LA CORRUPCIÓN Y SU TIPIFICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DOMINICANA.

LA CORRUPCIÓN Y SU TIPIFICACIÓN EN LA LEGISLACIÓN DOMINICANA.

El Código Penal Dominicano, que no es mas que una adaptación del Código Penal Francés del año 1810, tipifica diversos actos de corrupción en el Estado, como son el desfalco (apropiación de valores), la concusión (cobros en exceso o que no se adeudan), el soborno o cohecho (prestar un servicio por dádivas, recompensas o promesas remuneratorias), actos que en conjunto configuran la prevaricación, esto es, el crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones.

El Libro Tercero del Código Penal trata sobre «Los Crímenes Y Delitos Y Su Castigo», y dentro del mismo nos encontramos con el Título I, el cual versa sobre los «Crímenes Y Delitos Contra La Cosa Pública», que abarca desde el articulo 75 hasta el 294, pero para el caso que nos compete debemos enfocar específicamente el Capitulo III «Crímenes y Delitos Contra la Paz Pública», Sección 2da. «De la Prevaricación y de los Crímenes y Delitos cometidos por los Funcionarios Públicos en el ejercicio de sus funciones», en los artículos 166 al 191 los cuales se relacionan de manera directa con los funcionarios, agentes, delegados o empleados de la Administración Pública que hubieren ordenado o cometido hechos catalogados como crímenes y delitos en perjuicio del Estado.

Señalamos aquí, pues, las principales y más comunes  infracciones cometidas por los funcionarios y empleados públicos apropósito de sus funciones, de acuerdo a nuestro régimen jurídico, las cuales son percibidas por toda la ciudadanía como actos de corrupción.

PREVARICACION (Arts. 166 al 168 CP)

El crimen cometido por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones es una prevaricación. Se sanciona con la degradación cívica, a menos que la ley establezca penas más graves (Arts. 166 y 167 del CP).

Es considerado inútil, lo cual se debe a la amplitud del tipo, pues no castiga un hecho específico cometido por los funcionarios públicos. Lo cual permite que el Juez se vea siempre imposibilitado de aplicar el presente artículo.

SUSTRACCION O DESFALCO (Arts. 169 al 172 CP)

Es el antiguo crimen del «peculado», y se aplica a los funcionarios o empleados considerados como depositarios públicos que cobran, perciben rentas y otros dineros, y deben responder de semejantes valores, a los que paguen o desembolsen fondos públicos, a los que deben guardar o vender sellos de correos o de rentas internas, a los que tienen bajo su guarda y responsabilidad terrenos, edificios, útiles, muebles, equipos, materiales, suministros, y otros valores.

A la luz del Código se considera desfalco a “la falta, negligencia o negativa de cualquier empleado en depositar o remitir fondos, o en entregar a sus sustitutos en el cargo materiales de los cuales debe responder cuando deba hacerlo” (Art. 170), así como “la apropiación por parte de cualquier funcionario de dinero, propiedad, suministros o valor, para destinarlo a un uso y fin distinto de aquellos para los cuales le fue entregado o puesto bajo su guarda; o la falta, negligencia o negativa a rendir cuenta exacta del dinero recibido, sellos de correo, sellos de rentas internas, papel sellado, terrenos, edificaciones, útiles, muebles, equipos materiales, suministros u otras cosas de valor” (Art.171) y se sancionará al responsable “con multa no menor de la suma desfalcada ni mayor de tres veces dicha cantidad, y con la pena de reclusión” (Art. 172).

Para la ley no solamente constituye el crimen de desfalco el disponer de los fondos, sino también no hacer los depósitos y remesas de tales fondos, no rendir cuenta de los mismos y no devolver los balances no gastados dentro del plazo, forma y manera indicados por las leyes y reglamentos.

Este tipo legal guarda mucha relación con el abuso de confianza, sólo que en este caso siempre se tratará de funcionarios o empleados públicos.

Somos de consideración de que la pena impuesta no se corresponde con el daño causado a la sociedad, por lo que la misma debería ser aumentada en proporción a la lesión que se haya causado.

Por otro lado, en el art. 173 se tipifica la destrucción, sustracción o hurto de actos o títulos, delito que guarda mucha similitud con el antes citado, sólo que éste trata solamente documentos. Se castiga con la pena de reclusión.

CONCUSION O EXTORSION (Art. 174 CP)

Consiste en ordenar recibir o exigir percepciones ilegales (ingresos públicos o salarios) a sabiendas de su ilegalidad, por parte de los funcionarios y empleados públicos indicados por la ley, o sus delegados.

