LA CORTE PENAL INTERNACIONAL; Y SU ORIGEN.




I.    INTRODUCCION

La Corte Penal Internacional es un tribunal de justicia internacional permanente cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra y de lesa humanidad.

Tiene personalidad jurídica internacional, y no forma parte de las Naciones Unidas, aunque se relación con ella en los términos que señala el Estatuto de Roma, su Norma fundacional. Tiene su sede en la ciudad de la Haya, en los Países Bajos (Holanda).

Llamada en ocasiones Tribunal Penal Internacional. Todos los Estados partes en el Estatuto de la Corte tiene derecho a proponer candidatos. La propuesta no la formulan directamente los gobiernos de cada Estado, sino los miembros de los grupos nacionales de la Corte Permanente de Arbitraje, cuatro juristas que pueden ejercer como miembros de de un tribunal arbitral según lo establecido en las Conferencias de la Haya en 1899 y 1907.

En caso de los países que no están representaos en la Corte Permanente de Arbitraje, los candidatos se designan por un grupo constituido de la misma forma.

Cada grupo puede proponer hasta cuatro candidatos, de los cuales solamente dos pueden ser de su propia nacionalidad, los otros pueden provenir de cualquier país, sin que importe que se trate o no de un Estado parte del Estatuto ni si haya declarado o no que acepta la jurisdicción de la CIJ.

Los nombres de los candidatos se deben comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas en el plazo que la persona que ostenta dicho cargo estime oportuno.

Los candidatos deben ser personas que gocen de alta consideración moral y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las mas altas funciones judiciales en sus respectivos países, o que sean jurisconsultos de reconocida competencia en materia de Derecho.

II. ORIGEN DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

A pesar de la antigüedad de los métodos, se reconoce en general que la historia moderna del arbitraje comienza con el llamado Tratado de Jay, de 1794, entre los Estados Unidos de América y Gran Bretaña.

En ese Tratado de Amistad, Comercio y Navegación se estipulo la creación de tres comisiones mixtas, formadas por el mismo numero de norteamericanos que de británicos, con el fin de arreglar varias cuestiones que ambos países no habían sido capaces de resolver mediante la comisiones mixtas no podían dictar sentencias, estrictamente hablando, en cierto modo si que estaban pensadas para funcionar como tribunales.

Consiguieron que volviera a surgir el interés por el proceso de arbitraje. A lo largo del siglo XIX, los Estados Unidos y Reino Unido recurrieron en varias ocasiones a ellas, y también lo hicieron otros tantos Estados en Europa y en las Américas.

El arbitraje en 1872 de la Cuestión de Alabama entre el Reino Unido y los Estados Unidos, marco una segunda etapa que fue aun mas decisiva.

En el marco del Tratado de Washington de 1871, ambos países acordaron someter a arbitraje una demanda presentada por Estados Unidos contra el Reino Unido por supuesta violación de la neutralidad durante la guerra civil estadounidense.

Los dos estados establecieron un reglamento sobre las obligaciones que el tribunal debía aplicar para permanecer neutral.

Dicho tribunal estaba compuesto previo acuerdo por pare de los dos países por cinco miembros designados, respectivamente por los jefes de Estados Unidos, Reino Unido, Brasil, Italia y Suiza. El Tribunal arbitral fallo que Gran Bretaña debía pagar una indemnización; Gran Bretaña cumplió con la orden de manera ejemplar.

Así demostró la eficacia del arbitraje en el arreglo de una controversia importante, y durante los últimos años del siglo XIX este procedimiento contribuyo a que se mejorara en varios aspectos.

Los fundamentos políticos y doctrinales tras el establecimiento de un tribunal internacional para el enjuiciamiento de crímenes son de larga data en occidente.

Ya en 1919, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, los países victoriosos quisieron juzgar al Káiser Guillermo II de Alemania por el crimen de agresión, pero nunca se llego a un acuerdo sobre la materia.

Su fundamento original más directo se encuentra en los tribunales internacionales establecidos en Núremberg y Tokio para juzgar a los criminales de guerra de Alemania y Japón por los delitos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

Pese a que el primero de estos ha sido objeto de graves críticas tanto por castigar penalmente a personas jurídicas como la S.S. o la Gestapo por no aplicar principios de temporalidad y territorialidad de los delitos fueron en conjunto considerados un gran avance en materia de justicia internacional.

