ANALISIS LEY 36 SOBRE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS Y ANÁLISIS AL ANTEPROYECTO DE LEY DE ARMAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA



TEMAS:

ANÁLISIS A LA LEY NO. 36 SOBRE PORTE Y TENENCIA DE ARMAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA.

INTRODUCCIÓN


1. DE LAS ARMAS DE FUEGO.


2. DE LOS PARTICULARES Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PORTAR ARMAS.


3. DE LAS LICENCIAS INDIVIDUALES PARA TENER O PORTAR ARMAS.


4. REGLAS GENERALES SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO.


5. INFRACCIONES Y PENALIDADES RELATIVAS A LAS ARMAS DE FUEGO.


6. DE LAS ARMAS BLANCAS PUNZANTES Y CONTUNDENTES.



7. DISPOSICIONES FINALES

8. ANÁLISIS AL ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA LEY DE ARMAS EN REPÚBLICA DOMINICANA

9. NUEVOS DELITOS, NUEVAS PENAS


INTRODUCCIÓN


El   trabajo a presentar es un análisis de la Ley No. 36 Sobre Comercio, Porte y Tenencia de Armas la cual   contiene todo lo concerniente a la comercialización, posesión   de armas (Dígase Armas de fuego y Armas blancas)   y fue promulgada por primera vez por el presidente provisional de la República, doctor Héctor García Godoy Cáceres en 1966, apenas concluida la contienda fratricida del año anterior. Esta consta de VII Capítulos y 63 Artículos.

Dicha Ley tiene como finalidad también regular su tenencia,   con salvedades de empresarios, funcionarios públicos, guardias y policías y consideraciones que determine el titular de Interior y Policía, que es la autoridad para dar cumplimiento a esta ley.




El propósito del legislador con esta es la regularización de su posesión para la comisión de futuros delitos y   (para tener un mayor control) con la intención también de Preservar la vida.




Espero que este trabajo sea de su mayor agrado.

1. DE LAS ARMAS DE FUEGO.

En los primeros artículos del primer capítulo nos dice que se considera armas de fuego fusiles, rifles, carabinas, revólveres, pistolas, escopetas y todas las demás armas mortíferas con las cuales se pueda disparar balas y otros proyectiles por medio de pólvora o explosivos.

Se prohíbe a toda persona fabricar, importar, comprar o adquirir de cualquier modo, armas de fuego, piezas o partes sueltas, municiones o fulminantes para las mismas. También queda prohibida la venta y entrega de armas y municiones sin previa comprobación de permisos válidos.   Salvo el caso aquellas usadas por los particulares en la forma y condiciones determinadas por la presente ley. 

2. DE LOS PARTICULARES Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES AUTORIZADAS A PORTAR ARMAS.

El presidente y el vicepresidente de la República tienen derecho absoluto al porte y tenencia de armas sin requisito, al igual que los jefes oficiales y alistados de la Fuerzas Armadas, los oficiales y agentes de la Policía Nacional, los ministerios y demás funcionarios investidos de rango, el presidente y demás jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Procurador General de la República, los diputados y senadores, los viceministros, los procuradores generales de las cortes de apelación, los procuradores fiscales de los tribunales, los alcaldes municipales y pedáneos . 


Los pagadores de las dependencias gubernamentales, los hacendados, los agentes viajeros, los cobradores comerciales (mientras estos estén en sus labores habituales). 


Todos Los mencionados quedan librados de todo impuesto a las licencias, destacando que cuando dejen de servir a su cargo se les cancelará.

El presidente de la República podrá   autorizar la tenencia y porte de armas a aquellos funcionarios que a su juicio deben poseerlas y si es a cualquier persona estará sujeta a revocación cuando este lo considere necesario. Quien desee portar un arma de fuego para defensa nacional siempre que cumpla con los requisitos legales y que a juicio del Ministro de Interior y Policía   justifique   la necesidad de su tenencia. 

