SENTENCIA NO. 59 - CUANDO NO HAY EQUIPO DE MEDICION SE PRESUME QUE LA DISTRIBUIDORA ES GUARDIAN DE LA INSTALACION.

Sentencia No. 59 



Grimilda Acosta de Subero, Secretaria General de la Suprema Corte de Justicia, 
Certifica: Que en los archivos a su cargo hay un expediente que contiene una 
sentencia de fecha 27 de enero del 2016, que dice así: 



SALA CIVIL Y COMERCIAL 



Audiencia pública del 27 de enero de 2016. Rechaza 

Preside: Julio César Castaños Guzmán. 

Dios, Patria y Libertad 

En Nombre de la República, la Sala Civil y Comercial de la Suprema 
Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, dicta en audiencia pública 
la sentencia siguiente: 

Sobre el recurso de casación interpuesto por la Empresa Distribuidora de 
Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), sociedad comercial organizada y 
existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, con su 
domicilio social en la avenida Tiradentes núm. 47, ensanche Naco de esta 
ciudad, debidamente representada por su administrador y gerente general, 
señor Marcelo Rogelio Silva Iribarne, chileno, mayor de edad, provisto del 
pasaporte chileno núm. 5.056.359-6, domiciliado en esta ciudad, contra la 
sentencia núm. 358-2011, dictada en sus atribuciones civiles, el 22 de junio de 


2011, por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de 
Apelación del Distrito Nacional, cuyo dispositivo figura copiado más adelante; 



Oído al alguacil de turno en la lectura del rol; 

Oído en la lectura de sus conclusiones al Dr. Efigenio María Torres 
abogado de la parte recurrida Felícita Jerez Andújar de Campusano, 
Bienvenido Campusano Jaime y Agustina Pimentel Peguero; 



Oído el dictamen de la magistrada Procuradora General Adjunta de la 
República, el cual termina: “Único: Que procede ACOGER el recurso de 
casación interpuesto por la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DEL SUR, S. A. (EDESUR), contra la sentencia No. 358-2011 del 22 de junio de 
2011, dictada por la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte 
de Apelación del Distrito Nacional”; 



Visto el memorial de casación depositado en la Secretaría General de la 
Suprema Corte de Justicia, el 15 de septiembre de 2011, suscrito por el Dr. 
Lincoln Hernández Peguero, por sí y por el Lic. Francisco Fondeur Gómez, 
abogados de la parte recurrente Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, 
S. A. (EDESUR), en cual se invocan los medios de casación que se indican más 
adelante; 




Visto el memorial de defensa depositado en la Secretaría General de la 
Suprema Corte de Justicia, el 16 de diciembre de 2011, suscrito por el Dr. 
Efigenio María Torres, abogado de la parte recurrida Felícita Jerez Andújar de 
Campusano, Bienvenido Campusano Jaime y Agustina Pimentel Peguero; 



Vistos, la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos de los cuales la República Dominicana, es signataria, las 
decisiones dictadas en materia constitucional; la Ley núm. 25 de fecha 15 de 
octubre de 1991, modificada por la Ley núm. 156 del 10 de julio de 1997, los 
artículos 1 y 65 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, de 
fecha 29 de diciembre de 1953, modificada por la Ley núm. 491/08, de fecha 19 
de diciembre de 2008; 

La CORTE, en audiencia pública del 22 de mayo de 2013, estando 
presentes los magistrados Julio César Castaños Guzmán, Presidente; Víctor 
José Castellanos Estrella, Martha Olga García Santamaría, José Alberto Cruceta 
Almánzar y Francisco Antonio Jerez Mena, asistidos del Secretario, y después 
de haber deliberado los jueces signatarios de este fallo; 

