracterizada por la magnitud de sus efectos económicos, políticos y sociales.

No es posible hoy por hoy atribuir a órganos de instituciones supranacionales el ejercicio del ius puniendi contra la delincuencia de la globalización. El problema de la armonización radica básicamente en la diversidad de tradiciones jurídicas: la contraposición de una tradición jurídica continental de importante influencia alemana,  la tradición francesa y la tradición de la common law.

11. CARACTERISTICAS DE LA DOGMATICA DE LA GLOBALIZACION

Las cuestiones probatorias adquieren una trascendencia excepcional y la imputación objetiva tiende a perder su vinculación con relaciones de necesidad con arreglo a leyes físico-naturales. 

La responsabilidad en  comisión por omisión se transforma al aplicarse a delitos de empresa o de estructuras organizadas.  Existe la posibilidad de que se acabe asimilando a figuras mas laxas como la “vicarious liability” anglosajona o la “responsabilite du fait d´autrui” francesa.

En cuanto a las formas de intervención en el delito se tiende a imponer fórmulas de no distinción entre autoría, coautoría, complicidad y participación.
La tendencia a examinar las eximentes en términos procesales como defensas en el que las causas de justificación y exculpación se conciben como elementos que deben ser alegados y probados por el imputado o su representante legal.

II. PRINCIPIOS POLITICOS CRIMINALESDEL DERECHO PENAL DE LA GLOBALIZACION

Abandona el mandato de determinación en los tipos penales. En el plano procesal, existe un conflicto entre los sistemas orientados al principio de la legalidad procesal y la búsqueda de la verdad material, y aquellos en los que rige de modo general el principio de oportunidad y la posibilidad de acuerdos.

Por lo que se refiere al principio de culpabilidad existe un consenso internacional en cuanto a la admisión de la relevancia del error de prohibición: el problema es qué se entiende por error y cual es el baremo de evitabilidad.  El principio de proporcionalidad se ve comprometido por la sanción de conductas meramente imprudentes en relación con bienes jurídicos colectivos y por la proliferación de tipos de peligro.

1. LA POLITICA CRIMINAL Y LA TEORIA DEL DERECHO PENAL ANTE LOS ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y POLITICOS DE LA GLOBALIZACION.

La globalización no se limita a producir o facilitar la actuación de la macro criminalidad, también incide sobre la micro criminalidad: los movimiento de capital y mano de obra determinan la aparición en occidente de capas de subproletariado, de las que puede proceder un incremento de la delincuencia patrimonial de pequeña y mediana entidad.

En el momento actual el fenómeno de la criminalidad de sujetos extracomunitarios, en grupos o bandas, empieza a ser común en los países europeos. Raramente es ocasional y oscila entre la habitualidad y la profesionalidad y se ve incrementada por la marginalidad que se genera en quienes viven al margen de relaciones laborales estables.

Todo ello redunda en demandas de una más intensa intervención del Derecho Penal y abona el punitivismo como forma específica de expansión. Existe además una tensión entre integración y atomización, homogeneización y diversidad o multiculturalidad: produce violencia.
Es muy discutible que pueda afirmarse de modo general que los extranjeros delinquen en proporción superior a los nacionales de los países europeos. Si bien los cometidos por los primeros se ven mas y los medios de comunicación les dan mas difusión. Así la política criminal de los diversos Estados parece tender al criterio tolerancia cero: el Derecho penal tiende a ser mas represivo para suplir los déficits de asentimiento social.

La globalización política se está manifestando, de momento, en intentos de proceder a una aplicación extraterritorial de leyes estatales, con el fin de estimar irrelevantes las disposiciones de exención o extinción de las responsabilidades dictadas por los Estados en cuyo territorio se cometió el delito. Se trata de que frente a los crímenes de los poderosos no tenga barreras infranqueables la idea de soberanía estatal, pero siempre y cuando el estado en el que se cometieron los hechos haya decidido dejar éstos impunes.

