I. INTRODUCCION II. ACCION DE AMPARO III. RECURSO DE REVISION IV. EL CERTIFICADO MEDICO LEGAL


universidad dominicana
     organización y metodo ________________________
NOMBRE:

MATRICULA nO.:

materia:
PRACTICA EN LOS TRIBUNALES II

maestro:


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           temas a desarrollar

I.            INTRODUCCION

II.          ACCION DE AMPARO

III.        RECURSO DE REVISION

IV.        EL CERTIFICADO MEDICO LEGAL



CONTENIDO DEL TRABAJO

I.                  INTRODUCCION

II.               ACCION DE AMPARO
1.    CONCEPTO
2.    REQUISITOS DE FORMA Y DE FONDO EN UNA ACCION DE AMPARO
3.    FUERZA PROBRATORIA DE LA ACCION DE AMPARO
4.    DERECHOS QUE EL AMPARO PROTEGE


III.           RECURSO DE REVISION
1.    CONCEPTO
2.    PROCEDIMIENTO DE REVISION EN MATERIA CONSTITUCIONAL
3.    RECURSO DE REVISION EN MATERIA PENAL
4.    PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL

IV.           EL CERTIFICADO MEDICO LEGAL
1.    GENERALIDADES
2.    CONCEPTO
3.    IMPORTACIA DEL CERTIFICADO MEDICO LEGAL PARA LA APLICACIÓN
4.    QUIEN REALIZA LAS EXPERTICIAS O LOS EXAMENES PERICIALES.
5.    FUERZA PROBATORIA DE LA MEDICINA LEGAL

V.              CONCLUCION
VI.           CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS



I.                  INTRODUCCION

En este trabajo vamos a tratar dos temas, sobre la Acción de Amparo, el Recurso de Revisión, en el tema numero 1 y en el tema numero 2 trataremos el tema El Certificado Medico Legal, por lo que vamos hacer una introducción en la cual vamos a tratar de manera aérea cada uno de estos.

La Acción de Amparo. La Constitución de la Republica Dominicana en su titulo II que habla sobre los derechos, garantías y deberes fundamentales capitulo II de las garantías de los derechos fundamentales en su articulo 72 establece la acción de amparo. El derecho de Amparo es aquel que implica la afirmación más categórica de la protección judicial de los derechos individuales contra las restricciones de la autoridad a esos derechos, por lo que es una protección eficaz que el ordenamiento constitucional brinda a los ciudadanos para el ejercicio y goce de los derechos fundamentales que les son reconocidos como instrumento no solo contra actos de las autoridades publicas, sino también contra los actos de los particulares violatorios de los derechos humanos.

En nuestro país el amparo surge como garantía procesal a la luz del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, aprobado por el Congreso Nacional el 8 de noviembre de 1977, y la Convención Americana de los Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, ratificada por el órgano legislativo el 25 de diciembre de 1977.

El Recurso de Revision constitucional. El tribunal constitucional tendrá la potestad de revisar las decisiones jurisdiccionales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, cuando la decisión declare inaplicable por inconstitucional una ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza, cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional, cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental, que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso, tan pronto quien invoque la violación haya tomado conocimiento de la misma, que se hayan agotado todos los recursos disponibles dentro de la vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

La medicina legal es una ciencia, porque consta de un método de estudio, el cual, tiene dentro de sus características formas que van a iniciarse, etapas, procesos, etc, que van a identificar la comisión de un hecho o la alteración cometida sobre alguna persona o cosa. Es una ciencia auxiliar del derecho Penal.

II.               ACCION DE AMPARO

1.      CONCEPTO

Cuando se inicia el estudio de la figura jurídica del amparo necesariamente hay que iniciar por su conceptualización, en este sentido, podemos decir que la acción de amparo es la protección eficaz que el ordenamiento constitucional le brinda a los ciudadanos para el ejercicio y goce de los derechos fundamentales que les son reconocidos.

El amparo es la acción ejercida por el ciudadano contra los hechos y actos violatorios de cualquier derecho individual distinto a la seguridad personal expresamente reconocido por la Constitución o, violatorios de cualquier derecho implícito constitucionalmente protegido en virtud de los artículos 72 de la Constitución de nuestra República Dominicana.

El amparo es como un instrumento procesal para la protección de los derechos de la persona humana, constituye un medio de impugnación extraordinario y subsidiario, que cabe interponer ante el Tribunal Constitucional como órgano de mayor jerarquía, contra la una resolución que viole o intente violar algún derecho fundamental del ciudadano.