No importa que sea en provecho propio o de un tercero, siquiera en provecho del Estado.

Así lo expresa nuestro Código Penal cuando dice: “Los funcionarios y oficiales públicos, (…) que se hagan reos del delito de concusión, ordenando la percepción de cantidades y valores que en realidad no se adeuden a las cajas públicas o municipales, o exigiendo o recibiendo sumas que exceden la tasa legal de los derechos, (…), serán castigados serán castigados según las distinciones siguientes: los funcionarios y oficiales públicos, con la pena de la reclusión; y sus empleados, dependientes o delegados, con prisión correccional, de uno a dos años, cuando la totalidad de las cantidades indebidamente exigidas o recibidas y cuya percepción hubiese sido ordenada, fuere superior a sesenta pesos. (…)”

Este articulo es de gran importancia, ya que, como podemos observar hace una expresa diferencia entre funcionario y empleado público, lo cual debería ser considerado en todos los demás tipos penales de corrupción.

DEL DELITO DE LOS FUNCIONARIOS QUE SE HAYAN MEZCLADOS EN ASUNTOS INCOMPATIBLES CON SU CALIDAD (Arts. 175 y 176 C. Penal)

El articulo 175 nos dice: “El empleado o funcionario, (…) que abiertamente, por simulación de actos, o por interposición de persona, reciba un interés o una recompensa, no prevista por la ley, en los actos, adjudicaciones o empresas, cuya administración o vigilancia esté encomendada a la Secretaría de Estado u oficina en al cual desempeñare algún cargo cualquiera de las expresadas personas cuando los actos, adjudicaciones o empresas fueren iniciadas o sometidas a la acción de dicha Secretaría de Estado u oficina, será castigado (…)”.

Este delito se caracteriza por el hecho de recibir abiertamente, por simulación de actos, o por interposición de terceros, un interés o una recompensa ilegales, cuyo pago o liquidación debían efectuarse en razón de su oficio. Se trata, no solo de la incompatibilidad de su calidad con un acto, sino que engloba también, un incumplimiento del deber al cual esta llamado todo servidor público.

Se sanciona con prisión correccional de seis meses a un año, y multa de una cantidad no mayor que la cuarta parte ni menor que la duodécima parte de las restituciones y redenciones que se concedan. Se impondrá, además, al culpable la pena de inhabilitación perpetua para cargos u oficios públicos.

SOBORNO O COHECHO DE LOS FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS (Arts. 177 al 178 C. Penal)

Consiste en ofrecer dádivas o promesas y en la aceptación de esta oferta por parte de un funcionario o empleado público para efectuar un acto o agilizar un trámite. El Código Penal hace del soborno dos delitos distintos e independientes:

El soborno activo, que consiste en el ofrecimiento hecho a un servidor público (Art. 179).

El soborno pasivo, que se caracteriza por el requerimiento o la aceptación de dicho ofrecimiento (Art. 177).

Así lo establecen los citados artículos, cuando expresan: «Art. 177» “El funcionario o empleado público (…) por dádiva o promesa, prestare su ministerio para efectuar un acto que, aunque justo, no esté sujeto a salario, (…)” y «Art. 179» “El que con amenazas, violencias, promesas, dádivas, ofrecimientos o recompensas, sobornare u obligare o tratare de sobornar u obligar a uno de los funcionarios públicos, agentes o delegados mencionados en el artículo 177, con el fin de obtener decisión favorable, actos, justiprecios, certificaciones o cualquier otro documento contrario a la verdad, será castigado (…)”.

El soborno pasivo se castigará con la degradación cívica y al pago de una multa del doble de las dádivas recibidas, sin que en ningún caso pueda esta bajar de cincuenta pesos, ni ser inferior a seis meses el encarcelamiento, de acuerdo al artículo 33 del Código Penal. Asimismo, el soborno activo será castigado con las mismas penas que puedan caber al funcionario y/o empleado sobornado. La tentativa se castiga con pena de tres meses a un año y una multa de cincuenta a doscientos pesos.

ABUSO DE AUTORIDAD (Arts. 184 al 191 del CP)

A este respecto, el Código Penal comprende dos grupos de infracciones: 1) Abusos de autoridad contra los particulares (Arts. 184-187) y 2) Abusos de autoridad contra la cosa pública (Arts. 188-191).

1) Abusos de autoridad contra los particulares:

Violación de domicilio: Consiste en la introducción del funcionario en el domicilio de otro abusando de su autoridad fuera de los casos y sin las formalidades que la ley prescribe, siempre que no cuente con el consentimiento del morador. Serán castigados con prisión correccional y multa.