2.  LIMITADA INFLUENCIA EN ESTE PUNTO DE CIERTAS CONSTRUCCIONES TEÓRICAS DEL EXPANSIONISMO PENAL
La auto comprensión de nuestra sociedad dirige demandadas significativas de intervención punitiva al Derecho del Estado que coloca al derecho penal en una posición singular: debe aportar respuestas funcionales sin convertirse en el abanderado de las demandas sociales coyunturales, superficiales o meramente verbalizadas; debe hacerse compatible con una vocación lo mas restrictiva posible de la intervención punitiva.

La teoría dominante del Derecho penal de protección de bienes jurídicos surgió en el siglo XIX con vocación ampliadora frente a la teoría de un derecho penal protector exclusivamente de derechos subjetivos. Esta teoría fue asumida incluso por los penalistas nacionalsocialistas de la Escuela de Kiel. A nadie se la ha ocurrido afirmar que el principio de exclusiva protección de bienes jurídicos no rija a la hora de determinar las normas cuya vigencia debe asegurarse a través del Derecho penal.

La teoría que atribuye al Derecho penal la función de la protección de la vigencia de las normas no dispensa del esfuerzo en pro de una legitimación material de la protección de dichas normas.

Los problemas que afectan a la propuesta de Jakobs son: la indefinición del criterio por el que se determina qué normas pertenecen al núcleo de la identidad normativa de la sociedad; la indeterminación de los elementos que han de concurrir en una conducta para desestabilizar tales normas; y la ausencia de un criterio claro de porqué hay que responder frente a la desestabilización con una pena concreta.

 La objeción fundamental que cabría dirigir a Jakobs es que ante una determinada norma cuya vigencia de protege en una ley penal, su propuesta dispensa del esfuerzo de búsqueda de un bien jurídico-penal que la respalde.

3.  EL DERECHO PENAL ADMINISTRATIVO

La tesis clásicas distinguía entre ilícito penal e ilícito administrativo, atribuyendo al primero el carácter de lesión éticamente reprochable de un bien jurídico, mientras que el segundo sería un acto de desobediencia ético-valorativamente neutro. Posteriormente se consolida la doctrina de la diferenciación meramente cuantitativa entre ilícito penal e ilícito administrativo, según el cual lo característico de éste último es el menor contenido del injusto.

Tanto la teoría clásica de base ética como la moderna de la diferenciación meramente cualitativa son erróneas, ya que lo decisivo no es sólo la configuración del injusto, sino los criterios de imputación de ese injusto y las garantías formales y materiales que rodean la imposición de sanciones. Lo decisivo es el criterio teleológico: la finalidad que persiguen el derecho penal y el administrativo sancionador:

El primero persigue proteger bienes concretos en casos concretos y sigue criterios de lesividad o peligrosidad concreta y de imputación individual de un injusto propio. El segundo persigue ordenar y reforzar mediante sanciones un determinado modelo de gestión sectorial, por lo que atiende a criterios de afectación general, rigiéndose por puros criterios de oportunidad. Sólo se exige que el género de conductas represente en términos estadísticos un peligro para el modelo sectorial de gestión.

El Derecho administrativo sancionador es esencialmente el Derecho del daño acumulativo o del daño derivado de la repetición. El Derecho penal de las sociedades está asumiendo en amplia medida el criterio de la lesividad global derivada de acumulaciones y repeticiones.  De ahí la alusión al proceso del Derecho penal administrativo, que llega a convertirse en derecho de gestión de grandes problemas sociales, ya que lo decisivo empieza a ser el problema de las grandes cifras y no la dimensión de lesividad del comportamiento individual.

