TEMARIO DE DERECHO PRIVADO DEL CONCURSO DE JUEZ DE PAZ

TEMARIO DE DERECHO PRIVADO DEL CONCURSO DE JUEZ DE PAZ

Se denomina Hecho Jurídico  a un acontecimiento que tiene trascendencia en el ámbito del derecho, es decir, se modifican ciertos estados jurídicos iniciales desde el punto de vista legal. Ejemplos: La muerte. La promulgación de una Ley. El Nacimiento de una persona. Una declaración de guerra.


El Acto Jurídico es el hecho humano voluntario o consciente y lícito que tiene por fin inmediato establecer entre las personas relaciones jurídicas, crear, modificar o extinguir
derechos y obligaciones. Por ejemplo: La firma de un contrato.


Diferencias. Tanto el hecho como el acto jurídico modifican la situación jurídica de una persona; es decir, crean, transmiten o extinguen un derecho, la diferencia radica en que el hecho jurídico se caracteriza porque produce un efecto de Derecho que no ha sido querido, fuera de la voluntad, mientras que el acto jurídico es la manifestación de la voluntad que produce un derecho.


Elementos esenciales del acto jurídico (Artículo 1108 Código Civil) Cuatro condiciones son esenciales para la validez del acto jurídico.
El Consentimiento de la parte que se obliga;
Su Capacidad para contratar;
Un Objeto cierto que forme la materia del compromiso;
Una Causa lícita en la obligación.


Clases. Los Actos Jurídicos pueden ser:


Actos positivos y negativos: En los actos positivos, la creación, modificación o extinción de un derecho, depende de la realización del acto; por ejemplo, la firma de un pagaré, la realización de un trabajo. En los actos negativos, la conducta jurídica consiste en una omisión; tal es el caso de las obligaciones de no hacer.
Actos unilaterales y bilaterales: Los actos jurídicos son unilaterales cuando para su perfección, requieren de la voluntad de una sola parte, ej.: en el caso del testamento. Son bilaterales cuando requieren el consentimiento de dos o más partes, como los contratos.
Actos gratuitos y onerosos: Actos a título gratuito son aquellos en que la obligación está a cargo de una sola de las partes y responden a un propósito de liberalidad; como la donación. En cambio, en los actos onerosos las obligaciones son recíprocas y cada contratante las contrae en vista de que la otra parte se obliga a su vez; así ocurre en la compraventa, la permuta, etc.
Actos entre vivos y de última voluntad: Los actos jurídicos cuya eficacia no depende del fallecimiento de aquellos de cuya voluntad emanan, se llaman actos entre vivos, como son los contratos. Cuando deben producir efectos después del fallecimiento de

aquellos de cuya voluntad emanan, se denominan actos de última voluntad o mortis causa, como son los testamentos.
Actos formales y no formales: Actos formales o solemnes son aquellos cuya eficacia depende de la observancia de las formalidades ordenadas por la ley. Son no formales o no solemnes aquellos cuya validez no depende del cumplimiento de solemnidad alguna.
Actos patrimoniales y de familia: Los patrimoniales son los que tienen un contenido económico. Los de familia, en cambio, se refieren a derechos y deberes de familia o extrapatrimoniales.


Los Hechos Jurídicos pueden ser:
Hecho natural: es decir, obra de la naturaleza. Ej. La muerte de una persona que produce efectos jurídicos.


Hecho del hombre: es decir, la obra del hombre. Ej: Un hombre conduce un vehículo a alta velocidad hiere a un peatón, situación que produce efectos jurídicos.


Sistema de Prueba en cada caso. La prueba de los actos jurídicos es una prueba legal, en el sentido de que el juez, no puede admitir más que ciertos procedimientos de pruebas llamados perfectos; por el contrario, la prueba de los hechos jurídicos, es libre, puede ser practicada incluso por un procedimiento de prueba de los denominados imperfectos.


Los procedimientos de prueba perfectos son los documentos, la confesión y el juramento decisorio; entre ellos sólo los documentos tienen una gran importancia práctica. Los procedimientos de prueba imperfectos son el testimonio, las presunciones del hombre y el juramento supletorio. Este último apenas si tiene aplicación en nuestro derecho judicial.


En el acto jurídico sólo se admiten sistemas de pruebas perfectas porque en el momento en que esa manifestación se produce, resulta posible consignarla por escrito, a fin de conservar la prueba de la misma. Y esa posibilidad de procurarse una prueba de los actos jurídicos explica la severidad del legislador.


El Hecho Jurídico en cambio, produce la modificación o la extinción de un derecho, pero sin que intervenga la voluntad, por lo tanto, no puede plantearse la cuestión de exigirle, al que invoca un hecho jurídico, la prueba escrita de ese hecho.



En sentido jurídico, La Persona es todo ser humano, cual que sea su sexo, edad o religión, su nacionalidad o raza, capaz de poseer derechos y obligaciones. En la doctrina corriente, se reconocen dos clases de personas: 1ro.) Las personas físicas; y 2do.) Las personas morales
o personas jurídicas.


La Personalidad es la actitud de convertirse en sujeto de derechos y de obligaciones. En el momento en que la persona adquiere personalidad, se convierte en sujeto de derechos. La personalidad del ser humano termina en el momento de la muerte. La persona fallecida, como la no nacida, no puede ser objeto de derechos, el derecho que les pertenece no se extingue con ella, sino que pasa a sus herederos.


Atributos. La personalidad comporta cierto número de atributos que no se reducen, por lo demás, exclusivamente a ventajas, prerrogativas, sino que implican también deberes, y obligaciones, los principales son:
1.  El nombre
2.  El domicilio
3.  El estado
4.  La capacidad
5.  El patrimonio


Existencia de la Persona Física. Las personas físicas lo constituyen los seres humanos, y su existencia se comprueba por el hecho del nacimiento de la persona. Todo ser humano posee una existencia jurídica dotada de personalidad con capacidad jurídica, ésta capacidad jurídica presupone estar apto para ser sujeto de derechos y obligaciones, para adquirir derecho. En otras palabras, tener capacidad de ejercicio y capacidad de goce.


Nombre: A cada persona se le designa en sociedad por un nombre que permite individualizarla; en tal sentido el nombre se define como el vocativo con el que se designa a una persona; está compuesto de dos elementos y a veces de tres: El apellido o nombre de familia, el nombre propio o los nombres propios, el seudónimo y el sobre nombre; El nombre es uno de los derechos de la personalidad, e  inalienable, imprescriptible, inimitable.


Domicilio: De conformidad con lo previsto por el artículo 102, de nuestro Código Civil, el domicilio es el lugar del principal establecimiento de una persona. Ha sido definido como: “La relación existente entre una persona y un lugar”. Y posee tres características: fijo, obligatorio y único.


Actos de Estado Civil. Son documentos escritos, redactados por los Oficiales del Estado Civil y registrados en un libro puesto a su cargo, destinado para dar validez jurídica a un evento en la personalidad de un ciudadano, para comprobar un elemento del Estado Civil de las

personas. Los principales de estos actos son el nacimiento, el matrimonio, el de defunción, el divorcio y el de reconocimiento, cuya finalidad es dar prueba cierta del estado de las personas. La ley exige para cada uno de los hechos y actos jurídicos la redacción de un acto autentico,
que de plena fe de lo acontecido.


Individualización de la Persona Física. Los signos reveladores de la personalidad o los atributos de la personalidad permiten la individualización de cada persona física, son sus atributos, a saber: el estado civil, que permite fijar su identidad jurídica; el nombre, que permite reconocer a la persona; y el domicilio que permite encontrarla.


Derechos de la Personalidad. Son los derechos de los que gozan los individuos como particulares y que no pueden ser restringidos por los gobernantes.  Los Derechos de la Personalidad tienen sobre todo, un valor moral, y no son susceptibles de ser separados de las personas mismas de su titular. Estos derechos de la personalidad están fuera del comercio, son intransmisibles e inembargables y tienen un carácter extra pecuniario. Entre los que podemos mencionar:
a.  El Derecho a la Integridad Personal b.  Derecho a la Salud
c.  El Derecho al Trabajo
d.  Derecho a la Educación e.  Derecho a la Igualdad


Las Incapacidades. La capacidad constituye la regla, siendo la excepción, la incapacidad, ya que toda persona física o moral, por tener personalidad jurídica, es en principio plenamente capaz tanto en el terreno de la capacidad de goce, como de obrar. La imposibilidad de ejercer o gozar de la capacidad legal se conoce como incapacidad. Estas son:


1.  La Incapacidad por la Edad: En nuestro país, los menores de 18 años, no emancipados, carecen de capacidad para celebrar o efectuar determinados actos jurídicos; son representados por sus padres.
2.  Interdictos Judiciales:  Son aquellas personas, que aún  siendo mayores de edad, se
encuentran sujetos a un estado habitual de imbecilidad, enajenación mental o locura y que por tal razón son declarados como interdictos por sentencia de un tribunal de primer grado. Estos se encuentran afectados de una incapacidad total.
3.  Interdictos Legales: Son aquellas personas que han sido condenadas a penas criminales,
o sea, aflictivas o a una pena infamante y que por tal motivo han perdido su capacidad de obrar o su capacidad de ejercer sus derechos.


Representación Legal del Incapaz. La representación es una institución jurídica en virtud de la cual, una persona tiene el poder de realizar directamente, por cuenta de otra, operaciones materiales y jurídicas.


En el caso de los menores, opera una figura jurídica, llamada Tutela, que es una función confiada a una persona capaz y que consiste en encargarse del cuidado de un incapaz, representarlo y administrar sus bienes. Igualmente interviene el Consejo De Familia, que es una asamblea compuesta en cuanto sea posible de parientes y allegados del menor (6 en

total) y presidida por el juez de paz, que tendrá vigencia únicamente en el lapso que sea convocado, para la toma de decisiones importantes con relación al menor que se encuentra bajo tutela.


La Interdicción Judicial declarada da origen a la Tutela. A los pródigos y a los débiles de espíritus, aquellos que conservan la dirección de su persona y la administración de sus bienes, pero que por sus debilidades se les designa un Consejero Judicial, cuya función es asistirle.





Las Personas Morales son las actitudes reconocidas a una agrupación o establecimiento creado por el Estado o un particular o un grupo de personas, para tener en esa calidad existencia jurídica propia y ser sujeto de derechos. Una persona jurídica es todo ente con capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.


Diferentes clases de personas morales. Existen dos categorías principales de personas morales:
Las personas morales de derecho público, que se refieren al Estado, las universidades
estatales, Cámara de Comercio, Instituto de Beneficencia, etc.
Las personas morales de derecho privado, que se refieren a las sociedades civiles y comerciales, las asociaciones declaradas o reconocidas de utilidad pública, etc.


Las Personas Morales de Derecho Público. El Estado es históricamente la primera persona de Derecho Público que ha sido reconocida por el derecho, estas personas de derecho público están regidas por el derecho administrativo y son: El Estado, los departamentos, los municipios, los establecimientos públicos.


Las personas morales de Derecho Privado. Las personas morales de Derecho Privado emanan de la iniciativa de los particulares. Es posible clasificarlas desde tres puntos de vista:
1. Desde el punto de vista orgánico: en asociaciones lato sensu, que tienen por base una agrupación de personas físicas, y las fundaciones que se reducen a una obra caritativa, intelectual o de recreo.
2. Desde el punto de vista de su objeto, de acuerdo con el cual se clasifican las asociaciones lato sensu, en sociedades (sociedades de capitales), y en asociaciones stricto sensu (sociedades de personas);
3. Desde el punto de vista del poder de acción que provoca la separación de las asociaciones stricto sensu, se clasifican en asociaciones de plena personalidad y asociaciones de personalidad reducida o embrionarias.


Régimen de la Personalidad Moral. Las personas morales tienen una existencia jurídica; nacen, viven y desaparecen. Conviene estudiar, pues, la creación de las personas morales, su funcionamiento y su desaparición.


La Ley 122-05 para la Regulación y Fomento de las Asociaciones Sin Fines de Lucro en República Dominicana establece que toda asociación que se organice de acuerdo con ella adquiere personalidad jurídica. Estas asociaciones pueden ser: comunitarias, profesionales, religiosas y todas aquellas que se formen con el objeto de desarrollar o realizar actividades de bien social o interés público con fines lícitos y que no tengan como propósito u objeto el obtener beneficios pecuniarios o apreciables en dinero para repartir entre sus asociados. Adquieren la personalidad con la incorporación, que se cumple a través de la Procuraduría General de la República y culmina con el registro de incorporación.

Por otro lado, se encuentra la Ley General de las Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada Número 479-08 y sus modificaciones, que consagra el concepto de personalidad jurídica a partir de la matriculación en el Registro Mercantil para todas las sociedades, entre las que podemos destacar las Sociedades en responsabilidad limitada, las Sociedades anónimas (públicas o privadas).y las empresas individuales de responsabilidad limitada.


Atributos. En su surgimiento, es preciso ser designadas con un nombre, de igual forma, las personas morales, ameritan un domicilio, un asentamiento para los actos propios de su personalidad jurídica. Además poseen un patrimonio y la capacidad para comprometerse y contratar, siguiendo reglas especiales de procedimiento. Del mismo modo, poseen la nacionalidad del Estado donde emanan.


Constitución. Las personas morales de derecho público son fundadas por el Estado, único arbitro que deba dar un patrimonio especial a determinado servicio público. Las formas de constitución de las personas morales de derecho privado, por el contrario, parecen depender teóricamente de la naturaleza atribuida a la personalidad civil, aún cuando el Estado, por cuestiones históricas, interviene y regula la formación de las mismas.


Funcionamiento. Los estatutos reglamentan la manera de formarse la voluntad de la persona moral. Sin embargo, es la ley de la mayoría la que rige los sindicatos y las sociedades. La capacidad de la persona moral está regulada por el legislador; es muy diferente según las categorías. Ninguna posee una capacidad completa; porque el principio de la especialidad les impide realizar actos que tengan una finalidad distinta de aquellas que se proponen realizar. Las personas morales son susceptibles de comprometer su responsabilidad civil y, en algunos supuestos, su responsabilidad penal.


Disolución. Las personas morales pueden desaparecer debido a varias causas:
Las Causas de pleno derecho
La Voluntad de los socios de la persona moral;
Una Resolución Judicial.
Por voluntad del legislador.
Por la voluntad de la administración.





La Obligación es el vínculo jurídico mediante el cual dos partes (acreedora y deudora) quedan ligadas debiendo la parte deudora cumplir con una prestación objeto de la obligación. Dicha prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa.


Elementos. Son tres sus elementos, a saber:
a.  Un sujeto activo, que es la persona a favor de quien se asume la obligación. b.  Un sujeto pasivo que es la persona que se obliga, el deudor; y
c.  Un objeto, que es la prestación prometida o la cosa ofrecida.


Clases. Clasificación de las obligaciones según su objeto:
1. Obligaciones de dar y obligaciones de hacer y de no hacer.
2. Obligaciones positivas y obligaciones negativas.
3. Obligaciones  Determinadas  (de  resultados)  y  Obligaciones  de  Prudencia  y
Diligencia (de medios).
4. Obligaciones Ordinarias y Obligaciones Reales.
5. Obligaciones patrimoniales y extrapatrimoniales.


Fuentes de las Obligaciones. Los juristas modernos establecen dos categorías de fuentes: Las fuentes voluntarias y las no voluntarias. Fuentes voluntarias. La obligación puede tener su fuente en la voluntad del deudor o en la voluntad común del acreedor y del deudor. Las Fuentes no voluntarias. En este caso la obligación se impone al deudor fuera de su voluntad.


Causas de Extinción de las Obligaciones. El Artículo 1234 del Código CivilD establece que las obligaciones se extinguen por:
El pago, La novación.
La compensación; La confusión.
La pérdida de la cosa.
La nulidad; y La prescripción.


El Pago. En el lenguaje jurídico, se denomina pago a la ejecución de la prestación debida por el deudor, cual que sea el objeto, ya se trate de una suma de dinero, o de la entrega de mercancías, o la ejecución de un trabajo. El deudor sólo se libera cumpliendo la prestación debida, esto es efectuando el pago de la misma.

Formas especiales de Pago. La ley ha establecido varias formas especiales de pago, a saber:
1. El pago por subrogación
2. El Ofrecimiento Real de Pago
3. La cesión de bienes.

Imputación de Pago. Cuando el deudor, obligado por varias deudas de la misma naturaleza con respecto al mismo acreedor, cumple un pago existe a veces interés de averiguar cuál de las deudas ha sido la extinguida por el pago. El deudor tiene el derecho de designar, en el momento del pago, la deuda que quiere extinguir. A falta de ello, el acreedor puede hacer la imputación en el recibo. Cuando ni el acreedor, ni el deudor han hecho la imputación, se aplican las reglas supletorias establecidas en el Código Civil, de conformidad con el Artículo
1256 del citado texto 1ro. Las deudas vencidas; 2do. Las deudas en las que el deudor obtiene más ventajas al abonar; y 3ro. Las más antiguas).


Pago por Cesión de Bienes. La Cesión de Bienes es el abandono que hace un deudor de todos sus bienes a sus acreedores cuando se encuentra en la imposibilidad de pagar sus deudas. Los efectos de la cesión de bienes, no hace propietarios a los acreedores de los bienes objetos de la cesión, sino que éstos adquieren el derecho de administrar los mismos, percibir sus ingresos y provocar la venta judicial en los casos necesarios.


Condonación de la Deuda (Perdón de la deuda). Es la convención por la cual el acreedor consiente gratuitamente al deudor, quien acepta, el abandono completo o parcial de su crédito. Tiene dos caracteres: Se trata de una convención, un acuerdo de voluntades entre el acreedor y el deudor, y se trata de un acto a titulo gratuito.


Confusión. Es cuando las calidades de acreedor y deudor se reúnen en la misma persona. Se produce de derecho, una confusión que destruye los dos créditos. Por ejemplo cuando una persona llega a ser heredero único de su acreedor.


Compensación extingue dos obligaciones diferentes, e implica que dos personas están unidas por respectivas obligaciones la una frente a la otra. Es un doble pago, pasa como sí cada deudor hubiera pagado su obligación.


Novación (Artículo 1271 y siguientes del C. C.). Consistente en la transformación de una obligación en otra. Puede referirse al cambio en el objeto de la obligación o de las personas obligadas.


Prescripción resulta del no uso durante cierto tiempo de derechos o acciones. Es un medio de liberación que puede invocarse en cualquier estado de causa, y por todo aquel que tenga interés en ello. La prescripción es un medio de extinción de las obligaciones que no opera de pleno derecho, debe ser puesta por el deudor. Los derechos personales u obligaciones se extinguen por prescripción.



Concepto y Función. El Contrato es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan respecto de una o de varias otras, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. La función esencial del contrato es crear y transmitir obligaciones; es una figura ajena a los derechos de la personalidad, ya que recaen únicamente sobre derechos pecuniarios.


Elementos y formas de los contratos (Artículo 1108 del C. C.). La formación del contrato requiere, para su validez, la reunión de cuatro elementos constitutivos, dispuestos por el artículo 1108 del Código Civil Dominicano:
1.  El Consentimiento de la parte que se obliga.
2.  Su Capacidad para contratar.
3.  Un Objeto cierto que forme la materia del compromiso.
4.  Una Causa lícita en la obligación.


Forma de los contratos. Los contratos se clasifican: Según los requisitos de forma que se exigen en:


Consensuales: para que un contrato sea válido no se requieren formalidades, el sólo consentimiento obliga.


Solemnes: Son aquellos que exigen, además del consentimiento, una formalidad que sin su cumplimiento el contrato carecería  de validez.


Reales: Se denominan contratos reales, a aquellos que para su formulación exigen, además del consentimiento, la entrega de la cosa.


Según los requisitos de fondo.


Contratos de mutuo acuerdo y contratos de adhesión: En los primero, como se indica, ha existido la voluntad de ambas partes, libre y sin coacción, ambas partes discuten los términos y condiciones del contrato a suscribir; en los segundos, los de adhesión, son aquellos contratos, que se dan en la práctica diaria, en los que una de las partes no ha tratado con la otra en un plano de igualdad, por encontrarse la otra en una posición más ventajosa.


Contratos colectivos y contratos individuales: Un contrato es individual cuando sólo obliga a las personas que hayan dado su consentimiento, y se llama contrato colectivo, al contrato que, obliga a un grupo de personas sin que sea necesario su consentimiento, como es el caso de Seguro Obligatorio de Vehículos de Motor.


Según el contenido del contrato:

Sinalagmático  y  unilaterales:  Los  primeros  son  aquellos  en  los  que  existe reciprocidad de obligaciones. Los contratos sinalagmáticos se clasifican en: a) Sinalagmáticos perfectos: Son aquellos en los cuales surgen obligaciones para ambas partes, ej: el arrendamiento. B) Sinalagmáticos imperfectos: En principio sólo hay obligaciones para una parte, pero pueden surgir para la otra, ej: el depósito, préstamo de uso.


Los unilaterales, son aquellos contratos que solamente una las partes está obligada.


Contratos a título Oneroso y a título gratuito: Los primeros, son aquellos en los que las partes buscan u obtienen prestaciones reciprocas, mientras que los contratos a título gratuito o de beneficencia, es aquel en que una de las partes procura a la otra, un beneficio puramente gratuito.


Los conmutativos y aleatorios: es conmutativo, cuando la ventaja que cada una de las partes obtiene del contrato, es susceptible de ser evaluada por ella en el momento de la conclusión del acto, y es aleatorio cuando las ventajas que las partes obtendrán del contrato, no es apreciable en el momento de perfección del contrato, un ejemplo lo es el contrato de juego.


Según su duración:


Contratos Instantáneos y Contratos Sucesivos: El contrato instantáneo es aquel que se cumple de una vez en el tiempo, inmediatamente, y es sucesivo aquel que su cumplimiento se prolonga durante un plazo. (dar ejemplo).


Según su interpretación:


Contratos Nominados e Innominados: Los primeros son aquellos cuya teoría está especialmente desarrollada en el Código Civil, mientras que los contratos innominados pueden ser imaginados por las partes, en virtud del principio de la autonomía de la voluntad.


La Oferta y Aceptación. La oferta constituye la primera operación del consentimiento en pro de  la formación  del  contrato.  Para  que  la oferta  llegue  al  conocimiento  de  la persona susceptible de aceptarla debe ser hecha mediante una manifestación exterior de voluntad, que puede revestir diferentes formas. La aceptación, es el segundo paso para la formación del contrato, y al igual que la oferta debe resultar de una voluntad manifestada exteriormente dirigida al solicitante. 3


La oferta y la aceptación deben ser complementarias, para que haya acuerdo es preciso que la aceptación sea conforme con la oferta, en caso contrario habría una contraoferta, que debería ser a su vez aceptada.
El Contrato Solemne. Se entienden por solemnes un contrato en el que la voluntad de las partes expresada sin formas externas determinadas, no es suficiente para perfeccionarlo; es

decir, que para su formación además del acuerdo de las voluntades, se requiere una formalidad especial; a falta de la misma no existe. La solemnidad consiste en la redacción de un documento, un escrito, lo que implica la publicidad del acto y en algunos contratos, la intervención de un Notario Público.



El Código Civil contempla la existencia de cuatro contratos solemnes, que son:
1) La convención matrimonial.
2) La donación.
3) La constitución de hipoteca.
4) La subrogación convencional consentida por el deudor.



El Principio del Consensualismo. Entre todos los hechos o actos jurídicos generadores de obligaciones, el contrato es, indudablemente, aquel en que la voluntad de los particulares cumple una función más importante. Su elemento característico, aún en aquellos casos en que sea insuficiente para su perfección, es el consentimiento, o sea, el acuerdo libre de la voluntad de las partes. La creación de las obligaciones, en nuestro derecho, se encuentra regida por el principio Solo Consensus Obligat (el simple consentimiento obliga). En términos generales los contratos adquieren fuerza obligatoria independientemente de toda formalidad externa.


La Autonomía de la Voluntad. La autonomía de la voluntad es un concepto procedente de la filosofía kantiana que va referido a la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales. El individuo está en libertad de obligarse a lo que quiera y como le parezca, tal es el principio de la autonomía de la voluntad, o sea, la libertad del contratante.


Interpretación de los Contratos. Reglas que imperan Artículos 1156 a 1164 del C. C. Interpretar un contrato es determinar el sentido y alcance de las cláusulas que contiene, lo cual no puede ser abandonado a la voluntad de las partes, correspondiendo a la autoridad judicial, avocarse a las labores de interpretación. Los redactores del Código Civil trazaron algunas reglas relativas a la interpretación de los contratos, en los artículos 1156 al 1164.


El Juez de nuestro derecho que interpreta el contrato debe ver a éste como un punto de referencia que permita descubrir el verdadero pensamiento, la verdadera intención de las partes contratantes. Este es el principio consagrado por el artículo 1156 del C. C., cuando dispone que en las convenciones se debe atender más a la común intención de las partes contratantes, que al sentido literal de las palabras.


Según lo que dispone el artículo 1157 del Código Civil, cuando una cláusula del contrato es susceptible de doble sentido, se le debe más bien entenderla en aquel en que pueda tener algún efecto, que en el sentido en que no podría producir ninguno. De conformidad con el artículo 1160 de la misma norma, en un contrato se insertan cláusulas que son usuales en cada tipo de contrato, cuando se omitan deben ser suplidas por el juez. Ahora bien, no cabe la menor duda, de que en razón del carácter de cuestión de hecho, y no de derecho que tiene

la interpretación del contrato, los jueces del fondo disponen de un poder soberano en la interpretación de las convenciones, salvo  desnaturalización.


La Postura Jurisprudencial El Boletín Judicial 833-805 establece que los artículos 1156 y
1161 del Código Civil son meras reglas doctrinales dirigidas al Juez, el cual puede averiguar la intención común de las partes según el contexto del acto, y de todas las circunstancias de la causa. Los jueces interpretan soberanamente las convenciones, reservando un poder de control en casación solo cuando una cláusula es desnaturalizada.


Los contratos de adhesión y la ley de protección a los consumidores y usuarios.
Se entiende por contrato de adhesión el redactado previa y unilateralmente por un proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor o usuario se encuentre en condiciones de variar sustancialmente sus términos ni evitar su suscripción si deseare adquirir el producto u obtener el servicio.


El proceso de formación de los contratos de adhesión queda descompuesto en dos momentos o estadios, los cuales para la doctrina francesa vienen a ser sus elementos constitutivos, a saber: la estipulación y la adhesión propiamente dicha. La estipulación no es más que el conjunto de las cláusulas en que se desmiembra la anatomía del contrato y en que el oferente ha establecido tácita o expresamente que no están sujetas –las cláusulas- a revisión ni mucho menos a discusión.


La adhesión, es el instante que marca el perfeccionamiento del nexo contractual y se cumple con la firma estampada en el documento por el consumidor, implicando este acontecimiento su sumisión a los dictados del contrato. La adhesión es, pues, la manifestación de voluntad definitoria de la aceptación por parte del usuario hacia la oferta propuesta por el estipulante.


Todo contrato de adhesión, para su validez, deberá estar escrito, por lo menos, en idioma español, sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista, en términos claros y entendibles para los consumidores o usuarios y deberá haber sido aceptado expresamente por el consumidor y por el proveedor.


La Ley 358-05 de Protección al Consumidor se encarga de regir y velar por el cumplimiento de la información, orientación, educación y transparencia al consumidor en los mercados de bienes y servicios.


La ley 358-05 establece en sus artículos 81 y siguientes las disposiciones relativas a los contratos de adhesión o formularios.


la ley 358-05 establece la protección a la vida, la salud y seguridad física en el consumo; la educación para el consumo  y el uso  de bienes y servicios; recibir de  los proveedores información veraz, clara, oportuna, suficiente, verificable y escrita en idioma español sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado. Los contratos de adhesión o los formularios, vigentes ó a la entrada en vigor de la presente ley, deberán ser remitidos a la Dirección Ejecutiva de PROCONSUMIDOR, la que creara un sistema de registro para tales fines, sin perjuicio del registro que deberán llevar a cabo ciertos proveedores ante las autoridades

administrativas correspondientes en virtud de leyes especiales. Esta disposición se aplica a
todo tipo de contrato incluyendo los de materia financiera”.



El contrato es un convenio en cuya virtud una o varias personas se obligan respecto de una o de varias otras a dar, hacer o no hacer alguna cosa. La función esencial del contrato es crear y transmitir obligaciones.


La Inexistencia de un contrato viene dada del hecho de que se haya suscrito en violación a una norma que lo declare como si no existiera. Por ejemplo: cuando se contrata violando una norma de orden público, se tiene el contrato como si no existiera.


Nulidad. Ocurre cuando no se llena uno de los requisitos exigidos para la formación de un contrato, éste es nulo, ya sea de nulidad absoluta o de nulidad relativa.


La nulidad absoluta no puede ser subsanada por las partes, en cambio la nulidad relativa, puede ser corregida por las partes.


La acción de nulidad relativa se extingue por la confirmación. La acción en nulidad relativa no se concede, sino a la persona que la ley cree proteger, por el contrario la acción de nulidad absoluta se otorga a toda persona que encuentre interés en ello.


La Anulabilidad de un contrato ocurre cuando un determinado contrato esta viciado de nulidad relativa.


Causas y efectos: Cuando faltan los requisitos necesarios para la formación de un contrato, o cuando no han sido  respetadas las reglas que  les conciernen,  y este no ha podido perfeccionarse, es nulo. Una vez verificadas por el juez, tanto la nulidad relativa como la absoluta producen los mismos efectos.


a) El contrato desaparece por completo;
b) Desaparece incluso retroactivamente;
c) Pero la nulidad no surte ningún efecto cuando es debida a la culpa de la persona que la invoca.


Confirmación de los Contratos. La confirmación es el acto, por el cual una persona hace que desaparezcan los vicios del contrato cuya nulidad habría podido invocar. Constituye una renuncia a la acción de nulidad relativa o de rescisión. El acto nulo, de nulidad relativa, es susceptible de ser confirmado por la renuncia del contratante a la acción de nulidad relativa, o de rescisión con que se beneficia. Cuando el acto está viciado de nulidad absoluta, los contratantes no tienen más recursos que crear un acto nuevo, de común acuerdo, pero esto no será un acto de confirmación, sino un nuevo contrato dentro de los requisitos regulares que no hará renacer el contrato nulo, y sus efectos se producirán para el futuro.

Los Vicios del Consentimiento. Para crear obligaciones, debe existir consentimiento, requisito necesario para la validez del contrato, pero el consentimiento o voluntad debe estar exento de vicios, esos vicios son:


1.  El Error
2.  La Violencia
3.  El Dolo
4.  La Lesión


El Error es cuando el contratante ha querido concertar el contrato litigioso, pero lo ha hecho porque se ha equivocado. El Artículo 1110 del Código Civil, establece que sólo son susceptibles de viciar el consentimiento, el error sobre la sustancia, y el error sobre la persona. Para que el error constituya un vicio del consentimiento debe ser determinante. El error, como vicio del consentimiento, ofrece al errans una acción de nulidad relativa. Por ser un hecho
jurídico el error se prueba por todos los medios.


La  Violencia  ejercida  contra el  que  ha  contraído  una  obligación  es  causa  de  nulidad.
Requisitos:
1.  La violencia debe ser ilegítima.
2.  Puede proceder de otro contratante o de un tercero.
3.  Debe ser determinante.


La víctima tiene la carga de la prueba, que puede aportar por todos los medios. La violencia física destruye el consentimiento; por consiguiente, el contrato es nulo de nulidad absoluta. Por el contrario, la violencia moral vicia el consentimiento, la nulidad es relativa. La víctima puede obtener el abono de daños y perjuicios como reparación de los menoscabos sufridos.


El Dolo: En el caso del dolo, uno de los contratantes ha sido engañado. El dolo es un error provocado, un engaño. El dolo debe ser establecido por la víctima, la prueba puede hacerse por todos los medios, incluso por presunciones. El dolo lleva consigo la nulidad relativa del contrato. Puede dar lugar igualmente a la reparación del perjuicio sufrido por la víctima del dolo.


La Lesión: Es cuando se paga un precio por debajo del valor real de la cosa comprada. Los requisitos relativos a la lesión son que:


1.  La lesión debe rebasar ciertas tasas.
2.  El perjuicio debe ser contemporáneo del contrato.
3.  No puede haber lesión sin un error, un dolo o una violencia.


El Código Civil sanciona la lesión con la nulidad relativa, denominada rescisión. El acto lesivo se anula retroactivamente. Para evitar la rescisión, el comprador puede ofrecer el suplemento
del precio. Solamente puede ser invocada por la persona perjudicada y no por terceros.


Responsabilidad y obligaciones de las partes.

El contrato se impone a las partes, el Artículo 1134 del Código Civil establece que: “Las convenciones legalmente formadas tienen fuerza de ley entre las partes y deben ejecutarse de buena fe”. En los contratos en general, el deudor está obligado a ejecutar su obligación principal; cuando su obligación es una cosa determinada, él debe aportar a su conservación, todos los cuidados de un buen padre de familia, (Artículo 1137 Código Civil). El deudor es responsable de la ejecución, todas las veces que no justifique la existencia de causas extrañas o ajenas a su voluntad, que no les fueran imputables y siempre que no actuara de mala fé (Artículo 1147 Código Civil) por otra parte, la responsabilidad contractual es presumida por la Ley; el deudor es automáticamente responsable de la inejecución, a menos que pruebe la existencia de un caso fortuito o de fuerza mayor.


No obstante la responsabilidad contractual del deudor, se puede válidamente insertar cláusulas de irresponsabilidad o de limitación de la responsabilidad en un contrato.


En lo que concierne a los contratos sinalagmáticos, las obligaciones recíprocas de las partes deben ser ejecutadas simultáneamente, salvo convención en contrario. Si una de las partes no cumple con su prestación, la otra parte puede rehusar la suya, (Non Adimpleti Contractus).


Cuando debido a causas de fuerza mayor, una de las partes no cumpliera su obligación, la otra parte se encuentra liberada igualmente de cumplir con la suya. En caso de inejecución de una de las partes, la otra parte puede demandar ante los tribunales la resolución del contrato (Artículo 1184 Código Civil), y el abono de daños y perjuicios. Si la resolución ha sido convenida por las partes en el contrato, esta opera de pleno derecho luego de la puesta en mora del deudor, y sin necesidad de reclamarla en justicia.


El contrato de mandato.


El Artículo 1984 del Código Civil define el mandato, como un acto por el cua,l una persona
(mandante), da a otra (mandatario), poder para hacer alguna cosa en su nombre y representación. No se realiza el mandato sino por aceptación del mandatario.


El mandato puede conferirse por acto auténtico o bajo firma privada, aun por carta. Puede también conferirse verbalmente; pero la prueba testimonial respecto de él, no puede recibirse sino conforme al título de los contratos o de las obligaciones convencionales en general. La aceptación del mandato puede no ser sino tácita, resultando de la ejecución que al mismo mandato haya dado el mandatario.


El mandato es gratuito, cuando no existe convenio en contrario.


El mandato es especial para un negocio o para ciertos negocios solamente, o general para todos los negocios del mandante. Cuando se trata de enajenación el mandato debe ser expreso.


Sobre Diferentes tipos de mandato.


El mandato puede ser gratuito, cuando no existe convenio en contrario. Es especial para un

negocio o para ciertos negocios solamente, o general para todos los negocios.


Atendiendo al objeto encomendado, esto es, los negocios que puede celebrar el mandatario puede ser general o especial.


Atendiendo a si el mandatario actúa a nombre propio o del mandante, puede ser "en nombre propio" o por "cuenta ajena"

Atendiendo a sus efectos, puede haber mandato con representación o sin representación. En consecuencia, la representación no es de la esencia del mandato.





Caso particular de los abogados, directivos de las sociedades comerciales, y de los agentes representantes.


Representante es la persona capaz que actúa a nombre de otra persona llamada representado, produciendo los mismos efectos al igual que si él actuara directamente y a nombre propio. Es el instrumento jurídico mediante el cual actúa el representado. Su utilidad posibilita a las personas físicas capaces para actuar jurídicamente que lo haga mediante sus apoderados o representantes. Permite la actuación jurídica de las personas morales o entes colectivas, ya que al no tener una existencia corpórea como una persona física las mismas sólo pueden manifestarse legalmente mediante órganos sociales representativos.


La representación puede ser voluntaria, legítima o forzosa y orgánica o estatutaria. La primera se otorga a través de poder o apoderamiento (caso de los abogados); la segunda es impuesta por la ley sobre la voluntad de los representados o en beneficio de los incapaces (la patria potestad y la tutela); y la representación orgánica o estatutaria es aquella mediante la cual las personas morales ejercen sus facultades a través de sus órganos sociales representativos según lo establece la ley y los estatutos.






La Compraventa es el contrato por el cual una persona, el vendedor, transmite un derecho a otra persona, el comprador, que se obliga a pagarle un precio en dinero. La venta es perfecta entre las partes, y la propiedad queda adquirida de derecho por el comprador, respecto del vendedor desde el momento en que se conviene en la cosa y el precio, aunque la primera no haya sido entregada ni pagada.


La compraventa tiene tres elementos esenciales.


Es un Contrato onsensual.
Es inalagmático Perfecto.
Es raslativo de Derecho, neroso, Nominado y Conmutativo.


Obligaciones del Vendedor.


1.  Debe entregar la cosa vendida.
2.  Debe garantizar la cosa vendida contra la evicción y los vicios ocultos.


Estas obligaciones están prescritas en el artículo 1602 del Código Civil Dominicano.


Obligaciones del Comprador, según el artículo 1650 y siguientes del Código Civil.


a.  Pagar el precio en el lugar, día convenido y en la moneda convenida:
b. Salvo estipulación en contrario, debe pagar los gastos del contrato
c.  Recibir la cosa


La Pérdida de la Cosa. Si la cosa vendida, ha desaparecido en el momento en que la compra- venta se concluya, en caso de pérdida total, la compraventa está viciada de nulidad; en caso de pérdida parcial el comprador tiene la elección entre la resolución de la compra-venta, o una reducción del precio. Ocurre de un modo distinto si el comprador, conociendo el riesgo de la desaparición de la cosa, ha concluido una compraventa aleatoria. La compra-venta puede recaer sobre una cosa futura. Si la cosa futura no llega a existir, la compra-venta no deja de ser válida por eso; y el vendedor que no cumpla con su obligación debe abonar daños y perjuicios, mientras que el comprador se libera de su obligación de pagar el precio.


Puesta en Mora artículo 1146 del Código Civil. El retraso en el cumplimiento de la obligación de entrega no da derecho al abono de daños y perjuicios moratorios sino a partir de una constitución en mora. A contar de esa constitución en mora, el riesgo está a cargo del vendedor. Para que pueda reclamarse indemnizaciones de daños y perjuicios, es obligatorio constituir en mora a la parte en falta, a los fines de que cumpla su obligación. Sólo se libera

de su responsabilidad, la parte en falta que demuestra que no ha cumplido su obligación por causas ajenas a su voluntad, que no pueden serles imputadas.


Teoría de los riesgos en materia de contrato de venta. Artículo 1138 del Código Civil. La teoría del riesgo pretende determinar quien soporta el riesgo cuando la cosa perece o se daña.


1.  Si se trata de un Cuerpo Cierto, los soporta el comprador.


2.  Si se trata de una cosa Genérica hay que esperar que se individualice.


3.  Si se trata de una cosa Futura, la transmisión del riesgo opera cuando la cosa futura tiene existencia presente.


El Artículo 1138 del Código Civil establece, que la obligación de entregar la cosa es perfecta, por solo el consentimiento de los contratantes. Hace al acreedor propietario, y pone a su cargo aquella desde el instante en que debió entregársele, aun cuando no se haya verificado la tradición, a no ser que el deudor esté puesto en mora de entregarla; en cuyo caso, queda la cosa por cuenta y riesgo de este último.


La permuta.


Según Artículo 1702 del Código Civil, es un contrato, por el cual las partes se dan respectivamente una cosa por otra.


REGLAS GENERALES: Según Artículo 1703, del Código Civil, se efectúa por el sólo consentimiento, de la misma manera que la venta. Como es un contrato sinalagmático perfecto, crea, desde su conclusión, obligaciones recíprocas; hace a cada uno de los contratantes, a la vez, acreedor y deudor.


La permuta puede ser:


Con saldo: Cuando las cosas dadas en permuta no tengan el mismo valor y uno de los permutantes compensa con el pago de un saldo que puede ser dinero u otra cosa.


Sin saldo: Cuando la permuta se produce sin la estipulación de ningún saldo a pagar por ninguno de los permutantes.