Denegación de justicia: El delito consiste en la negativa a decidir por parte de los jueces u otras autoridades civiles, los pedimentos que se les sometan, por malicia o bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley, no obstante el requerimiento de las partes o la intimación de sus superiores. La sanción aplicada será la de multa e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar cargos públicos.

Violencias cometidas por funcionarios u oficiales públicos: La infracción consiste en ejercer o permitir ejercer violencias intencionales sin motivo legítimo, por parte de los funcionarios encargados de la ejecución de las leyes o de las órdenes de la autoridad competente. Serán castigados según la naturaleza y gravedad de las violencias.

Intercepción o apertura de cartas: Consiste en la intercepción o apertura de cartas confiadas al correo, por parte de funcionarios o agentes del gobierno, los encargados de las oficinas de correos, sus dependencias y auxiliares. La pena a aplicar será la de prisión correccional, multa e inhabilitación de 1 a 5 años para desempeñar cargos públicos.

2) Abusos de autoridad contra la cosa pública:

El articulo 188 del Código Penal establece que a todo funcionario público, agente o delegado del Gobierno, que requirieren u ordenaren requerir la acción o el uso de la fuerza pública para impedir la ejecución de una ley, la percepción de una contribución legal, la ejecución de un auto o de mandamiento judicial o de cualquiera otra disposición emanada de autoridad legítima, se le impondrá la pena de reclusión.

ANTEPROYECTO DE CÓDIGO PENAL

En la actualidad, reposa en el Senado de la República el anteproyecto de Código Penal, con el cual se busca actualizar y renovar nuestro ordenamiento penal positivo, a los fines de ponerlo en consonancia con los nuevos tiempos. Dicho código prevé el establecimiento de normas que contribuyan a fortalecer el combate contra la corrupción administrativa. A fines de nuestra investigación consideramos de importancia citar parte de la nueva normativa que regirá en nuestro país, a partir de la promulgación de dicha legislación.

El Libro Cuarto del anteproyecto trata sobre «Las Infracciones Graves Y Menos Graves Contra La Constitución, La Autoridad Del Estado, La Nación Y La Confianza Pública», desprendiéndose de este el título primero «Atentados A La Constitución y a La Autoridad Del Estado».

Dentro de este encontramos el capítulo segundo el cual versa sobre «Los Atentados A La Administración Publica Cometidos Por Personas Que Ejercen Una Función Pública» el cual, a su vez, se divide en tres secciones en donde se encuentra tipificados los principales delitos de corrupción susceptibles de ser cometidos por un funcionario público (Arts. 287-296). También en el capítulo tercero «Atentados A La Administración Pública Cometidos Por Los Particulares» en su sección I «Corrupción Activa Y Tráfico De Influencia Cometidos Por Los Particulares», trata el tema de la corrupción, vista desde los actos susceptibles de ser ejecutados por los particulares (Art. 312 - 314).

OTRAS LEYES ESPECIALES.

Como hemos mencionado, existen múltiples leyes que buscan sancionar el flagelo de la corrupción en nuestro país. A este respecto podemos citar, de entre las importantes:

- Ley 82 sobre Inventario de Bienes de Funcionarios Públicos, de fecha 29 de diciembre de 1979, Gaceta Oficial No.9518.

- Ley 72-02 sobre el lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas y otras infracciones graves.

-  Ley No. 120-01, que instituye el Código de Ética del Servidor Público del 20 de julio de 2001.

- Ley No. 14-91 de fecha 20 de mayo de 1991, de servicio civil y carrera administrativa.

- Ley No. 87-01 sobre Sistema Dominicano de Seguridad Social, del 10 de mayo de 2001.

- Ley General de Salud No. 42-01, del 8 de marzo de2001.

- Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales No. 64-00, del 18 de agosto de 2000.

- Ley No. 19-00 que regula el Mercado de Valores en la República Dominicana, del 18 de abril del 2000.

- Ley No. 141-97 de Reforma a la Empresa Pública de fecha 24 de junio de 1997.

- Ley 11-92, Código Tributario de la República Dominicana, expedida en la Cámara de Diputados el 26 de marzo de 1992.

- Ley No.672 que establece un Código de Conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, del 19 de julio de 1982, G. O. 9591.

- Ley No.130 sobre autorización especial para viajar al exterior a funcionario que maneje fondos públicos, del 15 de marzo de 1974, G. O. 9365.