Considerando, que la sentencia impugnada y los documentos a que ella 
se refiere, consta que: a) con motivo de una demanda en reparación de daños y 


perjuicios interpuesta por los señores Felícita Jerez Andújar de Campusano y 
Bienvenido Campusano Jaime, en sus calidades de padres del fallecido, 
Ramón Campusano Jerez, y la señora Agustina Pimentel Peguero, en su 
calidad de madre de la menor Yocauri Michelle Campusano Pimentel, hija del 
fenecido contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. 
(EDESUR), la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de 
Primera Instancia del Distrito Nacional dictó en fecha 1ro. de julio de 2009, la 
sentencia civil núm. 0678-2009, cuyo dispositivo copiado textualmente es el 
siguiente: “PRIMERO: En cuanto a la forma, declara buena y valida la 
demanda en reparación de Daños y Perjuicios interpuesta por los señores 
Felícita Jerez Andújar de Campusano, Bienvenido Campusano Jaime y 
Agustina Pimentel Guerrero, contra la Empresa Distribuidora de Electricidad 
del Sur, S. A., (EDEESUR) (sic), por haber sido hecha conforme a la ley. 
SEGUNDO: En cuanto al fondo, RECHAZA la presente demanda en 
reparación de Daños y Perjuicios interpuesta por los señores Felícita Jerez 
Andújar Campusano, Bienvenido Campusano Jaime y Agustina Pimentel 
Guerrero, contra la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., 
(EDEESUR) (sic), por los motivos expuestos; TERCERO: Condena a la parte 
demandante señores Felícita Jerez Andújar de Campusano, Bienvenido 
Campusano Jaime y Agustina Pimentel Guerrero, al pago de las costas del 


procedimiento con distracción y provecho a favor y provecho (sic) del Lic. 
Francisco Fondeur Gómez, quien afirma haberla (sic) avanzado en su 
totalidad”; b) que no conformes con dicha decisión interpusieron formal 
recurso de apelación contra la misma, los señores Felícita Jerez Andújar de 
Campusano y Bienvenido Campusano Jaime, en sus calidades de padres del 
fallecido, Ramón Campusano Jerez, y la señora Agustina Pimentel Peguero, en 
su calidad de madre de la menor Yocauri Michelle Campusano Pimentel, hija 
del fenecido, mediante acto núm. 121/2010, de fecha 4 de febrero de 2010, 
instrumentado por el ministerial Williams R. Ortiz Pujols, alguacil de estrados 
de la Segunda Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación 
del Distrito Nacional, en ocasión del cual la Primera Sala de la Cámara Civil y 
Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó el 22 de junio 
de 2011, la sentencia civil núm. 358-2011, ahora impugnada, cuyo dispositivo 
copiado textualmente es el siguiente: “PRIMERO: Declara bueno y válido, en 
cuanto a la forma, el presente recurso de apelación interpuesto por los señores 
FELÍCITA JEREZ ANDÚJAR DE CAMPUSANO, BIENVENIDO CAMPUSANO 
JAIME y AGUSTINA PIMENTEL PEGUERO contra la sentencia civil No. 0678-
2009, relativa al expediente No. 036-2007-0817, dictada en fecha 01 de julio del año 
2009, por la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera 
Instancia del Distrito Nacional, por haberse intentado conforme a las normas 


procesales que rigen la materia; SEGUNDO: En cuanto al fondo, ACOGE el presente 
recurso de apelación y en consecuencia REVOCA en todas sus partes la sentencia 
recurrida; TERCERO: ACOGE, parcialmente, la demanda en reparación de daños y 
perjuicios incoada por los señores FELÍCITA JEREZ ANDÚJAR DE CAMPUSANO, 
BIENVENIDO CAMPUSANO JAIME y AGUSTINA PIMENTEL PEGUERO en 
contra de la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR 
(EDESUR) y, en consecuencia, condena a esta última al pago de una indemnización 
por la suma de: a) UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS 
CON 00/100 (RD$1,500,000.00) a favor de los señores FELÍCITA JEREZ ANDÚJAR 
DE CAMPUSANO y BIENVENIDO CAMPUSANO JAIME, en su calidad de 
padres del finado RAMÓN CAMPUSANO JEREZ; y b) UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD$1,500,000.00) a 
favor de la señora AGUSTINA PIMENTEL PEGUERO, en su calidad de madre de la 
menor YOCAURI MICHELLE CAMPUSANO PIMENTEL, hija del fenecido, como 
justa reparación de los daños morales sufridos por éstos como consecuencia de la 
muerte del señor RAMÓN CAMPUSANO JEREZ; CUARTO: CONDENA a la 
parte recurrida, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR S. 
A. (EDESUR), al pago de las costas del procedimiento con distracción de las mismas 
en provecho del DR. EFIGENIO MARÍA TORRES, abogado, quien afirma estarlas 
avanzando en su mayor parte”; 




