LA OPERACION LAVA JATO; PETROBRAS; ODEBRECHT EN LATINOAMERIA (REPUBLICA DOMINICANA) - LA CRONOLOGÍA DEL CASO





La Operación Lava Jato y Odebrecht en Latinoamérica (República Dominicana) - La Cronología.


Esta es considerada la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, pero también ha salpicado a toda América Latina.
      
Lava Jato se considera el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil.

La prensa brasileña asegura que Lava Jato es la mayor operación en la lucha contra la corrupción en la historia de Brasil. Se han abierto denuncias contra empresarios y políticos.

También han sido involucrados los ex presidentes Inácio 'Lula' Da Silva y Dilma Rousseff. El jueves 19 de enero de 2017, uno de los jueces que lideraba el caso, Teori Zavascki, falleció en un accidente de avión en Río de Janeiro. Un golpe duro contra quienes buscan la verdad, pero no uno definitivo.

El periodico El País de España publicó un amplio informe del caso, explicando punto por punto las principales claves de este escándalo que sacude a Brasil, Perú, República Dominicana y toda América Latina.

¿Qué es Petrobras?

Esta petrolera brasileña fundada en 1953 es la empresa más grande de Brasil y también la empresa estatal más grande de América Latina.

Actualmente produce cerca de dos millones y medio de barriles diarios y emplea a 87 mil personas.

¿Cómo comenzó esta investigación?

La operación denominada Lava Jato (que en español se pronuncia Lava Yato), comenzó en julio de 2013, cuando la Policía Federal de Curibita (estado de Paraná) descubrió una operación de lavado de activos de mediano tamaño. El caso llevó hasta el cambista Alberto Youseff, experto en blanqueo de dinero. Su testimonio, junto al de Paulo Roberto Costa, ex director de Abastecimiento de Petrobras, fue la chispa que hizo estallar este escándalo de dimensiones mundiales.

Patricia del Río y Rosa María Palacios explican al detalle el tipo de corrupción que se destapó en la operación Lava Jato.

¿Cómo funcionaba esta red de sobornos y corrupción?

Petrobras licitaba sus obras a grandes empresas de ingeniería y construcción de Brasil, como parte de un programa impulsado por el presidente Lula y su entonces ministra de Energía, Dilma Rousseff, para estimular la creación de empleos en el país.

Para favorecer la contratación de ciertas empresas, la petrolera brasileña pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, que se repartía entre políticos y empresarios. El dinero era reintroducido al sistema a través de negocios de hoteles, lavanderías y estaciones de gasolina para ser blanqueado. Luego era transferido al extranjero, a través de empresas 'fachada', a cuentas en China y Hong Kong.

Según las autoridades judiciales brasileñas, este conjunto de constructoras corrompió a funcionarios de distintos países para obtener importantes concesiones en toda América Latina. El dinero que se pagaban en coimas era cargado al costo final de las obras a través de adendas al contrato original. Ganaba la constructora, ganaba el funcionario corrupto, perdía el Estado. Parte de ese dinero también era blanqueado a través de la red montada en Brasil.

¿Cuánto dinero fue robado?

Se estima que entre 2004 y 2012, cerca de 8,000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal que operó en toda América Latina.

Según la Corte de Justicia de Estados Unidos, funcionarios de la constructora brasileña Odebrecht (una de las empresas investigadas) admitieron que durante 2005 y 2014, pagaron a funcionarios Dominicanos 92 millones de dólares para obtener licitaciones.

¿Qué políticos de Brasil han sido involucrados?

Este caso ha salpicado a miembros de los principales partidos políticos de Brasil. También han sido involucrados los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Partido de la Socialdemocracia Brasileña), Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Fernando Collor de Melo (Partido del Trabajo de Brasil). La recientemente destituida Dilma Rousseff (PT) también ha sido mencionada en los documentos del caso.

La Policía Federal encontró en casa de Rousseff una lista de 750 obras, entre las que figuraban decenas de proyectos realizados en Latinoamérica. También se habla de proyectos desarrollados en Suiza.

Petrobras es la empresa más grande de Brasil y la estatal más grande de América Latina.

El caso Odebrecht en República Dominicana

El 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicó una investigación sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría realizado coimas de dinero y sobornos, a funcionarios públicos del gobierno de 12 países para obtener beneficios en contrataciones públicas entre ellos República Dominicana.