Según Artículo 1704, del Código Civil, si uno de los permutantes ha recibido ya la cosa dada en cambio y prueba en seguida que el otro contratante no es propietario de esta cosa, no puede obligársele a entregar lo que ha prometido en contracambio, y sí sólo a que devuelva lo que ha recibido.


Según Artículo 1706, del Código Civil, la rescisión por causa de lesión, no tiene lugar en el contrato de permuta; Las demás reglas prescritas para el contrato de venta, se aplica también al cambio o permuta.

La permuta es un contrato:


Traslativo de dominio: Sirve para transmitir la propiedad.
Principal.
Bilateral.
Oneroso: Es necesario un intercambio y si no sería uno de donación de bienes.
Conmutativo por regla general, o aleatorio por excepción.
Instantáneo o de tracto sucesivo.
Consensual a menos que por la naturaleza de alguno de los bienes permutados sean indispensables determinadas formalidades para la validez de la transferencia de su propiedad (por ejemplo, la escritura respecto de un bien inmueble).


Diferentes tipos de ventas.


Venta de cuerpo cierto: cuando la cosa vendida es un cuerpo cierto, esto es, cuando está individualizada (un carro, un tractor, etc.) El comprador se hace propietario desde el momento mismo de la venta y desde entonces soporta los riesgos.


Venta condicional de muebles e inmuebles: Los riesgos de la cosa vendida son transferidos al comprador, quien asume la obligación de cuidarlo y preservarlo como un buen padre de familia, mientras el vendedor conservará la propiedad, hasta el momento en que se haya verificado la condición del saldo del precio convenido.


 V e nta de la s c osa s en “gé ne ro”:  Cuando el objeto de la venta consiste en bienes que no se venden por junto, pero si al peso, número o medida, dicha venta no es perfecta en el sentido de transferir los riesgos de las mismas al comprador, hasta tanto no hayan sido “pesadas, contadas y medidas” conforme al Artículo 1585 del Código Civil.


Venta de cosas que se prueban, y ventas conformes a muestras: El vendedor conserva la propiedad de los bienes objetos del contrato, con la carga del riesgo sobre los mismos, hasta tanto se verifique la condición potestativa del comprador. (Artículos. 1587 y 1588 regulan esta modalidad de venta).


 V e nta s   “La y   Aw a y”:    Es  una  modalidad  de  venta  comercial  no  regulada  por  ninguna disposición legal, y que se ha impuesto por los usos de comercio, reflejos de  la  cultura norteamericana. Consiste en una transacción por la cual un cliente, comprador, procede a separar una determinada mercancía, pagándole al vendedor una determinada cantidad de dinero como inicial del precio convenido, y en garantía de cumplir con su obligación, a los fines de que el vendedor proceda a reservarla a su favor, con lo cual y en principio se conforma una promesa de venta, quedando el comprador obligado a saldar el resto del precio acordado en un  plazo  convenido, pago  que  por  lo  general  se  verificará  en  cuotas mensuales.  Esta mercancía queda en manos del vendedor quien soportará el riesgo de la misma hasta tanto se verifique la entrega, pues no se ha transferido la propiedad.

 V e nta s  ac umula tiva s  o  “c oopera tiva s ”:   Se trata de un contrato de venta atípico, regulado por la Ley número 946 sobre Ventas Acumulativas. En este contrato interviene el factor azar, y no existe un bien determinado como objeto del mismo, en principio. El Artículo 1 de la mencionada ley lo define, como aquel por el cual se conviene en cualquier anticipo parcial o total, periódico en fecha determinada del precio de la venta de bienes o efectos muebles, o un mueble, que sean ofrecidos para entrega futura en planes de ventas regulares, con o sin el incentivo de sorteos periódicos que determinan la cancelación o rebaja del precio de la venta.


Modalidades de venta comercial: Los contratos de venta comercial, han adoptado, producto de las necesidades y particularidades de la actividad, diversas modalidades en la forma de entrega de los productos objetos de los mismos. No obstante, la ausencia legal que regule de manera expresa las diversas formas que puede adoptar el contrato de venta comercial, las prácticas y usos de comercio, han ido imponiendo estas modalidades de venta:


Ventas para entrega a futuro.
Venta para entrega en Puerto de Destino, o venta Libre Transportador.
Venta para Entrega en el Domicilio del Comprador.
Venta para Embarque en Plazo determinado.
Venta por Banco Designado.
Ventas Costo, Seguro y Flete (Ventas CIF, Constituciol Insurance and Freight).
Ventas Libres a bordo o Ventas FOB.


Otras modalidades de venta:


Ventas al costado de La nave o del vehículo.
Ventas de Costo y Flete.
Ventas en Fàbrica.
Ventas a Bordo.


La venta condicional de muebles e inmuebles.


Existen dos tipos de venta condicional: “La venta condicional de muebles (regulada por la ley
483 del 1964) y la venta condicional de inmuebles (regulada por la ley 596 del 1941, modificada por 1087 del 1946)”.


El contrato de venta condicional. Es el contrato en virtud del cual el comprador adquiere un bien o una cosa en el comercio, de manos del vendedor, pero el derecho de propiedad no es transmitido hasta que el comprador cumpla una serie de requisitos, particularmente el pago de las cuotas en que se comprometió paga la cosa.


La venta condicional de bienes muebles. Es aquella mediante la cual se conviene, que el derecho de propiedad no es adquirido por el comprador, mientras no haya pagado la totalidad del precio, y cumplido las demás condiciones expresamente señalado en el contrato.

La venta condicional de bienes inmuebles. Es aquella mediante la cual, se conviene que el derecho de propiedad no es adquirido por el comprador, mientras no se haya pagado la totalidad o determinada porción del precio, o cumplido alguna de las condición señalada en el contrato.


Diferencias. En el caso de la venta condicional de bienes muebles, la ley dispone que la propiedad no es adquirida mientras no se pague la totalidad del precio y se cumpla con las condiciones del contrato, mientras que en la venta condicional de bienes inmuebles, la propiedad no se adquiere hasta tanto no se haya pagado la totalidad o determinada porción del precio, o cumplido alguna otra condición contractual.


Las ventas acumulativas.


Éstas están reguladas por la Ley 946, y su artículo primero, contratos en los cuales se convenga en cualquier anticipo parcial o total, periódico o en fecha determinada, del precio de la venta de bienes o efectos, muebles o inmuebles, que sean ofrecidos al público, para entrega futura en planes de ventas regulares, con o  sin el incentivo  de  sorteo  periódicos, que determinen la cancelación o rebaja del precio de la venta.


Los individuos, firmas o corporaciones que inicien Venta Acumulativas, estarán obligados, antes de ofrecerlas al público, a comunicarlo al Colector de Rentas Internas del Distrito o Provincia en que intenten realizar sus operaciones, depositando en manos de dicho Colector una relación del plan de ventas con copia certificada del contrato escrito, que habrá de presentar a sus clientes o compradores, en el cual contrato deberán estar claramente especificados el precio de la venta; los bienes o efectos que se desean vender; la fecha en que el vendedor hará la entrega; las cantidades que se requieran como pagos anticipados; las fechas en que deberán ser hechos los pagos anticipados; el número de clientes, entre los cuales se disponga la distribución de los objetos ofrecidos en cada plan o serie de ventas y el plan de cancelación o rebaja del precio de la venta por medio de sorteos si los hubiere.


Es el contrato de venta que se conviene en cualquier anticipo parcial o total, periódico en fecha determinada del precio de la venta de bienes o efectos muebles, o un mueble, que sean ofrecidos para entrega futura en planes de ventas regulares, con o sin el incentivo de sorteos periódicos que determinan la cancelación o rebaja del precio de la venta.



Responsabilidad del vendedor a la luz de la Ley Sobre Protección de los Derechos del
Consumidor y Usuario. Buscar artículo de responsabilidad solidaria


La producción y comercialización en serie de bienes y servicios constituye un aspecto esencial de la economía de mercado actual; los destinatarios finales de ese proceso son los consumidores y usuarios.
Desde la elaboración, hasta que llega a manos del consumidor final o usuario, el producto recorre una serie de etapas (fabricación, transporte, distribución, comercialización) que generan vinculaciones diversas. Si un defecto o vicio del producto ocasiona un daño como consecuencia de su consumo o utilización, no debe cargarse al damnificado con la carga de

identificar en cuál de esas etapas se produjo la causa adecuada del daño sufrido. El Artículo
40  de la ley 24.240 ha  venido  a  simplificar el sistema de  reparación  de  los perjuicios experimentados con motivo del vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio consumido (responsabilidad objetiva, solidaria, extensible a todos los integrantes de la red de comercialización, etc.), sin necesidad de tener que entrar en el espinoso terreno de la interpretación y aplicación de las normas del Código Civil sobre responsabilidad contractual o extracontractual (Artículos 1107, 1113, 1198, etc.).


La responsabilidad es solidaria entre todos los integrantes de la cadena de distribución y comercialización, sin perjuicio de la acciones de repetición que correspondan entre ellos.


El hecho de los otros integrantes de la cadena de comercialización no es oponible a la víctima, pero es susceptible de invocarse entre esos integrantes a los efectos de iniciar la correspondiente acción de repetición. Por eso, el vendedor del producto que pagó la indemnización a la víctima que se intoxicó con el alimento injerido a causa de un vicio de fabricación porque frente a la víctima no pudo eximirse de responsabilidad alegando que el “fabricante” es un tercero, puede iniciar acción recursoria o de repetición o reembolso contra ese elaborador o fabricante para que le restituya todo lo pagado.


La responsabilidad civil de la cadena de distribución.


La Ley 385-05 establece: Artículo 102.- Responsabilidad Civil. Los productores, importadores, distribuidores, comerciantes, proveedores y todas las personas que intervienen en la producción y la comercialización de bienes y servicios, serán responsables solidariamente conforme al derecho civil, de las indemnizaciones que se deriven de las lesiones o pérdidas producidas por la tecnología, por instrucciones inadecuadas, insuficientes  o incompletas relativas a la utilización de dichos productos o servicios.


Párrafo I.- Todo daño a la persona o a su patrimonio que resulte del vicio, defecto, insuficiencia o instrucciones inadecuadas, insuficientes o incompletas relativas al uso del producto o de la prestación del servicio, cuya responsabilidad objetiva sea atribuible al proveedor, obligará al mismo a una reparación adecuada, suficiente y oportuna. Dicha responsabilidad es solidaria entre todos los miembros de la cadena de comercialización.


Párrafo II.- La reparación de daños y perjuicios comprende, en forma concurrente o separada, la reposición del producto o servicio, reparación gratuita de daños derivados de la reparación principal, reducción del precio, restitución de los valores-costos por los daños derivados del consumo o uso del producto o servicio, devolución de los valores pagados e indemnización.

TEMA 8
CONTRATO DE LOCACION: ARRENDAMIENTO, ALQUILER.


El Artículo 1708 del Código Civil reza: “Hay dos clases de contrato de locación: el de las cosas,
y el de la obra”.


La locación de las cosas es un contrato por el cual una de las partes se obliga a dejar gozar a la otra una cosa durante cierto tiempo, y por un precio determinado que esta se obliga a pagarle.


La locación de obra es un contrato por el cual una de las partes se obliga a hacer una cosa por la otra, mediante un precio convenido entre ellas.


El Arrendamiento de cosas. Es el contrato por el cual una persona, el arrendador, pone temporalmente una cosa a disposición de otra, el arrendatario, contra una remuneración, el alquiler o la renta. El arrendamiento de cosas puede recaer sobre inmuebles o sobre muebles.

Cuando se trata de un inmueble se suele llamar locación, si se trata de un bien mueble se le llama alquiler. Es un contrat consensua  sinalagmático, oneroso conmutativo.


Obligaciones del arrendador


1.  Obligación de entrega.


2.  Obligaciones d conservar la cosa arrendada en estado de servir para el uso que ha sido alquilada.


3.  Obligación de garantía contra evicción y vicios ocultos.


Obligaciones del arrendatario.


1.  Pagar el Alquiler.


2.  Usar el objeto alquilado según el destino previsto.


3.  Conservar la cosa alquilada.


Causas de Resciliación del Contrato.


El cumplimiento del término. Cuando éste se encuentre detallado en el contrato, le pone automáticamente fin al arrendamiento. A la expiración del arrendamiento, el arrendador puede exigir la salida o marcha del inquilino, salvo la aplicación de la legislación especial. La pérdida del inmueble y el incumplimiento de sus obligaciones por una de las partes son susceptibles de poner fin al arrendamiento.

Las causas de resciliación del contrato son varias, entres ellas figuran:


a. Uso distinto de la cosa;


b. Destrucción de la cosa;


c. La llegada del término cuando éste se encuentre detallado en el contrato, salvo la tácita reconducción.


El Régimen del Código Civil. El contrato de Locación está previsto en nuestro Código Civil en los Artículos 1708 al 1831. Estableciendo de esta manera que se puede alquilar o arrendar cualquier clase de bienes muebles o inmuebles. Y se puede arrendar por escrito o verbalmente.


El Régimen del Decreto 4807. Decreto 4807 del 1959 creó la Comisión de Alquileres de Casas y Desahucios, cuya finalidad consiste en dirimir las contestaciones extrajudiciales, posibles a presentarse entre propietarios e inquilinos de casas, fijando a la vez normas para el establecimiento de los precios a pagar por concepto de alquiler.


Organización del Control de  Alquileres  de Casas  y Desahucios  y la  Comisión de Apelación. El Control de Alquileres de Casas y Desahucios, esta a cargo del Consultor Jurídico de los Bancos del Estado, quien ejerce esas funciones con jurisdicción nacional. Los Gobernadores Provinciales actuarán dentro de su jurisdicción, como delegados del Control de Alquileres de Casas y Desahucios, en todo cuanto se refiera a los asuntos de su competencia. La Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios, estará integrada por el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Interior y Cultos, y el Síndico del Distrito Nacional, o por funcionarios que éstos designen en su representación.


Las Decisiones de estos Organismos. El Control de Alquileres de Casas y Desahucios, así establecido, decidirá originalmente los casos que le fueren sometidos, de acuerdo con las prescripciones del decreto 4807 del 1959, como son: La sentencia que ordene el desalojo del inquilino. Decreto a aumentar o disminuir el precio de los alquileres.


Vías de Recursos. Podrán recurrir en apelación por ante la Comisión de Apelación del Control de Alquileres de Casas y Desahucios, los propietarios e inquilinos, contra cualquier decisión del Control de Alquileres de Casas y Desahucios, con la cual no estuvieren conformes. Esta apelación deberá ser hecha por escrito dentro de los 20 días posteriores a la fecha de la remisión de la resolución recurrida.


Postura Jurisprudencial en cuanto a la naturaleza de las resoluciones que dicta la comisión de Apelación. La Comisión de Apelación de Casas y Desahucios no es un tribunal del orden judicial y, por tanto, sus resoluciones no están sujetas al recurso de casación.


La Postura Jurisprudencial es que cuando se trate de un recurso de casación contra una resolución de la Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucio, jurisdicción

especial administrativa, que no es un tribunal del orden judicial; de conformidad con lo que establece el artículo 1 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, la Suprema Corte de Justicia decide, como Corte de Casación si la ley ha sido bien o mal aplicada en los fallos en última o en única instancia pronunciados por los tribunales del orden judicial; y como la comisión que evacuó la resolución impugnada no es un tribunal del orden judicial, ni existe disposición expresa de la ley que así lo determine, el recurso de casación interpuesto contra
la indicada resolución resulta inadmisible.


La llegada del término como causa de rescisión en este contrato:


Según la Sentencia Civil número 02, del 29 del Agosto del 1997, dictada por la Suprema Corte de Justicia, se establece que el Decreto 4807 de 1959, que reglamenta todo lo relativo a los alquileres o arrendamientos, cuando en su artículo 3, de manera limitativa hace mención de las causas que autorizan al propietario a perseguir el desahucio del inquilino, entre dichas causas no figura la llegada del término convenido entre las partes en el contrato de alquiler; por lo que, los propietarios de casa de alquiler, solo pueden pedir la rescisión de los contratos de inquilinato en los casos limitativamente señalados en el referido artículo, visto que la finalidad perseguida por esa disposición al limitar los poderes de los propietarios, en relación con los contratos de alquiler, ha sido conjurar en parte el problema social de la vivienda en el país, facilitando y garantizando a los inquilinos que pagan el importe del arrendamiento, la estabilidad de sus contratos; que como la llegada del término no es una causa de terminación del inquilinato de las previstas en el referido texto legal, no puede ser esta una causa de rescisión de este contrato.


Verificar si dicho artículo no fue declarado inconstitucional.


Situación cuando se trata de alquileres vencidos según Decreto 4807 del año 1959, artículos 12 y 13.


Los inquilinos de casas que hubieran sido demandados en desahucios por falta de pago de alquileres, tendrán la oportunidad para cubrir al propietario la totalidad de la suma adeudada más los gastos legales hasta el monto en que deba ser conocida en audiencia, de la demanda correspondiente. En estos casos, los jueces deben sobreseer la acción, cuando comprueben que el inquilino ha puesto a disposición del propietario el total de alquileres, y los gastos adeudados, y que éste se ha negado a recibirlos. Podrá depositar el total de los alquileres y gastos adeudados al propietario, en la Oficina del Banco Agrícola correspondiente, o llevar dicha suma a la audiencia para entregarla al propietario, o a su representante legal ante el propio Juez que conozca de la demanda.



La Oferta Real de Pago seguida de consignación. Cuando el acreedor rehúsa recibir el pago, puede el deudor hacerle ofrecimientos reales; y si rehúsa el acreedor aceptarlos, consignar la suma a la cosa ofrecida. Los ofrecimientos reales seguidos en una consignación, libran al deudor, y surten respecto de él, efecto de pago, cuando se ha hecho válidamente; y la cosa consignada de ésta manera, queda bajo la responsabilidad del acreedor. El Ofrecimiento Real de Pago, seguida de la consignación es la vía prevista por la ley, a fin de

que el deudor, cuando el acreedor se niegue a aceptar el pago, pueda liberarse válidamente del mismo. El pago seguido de consignación está previsto en los artículos 1257 y siguientes del Código Civil.

TEMA 9
GARANTIAS


Una garantía es un negocio jurídico, mediante el cual, se pretende dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda. Se llaman Contratos de Garantías a los que están destinados a proteger a los acreedores contra la insolvencia de sus deudores. Los contratos de garantías son:


La Fianza.
La Prenda.
La Anticresis.
La Hipoteca.


Tipos de Garantías.


1. Garantías Legales y Convencionales: Una garantía es legal cuando la ley le crea un acreedor, sin que éste tenga que manifestar su voluntad, una situación privilegiada. Es convencional cuando resulta de la voluntad de las partes.


2. Garantías Personales y Reales: La garantía personal consiste en la intervención de un tercero, el fiador, que asegura el cumplimiento. La garantía real resulta de la afectación de ciertos bienes del deudor como seguridad del crédito.


Hipoteca es un derecho real sobre los inmuebles que están afectos al cumplimiento de una obligación, consagrada en el Código Civil, Artículos 2114 al 2120. Garantía legal unas veces, y convencional otras. Es la afectación de un inmueble al pago de un crédito, sin que el propietario de ese inmueble se haya desprendido de él. La hipoteca no es oponible a terceros si no se ha efectuado una publicidad, (inscripción de hipoteca).


Anticresis. Es un contrato real que no se realiza sino por el desposeimiento del deudor y la entrega del inmueble al acreedor. El constituyente debe ser propietario del inmueble o titular de un derecho real sobre ese inmueble. El derecho del anticresista es un derecho real inmobiliario susceptible de posesión.


La anticresis se extingue por vía accesoria cuando el crédito garantizado desaparece, sobre todo por el pago. Se extingue por vía principal cuando el anticresista renuncia a su derecho o restituye el inmueble al constituyente, o es privado del mismo por abuso del goce.


La Fianza. Es el compromiso accesorio, a la obligación principal asumida por un tercero, de que en caso de que el deudor principal no pague, ese tercero va a pagar. Por su fuente se encuentra entre las “garantías personales”. El Artículo 2011 del Código Civil., establece que el que presta fianza por una obligación, se obliga respecto al acreedor a cumplir la misma, si no lo hiciese el deudor.

La fianza es la garantía por la cual una persona llamada (fiador), se compromete ante el acreedor de otra o (deudor fiado), a responder por el cumplimiento de las obligaciones del fiado. En el contrato de fianza se evidencian tres personajes: acreedor, deudor principal y fiador: Pero sólo intervienen en el contrato dos partes, el contrato sólo existe entre acreedor y fiador, no tomándose en cuenta al deudor para los efectos del mismo.


Efectos de la fianza.


1) Los efectos entre el fiador y el acreedor, entre ellos tenemos:


El acreedor no podrá demandar al fiador, sin haberse hecho previamente la excusión de los bienes del deudor, salvo en los siguientes casos:


-Cuando el fiador haya renunciado expresamente a ella.
-Cuando se haya obligado solidariamente con el deudor o como principal pagador.
-En el caso de haber quebrado, o de haber hecho cesión de bienes el deudor.


Siendo varios los fiadores de un mismo deudor, y por una misma deuda, cada uno de ellos responderá de toda la deuda.


o Entre el fiador y el deudor: el contrato de fianza se celebra entre fiador y acreedor. Si el deudor principal cumple con su obligación, la fianza es como si nunca hubiese existido. Si por el contrario, no cumple, le corresponde entonces pagar al fiador, lo que le da recurso en contra del deudor, aun cuando éste no haya tenido conocimiento de la fianza otorgada.


La extinción de la fianza. Según el Artículo 2034 del Código Civil., la obligación que resulta de la fianza, se extingue por las mismas causas que las demás obligaciones (ver Artículo 1234 del Código Civil.).


El fiador puede ser:


Fiador Legal: Siempre que una persona esté obligado por una ley a prestar fianza;


Fiador Judicial: Siempre que una persona esté obligado por una sentencia o decisión judicial.



La Prenda. Este tipo de contrato está previsto en los artículos 2073 al 2084 del Código Civil. La Prenda es un Derecho real de garantía, consistente en la transmisión de la posesión de la cosa al acreedor o un tercero, para garantizar el cumplimiento de una obligación. El contrato de prenda hace que surja un derecho real a favor del acreedor prendario y crea obligaciones.


Es un contrato accesorio que supone la existencia de un crédito válido y es un contrato sinalagmático imperfecto.

Características:


Es convencional.
Es especial: se debe mencionar el importe del crédito y una designación detallada de la cosa
Es un Derecho real; se tiene sobre la cosa sin respecto a determinada persona.
Es un Derecho mueble; se ejerce sobre bienes muebles y sobre deudas activas
Es Indivisible.


Tipos de prenda desde el punto de vista del Código Civil, Código de Comercio y la Ley
20-00 sobre Propiedad Industrial.


Desde el punto de vista del Código Civil tenemos:


o  Prenda Ordinaria: El concepto de prenda como garantía real de un crédito.


o  Prenda Irregular: Se conoce como prenda irregular, a un subtipo de garantía real pignoraticia en el cual el bien que se entrega, para que sirva de garantía de las obligaciones es el dinero. A menudo recibe también el nombre de fianza monetaria.


o  Prenda sin Desplazamiento: En donde el poseedor del bien mueble no es el titular del derecho. En esos casos, para salvaguardar los derechos de terceras personas, es necesaria la inscripción en un registro público.


Desde el punto de vista del Código de Comercio. La prenda constituida, bien por un comerciante, bien por un individuo no comerciante, para afianzar un acto de comercio se acredita, tanto respecto de terceras personas como respecto de las partes contratantes.


La prenda, respecto de los valores negociables, puede también constituirse por un endoso regular, indicando que los valores han sido entregados en garantía.


Respecto de las acciones, de las partes de interés y de las obligaciones nominativas de las compañías de créditos públicos, industriales, comerciales o civiles, cuya transmisión se efectúa por un traspaso en los registros de la compañía.


La prenda puede asimismo constituirse por un traspaso a título de garantía, inscrito dichos registros.


Desde el punto de vista de la Ley 20-00 sobre Propiedad Industrial.


Artículo 137 Una patente de invención o de modelo de utilidad, un registro de diseño industrial y un registro de marca podrán ser otorgados como garantía de una obligación asumida por su titular, y podrán ser objeto de embargo, o de otras restricciones de dominio. Tales derechos y medidas deberán inscribirse en favor del acreedor en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, sin lo cual no surtirán efecto legal. Tales inscripciones se dejarán sin efecto cuando

la parte interesada lo solicitare a la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial; a tal fin acompañará la solicitud con los documentos que evidencien la extinción de la obligación, o el levantamiento de la medida de embargo, u otra que se hubiese inscrito. La ejecución de la garantía,  embargo  u  otra  medida  inscrita,  se  llevará  a  cabo  de  conformidad  con  las
disposiciones aplicables del derecho común.


Tipos de  prenda  desde  el  punto  de  vista  de la  Ley 6186 de 1963 sobre Fomento
Agrícola


La Ley 6186 de 1963, crea dos tipos de contratos de prenda particulares:


Contrato de préstamo con prenda universal, en el cual el crédito, que si bien es principio solo puede ser otorgado a agricultores, ganaderos y pescadores, conforme se desprende del artículo 170 de la referida ley, puede, no obstante, ser hecho por otros productores y comerciantes, está garantizado con un conjunto de bienes y derechos que a tales fines se constituyan en unidad de producción. Lo que implica que dicho conjunto de bienes individuales será bloqueado, existiendo la imposibilidad de segregarlos durante la vigencia del contrato.



Contrato   de   prenda   sin   desapoderamiento: este contrato recae sobre un bien individualizado, conservando el deudor, la posesión de los bienes dados en prenda, cuidadosamente y gratuitamente, y el derecho de usarlos conforme su destino, cuando se trate de bienes consumibles.


“se denominará prenda sin desapoderamiento la garantía otorgada al amparo de la presente ley,  sobre frutos cosechados o  por  cosechar, materias primas, productos elaborados o semielaborados, animales, vehículos, equipos, maquinarias, combustibles, instrumentos, utensilios, herramientas, materiales u otros bienes mobiliarios, para garantizar las obligaciones que se contraigan por préstamos, créditos, fianzas y demás operaciones de crédito, conservando el deudor la posesión de los bienes dados en prenda, cuidadosa y gratuitamente, y el derecho de usarlos conforme a su destino, cuando se trate de bienes consumibles. Esta garantía puede ser otorgada o recibida por cualquier persona natural o jurídica”.


Para la suscripción del Contrato de Prenda Sin Desapoderamiento: Contratos por ante el J. Paz (o Notario Público); Debe contener las generales del acreedor y el deudor; Descripción de bienes bajo juramento; Valor del bien; Monto del préstamo; Vencimiento; Indicación de seguro; Condiciones de pago. Este contrato se inscribe por ante el Juzgado de Paz del domicilio del deudor. El plazo para la inscripción es de 15 días. Se inscriben también las prórrogas de dichos contratos.



Tipos de prendas desde el punto de vista de la ley 65-00 sobre derecho de autor

Articulo 19.- Los autores de obras científicas, literarias o artísticas y sus causahabientes, tienen la libre disposición de su obra a título gratuito u oneroso...


Articulo 78.- El autor podrá enajenar el ejemplar original de su obra pictórica, escultórica o de artes figurativas en general. En este caso se considerará, salvo estipulación en contrario, que no ha concedido a1 adquiriente el derecho de reproducirlo, el cual seguirá siendo del autor o de sus causahabientes.

TEMA 10
PRESTAMO, FIANZA y DEPÓSITO


Contrato de Préstamo. Es un contrato por el cual una persona, el prestador, entrega a otra, el prestatario, para que se sirva de ella, ya sea a título gratuito una cosa no fungible, ya sea a título gratuito u oneroso una cosa consumible y fungible. Es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa y unilateral porque sólo se producen obligaciones para una de las partes.


En cuanto a las clases de préstamo, éste puede ser mercantil, civil o administrativo, según la ley aplicable. Pero la clasificación más importante derivada del Código Civil es la que distingue entre préstamo de uso o comodato, y préstamo de consumo o mutuo.


Préstamo de uso o comodato: Es un contrato mediante el cual una persona, el prestador, le entrega a otra, el prestatario, para que se sirva de ella, ya sea a título gratuito una cosa no fungible, que deberá ser devuelta.


Préstamo de consumo o mutuo: Es un contrato por el cual, una persona, el mutuario, se obliga a devolver a otra, el mutuante, una cosa semejante a la cosa consumible y fungible que se le haya entregado para su uso.


El Contrato de Fianza es una garantía personal, que se constituye asumiendo un tercero, el compromiso de responder, del cumplimiento de una obligación si no la cumple el deudor principal. Se trata de un contrato accesorio de otro principal. La Fianza no puede concebirse aisladamente, sino condicionada por la existencia de una obligación que delimite el contenido de la misma garantía.


La fianza puede ser:


Convencional, cuando el acreedor le pide al deudor que le procure un fiador.
Legal, cuando la ley exige la existencia de un fiador.
Judicial, una resolución judicial obliga al deudor a procurarle un fiador al acreedor.


La fianza puede extinguirse por:


1.  Vía Accesoria, la fianza desaparece con la obligación principal.


2.  Vía Principal, cuando el fiador paga la deuda, o por la remisión de deuda que le hubiere consentido el acreedor, por la compensación, o la confusión de derechos surgidas en la persona del fiador.


El Depósito (Artículo 1915-1927 Código Civil), es el contrato por el cual una persona, el depositario, se obliga para con la otra, el depositante, que le ha confiado una cosa mobiliaria corporal, a conservarla y a restituirla cuando esta última quiera. Se ha definido el depósito

como el acto o contrato por el cual uno recibe la cosa ajena con la obligación de guardarla y de restituirla.


Es un contrato real, ya que sólo se perfecciona por la entrega de la cosa., es unilateral, puede ser civil o mercantil, judicial y extrajudicial. Hay dos especies de depósitos:


El Depósito propiamente dicho.
El Secuestro.


El Depósito propiamente dicho es esencialmente gratuito. No puede recaer sino sobre cosas mobiliarias. Debe ser hecho por escrito cuando envuelva valor superior a 30 pesos, en cuyo caso no se admite la prueba por testigos. Sólo puede tener lugar entre capaces de contratar. Puede ser voluntario o necesario.


El Secuestro (Artículo 1955-1963 Código Civil) es poner una cosa litigiosa en manos de un tercero, hasta la solución del conflicto. Puede ser convencional o judicial. Puede recaer sobre muebles e inmuebles. Puede ser oneroso. El depositario debe cuidar la cosa como un buen padre de familia y presentarla cuando le sea válidamente requerida.


Obligaciones del Depositario:
1. Poner su cuidado en la cosa: Obligación de medios.
2. Restituir la cosa en el estado en que se encuentre en su poder al extinguirse el contrato: Obligación determinada.


Obligaciones del Depositante:
En el momento de la perfección del contrato de depósito no se origina ninguna obligación a cargo del depositante, salvo que el depósito sea retribuido, en cuyo caso el depositante tiene la obligación de pagar la remuneración convenida.


En el curso del cumplimiento el contrato de depósito retribuido, origina varias obligaciones con cargo al depositante:
Reembolsar los gastos hechos por el depositario, y
Reparar el perjuicio causado por la cosa del depositario.


El Contrato de Depósito en los Almacenes Generales de Depósito regulados por la Ley
6186 de 1963.


Es aquel contrato por el cual una persona denominada depositante, entrega a otra denominada depositario, determinados bienes muebles para su conservación, cuidado y custodia, a cambio de una remuneración que será establecida en común acuerdo entre ellas. Las operaciones de estos almacenes están sometidas a la supervisión del Ministerio de Industria y Comercio.


Este contrato es muy usual cuando se trata de exportación e importación de bienes, como también, para la conservación de bienes importados que entran en la categoría de mercancía

en tránsito o de internación temporal en el país, criterio bajo el cual funcionan, por ejemplo, las empresas industriales de zona franca.


Sin embargo, el contrato de almacenes generales de depósito, no es privativo del comercio internacional, sino que también se verifica en las actividades del comercio local.



El contrato de depósito en los almacenes Fiscales de Depósito.


Los almacenes de depósito fiscales están bajo la supervisión y autorización para la instalación de la Dirección General de Aduanas.


Este tipo de establecimiento permite el ingreso temporal de mercancías en el país, sin que el importador tenga la obligación de pagar los aforos o impuestos aduanales, cuando dicha mercancía han de reembarcar hacia otro destino, como también permitiendo la internación de los bienes importados con destino al territorio nacional, que siendo sujeto de impuestos de importación, no se quiera dejarlos en el área de puerto o de aduana, o se desee ser conservados o depositados en dichos almacenes, hasta tanto se verifiquen las operaciones de liquidación de dichos impuestos.


El depósito de los bienes importados en estos almacenes obliga al importador de los bienes a pagar a la Dirección General de Aduanas, un 1% de su valor legal por un período de seis meses o fracción del mismo, e igual valor cuando este depósito se prorrogue por otro período similar.


Régimen de estos contratos.


En principio estos almacenes gozan del régimen de las zonas francas en cuanto y tanto permitan la introducción de mercaderías importadas, a los fines de ser depositadas en ellos, constituyen un excelente aliado de los comerciantes importadores, quienes pueden, optar por este régimen cuando no cuenten con los recursos necesarios para pagar todos los impuestos fiscales, y disfrutan así, de un plazo de gracia de seis meses, prorrogables por igual período, para poder comercializar dichos productos y con el resultado de sus ventas, pagar o saldar los impuestos o recaudar los fondos necesarios para el saldo de los impuestos fiscales de importación.


Los contratos de depósito en las instituciones bancarias, diversos tipos de depósitos.


Es aquel mediante el cual el cliente entrega al banco sumas de dinero, cuya propiedad adquiere, comprometiéndose a restituirla en la misma moneda y en la forma pactada, pagando al depositante un interés fijado por la ley o con él convenido.


Para que exista un contrato de Depósito Bancario, es necesario:


• La Entrega de los fondos que serán depositados.

• Obligación de restituir los fondos depositados.
• Derecho de disponer de los fondos confiados, en calidad de depósito de promesa por parte del banco de ofrecer un servicio de caja.
• El Depositario debe tener calidad de banquero.



En principio se trata de un contrato que crea obligaciones a cargo de ambas partes según sus modalidades, a cargo del depositante de respetar el plazo convenido para el retiro de los fondos depositados, y para el banco depositario, de abonar los intereses en proporción al tiempo que se haya mantenido los fondos, y devolver las sumas recibidas a requerimiento del propietario.


La práctica bancaria hace distinguible diversos tipos de depósitos, algunos de los cuales se asimilan más a un contrato de caja de seguridad, tales como son los casos de depósitos de alhajas y otros objetos de especial estimación, y de metales preciosos, como también el depósito de valores mobiliarios, que es denominado, conforme a las obligaciones que asume el banco o la entidad financiera, como deposito administrado.


Por lo general, en ésta modalidad el depositario asume la responsabilidad, amén de la de custodia de o los bienes, de administrar dichas propiedades, asumiendo la obligación de cobrar intereses y dividendos generales por tales títulos, el  pago de las primas, con cargo a la cuenta de los titulares, y realizar yodas las gestiones de negocio y representación del depositante.


Responsabilidades de las partes.


En nuestro ordenamiento jurídico, no cabe duda que la entidad depositaria compromete su responsabilidad civil en caso de incumplimiento de sus obligaciones, siendo aplicables en este contrato las causas eximentes de responsabilidad que contempla el Código Civil. Pero en ocasiones, se puede, y en caso de incumplimiento de las obligaciones de la entidad depositaria, perseguir la responsabilidad penal de los directivos de la entidad y llevar accesoriamente a la acción pública la acción civil.


El contrato de fianza a la luz de la Ley sobre Seguros y Fianzas.


(Ley No. 146-02) Es aquel de carácter accesorio por el cual una de  las partes (afianzador), mediante el cobro de una suma estipulada  (honorarios) se hace responsable frente a un tercero (beneficiario) por el incumplimiento de una obligación o actuación de la segunda parte (afianzado) según las condiciones previstas en el contrato suscrito entre las partes. Según esta ley, se caracteriza por ser un contrato tripartito, oneroso, de buena fe, de derecho estricto y accesorio (Artículo 40). Deberá estar redactado en español, en forma clara y de fácil comprensión (Artículo 41).


Los contratos de fianzas garantizan al acreedor o beneficiario el cumplimiento por parte del deudor o afianzado, de las obligaciones asumidas que se describen en dicho contrato, o el

pago por el asegurador o afianzador, de una suma equivalente a los perjuicios que cause el no cumplimiento, hasta el límite convenido en dicha fianza (Artículo 63).


El contrato de préstamo de cosas.


Hay dos clases de préstamos. El de las cosas que se pueden usar sin destruirlas; y el de las cosas que se consumen por el uso.

La primera especie se llama préstamo a uso o comodato. La segunda se llama préstamo de consumo o simplemente préstamo.


El préstamo a uso o comodato: es un contrato, por el cual una de las partes entrega una cosa a otro para servirse de ella, con la obligación en el que la toma de devolverla después de haberla usado. Este préstamo es esencialmente gratuito. El prestador conserva la propiedad de la cosa prestada. Todo lo que está en el comercio y que no se consume por el uso, puede ser objeto de este convenio. Los compromisos que resultan del comodato, se transmiten a los herederos del que presta y a los del que recibió el préstamo. Pero si no se hubiere prestado sino en consideración, y personalmente al que toma el préstamo, sus herederos no pueden continuar disfrutando la cosa prestada.




El préstamo de consumo: es un contrato, por el cual una de las partes entrega a otra cierta cantidad de cosas que se consumen por el uso, quedando obligada esta última a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Por efecto de éste préstamo, se convierte el que la tomó prestada en dueño de la misma; y es de su cuenta si perece, en cualquier forma que la pérdida ocurra. No se puede dar, a título de préstamo de consumo, cosas que, aunque de la misma especie, difieren en el individuo, como los animales: éste es entonces un préstamo a uso.

TEMA 11.
LOS CUASICONTRATOS.


Subero Isa define los cuasicontratos como lo hechos puramente voluntarios del hombre, de los cuales resulta un compromiso cualquiera respecto a un tercero, y algunas veces un compromiso recíproco por ambas partes. Constituyen una fuente autónoma de obligaciones,
porque la obligación que ellos crean nace fuera de la voluntad de los obligados, y sin que ellos hayan cometido una falta que comprometa su responsabilidad civ

Clasificación.


En nuestro derecho, existen tres categorías de cuasicontratos:


La gestión de negocios ajenos.


El pago de lo indebido.


El enriquecimiento sin causa.


La Gestión de Negocios Ajenos. Es la acción de una persona, que espontáneamente y sin mandato, realiza uno o varios actos concernientes al patrimonio de un tercero. Se encuentra prevista en los artículos 1372 al 1375 el Código Civil.


Requisitos
1.  Ausencia de consentimiento de dueño del negocio.
2.  Intención de obrar por otro.
3.  Utilidad de la Gestión.


Nuestra Suprema Corte de Justicia señala que para la existencia de una gestión de negocios ajenos es preciso que haya una injerencia útil en los negocios de otro.


Produce obligación con cargo al dueño y con cargo al gestor.


Obligaciones del dueño:


El Artículo 1375 del Código Civil, prevé que el dueño cuyo negocio ha sido bien administrado, debe:
Cumplir con los compromisos que el gestor haya hecho en su nombre.


Indemnizarle de todos los compromisos personales que haya contraído.


Reembolsarle todos los gastos que haya hecho, siendo útiles y necesarios.

Obligaciones del Gestor:


El Artículo 1372 del Código Civil hace aplicable al gestor las obligaciones que los artículos
1991 al 1997 ponen a cargo del mandatario. Pero las obligaciones del gestor son tratadas con mayor rigor, lo cual se explica en que se considera más grave intervenir sin mandatos en asuntos ajenos, que hacerlo en virtud de un poder.


Continuar la gestión, aunque muera el dueño antes que el asunto se termine.


Emplear en la gestión todos los cuidados de un buen padre de familia.


Rendirle cuentas de su gestión al dueño del negocio.


El Pago de lo Indebido. Pagar lo indebido es realizar una prestación a la que no se esta obligado, y sin que se tenga la intención o voluntad de pagar una deuda ajena. El Pago de lo indebido constituye un cuasicontrato creador de obligaciones, porque entre el accipiens, (quien recibe el pago), y el solvens, (quien realiza el pago), se crea un vínculo de donde resulta que el accipiens se convierte en deudor del solvens, y éste en acreedor del accipiens. El pago de lo indebido se rige por las disposiciones de los Artículos 1376 al 1381 del Código Civil.