No pueden portar ni poseer armas de fuego las siguientes personas:

a) Los menores de dieciocho (18) años;

b) Las personas que hayan padecido o estén padeciendo de enajenación mental o epilepsia;

c) Los beodos habituales;
d) Las personas que han sido condenadas a penas aflictivas e infamantes o infamantes o intencionales;

e) Los condenados por los delitos de robo, estafa, abuso de confianza, fullería y otros de igual naturaleza

f) Las personas que estén sometidas a la acción de la justicia, mientras estén subjúdice y si se ha dictado mandamiento de prisión.

Quien desee solicitar   la licencia para importar o negociar armas de fuego o municiones, debe pagar   una fianza como lo determina el Ministro de Interior de Policía el cual también es quien otorga dicha licencia. La mencionada fianza será equivalente al 50% del valor de la venta de las armas y municiones esta cantidad nunca será menor de de cinco mil (RD$ 5,000.00) tal cifra será depositada en la tesorería nacional.

Quienes pertenezcan al negocio de las armas deberán llevar un libro especial registrado, foliado y rubricado por el Ministro de Interior y Policía en   el cual se hará constar los nombres, edad, residencia, profesión, numero de serie y sello de la cédula   de identidad de las personas que le hubiesen comprado armas de fuego; el numero y fecha de la licencia así como también el numero y clase de cada arma comprada, juntamente con la cantidad de las municiones para dicha arma. 

Dichas armas (las de venta) se deberán almacenar en el arsenal del Estado y si este no existiera en una local bajo custodia del Ejercito Nacional   o a falta de este en la Policía Nacional; cuando se depositen las armas el encargado de dicho lugar dará un recibo que contenga una descripción de todo lo entregado.

Hay que decir también que los comerciantes de dicho negocio están permitidos   para tener en sus establecimientos una cantidad de armas que no exceda de; tres (3) revólveres, seis (6) escopetas, cien (100) capsulas para revólveres, mil (1,000) cartuchos de escopetas, diez (10)   libras de pólvora fina, cien (100) libras de perdigones para las mismas y mil   (1,000) fulminantes. 

3. DE LAS LICENCIAS INDIVIDUALES PARA TENER O PORTAR ARMAS.

La persona que desee portar un arma de fuego para los fines permitidos y las municiones para la misma deberá tener licencia, solicitándola mediante las formalidades siguientes:

a)   Cuando se trate de   licencia para la defensa propia o intereses personales, el solicitante deberá pagar doscientos pesos (RD$200.00) cada año como valor de la licencia. 

b) Cuando se trate de licencia para la tenencia de armas en su residencia, trabajo, negocio, industria, etc., el solicitante deberá pagar cien pesos (RD$100).

c) Cuando se trata de licencia para el porte de escopeta para caza, el impuesto será de setenta cinco pesos (RD$75) por cada año por cada escopeta.

d) Cuando se trata licencia para   tenencia de escopeta de cualquier calibre, para poseerla en su casa, industria, comercio, finca ganadera o agropecuaria, etc., el impuesto será de cincuenta pesos (RD$50) por año calendario.

e) La licencia para uso de escopetas de pistón o rifles de aire comprimido el impuesto será de cinco pesos (RD$5) por año, pagadero en un sello de Rentas Internas del mismo valor.

f) Las licencias particulares vencen el 31 de diciembre del año para el cual fueron expedidas, pudiendo ser renovadas mediante solicitud hecha en los formularios que determine el Ministro de Interior y Policía, estas podrán ser revocadas en cualquier tiempo por el mencionado. Quien desee optar por este permiso deberá cumplir con las formalidades exigidas por esta ley, si se destruyera o perdiera esta deberá solicitar dicha persona la expedición de un duplicado mediante el pago de diez pesos (RD$10). 

4. REGLAS GENERALES SOBRE LAS ARMAS DE FUEGO.

En los casos en que las armas amparadas por licencias expedidas legalmente sean incautadas por las autoridades militares, civiles o policiales, estos le darán el expediente a los tribunales de los diversos casos, solamente los tribunales podrán ordenar la confiscación de las armas, en caso de que sean sin permiso y/o permisos falsificados, la confiscación será obligatoria.