Odebrecht creó esta «caja B» a finales de los años 1980 con el nombre de «sector de relaciones estratégicas» para disimular la maraña de coimas.

Concepción Andrade, entonces veinteañera y empleada de la empresa, fue la primera secretaria del ilegal departamento de sobornos, con base en Brasil, desde 1987. A su despido, en 1992, se marchó a casa con los registros que había levantado y los guardó durante tres décadas hasta entregarlos a la Justicia brasileña y a la Comisión del Congreso encargada de la investigación.

Según los funcionarios judiciales estadounidenses, entre los años 2001 y 2014, Odebrecht estuvo relacionado con pagos ilícitos por valor de US$92 millones de dólares en República Dominicana, durante varios gobiernos que le habrían dado beneficios económicos y contratos por más de US$163 millones de dólares, en otros contratos de construcción de obra pública en ese país durante gobiernos pasados.

La Procuraduría General de la República de la nación caribeña ya dijo que "actuará con toda responsabilidad" en el caso, aunque por el momento solo conocía la información publicada en la web del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Como ente activo, la PGR está solicitando formalmente a las autoridades correspondientes de Estados Unidos, toda la información recopilada en la referida investigación sobre las actuaciones de Odebrecht en República Dominicana durante gobiernos pasados, dijo el Ministerio Público a través de un comunicado.

En un trabajo publicado por la cadena internacional Telesur, el 2 de febrero del 2017, elaborado por el analista político Geovanny Vicente Romero, la relación estrecha entre el sector privado y el sector público dominicano queda al descubierto cuando tanto el presidente Danilo Medina, como el Procurador General Jean Alain Rodriguez y miembros de la prensa, son señalados como personas que asistieron a eventos organizados por las empresas del único sospechoso del caso hasta la fecha, el empresario Angel Rondón, de acuerdo a varias fotografías. El estudio hace un análisis del caso en cinco países, quedando la República Dominicana como el país con mayor cantidad de sobornos y menor acción judicial, ya que no cuentan con ningún acusado hasta el momento.

En relación a la información de los demás acusados la PGR no ha mencionado nombres solo entrevistó a los implicados del caso, siendo revelada la información que los implicados pudieran estár protegidos por la impunidad que impera por la política dominicana.

Aspectos Legales Controvertidos.

El asesor de la Procuraduría General de la República para el acuerdo con la constructora Odebrecht, Eduardo Jorge Prats, defendió este jueves el acuerdo alcanzado por ese organismo con la multinacional brasileña y refutó criterios contrarios emitidos por el vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Castaños Guzmán.

En un documento, el jurista expresa en primer lugar que en "realidad las preocupaciones de la Finjus son infundadas", como "podrá comprobarse una vez el acuerdo en cuestión sea debidamente homologado por el juez y publicado para conocimiento de toda la ciudadanía".

Asimismo, que la conciliación con la empresa constructora brasileña "es procedente porque la infracción imputable a Odebrecht admite la suspensión condicional de la pena, es decir la causal del numeral 5 del artículo 37 del Código Procesal Penal, y que la suspensión condicional de la pena procede, según el artículo 341 del CPP, en los siguientes casos".

Recuerda que el acuerdo con Odebrecht queda limitado al único delito de pago de sobornos, "por lo que cualquier otro delito o infracción penal o administrativa, de la naturaleza que fuere, que haya cometido dicha empresa en los procesos de contratación pública en los que haya participado u otro tipo de actividades por identificar, las mismas se encuentran fuera del ámbito del acuerdo, por lo que la referida empresa podría perfectamente ser procesada ante la justicia dominicana".

En cuanto a la cuarta inquietud de la Finjus, de que debió inhabilitarse a la constructora para realizar proyectos en el país, Jorge Prats dice que "el Ministerio Público no tiene las facultades legales para suspender o inhabilitar de manera definitiva a Odebrecht ante la Dirección de Compras y Contrataciones".

Danilo Medina dice todo el que esté involucrado en el caso Odebrecht será sometido a la justicia.

En su discurso de rendición de cuentas con motivo del 173 aniversario de la Independencia de la República, el presidente Danilo Medina aseguró que serán sometidos a la justicia todos aquellos funcionarios y exfuncionarios que hayan sido benediciados de las acciones ilícitas de la empresa brasileña Odebrecht, la cual admitió que pagó US$ 90 millones en sobornos por la adquisición de contratos de obras públicas.