Posteriormente, en los albores de las Organización de las Naciones Unidas el Consejo de Seguridad recomendó a un panel de expertos el que se explorarla posibilidad de establecer una corte permanente de justicia en materia criminal, similar o complementario a su principal órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia.

Sin embargo después de largos debates académicos y políticos, la idea no prospero hasta los graves acontecimientos del genocidio Yugoslavo (1991-1995) y Ruandés (1994).

En parte por estos trágicos hechos, y por el desarrollo alcanzado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y por el Derecho Penal Internacional, se celebro en la ciudad de Roma.

Una conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, en cuya acta final, suscrita el dia 17 de julio de 1998, se estableció la Corte Penal Internacional.

Se trata entonces del primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los mas graves crímenes, cometidos por individuos, en contra del Derecho Internacional.

III.              ORGANOS DE LA CORTE

La Corte estará compuesta de los órganos siguientes:

a)   La Presidencia.

b)  Una Sección de Apelaciones, una Sección de Primera Instancia y una Sección de Cuestiones Preliminares.

c)   La Fiscalía.

d)  La Secretaria.

IV.               MIEMBROS DE LA CORTE

La Corte esta Compuesta de cuatro órganos, dos oficinas semiautónomas y el Fondo para las Victimas. Los órganos son: Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina del Fiscal y Registro.

La Corte Internacional de Justicia esta formada por 15 Magistrados que eligen, por periodos de nueve años, a Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.

Estos órganos votan simultáneamente pero por separado. Para ser elegido, cada candidato debe obtener la mayoría absoluta en ambos órganos, lo que conlleva que a veces sean necesarias varias rondas de votación.

Para asegurar cierta continuidad, cada tres años se somete a elección únicamente un tercio de la Corte. Los Magistrados pueden ser reelegidos. Si alguno de ellos fallece o renuncia de su cargo durante su judicatura, se celebra lo antes posibles una elección extraordinaria para elegir a un magistrado que cubra su vacante durante el resto del mandato.

Las elecciones se celebran en Nueva York cada otoño con ocasión de las sesiones anuales de la Asamblea General. Los Magistrados que se eligen en cada elección trienal comienzan su mandato el 6 de febrero del año posterior a su nombramiento. A continuación la Corte procede a elegir, en votación secreta, a un Presidente y un Vicepresidente cuyos mandatos tendrán una duración de tres años.

V.  PRINCIPIOS APLICABLES

El funcionamiento de la Corte se rige por una serie de normas y principios que lo transforman en un tribunal especial, solo para conocer casos realmente particulares.

Los principios aplicables son:

Complementariedad: La Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal;

Nullum Crime Sine Lege: El crimen debe estar definido al momento de la comisión y que sea competencia de la Corte;

Nulla Poena Sine Lege: Un condenado por la Corte solo puede ser penado como ordena el Estatuto.

Irretroactividad Ratione Personae: Nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigencia.

Responsabilidad Penal Individual: No será objeto de la pretensión punitiva las personas jurídicas, salvo como hecho agravante por la asociación ilícita.

La Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de 18 años en el momento de comisión el presunto crimen.

Improcedencia de Cargo Oficial: Todos son iguales ante La Corte, aunque el acusado sea por ejemplo, Jefe de Estado.

Responsabilidad por el cargo; Imprescriptibilidad y;

Responsabilidad por el cumplimiento de cargo: no es eximente de responsabilidad penal.

VI.               ESTATUTOS DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

Aprobado el 17 de julio de 1998 por la Conferencia Diplomatica de Plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional.

Conscientes de que todos los pueblos están unidos por estrechos lazos y culturas configuran un patrimonio común y observando con preocupación que este delicado mosaico puede romperse en cualquier momento.

Teniendo presente que, en este siglo, millones de niños, mujeres y hombres han sido victimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad.

Reconociendo que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad. Afirmando que los crímenes mas graves de transcendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que a tal fin hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia.

Decididos a poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes. Recordando los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y en particular que los Estados se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.

Destacando en este contexto que nada de lo dispuesto en el presente Estatuto deberá entenderse en el sentido de que autorice a un Estado Parte a intervenir en una situación de conflicto armado en los asuntos internos de otro Estado.