Las objeciones a este planteamiento son: que se vulnera el principio de culpabilidad, al fundamentarse la sanción ex iniuria tertii; que se trata de casos de grandes riesgos, que no pueden contemplarse como problemas de un actuar individual, sino como problemas sistémicos, que no cabe reconducir equitativamente a acciones de personas.
4.  TERCERA VELOCIDAD DEL DERECHO PENAL DEL ENEMIGO

Para el autor de la obra La expansión del Derecho Penal, Jesús María Silva Sánchez existe: una primera velocidad, representada por el Derecho penal de la cárcel, las reglas de imputación y los principios procesales; una segunda velocidad, para los casos de penas de privación de derechos o pecuniarias en los que los principios y reglas podrían flexibilizarse por la menor intensidad de la sanción. La pregunta es si se admite un Derecho penal de tercera velocidad, en el que el Derecho penal de la cárcel concurre con una amplia relativización de garantías políticos criminales, reglas de imputación y criterios procesales: y la respuesta es que ya existe en el derecho penal socioeconómico.

La cuestión guarda una estrecha relación con la terminología acuñada por Jakobs de “Derecho penal del enemigo”: el enemigo es un individuo que, mediante su comportamiento, ocupación profesional o vinculación a una organización, ha abandonado el derecho de forma duradera; es alguien que no garantiza la mínima seguridad cognitiva de su comportamiento personal y manifiesta este déficit a través de su conducta.

El transito del “ciudadano” al “enemigo”  se irá produciendo mediante la reincidencia, la habitualidad, la profesionalidad delictiva y la integración en organizaciones delictivas estructuradas. Sí el derecho del enemigo sería ante todo el derecho de las medidas de seguridad aplicables a imputables peligrosos. El Derecho penal de tercera velocidad se manifiesta como un instrumento de abordaje de hechos de emergencia en el que la sociedad, ante la gravedad de la situación excepcional de conflicto, renuncia de modo cualificado a soportar los costes de la libertad de acción.

Las objeciones a este planteamiento son: que se vulnera el principio de culpabilidad, al fundamentarse la sanción ex iniuria tertii; que se trata de casos de grandes riesgos, que no pueden contemplarse como problemas de un actuar individual, sino como problemas sistémicos, que no cabe reconducir equitativamente a acciones de personas.
La actuación sin licencia o la obstaculización a la inspección se definen como infracciones asociadas a sanciones penales o administrativas. La sociedad del riesgo conduce al Estado vigilante y esto da lugar a procedimiento de inspección presidido por un criterio gerencial en relación con los propios riesgos y el alejamiento progresivo respecto a los objetos de protección.

Cada perturbación aislada de la actuación inspectora constituye un ilícito de desobediencia que no debería dar lugar a penas privativas de libertad; pero de hecho los ordenamientos jurídicos van incorporando tipos que responden a esta estructura. Si el delito se contempla como un riesgo social resulta coherente recurrir a criterios de prevención cognitiva, pero ello conlleva un Derecho penal administrativo.

III.  LA EXPANSION PENAL Y EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Evidentemente, el principio de legalidad, al menos en su versión iluminista, está en crisis. Es más, la tan citada “crisis del derecho penal actual” responde, quiérase verlo o no, a la noción misma que respecto del principio de legalidad nos habían enseñado los penalistas de la Ilustración.

La crisis del derecho penal actual se debe a la propia concepción del derecho penal liberal. Paradójicamente lo que fue la génesis del principio de legalidad, es la causa de la actual expansión del derecho penal. De ahí que a los defensores del derecho penal moderno les corresponde el onus de responder explicativo radicalmente por la crisis del derecho penal de nuestros tiempos. 

La explicación sobre cómo iluminismo y expansión van de la mano es bastante simple: Si lo legítimo está determinado por la legalidad positivizada y el legislador es, voluntarismo idealista mediante, la causa de esa legalidad; el límite al ejercicio de la actividad legislativa es la propia voluntad de quien crea la ley los únicos verdaderos límites que podrían encontrarse están en la realidad y en la naturaleza, cosas éstas que el legalismo iluminista desconocía. 

La versión iluminista del principio de legalidad, queda claro y demostrado por la historia, carece de capacidad para evitar los excesos legislativos. Un límite interesante pude venir marcado por lo que Ferrajoli denominó estricta legalidad penal, distinta a la mera legalidad. La primera constituye, para el pensador, una obligación para el legislador en realizar tipos penales bien definidos, taxativos y precisión empírica de las formulas usadas. Ciertamente es un criterio válido para limitar al legislador en su actividad, pero lamentablemente insuficiente. 