Si la persona poseedora de una licencia para portar armas de fuego cambia de domicilio de una provincia a otra notificara el cambio dentro de los diez (10) días siguientes al Ministro de Interior y Policía en carta certificada   o por entrega especial y así mismo al gobernador de la provincia de su nuevo domicilio y al de su residencia anterior. El incumplimiento de esta disposición se castigará con la pena de cinco (5) días a tres (3) meses de prisión o cinco (5) a cincuenta (50) pesos   de multa o ambas a la vez.

Si a la salida de la persona que porte armas de caza si dichas armas   estuviesen bajo la custodia del Ejército Nacional o Policía Nacional de República Dominicana le será entregada a la misma persona mediante previa petición elevada al colector de aduanas del Puerto de salida del oficial de aduanas, del puente fronterizo, o del aeródromo de salida.

En caso de fallecimiento o de inhabilitación física o legal del poseedor de una licencia de arma de fuego, el pariente más cercano o el representante legal, estará obligado a entregar al jefe del Ejercito Nacional o Policía Nacional en la provincia correspondiente, por tanto si dichas armas no son reclamadas en plazo de treinta (30) días las mismas serán consideradas abandonadas a favor del Estado dominicano por sus dueños. El Ministerio de Interior   y Policía llevará un registro de todas las licencias que se concedan por orden numérico y por fecha, así mismo dispondrá cada cuatro (4) años, la renovación de dichos libros de licencias oficiales, sustituyendo las expedidas por otras nuevas.

5. INFRACCIONES Y PENALIDADES RELATIVAS A LAS ARMAS DE FUEGO.

La persona que fabrique, reciba; compre o tenga bajo su custodia; venda o use armas de fuego y municiones para estos, ilegalmente se sancionará con las siguientes penalidades: (Los artículos a mencionar   modificados por la Ley No. 589 del 2 de julio del 1970, G.O No.9191 del 8 de julio del 1970).

Si se tratare de escopetas de pistón o rifles de aire comprimido, será castigada con prisión correccional de dos (2) o seis (6) meses y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) pesos.

Si se tratare de escopetas de cartucho esto es, construidas para disparar perdigones exclusivamente con fines de caza, se castigara con prisión correccional de uno (1) a dos (2) días a quinientos (RD$ 500.00) pesos de multa.

Si se tratare de revolver o pistola se castigara con pena de reclusión y una multa de mil (RD$1,000.00) a dos mil (RD$2,000.00) pesos.

Si se tratare de cualquier arma de fuego no mencionadas anteriormente, será condenado a   la pena de detención y multa de dos mil (RD$2,000.00) a cinco mil (RD$5,000.00) pesos. Serán también sancionadas con esta pena aquellas personas que negocien o trafiquen con armas de fuego.

Se exceptúan de todo lo mencionado anteriormente a las personas autorizadas por el Ministerio de Interior   y Policía que como parte de su profesión, arte u oficio, se dediquen a reparar, limpiar, niquelar o pavonar armas de fuego. Todo buque, embarcación, avión, vehículo, de carga o pasajeros que entre a   la República, deberá declarar al cónsul dominicano del sitio de su procedencia, los nombres de aquellos miembros de su dotación que posean armas de fuego y dar la descripción de esta en dicha declaración la cual será por duplicado.

Cuando dentro de dicho buque, embarcación, avión, vehículo o pasajero se encontraren armas de fuego sin ningún permiso de importación de armas entonces, serán castigados según los casos, de acuerdo a las penalidades   conjuntamente con el derecho internacional y la legislación sobre la   materia cuando los hechos constituyan un contrabando de guerra. Los armadores y empresarios y consignatarios son responsables para el pago de las multas donde se incurran los miembros de las dotaciones de los mismos.

Se Castigara con la pena de diez (10) a veinte (20) años de trabajos públicos

Las penas de trabajos públicos han sido sustituidas por penas de Reclusión Menor y penas de Reclusión Mayor a toda persona que recorte o haga recortar carabinas, escopetas, rifles y cualquier otra arma de fuego. Así mismo aquella que arregle o repare objetos o cosas en forma que puedan disparar proyectiles por medio de pólvora o explosivos.