Considerando, que la recurrente propone, contra la sentencia 
impugnada, los siguientes medios de casación: “Primer Medio: Errónea 
aplicación del artículo 1384, (párrafo 1) del Código Civil Dominicano; 
Segundo Medio: Desnaturalización de los hechos de la causa. Violación al 
artículo 1315 del Código Civil Dominicano”; 

Considerando, que en el desarrollo de sus dos medios de casación 
reunidos para su examen por su estrecha vinculación la recurrente alega que la 
corte a-qua aplicó erróneamente el artículo 1384, párrafo I, del Código Civil, 
relativo a la responsabilidad del guardián por los hechos de la cosa inanimada, 
desnaturalizó los hechos de la causa y violó el artículo 1315 del Código Civil 
porque la condenó al pago de una indemnización a favor de los demandantes 
originales a pesar de que el accidente eléctrico que originó la demanda ocurrió 
cuando el señor Ramón Campusano Jerez hizo contacto con una caja eléctrica 
o caja de breakers, dispositivo que no es de su propiedad, ni está bajo su guarda 
sino que forma parte de las instalaciones particulares de los clientes o usuarios 
del servicio habida cuenta de que de conformidad con el artículo 425 del 
Reglamento para la aplicación de la Ley General de Electricidad, la 
responsabilidad civil de las distribuidoras de electricidad, como 
concesionarias, termina en los bornes de salida del contador o medidor, siendo 
las instalaciones particulares, a las cuales pertenecen las cajas eléctricas o de 


breakers, responsabilidad exclusiva de los propietarios o usuarios de la 
instalación particular, por encontrarse en un punto posterior al punto de 
entrega; que las declaraciones del alcalde pedáneo y del presidente de la junta 
de vecinos sobre la propiedad de la caja eléctrica envuelta en el accidente no 
son suficientes para atribuirle la responsabilidad del accidente ya que ellos 
carecen de la pericia técnica necesaria para establecer dicho hecho; 

Considerando, que del contenido de la sentencia impugnada y de los 
documentos a que ella se refiere se advierte que: a) la Empresa Distribuidora 
de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR) suministraba energía eléctrica en la 
vivienda de la señora Felícita Jerez a través del Plan Nacional de Reducción de 
Apagones (PRA); b) en fecha 8 de mayo de 2007, falleció el señor Ramón 
Campusano Jerez debido a una descarga eléctrica al hacer contacto con una 
caja eléctrica en la vivienda ubicada en la calle Principal núm. 134, El Carril, 
Bajos de Haina, provincia de San Cristóbal, lugar donde era suministrada la 
energía servida a Felícita Jerez; c) en fecha 6 de agosto de 2007 los señores 
Felícita Jerez Andújar de Campusano y Bienvenido Campusano Jaime, 
actuando en calidad de padres del fallecido Ramón Campusano Jerez y 
Agustina Pimentel Peguero, actuando en representación de la hija menor de 
edad del mismo, Yocauri Michelle Campusano Pimentel, interpusieron una 
demanda en responsabilidad civil contra la Empresa Distribuidora de 


Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), mediante acto núm. 932-2007; d) que el 
tribunal de primera instancia apoderado rechazó dicha demanda por 
considerar que: “aunque el testigo declarante indicó al tribunal que la caja de 
conductores es propiedad de EDESUR y que en igual sentido lo refiere el 
alcalde pedáneo y la junta de vecinos del lugar donde ocurrieron los hechos, 
estos son particulares que carecen de la autoridad técnica necesaria para hacer 
afirmaciones de este tipo, pues sólo la Superintendencia de Electricidad en su 
calidad de órgano rector y supervisor del servicio prestado por las empresas 
generadoras de electricidad tienen competencia para determinar a quién 
corresponde el dispositivo de que se trata, las condiciones en las que se 
encontraba y si el mismo podía atraer hacia sí un cuerpo que estuviera a poca 
distancia; que en este caso no fue aportado ningún elemento de prueba que 
permita al tribunal comprobar que el dispositivo productor del daño sea de la 
propiedad de EDESUR y así las cosas su calidad de guardián respecto de este 
tampoco ha sido constatada”; e) que en ocasión de la apelación interpuesta por 
los demandantes originales, la corte a-qua revocó dicha decisión y acogió la 
demanda original, mediante la sentencia objeto del presente recurso de 
casación; 

Considerando, que la corte a-qua fundamentó su decisión en los 
motivos que se transcriben textualmente a continuación: “que esta alzada ha 


podido determinar lo siguiente: a) que no cabe duda alguna que el señor 
Ramón Campusano Jerez sufrió un shock eléctrico que le causó la muerte, 
según consta en acta de defunción No. 72, libro 1, folio 72, del año 2007, 
expedida por el Oficial del Estado Civil de Haina; b) que el fluido eléctrico es 
una “cosa”, en el sentido del artículo 1384, párrafo primero, del Código Civil, 
la cual, por ser peligrosa, puede causar, como ha ocurrido en la especie, serios 
daños a las personas; c) que mediante sentencia memorable de fecha 13 de 
febrero de 1930 (S. 1930, 1, 121, D. 1930, 1, 57) las Cámaras Reunidas de la 
Corte de Casación Francesa decidieron lo siguiente: “La presunción de 
responsabilidad establecida por el artículo 1384, párrafo 1ro. en contra de 
aquel que tiene bajo su guarda la cosa inanimada que ha causado un daño a 
otro no puede ser destruida más que por la prueba de un caso fortuito o de 
fuerza mayor o de una causa ajena que no le sea imputable; no es suficiente 
probar que no se ha cometido falta alguna o que la causa del hecho perjudicial 
ha permanecido desconocida; … que la ley, para la aplicación de la presunción 
que establece, no distingue según que la cosa que ha causado el daño fuera 
manejada o no por la mano del hombre; que no es necesario que tenga un vicio 
inherente a su naturaleza y susceptible de causar el daño, por unir el artículo 
1384 la responsabilidad con la guarda de la cosa, y no con la cosa misma”; d) 
que esta jurisprudencia, que ya forma parte de nuestro derecho positivo, ha 


sido considerada por el maestro Jean Carbonnier como la más importante, en 
Francia, en el siglo XX; e) que los cables estaban bajo la responsabilidad de la 
Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A., (Edesur), en el entendido 
que el hecho ocurrió en la región donde esa entidad ofrece sus servicios de 
distribución de energía eléctrica, según lo demuestran las facturas que constan 
en el expediente, así como la certificación expedida por la Superintendencia de 
Electricidad, por tanto la falta de dicha entidad como guardián de la cosa 
inanimada (fluido eléctrico), se presume; f) que la apelada no ha aportado de 
cara al proceso los elementos de prueba que podrían liberarla de la presunción 
de responsabilidad que pesa sobre ella (fuerza mayor o caso fortuito, culpa de 
la víctima, hecho de un tercero), en tanto que guardián de la cosa inanimada”; 