Requisitos


1.  Inexistencia de la deuda.
2.  Error del solvens.
3.  El accipiens no debe haber destruido su título.


El principal efecto que produce el pago de lo indebido consiste en la obligación que tiene el accipiens de restituir lo recibido indebidamente. En principio el solvens no tiene ninguna obligación, sin embargo, según dispone el Artículo 1381 del Código Civil, aquel a quien se le ha restituido la cosa, deba abonar, aun al poseedor de mala fe, todos los gastos útiles y necesarios que haya hecho para la conservación de ésta.


El Enriquecimiento sin Causa descansa sobre una idea fundamental basada en la equidad, nadie puede enriquecerse a expensas de otro sin causa legítima. Un patrimonio resulta acrecentado sin derecho, a expensas de una persona. Nuestro Código Civil no contiene de manera expresa ningún texto que lo consagre como fuente de obligaciones. Sin embargo, en nuestros días no se discute la existencia de este tercer cuasicontrato admitido sin ley, bajo la influencia de la equidad.


El efecto principal que produce el cuasicontrato del enriquecimiento sin causa, es que hace nacer una obligación a cargo del enriquecido, de restituirle al empobrecido en la medida de su enriquecimiento.


Denominación de la Acción a ejercer en este caso. En el enriquecimiento sin causa, resulta que una persona, el empobrecido, dispone contra el enriquecido de una acción denominada

acción in rem verso. El empobrecido, se convierte en acreedor del enriquecido convertido en deudor.


La acción de in rem verso es una locución latina que traducida al español significa "Acción de Reembolso", conocida por algunas legislaciones como "Acción de Restitución", pero no se trata de restituir una propiedad o un inmueble, hace referencia al enriquecimiento ilícito, o más
bien sin causa, de carácter líquido.


Postura Jurisprudenci . La Jurisprudencia aceptó esta figura jurídica en virtud del principio de que nadie puede enriquecerse a expensas de otro. La Suprema Corte de Justicia en 1966 en su BJ 665 p. 555, dice que es necesario en la transacción la transmisión de un valor físico
que sale de un patrimonio y entra a otro:


Que el empobrecimiento sufrido no debe ser consecuencia de un interés personal del empobrecido.


El enriquecimiento no puede tener una causa justa.


El empobrecido no puede disponer de ninguna otra acción diferente dada por el legislador.





La Responsabilidad Civil Contractual es aquella que resulta del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato, por ejemplo el vendedor que se niega a entregar la cosa vendida, y se encuentra consagrada por los Artículos 1146 y siguientes del Código Civil.


Elementos constitutivos. Cualquiera que sea la naturaleza de la responsabilidad frente a la cual nos encontremos, cualquiera que sea su origen, esta en principio y de forma tradicional, debe estar constituida de tres elementos esenciales:


La Falta
El Perjuicio; y
La relación causa efecto


La Falta. Para Planiol, la falt es la violación de una obligación preexistente, hay falta desde el momento que una persona sujeta a una obligación, no la cumple. Jorge Subero Isa, en su obra “Tratado Practico de Responsabilidad Civil”, expresa que la idea de falta denota una
actuación contra el derecho de otro, derecho que puede resultar ya sea de un contrato, ya sea
de ley, ya sea de los principios de justicia.


El Perjuicio. Todas las acciones en responsabilidad suponen independientemente de un derecho lesionado, una condición especial, el perjuicio, si no hay perjuicio, no hay responsabilidad civil. La inejecución del contrato, no puede, por si sola, dar derecho a daños y perjuicios, es necesario que cause un daño al acreedor. El Artículo 1149 del Código Civil establece que para que el perjuicio exista, debe estar constituido de dos elementos:


1.  Las pérdidas sufridas (damnun emergens).
2.  Las ganancias dejadas de percibir (lucrum cesans).


La relación Causa efecto. Para que se configure la responsabilidad civil, es preciso que el daño sea consecuencia de la falta. Esto en virtud de que el autor no tiene que reparar, sino los perjuicios que sean la consecuencia exclusiva de su falta. Para que la responsabilidad sea contractual el daño debe ser la consecuencia del incumplimiento de una obligación nacida de un contrato.


Validez de Exoneración de Responsabilidad. Por la cláusula de no responsabilidad, el autor de la falta descarta la responsabilidad, y por tanto la obligación de reparar. La obligación contractual ha nacido de la voluntad de los contratantes, estos habrían podido no darle nacimiento, entonces están en la libertad para convenir que si el deudor no cumple con la obligación, no estará sujeto a resarcir el daño causado por el incumplimiento. La cláusula de exoneración de responsabilidad no hace desaparecer la obligación, la cual subsiste, pero si no cumple, no debe reparar el daño que le causa al acreedor. En presencia de una cláusula

de exoneración o de limitación de responsabilidad el juez debe respetar la voluntad de las partes contratantes.


Cláusula de Limitación de Responsabilidad. Cláusula Penal. Mediante la cláusula de limitación de responsabilidad, se conviene de antemano que no se responderá mas allá de cierto límite, sino de una suma determinada – cláusula de responsabilidad atenuada- o que no se responderá después de cierto plazo –cláusula de responsabilidad abreviada-. También se pude fijar de antemano el monto de una indemnización, esta es la cláusula penal, que desempeñara el papel de una cláusula de responsabilidad atenuada, si la suma fijada es inferior al perjuicio causado, y, en el caso contrario, tendrá por efecto agravar la responsabilidad. La Cláusula Penal, es aquella por la cual, las partes fijan de antemano la
suma que tendrá que pagar el deudor si no ejecuta su obligación, o si la ejecuta tardíamente.


Reglamentación. Papel del Juez. Artículos 1226 a 1231 del Código Civil.  Según lo planteado en los artículos 1226 y siguientes del Código Civil, la cláusula penal, es aquella por la cual una persona, para asegurar la ejecución de un convenio, se obliga ,a alguna cosa en caso de faltar a su cumplimiento. No puede pedir a la vez el principal y la pena, a menos que ésta se haya estipulado por el simple retardo. La nulidad de la obligación principal, lleva consigo la de la cláusula penal. La nulidad de ésta no implica de ningún modo la de la obligación principal. La cláusula penal es la compensación de los daños y perjuicios, que el acreedor experimenta por la falta de ejecución de la obligación principal. La pena puede
modificarse por el Juez, cuando la obligación principal ha sido ejecutada en parte.


Situación en Francia. Pizarro y Vallespinos reconocen en los antecedentes históricos de este instituto la siguiente línea evolutiva:


En una 1ra. Etapa como pena privada y con una función limitadamente resarcitoria en el derecho romano y en el antiguo derecho hispánico,


En un 2do. Estadio principalmente como cláusula de evaluación convencional anticipada de los daños y con función limitadamente punitiva en el antiguo derecho francés, y Finalmente, como una institución mixta que participa igualmente de los caracteres punitorios y resarcitorios, en el Código Civil Francés y en la mayor parte de las legislaciones de nuestro
tiempo.


Reglamentación, Doctrina jurisprudencial respecto a estas cláusulas de responsabilidad limitada y las cláusulas penales.





Ley 358-05 sobre protección a los consumidores y usuarios. Situación particular.

TEMA 13.
RESPONSABILIDAD CUASI-DELICTUAL.


Se produce Responsabilidad Cuasi-Delictual, cuando la acción en responsabilidad civil nace a consecuencia de un cuasidelito civil (daño ocasionado sin intención de causarlo). La responsabilidad cuasi-delictual consagrada fundamentalmente por los Artículos 1382, 1383,
1384, 1385 y 1386 del Código Civil constituyen el derecho común de nuestra responsabilidad civil. Estos artículos reglamentan:


La responsabilidad por el hecho personal (1382-1383);
La responsabilidad por el hecho de otro (1384 Párr. 2, 3 y 4);
La responsabilidad por el hecho de las cosas inanimadas;
La responsabilidad por el hecho de los animales (Artículo1385) y.
La responsabilidad por la ruina de los edificios.


Elementos Constitutivos.


Una falta imputable al demandado.
Un perjuicio ocasionado al que reclama la reparación.
Una relación de causalidad entre el daño y la falta.


Responsabilidad por el Hecho de Otro. Esta responsabilidad tiene un carácter excepcional, pues el principio es que cada cual responde por su propio hecho. Supone que una persona que no ha sido autora de un daño, y que se llama persona civilmente responsable, esta obligada a reparar el daño causado por otra persona.


Según el artículo 1384 del Código Civil, no solamente es uno responsable del daño que causa un hecho suyo, sino también del que se causa por hechos de las personas de quienes se debe responder, o de las cosas que están bajo su cuidado, en ese orden:


Responsabilidad de los Padres. Los padres son responsables de los daños causados por sus hijos menores que vivan con ellos. Esta responsabilidad se fundamenta en la falta de vigilancia imputada a los padres.
Responsabilidad de los amos y comitentes. Los amos y comitentes, lo son del daño causado por sus criados u apoderados en las funciones en que estén empleados.
Responsabilidad de los maestros y artesanos. Los maestros y artesanos lo son del causado por sus alumnos y aprendices, durante el tiempo que están bajo su vigilancia.


Todos los casos de responsabilidad civil derivados del hecho de otro, se encuentran sujetos a las siguientes reglas.


Es preciso que exista una responsabilidad por el hecho personal de la persona, por quien responda el civilmente responsable.

La víctima se beneficia de un derecho de opción que le permite, ya sea demandar al autor personal de los daños, por su hecho personal, o ya sea demandar a la persona civilmente responsable.


Responsabilidad por el Hecho de la Cosa. El Artículo 1384 párrafo primero. de nuestro Código Civil, consagra una responsabilidad civil a cargo del guardián de la cosa inanimada, consistente en la obligación que tenemos de reparar un daño que ha sido causado por una cosa inanimada bajo nuestra guarda.


La Suprema Corte de Justicia ha señalado: “Que la responsabilidad civil que pesa sobre el guardián de la cosa inanimada que ha causado un daño a otro, tiene como fundamento la falta en la guarda; que esta falta, que supone negligencia o una imprudencia a cargo del guardián, constituye un cuasidelito civil” (Ver Pág.2272, B. J. 532, S. C. J).


La presunción de responsabilidad no se destruye, aunque el guardián de la cosa pruebe que no ha cometido ninguna falta. El guardián de la cosa es responsable, ya sea cuando la cosa este directamente bajo su guarda, o cuando esté en manos de un empleado de él. La acción civil derivada del hecho de las cosas inanimadas no puede ser ejercida accesoriamente a la acción pública.


Plazos para ejercer la Acción. El contenido del Artículo 2271 del Código Civil establece que la acción Cuasi delictual prescribe en el término de 6 meses, y lo mismo ocurre con la acción en responsabilidad civil contra el guardián de la cosa inanimada, en tal sentido, el Dr. Jorge A. Subero Isa expresa en su obra Tratado Práctico de Responsabilidad Civil, que: “La acción dirigida contra el guardián de la cosa inanimada de conformidad con el Artículo1384 párrafo. primero. del Código Civil, se considera que nace de un cuasidelito civil y prescribe al término de 6 meses”.


Responsabilidad solidaria.


Las obligaciones solidarias, son las obligaciones de sujeto plural, en las cuales, por voluntad de las partes o de la ley, y con prescindencia de la naturaleza divisible o indivisible de su objeto, cualquiera de los acreedores puede exigir a cualquiera de los deudores el cumplimiento de la totalidad de la prestación.


cada deudor debe la misma prestación, en las obligaciones in solidum se adeuda idénticas prestaciones. No obstante, se le reconocen efectos comunes a la obligación solidaria: el acreedor puede reclamar la prestación íntegramente a cualquiera de los deudores, y el pago realizado por uno de ellos libera a todos.


La solidaridad puede darse en el grupo acreedor, (solidaridad activa), o en el grupo deudor
(solidaridad pasiva), Cuando ocurre en ambos grupos se llama solidaridad mixta.

Responsabilidad in solidum, diferencias.


También denominada obligaciones conexas, indistintas o concurrentes, son obligaciones plurales que se caracterizan, por la existencia de varios sujetos que aparecen obligados con respecto a un mismo acreedor, por una misma prestación, pero en virtud de distintas causas jurídicas, de forma tal que las diversas deudas son autónomas entre sí, pese a existir entre ellas la conexión resultante de estar referidas a idéntico objeto.


La idea de obligación in solidum se basa en que en determinados casos de pluralidad de deudores, aunque cada uno de ellos responda por entero, su responsabilidad es autónoma de la de los otros, ya que el vínculo del que la misma deriva es un vínculo independiente, que ha nacido por sí solo, (parte, pues, del principio de equivalencia de causas, -todos aquellos que han participado en el hecho dañoso deben ser considerados autores del hecho-).


Las obligaciones conexas, indistintas o concurrentes nacen por la fuerza misma de las cosas, de la necesidad de las circunstancias que rodean su nacimiento. Excepcionalmente, son creadas por la ley.



Nos encontramos con que, en varios supuestos, resultan responsables frente a la víctima dos o más sujetos por la totalidad del daño causado, pero sin reunir la calidad de coautores. Este es el caso de las llamadas obligaciones concurrentes, indistintas, conexas o in solidum, definidas como aquellas que  presentan  unidad  de  objeto, unidad  de  acreedor, aunque distintos deudores que resultan obligados en base a distintas causas del deber. Se ha dicho que estas obligaciones presentan una gran similitud con las obligaciones solidarias, dada fundamentalmente por la razón de que la indemnización puede ser reclamada en su totalidad contra cualquiera de los obligados.


Se parecen a las obligaciones solidarias en que el acreedor puede reclamar el todo a cualquiera de los deudores y, obviamente, una vez que la prestación debida ha sido satisfecha íntegramente por cualquiera de los obligados (pago), el acreedor queda totalmente desinteresado, cesando su derecho para pretender otro tanto de los demás  deudores. Sin embargo, se diferencian por diversas razones:



  La obligación solidaria es "única", no obstante presentar pluralidad de deudores con relación a un mismo objeto. Las obligaciones concurrentes, por el contrario, son varias, conectadas entre sí por el hecho de concurrir con respecto a un mismo objeto y acreedor.


La obligación solidaria reconoce una causa fuente única. Todos los sujetos deudores en forma solidaria son llamados a reparar en virtud de una misma fuente: el contrato o el acto ilícito. Las obligaciones concurrentes, en cambio, reconocen diversidad de causas, generándose tantas obligaciones como deudores con causas diversas existan. En otras palabras, la razón por la que los diferentes deudores concurrentes son llamados a

reparar es diversa. Esto último incide fundamentalmente en el ejercicio de las eventuales acciones regresivas a que estas obligaciones puedan dar lugar.


Como se vio, las solidarias nacen de la ley o de la convención; las concurrentes o conexas de la propia naturaleza de la obligación;
Las solidarias reconocen una misma causa; las indistintas o concurrentes diferentes causas del responder.
Los vínculos jurídicos existentes entre los deudores solidarios con cada acreedor se
presentan interconectados, por lo que existiría un fenómeno similar a la representación;
en virtud del cual lo que perjudique o beneficie a uno de los deudores con respecto al acreedor común, se extiende a los demás;
Las relaciones internas de los deudores conexos y el deber de contribución dependen de quién es el sujeto que pagó al acreedor.


Sistema de Pruebas. La cosa inanimada que produce el daño, puede estar movida por la fuerza de la naturaleza, o por la acción del hombre. Es una presunción que sólo puede destruirse probando el caso fortuito o de fuerza mayor, la falta de la víctima, o el hecho de un tercero.



La Prescripción, es un medio de adquirir o de extinguir una obligación, por el transcurso de cierto tiempo, y bajo las condiciones que determina la ley. Es un medio de liberación que puede invocarse en cualquier estado de causa, y por todo aquel que tenga interés en ello. Es un modo de extinción de las obligaciones que no opera de pleno derecho, debe ser puesta por el deudor. En materia de obligaciones, la prescripción empieza a contarse desde el día en que la obligación se haga exigible. Por consiguiente no opera antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición. La prescripción puede suspenderse o interrumpirse.


Clases
Prescripción adquisitiva.
Prescripción Extintiva.


La Prescripción Extintiva o liberatoria, es un medio de liberación o de extinción de las obligaciones, y resulta del no uso durante cierto tiempo, de derechos o acciones. Solo el Derecho Real de propiedad es perpetuo, no desaparece por el no uso. Los derechos personales u obligaciones se extinguen por prescripción.


La prescripción extintiva se realiza en plazos muy variables, en principio se fija en 20 años para todas las acciones reales o personales, pero nuestro Código Civil contempla prescripciones más breves, como son:


10 años cuando las acciones se apliquen a terrenos comuneros objeto de saneamiento catastral.
5  años  para  las  obligaciones  entre  comerciantes,  si  ellas  no  son  sometidas  a prescripciones especiales más cortas (Artículo 189 Código de Comercio).
2 años para las acciones en responsabilidad civil contractual, y 3 años por lo que se llevan con motivo de litis sobre rentas o pensiones.
1 año para las acciones de los alguaciles en cobro de honorarios.
6 meses para las acreencias de hoteleros y restaurantes respectos a sus clientes.


La Prescripción Adquisitiva también llamada usucapión, es un modo de adquirir la propiedad de un bien. Constituye un medio de adquirir una obligación. El legislador considera que el estado aparente es conforme al derecho y consolida los derechos del poseedor, puesto que el verdadero titular permanece.


Interrupción del Plazo de la Prescripción, consiste en un acontecimiento que hace inútil el tiempo transcurrido para la prescripción, resulta de actos que implican la voluntad del acreedor de exigir el pago, o el reconocimiento inequívoco del deudor. En virtud de los efectos de la interrupción, no se toma en cuenta el tiempo anteriormente transcurrido, comenzando a correr una nueva prescripción.

Interrumpe la prescripción:
1.  La citación en conciliación.
2.  La citación judicial.
3.  El reconocimiento de deuda hecho por el deudor.
4.  La demanda hecha a uno de los deudores solidarios, la interrumpe para los demás.


Causas de Suspensión del Plazo de Prescripción. (Artículos. 2251 al 2259 Código Civil). La suspensión de la prescripción, es un acontecimiento que detiene la prescripción por determinado tiempo, pero con la posibilidad de que al terminar este, comience nuevamente a correr la prescripción, tomándose en cuenta, para su cumplimiento, el período anteriormente transcurrido.


El plazo de prescripción se suspende mientras dure la incapacidad por minoría de edad o por interdicción. Del mismo modo, se suspende la prescripción durante el matrimonio:


1o. en el caso en que la acción de la mujer no pudiera ejercerse sino después de haber optado entre la aceptación o la renuncia a la comunidad;


2o. en el caso en que el marido, habiendo vendido los bienes propios de la mujer sin su consentimiento, garantice la venta, y en los demás casos en que la acción de la mujer resulte en perjuicio del marido.


La Caducidad, es la pérdida de un Derecho o acción por no ejercerlas dentro del plazo y en las condiciones fijadas por el juez, la ley o las convenciones. Es la pérdida de un derecho o función sufrida a título de sanción. El estado del acto jurídico que un acontecimiento posterior torna ineficaz. La caducidad tiene lugar cuando la ley o los particulares señalan un término fijo para la duración de un derecho, de modo tal que una vez transcurrido ese término, el derecho no puede ser ejercitado. Ejemplos:


El Contrato de Matrimonio caduca si no se celebra el matrimonio.
Caducidad de Instancia.


Diferencia con la Prescripción. La caducidad, al igual que la prescripción, es una forma de extinción de los Derechos y de las Acciones por el transcurso del tiempo. Pero, mientras que la prescripción, fundamentada en una presunción de abandono del Derecho, es susceptible de interrupción, la caducidad produce un efecto más radical. Transcurrido el plazo establecido para el ejercicio del derecho, éste decae inexorablemente. Es rígido. No se suspende ni interrumpe. Mientras todos los Derechos son susceptibles de perderse por Prescripción, la Caducidad solo se establece para ciertos casos y efectos.

TEMA 15
LA NOCIÓN DE BIEN


Podemos definir el Bien, como toda cosa material susceptible de apropiación. Todas las cosas que pueden ser objeto de un Derecho y representar en el patrimonio de una persona, un valor apreciable en dinero.


Bienes Muebles e Inmuebles. Según el Artículo 516 de nuestro Código Civil, todos los bienes son Muebles o Inmuebles. El concepto de inmueble, evoca una cosa que no es susceptible de ser desplazada sin alterar su sustancia. Por el contrario, el concepto de mueble, corresponde a una cosa cuyo desplazamiento es posible sin ningún riesgo para su sustancia.


Los Inmuebles se dividen en 4 categorías:
Inmuebles por naturaleza.
Inmuebles por destino.
Inmuebles por el objeto al cual se aplican.
Inmuebles por determinación de la ley.


Categorías de los Muebles:
Muebles por naturaleza.
Muebles por determinación de la ley.
Muebles por anticipación.


El Derecho Real “Jus in re”. Es el Derecho que recae directamente sobre una cosa, un poder sobre esa cosa, del cual es titular una persona. Es una relación jurídica, inmediata y directa entre una persona y una cosa, esta relación implica un sujeto activo, (el titular del derecho) y un objeto, (la cosa sobre la cual recae).


Caracteres. Según MAZEAUD:


Son en número limitado.
Son oponibles a todos, tienen un carácter absoluto.
Constituye siempre un elemento activo.
Implica derecho de persecución y de preferencia.
Son únicamente creados por la ley.


Clases. La teoría clásica distingue dos categorías de derechos reales:


Los Derechos reales principales, son el Derecho de Propiedad y sus desmembraciones, como son el usufructo, uso, habitación, servidumbres reales o servicios prediales, concesiones y la enfiteusis, este último bajo ciertas condiciones.


Los Derechos reales accesorios, están constituidos por las garantías del derecho de propiedad, como son la prenda y el derecho de hipoteca.

El Derecho de Propiedad. Concepto.. La Propiedad es el derecho de gozar y disponer de las cosas de la manera más absoluta, con tal de que no se haga de las mismas un uso prohibido por las leyes y reglamentos, (Artículo 544). El derecho de propieda  dura tanto como
la cosa; está unido a ella y se transmite al propio tiempo que aquella es transmitida. Por ser este derecho perpetuo no desaparece por el no uso, y la acción reivindicatoria que lo sanciona no se extingue por la prescripción extintiva; pero el derecho de propiedad puede perderse por
causa de la adquisición de la cosa por un poseedor.


Restricciones al Derecho de Propiedad. Las restricciones al Derecho de Propiedad descansan únicamente en la ley y el orden público. Tal como la señala el artículo 545, nadie puede ser obligado a ceder su propiedad a no ser por causa de utilidad pública, previa justa indemnización pericial, o cuando haya discrepancia en la estimación por juicio de un tribunal competente.


Numerosas limitaciones se han establecido al derecho de propiedad, entre esta podemos mencionar: Ejemplos:


Limitaciones derivadas de los Derechos del estado, respecto a la propiedad privada, establecida por disposiciones de derecho público.
Limitaciones resultantes de los principios generales de derecho privado, el abuso del derecho o el ejercicio de un Derecho.
Limitaciones derivadas de la cláusula de inalienabilidad.


Acciones que protegen el Derecho de Propiedad, tanto Registrado como No Registrado. El Derecho de Propiedad se encuentra protegido por las acciones petitorias, que persiguen la protección de los Derechos Reales Principales y Accesorios. La verdadera protección de la propiedad, en el terreno meramente civil, consiste en la reivindicación, la acción en virtud de la cual una persona reclama la posesión de una cosa, de la cual se pretende propietaria. Esta acción es verdaderamente eficaz respecto a los inmuebles, debido a lo establecido por el artículo 2279, según el cual, tratándose de muebles, la posesión vale título.


La Reivindicación. a) Posesoria: La ejerce el demandado que trata de mantener un bien en su patrimonio. b) Petitoria: La ejerce el demandante cuando trata de reclamar o pedir un derecho que entiende ha sido socavado.


La Reivindicación de muebles se ejerce por el Juzgado de Paz, mientras que la Reivindicación de Inmuebles se lleva por ante el Tribunal de Primera Instancia.


Atributos y Desmembraciones del Derecho de Propiedad. El Derecho de Propiedad entraña tres atributos:


El Jus Utendi, o derecho de utilizar la cosa;
El Jus Fruendi o derecho de gozar la cosa, de percibir sus frutos;
El Jus Abutendi, o derecho de disponer de la cosa.

Estos  atributos  pueden  encontrarse  disociados  entre  varios  titulares,  la  propiedad  se encuentra entonces desmembrada, constituyen desmembraciones del derecho de propiedad:


1. El Usufructo.
2. El Derecho de Uso.
3. El Derecho de Habitación.
4. La Servidumbre.
5. La Enfiteusis, el derecho que tiene el arrendatario sobre la cosa que le ha sido arrendada, por una duración que varía de 18 a 99 años.


Modo de adquirir el Derecho de Propiedad. La propiedad de los bienes, se adquiere y transmite por:


1. Sucesión.
2. Donación entre vivos o testamentarios.
3. Por efecto de las obligaciones.
4. Por accesión o incorporación.
5. La  prescripción,  mejor  conocida  como  prescripción  adquisitiva  o  usucapión, consistente en un modo de adquirir la propiedad, por medio de una ocupación prolongada durante un plazo determinado (Artículo 2229).





La Posesión. El Artículo 2228 de nuestro Código Civil la define como, la ocupación o el goce de una cosa o de un derecho que tenemos o ejercemos por nosotros mismos, o por otro que tiene la cosa, o ejerce el derecho en nuestro nombre.


Requisitos que requiere el Derecho de Posesión. Para existir como un hecho jurídico, la posesión supone la reunión de dos elementos que se designan con los nombres, Corpus y
Animus.


El Corpus, es el elemento material, representado por el conjunto de hechos que revelan la posesión, actos materiales de uso, goce y transformación que recaen sobre la cosa, y constituyen el dominio sobre ellas.


El Animus, es el elemento psicológico, es la intención en el actor de manejarse como propietario de la cosa, o como propietario de cualquier otro derecho real sobre la misma, y no simplemente de ejercer sobre ella un dominio de hecho.


La posesión debe ser:
a)  Continua. b)  Pacífica. c)  pública e.
d)  inequívoca para producir consecuencias jurídicas.


Adquisición, Conservación y Pérdida de la Posesión.


La adquisición de la posesión supone la reunión de sus dos elementos constitutivos, el animus y el corpus. En lo relativo a su conservación, el poseedor puede defenderse, y defender su posesión por medio de procedimientos especiales: acciones posesorias, las cuales son de la competencia de los Juzgados de Paz. La posesión se pierde, en principio cuando sus dos elementos desaparecen, o con la pérdida de uno de éstos.


El Usufructo consiste en el derecho de gozar de cosas cuya propiedad pertenece a otro, como éste mismo, pero conservando la sustancia de aquellas (Artículo 578).


Naturaleza. Es un derecho real de goce, sobre una cosa perteneciente a otra persona. Puede recaer tanto sobre bienes muebles como sobre inmuebles.


Constitución y Extinción. El usufructo puede derivarse de:
La Ley, como lo es el caso del usufructo legal de los padres, previsto en el artículo 384.
La Voluntad humana, como la donación, testamento y contrato a título oneroso.

La Prescripción Adquisitiva. El usufructo puede establecerse sobre toda especie de bienes, muebles o inmuebles.


Se extingue el usufructo por:
La muerte del usufructuario.
Acabarse el tiempo para que se concedió.
El no uso del derecho en el transcurso de 20 años.
La pérdida total de la cosa en que consiste el usufructo.
El abuso que haga de él el usufructuario.


Contenido: Derechos. Los artículos 582 y siguientes del Código Civil, establecen los derechos que posee el usufructuario, estableciendo el artículo 597 que este goza en general de todos aquellos derechos de que goza el propietario, disfrutándolos como éste mismo.


Obligaciones:
1.  El usufructuario toma las cosas en el estado en que están.
2.  Dará fianza de disfrutar como buen padre de familia.
3.  Sólo está obligado a las reparaciones de conservación.
4.  El usufructuario está obligado durante el usufructo a todos los cargos.
5.  Las reparaciones son de cuenta del propietario


El Derecho Real de Servidumbre. Concepto. La servidumbre es una carga impuesta sobre una heredad, para el uso y utilidad de una finca perteneciente a otro propietario. (Artículo 637 código civil). Consiste en el derecho del propietario de una finca, predio dominante, de servirse de ciertas utilidades de la finca vecina. Es un derecho real instituido a favor de un inmueble y contra otro, perteneciente a una persona distinta.


Caracteres. Las servidumbres son:
Derechos inmuebles y accesorios.
Perpetuas como el predio mismo.
Irredimibles, no se puede liberar al inmueble de ella.
Indiscutibles, suponen el consentimiento de los propietarios de un predio.


Clases. Existen diversas clasificaciones de servidumbres, estas pueden ser:
Continuas y discontinuas;
Aparentes y no aparentes.
Urbanas y Rurales;
Positivas y Negativas.
Naturales, legales y voluntarias.


Servidumbres Reales y Personales. En la actualidad solo se conocen como servidumbres las reales que pueden ser urbanas y rurales, sea que recaigan sobre predios construidos o sin construir.

Las Reales, se establecen en beneficio del propietario del predio dominante, cualquiera que éste sea, y se transmiten junto con la propiedad del inmueble, pero concluyen si ambos predios pasan a pertenecer a la misma persona.


Las servidumbres Personales, se establecen en beneficio de persona determinada y terminan con la muerte del titular.

Constitución. Contenido. Las servidumbres tienen su origen, o en la situación de los predios, o en obligaciones impuestas por la ley, o en contrato hecho por los propietarios. Cuando se constituye una servidumbre, se reputa acordado todo cuanto sea necesario para usar de ella.


Extinción. Las servidumbres cesan cuando las cosas se ponen en tal estado que ya no puede usarse de ellas. (703 al 710 del Código Civil). Toda servidumbre se extingue:


1) Cuando el predio a que se debe y el que lo debe se unen en una misma persona.
2) Por el no uso en el espacio de 20 años y.
3) La pérdida de la cosa.


Servidumbres Legales están establecidas en los Artículos 649 y 650 del Código Civil, tienen por objeto la utilidad pública, y comunal o la utilidad de los particulares. Todo lo que se refiere a esta clase de servidumbre; está determinado por leyes o reglamentos particulares. Como Derecho de paso, pared y zanjas medianeras.

































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TEMA 17. LA FAMILIA.


La Familia. Concepto. Institución Jurídica de la familia. Es la colectividad formada por las personas que, a causa de sus vínculos de parentesco o de su calidad de cónyuges, están sometidas a la misma autoridad, la de la cabeza de familia. En el sentido preciso del término, la familia no comprende más que al marido, la mujer y aquellos hijos sujetos a autoridad.


El Código de los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Ley 136-03, define la familia como el grupo integrado por:


1.  El padre y la madre, los hijos biológicos, adoptados o de crianza fruto del matrimonio o de una unión consensual.
2.  El padre o la madre y sus hijos e hijas.
3.  Los cónyuges sin hijos e hijas
4.  Los descendientes, ascendientes hasta el 4to grado de consanguineidad (padres, hermanos, hermanas, tíos, abuelos y primos).


Familia como producto de un matrimonio. Familia como producto de una relación de hecho. Así por la unión de los sexos ya sea en virtud del matrimonio o el concubinato, se inicia la familia, a la que se agregan los hijos nacidos dentro del matrimonio o reconocidos si su nacimiento fue extramatrimonial. El Concubinato o unión de hecho, es la situación derivada de la convivencia de dos personas, hombre y mujer no unidas por matrimonio, que compartan un proyecto de vida común basada en relaciones afectivas de carácter singular, y dotadas de estabilidad y permanenc De conformidad con la disposición contenida en el Artículo 61 de la Ley 136-03, todos los hijos e hijas ya sean nacidos de una relación consensual, de un matrimonio o adoptados, gozaran de iguales derechos de calidades, incluyendo los relativos al orden sucesoral.


El Parentesco. Es la relación que existe entre dos personas de las cuales una desciende de la otra, como el hijo y el padre, el nieto y el abuelo, o que descienden de un autor común, como dos hermanos, dos primos. El parentesco adoptivo es una imitación del parentesco real.


Cálculo de los Grados de Parentesco. Para los parientes en línea recta, el cálculo es muy sencillo: hay tantos grados como generaciones haya de un pariente al otro. Para e parentesco colateral, existen dos formas de cómputo, una la es del Derecho Civil, que cuenta el número de generaciones en ambas líneas, partiendo del autor común, y que suma las dos series de grados, así dos hermanos son parientes en segundo grado, (una generación en cada rama);
un tío y su sobrino en tercer grado (dos generaciones por una rama y una en la otra); dos
primos hermanos en cuarto grado; un tío y su sobrino en el quinto. En el derecho canónico solo se cuentan las generaciones de un solo lado, cuando las dos líneas son iguales se pueden tomar indistintamente cualquiera de las dos; en caso contrario solo se toma en consideración la más grande.

Las relaciones de Derecho entre el hijo y su padre, y su madre. Los efectos del parentesco son numerosos y de naturaleza muy variada, confiere derechos y crea obligaciones, implica incapacidades.


Del parentesco se derivan Derechos, como son:


El Derecho de sucesión.
Los Derechos concedidos a los padres, sobre las personas de sus hijos, en virtud de la patria potestad.
El Derecho a obtener alimentación.


Entre las obligaciones derivadas del parentesco, podemos citar:


La obligación de criar a sus hijos, (Cuidado y Orientación, Educación, Salud, Desarrollo, Administrar sus bienes y Protección Integral).
El deber de respecto impuesto a los descendientes en relación a sus ascendientes.
El deber de ser tutor o miembro del consejo de familia, de un pariente menor o sujeto a interdicción.


El Derecho de Alimentos. Se entiende por alimento, todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción de un o de una menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto. La obligación alimentaría es el deber impuesto a una persona, de proporcionar alimentos a otra. De conformidad con la disposición contenida en el artículo 171 del Código de los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Ley 136-03, El niño, niña o adolescente tiene derecho a recibir alimentos de parte de su padre, o madre y persona responsable.


Clases. La ley establece 4 casos en los que existe deuda alimentaria:


1.  Entre esposos: está comprendida en el deber de ayuda.
2.  Entre parientes por consaguinidad: en la línea directa.
3.  A ciertos parientes por afinidad: a imitación del parentesco consanguíneo.
4.  A cargo del donatario: a favor del donante, sin reciprocidad del donatario.


Elementos personales: personas obligadas, orden de preferencia. De la clasificación antes hecha, se desprende que la obligación alimentaría recae sobre los esposos, parientes por consanguinidad y afinidad. La obligación alimentaría existe:
En línea recta entre ascendientes y descendientes hasta el infinito.
Entre el adoptante y el adoptado.
Entre padres e hijos naturales
Entre yernos, nueras y suegros.


Elementos Reales: Cuantía. La obligación alimentaría comprende todo lo que es necesario para vivir:  vestido alojamiento  y comida. En  cuanto  a  la cifra de  la pensión  que  debe

concederse, según el Artículo 208 Código Civil, depende de las necesidades del que reclama los alimentos, y de la fortuna de quien los debe. La ley permite al juez ponderar todas las circunstancias, tales como el estado de las partes, su salud, sus cargas familiares; es decir, todo lo que pueda aumentar la cifra de la pensión, a favor del acreedor o disminuirla a favor del deudor.


Exigibilidad y forma de cumplimiento. Para obtener una pensión alimenticia se requiere según el Artículo 208 la reunión de dos condiciones:


1.  El acreedor alimentario debe necesitarlas.
2.  El deudor debe estar en condiciones de proporcionar alimentos.


En principio la deuda de alimentos se paga en dinero y no en especie. El deudor de alimentos no podrá liberarse, ofreciendo al acreedor de ellos hospitalidad en su hogar y en su mesa, ni este podrá imponerle su presencia en el hogar.


Extinción de la deuda alimenticia. Se extingue por dos razones:


1. Por la muerte del acreedor.
2. Por la muerte del deudor de los alimentos.


El Concubinato o relación de Hecho. Postura Jurisprudenci .


Hemos expresado que el concubinato o unión de hecho, es la situación derivada de la convivencia de dos personas, hombre y mujer no unidas por matrimonio, que compartan un proyecto de vida común basada en relaciones afectivas de carácter singular, y dotadas de
estabilidad y permanencia. La Suprema Corte de Justicia en la sentencia de la Cámara Penal
del 17/10/2001, ha estableciendo que el concubinato debe estar revestido de las siguientes características:


a. una relación pública y notoria.
b. ausencia de formalidad legal en la unión.
c. una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad.
d. debe ser una relación monogámica.
e. que esté constituida por 2 personas de distintos sexos: hombre y mujer, sin estar casados entre sí.

TEMA 18
LA FILIACIÓN y SUS EFECTOS


La Filiación. es el vínculo jurídico establecido por el hecho del nacimiento entre el hijo y su progenitor, creador del parentesco consanguíneo. Es la relación que existe entre dos personas de las cuales, una es el padre o la madre y el otro hijo. La Filiación surte efectos jurídicos importantes que se concretan en el derecho del hijo, de llevar los apellidos de sus padres, a ser alimentado, a la herencia legítima  y a la tutela legal.


Modos de Determinación. Acciones.


A fin de establecer los medios utilizados para establecer la filiación, debemos diferenciar la filiación legitima, (cuando se produce dentro del matrimonio), y la natural y adoptiva, (cuando se produce fuera del matrimonio).


La Filiación Legitima, se fundamenta en el artículo 312 del Código Civil, presunción de paternidad sobre los hijos nacidos de los esposos, pero para que esta regla domine, se precisa de una condición indispensable: que el hijo haya sido concebido durante el matrimonio.


La Filiación Natural se establece respecto a la madre por el solo hecho del nacimiento. Respecto al padre por el reconocimiento o decisión judicial.


Acciones:


El Reconocimiento Voluntario,  es una declaración por la cual una persona declara que un niño es su hijo natural. El reconocimiento voluntario de un hijo natural, cuando no conste en el acta de nacimiento, sólo será válido cuando se haga ante un Oficial de Estado Civil de manera formal y expresa.


Acción en Desconocimiento, es el acto cuyo objeto es destruir la presunción de paternidad establecida contra el marido, en los casos en que este pueda no ser padre del hijo. Esta acción solo se admite en interés del marido.


Demanda en Reconocimiento de Filiación Natural: Cuando un hijo natural, no ha sido reconocido por sus autores, él puede, a los fines de asegurarse sus derechos alimentarios y sucesorales, intentar una acción en justicia con miras a establecer su filiación.


La Acción en Declaración de Paternidad Natural, está sometida a reglas restrictivas. En la actualidad, la paternidad se puede establecer a través de una prueba de ADN.


Filiación nacida del matrimonio. La Filiación Legitima es el lazo que une al hijo con sus padres cuando están casados, en el momento de su concepción o de su nacimiento.

Filiación nacida fuera del matrimonio. La filiación natural, es el lazo que une al hijo con su padre, con su madre, o con ambos, cuando estos no están casados entre sí en el momento de su nacimiento.


Se distinguen varias categorías de hijos naturales:
1. Hijos naturales simples.
2. Hijos incestuosos.
3. Hijos adulterinos.


Los hijos reconocidos naturales tienen los mismos derechos que los legítimos.


Filiación Adoptiva. La Filiación Adoptiva resulta de la adopción, institución jurídica de orden público e interés social, que permite crear, mediante sentencia rendida al efecto, un vínculo de filiación voluntario entre personas que no lo tienen por naturaleza. El adoptado tiene en la familia del adoptante los mismos derechos y obligaciones del hijo biológico, la adopción privilegiada es irrevocable. En nuestro Ordenamiento Jurídico, esta institución jurídica se encuentra regida por el Código de los NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Ley 136-03.


Prueba de la Filiación.


Filiación Paterna. La Filiación Paterna no es susceptible sino de prueba directa.


Filiación Materna. Ahora bien la Filiación Materna reposa sobre un hecho material: ella es establecida por el hecho del parto de la madre.


La Patria Potestad, (Artículo 371 al 387 Código Civil). Es el conjunto de derechos y facultades, que la ley concede al padre y la madre sobre la persona, y los bienes de sus hijos menores, para permitirles el cumplimiento de sus obligaciones como tales. El objeto de esta institución es el de proteger al menor, en cuanto a la seguridad, sanidad y moralidad. A este respecto los padres tienen derecho de guarda, de supervigilancia y educación.