Los jueces podrán ordenar la incapacidad de la persona o las personas que resultaren culpables de estos delitos, asimismo podrá ordenar el pago de las multas a razón de un día de prisión   por cada peso no pago sin que dicha prisión pueda ser disminuida por causa de insolvencia   ni por ninguna otra causa ni exceder de dos (2) años.

Quienes resultaren cómplice en la comisión de los delitos mencionados, será castigado con las mismas penas que el autor; y en los casos de reincidencia se castigara con el máximo de las penas. A los prevenidos o acusados de violar esta ley no les será concedida la libertad provisional bajo fianza, ni les será aplicable el artículo 463 del Código Penal.

6. DE LAS ARMAS BLANCAS PUNZANTES Y CONTUNDENTES.

Se le prohíbe portar en cualquier forma cortaplumas, navajas, sevillanas, estoques verduguillos, puñales, estiletes, dagas, sables, espadas, o cualquier otro objeto afilado o con punta cuyas dimensiones no excedan de 3 pulgadas de largo por media pulgada de ancho. Se exceptúan de esta prohibición: 

a) Las autoridades militares y policiales

b) Las autoridades rurales

c) Los guarda campestres


d) Los ayudantes de las autoridades policiales

De igual manera se exceptúan respecto a cortaplumas, navajas, sevillanas o cuchillos, las personas que utilicen estos como parte de su profesión, arte u oficio. Es entendido que los machetes y cuchillos de trabajo no se incluyen en la prohibición, no pudiendo ser perseguidos o sometidos a la justicia los individuos que porten dichos objetos.

Todas las personas mencionadas que están autorizadas para portar las armas no podrán llevar tales armas en reuniones a actos públicos, ni transitar por las calles portándolas. Quienes no tengan permiso para portar armas blancas, se le sancionara con una multa de veinticinco (RD$25)   a trescientos (RD$300) pesos o prisión de uno (1) a seis (6) meses. En dicho caso las armas o instrumentos se confiscaran. Esta misma pena se le impondrá a todo el que venda, introduzca o fabrique armas ya mencionadas.

El tribunal competente para conocer dichos casos son los Juzgados de Paz   destinados a juzgar y fallar las infracciones por porte, introducción fabricación y venta de armas blancas y contundentes.

7. DISPOSICIONES FINALES 

Las armas que se incauten a los que violen esta ley, serán remitidas al intendente general de material bélico de las Fuerzas Armadas, quien la remitirá a los depósitos de armas del Ejército Nacional. Las personas de la clase civil cuyas funciones no lo exijan, no podrán llevar consigo armas de en sitios de diversiones ni en reuniones públicas. 





Las violaciones a cualquier disposición de esta ley se castigará con multa de cincuenta (RD$50) a cien (RD$100) o prisión de tres (3) a seis (6) meses o ambas a la vez. La presente ley deroga y sustituye la Ley No. 392 de fecha 20 de septiembre de 1943   Sobre Comercio, Porte   y Tenencia de Armas, así como toda otra disposición legal que sea contraria.



8. ANÁLISIS AL ANTEPROYECTO DE MODIFICACIÓN A LA LEY DE ARMAS EN REPÚBLICA DOMINICANA

Hace alrededor de un año que aprobado en dos lecturas consecutivas en la Cámara de Diputados, lo que seria la nueva ley de armas en República Dominicana con una finalidad de realizar el desarme de manera paulatina de la población civil y crea la figura de nuevos delitos que no existían en la legislación penal y de manera adicional el cumulo de penas.

Se establece que entre las innovaciones que contendrá esa nueva ley esta el hecho de que fija como edad mínima para optar por una solicitud para permiso de armas tener mas de 30 años de edad cumplidos y depositar una declaración jurada notariada donde el solicitante deberá declarar la circunstancias objetivas que justifiquen la necesidad de porte o tenencia de un arma de fuego y establecer en el mismo documento que conoce la ley de armas, así como contratar un seguro de responsabilidad civil para los eventuales daños y perjuicios por el uso de armas de fuego que abarcara el mismo periodo de la renovación y además deberá justificarle al Ministerio de Interior y Policía que la persona se encuentra al día en el pago de sus impuestos fiscales personales en la DGII, en adición a los requisitos actualmente establecidos.