“El  procurador tiene plena potestad e independencia para actuar sin ningún tipo de limitaciones. Confiemos en las investigaciones llegarán hasta las últimas consecuencias caiga quien caiga”, dijo el mandatario.

El juez coordinador de los Juzgados de la  Instrucción del Distrito Nacional declaró inadmisible el procedimiento en que se hizo la solicitud de homologación del acuerdo firmado entre Odebrecht y la Procuraduría General de República.

El acuerdo establece que la empresa pagará al Estado con US$184 millones en compensación por el pago de sobornos para ser favorecida con obras públicas.

El magistrado José Alejandro Vargas ordenó la devolución del acuerdo al ministerio público y a la empresa brasileña, a fin de que lo promuevan al amparo del procedimiento establecido para los casos que compartan la gravedad de los hechos que se investigan.

El juez aclaró en el dispositivo de la sentencia que esto no quiere decir que el acuerdo se ha rechazado, sino que el procedimiento en el que se introdujo en el tribunal el pacto.

En el dispositivo de la sentencia que consta de 11 páginas, sostiene que al recurrir al tribunal para que se homologue el acuerdo en cuestión, el ministerio público desborda el principio de legalidad, por cuando condiciona el ejercicio de la acción penal a un criterio de oportunidad que no le es dado, en virtud de algún mandato legal, que tal y como han reconocido ambas partes se trata de hechos graves, y en consecuencia requieren de otro remedio procesal de mayor rigurosidad jurídica.

El juez alega que el procedimiento que usaron la Procuraduría y Odebrecht para la homologación del acuerdo fue la conciliación, y que de acuerdo a la resolución de la Suprema Corte de Justicia, el ministerio público no tiene facultad para conciliar a menos que sean las partes envuelta en los procesos judiciales.

Se recuerda que la solicitud de homologación del acuerdo fue depositada en el tribunal el pasado 10 de febrero por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero, y el abogado de Odebrecht, doctor Robert Valdez.

Con relación al caso Odebrecht han sido interrogadas 16 personas, entre estas funcionarios, exfuncionarios y legisladores, el gerente local de Odebrecht, Marcelo Hofke, y el empresario Ángel Rondón, quien admitió haber recibido los US$92 millones, pero por pago de servicio brindado.

EL JUEZ ACLARÓ EN EL DISPOSITIVO DE LA SENTENCIA QUE ESTO NO QUIERE DECIR QUE EL ACUERDO SE HA RECHAZADO.

¿Por qué el juez Francisco Ortega mandó a prisión preventiva a imputados por caso Odebrecht?

La Suprema Corte de Justicia dio a conocer este viernes la resolución 0047/2017 en la que da a conocer las razones por las que el juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco dictó prisión preventiva contra ocho de los 14 imputados por el caso Odebrecht.

En uno de los considerandos la Suprema sostiene que las réplicas producidas por las distintas barras defensoras, la exhibición de documentos y los presupuestos depositados en apoyo a sus medios y que no se detallan en la sentencia, en razón de la síntesis y de la solución que se dará en el caso, el tribunal entendió que no bastaron para restar crédito, por lo menos como presupuestos para la medida de coerción, que es el ámbito que por ahora atañe a este tribunal a los fundamentos de la solicitud del Ministerio Público.

Resalta además que los encartados fueron precisos y detallados en el depósito y presentación de presupuestos tendentes a demostrar su arraigo social, familiar y patrimonial, pero recuerda que para determinar la procedencia o no de una medida de coerción no basta con la posesión de arraigo y falta de peligro de fuga, sino que el juez ha de ponderar también el equilibrio entre las garantías del imputado y la protección de la sociedad y las víctimas de la infracción.

“Más aún, cuando se presume seriamente comprometido el interés público, los valores esenciales de la función pública y su correcto desempeño como eje cardinal de un Estado social y democrático de derecho; entre otros presupuestos que la jurisprudencia ha tenido en consideración”, precisa el citado considerando en la referida resolución.