Elementos Personales.  La titularidad de la patria potestad varía respecto de los hijos legítimos y los naturales. Respecto de los hijos legítimos, la patria potestad es atribuida al padre y a la madre conjuntamente. En cuanto a los hijos naturales, nuestro Código Civil no ha reglamento la figura de patria potestad, la cual delimitó partiendo de la existencia de un matrimonio. Sin embargo, la Ley 136-03 no establece diferencia entre los hijos legítimos y naturales.


Efectos. Cuando el menor tiene bienes, el titular de la patria potestad posee sobre éstos, derecho de administración y goce legal. En general, se puede decir, que el administrador legal tiene derecho a realizar respecto a los bienes del menor, los mismos actos conservatorios y de administración, que el menor por sí mismo podría efectuar.


Extinción. De conformidad con la disposición contenida en el Artículo 72 de la ley 136-03, La autoridad parental termina por:

a) La mayoría de edad del o la adolescente;
b) El fallecimiento del niño, niña o adolescente;
c) La emancipación del o la adolescente por vía judicial o por matrimonio;
d) La suspensión definitiva de la autoridad del padre y/o de la madre por decisión judicial.


La Autoridad Parental. Ejercicio. La Ley 136-03, en su Artículo 67 define la autoridad parental. como el conjunto de deberes y derechos que pertenecen, de modo igualitario, al padre y la madre, en relación a los hijos e hijas, que no hayan alcanzado la mayoridad de edad. Siendo esta figura asimilable a la Patria Potestad.


La Filiación Incestuosa. Es cuando el hijo es procreado por parientes en el grado que la Ley impide el matrimonio. Ej. Entre hermanos o medios hermanos, tío y sobrino.


Alcance del artículo 55 de la Constitución de la República respecto a la filiación.
El artículo 55 numeral 12 de la Constitución, compromete al Estado a fin de garantizar, mediante ley, políticas seguras y efectivas el procedimiento de adopción.


Casos de adopción.


La adopción es la institución jurídica que atribuye la condición de hijos o hijas a un adoptado, con los mismos derechos y deberes, incluyendo los sucesorales, extinguiendo los vínculos con su familia de sangre, pero prevaleciendo los impedimentos matrimoniales entre ellos. La adopción debe considerarse sólo para casos excepcionales.


La adopción simple, procede a favor de los niños y niñas y adolescentes menores de quince años, o cumplidos estos en el momento de la solicitud, permitiéndose la adopción del mayor de quince, cuando el adoptante le haya tenido bajo su cuidado, antes de cumplir esta edad.


Otro requisito general en los tres tipos de adopciones es la diferencia de edad que debe existir entre adoptantes y los hijos y las hijas a adoptar, la diferencia de edad no debe ser menor de quince años, lo que es compatible con las relaciones de paternidad y maternidad. Este requisito tendrá sus excepciones cuando la adopción se haga a favor del hijo menor o hija del otro cónyuge.

La institución de la adopción, otorga al padre y a la madre los derechos y las obligaciones que concede la filiación legítima. Por igual el hijo y la hija adquieren los derechos que confiere la filiación legítima.



BUSCAR LOS TRES TIPOS DE ADOPCIONES

TEMA 19 LA TUTELA
La Tutela, es una institución que tiene por finalidad la protección de los menores de edad, no sometidos a la patria potestad ni emancipados, y de aquellas personas incapacitadas de regirse por sí mismas, tanto personal como patrimonialmente. El menor, llamado pupilo, se encuentra bajo el régimen de la tutela cuando no tiene padre, ni madre, o cuando la guarda del menor es confiada a un tercero.


Sistemas. Podemos resaltar diferentes sistemas de tutela, a saber:


a. De la Tutela de los Padres.


b. De la tutela conferida por el padre o la madre: Que es el derecho conferido al padre o la madre sobreviviente de nombrar un tutor, pariente o extraño, quien no está obligado a aceptar la tutela.

c. De la tutela de los ascendientes: Cuando el cónyuge  superviviente, no  hubiere nombrado tutor al menor, la tutela pertenece de Derecho al abuelo paterno; a falta de ésta al materno, y así subiendo en las líneas directas.

d. De  la  tutela  conferida  por  el  Consejo  de  Familia:  Cuando  un  hijo  menor  no emancipado, quede huérfano, y carezca de tutor elegido por sus padres, ni tenga ascendientes varones, se proveerá por el Consejo de Familia al nombramiento del tutor.


Personas sujetas. Los menores de edad no sometidos a la patria potestad o autoridad parental ni emancipados, o aquellos huérfanos de uno o de ambos padres, y los mayores de edad incapaces de administrar sus bienes,  (curatela).


Constitución. Está compuesto por el tutor, el tutor subrogado, (que es aquel designado por el Consejo de Familia, con la misión de controlar la gestión del tutor, y de reemplazarlo en caso de caducidad); el menor y el Consejo de Familia.


Ejercicio de la tutela. Esta institución está encargada de velar por las necesidades del menor; de representarlo en los actos jurídicos a los cuales concurre. Como administrador de los bienes de otro, el tutor debe rendir cuentas, hacer inventario de los bienes que tiene a su cargo, depositar los fondos en una cuenta bancaria a nombre del menor, haciendo mención de su minoridad, y rendir cuenta al término de su gestión. Puede ejecutar los actos conservatorios sin autorización del Consejo de Familia; los actos más graves, los de disposición, no podría ejecutarlos en nombre del menor, sin el consentimiento del Consejo de Familia.


Responsabilidad. Existen tres tipos de responsabilidades, según el (Artículo 450 Párrafo segundo del Código Civil), en cuanto al tutor, estas son:
1.  Responsabilidad civil del tutor: El tutor administrará los bienes del pupilo como un buen padre de familia, y responderá de los daños y perjuicios que pueden resultar de una mala gestión.

2.  Responsabilidad penal del tutor: El tutor, como todo mandatario infiel, es pasible de las penas del abuso de confianza si ha cometido irregularidades en perjuicio de su pupilo.

3.  Responsabilidad del tutor subrogado: Siempre que el tutor subrogado reemplace al tutor, pesan sobre él las mimas obligaciones.


Extinción. La tutela cesa con la mayoría de edad, la emancipación o el fallecimiento del pupilo, y el tutor deberá rendir cuenta detallada de su gestión.


Consejo de Familia, es una asamblea de parientes por consanguinidad, de afines o de amigos, presidida por el Juez de Paz. Comprende en principio, 6 miembros, más el Juez de Paz, cantidad que puede ser aumentada. El tutor y el tutor subrogado, son miembros del Consejo de Familia, ésta  no  es una asamblea  permanente, su  composición  puede ser diferente en cada reunión, y delibera válidamente con los tres cuartos de sus miembros. Existen miembros de derecho: Los hermanos y hermanas de doble vínculo, que sean mayores de edad, y los ascendientes; si su número es menor de seis, el Consejo se completa con miembros que elige el Juez de Paz, tomando partes iguales de las familias paterna y materna.


Es convocado por el Juez de Paz, ya sea de oficio, ya sea a petición del tutor, de un pariente o de una persona que tenga interés en ello. (Como un acreedor).


La Curatela, es una institución que, como la tutela, tiene por objeto suplir la capacidad de obrar de las personas. La tutela se da para los menores; y la curatela para los mayores de edad incapacitados de administrar sus bienes. Cuando la persona puede cuidarse así misma, pero no puede administrar sus propios bienes, surge una nueva figura legal, la del curador que desempeña la curatela, que complementa la capacidad de autogobierno de la persona, que ha sido parcialmente incapacitada.


Proporciona a los no plenamente capaces, el cuidado y atención de otra persona para determinados actos. La persona que ha sido parcialmente incapacitada, tiene que contar con el curador para administrar y disponer de los bienes de su patrimonio. Es una simple asistencia legal, de modo que el tutor se convierte en representante de la persona incapacitada, salvo para todo aquello que pueda hacer por sí misma.


Atribuciones del Tutor:
La de representar al menor o incapaz en los actos en que no pueden intervenir éstos por sí solos;
Recabar el auxilio de la autoridad en el ejercicio de la tutela, y corregir a los menores razonable y moderadamente;
La retribución del cargo, conforme a las posibilidades del patrimonio del tutelado;
Hacer suyos los frutos de los bienes del tutelado, si los padres en testamento, lo autorizasen a cambio de prestarle alimentos.

TEMA 20. INTERDICCIÓN.


La Interdicción. Es el estado de incapacidad que impide al sujeto la realización de actos jurídicos por sí mismo, necesitando para ello de un representante, ya sea quien ejerce la patria potestad, cuando se es menor de edad, o de un tutor cuando se carece de padres y abuelos, y también en el caso de los mayores incapaces. (Artículo 489 y siguientes del Código Civil).


Marcel Planiol, define la Interdicción, como una sentencia por la cual un tribunal civil, después de haber comprobado el estado de enajenación mental de una persona, la priva de la administración de sus bienes. Esta sentencia implica la apertura de la tutela del sujeto a interdicción.


Causas. El mayor de edad que se encuentre en un estado de imbecilidad, enajenación mental o locura, debe estar sujeto a interdicción, aunque aquel estado presente periodos de lucidez. De lo anterior se desprende, que las causas de la interdicción son:


1.  La Imbecilidad, considerada como la privación de inteligencia, que incapacita a la persona para ejercer sus derechos por sí misma.


2.  La Demencia, consistente en la privación de inteligencia por locura o idiotismo.


Quienes la pueden solicitar.  El derecho de promover la interdicción  no  pertenece en principio, sino a los miembros de la familia, sin embargo se concede también al Ministerio Público, en ese orden, pueden demandar la declaratoria de interdicción:


El cónyuge del enajenado.
Los parientes del enajenado
El Ministerio Público.


Procedimiento. Las demandas de interdicción se presentarán ante el tribunal de primera Instancia. Se articularán por escrito los hechos de imbecilidad, enajenación mental o locura, y los que soliciten la interdicción presentarán los testigos, y documentos de prueba. El tribunal ordenará que el consejo de familia, informe acerca del estado de la persona cuya interdicción se pida.


Recibido el informe del consejo de familia, el tribunal, en cámara de consejo, interrogará al demandado; si éste no puede presentarse, se le recibirá declaración en su propia casa, en la cual uno de los jueces comisionado al efecto, se personará con el secretario. En todos los casos, el fiscal presenciará los interrogatorios. Los que hayan provocado la interdicción no podrán formar parte del consejo de familia. Después del primer interrogatorio, el tribunal, si procede, nombrará un administrador provisional que cuide la persona y bienes del demandado.

Sentencia que la Admite. La Sentencia dada con motivo de una demanda de interdicción, no podrá pronunciarse más que en audiencias Públicas, oídas o citadas las partes. Al desechar la demanda de interdicción, podrá el tribunal, sin embargo, ordenar si las circunstancias así lo exigiesen, que el demandado no pueda en adelante litigar, transigir, tomar prestado, recibir un capital mueble ni dar de él carta de pago, enajenar ni hipotecar sus bienes, sin el concurso de un consultor, nombrado en la misma sentencia.


De toda sentencia que produzca interdicción o nombramiento de consultor, se expedirá copia a solicitud de los demandantes, quienes la notificarán a la parte que corresponda, y la harán fijar por carteles, dentro de los 10 días, en la sala de audiencias y las notarías del Distrito Judicial.


La Interdicción Legal y su Diferencia con la Interdicción Judicial. La Interdicción Legal, es una incapacidad que viene dada por la ley a unos sujetos específicos, como por ej.  El menor de edad. Mientras que la interdicción judicial, es la privación de la capacidad de ejercicio de una persona, que ha sido sometida a un proceso judicial de forma previa. Mediante la interdicción judicial, lo que se busca es ponerle límites a las facultades con las que cuentan los seres humanos, una vez adquirida la mayoría de edad.


Interdictos Legales: Son aquellas personas que han sido condenadas a penas criminales, o sea, aflictivas o a una pena infamante, y que por tal motivo han perdido su capacidad de obrar o su capacidad de ejercer sus derechos.


Interdictos Judiciales: Son aquellas personas, que aún siendo mayores de edad, se encuentran sujetos a un estado habitual de imbecilidad, enajenación mental o locura, y que por tal razón son declarados como interdictos por sentencia de un tribunal de primer grado. Estos se encuentran afectados de una incapacidad total.


Vías de Recursos. La sentencia que declara la interdicción es susceptible del recurso de Apelación. Si se apelare la sentencia de primera Instancia, podrá el tribunal superior, si lo juzga necesario, interrogar de nuevo, o hacer interrogar por medio de un delegado, a la persona cuya interdicción se solicita. Si la sentencia de interdicción, pronunciada en primera Instancia fuere confirmada, se procederá al nombramiento de un tutor, y de un pro-tutor para la persona objeto de la interdicción.

TEMA 21
LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO


El Matrimonio, es una institución social que crea un vínculo conyugal entre sus miembros. Es el contrato civil y solemne por medio del cual, el hombre y la mujer, se unen con el objetivo de vivir en común, de prestarse mutuamente asistencia y socorro, y engendra obligaciones reciprocas entre las partes.


Los Regímenes Matrimoniales vigentes en República Dominicana.


El régimen matrimonial es el estatuto que fija las relaciones pecuniarias entre los esposos, determinando los derechos de propiedad, de administración o de goce sobre sus bienes, así como también la contribución respectiva a las cargas del hogar.


La Ley Dominicana dispone una serie de regímenes matrimoniales y al mismo tiempo le permite a las partes, tanto escoger entre los regímenes existentes, como modificarlos contractualmente antes de celebrar el matrimonio, e inclusive formular su propio régimen matrimonial, con sujeción a los principios establecidos en la ley.


Los Regímenes Matrimoniales vigentes en R. D. son:


1.  El Régimen de la Comunidad Legal:
2. Comunidad reducida a los gananciales:
3. Comunidad Universal
4. La Separación de Bienes
5. El Régimen Dotal.


Influencia del Régimen Matrimonial en el Patrimonio. Este crea toda una relación en la administración de los bienes conyugales, y su posterior división una vez producida la disolución del vínculo matrimonial. Dependiendo del tipo de régimen adoptado el patrimonio será afectado de la siguiente manera:


1. En el Régimen de la Comunidad Legal: establecido en el artículo (1400 y siguientes del
Código Civil). Todos los bienes muebles y gananciales mobiliarios, así como los bienes inmuebles adquiridos durante el matrimonio, son propiedad común.


2. Comunidad Reducida a los Gananciales: establecido en el artículo (1498 del Código Civil), Bajo este sistema, se modifica la composición de los bienes comunes, excluyendo las deudas respectivas de los cónyuges, (actuales y futuras), y su mobiliario respectivo, (presente y futuro), es decir, que solo entrarán en la comunidad, aquellos bienes que hayan sido adquiridos a título oneroso.


3. Comunidad a Título Universal: establecido en el artículo (1526 del Código Civil), Entran en la comunidad todos los bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros.

4. La Separación de Bienes: es un régimen en el cual el matrimonio no crea ninguna comunidad entre los esposos, sino que deja a cada uno de ellos los derechos de administración y de goce, así como de disposición de sus bienes personales.


5. El Régimen Dotal: La mujer entrega sus bienes o algunos de ellos a su marido, quien tiene la administración y el disfrute de los mismos. La mujer posee, fuera de los bienes dotales, bienes que no están afectados por las cargas del hogar, llamados “bienes parafernales”. La mujer mantiene el goce y la administración de sus bienes parafernales.


El Régimen de la Comunidad. (Artículo 1400 y Siguientes del Código Civil) Este es el régimen matrimonial más utilizado en la Republica Dominicana. Toda vez que es el régimen que se aplica siempre que los cónyuges no hayan realizado un contrato anterior y, en que caso de que lo hayan establecido, este sea nulo. La comunidad sea legal o convencional, empieza desde el día en que el matrimonio se ha contraído ante el Oficial del Estado Civil: no puede estipularse que comience en otra época.


Se caracteriza por la presencia de tres rasgos esenciales:


1) La existencia de tres grupos de bienes:
Los bienes comunes.
Los bienes propios de la mujer, y.
Los bienes propios del marido.


2) El poder del marido sobre la administración de la comunidad, el cual no puede desconocerse ni restringirse mediante ninguna cláusula ni convenio matrimonial; y.


3) La existencia de garantías para la mujer frente al mal manejo de los bienes por parte del marido, tales como la acción en separación judicial de bienes, la hipoteca legal sobre los inmuebles del marido, y por último, la renuncia a la comunidad.


Patrimonio de la comunidad. El patrimonio de la comunidad se divide en dos: activo y pasivo.


El patrimonio activo: comprende todos los muebles corporales o incorporales que los esposos posean durante el matrimonio, o que hayan adquirido posteriormente a título gratuito u oneroso, y los inmuebles adquiridos durante el matrimonio a título oneroso.


El patrimonio pasivo de la comunidad, comprende la gran mayoría de las deudas que figuran en la masa común; sucede así con las contraídas antes del matrimonio, así como aquellas hechas en el curso de dicha unión.


Liquidación de la Comunidad. La muerte de uno de los cónyuges tiene por efecto disolver la comunidad, y abrir la sucesión del difunto en el mismo momento de la muerte. En este caso, se hace necesario realizar dos procedimientos de liquidación distintos:

1.  La liquidación de los bienes comunes, y.
2.  La liquidación de la sucesión del esposo fallecido.


En el caso del divorcio, la comunidad se disuelve a partir de la trascripción de la sentencia de divorcio en los libros de la Oficialía del Estado Civil. A partir del mismo, la mujer tendrá la opción de renunciar a la comunidad, recuperando sus bienes propios, o por otra parte, de aceptar la comunidad, procediéndose entonces a la partición y a la liquidación de los bienes,. La liquidación de la comunidad, comprende dos operaciones: primero está la formación de los bienes comunes, y luego la partición propiamente dicha.


Bienes Reservados. La mujer casada, bajo el régimen de sociedad que ejerce una profesión lucrativa distinta a la de su marido, tiene derecho a practicar todos los actos inherentes a su ejercicio y defensa. El producto de su trabajo, y los bienes con él adquiridos constituyen bienes reservados, sobre los cuales la mujer tiene la libre disposición.


Aplicación de la Ley 855 del año 1978. La promulgación de la ley 855 de 1978; modificó varios artículos del Código Civil en relación a la familia, introduciendo responsabilidades iguales entre los esposos en la administración del matrimonio. Mediante esa ley, se tomó en cuenta la participación de la mujer en las actividades comunes de la vida de toda nación, ya sea en lo económico, social, comercial, laboral, industrial, etc.


Régimen de Administración Compartida. Ley núm. 189-01 que modifica el Código Civil en relación a los Regímenes Matrimoniales. Nuestra última legislación en lo que se refiere a la participación de la mujer en la administración de los bienes de la comunidad, lo es la ley 189-
01, la cual es la más adaptada a nuestra realidad, ya que otorga a la mujer, la co- administración de los bienes comunes. El marido y la mujer son los administradores de los bienes de la comunidad. Pueden venderlos, enajenarlos o hipotecarlos con el consentimiento de ambos.


Causas de disolución de la comunidad.


Las causas que tienen  por efecto provocar la disolución de la comunidad se clasifican en dos grupos:


El primer grupo pone fin a la comunidad a consecuencia de la terminación del matrimonio, y se produce en los siguientes casos:


1.- Fallecimiento de uno de los esposos.
2.- Divorcio.
3.- Pronunciamiento de la nulidad de un matrimonio putativo. El segundo grupo comprende:
1.- La ausencia de uno de los esposos.
2.- La separación judicial de bienes.

Plazos para demandar la partición de los bienes comunes.


A nadie puede obligarse a permanecer en el estado de indivisión de bienes, y siempre puede pedirse la partición, a pesar de los pactos y prohibiciones que hubiere en contrario. Puede convenirse, sin embargo, en suspender la partición durante un tiempo limitado; pero este convenio no es obligatorio pasados cinco años, aunque puede renovarse. Sin embargo, la acción en partición de comunidad por causa de divorcio, prescribirá a los dos años a partir de la publicación de la sentencia, si en este término no ha sido intentada la demanda.


Estatuto de los convivientes de hecho.


A partir de la promulgación de la Constitución Dominicana del 26 de Enero del año 2010, las uniones consensuales o de hecho han pasado a tener otra dimensión desde el punto de vista jurídico en nuestro país. Esto se debe a que ya las mismas han sido constitucionalmente reconocidas como un tipo de familia, generando estas, deberes y derechos que vendrán a ser regulados según las leyes. Teniendo esto claro, debemos recordar que la Constitución es una norma de aplicación inmediata, por lo que mientras no exista una legislación especial que regule tales relaciones, las disposiciones de nuestro derecho común serían aplicables en la medida en que resulten compatibles.

La ley 136-03 del 07 de Agosto de 2003, en su artículo 58, expresa: “DENOMINACIÓN DE FAMILIA. Se entiende por familia el grupo integrado por: a) El padre y la madre, los hijos(as) biológicos(as), adoptados(as) o de crianza, frutos de un matrimonio o de una unión consensual; b) El padre o la madre y sus hijos e hijas; c) Los cónyuges sin hijos e hijas; d) Los descendientes, ascendientes hasta el cuarto grado de consanguinidad (padres, hermanos y hermanas, abuelos, tíos, primos).”


Alcance del artículo 55 de la Constitución de la República respecto a la filiación.


El numeral 5 de este artículo establece que la unión singular y estable entre un hombre y una mujer, libres de impedimento matrimonial, que forman un hogar de hecho, genera derechos y deberes en sus relaciones personales y patrimoniales, de conformidad con la ley. A partir de esta disposición, se puede afirmar, que se ha producido un cambio radical en cuanto a la situación de los convivientes, al reconocérsele a estos, siempre y cuando se cumplan las condiciones que desde este mismo artículo se consagran, derechos, que en principio, han de ser similares a los de las personas unidas en matrimonio mediante un contrato.


Posición de la doctrina jurisprudencial.

Marcel Planiol establece que “La unión libre produce algunos efectos, porque la jurisprudencia y el legislador mismo, se han visto obligados, a tomar en consideración la situación voluntariamente creada, por quienes viven en estado de concubinato.” Esta afirmación cobra fuerza en nuestro Derecho visto el reconocimiento constitucional en el Artículo 55, y lo que ha establecido por sentencias nuestra Suprema Corte de Justicia:

Segunda Cámara, S.C.J. Sentencia No. 44 del 17 de octubre del 2001. Boletín Judicial
1091. Pp. 506-510. En el año 2001, en fecha 17 de octubre, nuestra Suprema Corte de Justicia dictó una importante sentencia que marcó un antes y un después en las relaciones en concubinato,  cuando expresó  lo  siguiente:  “Que  las  uniones  no  matrimoniales,  uniones

consensuales, libres o de hecho, constituyen en nuestro tiempo y realidad nacional una manifestación innegable de las posibilidades de constitución de un grupo familiar, y las mismas reúnen un potencial con trascendencia jurídica; que si bien el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son a todos los efectos realidades equivalentes, de ello no se puede deducir que siempre procede la exclusión de amparo legal de quienes convivan establemente en unión de hecho, porque ésto sería incompatible con la igualdad jurídica y la prohibición de todo discrimen que la Constitución de la República garantiza”. Y más adelante en la misma sentencia señala: “Que si bien la Constitución dominicana reconoce el matrimonio como fundamento legal de la familia, no se deriva de este precepto, haciendo una interpretación estricta de su contenido, que la concepción imperativa de la familia es aquella que se constituye exclusivamente sobre el matrimonio, toda vez que ello implicaría una vulneración al principio de igualdad que la misma Carta Magna garantiza; por consiguiente, se impone contar con fórmulas que garanticen justicia a todos los ciudadanos, en especial a la institución familiar, la cual presenta diversas formas de convivencia, a las que el derecho, en caso de conflicto, tiene que dar respuesta, sin ninguna distinción, no en base a una teoría abstracta de las realidades sociales, sino fundándose en el reclamo concreto de demandas específicas, de intereses reales, bajo una tutela judicial efectiva y eficaz”.

En ese mismo orden señala que, si bien la Constitución Política de la República Dominicana fundamenta la familia en el matrimonio, no menos cierto es que, fruto de la realidad social imperante, se hace necesario reconocer a las uniones libres, bajo condiciones que la misma sentencia destaca, a saber: “a) una convivencia “more uxorio”, o lo que es lo mismo, una identificación con el modelo de convivencia desarrollado en los hogares de las familias fundadas en el matrimonio, lo que se traduce en una relación pública y notoria, quedando excluidas las basadas en relaciones ocultas y secretas; b) ausencia de formalidad legal en la unión; c) una comunidad de vida familiar estable y duradera, con profundos lazos de afectividad; d) que la unión presente condiciones de singularidad, es decir, que no existan de parte de los dos convivientes iguales lazos de afectos o nexos formales de matrimonio con otros terceros en forma simultánea, o sea, debe haber una relación monogámica, quedando excluidas de este concepto las uniones de hecho que en sus orígenes fueron pérfidas, aún cuando haya cesado esta condición por la disolución posterior del vínculo matrimonial de uno de los integrantes de la unión consensual con una tercera persona; e) que esa unión familiar de hecho esté integrada por dos personas de distintos sexos que vivan como marido y mujer sin estar casados entre sí”.

El referido criterio jurisprudencial, que tiene como antecedente la sentencia del 19 de Septiembre de 1936, y que como se aprecia marca un hito en la doctrina jurisprudencial dominicana, es el que nos sirve de patrón al día de hoy para darle cierto efecto de legal a las uniones consensuales en la República Dominicana, tanto desde los tribunales de la República hasta las organizaciones que componen nuestro Estado, más aún con las disposiciones contenidas en las leyes como la 87-01, la 136-03 y el artículo 55, inciso 5 de la Constitución del 2010, reconociendo derechos anteriormente fueron negados y que por momentos fueron señalados por nuestra jurisprudencia, y nuestros legisladores.





El Derecho de sucesiones, es aquella parte del Derecho privado, que regula la sucesión mortis causa, el destino de las titularidades, y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de su muerte.


Causante, es la persona fallecida, cuyo patrimonio se transmite a sus legatarios. El Causante también es conocido como “de cujus”. Autor que causa la sucesión con su muerte. Es tanto el que deja herencia testamentaria, si es en virtud de un testamento, como abintestato, si es en virtud a la ley.


El Causahabiente, es la persona a quien se le trasmite la herencia. Persona que sucede a otra en todos sus derechos y obligaciones, generalmente referido a la sucesión por causa de muerte. Dependiendo del caso. Los potenciales herederos son llamados de diferentes maneras,  dependiendo  del  título  producido  por  la  sucesión,  tales  formas  pueden  ser:
causahabientes, sucesores, asignatarios, herederos.


Requisitos para suceder. Los artículos 725 al 730 del Código Civil, así como el Artículo 1 de la  Ley 1097  sobre desheredación  de  hijos,  establecen  las  condiciones requeridas para suceder. Tales condiciones se refieren a la capacidad y a la indignidad.


•  La Capacidad para suceder, consiste en la existencia de la personalidad, esto es, que el sucesor debe estar vivo en el momento de la apertura de la sucesión.


•  Incapaces. Por ser la capacidad para suceder la existencia misma de la personalidad, es claro que los seres que carecen de personalidad no son aptos para suceder. Estos son: a) el que no ha sido concebido; b) el concebido que no haya nacido viable.

•  La Representación. Los nietos del de cujus que no pueden acudir a la sucesión de su abuelo por su propio derecho, recibirán en representación de su padre fallecido la parte correspondiente a éste.

•  La Indignidad Sucesoria, es una situación jurídica calificada por la ley, que entraña una caducidad, una pena, le priva al heredero de recoger una sucesión determinada, la de una persona con respecto a la cual se ha mostrado indigno, al tornarse culpable de los tres hechos particularmente graves, y que de modo taxativo enumera el Artículo 727 del Código Civil, estos son:

•  1) Dar muerte o intentar dar muerte a la persona de cuya sucesión se trate.


2) Dirigir contra el de-cujus una acusación calumniosa; y.


•  3) Falta de denuncia de la muerte.

Reserva Hereditaria. Es una obligación impuesta por la ley al de-cujus, de reservar una parte de su patrimonio para la protección de la familia. Los únicos beneficiarios de la misma son, los ascendientes y descendientes del de-cujus. Tiene un carácter colectivo, puesto que la ley no establece una reserva para cada uno de los herederos, sino una reserva conjunta para todos los herederos con derecho a la reserva. La Reserva Hereditaria desempeña una doble función, “proteger la familia contra las liberalidades a favor de extraños; y asegurar la igualdad entre los coherederos”.


Porción Disponible. El Artículo 913 del código civil establece una relación con la porción disponible en la siguiente proporción:


•   Si al morir el de-cujus deja un solo hijo, la parte de libre disposición será la mitad de la sucesión. (½).
•   Si el de-cujus tiene dos hijos, la cuota disponible será de un tercio. (1/3).


•   Si dejará tres hijos o más, la parte de libre disposición será de un cuarto de la sucesión. (1/4).


Se advierte así, que el monto de la parte de libre disposición ha sido fijado en consideración al número de hijos por el de-cujus.


La Saisine. Los herederos son continuadores jurídicos del fallecido. Para que esos continuadores entren a tomar posesión de los bienes del de cujus, deben cumplir con un mínimo de formalidades, tienen lo que se llama la saisine. La saisine es la vocación sucesoral que posee la persona llamada a suceder al causante, una vez ocurrido el fallecimiento del mismo; dicha vocación se verifica, ya sea en virtud de un testamento o de la ley, en ambos casos el causahabiente tendrá que manifestar su voluntad de adquirir el dominio de la herencia.





El Testamento. Concepto. Es un acto jurídico unilateral, a título gratuito, solemne e irrevocable, en virtud del cual, una persona dispone de todo o parte de sus bienes, para que surta efectos a partir de su muerte. La persona que hace el testamento se llama “testador” y los beneficiarios “legatarios”. Es un acto eminentemente personal, que no puede ser realizado por un mandatario. El Artículo 895 del Código Civil define el testamento, como un acto por el cual dispone el testador, para el tiempo en que ya no exista, del todo o parte de sus bienes, pero que puede revocar.


Tipos de Testamentos. La ley regula tres tipos de testamentos: según el (Artículo 969 del
Código Civil).


•  El Testamento Ológrafo. Debe ser enteramente escrito, fechado y firmado de puño y letra del testador. Pero no es necesario, para su validez, que haya sido redactado sobre papel timbrado, (Artículo 970 del Código Civil). Así, debe ser anulado el testamento ológrafo, firmado por el difunto, pero enteramente dactilografiado lo que es igual a (mecanografiado).


•  El Testamento Auténtico: Es aquel que debe ser recibido por un Notario, en presencia de dos testigos, o por dos Notarios y un testigo. Este testamento debe ser redactado por el Notario, bajo el dictado del testador, que recurrirá a ciertas formas, (Artículo 971 del Código Civil). Después de la entrada en vigencia de la Ley número 301 sobre el Notariado, puede sostenerse el criterio de que para la instrumentación del testamento auténtico, basta solo un Notario con la asistencia de dos testigos instrumentales.


•  El Testamento Cerrado o Místico: Puede ser escrito a mano por el testador, o por un tercero, y debe ser firmado por el testador, quien lo remite en sobre sellado y lacrado a un Notario. El Notario pone en el sobre una mención de suscripción, y conserva todo hasta el deceso del testador (Artículo 976 del Código Civil).


Se les llama Testamentos Privilegiados, a los casos de testamentos que por circunstancias especiales, el testador no se encuentra en condiciones de acudir a un Notario. Todos estos testamentos están sometidos a dos requisitos que les son comunes:


a) Deben ser redactados por duplicado; y.
b) Caducan a los 6 meses siguientes, al momento de que el testador se encuentre en situación de usar las formas normales de testar. Tales testamentos se refieren a los militares, y empleados del ejército. (Artículos 981 y siguientes del código civil)


Ejecución Testamentaria. Se realiza a través de un ejecutor testamentario, que es un mandatario que el testado, puede designar en su testamento para llevar a cabo su ejecución. La función es, en principio, gratuita, y puesto que se trata de un mandato, no se transmite a los herederos, en caso de muerte del ejecutor, por el contrario. Obligado a ejecutar el

testamento, el ejecutor testamentario tiene calidad para hacer oposición a la fijación de sellos, en caso de necesidad, y procede a un inventario. Por último, el ejecutor testamentario tiene a su cargo, especialmente, reglamentar los legados mobiliarios y el Código Civil le permite provocar la venta de los muebles, si el difunto no ha dejado dinero suficiente para cumplir con los legados.


La Homologación Testamentaria. Es la aprobación dada por un tribunal a ciertos actos, y que les concede fuerza ejecutoria. El testamento se homologa (se hace público), y se entrega al tribunal.


Cuando procede la Homologación. El artículo 1007 del Código Civil, prescribe que toda persona que tenga en su poder un Testamento Ológrafo, está obligado a depositarlo, antes de ponerlo en ejecución, al presidente del Juzgado de Primera Instancia del lugar de la apertura de la sucesión. El Juez abrirá el documento si está cerrado, extenderá acta de la presentación, de las circunstancias de su apertura, del estado del documento y ordenará que sea depositado en manos del Notario que designe.


Si el Testamento está en la forma Mística, se hará del mismo modo su presentación, apertura, descripción y depósito; pero no podrá hacerse la apertura, sino en presencia o con citación de aquellos notarios y testigos que firmaron el acta de suscripción y se hallare en aquel paraje.

TEMA 24
LA DONACIÓN


La Donación. El Artículo 894 del código civil define la donación como: “Un acto por el cual el donante, se desposee actual e irrevocablemente de la cosa donada, a favor del donatario, que la acepta”. En principio, la donación es un acto solemne, que debe ser pasado ante un Notario. La solemnidad del acto, se explica por su gravedad. Es un acto a título gratuito. En la práctica diaria, se producen cientos de donaciones mobiliarias sin la intervención de un Notario como son:


La Donación Disfrazada. Es aquella que es simulada tras un acto a título oneroso. Esta simulación es muy frecuente y tiende a evitar el pago de los impuestos, así como dispensar a los beneficiarios de restituir la liberalidad.


La Donación Indirecta. Es una liberalidad que puede resultar de una renuncia a un derecho en beneficio de un tercero, (remisión de deuda), o de un contrato estipulado a favor de un tercero, (seguro de vida).


La Donación en Manos. se realiza por la simple remisión definitiva de un objeto, de mano a mano, sin exigir del beneficiario una prestación cualquier. En razón de su procedimiento, esta donación sólo puede efectuarse sobre muebles corporales, y títulos al portador. Su validez no puede ser contestada jamás.


Revocabilidad de la Donación. Si bien las donaciones tienen un efecto inmediato y definitivo, como hemos visto precedentemente, son revocables por causas particulares previstas por la ley, estas causas son:


a. La inejecución de las cargas;
b.  La ingratitud del beneficiario;
c.  Si sobreviene un hijo del donante.


Las dos primeras causas de revocación sancionan al donatario, que no respete sus obligaciones, y la revocación debe resultar de una sentencia. La tercera causa de revocación, por el contrario, tiene lugar de pleno derecho, con carácter retroactivo.


La revocación de una donación, puede ser demandada en justicia, si el donatario no ejecuta las cargas. La acción corresponde al donante, a sus herederos y aún a sus acreedores, bajo la forma de una acción oblicua.


Por el contrario, el tercero en beneficio de quien se estipula la carga, no tiene el derecho de exigir la revocación. El donante puede reclamar la revocación de la donación por causa de ingratitud, cuando el donatario ha atentado contra su vida  o cuando le haya rehusado alimentos, o resulte culpable de malos tratos, sevicias e injurias graves.

Requisitos de validez:
Un elemento formal: Consistente en la redacción de un acto solemne, ante notario público.


Un elemento intencional: Que consiste en la voluntad de donar, lo que es conocido como el animus donandi.

La Capacidad: Para poder donar se debe gozar de perfecta lucidez mental


Naturaleza del Contrato de Donación. Según el Artículo 894 del Código Civil, el carácter más relevante del Contrato de Donación es sin duda el principio de Irrevocabilidad consagrado en dicho articulado. Este principio implica que el donante no puede retractarse de su acto, y revocar la donación una vez perfeccionada, ni siquiera con el consentimiento del donatario.


Esta regla se aplica a todo tipo de donación, excepto a las donaciones entre esposos, y las consentidas a favor del matrimonio. La sanción de esto conlleva a la nulidad de la donación en su totalidad y no sólo la cláusula contraria a la irrevocabilidad.






















DERECHO COMERCIAL





Los Efectos de Comercio, son escritos contentivos de obligaciones de remitir o pagar una suma de dinero, o una mercancía determinada, sea al portador, sea a la orden de una persona determinada, generalmente en plazos cortos. Las cláusulas al portador y a la orden que caracterizan estos escritos, permiten la transmisión de derechos incorporados a ellos de una manera más simple y rápida, que la prevista por el Artículo 1690 del Código Civil relativas a la cesión de crédito.


Emisión de la Letra de Cambio. La letra de cambio, es un escrito por el cual una persona, llamada librador o girador, delega en otra, denominada librado o girado, el pago de una suma de dinero en una época determinada, a una tercera o a la orden de esta, que es el beneficiario. Es un acto de comercio establecido en los Artículos 110 al 189 del Código de Comercio. Muchas veces el girado y el beneficiario pueden ser la misma persona. La letra de cambio es un acto de comercio en razón de su forma, cual sea la causa por la cual haya sido emitida, y la calidad de las personas intervinientes.


El pago. Una letra de cambio debe pagarse en la moneda que ella indica, y libera de la obligación si se realiza el pago a su vencimiento, y sin oposición. La letra de cambio a la vista, es pagadera a su presentación. Los jueces no pueden conceder ninguna moratoria para el pago de una letra de cambio.


Acciones en Cobro de la Letra de Cambio: Personas Obligadas. La letra de cambio pagable a fecha fija, debe ser presentada al girado para su pago el día de su vencimiento. A falta de pago, el portador debe ejercer la diligencia del protesto, y el Recurso en garantía.


Los endosantes y el librador son garantes del pago de la letra de cambio, por lo tanto el portador de una letra de cambio puede ejercer su acción en garantía, contra el librador y los endosantes.


La acción en garantía, tiene por objeto la cantidad principal de la letra de cambio protestada;
los gastos de protesto, y otros gastos legítimos.


Embargo conservatorio. El Artículo 172 del Código de Comercio, faculta al portador de una letra de cambio protestada por falta de pago, a embargar retentivamente los bienes muebles del librador, aceptantes y endosantes, previa obtención de permiso del Juez.


El Protesto de la Letra de Cambio. El portador de una letra de cambio, debe exigir el pago el día de su vencimiento. La negativa a pagar debe acreditarse el día siguiente al del vencimiento, por un acto llamado protesto por falta de pago. El protesto por falta de pago, es un documento que se redacta para comprobar la negativa del girado al pago de una letra de cambio. Debe contener la trascripción de la letra de cambio y la de todo cuanto en ella esté escrito, de la aceptación, de los endosos. Se extiende en el domicilio de quien deba pagar la

letra de cambio. Se hará por dos notarios o por un notario y dos testigos o por un alguacil y dos testigos.


El Pagaré, es una promesa escrita por la cual, una persona se obliga a pagar por sí misma una suma determinada de dinero a cierta fecha. Es una promesa directa o personal de pago hecha por el firmante.


Clases.  El pagaré puede clasificarse:  Por su naturaleza mobiliaria puede ser considerado como un título valor. Los títulos valores clasificados según el derecho que incorporan, pueden ser: valores mobiliarios y efectos de comercio.  Por su instrumentación pueden ser: Bajo Firma Privada, esta hecho por las mismas partes o por sus mandatarios, o Bajo Firma Auténtica, instrumentado por Notario Público. Según las menciones que contiene, puede ser: Nominativo, A la Orden o Al Portador.


Requisitos de validez para el Pagaré Simple. Es un título formal que deberá contener el nombre específico de pagaré y el bueno y válido de su puño y letra; deberá además contener las menciones que establece el Artículo 188 del Código de Comercio, esto es: fecha, la cantidad que deba pagarse, el nombre de aquél a cuya orden está suscrito, la época en que se ha de efectuar el pago; el valor que se haya dado en dinero efectivo, en mercancías o en
cuenta o de cualquier otra manera.


Naturaleza. Debe contener la obligación de pagar cantidades de dinero. Por ser redactado por un Notario. Es obligatorio su registro, tomando en cuenta que es este registro el que le otorga fecha cierta. No existe una disposición especial que defina el pagaré notarial, su naturaleza es mixta, no pertenece a un solo renglón jurídico.