En esta nueva ley el presidente y vicepresidente de la República Dominicana, tendrán derecho a usar de por vida un arma de uso civil amparada en una licencia especial libre de impuestos y que de igual modo los senadores y diputados gozaran de tal derecho mientras dure el periodo para el cual fueron electos y que perderán esos derechos de manera automática cuando contra uno de ellos intervenga una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada por condena de una infracción aflictiva o inflamante o desde que se le impongan medidas de coerción por violencia domestica, intrafamiliar o de genero.

En esa nueva ley no le serán emitidos autorización o será revocado el permiso para el porte de armas a cualquier persona en contra de quien exista un sometimiento a la justicia o exista una orden de alejamiento o de restricción vigente emitida por el ministerio publico o un juez competente, como tampoco a ninguna persona que se le haya impuesto una medida de coerción por una infracción penal relacionada con violencia domestica o intrafamiliar u otro hecho violento que involucre una sanción de un año de prisión o mas y que del mismo modo no podrán poseer armas toda persona sometida a la acción de la justicia o que haya sido condenada por cualquier infracción de esta ley o de cualquier otra y que conlleve pena de mas de un año de prisión.

Toda persona sobre la que pese una orden de arresto pendiente de ejecución o que haya sido declarado en rebeldía en la justicia en virtud de lo que prevé el articulo 100 del Código Procesal Penal le estará prohibido el uso de armas así como toda persona que se compruebe que abuse de manera habitual de bebidas alcohólicas y de igual modo tendrán prohibición para el uso de armas todos los ex miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional que hayan sido dados de baja de manera deshonrosa así como contra cualquier persona que al momento de iniciar la solicitud o en el momento de renovación el oficial publico de Interior y Policía pueda percibir que es una persona incoherente, atolondrado, agresivo, desorientado o con problemas emocionales evidentes y manifiestos.

Esta ley contendrá una figura conocida en la legislación dominicana llamada “el silencio administrativo” cuando al Ministerio de Interior y Policía se le solicite algún permiso para la importación de armas y el MIP no le responda su solicitud en un plazo de 30 días según lo prevé el articulo 32 párrafo 6 de la citada ley.

Del mismo modo queda prohibido el porte de armas en lugares de expendio y consumo de bebidas alcohólicas, así como la exhibición de la misma y según el articulo 64 ninguna persona que haya sido condenada a una pena de prisión de mas de un año no podrá importar, adquirir, poseer o disponer de vehículos blindados.

9. NUEVOS DELITOS, NUEVAS PENAS

Esta nueva ley en su articulo 65, traerá nuevas figuras jurídicas que no existen en la legislación actual y repite algunas como por ejemplo: 

A) el delito de posesión ilegal de armas de fuego, tendrá prisión de 3 a 5 años, multas de 50 salarios mínimos y la confiscación del arma; 

B) cualquier persona física que le quite la vida a otra para cometer robo con violencia, poseyendo un arma de fuego ilegal será castigada con una pena de 40 años de prisión asi como quien cometiendo un robo con un arma ilegal provoque heridas que causen lesión permanente será condenado a 30 años de prisión y si la herida no causa lesión permanente se impondrá la pena de 20 años de prisión y cualquier persona que use un arma de fuego ilegal para llevar a cabo un secuestro será sancionado con 40 años de cárcel y las personas que se compruebe que han formado una asociación de malhechores y portaren armas de fuego ilegales serán sancionados con 30 años de cárcel.

Un delito nuevo será la portación y uso ilegal de armas de fuego con prisión de 3 a 5 años y multas de 6 salarios mínimos, lo establece el articulo 66, el cual establece que a cualquier persona que sin tener la licencia transporte consigo cualquier arma de fuego, partes de la misma, municiones o explosivos y serán considerados como agravantes del delito, que el arma utilizada en la comisión del acto delictuoso o la tentativa de este no posea permiso y esto deberá ser tomado en cuenta al momento de valorar el peligro de fuga del autor, los autores o cómplices del hecho cometido.