El legislador podría válidamente, según ese criterio, delinear precisa, taxativa y acabadamente, tipificar “el pertenecer a determinado partido”, constituyendo a esa conducta, a todas luces democrática, en delito. Sin embargo, tanto en una concepción “pluralista” como para el aristotelismo, penar una actividad socialmente adecuada como esa sería terminantemente ilegítima. 

Ni la mera legalidad, ni la estricta legalidad limitan al poder punitivo. Lo que es más que interesante observar, es la paradoja que se produce actualmente en torno al “derecho penal liberal”. Históricamente el derecho penal liberal fue cualquier cosa menos liberal, dando lugar como se acaba de ver, a la actual crisis del derecho criminal. 
Sin embargo, casi la unanimidad de la doctrina penalista y procesalista exige la instauración de un derecho penal liberal; sosteniendo que es el único que se contrapone al derecho penal autoritario. Parece ser que la palabra liberal tiene más peso que la propia experiencia pues de otra manera no se entiende cómo pueden pedir que se instaure un derecho penal que dio origen a la misma inflación que estamos criticando. 

IV. ANALISIS PERSONAL DEL TEMA               EXPANSIÓN DEL DERECHO PENAL

El Expansionismo Penal esta motivado por la aparición de nuevos bienes jurídicos y esto han cobrado mayor importancia a la vista de los delincuentes que se consideran los enemigos de la sociedad por esta razón analizamos a modo de pixeladas las cosas que mas llamaron mi atención con respecto a este tema El Expansionismo Penal.

Podemos decir que la mayor fuente de peligro para el hombre es el propio hombre, ya que este se manifiesta en su estado natural, con deseos de satisfacer sus instintos de quitar los bienes preciados. La institucionalización de la inseguridad por ejemplo si se trabaja en equipo se disuaden las responsabilidades, hoy en día la policía no tiene las herramientas adecuadas para una buena aplicación de la ley, la policía posee una situación difícil, esta institución se ha arrabalizado por culpa de la corrupción, de la falta de institucionalidad tanto del jefe, como de los reclutas. 

Pretensión de vivir con seguridad en el sentido de que no existe la casualidad y el accidente, la expansión del derecho penal expresa una teoría a la luz del derecho penal, en en sentido que no exista casualidad y el accidente en las atenuaciones penales, creemos que esta teoría viola en principio del derecho de defensa, así como el principio de inocencia, en esta teoría volvemos al modelo inquisidor, en el cual el imputado era que tenia que probar su caso, o que su hecho, el delito cometido no merece atenuante, no obstante haber sido por causa fortuita, o por un accidente.

La identificación social con la víctima y la necesidad de buscar un culpable, la forma de satisfacción social, y satisfacción de la victima, es ver a su victimario con la aplicación de la ley en sus costillas, la venganza privada era cosa de la época que inicio la creación del sistema penal, hoy en día se debe castigar al culpable para la buena salud de tranquilidad mental para la población que lo brinda una correcta aplicación de la ley.

Los punto de vista pro reo o de la víctima, muchos abogados, juristas, fiscales y jueces, han vertido opiniones sobre las partes del proceso, dicen que el imputado es el protagonista, que el imputado es la parte central del juicio, que muchas veces que deja de lado a la victima, algo que debe cumplirse el principio de igualdad entre las partes. 

Descrédito de las instituciones por no mostrarse suficientes para restablecer el orden, hoy en dia la policía esta desacreditada por la forma como trabaja, la forma como se maneja en cuestión de la seguridad ciudadana de los individuos, la policía solo vive pidiéndole dinero a los ciudadanos muchas veces amenazan con la detención si no le dan dinero, algo que se a convertido en una practica ilegal.