El Cheque. Concepto, emisión y forma. Es un documento en virtud del cual una persona llamada librador, ordena incondicionalmente a otra persona o entidad que generalmente es un banco, el librado, el pago de la suma de dinero indicada en dicho documento, a favor de una tercera persona llamada beneficiario. La emisión de un cheque pone en juego tres personas:


1.  El librador, o sea la persona que expide la orden de pago;
2.  El librado, esto es, la persona contra la cual se gira el cheque
3.  El beneficiario, es decir, la persona en favor de la cual se ordena el pago.


Emisión y Forma: Artículos. 1 al 12 de la Ley de Cheques. Las menciones indispensables del cheque son:


• El empleo de la palabra cheque para calificar el título, expresada el texto del título, y en la lengua empleada en su redacción;
• La suma que ha de pagarse en numero y en letra, o en cifras solamente, pero grabadas mediante maquinas perforadoras;
• El nombre del librado-banco que debe hacer el pago;
• Fecha y lugar de creación;
• La firma de quien expide el cheque;
• El lugar de pago;

La falta de alguna de estas menciones, hace que el instrumento no valga como cheque.


Transmisión del Cheque. El cheque en que este expresado el nombre de la persona a cuyo favor ha sido librado, con cláusula de acuerdo expresa, "a la orden", o sin ella, es transmisible por medio de endoso. El endoso puede hacerse a favor del librador o de toda otra persona obligada en el cheque.


Presentación y Pago. El cheque es pagadero a la vista. Toda mención contraria se reputa no escrita. El cheque presentado al pago antes del día indicado, como fecha de su creación, es pagadero al día de la presentación. El cheque emitido y pagadero en la República debe ser presentado para ser pago dentro de un plazo de 2 meses. El cheque emitido en el extranjero y pagadero en la República debe ser presentado dentro de un plazo de 4 meses.


Protesto de Cheques. Es el acto sustancial que acredita la negativa de la aceptación o del pago del cheque, así como el estado en que se encuentra el documento. Ej. Cuando se emite un cheque sin provisión de fondos. El Protesto debe hacerse antes de que expire el término de presentación del cheque (2 y 4 meses respectivamente). Si el último día del término de presentación es feriado, el protesto deberá hacerse el primer día laborable que le siga.


Tipos de Cheques. Viajero, Certificado y Bancario. Régimen jurídico de cada uno.


 Viajero: Es el que puede expedir un banco a su propio cargo, y pagadero en el establecimiento principal o en las sucursales, agencias o corresponsalías que tenga en el país o en el extranjero.


  Certificado: A requerimiento del librador o de cualquier portador, el banco podrá certificar o conformar un cheque, previa verificación de que existen fondos suficientes en la cuenta del librador, debitando al mismo tiempo la suma necesaria para su pago. El importe así debitado quedará reservado para ser entregado a quien corresponda y sustraído a todas las contingencias que provengan de la persona o solvencia del librador.

  Bancario: El cheque bancario, es el documento emitido por una entidad financiera, por orden de un cliente a favor de un beneficiario, y pagadero en otra entidad financiera donde previamente se ha efectuado la provisión de fondos correspondiente.

TEMA 26
CONTRATOS BANCARIOS


La doctrina entiende por contrato bancario, toda convención destinada a constituir o regular una relación que tenga por objeto una operación bancaria.


Tipos de Contratos Bancarios.


  El Préstamo de Dinero.
  El Descuento.
  El Depósito Bancario.
  Cuenta de Ahorro.
  Línea de Crédito.
  Depósito a Plazo Fijo.
  Tarjeta de Crédito.


El Préstamo de Dinero. El efecto del contrato de préstamo de consumo es aplicable a este tipo de contrato; cuando se trata de sumas de dinero respecto de las obligaciones del prestamista, pero en cuanto al prestatario es distinto, ya que el prestatario debe rembolsar el capital dentro del plazo previsto. Establece el Artículo 1895 del Código Civil que la obligación que resulta de un préstamo en dinero, nunca es sino la suma numérica expresada en el contrato.


El Descuento. El Descuento es la operación que tiene por objeto determinar el saldo neto que resta pagar, efectuando sobre la deuda bruta algunas deducciones; por ejemplo comisiones, retenciones, anticipos entregados al acreedor por el deudor. Es la ventaja con que se beneficia el deudor de una deuda a plazo, cuando paga antes del vencimiento; por lo común esta ventaja se calcula según el interés que debería correr hasta el vencimiento. El descuento puede ser previo, esto es, fijar con anticipación las sumas a deducir de un ajuste de cuentas entre acreedor y deudor.


El Depósito Bancario, es el contrato bancario por el cual, un banco recibe del cliente una suma de dinero, de la cual puede disponer libremente, obligándose a restituirla en la misma especie y cantidad, en el plazo convenido, remunerando al cliente con intereses por el plazo de la colocación. Para que exista un contrato de Depósito Bancario, es necesario:


La Entrega de los fondos que serán depositados.
Obligación de restituir los fondos depositados.
Derecho de disponer de los fondos confiados en calidad de depósito de promesa, por parte del banco de ofrecer un servicio de caja.
El Depositario debe tener calidad de banquero.


Apertura de Cuenta de Ahorros. Son depósitos que no son exigibles a la vista por cheques que se hagan bajo la designación. Están sujetos a disposiciones especiales en cuanto a su monto, interés o extracciones. Esto en consonancia con lo que establece el Artículo 20 de la Ley 708 sobre Bancos. Los bancos entregan al cliente una libreta donde se asientan los

depósitos y retiros. Los depósitos pueden hacerse en efectivo o por cheque, mientras los retiros se hacen en efectivo. Los bancos reciben en “depósito” sumas de dinero, como también valores mobiliarios. Recayendo sobre una suma de dinero, el contrato de depósito es considerado como irregular, a la luz de la concepción clásica como contrato de depósito. El banquero se convierte, en efecto, en propietario de las sumas depositadas. Puede disponer de ellas, pero mantiene la calidad de deudor frente al depositante, con la obligación de
devolver la suma recibida en las condiciones acordadas en el contrato de depósito.


Línea de Crédito. es una forma de crédito otorgado a una empresa, o individuo por un banco, u otro tipo de institución financiera similar. Aunque puede adoptar varias formas, se trata en esencia de una cuenta bancaria,6 de la que el cliente puede hacer uso hasta cierto límite. El cliente paga interés  únicamente por el dinero que retira de ella. Actúa de modo automático, permitiendo cubrir las órdenes de pago que no alcanzó a cubrir la cuenta corriente. En algunos bancos, si se deposita en la cuenta corriente, automáticamente abonan ese depósito al monto utilizado de la línea de crédito.


Apertura de Depósitos a Plazo fijo: Son todos aquellos depósitos que se realizan por un plazo fijo o indefinido, con la condición de no ser retirados sino con previo aviso. En realidad el depósito a plazo fijo no implica la apertura de una cuenta, aunque esta pudiera existir para el depósito de los intereses que genera. La característica de este tipo de operación es que el cliente hace un depósito de fondos, y se compromete a no retirarlos en un determinado plazo, lo que permite al banco una mayor disponibilidad de esos fondos en sus préstamos a terceros, razón por la cual se le pagan intereses al depositante, según el plazo de vencimiento del depósito. El banco expide un certificado de depósito a modo de recibo.


La Tarjeta de Crédito, es un instrumento material de identificación del usuario, que puede ser una tarjeta plástica con una banda magnética, un microchip y un número en relieve. Es emitida por un banco o entidad financiera, que autoriza a la persona a cuyo favor es emitida, utilizarla como medio de pago en los negocios adheridos al sistema, mediante su firma y la exhibición de la tarjeta. Es otra modalidad de financiación, por lo tanto, el usuario supone asumir la obligación de devolver el importe dispuesto y de pagar los intereses, comisiones bancarias y gastos pactados. Es un instrumento de crédito: el cliente consume, pero el pago de ese consumo se posterga hasta la fecha de vencimiento del pago de los gastos realizados con la tarjeta.


La mayor ventaja es la flexibilidad que le da al usuario, quien puede pagar sus saldos por completo en su fecha límite mensual, o puede pagar una parte. La tarjeta establece el pago mínimo y determina los cargos de financiamiento para el saldo pendiente. Las tarjetas de crédito también se pueden usar en los cajeros automáticos, o en un banco para servirse de un adelanto de efectivo, aunque a diferencia de las tarjetas de débito, se cobra un interés por la disposición.

TEMA 27
EL CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO


Es aquél por el cual una persona denominada transportista, se compromete a trasladar o transportar por vía aérea, y en una aeronave, bien a otra persona y su equipaje, denominada pasajero, bien mercancías y objetos no acompañados por su propietario, de un lugar a otro predeterminado, previo a pago de la tarifa convenida entre ellos.


Las personas que intervienen en el contrato de transporte, persona que remite los objetos, otra los conduce y la otra los recibe. La primera es el expedidor; la segunda el porteador y la tercera el destinatario.


Transporte Marítimo: es posible realizar este contrato bajo la modalidad de fletamento o chárter aéreo, como usualmente se le denomina, y por el cual el propietario de la aeronave se compromete, mediante precio cierto, a realizar con una aeronave determinada, los viajes que contrate la otra parte, manteniendo éste, o sea, el propietario, el control sobre la tripulación y la conducción técnica de la aeronave.


Obligaciones del transportista: La responsabilidad del transportista, queda comprometida y estará obligado, a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados por la muerte, o cualquiera lesión sufrida por un pasajero, por motivo del transporte: ´´si el hecho que causó lo daños, tienen lugar durante el período transcurrido, desde el momento en que le pasajero embarca en la aeronave, hasta el momento en que desembarca de la misma, y aun cuando tal aeronave, esté estacionada en cualquier aeropuerto de otro lugar de aterrizaje, incluso en el lugar de un aterrizaje forzoso o accidentado´´.


Esta obligación es adeudada por daños debidos a casos fortuitos o fuerza mayor, y esta lesión comprende, tanto los daños corporales como lo que afecten las facultades mentales. Sin embargo, en principio estas no operan como eximentes de responsabilidad.


El contrato de transporte crea para el porteador las obligaciones de transportar las mercancías, y efectos en el término convenido, de velar por su conservación mientras están bajo su guarda, y de entregarlos al destinatario libre de averías y pérdidas. Por tanto, el porteador es civilmente responsable en caso de retardo, de averías o de pérdida.


Existe retardo, cuando las mercancías y efectos no llegan al lugar de su destino, en el término que se ha convenido;
Averías, cuando las mercancías o efectos han sufrido deterioro durante el transporte.
Y pérdida, cuando falta una parte de las mercancías o efectos o cuando éstos no han sido entregados al destinatario.


Acciones. Recurso al experticio en casos de dificultad. En los casos de dificultades que surjan en cuanto a la formación del contrato, en el curso o en ocasión del transporte, o aún de la entrega en mal estado, eventualmente sus condiciones, su peso, su naturaleza, las mismas pueden ser resueltas mediante el nombramiento de peritos, quienes tendrían el encargo de verificarlos y rendir su informe. Estos son nombrados bien por el Tribunal a petición de las

partes, (Artículo 106 del Código de Comercio), o por los árbitros, o por el acuerdo de las mismas partes.

Acción en responsabilidad civil. En caso de violación a sus obligaciones esenciales, se podrá ejercer contra el transportista la acción en daños y perjuicios, e incumplimiento del contrato de transporte, dentro de los plazos y las condiciones establecidos conforme se trate de transporte terrestre, marítimo o aéreo.

Requisitos para el ejercicio de la acción en responsabilidad. Un elemento común a todos los contratos de transporte, es la obligación a cargo del destinatario de realizar la protesta o reclamación de la avería, al momento de la recepción de los bienes transportados, en el plazo que para cada uno de ellos establece la ley o los usos.

Incumplimiento de obligaciones acordadas; Incumplimiento que produzca daños al patrimonio o intereses de la otra parte contratante; El daño tiene que ser imputable a la parte que lo ha realizado requiriéndose que sea un daño previsible y que haya dolo o negligencia por el causante; No se requiere que la obligación entre las partes subsista.



Cuando se trate de transporte aéreo, esta protesta deberá realizarse en el plazo de las  48 horas contadas a partir de la recepción de la mercancía, en el caso de equipajes que acompañen al pasajero, la protesta deberá efectuarse antes de que el pasajero abandone el área de recepción o aduana, llenando un formulario denominado P. I. R. (Passenger Report Irregularities, Reporte de Irregularidades del Pasajero). La acción en reparación ha de ser ejercida en el plazo de dos (2) años, (Artículo 29-1 del Convenio de Varsovia modificado por el Protocolo de La Haya).

En el caso del transporte marítimo, la protesta se realizará en el plazo de 24 horas, (Artículo
436  del  Código  de  Comercio),   por  escrito,  ya  sea  mediante  simple  comunicación  al transportista, acto de alguacil o cualquier otra vía, señalando los faltantes, las condiciones en que fueron entregados los bienes, detalles de travesías, etc. Y la acción en justicia deberá verificarse en el plazo de  un (1) mes, contado a partir de la fecha del protesto, a pena de caducidad.

En el caso de transporte por tierra y fluvial, y en ausencia de todo texto legal que la regule, debemos entender, que  la protesta debe ser efectuada en lo inmediato, puesto que, y al tenor de lo dispuesto en el artículo 105 del Código de Comercio “el recibo de los objetos porteados y el pago del porte” (sin protesta, añadimos nosotros) “extinguen toda acción contra el porteador”. Este protesto se hará por escrito en la misma forma que para el transporte marítimo.  El  plazo  para  la  interposición  de  la  acción  es  de   seis  (6)  meses  para  los transportes dentro del territorio nacional y de un (1) año para entrega en el exterior. Este plazo contado a partir de la fecha en que debió haberse verificado la entrega, (en los casos de pérdida) o desde el día en que se hizo la entrega (en caso de averías).

Cláusulas de responsabilidad limitada en estos contratos. En principio, se ha de reputar nula, toda cláusula de exoneración de responsabilidad del transportista en la ejecución del contrato de transporte, y en consecuencia, resulta imposible para este exonerarse de toda responsabilidad por la pérdida, avería, o incumplimiento o simplemente revertir el cargo de la prueba en su beneficio. Por el contrario,  pueden resultar válidas las cláusulas de exoneración de responsabilidad por simple retraso,  como aquellas de limitación de responsabilidad en que se estipula un monto, prefijado por el transportista, para responder por sus faltas. Sin embargo,

la jurisprudencia de la SCJ ha optado por desechar esta cláusula de responsabilidad limitada, todas las veces que ha tenido la oportunidad.

En el caso del transporte aéreo, en lo que respecta al transporte de personas, equipajes y carga, de acuerdo con el  Convenio de Varsovia, modificado por el Protocolo de La Haya de 1955, por lo que dispone el artículo 22, se limita a la suma de 250 mil francos franceses el monto a que tendrán derechos los familiares de las víctimas por causa de fallecimiento de la misma. El mismo artículo   limita a  la cantidad de 250 francos  por cada  kilogramo trasportado, en los casos de equipaje y carga, (que en la práctica se calcula en base a US$20.00 por kilogramo). Sin embargo, el pasajero o expedidor, conservan la facultad de hacer constar al momento de la entrega del equipaje, que el valor del contenido es superior al límite de responsabilidad aceptada por el transportista, y mediante declaración especial que al efecto realicen, y el pago de una tasa suplementaria, pueden hacer variar la responsabilidad limitada prevista por la ley. En cuanto a los objetos cuya custodia conserve el pasajero, esta responsabilidad queda limitada a 5000 francos franceses, (US$40.00) por pasajeros.

Cuando el transporte sea realizado bajo la  modal ida d de “c ha rters”, o vue los fle ta dos, esta cláusula de responsabilidad limitada no aplicará. Según la jurisprudencia dominicana tampoco se aplicarán los límites de responsabilidad de este Convenio, si se prueba que el daño es resultado de una acción u omisión del transportista, o de sus dependientes, con intención de causar el daño, o con temeridad y sabiendo que causaría  el daño en el ejercicio de sus funciones. También ha juzgado la jurisprudencia, que la pérdida del equipaje será una falta grave  asimilable al dolo,  y en  esa  virtud, es  susceptible de descartar una cláusula de responsabilidad limitada. Ha dicho también la jurisprudencia, que esta responsabilidad limitada tiene carácter excepcional, y para su aplicación el equipaje del pasajero: a) debe ser sometido al  pesaje  y  b)  se  debe  consignar  en  el  talón  del  equipaje  un  aviso  según  el  cual  la responsabilidad del transportista se regirá por el artículo 22 del referido Convenio.






Cláusulas de responsabilidad limitada en estos contratos.


Una cláusula de exención de responsabilidad es la que establece que el porteador no es responsable de pérdida, avería o retardo. Sin embargo en el artículo 103 del Código de Comercio expresa: el porteador es responsable de la pérdida de los objetos que conduce, excepto los casos de fuerza mayor. Es responsable de las averías que no sucedan por vicio propio de la cosa, o por fuerza mayor.

TEMA 28
OTROS CONTRATOS COMERCIALES


Contratos Comerciales. Como todo contrato, los comerciales, se constituyen entre dos partes, una deudora y otra acreedora, o recíprocamente deudoras y acreedoras entre sí, que de común acuerdo, declaran esa voluntad de obligarse. Para que el contrato revista el carácter de comercial, debe constituir acto de comercio. Le son aplicables las normas de los contratos civiles, en cuanto a sus elementos, requisitos y clasificación, aunque presentan  ciertas características particulares, en cuanto a la capacidad de las partes contratantes, y a la exigencia de menores formalidades para estar acorde a la agilidad que deben poseer las transacciones comerciales. Algunos Contratos Comerciales que podemos mencionar son: El Contrato de Leasing, Contrato de Joint Venture, Contrato de Seguro y el Contrato de Fideicomiso.


Contrato de Leasing (de alquiler con derecho de compra). Es un contrato mediante el cual, el arrendador traspasa el derecho a usar un bien, a cambio del pago de rentas de arrendamiento, durante un plazo determinado. Al término de este plazo, el arrendatario, tiene la opción de comprar el bien arrendado, devolverlo, o renovar el contrato.


Contrato de Joint Venture. El contrato de asociaciones y colaboración empresarial llamado Joint Venture, une a dos o más personas o empresas en forma momentánea, con un fin específico, se puede constituir entre las empresas, tanto públicas como privadas, con el
objetivo de  comercialización, producción, finanzas, servicios e  investigación y desarrollo.


El Contrato de Seguro. Es un contrato por el cual un ente personal o jurídico garantiza la integridad de sus pertenencias ante las posibilidades de un siniestro por el azar, que obliga al asegurador a resarcir pérdidas o daños que ocurren al asegurado. Tiene como base legal la
Ley 126 sobre Seguros Privados modificada por la Ley 280 de 1975.


Contrato de Fideicomiso. Es la transmisión de uno o más bienes, cantidades de dinero o derechos, presentes o futuros, a una persona natural o persona jurídica llamada fiduciario, para que sean administrados o invertidos de acuerdo a un  contrato, a favor del propio fideicomitente o de un tercero, llamado beneficiario. Es un negocio jurídico por el que una persona llamada fideicomitente, transmite bienes a otra llamada fiduciario, con fines específicos y en beneficio de un tercero llamado fideicomisario.


Contrato de franquicia: es aquel por el cual un productor, dueño de una marca, autoriza a otro, (el franquiciado), el derecho de explotar un determinado negocio, mediante la concesión de una licencia, y bajo las condiciones preestablecidas en ellos, materializado con un emblema especifico, y con carácter exclusivo en un determinado ámbito geográfico, y bajo la supervisión y asistencia técnica del franquiciador.


Se trata de un contrato de colaboración entre una empresa, la franquiciadora, y otra empresa que puede ser una persona física o moral, que se denominará la franquiciada o licenciada, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo acelerado de las empresas contratantes por medio de la acción común, manteniéndose (en principio), la independencia respectiva, pues existe una

subordinación técnica frente al franquiciador. Las partes envueltas conforman una cadena de distribución, suponiendo la colaboración y la solidaridad comercial de las partes.


Es un contrato eminentemente comercial, un acto de comercio absoluto, el cual, y por disposiciones de la Ley No. 20-00 sobre Propiedad Industrial ha venido a regularlo en nuestro país, está sujeto a ser redactado siempre por escrito, y sujeto a registro en la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), a los fines de hacerlo oponible válidamente a terceros. No está regulado por ninguna otra disposición legal, por lo que habrá que recurrir al derecho común en todo lo no contemplado en dicha ley. Las partes en este tipo de contrato se denominan el franquiciante y el franquiciado o lo que es igual el franquiciador o licenciante y el franquiciado o licenciado.

Contrato de Agencia. Se reputa un acto de comercio por el artículo 632 del Código de Comercio. Es un contrato de intermediación, que se nutre en esencia de diversas figuras del derecho civil y del derecho comercial. Por lo general, se trata de un comisionista que trata en su nombre propio por cuenta de otro, teniendo en estos casos todos los atributos, derechos y obligaciones propias del comisionista en el ámbito de la actividad desarrollada por este.

El agente comercial, ya sea una persona física o moral, es un mandatario que, a título de profesión habitual, y de forma independiente, sin estar ligado por un contrato de prestación de servicios, negocia y, eventualmente realiza compras, ventas, arrendamientos o prestación de servicios, a nombre y por cuenta de productores, industriales o comerciantes.

La doctrina y la jurisprudencia han definido al agente comercial como una figura independiente, sometido a un régimen jurídico difuso, e impreciso, que obliga a cada caso a individualizar y verificar la tarea realizada, y la forma en que la misma se ejecuta.

Alcances de la ley 173 de 1966. El agente comercial se beneficia en virtud de las disposiciones de la Ley No. 173 sobre Protección a los Agentes Importadores de Mercadería y Productos, del 6 de abril del 1966, de una protección especial.

El interés práctico de esa protección, es la de conferir a los agentes comerciales, el derecho a una indemnización en caso de ruptura del contrato por su contraparte, derecho que no se genera cuando la ruptura es promovida o causada por él.

Para poder ejercer los derechos que confiere esta ley, cuando se trata de firmas extranjeras, el contrato debe ser registrado en el Departamento de Cambio del Banco Central, en el plazo de los 60 días posteriores de haberse verificado su firma.

La misma ley la reputa estas disposiciones como de orden público, disponiendo la imposibilidad para las partes de derogarlas, ni modificarlas.



El DR-CAFTA:


Acuerdo de Libre Comercio entre la República Dominicana y Estados Unidos, integrado al negociado con Centroamérica (DR-CAFTA), y firmado el 5 de agosto del 2004. Crea un mercado más amplio y seguro para las mercancías, y los servicios producidos en los respectivos territorios; reconociendo las diferencias en los niveles de desarrollo y tamaño de las economías. El DR-CAFTA estimulará la expansión  y diversificación  del comercio, y aumentará las oportunidades de inversión entre las Partes, asegurando un marco comercial

previsible para la planificación de las actividades de negocios y de inversión. Tomando en cuenta la protección de los derechos de propiedad intelectual, y la creación de procedimientos para la aplicación y cumplimiento del Tratado.


Acceso preferencial mediante la eliminación de los aranceles de todos los bienes al entrar al mercado de los Estados Unidos. Algunos bienes estarán en desgravación arancelaria hasta llegar a arancel cero. Con el DR-CAFTA se consolidaron los beneficios concedidos por los programas preferenciales de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICódigo Civil) y el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).


El contrato de remesas.  Se llama remesa a toda operación o negocio jurídico, entre los cuenta correntistas, que determina el nacimiento de un crédito para uno de ellos contra el otro. Se aclara que no es el asiento en la cuenta corriente lo que hace nacer el crédito. La anotación en la cuenta corriente no es fuente del crédito, no es su causa. La anotación en la cuenta corriente, de una partida o un asiento, es un efecto de esa negociación anterior. Naturaleza. Las remesas son facultativas. Se efectúan por las partes a su arbitrio. No puede un contratante obligar al otro a que las haga. No hay obligación de realizar operaciones, sino de asentar en cuenta los créditos derivados de ellas. Un cuenta correntista sólo puede obligar al otro a que incluya en la cuenta la remesa que le ha hecho.




El seguro es un contrato por el cual una parte, denominada aseguradora, se compromete a responder frente a otra, denominada asegurado, mediante el pago de una suma de dinero, en los más de los casos, ya sea a la misma persona de contratante, o a un tercero, beneficiario, con el cual se contrata y se extiende la protección convenida, por los daños eventuales, que pudiera sufrir o experimentar el asegurado, a cambio del pago de una suma denominada prima.


Los seguros, y sus diversas modalidades, son reglamentados en nuestro país por dos leyes básicas, la Ley General de Seguros y Fianzas No. 146-02 y la Ley de Seguridad Social No.
87-01.


La Ley No. 146-02 lo define así: Contrato de seguros: Es el documento (póliza), que da constancia del acuerdo por el cual una parte contratante, (asegurador), mediante el cobro de una suma estipulada, (prima), se obliga a indemnizar o pagar a la segunda parte contratante, (asegurado o propietario de la póliza), o a una tercera persona, (beneficiario, cesionario, causahabiente o similares), en la forma convenida, a consecuencia de un siniestro o por la
realización de un hecho especificado en la póliza.


Para las compañías aseguradoras, este contrato se ha de reputar siempre como un acto de comercio, y cuando el asegurado lo sea otra compañía, estaremos ante un acto de comercio absoluto, independientemente de que el beneficiario designado de la protección sea una persona física, como resulta, por ejemplo de las pólizas de vida que contratan las compañías en beneficio de sus empleados. En estos casos y en principio, el beneficiario protegido es un tercero, pero su empleador actúa en calidad de comisionista, y contrata con la aseguradora, aunque de forma colectiva, conformándose así un acto de comercio absoluto, entre aseguradora y contratante. No sucede igual, y por ejemplo, el asegurado es una persona física que ha contratado en su propio beneficio, una póliza de seguro de vida.


Obligaciones del asegurador.


La obligación del asegurador está sometida a una condición suspensiva: debe pagar la indemnización si el riesgo se produce en las condiciones estipuladas en la póliza. Responde así, no solamente de los daños que resulten de un caso fortuito, sino también de aquellos que puedan ser el producto de la falta del asegurado, no estando exonerado de cumplir con su obligación más que en caso de dolo o de falta intencional del asegurado.


También, y desde la óptica administrativa, resulta una obligación puesta a su cargo del asegurador, cumplir con todas las formalidades que le impone la ley General de Seguros y Fianzas, respecto de publicar sus estados de cuentas; informar de los contratos firmados, remitiendo copias de los mismos a la superintendencia de seguros; someterse a las inspecciones que ésta pueda ordenar.

Obligaciones del asegurado.


1.  Abstenerse de cometer ninguna declaración falsa.


2.  Abstenerse de dar una información que pueda llevar el asegurador a una estimación errónea o incierta del riesgo asumido. En este sentido, si se estableciere que al momento de realizar el contrato el asegurado ha faltado a su verdad, o ha dado la información incompleta de forma voluntaria, el asegurador podría, prevaliéndose de esta actitud dolosa, ser liberado de su obligación. Asi, por ejemplo, en un contrato de seguro de vida en la cual el asegurado, conocedor de estar enfermo de un cáncer terminal, omite conscientemente este hecho en la declaración jurada que está obligado a firmar, al hacer su solicitud de seguro de vida, el asegurador puede negarse, una vez probado esto, a pagar la póliza, luego de su fallecimiento.

3. El asegurado debe pagar la prima convenida, la cual se hace por lo general, anualmente, salvo los seguros de salud que se pagan mensualmente; el incumplimiento de esta obligación genera a cargo del asegurador el derecho de solicitar la resciliación o suspensión del contrato.

4.  En caso de siniestro, de naturaleza tal que haga exigible la garantía del asegurador, el asegurado debe informar al asegurador del hecho en el plazo convenido.


El régimen particular del contrato de seguro en lo que a vehículos de motor se refiere.


El capítulo VI de la Ley General de Seguros y Fianzas establece lo referente al Seguro
Obligatorio de Vehículos de Motor y Remolques, en los artículos 111 y siguientes. El artículo
112 dispone la obligatoriedad de mantener asegurado todo vehículo de motor conforme a los términos de la ley, bajo una póliza que garantice la responsabilidad civil que pueda ser exigida por los daños causados a terceros por un accidente; dispuesto esto como condición para que se permita la circulación de dicho vehículo.


Toda persona física o moral, incluyendo al Estado Dominicano y ayuntamientos del país, cuya responsabilidad civil pueda ser exigida por razón de daños materiales, corporales o morales derivados de los últimos, causados a terceros por un accidente ocasionado por un vehículo de motor o remolque, está obligado a mantenerlo asegurado bajo una póliza que garantice la responsabilidad antes señalada, como condición para que se permita la circulación de dicho vehículo. En ese sentido, todos los vehículos de motor o remolques asegurados deberán llevar un marbete expedido por el asegurador.


Se exceptúa del seguro que se establece por la Ley 146, a los funcionarios diplomáticos extranjeros acreditados en el país, de naciones donde exista la misma excepción para los funcionarios diplomáticos dominicanos. Aplicación del Seguro. A los fines de aplicación del seguro obligatorio de vehículos de motor, se entiende por terceros todas aquellas personas que no han sido partes ni han estado representadas en el contrato de seguros.

Se exceptúan de esta definición:
A. El cónyuge y los ascendientes, descendientes, hermanos y afines del asegurado o del causante del accidente hasta el segundo grado. Tampoco, los socios, accionistas, administradores, encargados, empleados y dependientes del asegurado cuando actúen en sus calidades antes mencionadas;
B. Los pasajeros irregulares, esto es aquellas personas que, por la naturaleza del vehículo o remolque, no podían ser transportadas en él, salvo el caso de que se encuentren viajando dentro de la cabina, siempre que no exceda la capacidad de esta, de conformidad con las que sea la consecuencia de actos intencionales del conductor y/o asegurado.


Los límites mínimos de responsabilidad, serán fijados por resolución motivada de la Superintendencia, para lo cual se tomarán en cuenta el tipo de vehículo, capacidad, ejes, uso, siniestralidad del mercado y todas las consideraciones técnicas de uso común en este tipo de seguro, previa consulta con los aseguradores y reaseguradores establecidos en el país.


Pagos efectuados por el Asegurador.


El asegurador sólo estará obligado a hacer pagos con cargo a la póliza, siempre y cuando haya sido puesto en causa, cuando se le notifique una sentencia judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, que condene al asegurado a una indemnización por lesiones, o daños causados por el vehículo de motor, o remolque accidentado, y por las costas judiciales debidamente liquidadas.


El seguro de vida. Es un contrato mediante el cual el asegurado, se compromete a pagar en uno, o varios, pagos un monto determinado (la prima), y la otra parte, La aseguradora se compromete a pagar a las personas designadas como beneficiarios la suma asegurada si ocurriese alguna de las eventualidades señaladas en la póliza.

Beneficiarios. La Ley No. 146-02 define al Beneficiario: Es la persona física o moral designada nominativamente por el asegurado, o los herederos legales de éste, para recibir de la compañía de seguros, los beneficios totales o parciales acordados en el contrato de seguros.

TEMA 30
EL CONTRATO DE SOCIEDAD.


Es un negocio jurídico (contrato), por el que una o varias personas físicas o jurídicas, acuerdan realizar sendas o aportaciones para conseguir un fin común.


El artículo 1832 del Código Civil Dominicano define el contrato de sociedad de la siguiente manera: “La sociedad es un contrato por el cual, dos o más personas convienen poner cualquier cosa en común, con el mero objeto de partir el beneficio que pueda resultar de ello”.


Según el Artículo 1833 del Código Civil Dominicano: “Toda sociedad debe tener un objeto lícito, y ser contraída en interés común de las partes. Cada uno de los asociados debe aportar a ella dinero u otros bienes, o su industria.


Principio de la prueba escrita, en los contratos de sociedad, establecido en el Artículo
1834 del Código Civil, el cual establece, que Todos los contratos de sociedad deben hacerse por escrito, cuando su objeto es de un valor que pasa de treinta pesos. No se admite la prueba testimonial contra y además de lo que contenga la escritura de sociedad, ni sobre lo que se alegue haberse dicho antes, o en después de aquel acto, aun en el caso de tratarse de una suma o valor menor de treinta pesos.


Los elementos que caracterizan y son propios del contrato de sociedad son: los aportes, la búsqueda de beneficios o de una economía y el affectio societates (voluntad de participación conjunta).


Diferentes tipos de sociedades a la luz del Código Civil.


Conforme lo establece el artículo 1835 del Código Civil, Las sociedades son universales y particulares.


1386 Sociedades Universales: Se distinguen dos clases de sociedades universales: la sociedad de todos los bienes presentes, y la sociedad universal de ganancias.


   La sociedad de todos los bienes presentes, es aquella por la cual las partes ponen en común todos los bienes muebles e inmuebles que en la actualidad poseen, y los beneficios que de ellos puedan obtener. Pueden también las partes comprender en ella cualquiera otra clase de ganancia; pero los bienes que pudiesen  corresponderles por sucesión, donación o legado, no ingresan en la sociedad, sino en cuanto a su uso; está prohibida cualquier clase de convenio, que tienda a hacer entrar en ella la propiedad de estos bienes, salvo entre esposos, y siendo conforme a lo que se ha establecido con relación a éstos.


   La sociedad universal de ganancias: comprende todo lo que las partes adquieran por su  industria  a  cualquier  título  que  sea,  en  el  tiempo  que  dure  el  contrato,

comprendiéndose en ella los muebles que cada uno de los asociados posea al tiempo de hacer aquél; pero los inmuebles personales no ingresan sino en cuanto al uso.


El simple convenio de sociedad universal, sin más explicación, no implica sino la sociedad universal de ganancias. Ninguna sociedad universal, puede efectuarse sino entre personas respectivamente capaces, de dar o de recibir la una de la otra, y a quienes no esté prohibido beneficiarse en perjuicio de otras personas.


La sociedad particular: Es aquella que no se aplica sino a cosas determinadas, o a su uso, o a los frutos que las mismas pueden producir. El contrato por el cual se asocian muchas personas, ya sea para una empresa concreta, o para el ejercicio de algún oficio o profesión, es también una sociedad particular.


El contrato de sociedades comerciales.


Según el Artículo 2 de la Ley 479-08, Habrá un contrato de sociedad comercial, cuando dos o más personas físicas o jurídicas se obliguen, a aportar bienes con el objeto de realizar actos de comercio, o explotar una actividad comercial organizada, a fin de participar en las ganancias, y soportar las pérdidas que produzcan.


Diferentes tipos de sociedades comerciales.


El Artículo 3 de la ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, (Modificado por la Ley 31-11, de fecha 11 de febrero de 2011) establece que se reconocerán los siguientes tipos de sociedades:


a. Las sociedades en nombre colectivo;
b. Las sociedades en comandita simple;
c. Las sociedades en comandita por acciones; d. Las sociedades de responsabilidad limitada; e. Las sociedades anónimas;
f. Las sociedades anónimas simplificadas (SAS).


No obstante los numerosos tipos de sociedades comerciales, se distinguen esencialmente dos grandes grupos: las sociedades de personas y las sociedades de capital, las cuales tienen características particulares e identificantes.


Otras categorías envuelven otras sociedades con características propias y algunas reguladas por leyes especiales, entre estas: las sociedades de capital variable (una forma especial de sociedad); las sociedades cooperativas, reguladas por la ley de cooperativas; y las sociedades de hecho y de participación.


Sociedades intuitu pecuniae:


(Predomina el capital) “Intuitu Pecuniae” es una locución latina que significa “en atención al dinero”. Hace referencia a aquellos actos o contratos que se celebran en atención a la suma

de dinero en juego o aporte, constituyen la regla general. En este tipo de sociedad lo que importa es el aporte al capital social, y no las personas que lo hagan. Su mejor representante son las sociedades por acciones. En ellas los accionistas están unidos simplemente por el capital, y por el propósito de obtener beneficios, de donde, y en principio, y salvo disposición en contrario del contrato de sociedad, estos conservan la facultad de poder tr ansmitir o ceder, sus acciones libremente a otros, ya sean o no accionistas, y no es causa de disolución de la misma la muerte, o interdicción de un asociado, como ocurre en las sociedades de personas.


Sociedades intuito personae:


”Es una locución latina que significa “en atención a la persona”. Hace referencia a aquellos actos o contratos que se celebran en especial consideración de la persona con quien se obliga. Son aquellas sociedades en las que los componentes, o socios, tienen en cuenta la calidad personal de cada uno de ellos recíprocamente. (El matrimonio, los contratos de trabajo, franquicia, mandato, depósito, comodato, sociedad colectiva; la constitución de usufructo, fideicomiso y de los derechos de uso y habitación se encasillan en este concepto.)


Agrupa a su vez dos grandes tipos de sociedades, que en el estado actual de nuestro derecho están prácticamente en desuso. En este tipo de sociedades, sus asociados están restringidos a su aceptación por parte de los demás socios, y lo hacen básicamente teniendo en cuenta la confianza mutua, el conocimiento de su honestidad, y en su solvencia económica, elementos que son determinantes en las mismas. En atención a esto, se desprende el hecho de que la parte social de los asociados, no sean transmisibles por actos intervivos, ni transmisible a causa de muerte de un socio (en ese caso la sociedad se disuelve).


Responsabilidad de los socios: En las sociedades de personas, los riesgos de cada uno de los asociados son indefinidos en el negocio social, y no están limitados en ese punto, al monto aportado a la sociedad. Todos son retenidos y reputados como personal y solidariamente responsable de las deudas sociales, quedando comprometido así su patrimonio personal, cuando el patrimonio social sea insuficiente para cubrirlas.


Pertenecen a esta categoría:
  Las sociedades en nombre colectivo, compuesta de un solo grupo de asociados y,
   Las sociedades en comandita simple, compuestas de dos categorías de socios, los comanditados que son verdaderos socios en nombre colectivo y los comanditarios, que son reputados como simples prestamistas de fondo, y que son responsables del pasivo social hasta la concurrencia de sus aportes.


Sociedades mixtas. Su régimen legal se inspira en las normas aplicables a las sociedades por interés personal y por acciones.

Criterios para su diferenciación. Las Sociedades Intuitu Pecuniae se distingen de las Intuitu Personae en que, y salvo investigación hecha al respecto, el público desconoce quiénes son sus accionistas, y en ocasiones, ni los propios accionistas conocen quiénes son sus colegas. Estos están unidos simplemente por el capital y por el propósito de obtener beneficios;

contrariamente las intuitu  personae  se forman en base a  la confianza mutua  entre los asociados.

En principio, y salvo disposición en contrario del contrato de sociedad, en la sociedad intuitu pecuniae los socios conservan su facultad de poder transmitir o ceder sus capital social libremente a otros, ya sean o no socios, y no es causa de disolución de esta sociedad la muerte o interdicción de un asociado; contrario ocurre en las sociedades intuitu personae, donde en principio, la parte social no es transmisible por acto intervivos, ni a causa de muerte, salvo pacto en contrario, y al verificarse la muerte de uno de los asociados, la sociedad se ha de disolver.

Por otro lado, en las intuitu pecuniae los riesgos que han de soportar los socios están limitados al monto de sus aportes, contrario a las sociedades intuitu personae, donde los riesgos de cada uno de los asociados son indefinidos y no están limitados al monto aportado; todos son retenidos y reputados como personal y solidariamente responsables de las deudas sociales, quedando comprometido el patrimonio personal, cuando el patrimonio social sea insuficiente para cubrirlas.



Requisitos de publicidad.


Dentro del mes siguiente a la constitución de la sociedad, se deberá proceder a la inscripción o matriculación de la sociedad recién constituida, en la oficina del Registro Mercantil, el cual está a cargo de las Cámaras de Comercio y Producción.

Esta inscripción es la que le conferirá personalidad jurídica a la sociedad, y con la cual se cumple la principal medida de publicidad de las sociedades, e implica también, autorización expresa para el inicio de las operaciones comerciales.

En igual plazo, y una vez se haya verificado la inscripción en dicho registro, se deberá proceder a realizar la inscripción en el Registro Nacional de Contribuyentes, cuyo número ha de aparecer precedido de las siglas R. N. C., en todos los documentos e impresos de la compañía.

La  disposición del artículo 42 del Código de  Comercio  relativas a  la publicación  de la constitución de la compañía en un periódico de la localidad, fue derogada por la Ley No. 3-02 sobre Registro Mercantil.

La existencia de la sociedad comercial, se establecerá y probará, mediante certificación de inscripción en el Registro Mercantil. Para acceder a ésta, se deberá rellenar un formulario elaborado a tales fines, al que se hará acompañar de copia certificada de todos los documentos constitutivos.