- Reglamento No. 81-94 para la aplicación de la Ley que crea el Servicio Civil y la Carrera Administrativa, del 29 de marzo de 1994, G. O, No. 9879.

- La ley No.327-98, de fecha 9 de julio de 1998, de Carrera Judicial.

Debido a su importancia y relevancia para los fines de esta investigación realizaremos un breve análisis sobre lo dispuesto en las leyes 72-02 sobre lavado de activos y 82 de 1979, en las cuales se tipifican y sancionan algunos delitos de corrupción.

LEY 72-02 SOBRE EL LAVADO DE ACTIVOS PROVENIENTES DEL TRÀFICO ILICITO DE DROGAS Y SUSTANCIAS CONTROLADAS Y OTRAS INFRACCIONES GRAVES.

La presente ley, en su considerando número tres dice: “Asimismo la República Dominicana es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción, celebrada en Caracas, Venezuela, en fecha 29 del mes de marzo de 1996, la que obliga a los estados Partes a sancionar el lavado de activos originado en actos de corrupción administrativa…”

En su artículo 1 ordinal 7mo esta ley especifica las infracciones graves estableciendo lo siguiente: “Se entiende por infracción grave el tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas, (…), falsificación de monedas, valores o títulos, estafa contra el Estado, desfalco, concusión y soborno relacionado con el narcotráfico”.

En cuanto a la conducta típica el Artículo tres (3) describe: “…incurre en lavado de activos la persona que a sabiendas de que los bienes, fondos e instrumentos son el producto de una infracción grave: A) Convierta, transfiera, transporte, adquiera, posea, tenga, utilice o administre dichos bienes; b) Oculte, encubra o impida la determinación real, la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de dichos bienes o de derechos relativos a tales bienes; c) Se asocie, otorgue asistencia, incite, facilite, asesore, en la comisión de alguna de las infracciones tipificadas en este artículo, sí como a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones”. En la presente descripción de lavado de activos, se encuentra incluido el lavado proveniente de delitos de corrupción, lo que tiende a fortalecer el sistema de lucha contra la corrupción.

Por ultimo, en su artículo 7 cita las personas susceptibles de incurrir en este tipo de infracción penal, cito: a) El empleado, funcionario, director u otro representante autorizado de los sujetos obligados, (…); b) el servidor público del orden administrativo o judicial que en razón de su función reciba información de los sujetos obligados, (…); c) El funcionario público titular del órgano competente para la supervisión y fiscalización del cumplimiento por los sujetos de las obligaciones puestas a su cargo en esta ley que, (…).

Las personas transgresoras de esta ley serán sancionadas con la pena de reclusión no menor de tres (3) años, ni mayor de diez (10) y multa no menor de cincuenta (50) salarios mínimos ni mayor de cien (100) salarios mínimos. Sin embargo, en su artículo 7 establece el agravamiento de las penas para los Empleados y Funcionarios Públicos.

LEY NO. 82 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 1979

La presente ley obliga a los funcionarios públicos a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante notario Públicos de los bienes que constituyen en ese momento su patrimonio (Declaración de Bienes), a los fines de evitar el acto de enriquecimiento ilícito. Para ello establece en su articulo 1 que: “Los funcionarios (…) estarán obligados, dentro del mes de su toma de posesión, a levantar un inventario detallado, jurado y legalizado ante Notario Público, de los bienes que constituyen en ese momento su patrimonio. Igual requisito deberán cumplir dentro del mes de haber cesado en sus funciones”.

Como complemento, a estas disposiciones la presente ley establece en su artículo 7 una sanción a los funcionarios que se hubieren enriquecido ilícitamente mientras ejercen sus funciones, con motivo u ocasión de ellas mismas, imponiéndoles las penas previstas en los Artículos 174 a 183, ambos inclusive, del Código penal.

LEY NO. 448-06 LEY SOBRE SOBORNO EN EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN. 