Podemos decir que es un proceso a través del cual los tribunales enjuician las leyes y los actos de las autoridades que violan las garantías individuales.  Es el único medio del que puede prevalerse el gobernado contra los actos del gobernante. Es una institución jurídica destinada a la defensa de la constitución y de los derechos de la persona humana que ella consagra expresa o implícitamente.

El amparo es un medio de defensa legal que tiene el ciudadano mismo que opera a instancia de la parte agraviada y en función de su interés jurídico contra cualquier acto de autoridad, sea esta de facto o de jure, o contra el acto de un particular que vulnere, desconozca o restrinja los derechos fundamentales reconocidos por nuestra Carta Magna, debiendo el juez que conozca de esta acción restituir al quejoso el pleno goce de la garantía violada.

El amparo implica la afirmación más categórica de la protección judicial de los derechos individuales contra las restricciones de la autoridad a esos derechos, por lo que es una protección eficaz que el ordenamiento constitucional brinda a los ciudadanos para el ejercicio y goce de los derechos fundamentales que les son reconocidos como instrumento no solo contra actos de las autoridades publicas, sino también contra los actos de los particulares violatorios de los derechos humanos.

el amparo es un medio jurídico de tutela directa de la Constitución y de tutela indirecta de la ley secundaria, preservando, bajo este ultimo aspecto y de manera extraordinaria y definitiva, todo el derecho positivo.

2.      REQUISITOS DE FORMA Y DE FONDO EN UNA ACCION DE AMPARO

El art. 11 Ley No. 437-06 Que establece el Recurso de amparo como requisitos de forma y de fondo que se intenta una acción de amparo debe hacerse mediante escrito dirigido por el reclamante al juez apoderado, y depositado en la secretaría del tribunal, el cual deberá contener:

a) La indicación del órgano jurisdiccional al que va dirigida, en atribuciones de tribunal de amparo;
b) El nombre, profesión, domicilio real y menciones relativas al documento legal de identificación del reclamante;
c) El señalamiento de la persona física o moral agraviante, con la designación de su domicilio o sede operativa, si fuere del conocimiento del agraviado;
d) La enunciación sucinta y ordenada de los actos y omisiones que alegadamente han infligido o procuran producir una vulneración, restricción o limitación a un derecho constitucionalmente protegido del reclamante, con una exposición breve de las razones que sirven de fundamento a la acción;
e) La indicación del derecho fundamental concu1cado o amenazado, y cuyo pleno goce y ejercicio se pretende garantizar o restituir mediante la acción de amparo;
f) La fecha de la redacción de la instancia y la firma del solicitante de protección o la de su mandatario, si lo tiene; en caso de que el reclamante no sepa o no pueda firmar, deberá suscribirlo en su nombre una persona que no ocupe cargo en el tribunal y que, a ruego suyo, lo haga en presencia del secretario, lo cual éste certificará.

Una vez recibida la solicitud de amparo, el juez apoderado dictará, en un plazo mayor de tres (3) días, autorizando al solicitante a citar al presunto agraviante a comparecer a la audiencia que tendrá lugar para conocer de los méritos de la reclamación. El juez, sin perjuicio de la substanciación del caso, procurará que la producción de las pruebas se verifique en el más breve término posible.

3.      FUERZA PROBRATORIA DE LA ACCION DE AMPARO

El articulo 72 de la Constitución Dominicana, sobre la Acción de Amparo establece que toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por si o por quien actue en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad publica o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto administrativo, para grantizar los derechos e intereses colectivos y difusos. De conformidad con la ley, el procedimiento es preferente, sumario, oral, publico, gratuito, y no sujeto a formalidades.

Según establece el artículo 1 de la Ley No. 437-06 Que establece el Recurso de amparo que la acción será admisible contra todo acto de omisión de una autoridad pública o de cualquier particular, que en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta lesione, restrinja, altere o amenace los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, con excepción de los derechos protegidos por el Hábeas Corpus y el Hábeas Data.

Según establece el artículo 65 de la Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos constitucionales establece que El procedimiento en materia de amparo es de carácter gratuito, por lo que se hará libre de costas, así como de toda carga, impuestos, Contribución o tasa. No habrá lugar a la prestación de la fianza del extranjero transeúnte.  Toda persona física o moral, sin distinción de ninguna especie, tiene derecho a reclamar la protección de sus derechos fundamentales mediante el ejercicio de la acción de amparo.