Sobre cada uno de los imputados destacó que la medida de coerción estuvo basada en lo siguiente argumentos:

Juan Temístocles Montás, ministro de Economía y Planificación, quien se desempeñaba como secretario Técnico de la Presidencia, haber recibido sumas de dinero por parte del imputado Ángel Rondón Rijo para asegurar la tramitación y el financiamiento de los préstamos de forma ágil, siendo señalado por los testigos brasileños Ernesto Sá Viera Baiardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz dentro del grupo de los funcionarios y legisladores sobornados por parte de la empresa Constructora Norberto Odebrecht, puesto que mientras se desempeñaba como ministro de Hacienda, la Constructora Norberto Odebrecht le hizo aportes para su campaña de pre-candidato a la Presidencia de la República Dominicana en los años 2008, 2012 y 2016.

Tommy Alberto Galán Grullón, senador por la provincia San Cristóbal, a quien el imputado Ángel Rondón Rijo habría contactado mientras fungía como Presidente de la Comisión de Finanzas del Senado de la República para la aprobación en el Senado de los contratos de préstamos y participando en la aprobación de 11 contratos; además, que el testigo brasileiro Marcos Antonio Vasconcelos Cruz, en sus declaraciones por ante las autoridades brasileñas, lo señaló como la persona encargada de influir en el Senado para que fuera aprobado sin contratiempos el préstamo; que influía en los demás miembros de la Comisión y que además Ángel Rondón Rijo le hizo donaciones para su campaña como senador, durante los períodos 2008, 2012 y 2016.

Julio César Valentín Jiminián, senador por la provincia de Santiago, quien habría recibido sobornos para la aprobación de contratos, como lo fue el contrato de financiamiento del Corredor Duarte I, siendo señalado, en ese sentido, por el testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz, en sus declaraciones por ante el Ministerio Público de Brasil, como una de las personas encargadas de viabilizar todos los proyectos que favorecían a la Constructora Odebrecht durante su gestión, primero en su condición de presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente de miembro del Senado de la República por la provincia de Santiago, recibiendo sumas de dinero de parte del imputado Ángel Rondón Rijo.

Alfredo Pacheco Osoria, diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional, en relación con las declaraciones del exejecutivo de la Constructora Norberto Odebrecht Ernesto Sá Viera Baiardi, quien manifestó que para la aprobación de los financiamientos y contratos relativos al proyecto del Acueducto de la Línea Noroeste, así como la ejecución de las obras complementarias, en el Poder Legislativo, el imputado Ángel Rondón Rijo contactó y sobornó a los presidentes de ambas Cámaras Legislativas, imputados Porfirio Andrés Bautista García, presidente del Senado y Alfredo Pacheco Osoria, presidente de la Cámara de Diputados, quienes aceptaron sumas de dinero en dólares para la agilización y aprobación de contratos y préstamos, señalando además que sin el pago por parte de Ángel Rondón Rijo a estos legisladores el financiamiento no habría sido aprobado, aspecto que también corroboró el testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz por ante el Ministerio Público de Brasil.

Ángel Rondón Rijo, en síntesis, quien habría sobornado a funcionarios y legisladores con la finalidad de beneficiar a la Constructora Norberto Odebrecht en la adjudicación de obras y aprobación de préstamos en la República Dominicana, siendo este imputado el principal eslabón en la cadena de sobornos estructurada, señalado en ese sentido por el exgerente general de la Constructora Norberto Odebrecht, en República Dominicana, el brasileño Marco Antonio Vasconcelos Cruz, así como por los señores Ernesto Sá Viera Baiardi, en torno a la elaboración de los contratos simulados; el brasileño Luis Eduardo Da Rocha Soares, en torno al argumento de que el dinero se depositaba en las cuentas de las compañías constituidas por Ángel Rondón o vinculadas a éste.

Víctor José Díaz Rúa, con relación a la referida participación en la realización de varias de las obras descritas precedentemente, tales como Casabito, Autovía del Coral, Corredor Duarte, Acueducto de Samaná y Acueducto Hermanas Mirabal, habiendo recibido sumas millonarias de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, mientras se desempeñaba como Director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) y luego como Secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones, y que trabajó directamente con éste para procurar la asignación de obras a favor de Constructora Norberto Odebrecht, por lo que recibió sumas millonarias y obtuvo un incremento en su patrimonio de manera injustificada; que además fue quien contactó al Dr. Conrado Enrique Pittaluga, para que sirviera de asesor y redactara el contrato con Odebrecht.