Considerando, que el artículo 425 del Reglamento para la Aplicación de 
la Ley General de Electricidad, núm. 125-01, del 26 de julio de 2001, 
modificada por la Ley núm. 186-07, del 6 de agosto de 2007, establece que: “El 
Cliente o Usuario Titular reconoce que el punto de entrega de la energía 
eléctrica es posterior al equipo de medición y está identificado en los bornes de 
salida de la caja portadora del equipo de medición en el caso de suministros 
en Baja Tensión (BT) y por la salida de los transformadores medición (de 
corriente, CTs, y de voltaje, PTs) en el caso de los suministros de Media 
Tensión (MT), por lo cual los equipos de medición y control son propiedad de 


la Empresa de Distribución la que tiene el derecho exclusivo para efectuar la 
instalación, lectura, operación, mantenimiento, reemplazo, reposición, 
desconexión o retiro de la conexión de las instalaciones del Cliente o Usuario 
Titular y de los equipos de medición y control”; que por su lado, el artículo 429 
del mismo texto normativo dispone que “El Cliente o Usuario Titular es 
responsable del mantenimiento de las instalaciones interiores o particulares de 
cada suministro, que comienzan en el punto de entrega de la electricidad por 
la Empresa de Distribución. Del mismo modo, El Cliente o Usuario Titular se 
compromete a notificar a la Empresa de Distribución toda modificación 
realizada en su instalación que, en forma visible, afecte las condiciones en que 
se presta el servicio establecidas en su contrato. La Empresa de Distribución no 
se responsabiliza por los daños en las instalaciones del Cliente o Usuario 
Titular o en las de terceros que puedan derivarse en incumplimiento de la 
disposición contenida en el artículo anterior. Asimismo el Cliente o Usuario 
Titular es responsable de los daños en las instalaciones afectadas que sean 
propiedad de la Empresa de Distribución. La Empresa de Distribución es 
responsable de los daños ocasionados a las instalaciones propias y artefactos 
eléctricos de los clientes y usuarios que se originen por causas atribuibles a las 
Empresas de Distribución”; que, tal como afirma la recurrente, en base a las 
disposiciones citadas esta jurisdicción ha mantenido el criterio de que las 


empresas distribuidoras de electricidad, en principio, no son responsables de 
los daños ocasionados por el fluido eléctrico cuando tengan su origen en las 
instalaciones particulares de los usuarios, que inician a partir del punto de 
entrega, salvo que se originen por causas atribuibles a las empresas 
distribuidoras de electricidad, como sucede en caso de alto voltaje1; que no 
obstante, en un caso como el de la especie, en el que un corto circuito en la caja 
de breakers de un usuario de energía eléctrica sometido al régimen del 
Programa de Prevención de Apagones (PRA) ocasionó un incendio que 
destruyó la propiedad del cliente, esta jurisdicción consideró acertada la 
decisión impugnada que atribuía la responsabilidad por los daños a la 
empresa distribuidora de electricidad, por considerar que dicha entidad debía 
soportar los riesgos generados por la acción anormal de la cosa (fluido 
eléctrico), puesto que se había producido en el marco de un programa especial 
(el Programa de Reducción de Apagones, PRA), puesto en marcha para la 
regulación del sistema eléctrico nacional que incluía la obligación de mejorar 
las instalaciones eléctricas por constituir el fluido eléctrico una cosa peligrosa, 
cuya acción anormal puede generar accidentes, a pesar de que el accidente 
tuvo su origen en la caja de breakers del usuario2; que, dicho criterio debe ser 
reafirmado en esta ocasión, puesto que es de conocimiento público que el 

1 Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, sentencia núm. 27, del 8 de agosto del 2012, B. J. 1221. 