La Suprema Corte de Justicia Dominicana estableció que el objeto del amparo es la protección judicial de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución de la Republica, la ley y la Convención de los Derechos Humanos, contra actos violatorios de esos derechos, cometidos por personas que actúen o no en el ejercicio de funciones oficiales o por particulares.

Garantizar la efectiva eficacia de estos derechos es el propósito esencial de esta vía rápida, sencilla y expedita en todas las legislaciones donde se ha consagrado esta figura jurídica.
De acuerdo a nuestro criterio el amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, a saber:

1.- Actos de la autoridad que violen, vulneren o restrinjan las garantías individuales de los ciudadanos.
2.- Por acciones u omisiones de los particulares que atenten contra el libre goce del ciudadano de sus derechos individuales.

4.      DERECHOS QUE EL AMPARO PROTEGE

Lo derechos individuales o fundamentales a que se referencia son: La inviolabilidad de la vida, La seguridad individual, La inviolabilidad del domicilio, La libertad de asociación, La inviolabilidad de correspondencia, La libertad de trabajo, La libertad de empresa, El derecho de propiedad, E1 derecho al debido proceso y juicio justo, EI derecho de defensa, EI derecho de tutela judicial efectiva o accesible a la justicia.

III.           RECURSO DE REVISION

1.      CONCEPTO

El recurso de revisión es la acción declarativa que se ejerce para invalidar sentencias firmes o ejecutoriadas que han sido ganadas fraudulentamente o de manera injusta en casos expresamente señalados por la ley. Se puede decir por lo tanto, que es una acción declarativa, más que un recurso, pues, proceden contra sentencias que se encuentran firmes o ejecutoriadas, el mismo se conoce de este recurso la Suprema Corte y se ejerce en virtud de las facultades jurisdiccionales y pretende la invalidación de una sentencia firme o ejecutoriad. Sólo procede en los casos expresamente señalados por la ley, no constituye instancia.

2.      PROCEDIMIENTO DE REVISION EN MATERIA CONSTITUCIONAL

Según lo establece la Ley No. 137-11 Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales; El procedimiento a seguir en materia de revisión constitucional de las decisiones jurisdiccionales será el siguiente:

El recurso se interpondrá mediante escrito motivado depositado en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la notificación de la sentencia.

El escrito contentivo del recurso se notificará a las partes que participaron en el proceso resuelto mediante la sentencia recurrida, en un plazo no mayor de cinco días a partir de la fecha de su depósito. El recurrido depositará el escrito de defensa en la Secretaría del Tribunal que dictó la sentencia, en un plazo no mayor de treinta días a partir de la fecha de la notificación del recurso. El escrito de defensa será notificado al recurrente en un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de su depósito.

El tribunal que dictó la sentencia recurrida remitirá a la Secretaría del Tribunal Constitucional copia certificada de ésta, así como de los escritos correspondientes en un plazo no mayor de diez días contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para el depósito del escrito de defensa. Las partes ligadas en el diferendo podrán diligenciar la tramitación de los documentos anteriormente indicados, en interés de que la revisión sea conocida, con la celeridad que requiere el control de la constitucionalidad.

El Tribunal Constitucional tendrá un plazo no mayor de treinta días, a partir de la fecha de la recepción del expediente, para decidir sobre la admisibilidad del recurso. En caso de que decida admitirlo deberá motivar su decisión. La revisión se llevará a cabo en Cámara de Consejo, sin necesidad de celebrar audiencia. La sentencia de revisión será dictada por el Tribunal Constitucional en un plazo no mayor de noventa días contados a partir de la fecha de la decisión sobre la admisibilidad del recurso.  El recurso no tiene efecto suspensivo, salvo que, a petición, debidamente motivada, de parte interesada, el Tribunal Constitucional disponga expresamente lo contrario. La decisión del Tribunal Constitucional que acogiere el recurso, anulará la sentencia objeto del mismo y devolverá el expediente a la secretaría del tribunal que la dictó.

3.     RECURSO DE REVISION EN MATERIA PENAL

El conocimiento del recurso de revisión  es de la competencia de la Cámara Penal de la SCJ. De modo expreso el  CPP autoriza el recurso contra las decisiones de cualquier jurisdicción (art.428).   Los requisitos para la revisión son: a) que se trate de una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada o lo que el CPP denomina “sentencia definitiva firme” ; y  b) que exista una de las causales enumeradas en el citado artículo.