Será condenando a prisión de 10 a 20 años mas el decomiso de todos sus bienes muebles e inmuebles y a una multa de 50 a 75 salarios a todo el que sea condenado por el delito de trafico ilícito de armas, previsto en el articulo 67 y que le seria impuesto a cualquier persona que importe, exporte, venda, adquiera, entregue, traslade, transporte o transfiera armas de fuego, sus piezas, componente o municiones desde fuera del país o a través de territorio nacional en violación a la presente ley y será acusado del delito de trafico ilícito de armas.

Otro delito nuevo será el de falsificación o alteración de armas de fuego que en su articulo 68 contempla prisión de 4 a 10 años y multas de 4 a 10 salarios, a la persona que falsifique, altere, elimine o le modifique el sistema de acción a cualquier arma o que le borre las marcas de fabrica, el número de serie, le cambie el cañón o altere las huellas balísticas registradas.

Otro delito nuevo contemplado en articulo 69 seria el delito de tenencia y uso de armas de las Fuerzas Armadas y la Policía la cual establece prisión de 4 a 10 años y multa de 4 a 10 salarios para cualquier persona que comercialice, fabrique, exporte, importe, tenga en almacén cualquier arma de fuego o municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y de otros cuerpos de seguridad del Estado como explosivos y sus accesorios o pertrechos militares.

Cualquier funcionario de cualquier rango o categoría que preste un arma y que sea usada para la comisión de un delito será castigado con 20 años de prisión y establece también que el funcionario publico que le asigne un arma de fuego a un civil sin importar el tipo de formas que se utilice en la asignación será condenado a una pena de 3 a 5 años de prisión y la cancelación de sus funciones. Esto se trata de una prohibición de los antiguos “formularios 25” y que hará que deban ser recogidas y devueltas todas las armas amparadas bajo esta modalidad.

Otro delito nuevo será el delito de acopio o almacenamiento de armas de fuego, previsto en el articulo 70 con prisión de 10 a 20 años y multas de 10 a 20 salarios para toda persona que guarden o almacenen armas de fuego de cualquier índole, caso este muy usado en muchas compraventas y casas de empeños.

De igual modo se crea el delito de intermediación de armas sin licencia y registro con penas de 4 a 10 años de cárcel y multas de 4 a 10 salarios a toda persona que se dedique a la practica de ser intermediario en la compra y venta de armas de fuego y materiales relacionados siempre que se trate de armas ilegales o que la licencia este vencida.

Un delito sin precedentes en la legislación de armas será el delito de legitimación de capitales provenientes del trafico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos, sus accesorios y materiales relacionados cometerá el delito de legitimación de capitales todo el que convierta, transfiera o transporte bienes o ganancias provenientes directa o indirectamente de actividades relacionadas con esos actos ilícitos y con el propósito de ocultar, encubrir o disimular el origen de esos bienes o capitales, también será sancionado todo el que ayude a las personas involucradas en este delito a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos, de igual modo a todo el que oculte, encubra o disimule la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, la disposición, el movimiento, o la propiedad de bienes o derechos relativos a estos bienes, a sabiendas de su procedencia, directa o indirectamente de los actos ilícitos y del mismo modo el que a sabiendas adquiera o tenga en posesión o utilice bienes provenientes de estas actividades ilícitas. Todo esto previsto en el articulo 72 de dicha ley y en su párrafo único establece que las personas responsables de la comisión de estos ilícitos serán sancionadas con penas de 8 a 12 años de prisión y multas de 50 salarios, así como el decomiso del capital, los bienes, las acciones, los títulos valores, derechos o utilidades producidas ilícitamente en violación a la presente ley.

Otro delito nuevo lo establece el articulo 73 y es el delito de imprudencia y facilitación para la legitimación de capitales provenientes de actos contrarios a esta ley con prisión de 10 a 20 años y multas de 10 a 20 salarios, para cualquier funcionario sea publico o privado, que imprudentemente facilite la legitimación de capitales o activos provenientes del trafico ilícito de armas de fuego, sus accesorios o materiales relacionados y de manera accesoria será condenado a la inhabilitación especial para ejercer su profesión, oficio, industria, comercio o actividad relacionada con el delito por un periodo de 5 años, esta pena le podría ser aplicable a cualquier funcionario bancario, dueños de financieras, casinos, dealers y otras entidades comerciales que a veces son vistas como vías para el blanqueo de capitales.