César Domingo Sánchez Torres, en calidad de administrador general de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), habría firmado el contrato de fecha 30 de octubre de 2002, con la Constructora Norberto Odebrecht, para la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Pinalito; en violación de la Ley 322 de 1981, al no asociar en ese momento, a la empresa extranjera, con una empresa nacional, para poder participar en el concurso y sorteo de dicha obra; y una vez asegurada la obra, procedió a firmar una adenda al contrato con la finalidad de incorporar a la Constructora Polanco S.A., junto a Odebrecht, en la construcción de la hidroeléctrica; siendo señalado en ese tenor por Marco Antonio Vasconcelos Cruz, en el sentido de que alegadamente fue sobornado por Ángel Rondón Rijo para viabilizar la aprobación del referido proyecto, aceptando también soborno para que fueran contratadas las adendas I, II y III, al contrato de construcción de la Hidroeléctrica Pinalito; lo que incrementó injustificadamente su patrimonio, registrándose un aumento de un 96% en dos años.

Ramón Radhamés Segura, quien como vicepresidente Ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), habría firmado las adendas Nos. 4, 5 y 6, al contrato de construcción del proyecto Hidroeléctrico Pinalito, incrementándolo en su gestión en un 140%, quebrantando la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, pese a que el aumento del costo de la obra podría aumentarse únicamente hasta un máximo de 25% del monto del contrato original. Además, justificó, según la imputación, en esas adendas la ejecución de Trabajos de Rehabilitación de la Carretera El Abanico – Constanza, y posteriormente dio un uso distinto al que fue contratado; lo que equivale a un desvío de los referidos fondos. La ampliación de la referida obra se debió al entramado de corrupción y la aceptación de los sobornos dados por la compañía a través del imputado Ángel Rondón Rijo, según testimonios de Ernesto Sá Viera Baiardi y Marco Antonio Vasconcelos Cruz, ante el Ministerio Público de la República Federativa de Brasil.

En cuanto a la aprobación y ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Palomino, como vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), habría firmado con la Constructora Norberto Odebrecht, representada en esa ocasión por Héctor De Abreu Azevedo, el contrato para la ejecución del mismo; verificándose irregularidades desde la firma del mismo, pues se realizó violentando las disposiciones de la Ley No. 322, sobre la participación de empresas extranjeras en las contrataciones de obras por parte del Estado, pues, al momento de ser contratada la empresa Constructora Norberto Odebrecht, no se había asociado a ninguna empresa nacional. La empresa logró asegurar su participación en la construcción de la hidroeléctrica, en razón de la relación próxima entre este imputado y Ángel Rondón Rijo, lo que le facilitó sobornarle para tales fines, según los testimonios referidos, y durante la gestión del imputado este proyecto registró un aumento de un 164% del monto original contratado, violentado lo dispuesto en la Ley No. 340-06; mientras que en la ejecución del Proyecto Carretera de Casabito, fraguó un concierto de voluntades con el fin de evadir los procesos legales establecidos en la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06, y dispuso un mecanismo ilegal para trasferir fondos de un proyecto a otro, violentado de esa forma la Constitución y el Código Penal Dominicano.

Juan Roberto Rodríguez Hernández, como director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), habría gestionado contratos del Acueducto de la Línea Noroeste; así como la realización de adendas para incrementar los beneficios de la compañía, aumentando el costo de dicho proyecto, producto de lo cual su patrimonio tuvo un crecimiento desproporcionado con relación al salario percibido por su función y su patrimonio inicial, lo que obedece, según la imputación, a los actos de corrupción en sus funciones públicas; cometiendo además falsedad declaración patrimonial, ya que, el imputado sólo declaró una parte de sus haberes.

Porfirio Andrés Bautista García, como senador por la provincia Espaillat y varias veces presidente del Senado, habría influido en la aprobación y ejecución del Acueducto de la Línea Noroeste, diligenciando la aprobación por parte del Senado del contrato de ejecución de esta obra, así como el aumento del costo como supuestas complementaciones para la terminación del citado acueducto. Además, en la aprobación para el proyecto de ampliación, y para acortar el tiempo de la aprobación de los préstamos solicitados para tales fines; por otra parte, habría influido y gestionado la aprobación de los Proyectos Hidroeléctricos Pinalito y Palomino; así como el Acueducto Samaná y Acueducto Hermanas Mirabal en su condición de funcionario público, como Senador de la República, al disminuir el plazo de su aprobación; todo lo cual se basa en las declaraciones del testigo Ernesto Sa Viera Baiardi, el cual sostiene haber contactado directamente al imputado Porfirio Andrés Bautista, entre otros, con quienes sostuvo conversaciones sobre el proyecto, mostrando éstos interés en la aprobación de los préstamos para la ejecución de la obra.