El levantamiento del velo corporativo.


Tomando en cuenta que el velo corporativo establece una separación del patrimonio de la sociedad y el de sus accionistas, podemos establecer que el levantamiento del velo corporativo es la técnica judicial que debe aplicarse a los fines de obtener la ruptura de dicha separación, y que surge  con  el propósito de facultar a  la  autoridad  jurisdiccional, para prescindir de la protección que se da en algunas sociedades.

El artículo 12 de la Ley 479-11 y sus modificaciones, establece el principio de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, o levantamiento del velo corporativo, en casos de fraude a la ley, violación al orden público o por fraude y en perjuicio derechos de terceros.

Hay que tener en cuenta que este levantamiento del velo corporativo no supone desconocer la personalidad jurídica de la sociedad, ni declarar su nulidad, sino que busca salvaguardar derechos de socios, accionistas o terceros afectados por un mal uso de su personalidad. Supone entonces, un procedimiento para descubrir, y reprimirlo en su caso, el dolo o abuso cometido con apoyo en la autonomía jurídica de una sociedad, sancionando a quienes la manejan.


La figura del Levantamiento del Velo Corporativo, ha sido una respuesta de la Jurisprudencia a situaciones de injusticia evidentes, en la que una persona jurídica deudora, no tiene fondos suficientes, para cumplir con sus obligaciones pecunarias, e intenta burlar sus compromisos, escudándose en el argumento de que sus obligaciones fueron contraídas por una persona jurídica, cuyo patrimonio es completamente distinto al de la persona física, consecuentemente, colocando sobre sus acreedores la carga económica de no poder recuperar sus créditos, ante ese escenario, se permite a los acreedores perseguir el patrimonio no sólo de la persona moral con la cual contrataron, sino además de sus accionistas a los fines de restablecer el balance social.


Se trata pues de toda una teoría que aproxima más al derecho a lo justo que a lo legal, colocando una excepción a la teoría clásica de separación de patrimonio de la persona jurídica del patrimonio de los socios. Es también concebido como el acto judicial por el cual, se traspasa la persona jurídica para investigar la realidad que existe en su interior, y poder declarar la oponibilidad de la sentencia que intervenga a las personas físicas, previa prueba fehaciente de que ha existido dolo o fraude en su accionar. Este procedimiento tiene su principal fundamento basado en el principio de equidad, y supone una excepción a la regla de la responsabilidad limitada de los socios frente a las deudas de la sociedad. Esta figura jurídica persigue poner fin a las prácticas ilícitas de quienes utilizan la sociedad para fines distintos a los que fueron legalmente creadas.


El efecto del levantamiento del velo corporativo, se determina con la decisión judicial que adopte tal acción, es decir, que establezca la imposición a los socios de responder por las obligaciones contraídas, frente a las deudas de la sociedad. El levantamiento del velo corporativo, procede cuando se entiende que ha existió fraude, y dolo por parte de los accionistas al momento de la suscripción de un contrato.


Administración de las sociedades comerciales.


El artículo 25 de la ley 479-08 sobre Sociedades Comerciales y modificada por la 31-11, establece en su contenido lo siguiente:


“Las sociedades comerciales serán administradas por uno o varios mandatarios, asalariados o gratuitos, que podrán ser o no socios. Esos mandatarios podrán delegar en todo o en parte sus atribuciones, si el contrato de sociedad o los estatutos lo

permiten, pero serán responsables frente a la sociedad por actos de las personas a
quienes las deleguen”.


Responsabilidad de los administradores y gerentes.


Artículo 26. Los administradores o gerentes tendrán a su cargo la gestión de los negocios sociales, además representarán a la sociedad, salvo que la ley, el contrato de sociedad o los estatutos sociales atribuyan las funciones de representación a alguno o algunos de ellos, o establezcan cualquier otra modalidad de representación para la actuación frente a terceros.

Párrafo.- Las restricciones a los poderes o facultades de los administradores, gerentes y representantes establecidas en el contrato de sociedad, los estatutos sociales o en el acto de designación, serán inoponibles a los terceros, pero tendrán eficacia frente a los socios.

Artículo 27. Cuando una persona jurídica sea administradora, gerente o representante, actuará a través de la persona física que sea designada. La persona jurídica y sus administradores serán solidariamente responsables por la persona física designada y asumirán como propias las obligaciones y responsabilidades derivadas de su condición de administradora, gerente o representante.

Artículo 28. Los administradores, gerentes y representantes de las sociedades, deberán actuar con lealtad, y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Serán responsables conforme a las reglas del derecho común, individual o solidariamente, según los casos, hacia la sociedad o hacia terceras personas, ya de las infracciones de la presente ley, ya de las faltas que hayan cometido en su gestión, o por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión personal, hacia los socios o terceros.

Párrafo.- Los administradores, gerentes y representantes de todas las sociedades comerciales, estarán sujetos a las inhabilitaciones, prohibiciones y remuneraciones previstas para los administradores de las sociedades anónimas, referidas en los Artículos 211, 227, 228 y 229 respectivamente, de esta ley.

Artículo 29.- Los administradores, gerentes y representantes no podrán participar, por cuenta propia o de terceros, en actividades comerciales que impliquen una competencia con la sociedad, salvo autorización expresa los socios. Tampoco  podrán tomar o conservar interés directo o indirecto en cualquiera empresa, negocio o trato hecho con la sociedad, o por cuenta de ésta, a menos que hayan sido expresamente autorizados para ello por el órgano societario correspondiente, conforme las reglas aplicables al tipo societario de que se trate en las condiciones previstas en esta ley.

Según el artículo 18 de la Ley 479-08, Los fundadores de la sociedad, así como los administradores o gerentes, serán responsables del perjuicio causado por las omisiones o irregularidades, a que se refiere el artículo 17, respecto a las estipulaciones indicadas en el artículo 14, que debe contener el contrato de sociedad, o los estatutos sociales de toda sociedad comercial.


La forma de dividir el capital social.


La distribución de dividendos se hará en base a la proporción que cada socio tenga en el capital social.

La Ley No. 479-08 establece lo siguiente: Artículo 24. El monto del capital social de las sociedades comerciales se constituirá, al momento de su formación, con el valor de todos los aportes y podrá expresarse, tanto su monto como el valor nominal de sus partes, en moneda extranjera de libre convertibilidad.


Sociedades de Responsabilidad Limitada Artículo 91. El capital social de las sociedades de responsabilidad limitada se dividirá en partes iguales e indivisibles que se denominarán cuotas sociales, las cuales no podrán estar representadas por títulos negociables.

Párrafo I.-  El monto del  capital  social  y  el  valor  nominal de  las  cuotas  sociales serán determinados por los estatutos sociales; sin embargo, el capital social no podrá ser menor de cien mil pesos dominicanos (RD$100,000.00) y se integrará por cuotas sociales no menor de cien Pesos Dominicanos (RD$100.00) cada una.

Párrafo II.- No obstante lo anterior, la Secretaría de Estado de Industria y Comercio fijará por vía reglamentaria cada tres (3) años, a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, los montos mínimo y máximo del capital social, así como el monto mínimo de las cuotas sociales, de acuerdo con los índices de precios al consumidor.

Sociedades en comandita  por acciones  Artículo 141. La  sociedad  en  comandita  por acciones se compone de uno o varios socios comanditados que tendrán la  calidad de comerciantes y responderán indefinida y solidariamente de las deudas sociales, y de socios comanditarios, que tendrán la calidad de accionistas y sólo soportarán las pérdidas en la proporción de sus aportes. Su capital social estará dividido en acciones. El número de los socios comanditarios no podrá ser inferior a tres (3).

Sociedades Anónimas Artículo 154. La sociedad anónima es la que existe entre dos o más personas bajo una denominación social y se compone exclusivamente de socios cuya responsabilidad por las pérdidas se limita a sus aportes. Su capital estará representado por títulos esencialmente negociables denominados acciones, las cuales deberán ser íntegramente suscritas y pagadas antes de su emisión.

Tema 1:
PROCEDIMIENTO CIVIL ANTE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

La Organización Judicial.


La Organización Judicial forma parte del conjunto de normas jurídicas que regulan la organización, funcionamiento y atribuciones de los órganos el Poder Judicial y sus auxiliares. Con este ordenamiento se persigue tutelar la intervención de estos órganos como los llamados a administrar justicia para decidir sobre los conflictos entre personas físicas o morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado. Su ejercicio corresponde a los tribunales y juzgados determinados por la ley.


La organización judicial tiene cuatro fuentes principales: la Constitución, la Ley 821 de 1927 sobre Organización Judicial, la Ley de Carrera Judicial y el Código de Procedimiento Civil con las leyes adjetivas que lo modifican y completan.


Organización de los Tribunales. La Justicia se administra gratuitamente, en nombre de la República, por el Poder Judicial. Este poder se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Constitución y por las leyes. El Poder Judicial goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria.


La Suprema Corte de Justicia no se incluye ni entre los tribunales de derecho común ni entre los de excepción pues su situación sui generis no permite incluirla en ninguna de las dos categorías anteriores.


Por regla general, los asuntos sometidos a los tribunales, deben recorrer dos grados. Esto quiere decir que las partes pueden apelar por ante la jurisdicción inmediata superior, cuando consideren que el fallo del primer grado les ha ocasionado algún agravio. El principio del doble grado de jurisdicción es de orden público. Pero no es de orden constitucional, por lo que el legislador puede suprimirlo. En virtud del doble grado de jurisdicción la apelación es de derecho a menos que la ley exprese lo contrario.


Los Tribunales se agrupan en tres categorías fundamentales:


o  Tribunales de derecho común: los Juzgados de Primera Instancia y las Cortes de
Apelación.
o  Tribunales  de  excepción  o  extraordinarios:  los  Juzgados  de  Paz  (Ordinarios, Municipales, Especial de Tránsito) los Tribunales y Cortes de Niños, Niñas y Adolescentes y el Tribunal de Tierras.
o  Los que conocen sólo asuntos que le atribuye la ley de manera expresa.

Los órganos que no forman parte del Poder Judicial son llamados también jurisdicciones autónomas. Estas jurisdicciones autónomas son dos:
1. La Junta Central Electoral
2. El Control de Alquileres de Casas y Desahucios y
3. La Comisión de Apelación sobre Alquileres de Casas y Desahucios.


Organización De Los Tribunales:


En atención a su competencia territorial: La regla de la competencia territorial de alcance general, está contenida en el artículo 59 del código de Procedimiento Civil. Según el cual en materia de competencia territorial, la regla básica es la contenida en la frase “actor sequiturforumrei”, es decir, en materia personal, el demandado será emplazado para ante el tribunal de su domicilio; sino tuviere domicilio para ante el tribunal de su residencia; si hubiere muchos demandados, por ante el tribunal del domicilio de uno de ellos a opción del domicilio. Competencia Territorial: Esta determina básicamente el lugar territorial en que debe ser conocido un caso.



Cuando el demandado no tiene ni domicilio ni residencia conocidos, el tribunal competente es el domicilio del demandante, aunque expresamente no lo dice el código. En caso de las personas morales la competencia se fija en el domicilio social de la sociedad, compañía o asociación, por el cual no se debe entender solamente el lugar del principal establecimiento, sino además cualquier sitio donde la sociedad tenga abierta una sucursal o tenga un represente.


En atención a la competencia de atribución: Las pautas tradicionales que permiten determinar la competencia en razón de la materia de una jurisdicción cualquiera, son en primer lugar el objeto o naturaleza del litigio, el cual es sin lugar a dudas el criterio principal, seguido de la importancia de los intereses en juego, determinado por el valor del litigio.


Competencia de Atribución: Es la facultad que tiene un tribunal con preferencia sobre otro para conocer un caso un caso determinado. Esta determina el grado de jurisdicción en que se conoce o debe conocerse un caso, la naturaleza de la jurisdicción ya sea que se conozca en un tribunal de derecho común o de excepción y el lugar que ocupa la jurisdicción en la clasificación general de las jurisdicciones.


La competencia en razón de la materia nos indican cual es la naturaleza de la jurisdicción, es decir, si se trata de un tribunal de derecho común o de excepción. La competencia de las jurisdicciones en razón de la materia se determina por las reglas de la organización judicial y por algunas disposiciones particulares.


Tribunales divididos en salas:


Suprema Corte de Justicia: Está dividida en tres salas:
Civil y comercial
Penal
Tierras, Laboral y contencioso: Administrativo y Tributario.

Cortes de Apelación: (Colegiado, cinco jueces)
Hay Nueve (9) Cortes de Apelación en todo el país, una en cada Departamento Judicial.
Se compondrá cada una de Cinco Jueces.
Se divide en Cámaras y estas a su vez en Salas, en algunos Departamentos Judiciales.


Juzgados de Primera Instancia (Unipersonal)
Hay un Tribunal en cada Distrito Judicial.
Se compone de un Juez.
En algunos Distritos está dividida en Cámaras y estas en Salas.


Juzgado de Paz (Unipersonal)
Uno por cada municipio.


Clasificación de los tribunales:
Dependiendo de si está precedida o conformada por uno o varios jueces, los tribunales pueden ser:


1.-Tribunales Unipersonales: conformados por un juez, en nuestra organización judicial son los Juzgados de Paz, los Juzgados de Primera Instancia y los Tribunales de Tierra de Jurisdicción Original;


2.- Tribunales Colegiados: conformados por cinco jueces, en nuestra organización judicial son: las Cortes de Apelación y el tribunal Superior de Tierras y los Juzgados de Primera Instancia en la sala penal;


Dependiendo de su competencia existen o podemos clasificarlos en:


1.- Tribunales ordinarios o de derecho común: Son aquellos ante los cuales se puede llevar cualquier asunto respecto del cual la ley no otorga especialmente competencia a otro determinado. Estos son: los Juzgados de Primera Instancia y las Cortes de Apelación. Los tribunales de derecho común tienen competencia para conocer de todos los asuntos no atribuidos especialmente a los tribunales de excepción.


2.- Tribunales de excepción: Son aquellos que tienen competencia sólo en las materias que expresamente le atribuye la ley. Estos son : los Juzgados de Paz, los Tribunales de Tránsito, los Tribunales y Cortes de Niños, Niñas y Adolescentes, el Tribunal Inmobiliario, Juzgados de Trabajo, Tribunal Contencioso Tributario.


Suprema Corte de Justica
En su calidad de máximo tribunal, la Suprema Corte está conformada por tres Cámaras: Primera Cámara o Cámara Civil y Comercial, Segunda Cámara o Cámara Penal y Tercera Cámara o Cámara de Tierras, Laboral, Contencioso-Administrativo y Contencioso-Tributario. Actualmente cuando la Suprema Corte de Justicia sesiona en pleno, el quórum es de un mínimo de doce (12) Jueces y las decisiones se tomarán por mayoría de votos. En caso de

empate, el voto del Presidente será decisorio, según el artículo 27 de la Ley de Organización
Judicial número 821 del 1927, modificado por las leyes 25-91 y 156-97.


En la Suprema Corte de Justicia funcionan seis (6) órganos Jurisdiccionales que son: El Pleno, conformado por todos los jueces, es el órgano de mayor jerarquía y Las Tres Salas por separado.


La Primera Sala, (conoce de los recursos de casación en materia civil y comercial) la Segunda Sala (conoce de los recursos de casación en materia penal) y la Tercera Sala (conoce de los recursos de casación en materia de Tierras, Laboral, Contencioso Administrativo y Contencioso Tributario) para conocer y fallar los recursos de casación que se sometan por primera vez en sus distintas jurisdicciones. Cada Sala está compuesta de cinco (5) jueces y será dirigida por un Presidente. Las salas se podrán integrar con tres (3) de sus miembros, en cuyo caso las decisiones se tomarán a unanimidad.


Salas Reunidas, está compuesta por las tres salas de la Suprema Corte de Justicia, y es el órgano competente para conocer del segundo recurso de casación, con motivo de un envío realizado por cualquiera de las salas.
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, dentro de las atribuciones conferidas al presidente, especialmente las que se encuentran vinculadas con los apoderamientos de los expedientes jurisdiccionales se puede destacar, dictar autos de emplazamientos, cursar los expedientes según la materia a la sala correspondiente, fijar audiencia en las diferentes materias cuando el conocimiento del asunto sea competencia del Pleno.


Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación: competencia
Las Cortes de Apelación conocen, de las apelaciones a las sentencias, de conformidad con la ley; en primera instancia de las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios; y, de los demás asuntos que determinen las leyes.


Cada Corte de Apelación y sus equivalentes como unidad jurisdiccional está compuesta por cinco (5) jueces, un Presidente, un Primer Sustituto de Presidente, un Segundo Sustituto de Presidente y dos miembros, con excepción de las Cortes de Niños, Niñas y Adolescentes que están compuestas por tres (3) jueces como mínimo, el Tribunal Superior Administrativo que estará integrado por no menos de 3 magistrados y el Tribunal Superior de Tierras compuesto por no menos de cinco (5) jueces.


Podemos definir la estructura de las Cortes de Apelación o Tribunales de segundo grado, de la siguiente forma:
Las Cortes de Apelación Ordinarias conocen en segundo grado los asuntos en materia penal, civil y comercial, de conformidad con la competencia que les da la ley, de las que están en funcionamiento, ocho (8) están divididas en Cámaras y por materias, ubicadas en los departamentos judiciales de Barahona, La Vega, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, Santiago y el Distrito Nacional; y, tres (3) tienen Plenitud de Jurisdicción que conocen además laboral y niños, niñas y adolescentes, las cuales

están ubicadas en los Departamentos Judiciales de Montecristi, Puerto Plata y San Juan de la Maguana.


La Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación Ordinaria tiene competencia para conocer las apelaciones de los asuntos de trabajo y /o de niños, niñas y adolescentes en los Departamentos Judiciales donde no existen Cortes Especializadas en estas materias. Cuando se trata de asuntos penales de niños, niñas y adolescentes, la conocerá la Cámara Penal de la Corte de Apelación Ordinaria.


Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia: competencia
Los Tribunales de Primera Instancia con plenitud de jurisdicción o las cámaras  de lo civil y comercial, conocen de los asuntos de comercios que les atribuyen los códigos; pero no obstante a la plenitud de jurisdicción  se ha de aplicar el procedimiento correspondiente en cada caso; es decir, el procedimiento civil cuando es un asunto civil y el comercial cuando es comercial.


Los Juzgados de Primera Instancia conocen en instancia única, de todas las acciones reales, personales y mixtas que no sean de la competencia de los Jueces de Paz hasta la cuantía de mil pesos y a cargo de apelación de demanda de cualquier cuantía o de cuantía indeterminada. Todas las acciones inmobiliarias son de la competencia del Juzgado de Primera Instancia, con excepción de las acciones que sonde la competencia exclusiva del Tribunal de Tierras.


Los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Paz, son competentes para conocer de las acciones reales, personales y mobiliarias, siendo la cuantía de la demanda lo que en definitiva determinará la competencia de uno u otro juzgado y teniendo en cuenta que cuando se trata de acciones reales inmobiliarias siempre lo será el Juzgado de Primera Instancia o el Tribunal de Tierras, sin tener en cuenta la cuantía.


Juzgado de Paz Ordinarios, competencia.
Son tribunales unipersonales y en la pirámide de la estructura judicial son los órganos jurisdiccionales de menor jerarquía. La Ley determinará el número de Juzgados de Paz y sus equivalentes, sus atribuciones, competencia territorial y la forma en que estarán organizados.


Podemos definir la estructura de los juzgados de paz de la siguiente forma:
Juzgados de paz ordinarios.  Conocen de las pensiones alimentarias; y de las acciones puramente personales o mobiliarias, en única instancia, en materia civil y comercial hasta la suma de tres mil pesos (RD$3,000) y con cargo a apelación hasta el valor de veinte mil pesos (RD$20,000). En los municipios donde no existan estos tribunales los juzgados de paz especializados, son los competentes para conocer el asunto de estos tribunales. Mediante Resolución núm. 1186-2006 la Suprema Corte de Justicia autoriza a los Jueces de Paz Ordinarios actuar como jueces de niños, niñas y adolescentes en la fase de la instrucción de los procesos penales seguidos a adolescentes imputados y ejercer sus funciones.
Juzgados especiales de tránsitos.  Son competentes para conocer de las infracciones por violación a la Ley núm. 241 del 28 de diciembre de 1967 sobre Tránsito de Vehículos y sus modificaciones.

Juzgados de paz para asuntos municipales.  Conocen de todas las infracciones de las leyes, ordenanzas, reglamentos y resoluciones municipales.


En la actualidad existen doscientos quince (215) Juzgados de Paz en funcionamiento, de los cuales ciento sesenta y cuatro (164) son Juzgados de Paz Ordinarios, dieciséis (16) Juzgados de Paz Especiales de Tránsito, y nueve (9) son Juzgados de Paz para Asuntos Municipales.


Los integrantes del tribunal  y los auxiliares de la justicia
Son auxiliares de la justicia todas aquellas personas que cooperen con el Juez, unas más directa o necesariamente que otras, en la administración de la justicia. Las personas que actúan como auxiliares de la justicia pueden ser distribuidas en varias categorías, a continuación las funciones que desempeñan cada uno de ellos:


• Juez: Es la persona designada como magistrado (a) el cual está encargado de administrar justicia, debe prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes y de desempeñar fielmente sus funciones.


• Secretario: Son indispensables en todo tribunal, al extremo que el tribunal no puede constituirse sin él. Tiene  fe pública en el ejercicio de sus funciones. Tienen la obligación de mantener en orden y conservar con toda seguridad el archivo a su cargo, tener al día sus libros, velar fielmente porque los empleados de su dependencia desempeñen sus deberes.


• Alguacil: Los alguaciles son oficiales ministeriales, con capacidad para hacer notificaciones de  actos  judiciales  y extrajudiciales.  Los alguaciles ejercen  sus  funciones  dentro  de  la demarcación del tribunal en el cual desempeñan sus funciones, pudiendo ser comisionados por algún otro tribunal, por causas de necesidad, para actuar fuera de ella. Estos pueden ser de Estrado y Ordinarios, los de Estrado forman parte en la integración del tribunal cuando se está en audiencia. Los alguaciles ordinarios no tienen las obligaciones de ser empleado del tribunal.


• Peritos: Son simples particulares, especialistas en un área de conocimiento técnico, a quienes el juez pide o puede pedir informe de carácter técnico.


• Médico Legista: Están facultados para informar a las autoridades judiciales sobre ciertas enfermedades y dolencias, por medio de la expedición de una certificación médico legal. Los médicos legistas están obligados a dar a las autoridades judiciales los informes facultativos que les pidan en caso de investigación judicial así como acudir al llamamiento de la Policía Judicial para las comprobaciones o la asistencia necesarias en caso de crímenes o delitos, o de accidentes que puedan dar motivo a persecución judicial.


• Los Abogados: Actúan como representantes de las partes y llevan la dirección del proceso en nombre del litigante al cual representan. Su profesión comprende las atribuciones de consultar, postular y defender. El abogado no es un oficial ministerial sino profesional liberal.


• Registradores de títulos: sus funciones son: a) Coordinar, dirigir y regular el correcto funcionamiento del Registro de Títulos a su cargo y del personal bajo su dependencia. b)

Cumplir los principios registrales y ejercer la función calificadora de los documentos que le son presentados como base de una actuación registral. c) Pronunciarse definitivamente, dentro un plazo no mayor de cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de  las solicitudes que le son sometidas al Registro de Títulos. d) Revisar y firmar los Certificados de Títulos y sus correspondientes duplicados y/o extractos, cuando así corresponda. e) Revisar y firmar los asientos registrales que se realizan en los registros complementarios, cuando así corresponda. f) Revisar y firmar las certificaciones, cuando así corresponda. Reglamento General de Registros de Títulos g) Revisar y firmar los oficios de rechazo de las actuaciones, cuando así corresponda. h) Cumplir los requisitos de forma y fondo establecidos en la ley y el presente Reglamento para la emisión, conservación y secuencia cronológica de la ejecución de los Certificados de Títulos y sus correspondientes Duplicados. i) Solicitar diagnósticos catastrales, cuando así corresponda. j) Pronunciarse dentro del plazo de quince (15) días sobre las solicitudes de reconsideración. k) Rectificar los errores puramente materiales detectados en los Certificados de Títulos y en los registros complementarios, de conformidad con la ley y el presente Reglamento tal como se establece en el capítulo correspondiente a las Rectificaciones. l) Informar a la Dirección Nacional de Registro de Títulos de cualquier situación irregular, así como de cualquier intento de cometer actos ilícitos, o de cualquier acto que, ejecutado, presuma tener el mismo carácter. m) Velar por la integridad, conservación y actualización de los archivos físicos a cargo del Archivo Activo, hasta que los mismos sean entregados de manera definitiva al Archivo Central; debiendo informar al Director Nacional de Registro de Títulos cuando considere que los mismos se encuentren en peligro o desprotegidos. n) Elaborar y remitir periódicamente al Director Nacional de Registro de Títulos su reporte de desempeño con los datos estadísticos del Registro de Títulos a su cargo. o) Preservar la integridad de la información y la estructura de extractos que contiene la base de datos registral, cuando se utilice el sistema automatizado, siendo responsable de las modificaciones que se introduzcan a la misma.


Conservadores de Hipotecas: Es un auxiliar de la justicia, que se encarga de llevar un registro de la propiedad no registrada, en cuanto a las hipotecas y gravámenes que les afectan y a las prohibiciones.


Los Notarios: son funcionarios en quienes el juez delega o puede delegar ciertas atribuciones de carácter judicial, como por ejemplo proceder a una venta o a una partición. Son funcionarios instituidos para recibir los actos a los cuales las partes quieren dar carácter auténtico y fecha cierta, conservados en depósitos y expedir copias de los mismos. Pueden también legalizar firmas y huellas en los actos bajo firma privada.


Traductores judiciales: Se utilizan para hacer traducciones desde otros idiomas al castellano. Prestan juramento ante el Juez de Primera Instancia. Llevan un registro autorizado por este Magistrado, de las traducciones que hicieren.


Agrimensores: Son auxiliares técnicos cuyas labores están más ligadas al Tribunal de
Tierras.

• Venduteros públicos: Pueden hacer venta de bienes muebles en pública subasta dentro de los límites de su jurisdicción. Tienen fe pública. Deben llevar libros para asentar los efectos que les son entregados y las ventas que realicen.

Tema 2:
LA FUNCION JUDICIAL


Las funciones judiciales son incompatibles con el ejercicio de cualquier otra función o empleo público, asalariado o no;  con excepción  del profesorado  y de los cargos que dimanen de la Ley Electoral. Todo funcionario o empleado judicial que se encontrare sub-júdice, cesará en el ejercicio de sus funciones, y dejará de percibir el sueldo. Si fuere absuelto o descargado quedará ipso facto reintegrado a su cargo, y se le pagarán los sueldos que había dejado de percibir.


La Función Judicial desde el punto de vista de la Ley de Organización Judicial y de la
Ley de la Carrera Judicial y su reglamento.
La ley de organización judicial 821 dispone que nadie puede ser nombrado para desempeñar ningún empleo judicial en la República, sino es dominicano, mayor de edad, de buena costumbre y no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. El objetivo de dicha ley, es regular y establecer quien puede ser funcionario judicial y los requisitos a cumplir para entrar a dicha función; también establece las incompatibilidades de las funciones judiciales con excepción del profesorado y de los cargos que procedan de la ley electoral.


En cuanto a la ley de carrera judicial y su reglamento, pretende regular los derechos y deberes de los magistrados del orden judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional del estado, garantizar la idoneidad, la estabilidad e independencia de los mismos, así como para el establecimiento de un sistema que permita estructurar técnicamente y sobre la base de los meritos la carrera judicial, con exclusión de toda determinación fundada en motivos políticos, sociales religiosos o de cualquier otra índole.


Acceso al Poder Judicial. Para ingresar a la carrera judicial, según el artículo 11 de la Ley
327-98, se requiere:
Ser dominicano de nacimiento u origen;
Por naturalización con mas de 10 años de haberla obtenido;
Estar en el ejercicio de los derechos civiles y políticos;
Ser licenciado o doctor en derecho,
Someterse al concurso de oposición;
Tener por lo menos dos (2) años de haber obtenido el exequátur; y
No haber sido condenado a una pena aflictiva o infamante.


Los abogados de reconocida competencia de un ejercicio profesional de más de diez años, los profesores universitarios de alta calificación academia, autores de aportes a la bibliografía jurídica y aquellos que hayan prestado servicio en la judicatura con eficiencia y rectitud, por más de cinco años, podrán ingresar a la Carrera Judicial en la categoría que determine la Suprema Corte de Justicia.


Para ingresar a la Carrera Judicial será requisito haber aprobado los programas de capacitación teórica y práctica que dicte la Escuela Nacional de la  Magistratura, salvo en los

casos previstos en el párrafo anterior y lo referente a los Jueces de la Suprema Corte de
Justicia.


Derechos de los Jueces:
1.  Recibir puntualmente la remuneración, así como los demás beneficios y compensaciones de carácter económico establecido en su favor;
2.  Recibir capacitación adecuada a fin de mejorar el desempeño de sus funciones;
3.  Participar  y  beneficiarse  de  los  programas  y  actividades  de  bienestar  social establecidos para los servidores públicos en general;
4.  Disfrutar anualmente de vacaciones de (15) días, las cuales aumentarán en razón de
un día por año trabajando, sin que pueda exceder de (30) días laborables;
5.  Obtener y utilizar permisos y licencias que en su favor consagra esta ley;
6.  Recibir el beneficio de los aumentos y reajustes de sueldos que periódicamente se determinen en atención al alto costo de la vida y otros factores relevantes.


Obligaciones
1.  Prestar juramento;
2.  Cumplir con las disposiciones legales sobre declaración jurada ante notario de la composición activa y pasiva de su patrimonio;
3.  Desempeñar con interés, ecuanimidad, dedicación y eficiencia, probidad, imparcialidad y diligencia las funciones de su cargo;
4.  Evitar, los privilegios y discriminaciones por motivos de filiación política, religión, raza,
sexo, condición social, etc.


Prohibiciones. A los Jueces les esta prohibido:
1) Realizar actividades ajenas a sus funciones,
2) Abandonar o suspender sus labores sin aprobación previa de autoridad competente, salvo casos de urgencia o fuerza mayor;
3) Retardar o negar injustificadamente el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación de los servicios que le corresponden;
4)  Exhibir  tanto  en  el  servicio  como  en  la  vida  privada  una  conducta  que  afecte  la
respetabilidad y dignidad de la función judicial;
5) Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por persona interpuesta, gratificaciones, dádivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a su investidura;
6) Recibir más de una remuneración con cargo al Erario excepto en los casos previstos por
las leyes;
7) Obtener préstamos y contraer obligaciones, sin la previa participación por escrito a la Suprema Corte de Justicia, con personas naturales o jurídicas con las cuales se tengan relaciones en razón de la función judicial que desempeñen;
8) Obtener de manera individual concesiones o beneficios de otro de los poderes del Estado que impliquen privilegio oficial en su favor;
9)  Asistir  al  lugar  de  trabajo  en  estado  de  embriaguez  o  bajo  el  influjo  de  drogas  o estupefacientes;
10) Dar consultas en asuntos jurídicos, de carácter actualmente contencioso, o que puedan adquirir ese Carácter;

11) Las demás prohibiciones que se establezcan por vía legal o reglamentaria, o que resulten del buen entendimiento y observancia de la ética social y administrativa.


Los Jueces no pueden ejercer la abogacía ni directamente ni por persona interpuesta ni otra profesión que los distraiga del cumplimiento de sus deberes oficiales  que sea incompatible con la dignidad del cargo que desempeñan. Esta disposición no deroga la excepción que establece el Artículo 86 del Código de Procedimiento Civil, respecto de las causas que puedan defender los Jueces, pero aun en estos casos no podrán hacerlo por ante el Tribunal en donde ejercen sus funciones.


No podrán prestar servicios en una misma jurisdicción o tribunal los cónyuges o convivientes y quienes están unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusive. No podrán pertenecer a la judicatura nacional los militares activos, dirigentes y activistas políticos, ministros de algún culto religioso en función, los abogados con antecedentes penales o sancionados disciplinariamente por actos que menoscaben su debida reputación profesional.


Además de las prohibiciones impuestas por el artículo 44 del la ley de Carrera, o cualquier otra ley o reglamento, el artículo 149 del Reglamento de la Ley de Carrera Judicial establece que les está prohibido:


1. Dar noticias o informaciones sobre asuntos de la institución, cuando no estén facultados para hacerlo.
2. Observar una conducta que pueda afectar la respetabilidad y dignidad de la fusión jurisdiccional.
3. Solicitar, aceptar o recibir, directamente o por medio de personas interpuestas, gratificaciones, dadivas, obsequios, comisiones o recompensas, como pago por actos inherentes a sus cargos.
4. Prestar, a título particular y en forma remunerada, servicios de asesoría  e asistencia  a órganos públicos  y privados.
5. Valerse de influencias jerárquicas  para propiciar y/o  conminar a  relaciones íntimas y/o
sentimentales  con compañero de trabajo.
6. Cometer actos lesivos a la moral o que promuevan el escándalo público en la institución o cualquiera de sus dependencias, dentro o fuera del horario normal de trabajo.


El Régimen Disciplinario. (Artículos. 57 y siguientes de la Ley de Carrera Judicial) Consiste en el control de la observancia de la constitución, las leyes, los reglamentos, instrucciones y demás normas vigentes y en la aplicación de sanciones en caso de faltas a las mismas.


Este régimen tiene como objetivo:
1.  Contribuir a que los jueces cumplan leal, eficiente y honestamente sus deberes y responsabilidades;
2.  Procurar el adecuado y correcto ejercicio de los derechos y prerrogativas que se
consagran a favor de los jueces;
3.  Procurar que las fallas sean juzgadas y sancionadas conforme a su gravedad y en base a los criterios de legalidad.

Las sanciones a aplicarse son:
La Amonestación oral o escrita.
La Suspensión sin sueldo, por un periodo de hasta 30 días.
La Destitución.


La Ley de Carrera Judicial regula los derechos y deberes de los Magistrados del orden judicial en el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, estableciendo las normas de trabajo entre estos, para garantizar la idoneidad, la estabilidad e independencia de los mismos, así como para el establecimiento de un sistema que permita estructurar técnicamente y sobre la base de los méritos, la Carrera Judicial, con exclusión de toda discriminación fundada en motivos políticos, sociales, religiosos o de cualquier otra índole.


Funciones del consejo del poder judicial relativas al régimen disciplinario.
1) Presentar al pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial, de conformidad con la ley; 2) La administración financiera y presupuestaria del Poder Judicial; 3) El control disciplinario sobre jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial con excepción de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia; 4) La aplicación y ejecución de los instrumentos de evaluación del desempeño de jueces y personal administrativo que integran el Poder Judicial; 5) El traslado de los jueces del Poder Judicial;
6) La creación de los cargos administrativos del Poder Judicial; 7) El nombramiento de todos los funcionarios y empleados que dependan del Poder Judicial; 8) Las demás funciones que le confiera la ley.


Funciones de los presidentes de cortes de apelación relativas al régimen disciplinario. Conocer en primera instancia de las causas penales seguidas a jueces de primera instancia o sus equivalentes; procuradores fiscales, titulares de órganos y organismos autónomos y descentralizados del Estado, gobernadores provinciales, alcaldes del Distrito Nacional y de los municipios;


Escalafón Judicial
El escalafón judicial, es un sistema para que los jueces puedan, en base al mérito personal y profesional, pasar de una categoría a otra superior. La categoría de los funcionarios judiciales, en orden ascendente, para los fines de carrera judicial, es la Siguientes: 1) Juez de Paz o sus equivalentes; 2) Juez de Primera Instancia, Juez de Instrucción, Juez de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras,  Juez de Trabajo, Juez de  Niños,  Niñas  y Adolescentes o  sus equivalentes; 3) Juez de la Corte de Apelación, Juez del Tribunal Superior de Tierras, Juez del Tribunal Contencioso-Tributario, Juez de la Corte de Trabajo, Juez de la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes o sus equivalentes; 4) Juez de la Suprema Corte de Justicia.


La Carrera Judicial se inicia con las funciones de juez de paz o de instrucción, según los casos, y termina con la de Juez de la Suprema Corte de Justicia.  La movilidad en la carrera judicial sólo opera por traslado o por ascenso. Se entiende por traslado la transferencia de un juez,

con su mismo grado, a otra jurisdicción de igual categoría. Ascenso es la promoción de un grado a otro superior.


Sistema de Evaluación de desempeño
La evaluación del rendimiento de los jueces será realizada por la Suprema Corte de Justicia para los de las Cortes de Apelación, el Tribunal Superior de Tierras y el Tribunal Superior Administrativo, y por las Cortes de Apelación para los demás jueces, con excepción de los Jueces del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original y Residentes, que serán evaluados por el Tribunal Superior de Tierras. Esta evaluación se hará anualmente. Para evaluar el rendimiento de los jueces se tomarán en consideración, entre otros, los siguientes elementos:
1) El número de sentencias pronunciadas y la cantidad de incidentes fallados en los tribunales donde ejerza sus Funciones. 2) El número de las sentencias confirmadas, revocadas o anuladas.3) El número de las audiencias celebradas por el tribunal en cada mes del año. 4) El número de autos dictados y el despacho de asuntos administrativos.5) La duración para pronunciar las sentencias y para fallar los incidentes que se presenten al tribunal.6) El conocimiento de los casos de referimientos y la solución de los mismos. 7) Las recusaciones formuladas y aceptadas contra el juez y el número de inhibiciones.8) Las sanciones impuestas al juez. 9) El movimiento general de trabajo del tribunal, representado por el número de asuntos incoados mensualmente, el número de casos resueltos y en estado de sustanciación, los procesos paralizados y sus causas, el número de sentencias dictadas.10) Participaciones en seminarios, congresos nacionales e internacionales.11) Artículos, libros y monografías publicadas sobre temas jurídicos. 12) Docencia académica. La escala de rendimiento satisfactorio de los jueces será determinada por la Suprema Corte de Justicia. Artículo 28.- El presidente de cada cámara de la Suprema Corte de Justicia evaluará el rendimiento de los jueces de sus respectivas cámaras. El Presidente de la Suprema Corte de Justicia evaluará a los presidentes de las cámaras de dicho tribunal. Este último será evaluado por sus pares.


Régimen para los ascensos y los traslados para los jueces y juezas
Los jueces ascenderán  en  el escalafón  de  la judicatura a  la categoría inmediatamente superior, de acuerdo con previa calificación de los méritos acumulados, años en servicios, cursos de post-grado, producción bibliográfica y el resultado de la evaluación de su rendimiento. La Suprema Corte de Justicia reglamentará todo lo concerniente al ascenso de los jueces.


Los jueces podrán ser trasladados provisional o definitivamente por la Suprema Corte de Justicia en los casos siguientes: 1) Por solicitarlo así el Juez, si a juicio de la Suprema Corte de Justicia aquel ha acumulado mérito en el ejercicio del cargo, existe una causa justificada, el cargo al que aspira ser trasladado el juez está vacante, y si dicho traslado no es inconveniente para el servicio de la administración de justicia.2) Cuando lo considera útil la Suprema Corte de Justicia, por resolución motivada que no deje lugar a dudas de que no se trata de sanción.


La Suprema Corte de Justicia, a solicitud de los interesados, podrá autorizar cambios entre jueces, aunque los tribunales sean diferentes y pertenezcan a distintos departamentos o distritos judiciales, siempre que con ello no perjudique al servicio de administración de justicia.

Los ascensos, traslados y cambios no interrumpirán el tiempo de servicio de los funcionarios para todos los fines de la carrera judicial y el régimen de jubilaciones y pensiones.


Para los traslados o ascensos se tendrán en cuenta, rigurosamente, además de las condiciones exigidas por la Constitución, el mérito personal y la antigüedad en el ejercicio de la función en la categoría o grado inferiores y, en igualdad de condiciones, se preferirá al candidato de mayor edad. Los traslados y los ascensos deben contar con la anuencia previa de los beneficiarios, aún en el caso previsto en el literal b) del Artículo 23 de la presente ley
327-98.


Sanciones Disciplinarias Contra Los Jueces
El Poder disciplinario reside en la Suprema Corte de Justicia, en las Cortes de Apelación y en los demás tribunales.
Los Jueces que en el ejercicio de sus funciones cometan faltas o no cumplan con sus deberes
y con las normas establecidas, serán administrativamente responsables y sancionados en consecuencia, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles, penales o de otra índole, resultantes de los mismos hechos u omisiones. Según la gravedad de las faltas, las autoridades competentes en los términos de esta ley, podrán imponer las siguientes sanciones:
a.  Amonestación oral,
b.  Amonestación escrita,
c.  Suspensión sin sueldo, por un período de hasta treinta (30) días, d.  Destitución.