El otro delito nuevo previsto en el articulo 74 será el delito de fabricación ilegal de armas de fuego con penas de 10 a 20 años de prisión, de 10 a 20 salarios mínimos y el decomiso de todos los medios y bienes materiales, muebles e inmuebles utilizados para la fabricación aplicables a cualquier persona que fabrique de forma ilegal partes, componentes, artefactos o accesorios para armas de fuego, blindajes, armas químicas, biológicas, radioactivas, o sustancias y materiales destinados para la elaboración de estos y los que fabriquen rayos laser de uso exclusivo de las FFAA o de la PN, los que fabriquen silenciadores o cualquier cosa que reduzca la detonación de un arma de fuego, el cual seria aplicable a las personas que fabrican armas caseras de las denominadas “chagon” utilizadas siempre para la comisión de delitos y de igual modo serán sancionados con prisión de 1 a 3 años los que fabriquen cualquier tipo de armas químicas.

Otro delito nuevo previsto en el articulo 75 es el delito de proposición, inducción, incitación, provocación o conspiración para cometer cualquiera de los ilícitos establecidos en esta ley los cuales serán sancionados con la mitad de la pena establecida para el delito principal al que induzca, lo provoque, conspire o incite a cometerlo y del mismo modo serán reos de este delito los que trabajen en la organización, en la dirección, en la ayuda, en el asesoramiento, en la participación, en la facilitación, en la asociación, en la confabulación y en la tentativa de cometer cualquiera de los ilícitos establecidos en esta ley.

Un nuevo delito esta previsto en el articulo 77 y es el de alteración, falsificación, sustracción y ocultamiento de pruebas con penas de 4 a 10 años de prisión, multas de 4 a 10 salarios y la inhabilitación absoluta de cualquier profesión, oficio, industria, comercio o actividad relacionada con el delito cometido por un periodo de 5 años.

El articulo 78 establece el delito de exhibición de armas en vías publicas con penas de 6 meses a un año de prisión y multas de 1 a 2 salarios, para toda persona que teniendo licencia exhiba o porte de manera evidente dicha arma en lugares o vías publicas y establece además que los centros de diversión y expendio o consumo de bebidas alcohólicas serán cerrados de manera temporal o definitiva si permiten en sus instalaciones personas exhibiendo o portando armas de fuegos o blancas.

En su articulo 79 prohíbe el porte de armas de agentes de la FFAA y la PN vestidos de civil exhibiendo armas sin su debida identificación oficial o placa de la institución a la que pertenece y podrían ser sancionados con prisión de 1 día a 1 año y multas de 2 salarios y con esa misma pena será sancionado cualquier persona que realice disparos al aire sin motivos justificados y de manera adicional la cancelación de la licencia y la incautación del arma.

Esta ley establece penas de 3 a 5 años y multas de 5 a 10 salarios a cualquier persona que cometa un delito andando en un vehículo blindado y esta pena es en adición a la pena principal por el crimen cometido y el decomiso del vehículo blindado.

Como novedad de esta ley la misma crea un fondo de recuperación que le deberá ser asignado al MIP para la compra de armas de fuego a particulares interesados en venderlas así como para resarcir a aquellas personas a quienes no se le conceda licencia alguna y que hayan obtenido previamente la propiedad de un arma y no logren transferir su propiedad en un plazo de 30 días y exonera de responsabilidad a todo el que entregue de manera voluntaria sus armas aun sean ilegales.


Esta ley complicaría mucho la situación jurídica del uso, el porte y la tenencia de armas cuyos derechos se perderían de manera fácil y rápida por acción u omisión en la violación de alguno de estos artículos y saluda la iniciativa en el área de endurecimiento y aumento de penas en la comisión de delitos donde se vean envueltas armas de fuego en condición de ilegales y aun falta por ser conocida por el senado de la Rep.Dom. y observada o promulgada por el Poder Ejecutivo y verificar cuando exactamente entraría en vigencia y si cada uno de esos artículos se mantienen o no invariables.

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