Decididos, a los efectos de la consecución de esos fines y en interés de las generaciones presentes y futuras, a establecer una Corte Penal Internacional de carácter permanente, independiente y vinculada con el sistema de las Naciones Unidas que tenga competencia sobre los crímenes mas graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto.

Destacando que la Corte Penal Internacional establecida en virtud del presente Estatuto será complementaria de las jurisdicciones penales nacionales.

Decididos a garantizar que la justicia internacional sea respetada y puesta en práctica en forma duradera.

VII.            CRIMENES DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE

La competencia de la Corte se limitara a crímenes mas graves de transcendencia para comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente estatuto respecto de los siguientes crímenes:

a)   El crimen de genocidio.

b)  Los crímenes de lesa humanidad.

c)   Los crímenes de guerra.

d)  El crimen de agresión.

La Corte ejercerá competencia respecto del crimen de agresión una vez que se apruebe una disposición de conformidad con los artículos 121 y 123 en que se defina el crimen y se enuncien las condiciones en las cuales lo hará. Esas disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones Unidas. El respeto y la defensa del Derecho Internacional Humanitario deben comprometer a todos los Estados en la búsqueda de la paz que merece la humanidad.

1.          GENOCIDIO

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

a)   Matanza de miembros del grupo.

b)  Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c)   Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, toral o parcial.

d)  Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo.

e)   Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro gupo.

2.          CRIMENES DE LESA HUMANIDAD

A los efectos del presente Estatuto, se entenderá por crímenes de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque:

El asesinato.

El exterminio.

La esclavitud.

La deportación o traslado forzoso de población.

La encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.

La tortura.

La violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable.

La persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de genero definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte:

Desaparición forzada de personas.

El crimen de apartheid.

Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física.

Se entenderá por ataque contra una población civil a una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos o para promover esa política.

El Exterminio comprenderá la imposición intencional de condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población.

Por Esclavitud se entenderá el ejercicio de los atributos del del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas en particular mujeres y niños.

Por Deportación o Traslado se entenderá el desplazamiento de las personas afectadas por expulsión y otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional.
Por Tortura se entenderá causar intencionalmente dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control, sin embargo, no se entenderá que se derive únicamente de sanciones licitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.

Por Embarazo Forzado se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. En modo alguno se entenderá que esta definición afecta a las normas de derecho interno relativas al embarazo.

Por Persecución se entenderá la privación intencional y grave de derecho fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad.

Por Crimen de Apartheid se entenderá los actos inhumanos de carácter similar a los mencionados, cometidos en el contexto del régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen.

Por Desaparición Forzada de Personas se entenderá la aprehensión, la detención por un Estado o una organización política o con su autorización apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertar o dar información sobre la suerte o el paradero de esa personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado.

A los efectos del presente Estatuto se entenderá que el termino genero se refiere a los dos sexos, masculinos y femenino en el contexto de la sociedad. El termino genero no tendrá mas aceptación que la que antecede.

Para fortuna de la humanidad, desde finales del siglo xx se vienen sucediendo cambios en el derecho internacional, los cuales apuntan a reforzar la justicia internacional.
3.          CRIMENES DE GUERRA

La Corte tendrá competencia respecto a los crímenes de guerra en particular cuando se cometan como parte de un plan o política o como parte de un plan o política o como parte de la comisión en gran escala de tales crímenes.

A los efectos del Estatuto se entiende por crímenes de guerra: a) infracciones graves de los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, a saber, cualquiera de los siguientes actos protegidos por las disposiciones del Convenio de Ginebra pertinente:

Matar intencionalmente

Someter a tortura o a otros tratos inhumanos, incluidos los experimentos biológicos.

Infringir deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.

Destruir bienes y apropiarse de ellos de manera no justificada por necesidades militares, a gran escala, ilícita y arbitrariamente.

Obligar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a prestar servicio en las fuerza de una potencia enemiga.

Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona de sus derechos a un juicio justo e imparcial.

Someter a deportación traslado o confinamiento ilegales.

Tomar rehenes

Otras violaciones graves de las leyes y usos aplicables en los conflictos armados internacionales dentro del marco del derecho internacional, a saber, cualquiera de los actos siguientes:

Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil en cuanto tal o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.

Dirigir intencionalmente ataques contra objetos civiles, es decir objetos que no son objetos militares.