Movimientos sociales q reclaman sus derechos, intereses, hoy en dia se han fomentado instituciones sin fines de lucro, movimientos juveniles, que reclaman derechos, que reclaman justicia para aquellos que corrompen la ley, sin tener ningún castigo, como es el caso de los políticos, hoy en día se debaten en tribunales acusaciones en contra de ex presidentes, lo que indica que el derecho penal has crecido, se ha transformado aquí en nuestro país hoy en dia gracias a esos movimientos tenemos a políticos en el banquillo de los acusados, escuchando sentencias condenatorias por actos de corrupción. 

V. CONCLUCION

Con la denominación derecho penal moderno se alude a las nuevas regulaciones jurídico penales que se extienden a nuevos ámbitos o formas de conducta diferentes de los tradicionales contenidos en los códigos y leyes penales.
Hay una tendencia en la legislación de todos los países a la introducción de nuevos tipos penales, lo que la doctrina ha denominado la expansión del Derecho penal, que ha originado la creación de nuevos bienes jurídico penales, la ampliación de los espacios de riesgos jurídico penales relevantes, la flexibilización de las reglas de imputación y la relativización de los principios político criminales de garantía.

Pero este derecho penal moderno estaría en oposición con el derecho penal de la Ilustración, el Derecho penal liberal y las garantías y principios básicos sentados por este derecho, entrando en conflicto con los principios de subsidiariedad, última ratio e intervención mínima del Derecho penal.

 El Derecho penal moderno ha sustituido el modelo tradicional de la lesión o peligro concreto de bienes jurídicos individuales, por otro con predominio del peligro abstracto e incluso presunto, como contenido material de los tipos penales. Lo que se pena en los delitos de peligro abstracto es la desviación de reglas o del estándar de funcionamiento de los subsistemas sociales, la simple infracción del deber, la mera desobediencia a la norma. La solución de los problemas específicos de la sociedad de riesgos, de la protección de seguridad, es el derecho de policía, el derecho administrativo sancionador al que pertenecen en propiedad los tipos de peligro abstracto que no deberían ser admitidos en el Derecho penal.

El rechazo a los delitos de peligro abstracto es mayor cuando están referidos a bienes jurídicos universales o colectivos. Estos hechos debían ser monopolio del derecho administrativo. Su criminalización implicaría un derecho penal administrativo, una usurpación por éste de funciones que corresponden al derecho administrativo.
El derecho penal tiene como finalidad la protección de bienes jurídicos, castigando la lesión de los mismos o su puesta en peligro. El derecho penal, en la actualidad, no se limita a la protección de bienes jurídicos sino que se encarga de velar por la correcta gestión de los riesgos generales, y esto es lo que se denomina derecho penal administrativo. Los tipos penales castigarían comportamientos de peligro para modelos sectoriales de gestión para el buen orden del sector de actividad determinado, o bien la inobservancia de normas organizativas.

Claro modelo de la expansión del Derecho penal vemos a la tipificación de delitos abstractos, y la creación de normas penales en blenco (mencionado en las lecturas), donde se recogen nuevas figuras delictivas y, entre ellas, los delitos contra el orden socioeconómico.

VI. NOTAS BIBLIOGRAFIA

•  DERISI, Octavio Nicolás
•  Fundamentos Metafísicos del Orden Moral, 4ta edición, pág. 440.

•  HERNÁNDEZ, Héctor 
•  Derechos Subjetivos Derechos Humanos, pág. 47 hasta la 50.
• HIRSCH
• El principio de culpabilidad y su función en el Derecho Penal, Obras Completas, T. I, pág. 150. 

• MARQUES DIP, Ricardo Henry; Principio de Legalidad, Realidad y Mito, pág. 146 hasta la 155 y la nota 56.
• MARQUES DIP; pág. 150, nota 73.2

• MARQUES DIP, Ricardo Henry. . pág. 145, nota 47. .
• SILVA SÁNCHEZ; Jesús María, La expansión del Derecho Penal; 1999, pág. 22, 23, 24, 25, 26, 32, 35, 40. 

• Von LISZT, Franz, Strafrechtliche Vorträge und Aufsätze, 1905, t II, pág. 293 hasta 300.
• WELZEL, Hans; Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht, 1935. pág. 149 hasta la 160


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