Carrera administrativa dentro del PJ
La Carrera Administrativa Judicial, como régimen estatutario de Derecho Público regulador de las relaciones de trabajo del personal administrativo, ministeriales y auxiliares de la justicia de los tribunales y de los demás órganos administrativos de gestión del poder jurisdiccional del
Estado, se regirá por su propio reglamento.


Acceso a la carrera administrativa judicial


Artículo 5 reglamento de carrera judicial.- La Carrera Administrativa Judicial, como régimen estatutario de Derecho Público regulador de las relaciones de trabajo del personal administrativo, ministerial y auxiliar de la justicia de los tribunales y de los demás órganos administrativos de gestión del poder jurisdiccional del Estado, se regirá por su propio reglamento.

Artículo 55.- Sin perjuicio de las condiciones que para ser Juez de la Suprema Corte de Justicia exige el artículo 65 de la Constitución de la República, para ingresar en la Carrera Judicial por cualquiera de las restantes categorías se requiere, además de las condiciones de aptitud establecidas en el artículo 11 de la Ley de Carrera Judicial, las siguientes:

1.- Poseer aptitud moral y psíquica comprobada por la Dirección General de Carrera Judicial, a través de la unidad de Reclutamiento y Selección.
2.- Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes, concursos y evaluación de expedientes personales previstos en la ley y en este reglamento, en la forma que se determine en la correspondiente convocatoria pública, que será aprobada por la Suprema Corte de Justicia, a propuesta de la Dirección General de Carrera Judicial.

3.- Aprobar los programas de capacitación teórica y práctica a que se refiere el párrafo II del artículo 11 de la ley, salvo para el caso establecido en el párrafo I del mismo artículo.
4.- Prestar ante el juez jerárquicamente superior, una vez designado, el juramento consignado en el artículo 41 de la ley.

Artículo 56.- El ingreso en la Carrera Judicial se producirá, con carácter principal, por la vía señalada en el artículo 11 de la Ley de Carrera Judicial y, de manera excepcional, por la señalada en el párrafo I del mencionado artículo.

En el primer caso, el ingreso se realizará necesariamente por la categoría de Juez de Paz o  sus equivalentes.

En el segundo, el ingreso se producirá en la categoría que determine la Suprema Corte de Justicia.
En todo caso, el ingreso en la Carrera Judicial respetará los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.



Régimen disciplinario.


El poder disciplinario radica en la autoridad competente, mediante el procedimiento establecido en la Ley de Carrera Judicial, y que se desarrolla en este Reglamento.


Los juicios disciplinarios se celebrarán con la participación del Ministerio Público, aunque la iniciativa disciplinaria haya sido tomada por la autoridad competente.


Si los hechos en materia disciplinaria pudieran ser constitutivos de delitos, se ordenará ponerlos en conocimiento del Ministerio Público, acompañándole copia de los documentos correspondientes.


No obstante, el inicio de un proceso  penal no  será  obstáculo para la iniciación de un expediente disciplinario por los mismos hechos, pero no se dictará resolución en éste, hasta tanto haya recaído sentencia definitiva en la causa penal. En todo caso, la declaración de hechos probados contenida en la decisión que ponga término al procedimiento penal vinculará la resolución que se dicte en el expediente disciplinario, sin perjuicio de la distinta calificación jurídica que pueda merecer en una y otra vía.


Sólo podrá recaer sanción penal y disciplinaria por los mismos hechos, cuando no hubiere identidad de fundamento jurídico y de bien jurídico protegido.


Independientemente de los objetivos del Régimen Disciplinario previsto en el artículo 57 del reglamento de la Carrera Judicial, éste tendrá adicionalmente los siguientes:


1.- Prevenir la comisión de faltas de parte de los jueces y pautar de manera clara su conducta dentro y fuera de la institución.


2.- Proveer los recursos y las vías de acción necesarios para la salvaguarda de los derechos y legítimos intereses consagrados por la Ley en favor de los jueces.

Evaluación del desempeño


La División de Evaluación del Desempeño preparará para someter a la consideración de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Dirección General de Carrera Judicial, la escala de rendimiento satisfactorio a que se refiere el párrafo único del artículo 27 de la ley, así como la escala referente a los factores previstos en el artículo anterior.


Del Control de la Evaluación del Desempeño.


Corresponde a la Dirección General de Carrera Judicial velar por la oportuna y adecuada aplicación del sistema de evaluación del desempeño y para tal efecto deberá:


• Informar a los jueces evaluadores sobre las normas y procedimientos que rigen la materia.
• Velar porque las evaluaciones se realicen en las fechas programadas.
• Suministrar en su oportunidad los formularios y el apoyo necesarios para proceder a las
evaluaciones y calificaciones.
• Efectuar los promedios necesarios para obtener la calificación definitiva y notificarla al interesado.
• Presentar a la Suprema Corte de Justicia a través del Presidente informes sobre los
resultados obtenidos en las evaluaciones del desempeño.


Sanciones a los empleados administrativos judiciales.
Amonestaciones orales o escritas.
Suspensión.
Destitución.

Tema 3:
DERECHO PROCESAL CIVIL

Definición


Es la rama del Derecho que estudia el conjunto de normas y principios que regulan la función jurisdiccional del estado y que fijan el procedimiento que se ha de seguir para obtener la actuación del Derecho Positivo y los funcionarios encargados de ejercerla a cargo del gabinete político, por el cual quedan exceptuados todos y cada uno de los encargados de dichas responsabilidades.


Es el conjunto de normas jurídicas que regulan: las relaciones jurídicas de los  sujetos procesales y la aplicación de leyes civiles a los casos concretos de controversia de las partes.


Diferencias entre proceso y procedimiento


El proceso son las etapas que se deben de llevar y el procedimiento es el resultado cierto. El proceso es el juicio o la resolución y el procedimiento son las etapas. El Proceso emite una autoridad jurisdiccional y el procedimiento lo emiten autoridades jurisdiccional y administrativa. El proceso es compuesto de actos no necesariamente vinculados y el procedimiento puede o no formar parte de un proceso. El proceso podrá estar compuesto por procedimientos, y el procedimiento se encuentra vinculado entre sí.


El Proceso civil. Es la sucesión de fases jurídicas concatenadas realizadas, por el juez en cumplimiento de los deberes y obligaciones que la ley procesal le impone, por las partes y los terceros cursadas ante órgano jurisdiccional en ejercicio de sus poderes, derechos, facultades y cargas que también la ley les otorga, pretendiendo y pidiendo la actuación de la ley para que: dirima la controversia, verificado que sean los hechos alegados, en una sentencia.


El Procedimiento civil. Es un conjunto de formalidades mediante las cuales una dificultad de orden jurídico se somete al tribunal (Artagnan Perez Méndez).


Se diferencia el procedimiento del proceso en que el proceso es un todo, y, está formado por un conjunto de actos procesales. El procedimiento es el modo como va desenvolviéndose el proceso,  los  trámites  a  que  está  sujeto,  la  manera  de  substanciarlo,  que  puede  ser de conocimiento, abreviado, sumarísimo, ejecutivo, no contencioso. Hay procedimiento en la primera instancia, como también en la instancia superior.


Couture, con la claridad que lo caracteriza, dice: El proceso es la totalidad, la unidad. El procedimiento es la sucesión de los actos. Y, añade que el proceso es la sucesión de esos actos hacia el fin de la cosa juzgada.


Naturaleza Jurídica del Proceso.


Parte de la comunidad jurídica actual afirma que el proceso constituye una relación jurídica que se denomina relación jurídica procesal, la cual explica la unidad del proceso y su

estructura. A pesar de eso algunos dicen que no es una relación sino una situación jurídica, siendo para muchos una relación jurídica pública, algunos le dan otra denominación, como establecimiento, fundación, etc. Es una cuestión importante, en la medida en que determina la normativa supletoria a aplicar en los casos de lagunas legales. En torno a la naturaleza jurídica, han existido dos corrientes contrapuestas; las privatistas y las publicistas.


El proceso es una institución integrada dentro del Derecho privado. Hoy en día no se puede mantener esta tesis, habida cuenta del monopolio estatal sobre la jurisdicción, que impide considerar al proceso como algo propio del ámbito privado. Para estos autores, proceso puede identificarse con contrato, de forma que lo definen como el acuerdo de voluntad de las partes en virtud del cual deciden someterse a la decisión de un juez. Por tanto, la jurisdicción es asimilada a una especie de convenio arbitral de las partes, denominado litis contestatio. El consentimiento, objeto y causa de este contrato serían los elementos que conceden la fuerza de cosa juzgada a la sentencia dictada por el juez.


Función del proceso


La Función del proceso, consiste en la tutela del derecho,  como un medio de la realización de la justicia, por lo que se constituye en un derecho de rango similar a la justicia misma


Tutela Constitucional del Proceso


Es una seguridad otorgada por los legisladores con el único fin de que el proceso no aplaste al derecho, tal y como se realiza por aplicación del principio de la Supremacía de la Constitución sobre la Ley Procesal. Por lo que en consecuencia, la tutela del proceso se realiza por imperio de las previsiones constitucionales


La jurisdicción: concepto:


Es aquella que tiene por objeto dirimir el conflicto, declarar la competencia o no de un tribunal para conocer de la casuística que se encuentre apoderado. Son actos procesales, que tienen un mismo fin, llegar a la sentencia según una hipótesis real, cumulo de actos procesales (pruebas, informes de las partes, citación, contestación).


En palabras del distinguido profesor, Eduardo Couture: La jurisdicción "Es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado, con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determinan los derechos de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones bajo autoridad de cosa juzgada, eventualmente factibles de ejecución".



Jurisdicción contenciosa: Cuando se llama al magistrado a actuar  conforme al derecho o reconocer y reparar las infracciones de deberes jurídicos de particulares, los actos que el magistrado cumple son de jurisdicción contenciosa, es decir, la jurisdicción contenciosa tiende a actuar relaciones ya existentes, este proceso sirve para la composición de la litis, es decir,

los particulares recurren a este proceso en búsqueda de la solución de un litigio que por sus propios medios no han podido solucionar.


Jurisdicción Voluntaria: La Jurisdicción voluntaria, en sentido propio, es el proceso judicial especial o especialísimo mediante el cual se hacen valer de modo alternativo ante los órganos de Administración de Justicia, situaciones jurídicas, vale decir, derechos e intereses, incluso colectivos o difusos, con miras a su formación y/o desarrollo.


El Proceso Voluntario, constituye un instrumento fundamental para la realización de la Justicia, ya que el Juez, actuando en sede de jurisdicción voluntaria, crea los condicionantes concretos para dar significación jurídica a la conducta pretensita de quien acciona, mediante una decisión que, sin causar en principio cosa juzgada plena, mantiene su validez mientras no sea revocada expresamente en un juicio contencioso.


Esta Jurisdicción voluntaria es definida como aquella que desarrollan los tribunales de justicia en los casos en que la ley requiera expresamente su intervención, y en que no se promueve contienda alguna entre las partes.



Jurisdicción Disciplinaria: Atribución asignada a la Procuraduría General de la Nación, Personerías Municipales y Distritales y órganos de Control Interno Disciplinario de las diferentes entidades públicas, para investigar y sancionar a los servidores públicos en ejercicio de la función pública.


PRINCIPIOS FORMATIVOS DEL PROCESO CIVIL
Todo proceso debe ser oral, público y contradictorio. Los principios rectores del proceso son siete:


1.  La contradicción: Los jueces no pueden conocer de ningún asunto contencioso sino mediante el requisito de que la persona contra quien va dirigida la demanda haya sido previamente citada para comparecer en juicio, a fin de ponerla en condiciones de defenderse. Este principio de contradicción, no esta enunciado expresamente por la ley, pero que se infiere ciertamente de todas las disposiciones que, al regular la marcha del proceso, exigen la citación del demandado o presuponen que él ha sido regularmente citado.


2.  La publicidad: Es un requisito esencial en el ejercicio de la función jurisdiccional, aplicado particularmente al desarrollo de la situación procesal, este principio significa que la presentación de los alegatos y conclusiones de las partes, la producción del dictamen del Ministerio Público y la pronunciación de la sentencia deben tener lugar en audiencia pública. La publicidad del proceso es un principio de derecho público. La publicidad rige únicamente para los asuntos contenciosos, la sentencia debe comprobar expresamente,  a pena de nulidad, que el requisito de la publicidad ha sido observado. Excepcionalmente, la ley puede prescribir que ciertos asuntos pueden ser instruidos y juzgados sin publicidad. Ejemplo: el procedimiento contra menores.

3.  La igualdad: No solamente se refiere a que todos somos iguales ante la ley; sino también a la igualdad de armas en el proceso. El principio de igualdad consagra que, según el cual todos los individuos, sin distinción de personas, nacimiento, clase, religión o fortuna, tienen la misma vocación jurídica para el régimen, cargas y derechos establecidos por la ley.


La igualdad puede ser: Igualdad civil e Igualdad Política:
Pero la que nos interesa es la Igualdad Civil, la cual se define de la siguiente forma: “Es la que implica la igualdad ante la ley civil, penal y administrativa, y que importa principalmente la igualdad para las cargas públicas (impuestos, servicio militar, etc.,), la igualdad ante la justicia y la igual admisibilidad en las funciones y empleos públicos”.


4.  La imparcialidad: Este principio consagra que no debe el juez, bajo ningún pretexto ni motivo, inclinarse o tener preferencia por una de las partes envueltas en el proceso que dicho juez conoce. El ante todo debe ser imparcial, lo que equivale a decir que no debe parcializarse.


5.  La inmediación, derecho al juez natural: Para fallar con idoneidad el juez debería obtener durante el desarrollo del proceso, un conocimiento directo de los alegatos de las partes y de las pruebas en que apoyan sus pretensiones. Durante el proceso el juez debería estar en inmediata comunicación con las partes, oírlas en audiencia personalmente, o a sus mandatarios, y tener intervención inmediata en la administración y recepción de las pruebas.


6.  La inmutabilidad: Este principio establece que, el proceso debe permanecer inalterable, idéntico a como fue en su comienzo, tanto con respecto a las partes en causa, como al objeto y a la causa del litigio, hasta que se pronuncie la sentencia que le pone término. Normalmente, ninguna de las partes del proceso puede ser sustituida por otra persona, ni cambiar la calidad con que figuró en el comienzo de la litis. En caso del fallecimiento de la parte, el efecto de este fallecimiento sería el de interrumpir la instancia, se entiende que los herederos continúan el proceso en que figuraba su autor, sin la necesidad de incoar una nueva demanda.


La ley admite la presencia de nuevas partes en el proceso sólo en dos casos:
1.  Cuando hay intervención voluntaria de un tercero; y,
2.  Cuando hay demanda en intervención forzosa formada contra un tercero.


7.  Doble grado de jurisdicción: El doble grado de jurisdicción es el derecho que tienen las partes de apelar las decisiones pronunciadas por un tribunal cualquiera llevando sus demandas y pretensiones ante otro tribunal más elevado. El principio de doble jurisdicción es de orden público pero no de orden constitucional, de ahí que la ley puede mandar en ciertos casos que el asunto no recorra el doble grado de jurisdicción. En virtud del doble grado de jurisdicción la apelación es de derecho a menos que la ley exprese lo contrario.


Principio de Disposición: Se entiende por principio de: disposición aquel que deja librada a las partes la disponibilidad del proceso. Este principio se apoya sobre la suposición, absolutamente natural, de que en aquellos asuntos en los cuales sólo se dilucida un interés privado, los órganos del poder público no deben ir más allá de lo que desean los propios particulares.

Formalismo: De acuerdo al principio del formalismo procesal, el proceso se encuentra sometido a las formalidades, algunas de carácter general y otras especiales para cada caso en particular. Sirve como garantía de libertad de las partes, frente al arbitrio en que pudieran incurrir los órganos que ejercen el poder estatal. Asimismo, en segundo lugar, el formalismo sirve para controlar y proteger a una parte de los eventuales excesos de la otra y viceversa.


Principios informadores de los distintos procesos: El proceso es una entidad jurídica sumamente compleja, integrada por actuaciones coordinadas que emanan de las partes y el Juez. Las partes usan esas facultades en defensa de sus intereses privados, aspirando cada una a obtener una sentencia favorable. El Juez por su parte, cumple los deberes inherentes a su investidura como órgano jurisdiccional, con miras a proteger el interés social puesto bajo su custodia, decidiendo cual es la regla de derecho aplicable en la solución de la contienda objeto del proceso.


La doctrina ha sistematizado las características o tendencias del proceso, enunciadas como principios orgánicos del proceso. No todos los principios tienen la misma importancia, algunos revisten un carácter tan general o fundamental que abarcan virtualmente a otros principios. Por ejemplo el principio de oralidad.


Principio de igualdad ante la Ley. El principio de igualdad ante la Ley es un concepto estrictamente jurídico según el cual la aplicación de la Ley debe ser  igual para todos.
La Constitución de la República Dominicana recoge adecuadamente este matiz, según el cual
la igualdad de todos ante la Ley implica más bien la igualdad de la propia le Ley al ser aplicada (Artículo8,5: A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: no puede ordenar más de lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más de lo que le perjudica.


El artículo 8 numeral 5 de la Constitución dispone: “… La ley es igual para todos: no puede ordenar más que lo que es justo y útil para la comunidad ni puede prohibir más que lo que le perjudica”. El Artículo 100 consagra: “La República condena todo privilegio y toda situación que tienda a quebrantar la igualdad de todos los dominicanos, entre los cuales no deben contar otras diferencias que las que resulten de los talentos o de las virtudes...” En igual sentido, se encuentra consagrado este principio de igualdad, por el Artículo 1.1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948.


En este sentido, una interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que: “este principio de igualdad de las partes ante la ley contiene la prohibición explícita de todo tratamiento desigual y discriminatorio, de origen legal, y, en consecuencia, a no introducir en el ordenamiento jurídico, regulaciones discriminatorias, referentes a la protección de los derechos reconocidos...”; lo que implica que el Poder Judicial debe interpretar y aplicar la ley, con estricto respeto al principio de igualdad en todas las fases del proceso judicial de cualquier naturaleza.


Limitaciones: El principio de igualdad no obliga a un igual resultado de procedimientos judiciales similares, pues las aseveraciones formuladas en estos pueden ser diferentes y

dispares al resultado de las pruebas. Sí obliga por el contrario a que un mismo Tribunal mantenga unidad de doctrina, es decir, unidad en los fundamentos de su decisión.


Principio de Economía Procesal. Conforme a este principio se debe tratar de lograr en el proceso los mayores resultados con el menor empleo posible de actividades, recursos y tiempos del órgano judicial. Este principio exige entre otras cosas, que se simplifiquen los procedimientos y se delimite con precisión el litigio; que sólo se admitan y practiquen pruebas que sean pertinentes y relevantes para la decisión de la causa; y que se desechen aquellos recursos e incidentes que sean notoriamente improcedente.


Principio de Pr obi dad:  Este principio se encuentra relacionado con lo que es la Ética Profesional en el cual ya sea el Juez o el abogado debe actuar con rectitud, honradez e integridad de pensamiento y acción para así acabar con contra los abusos y la corrupción en el ejercicio profesional.


Principio de publicidad: La publicidad es un requisito esencial en el ejercicio de la función jurisdiccional, aplicado particularmente al desarrollo de la situación procesal, este principio significa que la presentación de los alegatos y conclusiones de las partes, la producción del dictamen del Ministerio Público y la pronunciación de la sentencia deben tener lugar en audiencia pública. La publicidad del proceso es un principio de derecho público. La publicidad rige únicamente para los asuntos contenciosos, la sentencia debe comprobar expresamente, a pena de nulidad, que el requisito de la publicidad ha sido observado.


Excepcionalmente, la ley puede prescribir que ciertos asuntos pueden ser instruidos y juzgados sin publicidad. Por ejemplo el procedimiento de divorcio.


Principio de Preclusión El Principio de Preclusión, también denominado principio de Eventualidad se basa en la pérdida o extinción de una facultad o potestad procesal. El fundamento de la preclusión se encuentra en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la especial disposición en que se han de desarrollar los actos procesales.


La preclusión es la situación procesal que se produce cuando alguna de las partes no haya ejercido oportunamente y en la forma legal, alguna facultad o algún derecho procesal o cumplido alguna obligación de la misma naturaleza. El término judicial es el tiempo en que un acto procesal debe llevarse a cabo para tener eficacia y valor legal.


Principio de concentración: Este principio permite al Juez dictar sentencia después de un primer y único debate. En nuestro sistema es muy frecuente que en la primera audiencia no se discuta el fondo, a causa de que se presenten excepciones o de que surjan otros incidentes, estas cuestiones tienen casi siempre que ser decididas previamente por el Tribunal antes que el fondo, por medio de sentencias que a veces son susceptibles de apelación.


Principio de inmediación: Para fallar con idoneidad el Juez debería obtener durante el desarrollo del proceso, un conocimiento directo de los alegatos de las partes y de las pruebas en que apoyan sus pretensiones. Durante el proceso el Juez debería estar en inmediata comunicación con las partes, oírlas en audiencia personalmente, o a sus mandatarios, y tener

intervención inmediata en la administración y recepción de las pruebas. Este principio fue suprimido en nuestro derecho en 1934.


Principio de oralidad: Consiste en que los actos procesales se realizan a viva voz, normalmente en audiencia y, reduciendo las piezas escritas a lo estrictamente indispensables.


Principio de gratuidad de la justicia: El principio de gratuidad, consistente en facilitar a todas las personas el acceso a los Tribunales en procura de la satisfacción de sus propias pretensiones, sin que las condiciones personales de índole económica puedan coartar tal derecho,


Principio de Contradicción. Este principio lo que significa es que el juicio se celebra  de forma controvertida entre las partes,  es decir,  que los involucrados en el proceso  tienen el derecho de contradecir  los planteamientos hechos por la contraparte, por lo que la persona contra quien va dirigida la demanda debe haber sido previamente citada a comparecer a juicio a fin de ponerla en condiciones de defenderse.


Plantea la necesidad de que todas las decisiones que adopte el tribunal, durante el proceso, sea el resultado de un amplio proceso de discusión  en el cual,  las partes hayan tenido la oportunidad de plantear todos y cada uno de los alegatos  con los cuales  pretenden destruir las diferentes tesis de la contraparte.


Principio de Unidad. El principio de unidad de materia, en su formulación más general, significa que todas las disposiciones que integran un proyecto de ley deben guardar correspondencia conceptual con su núcleo temático.

TEMA 4
LA COMPETENCIA


La Competencia. Reglas que norman la competencia.


La Competencia es la facultad que otorga la ley a un tribunal para conocer de determinados asuntos, esta puede ser de dos maneras: en razón de la materia y en razón del territorio. Cuando surge un litigio hay que saber por ante cual tribunal debe llevarse la acción en justicia. En primer lugar, se debe determinar si el asunto es de la competencia de un tribunal ordinario o de excepción. También hay que saber cual es el  tribunal competente territorialmente
hablando.


Una vez se conoce el orden, el grado y la naturaleza de la jurisdicción a la cual se debe acudir, las leyes relativas a la competencia de atribución han llenado su misión. Luego sólo resta
determinar las reglas propias de la competencia territorial.


Competencia en Razón del Territorio (Artículo 59 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL). En materia de competencia territorial, la regla básica es la contenida en la frase “Actor Sequitur Forum Rei”, es decir, en materia personal, el demandado será emplazado para ante el tribunal de su domicilio; sino tuviere domicilio por ante el tribunal de su residencia; si hubiere muchos demandados, por ante el tribunal del domicilio de uno de ellos a opción del domicilio. Cuando el demandado no tiene ni domicilio ni residencia conocidos, el tribunal competente es el domicilio del demandante.


En el caso de las personas morales la competencia se fija en el domicilio social de la sociedad, compañía o asociación, por el cual no se debe entender solamente el lugar del principal establecimiento, sino además cualquier sitio donde la sociedad tenga abierta una sucursal o tenga un represente. Pero existen algunas excepciones a la regla, como es el caso de las acciones reales inmobiliarias que se llevan por ante el tribunal de la ubicación del inmueble, y las acciones sucesorales que se llevan por ente el tribunal donde se abra la sucesión.


Las reglas de la competencia territorial no son de orden público, en consecuencia quien puede invocar la incompetencia territorial es el demandado, quien debe hacerlo In Limini Litis, antes de toda defensa al fondo y antes de proponer cualquier fin de inadmisión y de no hacerlo así la instancia continuará por ante el tribunal apoderado, produciéndose prorrogación tácita de competencia.


Competencia en Razón de la Materia. La competencia en razón de la materia nos indica cual es la naturaleza de la jurisdicción, es decir, si se trata de un tribunal de derecho común o de excepción. La competencia de las jurisdicciones en razón de la materia se determina por las reglas de la organización judicial y por algunas disposiciones particulares. Esta es la llamada competencia de atribución. Es de orden público.


Competencia Funcional se determina a partir de las diferentes atribuciones que el ordenamiento otorga a cada tribunal en una misma instancia procesal; en tal sentido, las

disposiciones legales que dan base a la misma no son otras que las previstas para la competencia material. Corresponde a los organismos judiciales de diverso grado, basada en la distribución de las instancias entre varios tribunales, a cada uno de los cuales le corresponde una función.


Conflicto  Negativo  y  Positivo  de  Competencia.   El  conflicto  positivo  de  atribuciones. Planteado por el juez al negar competencia al tribunal judicial que afirma tenerla, respecto de un litigio diferido previamente a éste último. Cuando existe litispendencia o conexidad, es decir, dos tribunales están apoderados de un mismo litigo que hace depender la solución de uno del otro, se produce el conflicto positivo. El conflicto negativo. Es el resultante de una doble declaración de incompetencia de la autoridad judicial y la administrativa, respecto de un determinado litigio que es, no obstante, realmente de la competencia de ambas autoridades. El conflicto positivo se produce cuando ambos se quedan apoderados, mientras que se produce el conflicto negativo cuando las dos jurisdicciones se desapoderan.


Reglas que permiten la Solución. Los conflictos negativos y positivos de competencia se solucionan por medio de la declinatoria de un tribunal a otro, y por medio de la prorrogación de competencia.


Declinatoria de un Tribunal a otro. La declinatoria es la petición que se hace a un juez para que se desapodere de un asunto y lo remita al juez competente. En nuestro país la declinatoria ha quedado sometida a los artículos 1 al 34 de la ley 834 de 1978.


Los Sistemas de Prorrogación de la Competencia Territorial. La competencia prorrogada es cuando un tribunal incompetente para conocer de un asunto, de acuerdo con las reglas generales, puede llegar a ser competente cuando su competencia le es extendida o ampliada al asunto para el cual no  es competente, esta  competencia es distinta a  la vez de  la competencia normal o natural y de la competencia implícita del tribunal. Puede haber:


1.  Prorrogación Legal. Esta prorrogación para todos los tribunales puede ser debida a la conexidad o la indivisibilidad de los procesos. Artículo 29 Ley 834 “si existe entre los asuntos llevados ante jurisdicciones distintas un lazo tal que sea de interés de una buena administración de la justicia hacerlos instruir y juzgar conjuntamente, puede ser solicitado a una de esas jurisdicciones desapoderarse y reenviar el conocimiento del asunto a la otra jurisdicción.
2.  Prorrogación  Convencional  o  Voluntaria.  Las  partes  pueden  prorrogar  siempre  la competencia territorial del tribunal apoderado, porque sus reglas han sido establecidas en vista del interés privado de los litigantes. Pero que no pueden prorrogar la competencia de atribución ni la competencia funcional del tribunal porque estas reglas tienen su fundamento en consideraciones orden publico.
3.  Prorrogación Judicial. Es cuando la competencia viene determinada en virtud a un acto jurisdiccional.


Situación creada con la Ley 50-00 en cuanto a la competencia territorial. Esta ley modifica la Ley 821 de Organización judicial y establece un sistema de apoderamiento para los tribunales de primera instancia del D. N. y de Santiago, establece que:

En el Juzg. de 1ra. Instancia del D. N. habrá una Cámara Civil y Comercial que estará compuesta por seis (6) y hasta doce (12) jueces, quienes una vez apoderados en la forma que se establecerá más adelante, conocerán, de modo individual, de los expedientes  que sean sometidos a su conocimiento y decisión.
El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago habrá una Cámara Civil y comercial que estará compuesta por Cuatro (4) y hasta ocho (8) jueces, quienes una vez apoderados en la forma que se establecerá más adelante, conocerán de modo individual, de los expedientes que sean sometidos a su conocimiento y decisión.


Dicha Ley, en su artículo 2 establece: “La Suprema Corte de Justicia designará, de entre los jueces de cada una de la Cámaras Civiles y Comerciales supra indicadas, un juez Presidente, un 1er. sustituto y un 2do. sustituto de Presidente, para cada una de ellas, teniendo el Juez Presidente entre otras funciones, las de encargarse de la distribución y asignación, entre dichos jueces, mediante un sistema aleatorio computarizado, de los casos que deba conocer las mencionadas Cámaras de lo Civil y Comercial, y del manejo administrativo de las mismas”.


Incompetencia. Es el medio procesal que tiende a que se declare legalmente que una determinada acción judicial o causa debe ser resuelta por un juez o tribunal distinto al que esta interviniendo en el conocimiento de la misma. Cuando se ha apoderado a un tribunal que, de acuerdo con las reglas legales de la competencia no es el designado para conocer del asunto el procedimiento se halla afectado de un vicio, que es la incompetencia de ese tribunal.


Litispendencia. Hay litispendencia cuando un mismo litigio está pendiente ante dos jurisdicciones del mismo grado igualmente competentes para conocerlo. Es conveniente que una de las dos jurisdicciones se desapodere a fin de evitar fallos contradictorios y dificultades de ejecución.


Conexidad. Esta se trata de dos asuntos diferentes, llevados ante dos jurisdicciones distintas, pero unidos por un lazo tal que para el interés de una buena administración de justicia que es conveniente que los dos sean instruidos y juzgados por una sola jurisdicción, por lo que, una de ellas debe desapoderarse y la otra quedar apoderada de los dos asuntos y fallarlos conjuntamente.


Momento para presentar la excepción de declinatoria.


Esta puede ser propuesta en todo estado de causa, salvo a ser descartada si ella ha sido promovida tardíamente con una intención dilatoria.


Forma de presentación de la excepción


Cuando una de las partes tuviere dos parientes o afines hasta el grado de primo hermano inclusive entre los jueces del tribunal de primera instancia, o cuando uno de los jueces del tribunal de primera instancia fuere pariente de la parte en el grado referido, y ésta por sí figure entre los jueces de aquel mismo tribunal, la otra parte podrá pedir la declinatoria mediante escrito al que habrán de acompañarse los documentos o principios en que se funde, con copias en número igual al de los restantes litigantes

Decisión del Tribunal sobre la excepción declinatoria.


En caso de pronunciarse la declinatoria, si no hubiere apelación, o si el apelante hubiere sucumbido, se llevará la controversia ante el tribunal que deba conocer de ella, por simple citación y el procedimiento continuará en dicho tribunal, partiendo de sus últimos trámites.


Recursos contra las decisiones sobre excepciones declinatorias.


El recurso procedente depende del partido que el juez tomó.  Si el juez estatuyó solamente por la competencia el recurso procedente es "le contredit". Si el juez decide sobre la competencia y sobre el fondo el recurso en una misma sentencia, lo que procede es la apelación


Frente al auto que afirme la jurisdicción por razón de la materia o la competencia objetiva del juzgado, cabe recurso de apelación. Pero la falta de estos presupuestos procesales podrá volver a denunciarse en el recurso de apelación interpuesto frente a la sentencia definitiva.


Frente al auto que reconozca la falta de jurisdicción por razón de la materia o de la competencia objetiva del juzgado, cabe recurso de apelación.


Frente al auto que resuelva la competencia o la incompetencia territorial del juzgado no se dará recurso alguno; pero la infracción de un fuero imperativo podrá fundar el recurso de apelación y el extraordinario por infracción procesal que se interponga frente a la sentencia definitiva.






La acción en justicia:


Concepto: Es el derecho reconocido a toda persona de reclamar en justicia lo que le pertenece o lo que les es debido, que se hace valer por medio de un conjunto de formalidades para someter la dificultad jurídica ante el tribunal. Es la vía de derecho que consiste en dirigirse a los Tribunales en solicitud de protección para una situación jurídica violada, desconocida o en cualquier forma contradicha, sea para obtener su mantenimiento o su restablecimiento, sea las reparaciones adecuadas. La acción puede consistir a veces, en la solicitud de que se cree una situación jurídica que antes no existía.


Condiciones para accionar en justicia.


o Tener el goce y el ejercicio de un derecho subjetivo, real, o personal, reconocido y protegido por la ley, puro y simple, pues si fuera condicional o a término daría únicamente lugar a que su titular solicitara medidas conservatorias.


o Tener interés el que existe desde el momento en que el derecho del demandante es amenazado o violado. El interés puede ser puramente moral, pero en todo caso debe ser nato y actual.

o La calidad es la facultad de obrar en justicia, es decir, el título con que se figura en un acto jurídico o en un proceso.

o Puede intentar la acción el que tenga la capacidad de estar en justicia, persona física o moral. Los incapaces tienen que obrar en justicia o representados por sus mandatarios legales o personalmente con la asistencia o autorización de otro.


Autonomía de la acción


Por primera vez se menciona a la pretensión, que es algo diferente a la acción y como típico
acto de un derecho nuevo aun sin perfilar.


Esta primera posición fue criticada por Muther, en 1857, mediante la teoría de la acción romana y el derecho moderno de obrar. Sostenían que la acción es un derecho público subjetivo mediante el cual se obtiene la tutela jurídica y se dirige contra el estado para la obtención de una sentencia favorable y contra el demandado para el cumplimento de una prestación insatisfecha. La acción tiene por presupuesto la existencia de un derecho privado y su violación, pero aunque está condicionada por el derecho subjetivo es independiente de
este y su regulación corresponde al derecho público.


Con esta posición se genera la famosa polémica que da origen a la autonomía de la acción.

Desde entonces no se discutirá más sobre la relación entre derecho civil y acción procesal. En adelante, los autores se encargaran de observar la naturaleza jurídica de la acción.



Interés en la Acción.


Para actuar en justicia hay que tener interés. El interés es la ventaja de orden pecuniario o moral que importa para una persona el ejercicio de un derecho o acción.


Esta ventaja puede ser patrimonial o extramatrimonial; pecuniaria o moral.


El interés debe ser jurídico y legítimo. Jurídico por que debe proponerse la protección de un derecho subjetivo.

El interés debe ser nato y actual. Nato quiere decir ya nacido no por nacer, es decir existente al momento de ejercerlo.



Clasificación de las acciones:


Acciones Ordinarias, Sumarias y Ejecutivas


Se distingue habitualmente entre acciones ordinarias y extraordinarias. Estas últimas a su vez se dividen en ejecutivas y sumarias, pero en esta clasificación no se refiere a la acción sino al proceso en el cual la acción se hace valer en tal sentido acción ordinaria equivale a la pretensión que se hace valer en el proceso o juicio ordinario, y por tanto se entiende, no obstante la definición errónea de nuestro código aquel que por su y multiplicidad de oportunidades para hacer valer los medios de ataque y defensa recurre las máximas garantías procesales.


Ordinarias: Aquella que no confiere ningún privilegio especial a su titular. Es el tipo de acción normal dentro de una sociedad, en contraposición a las acciones preferentes. Acciones que confieren los mismos derechos a sus poseedores y que no gozan de ningún privilegio especial.


Sumarias:  Equivale  a  la  pretensión,  que  se  hace  valer  en  un  proceso  sumario, entenderemos por cual aquel que por virtud de la reducción de los términos procesales y de las oportunidades de hacer valer los medios de ataque y defensa reduce las garantías propias del Proceso Ordinario.

Ejecutivas: aquella en la cual se pide la efectividad coactiva de un derecho reconocido en una sentencia o en un titulo ejecutivo.

Acciones Civiles, Penales y Mixtas.


También se acostumbra a clasificar las acciones en Civiles, Penales y Mixtas.


Por  acciones  civiles  se  entiende  tradicionalmente  aquellas  donde  se  dirime  un conflicto de carácter civil;


por acciones penales aquellas en que el conflicto es de carácter penal.


y Mixtas: ocurren cuando se juntan una acción civil conjuntamente con una acción penal. Un ejemplo de estas seria un daño y perjuicio por el hecho personal del individuo.



Acciones reales, personales, y mixtas.


Acciones Reales. Acciones Personales. Acciones Mixtas.

Aluden directamente al derecho que es objeto de la pretensión procesal.

En las primeras el actor pretende la tutela de un derecho real, como un derecho de propiedad.

En las segundas un derecho personal, como un derecho de crédito o cualquier derecho obligacional

Y en las terceras, de un derecho que participa al mismo tiempo de la calidad de real y de personal.


Acciones públicas son aquellas promovidas por los órganos del Ministerio Público. Se trata por lo general de las acciones penales. Civiles, únicamente cuando es en función del interés de toda la sociedad.

Por  Acciones privadas se entiende, por oposición a las anteriores, aquellas en las cuales la iniciativa corresponde a los particulares, y sólo éstos pueden conducirlas adelante.

Correspondería esta distinción a la iniciativa de la demanda.

Nominadas son aquellas con nombre propio, que generalmente tienen una tradición secular.

Innominadas, por oposición a ellas, se admite la existencia de acciones que no se caracterizan por particularidades específicas.



La acción es personal mobiliaria si el derecho personal ejercido recae sobre un mueble;
ej.: la acción para el pago de un crédito.

La acción real mobiliaria, es aquella que recae sobre el derecho de propiedad de un bien mueble. Ejecución. Una ejecución de prenda.

Acciones personales inmobiliarias y reales inmobiliarias

La acción es personal inmobiliaria, si el derecho personal ejercido recae sobre un inmueble;
ej.: la acción para la entrega de un número de hectáreas de tierra.

Se  llama  real  inmobiliaria,  si  el  derecho  real  recae  sobre  un  inmueble;  ej.:  acción reivindicatoria de un inmueble

El derecho real se ejerce erga omnes, salvo las dificultades que surgen del principio consagrado en el Art. 2279 del Código Civil: “En materia de muebles, la posesión vale título”.

Entre las acciones reales se citan la acción en reivindicación, así como las que tienden al reconocimiento de una servidumbre. También son reales las que sancionan un derecho real: usufructo, uso, habitación, enfiteusis, anticresis, hipoteca. La  acción  posesoria presenta también un marcado carácter real.



Acumulación de las acciones.


La acumulación de acciones no es más que el ejercicio de varias pretensiones materiales que tiene un mismo (o varios) actor contra un mismo (o varios) demandado (s).


Es una figura de economía procesal que trata de conseguir eliminar la posibilidad de fallos contradictorios que deterioran la recta administración de justicia. En otras palabras, en una sola demanda puede ejercitarse más de una  acción civil. Cuando existen dos o más objetos procesales reclamados (acumulación objetiva)  y, al mismo tiempo  pluralidad de  sujetos (acumulación subjetiva). Objetiva: cuando un solo demandante, frente a un solo demandado, hace valer en una misma demanda, o en su ampliación, el reclamo de dos o más objetos procesales (pretensiones materiales), para conocerse en un mismo proceso y resolverse en una sola sentencia.


La Demanda en justicia. La Demanda en Justicia es el acto jurídico por el cual una persona somete al juez una pretensión. El acto inicial se llama demanda introductiva de instancia, o demanda inicial. El demandante toma la iniciativa del proceso sometiendo al juez sus pretensiones.


El acto procesal que materializa, en nuestro derecho común, la demanda introductiva de instancia, es la citación, que se designa con ese nombre cuando es notificada para comparecer ante el juez de paz o ante el juez de los referimiento, y con el de emplazamiento cuando es notificada para comparecer a un juzgado de primera instancia, corte de apelación o suprema corte de justicia.


Elementos esenciales de la demanda.
Demandante. Demandado. Un objeto.
Una causa que es el hecho jurídico o situación jurídica que fundamenta la demanda. Un juez, ante quien se interpone la demanda.

Clasificación de las demandas.


o Demandas Introductivas de instancia.
o Demandas incidentales.
o Demandas en intervención.
o Demandas reconvencionales.
o Demandas adicionales.