Dirigir intencionalmente ataques contra personal, instalaciones, material, unidades o vehículos participantes en una misión de mantenimiento de la paz o de asistencia humanitaria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, siempre que tengan derecho a la protección otorgada a civiles u objeto civiles con arreglos al derecho internacional de los conflictos armados.

Lanzar un ataque intencional a sabiendas de que causara perdida de vías, lesiones a civiles o daño a objetos de carácter civil o daños extensos, duraderos y graves al medio natural que sean claramente excesivo en relación con la ventaja militar general concreta y directa que se prevea.

Atacar o bombardear, por cualquier medio, ciudades, aldeas, pueblos, edificios que no estén defendidos y que no sean objetivos militares.

Causar la muerte o lesiones a un enemigo que haya depuesto las armas o que, al no tener medios para defenderse, se haya rendido a discreción.

Utilizar de modo indebido la bandera blanca, la bandera nacional o las insignias militares o el uniforme del enemigo o de las Naciones Unidas así como los emblemas distintivos de los Convenios de Ginebra y causar así la muerte o lesiones graves.

El traslado directa o indirectamente por la potencia ocupante de parte de su población civil al territorio que ocupa o la deportación o el traslado de la totalidad o parte de la población del territorio ocupado dentro o fuera de ese territorio.

Los ataques dirigidos intencionalmente contra edificios dedicados al culto religioso, las artes, las ciencias o la beneficencia, los monumentos, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos, siempre que sean objetivos militares.

Someter a una persona que estén en poder del perpetrados a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos de cualquier tipo que no estén justificados en razón de un tratamiento medico, dental u hospitalario, ni se lleven a cabo en su interés y que causen la muerte o pongan gravemente en peligro su salud.

Matar o herir a traición a personas pertenecientes a la nación o al ejército enemigo.

Declarar que no se dará cuartel.

Destruir o confiscar bienes del enemigo, a menos que las necesidades de la guerra lo hagan imperativo.

Declarar abolidos, suspendidos o inadmisibles ante un tribunal los derechos y acciones de los nacionales de la parte enemiga.

Obligar a los nacionales de la parte enemiga a participar en operaciones bélicas dirigidas contra su propio país, aunque hubieran estado a su servicio antes del inicio de la guerra.

Saquear una ciudad o plaza, incluso cuando es tomada por asalto.
Veneno o armas envenenadas.

Gases asfixiantes, tóxicos o similares o cualquier líquido, material o dispositivo análogo.

Balas que se habrá o aplasten fácilmente en el cuerpo humano, como balas de camisa dura que no recubra totalmente la parte interior o que tenga incisiones.

Emplear armas, proyectiles, materiales y métodos de guerra que por sus propia naturaleza causen daño superfluos o sufrimientos innecesarios o surtan efecto indiscriminados en violación del derecho humanitario internacional de los conflictos armados, a condición de que esas armas o esos proyectiles materiales o métodos de guerra, sean objeto de una prohibición completa y estén incluidos en un anexo del presente Estatuto en virtud de una enmienda aprobada de conformidad con las disposiciones que sobre el particular figuran.
Cometer ultrajes contra la dignidad de las persona, en particular tratos humillantes y degradantes.

Cometer actos de violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia sexual que constituya una violación grave de los Convenios de Ginebra.

VIII.         LAS PENAS

El Estatuto permite que la Cote imponga penas de reclusión a perpetuidad o por un número determinado de años no superior a los treinta y como penas accesorias también puede imponer multas y ordenes de decomiso.

Por los tanto la pena de muerte esta prohibida, a diferencia de lo que ocurrió con el Tribunal de Núremberg. La sentencias dictadas por la Corte tienen el valor de cosa juzgada y en consecuencia ninguna persona puede ser juzgada por un tribunal estatal por un hecho por el cual haya sido condenada o absuelta por la CPI.

Al establecer la sentencia, la Corte debe tener en cuenta factores tales como la gravedad del crimen y de las circunstancias individuales del criminal. Por otra parte, al interpretar los crímenes establecidos en el Estatuto, no puede aplicar la analogía en contra del presunto criminal, debiendo interpretarse en caso de ambigüedad a favor de la persona que esta siendo investigada.

Además de imponer penas, la Corte cuenta con amplios poderes para ordenar que las personas condenadas indemnicen a las victimas, pudiendo esta indemnización consistir en la restitución, compensación y rehabilitación.