CONSIDERANDO: Que el proceso de integración económica en que se encuentra la República Dominicana implica la adopción de medidas que ofrezcan mayor seguridad jurídica y transparencia en los intercambios comerciales y los flujos de inversión, así como la garantía de un ambiente nacional caracterizado por la integridad en el ejercicio de las funciones públicas y un efectivo combate a la corrupción; CONSIDERANDO: Que el fenómeno de la corrupción requiere, para su prevención y combate, de una activa y amplia cooperación internacional para la promoción de un ambiente de integridad; CONSIDERANDO: Que el soborno que se promete, se ofrece o se otorgue a funcionarios públicos en transacciones comerciales o económicas, nacionales o internacionales constituye un acto de corrupción que hiere gravemente el régimen de competencia; CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República Dominicana, en su Artículo 4, establece las características del Gobierno de la Nación y lo divide en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial; 

VISTA: La Constitución de la República Dominicana; VISTO: El Código Penal de la República Dominicana; VISTA: La Resolución No.489-98, del 1ro. de noviembre del 1998, mediante la cual se ratifica la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada el 29 de marzo de 1996 en Caracas, Venezuela. VISTA: La Resolución No.357-05 del 9 de septiembre de 2005, mediante la cual se ratifica el Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, firmado el 5 de agosto de 2004 en Washington D.C., Estados Unidos de América. 

HA DADO LA SIGUIENTE LEY: LEY SOBRE SOBORNO EN EL COMERCIO Y LA INVERSIÓN

Artículo 1.- Para los fines de la presente ley, se entenderá por: 

a. Funcionario Público: Cualquier funcionario o empleado del gobierno nacional, que haya sido designado o electo; 

b. Funcionario Extranjero: Persona de un país que desempeñe un cargo legislativo, administrativo o judicial, en cualquier nivel del gobierno, que haya sido designado o electo, cualquier persona ejerciendo una función pública para un país extranjero en cualquier nivel de gobierno, incluyendo una agencia pública o empresa pública; y cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional; 

c. Función Pública: Toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre o al servicio de un gobierno; 

d. Estado Dominicano: Los poderes Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial, así como sus dependencias; las instituciones autónomas y descentralizadas del Estado y los ayuntamientos. 

Artículo 2.- Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno, y como tal será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión y condenado a una multa del duplo de las recompensas recibidas, solicitadas o prometidas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos. 

Artículo 3.- Toda persona, ya sea física o jurídica, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que desempeñe funciones públicas en la República Dominicana, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno nacional. 

Artículo 4.- Toda persona, ya sea física o jurídica, sujeta a la jurisdicción de la República Dominicana, que ofrezca, prometa u otorgue intencionalmente, directa o indirectamente, a un funcionario extranjero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio, como favor, promesa, o ventaja, para dicho funcionario u otra persona, a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones oficiales, en asuntos que afecten el comercio o inversión internacional, se considerará reo de soborno transnacional. 

Artículo 5.- En el caso en que el sobornante, según los Artículos 3 y 4 de la presente ley, sea una persona física, será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión, y condenado a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso pueda esa multa ser inferior a cincuenta salarios mínimos. Párrafo.- En los casos en que el sobornante sea un profesional, el dueño o el representante, con autorización de una empresa del sector industrial, agrario, agroindustrial, comercio o servicio, la sentencia podrá inhabilitarlo para el ejercicio de sus actividades por un período de dos (2) a cinco (5) años, a contar de la sentencia definitiva, o según el caso, autorizar el cierre o intervención, por el mismo período, del establecimiento profesional, o empresarial bajo su dirección. 

Artículo 6- En los casos en que el sobornante, según los Artículos 3 y 4 de la presente ley, sea una persona jurídica, será condenado por un período de dos (2) a cinco (5) años al cierre o intervención y a una multa del duplo de las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que, en ningún caso, pueda esa multa ser inferior a setenta y cinco salarios mínimos. 

Párrafo I.- Adicionalmente a la multa a que se condene al sobornante según este artículo, el representante legal de dicha persona jurídica quedará sujeto a las sanciones establecidas en el Artículo 5 de la presente ley. 

Párrafo II.- En los casos de reincidencia se condenará al cierre o intervención por un período de cinco (5), a diez (10) años, o al cierre definitivo, y a una multa de cuatro veces las recompensas ofrecidas, prometidas u otorgadas, sin que la misma pueda ser inferior a cien (100) salarios mínimos. 

Artículo 7.- En cualquiera de los casos, al sobornante nunca se le restituirá las cosas o valores ofrecidas, prometidas u otorgadas por él, ni el valor que aquellas representen, los cuales serán confiscados en provecho del fisco. 

Artículo 8.- A los cómplices del delito de soborno se les impondrá la misma pena que corresponda al o a los autores principales del hecho. Artículo 9.- Las personas que, de buena fe, denuncien los actos descritos en la presente ley serán debidamente protegidas por las autoridades dominicanas. 

A los veintiocho (28) días del mes de noviembre del año dos mil seis (2006); años 163 de la Independencia y 144 de la Restauración fue dada en la Sala de Sesiones del Senado, Palacio del Congreso Nacional, República Dominicana.

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