Una de las hipótesis contempladas para interponer el recurso de revisión es que se produzca un cambio jurisprudencial de la SCJ que favorezca al condenado. La SCJ, si rechaza el recurso, confirma la sentencia atacada.  Si anula la sentencia,  nuestro más alto tribunal puede dictar directamente la sentencia del caso u ordenar la celebración de un nuevo juicio ante la jurisdicción correspondiente.  Este recurso puede ser presentado nuevamente, aún después de rechazado, si se funda en motivos distintos a los presentados la vez anterior.

4.      PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL

El derecho a pedir la revisión pertenece:

1) Al Procurador General de la República Dominicana;
2) Al condenado, su representante legal o defensor;
3) Después de la muerte del condenado, a su cónyuge, conviviente, a sus hijos, a sus padres o hermanos, a sus legatarios universales o a título universal, y a los que el condenado les haya confiado esa misión  expresa;
4) A las asociaciones de defensa de los derechos humanos o las dedicadas a la ayuda penitenciaria o postpenitenciaria.
5) Al juez de la ejecución de la pena, cuando se dicte una ley que extinga o reduzca la pena, o en caso de cambio jurisprudencial.

El recurso de revisión se presenta por escrito motivado, con indicación de los textos legales aplicables. Junto con el escrito, el recurrente ofrece la prueba pertinente y, en lo posible, agrega la prueba documental o designa el lugar donde ésta puede ser requerida.

La Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia es el órgano competente para conocer de los  recursos de revisión. En los casos en que admite el recurso, la Suprema Corte de Justicia, si lo estima necesario para decidir sobre el recurso, procede directamente o por delegación en uno de sus miembros a la práctica de toda medida de investigación que estime pertinente y celebra audiencia.

Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia en caso de que estime reunidos suficientes elementos para emitir fallo, decide sobre el escrito y las pruebas que le acompañan.

Tras la negativa de la revisión o la sentencia confirmatoria de la recurrida, el recurso puede ser interpuesto nuevamente si se funda en motivos distintos. Las costas de una revisión rechazada están a cargo del recurrente. (Art. 435 c. p .p).

IV.           EL CERTIFICADO MEDICO LEGAL

1.      GENERALIDADES

Un punto de partida legal. Según la primera legislación de Organización Judicial en la República Dominicana, la Ley 163, del 21 de noviembre de 1927, un médico legista tiene, entre otras funciones y obligaciones, las siguientes:

1. Determinar que realmente la persona está muerta, para luego poder certificar o legalizar el fallecimiento;
2. Tratar de identificar a la persona: verificar si tiene documentos de identificación personal y buscar registro de sus huellas;
3. Dar fe de la fecha y hora de ocurrida la tragedia;
4. Ponderar las causas de la muerte: lesiones que la provocaron, reconocimiento de las condiciones y las armas (en caso de asesinato o suicidio) que se utilizaron para cometer el hecho;
5. Investigar, certificar y legalizar la forma jurídica de la muerte, si fue un asesinato-suicidio o si es muerte natural, indagar e informar sobre la enfermedad que en realidad provocó el deceso;
6. Interés legal. El médico legista tiene bajo su responsabilidad, la recomendación de autopsia para que las autoridades competentes puedan rendir un informe jurídico-judicial acabado y completo; y
7. Luego de llenar todos estos requisitos, tiene la obligación de participar en todo lo que concierne a la autopsia, ya que es el único galeno que entra en la escena, describe el escenario, la posición y condición del o de los cuerpos y es, al fin de cuentas, el que autoriza y ordena el levantamiento del cadáver. Esa ya no es la letra ni la música. Tampoco el derecho.

Interesado por la patología forense desde un tiempo para acá, consideramos importante que se acepte que los médicos forenses no son patólogos forenses y que los médicos legistas son médicos generales con o sin especialidad, que no están acreditados para llevar cabo autopsias.

La verdad es los médicos legistas, a pesar de poseer una exigua preparación dentro de la función de legista, sin pertenecer a ningún círculo respectivo, son acreedores de especialidades como los médicos que son: el INACIF debe permitirle llegar a ser forense, al unísono de sus funciones de legistas.

Con la aparición del INACIF, el médico legista ha logrado un paso de avance al obtener un cambio profesional; muy por el contrario, está pendiente de aparecer al menos la primera actitud de que al legista lo van a encauzar en la enseñanza medicolegal de la que todavía carece. Hay incertidumbre de cuál será su actuación dentro del Código Procesal Penal. Escasos en números , unos 54 en todo el país, la gran mayoría, ignora la gran bibliografía de la medicina legal (libros, revistas especializadas y artículos) y no obstante de ello, no lo podemos ver del todo como unos «empíricos», y hasta los «saca-balas» de otras pocas.