Ruddy González, en su condición de diputado y Miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, habría influido en la aprobación y ejecución de los proyectos Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera de Casabito, Carretera Rio Jarabacoa y Corredor Duarte II. Apoyó en las diligencias para la aprobación de acuerdos de financiamiento de dichas obras. Viabilizó todos los proyectos que se conocieron en su gestión, para recibir sumas de dinero de parte del imputado Ángel Rondón Rijo, según lo establece el testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz.

Máximo Leónidas de Óleo Ramírez, habría influido en la ejecución del Proyecto Hidroeléctrico Pinalito, manteniendo contactos para tales fines con el brasileño Héctor De Abreu Azevedo, director técnico de la Constructora Norberto Odebrecht, involucrado en Brasil en los casos de sobornos, persona que fuera responsable del seguimiento en el país de los técnicos encargados de la supervisión de la obra.

Conrado Enrique Pittaluga Arzeno, habría estado involucrado en la aprobación y ejecución de los proyectos Autopista del Coral, Corredor Duarte I, Carretera de Casabito, Carretera Rio Jarabacoa y Corredor Duarte II. Además de actuar, según la imputación, como interpósita persona del imputado Víctor José Díaz Rúa, quien habría firmado el contrato disfraz de consultoría y que hizo posible la trasformación y cesión de la obra Autopista el Coral a la Constructora Norberto Odebrecht a cambio del 1.25% del valor total de la obra, y que por tanto responde a los intereses de la constructora, y habría sido la misma persona que en fechas 26 de febrero y 21 de abril del 2009, levantó, en su calidad de Notario Público, las actas de comprobación del proceso de recepción y apertura de los documentos fase I, así como la apertura de sobres que contenían las ofertas técnicas de la precalificación para la licitación pública de la construcción de esta obra. Conjuntamente con Víctor Díaz Rúa, habría recibido la suma de US$6,629,080.00, la cual fue pagada a través de la compañía Newport Consulting LTD, una compañía abierta en el Meinl Bank de Antigua y Barbuda, propiedad del intermediario del soborno señalado.

Jueza Miriam Germán Brito advierte Ministerio Público no tendría éxito en juicio final

“Si el Ministerio Público no resuelve la dificultad que tiene para probar la acusación a los imputados en el caso Odebrecht, no tendrá éxito en juicio final”.

El planteamiento es de la jueza presidenta de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, que ayer varió la prisión preventiva en Najayo a seis de los encartados en el entramado ilícito.

“En el estado actual del proceso, y con lo aportado para la medida de coerción, se aprecia una dificultad probatoria que, de no ser subsanada en el curso de la investigación, no augura un futuro esperanzador, por el momento, del juicio a fondo”, expresa la magistrada, quien emitió un voto disidente a la sentencia del Tribunal.

Se recuerda que la Suprema Corte aceptó anoche la solicitud de apelación de siete imputados, mas rechazó las de otros tres, entre ellos, Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, quienes permanecerán encarcelados, mientras que Alfredo Pacheco deberá pagar la garantía económica de RD$5.0 millones.

Según resolutó el Tribunal colegiado, el abogado Conrado Pittaluga pasará a cumplir arresto domiciliario por nueve meses.

Radhamés Segura, Temístocles Montás, Andrés Bautista y Ruddy González deberán presentar una fianza de RD$15 millones, así como presentación periódica.

En el caso de César Sánchez, fianza de 10 millones de pesos, impedimento de salida y presentación periódica el primer lunes de cada mes. Máximo De Óleo, fianza de cinco millones de pesos, así como impedimento de salida y presentación periódica.

Juez varía coerción de Díaz Rúa y Rondón; impone garantía económica e impedimento de salida

El juez de instrucción Francisco Ortega Polanco varió las medidas de coerción de Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y del empresario Ángel Rondón, implicados en el caso Odebrecht.

En ese sentido, impuso a Rondón una garantía económica de 70 millones de pesos, impedimento de salaida del pais y presentación todos los miércoles prmero de cada mes ante el PEPCA.  

Mientras a Díaz Rúa, le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida, obligación de una presentacion periódica el primer jueves de cada mes ante el PEPCA hasta que concluya la investigación. 

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