Debido a que en algunos estados esta prohibida la cadena perpetua, se establece que la Corte puede reducir las penas cuando la persona haya cumplido dos terceras partes de la pena impuesta o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua. La Corte debe referirse a factores que muestren cambios en la circunstancia suficiente para justificar la reducción de la pena.

1.          EL CASO KISSINGER

Mención aparte merecen las sindicaciones que de tiempo atrás se vienen haciendo por crímenes de guerra contra el ex secretario de Estado Henry Kissinger y la posición renuente a ratificar el Estatuto de Roma por parte de los Estados Unidos.

El mismo tribunal permanente del Tratado de Roma, cuando entre en vigor, le daría la posibilidad al Consejo de Seguridad de la ONU de suspender por un año un juicio debido a consideraciones políticas.

2.          SEIS CASOS DE ATROCIDADES

Los crímenes de Hitchens imputa a Kissinger son seis:

Indochina. La matanza deliberada y masiva de civiles en indochina, mediante la campaña secreta de bombardeos sobre Camboya que inicio en marzo de 1969, cuando aun era el consejero de Seguridad Nacional de Richard  Nixon.

Bangladesh. Confabulación para asesinatos en masa en la futura Bangladesh.

Chipre. Su implicación personal en un plan para asesinar al jefe de estado en la nación democrática de Chipre.

Timor Oriental. Su beneplácito al genocidio de la indonesia de Suharto en Timor Este.

Washington. Participación en el secuestro y asesinato de un periodista en Washington.

Chile. Pieza central del el juicio de Henry Kissinger su implicación en el golpe de Estado chileno, el asesinato de su presidente democrático, Salvador Allende, y las numerosas atrocidades y abusos de régimen de Pinochet, asi como su participación en el denominado Plan Cóndor, en el que estuvieron involucradas los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
IX.               CONCLUCION

Una vez elegidos los miembros de la Corte no pueden representar al gobierno de sus países de origen ni al de cualquier otro Estado. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de las organizaciones internacionales, quienes conforman la Corte no son delegados de los gobiernos.

Los miembros de la Corte son magistrados independientes cuya primera obligación, que deben cumplir antes de asumir sus puestos, es declarar solemnemente en una audiencia publica que ejercerán sus poderec con imparcialidad y conciencia.

Para garantizar la independencia, ningún miembro de la Corte podrá ser separado de su cargo salvo que, a juicio unánime de los demás miembros, haya dejado de satisfacer las condiciones requerida. Esta situación nunca se ha dado.

Ningún miembro de la Corte puede comprometerse con cualquier otra ocupación profesional durante su mandato. Se prohíbe a todos los miembros que ejerzan funciones políticas o administrativas, asi como que actúen como agentes, asesores jurídicos o abogados en caso alguno. La propia Corte será la encargada de aclarar cualquier duda que pueda surgir al respecto.

Una vez se han comprometido con la Corte, los miembros gozan de privilegios, e inmunidades, equiparables a aquellas de los jefes de misiones diplomáticas. En la Haya, el presidente tienen precedencia sobre el decano del cuerpo diplomático, tras el cual la precedencia se alterna entre los magistrados y los diplomáticos. Cada miembro de la Corte percibe un salario anual que consta de de un sueldo básico que en el 2010 era de unos 166.596 dólares norteamericanos y de ajustes por lugar de destino, el Presidente percibe, además, un estipendio especial de 15.000 dólares norteamericanos al año.

El monto varia cada mes y esta sujeto a la tasa de cambio de la ONU entre el dólar y el euro, si alguno renuncia percibe una pensión del 50% del sueldo básico cumplido el mandato de 9 años.

X.  BIBLIOGRAFIA

·        Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional

·        Córdova Triviño, Jaime. Derecho Internacional Humanitario. Su defensor, periódico de la Defensoría del Pueblo.

·        Eastman, Jorge Mario. Pinochet: el déspota que revoluciono el Derecho Internacional.

·        Espinosa, Germán. Crónicas de un caballero andante.

·        Gayón, Olga. Tribunales para acabar con la impunidad mundial.

·        Gómez Díaz, Luis Carlos. Debate a la Corte Penal Internacional.

·        Www.derechos.org/nizkor

·        www.hch.org.co


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