2.      CONCEPTO
El certificado medico legal consta de un método de estudio, el cual, tiene dentro de sus características formas que van a iniciarse, etapas, procesos, etc, que van a identificar la comisión de un hecho o la alteración cometida sobre alguna persona o cosa. Es una ciencia auxiliar del derecho Penal.
Cuando se comete un hecho punible debemos determinar si estamos en presencia de un homicidio, un suicidio o de un accidente, de hay se emana la certificación del medico legal, o también llamado medico forense, este mediante este documento legal certifica que si estamos frente a un accidente no existe delito para sancionar, tampoco habrá delito si fuese un suicidio, en este caso lo que si podría sancionarse es la inducción para que el occiso se quitara la vida.
Pero si el medico legal o medico forense, mediante su certificado medico legal establece que la causa de la muerte de un individuo fuera un homicidio, se deben investigar las causas en las cuales se cometió el mismo, para que se determine si ese homicidio es doloso, culposo, o premeditado etc. Y así determinar la culpabilidad e imputabilidad de la persona que lo cometió.
3.      IMPORTACIA DEL CERTIFICADO MEDICO LEGAL PARA LA APLICACIÓN
La Certificación del Medico Legal es importante porque va a determinar si una persona está o no involucrada en un hecho punible que se haya cometido. En la medicina legal intervienen los abogados, los jueces, los defensores públicos, etc. Y, por ello hay que determinar a través de la medicina forense lo ocurrido.

Los jueces no saben de experticias, de peritajes, los cuales se le deben llevar y explicárselos, analizárselos, detallarle por que el experto llegó a esa conclusión, para que el Juez pueda saber con certeza si está en presencia de un suicidio, de un homicidio o de un accidente; para que en base a esos elementos de juicio el Juez pueda determinar o no la responsabilidad penal de una o de varias personas involucradas en el hecho.

De igual manera la Certificación del  Medico Legal es importante para el fiscal del Ministerio Público, por ser este quien lleva adelante el proceso penal, es decir, es quien debe realizar las investigaciones para que se pueda realizar el proceso en un acto decisivo, conclusivos o decisorio dentro del debate procesal penal, por lo tanto necesita ayudarse, auxiliarse con esa prueba pericial que le aporta la medicina legal.

También, la Certificación Medico Legal es importante para los abogados, porque estos necesitan apoyarse en los exámenes peritajes o probar que los mismos desviaron el sentido de las investigaciones y si este es el caso pueden eliminar, tachar o desvirtuar el examen pericial si existen circunstancias de duda razonable que puedan probar como tal.

4.      QUIEN REALIZA LAS EXPERTICIAS O LOS EXAMENES PERICIALES.

Los realizan los miembros del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) a través de expertos forenses, que pueden ser: médicos forenses o médicos legales, expertos contables, trabajadores (obreros, caporales, maestros de obra, etc.), expertos valoradores de objetos preciosos, como obras de arte, joyas, etc. Este organismo que conlleva a la práctica de los informes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y el Ministerio Público, practicando los análisis e investigaciones científicos y técnicos que sean requeridos por el Ministerio Público, y los tribunales de la República Dominicana.

5.      FUERZA PROBATORIA DE LA MEDICINA LEGAL

El artículo 1 de la Ley 136 establece que es  obligatoria la práctica de la autopsia judicial en la instrucción de todo caso de muerte sobrevenida en cualquier de las circunstancias siguientes:

a) Cuando existan indicios o sospechas de que haya sido provocada por medios criminales;
b) Por alguna forma de violencia criminal;
c) Repentina o inesperadamente, disfrutando la persona de relativa o aparente buena salud;
d) Si la persona estuviera en prisión.
e) Cuando proviniere de un aborto o de un parto prematuro;
f) Si fuere por suicidio o sospecha de tal;
g) En toda otra especie, que sea procedente a juicio del Procurador Fiscal o quien haga a sus veces durante la instrucción del proceso.

La autopsia ha de tener por finalidad esencial la determinación de la causa médica de la muerte, de los estados patológicos preexistentes, de la forma médico legal del hecho y del momento en que esto se produjo. Los peritos médicos serán designados exclusivamente por el Procurador Fiscal o por el Juez de Instrucción, escogidos de una Lista Oficial de facultativos elaborada por la Asociación Médica Dominicana y aprobada por el Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social.