2 Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, sentencia núm. 916, del 2 de septiembre de 2015, boletín 
inédito. 


suministro de electricidad en los sectores sometidos al Programa de Reducción 
de Apagones (PRA) carece de equipos de medición por estar sometidos sus 
usuarios al pago de una tarifa fija; que, la ausencia de equipo de medición 
impide la aplicación de la causa exonerativa de responsabilidad instituida en 
el artículo 429 del citado reglamento, puesto que al servirse la energía eléctrica 
a través de cables conductores continuos, sin la instalación formal de un punto 
de entrega, como lo constituye el equipo de medición, no es posible para los 
tribunales establecer con certeza la frontera que distingue las instalaciones de 
las empresas distribuidoras de electricidad de las instalaciones particulares o 
privadas de los usuarios; que, ante la duda generada por esta situación, debe 
presumirse que la empresa distribuidora de electricidad es la guardiana de las 
instalaciones eléctricas que ocasionaron el daño, hasta prueba en contrario, 
para así tutelar los derechos e intereses de los usuarios eléctricos sometidos a 
este régimen, en virtud del principio de favorabilidad establecido en el artículo 
74.4 de la Constitución y el principio pro consumidor contenido los artículos 1 
y 135 en la Ley General de Protección al Consumidor, núm. 358-05, del 26 de 
julio de 2005, que rige todas las relaciones entre usuarios y proveedores de 
servicios, como la de la especie, de manera supletoria a las leyes sectoriales, 
según su artículo 2, pero siempre y cuando sean más favorables para el 
usuario (artículo 135); que, tal postura se sustenta además en el hecho de que 


las empresas distribuidoras de electricidad, en su calidad de proveedoras del 
servicio eléctrico, no pueden desconocer los riesgos implicados en el 
suministro de electricidad en las condiciones establecidas excepcionalmente 
para los usuarios del Programa de Reducción de Apagones (PRA) derivados 
de la falta de instalación de los mencionados equipos de medición, sobre todo 
porque siendo la instalación de los mismos una obligación a cargo de las 
empresas distribuidoras, dichas entidades no podrían resultar beneficiadas 
por la indeterminación generada a raíz de su omisión; por lo tanto, esta 
jurisdicción es de criterio de que al fallar del modo comentado, la corte a-qua 
no desnaturalizó los hechos de la causa, no aplicó erróneamente el artículo 
1384, párrafo I, del Código Civil Dominicano ni violó el artículo 1315 del 
mismo Código, por lo que procede rechazar los medios examinados; 

Considerando, que finalmente, el estudio de la sentencia impugnada 
revela que la misma contiene una relación completa de los hechos de la causa, 
así como motivos suficientes y pertinentes que justifican su dispositivo, lo que 
ha permitido a esta Sala Civil y Comercial de la Suprema Corte de Justicia, 
actuando como Corte de Casación, comprobar que en la especie se ha hecho 
una correcta aplicación de la ley, razón por la cual procede rechazar el 
presente recurso de casación. 

Por tales motivos, Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto 


por la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur, S. A. (EDESUR), contra 
la sentencia civil núm. 358-2011, dictada el 22 de junio de 2011, por la Primera 
Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito 
Nacional, cuyo dispositivo ha copiado en parte anterior de la presente 
sentencia; Segundo: Condena a la Empresa Distribuidora de Electricidad del 
Sur, S. A. (EDESUR) al pago de las costas del procedimiento y ordena su 
distracción a favor del Dr. Efigenio María Torres, abogado de la parte 
recurrida, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. 

Así ha sido hecho y juzgado por la Sala Civil y Comercial de la Suprema 
Corte de Justicia, actuando como Corte de Casación, y la sentencia 
pronunciada por la misma en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, en su 
audiencia pública del 27 de enero de 2016, años 172º de la Independencia y 
153º de la Restauración. 

(Firmados): Julio César Castaños Guzmán.- Víctor José Castellanos 
Estrella y José Alberto Cruceta Almánzar.- 



La presente sentencia ha sido dada, firmada y pronunciada por los 
señores Jueces que figuran al pie, en la audiencia pública del día, mes y año en 
ella expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, 
que certifico. 






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