Para ser designado perito médico se requiere tener el título de doctor o licenciado en Ciencias Médicas, conferido por alguna Universidad nacional o debidamente revalidado, haber observado buena conducta moral y profesional, y estar en libre ejercicio de sus derechos civiles y políticos, el nombramiento de perito médico pertenece al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana (INACIF).

Un legista es un médico con una especialidad en medicina forense; y un médico forense dominicano es más o menos un legista si se les observa las pocas tareas que lleva a cabo y su perspectiva institucional.

V.               CONCLUCION

El amparo es una acción o un recurso, que tutela los derechos constitucionales del ciudadano, y del que conoce y falla o bien un tribunal específico como un Tribunal Constitucional, Corte de Apelacion, Tribunal de Primera Instancia, según lo dispuesto en la Ley No. 437-06 que establece su procedimiento.

El amparo cumple una doble función: de protección al ciudadano en sus garantías fundamentales y a la propia constitución al garantizar la inviolabilidad de sus preceptos ya sea por normas generales contrarias a dichos preceptos o por actos de autoridad que vulneren el contenido o los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

El Recurso de Revision es aquel recurso que tiene por objeto obtener que la Suprema Corte de Justicia invalide una sentencia ejecutoria de un tribunal inferior, cuando la cosa juzgada que emana de ella ha sido obtenida fraudulenta o injustamente, por haber concurrido alguno de los vicios que la ley expresamente señala.

Se fundamenta el recurso el cual es de carácter excepcional, toda vez que a través de él nada menos que se ataca la cosa juzgada producida por las sentencias firmes. Tiene su fundamento en que, si bien es necesario que las relaciones jurídicas adquieran un grado de certeza, esa finalidad de seguridad jurídica no puede primar por sobre la justicia.

Sin embargo, teniendo en consideración que, de admitirse que a través del recurso de revisión se pudiera rever cualquier sentencia y por cualquier motivo, desaparecería la cosa juzgada, la ley lo ha limitado a determinadas causales de extrema gravedad.

La medicina legal es la especialidad médica que aplica todos los conocimientos de la medicina para el auxilio a jueces y tribunales de la administración de justícia; es decir, es el vínculo que une al derecho y a la medicina.

La medicina legal es el conjunto de conocimientos médicos y biológicos necesarios para la resolución de problemas que plantea el Derecho. Además proporciona esos conocimientos para el asesoramiento, perfeccionamiento y evolución de las leyes y tiene un profundo compromiso con valores ético-deontológicos, básicos del ejercicio profesional. También es el conocimiento de leyes necesarias para el quehacer cotidiano médico y se vincula estrechamente con el derecho médico.

Comúnmente llamada medicina forense (de foro: por ser en la antigüedad los foros o tribunales en donde se desempeñaba esta disciplina), actualmente se distinguen dos escuelas: la escuela latina, en donde son formados los médicos legistas, y la escuela anglosajona, en donde se forman médicos forenses.

De esta manera concluimos el presente trabajo en el cual abordamos tres temas, de mucho valor en materia de conocimientos, conocer el recurso de amparo, el recurso de revisión, asi como el certificado medico legal, me ha hecho refleccionar sobre la diversidad de temas que posee la materia jurídica de las practicas en los tribunales, impartidas por el Dr. Pedro Leandro Castro, son de mucho valor.

VI.           CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS

·        Mateo Calderón, Freddy R. "El Nuevo Proceso Penal". Guía para la correcta aplicación. 2da. Edición. Ediciones Jurídicas Trajano Potentini. Distrito Nacional, Rep. Dom., Octubre 2004.

·        Ortiz V., Sergio A. "Los Recursos en el Proceso Penal". 2da. Edición Ampliada con Jurisprudencia y Formularios. Editora Dalis. Moca Rep. Dom., Diciembre 2005.

·        Olivares Grullón, Félix Damián. Ramón Emilio Núñez Núñez. "Código Procesal Penal Concordado". Normativa complementaria y notas educativas. (Ley 76-02). 1era Edición. Ediciones Jurídicas Trajano Potentini. Santo Domingo, Rep. Dom., Abril 2003.

·        Ley No. 437-06 que establece el Procedimiento de Amparo.

·        Organización Judicial en la República Dominicana, la Ley 163, del 21 de noviembre de 1927

·        Código Procesal Penal Rep. Dominicana

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