Las demandas introductivas de instancia: esta se refiere al acto procesal mediante el cual se inicia la demanda en justicia, tiene por objeto poner en causa al demandado y hacer valer las pretensiones del demandante.


Las Demandas Incidentales. Son aquellas interpuestas en el curso de un juicio tendente a que se juzgue una cuestión previa o de detalle vinculada con él. Las demandas incidentales cambian el objeto de la demanda agregando un nuevo objeto o introduciendo un nuevo litigio, tienden a la modificación de la demanda original, las conexas o la demanda principal. El tribunal competente, es el tribual apoderado de la demanda principal.


La demanda en Intervención. Es una demanda incidental. La que, aunque no es introductiva de instancia, constituye una demanda principal para las partes que intervienen. Los efectos de la intervención es que hace parte al tercero del proceso, por consecuencia todo el proceso debe también girar y desarrollarse sobre el tercero. El juez no tiene derecho a llamar como interviniente a un tercero,  pero si como  testigo. Hay casos en que  no  es permitida la intervención, como en el divorcio.


Tipos de Intervención. Se divide en dos:
a.  La Intervención Voluntaria: Es la participación de una persona que originalmente no es ni el demandante ni el demandado en el litigio pendiente entre éstos últimos, pero el cual podría resultar afectado. De este modo el tercero asegura sus derechos y obtiene con mayor rapidez y menor costo la salvaguarda de un bien jurídicamente protegido.
b.  La Intervención Forzosa: Es una demanda incoada por una de las partes en el proceso, ya sea el demandante o el demandado, contra un tercero, a fin de que éste sea parte en el proceso y la decisión a intervenir le sea común y oponible. Es una intervención no querida por el tercero que es llamado a intervenir contra su voluntad.


Demanda Reconvencional. Es la demanda interpuesta en el curso de un litigio por el demandado contra el demandante, por simples conclusiones, y con el objeto de obtener el reconocimiento de un derecho que atenuará o excluirá la demanda principal. Con la demanda reconvencional, la parte demandada pretende, no el rechazamiento de la demanda original, sino una ventaja diferente al simple rechazamiento de esta. Más allá de defenderse procura una condenación frente al adversario. Debe ser conexa con el objeto principal.


La reconvención es aquella demanda judicial que ejerce el demandado, en el mismo proceso judicial, al momento de contestar la demanda de la que ha sido objeto. El demandado introduce nuevas peticiones al tribunal frente a la otra parte (el demandante). El demandado

se transforma, a su vez, en demandante y el demandante en demandado. El efecto de la demanda reconvencional es que ambas partes se demandan mutuamente.


Demanda Adicional. Es la demanda que el demandante agrega a la primitiva o principal, para ampliar o modificar su alcance. Con la demanda adicional el demandante tiene una pretensión nueva, la cual adiciona a la original. Existen condiciones para permitir la admisibilidad de una demanda adicional, como es la existencia de conexidad entre la demanda principal y la adicional, y que esa debe ser accesorio a lo principal.


Régimen Procesal de cada una. La demanda inicial se lanza por medio de citación o emplazamiento, pero las demandas incidentales se lanzan por acto notificado de abogado a abogado, excepto las demandas en intervención forzosa. La intervención se encuentra regulada en los artículos 339 al 341 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. La intervención no podrá retardar el fallo de la causa principal, cuando ésta se halle en estado.








Reglas comunes a todos los actos del proceso civil.

Todos los procedimientos se componen de una serie de actos, que pueden llamarse actos del procedimiento. Los actos que emanan de las partes son preparados, según los casos, o por ellas mismas o por un oficial público, alguacil, secretario judicial, etc. Se llama actos de procedimiento a estos últimos porque con ellos las partes inician o impulsan el procedimiento. Los actos del procedimiento son generalmente hechos por alguaciles, ya que toda manifestación de voluntad de  una parte, de  carácter procesal, que deba  ser llevada a conocimiento de otra, debe serlo por ministerio de alguacil.


Los actos que emanan de las partes preparadas por ellas o por un oficial público (Alguacil) se llaman actos de procedimiento, porque con ellos las partes inician o impulsan el procedimiento. El acto de procedimiento es un escrito, un instrumento sujeto a ciertos formalismos. Pero al mismo tiempo es una manifestación de voluntad, por ello su requeriente debe ser capaz para actuar.


Clasificación de los actos del proceso civil.

Actos judiciales y actos extrajudiciales:

Ambos actos emanan de auxiliares de la justicia, como lo es el alguacil y el abogado, sin embargo existen  distinciones,  y es  que  el  acto  judicial  está  ligado  a  un  procedimiento contencioso, gracioso o en ejecución forzosa y el prototipo de este es la citación y los emplazamientos, mientras que los actos extrajudiciales se encuentran al margen de todo proceso, tales como las intimaciones, los protestos, oposiciones y autorizaciones para trabar embargos.


Actos de Alguacil: Diferentes clases.

La denominación del acto de alguacil depende del objeto del acto:

1.  La Citación: Es un acto instrumentado por un alguacil, a requerimiento de una parte, en virtud del cual el demandante invita al demandado para que comparezca a la hora, día mes y año indicados en el acto, por ante tribunal determinado, a los fines y medios indicados en la citación.

2.  El Emplazamiento: Es el acto de alguacil en virtud del cual el demandante emplaza al demandado, para que dentro de determinado plazo constituya abogado que defienda y postule por él. Por medio del emplazamiento se inicia la demanda y también se interpone el recurso de apelación. Es necesario que contenga la constitución de abogado o de lo contrario es nulo porque impide la notificación que el abogado del demandado debe hacer a la contraparte.

3.  La Notificación: Es el acto de alguacil cuyo objeto es dar a conocer a una o más personas un acto, como por ejemplo una sentencia.

4.  La Intimación: Es el acto de alguacil cuyo objeto es una orden o intimación dada al notificado para que haga o se abstenga de hacer algo. Las intimaciones son imperativas ya que tienden a que la parte a quien se le notifica cumpla o realice algo dentro de un determinado plazo.

5.  Comprobaciones y Procesos Verbales: Son los actos en los cuales los alguaciles o los secretarios hacen constar una situación de hecho que ellos comprueban a fin de facilitar la prueba.



Formalidades extrínsecas e intrínsecas.

Los actos de alguacil deben ser redactados por escrito y en idioma castellano. El acto se redacta en original y en tantas copias como partes haya, tomándose en cuenta que el alguacil debe reservar una copia para su protocolo. El original se debe someter a la formalidad del registro, y es el que se presenta ante el tribunal.

Régimen Jurídico de las Formalidades. El art. 61 de CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL establece las menciones que deben contener los actos de alguacil, y los requisitos de forma están incluidos en la ley 980 de 1935. Este régimen, para los actos del proceso civil y convencional, son dos:

Formalidades intrínsecas

Son llamados también Requisitos de Fondo. Todo acto debe contener:

Lugar y municipio en que es preparado

Fecha, día, mes y año de las diligencias;

Generales del requeriente.

Nombre del alguacil, residencia, funciones y cédula;

Nombre y residencia a quien va dirigido;

Nombre de la persona a quien se le entrega copia

Cual es el objeto del acto;

Costo, valor; Firma y copia del alguacil.


Formalidades extrínsecas o Requisitos de Forma. Los actos deben ser:

Escrito, en papel 8 ½ por 11 pulgadas;

Numerados;

Conservando un ejemplar de cada acto, para su protocolo;

Deben ser estos actos registrados dentro de los 5 días de la fecha de la notificación;

Llevar libro- registro usado por el juez o presidente.

La ley no exige en los actos de alguacil la indicación de la hora, salvo en casos especiales o cuando se hacen citaciones de hora a hora.


Formas de notificación:


Notificación a la persona:


Al tenor del Artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, los emplazamientos deben notificarse a la misma persona, sin embargo esto casi nunca es posible, porque las personas no  son  tan fáciles de  localizar para notificarlas  personalmente, además, no  siempre el destinatario es capaz de recibir el acto, como sería el caso de un menor, un interdicto y el quebrado, que deben ser emplazados por ante la persona de su representante.


Notificación en el domicilio de la persona:


Esta es una de las formas más socorridas de notificar los actos de alguacil, puesto que aún cuando el destinatario del acto no esté presente, puede ser notificado en manos de un pariente o sirviente, pero es necesario que estas personas reciban personalmente el acto en el domicilio del requerido al momento de la notificación, sin importar que se encuentren de manera accidental en ese lugar o aleguen una falsa calidad, porque el alguacil no puede comprobar esa situación.


Al domicilio que nos referimos es al principal establecimiento que posea la persona, conforme lo define el Artículo 102 del Código Civil, no su residencia; indicando por su parte el Ordinal
7mo, del Artículo 68, que en ausencia de domicilio conocido en el País, se notificará en su residencia actual, sin embargo en la práctica se usan los dos términos conjuntamente.


Notificación en el domicilio elegido:


El Artículo 111, del Código Civil Dominicano establece:


“Cuando una acta contenga por parte de algunos de los interesados elección de domicilio para su ejecución en otro lugar que el del domicilio real, las notificaciones, demandas y demás diligencias, podrán hacerse en el domicilio convenido y ante el Juez del mismo”.


De modo que este texto legal permite notificar válidamente en el domicilio convenido entre las partes, y se rige por las mismas formalidades antes vistas, previstas por el Artículo 68 del Código de Procedimiento Civil, para el domicilio real, respecto de las personas en manos de quienes se puede notificar válidamente en ausencia del destinatario.



Notificación en la persona de un vecino:


El artículo 68, del Código de procedimiento Civil, le da la facultad al alguacil de notificar válidamente en manos de un vecino, cuando en el domicilio no se encontrare la persona a quien va dirigido el acto, algún pariente o afín de éste.

Cuando la notificación se realiza en manos de un vecino, la Ley exige su firma, en la práctica también se hace indicar su cedula de identidad y electoral, si el vecino se negaré a recibir el acto, entonces el alguacil entregará copia el Sindico Municipal o al alcalde Pedáneo, quienes visaran el original y las copias, debiendo el ministerial hacer mención de todo ello en el acto.


Notificacion a la autoridad municipal.


Sin embargo en esta parte cabe hacer la distinción de que en virtud del Artículo 4 del Código de Procedimiento Civil, las citaciones para comparecer por ante el Juzgado de Paz, en ausencia del destinatario, parientes o afines, el alguacil lo entregará el Síndico Municipal o al Alcalde Pedáneo, quienes firmaran el original, de modo que las citaciones ante este tribunal no pueden hacerse en manos de un vecino.



Notificación por domicilio desconocido:


El Artículo 69, ordinal 7mo, del Código de Procedimiento Civil, regula la notificación para aquellos que no tienen ningún domicilio conocido en la República, en lugar de su actual residencia y si no fuera conocido este lugar, ordena fijar una copia en la puerta principal del local del tribunal que deba conocer de la demanda, entregándole una copia al Procurado Fiscal del Tribunal que deba conocer de la demanda, quien visará el original.


Cuando no se trata de una citación o emplazamiento, la copia del acto se fijara en la puerta principal del juzgado de Primera Instancia del último domicilio o residencia conocido del requerido o del domicilio del requeriente, entregando al fiscal correspondiente una copia del acto quien igualmente la visará.


Notificación por domicilio en el extranjero:


El artículo 68, del Código de Procedimiento Civil en su ordinal 8vo, regula el procedimiento a seguir para las notificaciones de los que tienen su domicilio en el extranjero, estableciendo en ese sentido, que deben ser emplazados por ante el domicilio del fiscal correspondiente al tribunal que deba conocer de la demanda, quien visará el original y remitirá copia al Ministro de Relaciones Exteriores, sin embargo aunque dicho artículo no lo indica de manera expresa, además del cumplimiento de estas formalidades, el Ministro de Relaciones Exteriores debe enviar el acto por ante el Cónsul correspondiente a la localidad del domicilio del demando.



En materia de sucesión, para ante el tribunal en donde se haya abierto ésta, en los casos siguientes: 1o. en las demandas entre herederos, hasta la divisoria inclusive; 2o. en las demandas intentadas por los acreedores del difunto antes de la divisoria; y 3o. en las relativas a la ejecución de las disposiciones testamentarias, hasta la sentencia definitiva.
En materia de quiebra, para ante el tribunal del domicilio del quebrado.

En materia de garantía, para que el tribunal ante el cual se halle pendiente la demanda originaria.


En materia de divorcio por incompatibilidad de caracteres, de conformidad con el artículo
22 de la Ley 1306 bis, la notificación durante el divorcio debe ser hecha a la mujer en su persona, o al fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda, luego que el demandante publique un aviso indicando que a falta de información sobre su domicilio se emplazará por ante dicho funcionario, quien hará las diligencias necesarias para que el acto llegue a la demandada


Notificaciones a las sociedades de comercio:


El  artículo 69 del  Código  de  Procedimiento  Civil,  en  su  ordinal 5to, establece  que  las sociedades de comercio mientras existan deben ser emplazadas en la casa social y en su defecto en la persona o domicilio de uno de sus socios, siguiendo la regla general de los emplazamientos.


Por su parte, es oportuno agregar a lo antes expuesto, que en virtud de la Ley Alfonseca Salazar 13 , las personas morales que ejercen actos jurídicos en la República, pueden ser validamente notificadas en uno de los establecimientos de estas en el País o ante su representante, con esta Ley se persigue dejar sin efecto las disposiciones del Código de Procedimiento Civil en cuanto a las notificaciones de los que residen en el extranjero, cuando se trata de personas morales que ejercen actos de la vida jurídica en el País.


Notificaciones al Estado:


La Ley, 1486 del 1938, que regula la representación y la defensa del Estado en Justicia, en su artículo 13, establece que puede ser notificado por ante las oficinas del Ministerio Público, sus ayudantes y secretarios, es decir por ante el Procurador Fiscal, Procurador General de la Corte o Procurador General de la República, estableciendo además en su Artículo 16, que cuando se trata notificaciones en el curso de una instancia, donde el Estado se encuentra representado por un mandatario ad litem constituido, el alguacil debe hacer la notificación hablando personalmente con el mandatario; y cuando se trata de la notificación de un acto de oposición o embargo retentivo, de conformidad con el artículo 14 de la indicada Ley, la notificación también debe ser hecha por ante Impuestos Internos y la Secretaria de Estado de Finanzas.


Divorcios:


En materia de divorcio por incompatibilidad de caracteres, de conformidad con el artículo 22 de la Ley 1306 bis, la notificación durante el divorcio debe ser hecha a la mujer en su persona, o al fiscal del tribunal que deba conocer de la demanda, luego que el demandante publique un aviso indicando que a falta de información sobre su domicilio se emplazará por ante dicho funcionario, quien hará las diligencias necesarias para que el acto llegue a la demandada.

En materia de sucesión, para ante el tribunal en donde se haya abierto ésta, en los casos siguientes:
 1ro. en las demandas entre herederos, hasta la divisoria inclusive;
 2do. en las demandas intentadas por los acreedores del difunto antes de la divisoria; y
 3rgo. en las relativas a la ejecución de las disposiciones testamentarias, hasta la sentencia definitiva.


En materia de quiebra, para ante el tribunal del domicilio del quebrado.


En materia de garantía, para que el tribunal ante el cual se halle pendiente la demanda originaria.


Domicilio desconocido:


A aquellos que no tienen ningún domicilio conocido en la República, en el lugar de su actual residencia; si no fuere conocido ese lugar, el emplazamiento se fijará en la puerta principal del local del tribunal que deba conceder de la demanda, entregándose una copia al fiscal, que visará el original


Pluralidad de demandados: en virtud del artículo 59 del código de procedimiento civil, consagra que en caso de que hubiere muchos demandados, el emplazamiento se notificará en el domicilio de uno de los demandados a opción del demandante. Es criterio jurisprudencial, la aplicación de la regla básica es la contenida en la frase “actor sequitur forum rei”, es decir, en materia personal, el demandado será emplazado por ante el tribunal de su domicilio; sino tuviere domicilio por ante el tribunal de su residencia; si hubiere muchos demandados, por ante el tribunal del domicilio de uno de ellos a opción del demandante. Cuando el demandado no tiene ni domicilio ni residencia conocidos, el tribunal competente es el domicilio del demandante, aunque expresamente no lo dice el código.


Notificación a la autoridad municipal: se le notifica en persona o en el domicilio municipal donde está establecido.


Notificaciones a los municipios y el distrito nacional: a los municipios se les notifican los actos en la persona o en el domicilio del síndico municipal y al distrito nacional, en la persona o el domicilio del presidente del ayuntamiento del distrito nacional.


Diferentes Clases de Actos de Alguacil.
La denominación del acto de alguacil depende del objeto del acto entre los actos más comunes instrumentados por el alguacil se encuentran: la citación, el emplazamiento, la notificación, la intimación, la comprobación y procesos verbales.


La citación: Este acto es instrumentado por el alguacil requerimiento de una parte llamada demandante que invita a su contraparte llamado demandado, para que comparezca a la hora, día, mes y año indicado en el acto, por ante un determinado tribunal, a los fines y medios indicados en la citación.

Por medio de este acto se puede invitar a comparecer a la contraparte por ante un juzgado de paz o por ante el juzgado de primera instancia en atribuciones comerciales. La citación, por ante el juzgado de paz, se invita a comparecer a hora y fecha fija, mientras que por el tribunal de primera instancia se invita a comparecer en la octava franja de ley.


El emplazamiento: constituye la invitación por parte del requirente al demandado, para que este dentro de un determinado plazo constituya abogado que lo defienda y postule por él. A través del emplazamiento es que se inicia la demanda por ante el juzgado de primera instancia en materia civil ordinaria, también, mediante el emplazamiento se interpone el recurso de apelación, este es llamado acto de apelación, el cual debe contener la disposiciones consignadas en el artículo 456 del código de procedimientos civil.


Es importante que el acto de emplazamiento contenga la constitución de abogado o de lo contrario es nulo debido a que impide la notificación contentiva en el acto de avenir, que el abogado del demandado debe hacer a la contraparte, donde hace constancia que ha recibido mandato para representar ante los tribunales a la parte demandada.


La notificación: es el acto que tiene como objetivo dar a conocer a una o más personas con un acto, por ejemplo una sentencia.


La intimación: es el acto que tiene por finalidad ordenar al notificado que haga o se abstenga de hacer algo dentro de un determinado plazo.


Comprobaciones y procesos verbales:  constituyen  los actos mediante  los cuales los alguaciles o los secretarios hacen constar una  situación de hechos que ellos comprueban a fin de facilitar la prueba.


El proceso verbal es el acto donde el alguacil deja constancia de haber efectuado una operación que se le ha encomendado, por ejemplo una fijación de edictos anunciando la venta de los objetos embargados.


Instrumentación. Los actos  de  alguacil  deben  ser  redactados por  escrito  y en  idioma castellano. El acto se redacta en original y en tantas copias como partes haya, tomándose en cuenta que el alguacil debe reservar una copia para su protocolo. El original se debe someter a la formalidad del registro, y es el que se presenta ante el tribunal.


Régimen Jurídico de las Formalidades. El Artículo 61 de CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL establece las menciones que deben contener los actos de alguacil, y los requisitos de forma están incluidos en la ley 980 de 1935.

La ley no exige en los actos de alguacil la indicación de la hora, salvo en casos especiales o cuando se hacen citaciones de hora a hora.


Formalidades intrínsecas:

En nuestro ordenamiento jurídico procesal, estas formalidades no se encuentran establecidas de manera general, sino para algunos actos tales como las citaciones y los emplazamientos, artículos 2, 61 y 415 del Código de Procedimiento Civil.


De conformidad con el artículo 61 del Código de procedimiento civil, deben ser observadas a pena de nulidad las siguientes formalidades:
1. Lugar, municipio, día, mes y año del emplazamiento; nombres, profesión y domicilio del demandante, indicando el abogado que lo defenderá y postulará por él, su estudio profesional permanente o ad hoc, en la misma cuidad del tribunal que conocerá del asunto.
2.  En la práctica se indica además del municipio, el nombre de la ciudad, la provincia y la mención de República Dominicana, y además de los nombres y apellidos del requeriente, la nacionalidad, mayoría de edad, profesión, estado civil, cedula de identidad y electoral, domicilio y residencia.
3.  “Nombre y residencia del alguacil, así como el tribunal donde ejerce sus funciones; los nombres y residencias del demandado; y el nombre de la persona a quien se entrega la copia del emplazamiento”.
4.  “El objeto de la demanda, con la exposición sumaria de los medios”
5.  “La indicación del tribunal que deba conocer de la demanda, así como la del plazo para la comparecencia”.
6.  En materia real o mixta, los emplazamientos expresaran, a pena de nulidad, la naturaleza de la heredad, la común, sección o lugar donde esté situado, si fuere una casa, la calle y el número, y de predio rustico, su nombre y situación9, estos requisitos son en adicción a los previstos en el Artículo 61, antes enunciados.
7.  Los alguaciles están obligados a expresar el valor del emplazamiento, tanto en original como en la copia, bajo pena de multa, así como el número de fojas y copias, vacaciones y horas de ocupación cuando proceda.
8. En cuanto a la firma del alguacil y el sello del tribunal al que corresponde, la ley no ha indicado nada de manera expresa, sin embargo esta es una formalidad sustancial que no debe faltar, porque es lo que le da el carácter de autenticidad y existencia al acto mismo, sin embargo en virtud de la famosa máxima por todos conocidas, “no hay nulidad sin agravio”, han sido declarados como válidos actos sin la firma del alguacil, (Cas. 5 de nov.
1957, B. J. 568,. Pág. 226).
9.  En relación a los actos de alguacil notificados por el alguacil al Estado o a requerimiento de éste debemos hacer la distinción que en virtud de los artículos 15 y 17 de la Ley 1486, del
1938, tanto el original, como las copias deben ser firmadas en cada una de sus fojas por el
alguacil actuante y en su última página por el requeriente o su mandatario, así como por el funcionario o empleado en manos del cual se notifica el acto ( Artículo 1039, del Código de Procedimiento Civil).


Finalmente cabe destacar antes de culminar esta parte del trabajo, que las formalidades antes vistas en los actos de alguacil, no solamente deben ser observadas, sino que el ministerial actuante también indicará el cumplimiento de las mismas en el acto, debido a éste constituye por si mismo la prueba de su regularidad.


Formalidades extrínsecas:

Al lado de las formalidades intrínsecas precedentemente indicadas, el legislador ha establecidos, otras llamadas extrínsecas10, que indicamos a continuación:


Los Actos deben ser redactados en papel de tamaño uniforme de 11 pulgadas de largo por 8
½ de ancho numerados, quedando a cargo del alguacil conservar un ejemplar de cada uno de esos actos para el protocolo que deberá encuadernar cada año, así como registrar los actos que instrumenta dentro de los cinco días de la notificación, formalidad que debe de cumplir antes de entregar al requeriente11.


El alguacil tiene que llevar un libro de registro, visado el Juez del Tribunal al que corresponda, en el cual debe transcribir un estrato de los diversos actos que instrumenta, con sus números y fecha, y un libro índice con el apellido de las partes en orden alfabético y número del acto.


No se notificará ningún emplazamiento en los días de fiesta legal, sin permiso del presidente del tribunal que deba conocer de la demanda.
El término ordinario de los emplazamientos, para aquellos que estén domiciliados en la República, es el de la octava. En aquellos casos que requieran celeridad, el presidente podrá, por auto a instancia de parte, permitir que se emplace a breve término.


Cuando el emplazamiento que deba hacerse a una persona domiciliada en el extranjero, se le entregue personalmente en la República, no se contará sino el término ordinario; el tribunal puede, sin embargo, prorrogar dicho término, si hubiere lugar a ello.


Actos de Abogado.


Los abogados instrumentan actos que pueden quedarse dentro del ámbito administrativo, como lo es por ejemplo, una instancia dirigida a un juez en solicitud de fijación de audiencia o un escrito de ampliación de las conclusiones que hubieran formulado en estrados. Los actos de abogado a abogado se hacen en el curso de las instancias.


Ahora bien, los abogados pueden hacer actos notificadles por vía de alguacil como lo sería el acto de advenir o recordatorio, por cuyo medio llaman al abogado constituido por su adversario a estar presente en el tribunal en la fecha y hora que ese tribunal haya fijado para conocer, sea del litigio mismo o de cualquier medida de instrucción, como son un experticio o peritaje, una comparecencia personal de las partes, un informativo, una inspección de lugares, etc., acto de constitución de abogado.


La constitución de Abogado es una formalidad establecida en el artículo 75 y siguientes del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, es el acto por medio del cual, el demandado o el demandante apodera de forma especial a un abogado que postulara e esgrimirá sus pretensiones en justicia, esta formalidad busca respetar el derecho a la defensa, la forma de realizar este acto es por parte del demandante por medio del acto de emplazamiento estableciendo que en dicho acto deberá indicarse el abogado que representara al mismo a pena de nulidad, en cuanto a la contraparte ( Demandado ), este deberá apoderar abogado quien estará obligado a notificar por medio de acto de abogado a abogado, al primero que ha

sido apoderado para los mismos fines, este podrá de la misma manera constituirse ante el tribunal el mismo día de la audiencia.


Requisitos de los actos de abogado: Estos actos se llaman también de abogado a abogado, porque tanto el requeriente como el requerido son abogados. Estos actos se pueden redactar de dos maneras. Un sistema abandonado por la práctica dominicana, consiste en que el abogado redacta una primera parte y el alguacil la parte relativa a la notificación.


Un segundo sistema, que es el seguido por la práctica, se trata de un acto similar a los actos de alguacil, con la sola diferencia de que el requeriente es un abogado que firma dicho acto conjuntamente con el alguacil.


Notificación de los actos de abogados:
Estos son llamados actos de abogado a abogado, éstos datos se pueden redactar de dos maneras: una consiste en que el abogado redacta una primera parte que el alguacil del redacta la parte relativa a la notificación; y la otra manera es redactar un acto similar a los actos de alguacil, en el cual el requirente es un abogado que firma al pie de dicho acto conjuntamente con la firma del alguacil que lo notifica.


Actos del Secretario.
Los secretarios tienen la obligación de asistir al juez en todas sus actuaciones de tal manera que un tribunal no queda constituido si el secretario no está presente.


Los actos del secretario tienen fe pública de tal manera que solamente pueden impugnarse mediante el procedimiento de inscripción en falsedad. Ellos reciben las instancias de solicitud de asignación de sala y los secretarios de la sala asignada fijan la fecha de la audiencia.


Actos de documentación: a través de ellos el secretario judicial deja constancia de las actuaciones judiciales. El secretario judicial es el único funcionario que puede dar fe cualquier actividad judicial y le corresponde también la facultad de documentación, la fe pública plena y sin necesitar testigos.


Sin embargo el secretario puede habilitar a uno o más oficiales para que autoricen los actos y para que puedan realizar las diligencias de circunstancia y documentación, pero sólo si está el juez en esos actos para dar constancia.


Los actos de documentación y de fe pública se traducen en las actas, en las copias certificadas y en las respuestas apud acta.


Actos de mediación: actos referentes a la posición de intermediario entre el órgano jurisdiccional y las partes.


Diligenciamiento: los secretarios judiciales ponen diligencias para hacer constar el día y la hora de presentación de la demanda, de los escritos de iniciación del procedimiento y de cualquier otro escrito cuya presentación esté sujeta a plazo, debiéndose dar a la parte un recibo.

Dación en cuenta: a través de ello el secretario pone en conocimiento del órgano jurisdiccional los escritos que han presentado las partes, le notifica el transcurso de los plazos procedimentales y da cuenta a la Sala, al Juez o al ponente de los escritos y documentos presentados el mismo día o el día hábil siguiente. Es oral y se hace por orden de presentación de los escritos, salvo que exista un escrito urgente.


Notificación a las partes de los proveídos judiciales.


Actos de conservación y custodia: corresponde a los secretarios judiciales la llevanza de los libros y archivos así como la conservación de todas las actuaciones.


Actos de instrucción: aquellos actos del secretario que sirven para ordenar e impulsar el proceso. La ley los divide en dos:


Actos del Juez: son actos jurisdiccionales que podemos clasificar de la manera siguiente:


La sentencia: La sentencia, es el acto procesal emanado de los órganos de la jurisdicción, mediante el cual éstos deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento1, está integrada por varias partes que vinculadas por un iter lógico forman un todo coherente.


Resoluciones: La resolución administrativa consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio.


Autos: Es una resolución judicial mediante la cual un tribunal se pronuncia sobre peticiones de las partes de manera administrativa.


Ordenanzas: Es el acto jurisdiccional dictado por el juez de los referimientos.


Impugnación de los actos procesales


Las excepciones de nulidad:
La excepción de nulidad, es aquella que persigue la sanción de la irregularidad cometida en un acto de procedimiento. Para proponer la nulidad se precisa de ciertas condiciones que varían según que se trate de un vicio de forma o de una irregularidad de fondo, tal y como resulta de lo establecido por los artículos 35 al 43 de la Ley número 834 de fecha 15 de julio de 1978.


Nulidad de Forma: Cuando la nulidad tenga por causa un vicio de forma, es preciso que el legislador haya previsto la sanción de la nulidad mediante un texto legal, como se infiere del artículo 1030 del Código de Procedimiento Civil. Es preciso, además, que para que el acto que contenga un vicio de forma, sea sancionado con la nulidad, se pruebe que la irregularidad que se alega causó un perjuicio a quien la propone.

Nulidad de Fondo:  Las nulidades por vicio de fondo no están sometidas a la regla “no hay nulidad sin agravio”, así lo dispone el artículo 41 de la Ley 834 del 15 de julio de 1978. El artículo 39 de esa ley, enumera las irregularidades que vician el fondo de los actos de procedimiento, y lo hacen susceptible de afectar su validez. Constituyen irregularidades de fondo que afectan la validez del acto según el artículo citado:


La falta de capacidad para actuar en justicia.
La falta de poder de una parte o de una persona que figura en el proceso como representante, ya sea de una persona moral, ya sea de una persona afectada de una incapacidad de ejercicio.
La falta de capacidad o de poder de una persona que asegura la representación de una
parte en justicia.


Momento procesal para interponer cada una de ellas:


La nulidad de los actos de procedimiento puede ser invocada a medida que estos se cumplen; pero ella estará cubierta si quien la invoca ha hecho valer, con posterioridad al acto criticado, defensas al fondo u opuesto un medio de inadmisión sin promover la nulidad.


Las excepciones de nulidad fundadas en el incumplimiento de las reglas de fondo relativas a los actos de procedimiento, pueden  ser propuestas en todo estado de  causa, salvo  la posibilidad para el juez de condenar a daños y perjuicios a quienes se hayan abstenido con intención dilatoria, de promoverlas con anterioridad.






El Proceso Contradictorio. El Código de Procedimiento Civil no traza reglas generales relativas a la introducción de la demanda. Las reglas, no obstante, existen pero diversas. El proceso contradictorio se inicia con la Demanda Introductiva y el Apoderamiento del Tribunal y luego Los Debates.


   El Acto de Emplazamiento o Citación: El demandante llama al demandado para que comparezca ante el juez de primera instancia en el término de la ley, o sea, ocho días francos (emplazamiento), o que comparezca ante el Juez de Paz en un día ya establecido (citación).


   La Comparecencia del Demandado: Tiene lugar, no presentándose personalmente ante el tribunal, sino dando a conocer al abogado que figura en el emplazamiento como representante del demandante, el nombre del abogado que postulará y defenderá por él. Esto es mediante acto de abogado a abogado.

   Fijación de audiencias. En caso de emplazamiento, después de vencido el plazo de la octava franca de ley, cualquiera de las partes puede solicitar fijación de audiencias en que se conocerá la causa.

   Acto Recordatorio o El Avenir. El abogado que ha obtenido fijación de audiencia procede entonces a llamar para esa audiencia al abogado de la parte adversa, mediante un acto recordatorio, notificado con dos días francos de antelación por lo menos, a pena de nulidad.

   Comunicación de documentos: Ambos abogados antes de que puedan requerir fijación de audiencia, deben comunicarse medios de prueba y de defensa. Pero, si la comunicación de documentos no se realiza espontáneamente, entre los abogados o por su depósito en secretaría, será ordenada por el juez sin formalismo, fijando un plazo y las modalidades de esta comunicación.

   Celebración de la audiencia. En  la audiencia las partes se  limitarán  a exponer sus conclusiones motivadas o a solicitar sus medidas de instrucción, aplazamiento, comunicación de documentos, etc., debiendo el juez fallar acorde a cada caso.

   Estado de fallo. Es la consecuencia de la presentación de las conclusiones al fondo del proceso, el expediente queda listo para que el juez tome su decisión en caso, este proceso termina con la decisión, es decir Sentencia.


El Defecto es la situación jurídica que se presenta cuando el demandado no comparece o cuando una de las dos partes no presenta conclusiones. Diversos tipos de Defecto. Existen

dos clases de Defecto, cuando el demandado no comparece, o cuando el demandante o el demandado, no presenta conclusiones.
El Defecto por Incomparecencia. Como se comparece por medio de constitución de
abogado, se admite que el demandante no puede incurrir en defecto por incomparecencia, porque la demanda introductiva de instancia debe contener constitución de abogado. Defecto del Demandado por Incomparecencia. Si el día de la audiencia el demandado no ha constituido abogado, se pronunciará el defecto en su contra. La misma solución si el abogado comparece pero no presenta conclusiones.


Defecto por Falta de Concluir. Si el día fijado para la audiencia el demandado no concluye sobre el fondo y se limita a proponer una excepción o a solicitar una medida de instrucción cualquiera, el Juez fallará de acuerdo a lo que se prevé en las disposiciones procesales que rigen la materia.


Papel Activo del Juez en caso de Defecto. Cuando se pronuncie el defecto, el tribunal procede a dos actuaciones: Pronunciar el defecto y juzgar en defecto.


  Pronunciar el Defecto es comprobar la incomparecencia del demandado, o la falta de conclusiones de este o del demandante. El defecto se pronunciará en la audiencia mediante el llamamiento de la causa y las conclusiones de la parte que lo requiera, serán acogidas si se encontrasen justas y reposasen en una prueba legal.


  Juzgar en Defecto es estatuir acerca de la contestación en ausencia del demandado, o en ausencia de conclusiones del demandante. El Juez debe verificar si la demanda es regular, recibible y bien fundada. No se trata de darle ganancia al demandante por el solo hecho de la no comparecencia del demandado. El Juez debe examinar la situación del defectuante y hasta exigir pruebas.


Situación en Caso de Pluralidad de Demandados. Si uno de ellos, varios, o todos no han constituido abogado, el tribunal fallará al fondo, por sentencia reputada contradictoria respecto de todos, cuando la decisión sea susceptible de apelación o cuando los demandados condenados en defecto hayan sido citados a persona o en la persona de su representante legal. Es decir, que en caso de pluralidad de demandados, la oposición está cerrada cuando el litigio es susceptible de apelación o cuando algunos de los demandados fueron citados en su propia persona.


Situación en caso de Un Solo Demandado. Si el único demandado no comparece o no presenta conclusiones, se pronunciará el defecto en su contra. ¿Podrá interponer oposición? La oposición no es posible cuando:
a) El asunto es susceptible de apelación;
b) Si el demandado fue emplazado en su propia persona.


Situación cuando se presentan conclusiones al fondo ya sea del demandado o del demandante. Según el Artículo 150 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, El defecto se pronunciará en la audiencia mediante el llamamiento de la causa, las conclusiones de la parte

que lo requiera, serán acogidas si se encontrasen justas y reposasen en una prueba legal. Sin embargo, los jueces podrán ordenar que los documentos se depositen en secretaría, para dictar sentencia en la próxima audiencia. La oposición será admisible contra las sentencias en última instancia pronunciadas por defecto contra el demandado, si éste no ha sido citado por acto notificado a su persona misma o a la de su representante legal.


El demandado puede pedir el descargo puro y simple, en este caso el juez no juzga no ha hecho nada sobre el fondo y no constituye una verdadera sentencia, por lo que  no es susceptible de ningún recurso. El demandante puede interponer nuevamente su demanda si
no hay prescripción. También el demandado puede pedir el rechazo de la demanda.


El Artículo 155 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL establece que: “Las sentencias por defecto, sean o no reputadas contradictorias, no serán ejecutadas mientras la oposición o la apelación sean admisibles, a menos que la ejecución provisional sea de derecho o haya sido ordenada”.


Eventualidades de cara a la instrucción del proceso.


Las excepciones como la fianza del extranjero, la incompetencia, los casos de litispendencia y conexidad, la nulidad y las dilatorias deben ser presentadas antes de toda defensa al fondo a fin de inadmisión, aun sea de orden público y simultáneamente con las demás excepciones.


Las medidas de instrucción ligadas al desarrollo de la instancia


La Prueba es el medio que sirve para demostrar la realidad de un hecho. La prueba escrita y las presunciones son administradas sin necesidad de procedimiento especial. En lo que concierne a los demás medios de prueba, o cuando hay controversia acerca de la prueba escrita o de la existencia de los hechos alegados como fundamento de las presunciones, el tribunal tiene que recurrir a un procedimiento para que la parte interesada ponga a su alcance los elementos constitutivos de la prueba que invoca. Este procedimiento consiste en dictar una sentencia de instrucción, por la que el tribunal prescribe una medida: información testimonial, verificación de escrito, comparecencia personal, peritaje, etc., según las circunstancias.


La Comunicación de Documentos. Cada una de las partes del proceso tiene derecho a conocer de los documentos invocados por su adversario como base de sus pretensiones. La Comunicación de documentos constituye uno de los elementos fundamentales para la lealtad de los debates, que los jueces están en el deber de vigilar para garantizar el derecho de defensa.


En principio la comunicación debe hacerse espontáneamente antes de la audiencia, esto es, que toda parte que vaya a usar un documento está en la obligación de comunicarlo. La parte que recibe comunicación de un documento puede no solamente leerlo, sino también copiarlo. Ambas partes adquieren, como consecuencia de la comunicación, el derecho de invocar en su favor los documentos que respectivamente le han sido comunicados.

La Comparecencia Personal de las Partes o de una parte. Esta medida de instrucción consiste en la asistencia estricta de las partes, que figuran en el emplazamiento, a la audiencia del tribunal para que suministren personalmente las explicaciones que ellas y el tribunal consideren útiles al esclarecimiento de los hechos de la causa y que muy frecuentemente no se encuentran suficientemente expuestos en las actuaciones del expediente. Es la prueba por excelencia. Se puede ordenar en todo estado de causa.


La comparecencia personal puede ser ordenada a requerimiento de una de las partes o de oficio por el tribunal, y tiene como objeto obtener la confesión. Las partes deberán responder a las preguntas que les sean formuladas sin poder leer ningún proyecto. Las respuestas deben ser personales y espontáneas. Esta medida de instrucción puede ser aplicada únicamente respecto de las partes en el proceso, sean principales o intervinientes, pero no respecto de terceros; estos no pueden ser interrogados sino en calidad de testigos, en la forma de una información testimonial.


El Informativo Testimonial es el medio de prueba que se produce mediante la declaración de un tercero que tuvo contacto directo con el hecho litigioso. Actualmente pueden admitirse contacto indirecto. Es ordenado siempre por medio de una sentencia de instrucción. El testigo es la persona que relata lo que ha percibido por medio de los órganos de los sentidos, especialmente lo que ha visto u oído, en relación con los hechos de la causa.


La Inspección al Lugar Litigio. Medida de instrucción mediante la cual el tribunal practica el examen directo del objeto litigioso, mueble o inmueble. Esta medida le permite al juez cerciorarse directamente de los hechos controvertidos. Puede ser ordenada a solicitud de partes o de oficio.


El Informe Pericial. Cuando el proceso plantea cuestiones cuya solución exige conocimientos técnicos que el juez no posee, es preciso que él recurra a personas que posean esos conocimientos a fin de que le emitan un dictamen razonado contentivo de los elementos aplicables a la solución del caso. Esas personas entendidas son llamadas peritos o expertos. Informe o información pericial es la relación escrita de las investigaciones de todo género que los peritos han llevado a cabo, con la indicación del resultado de las apreciaciones técnicas a que han llegado.


La Reapertura de los Debates. Si después de cerrados los debates, son producidos documentos o hechos nuevos, el tribunal puede a pedimento de las partes, o aún de oficio, ordenar su reapertura a fin de que el asunto sea nuevamente discutido. La Jurisprudencia Dominicana se ha mantenido constante en afirmar que dos condiciones son requeridas para que la solicitud de reapertura de los debates planteada por una de las partes pueda ser ponderada:


  El depósito de la instancia de solicitud y de los documentos nuevos en caso de que esta sea la razón de la solicitud;
  La notificación a la contraparte, tanto de la instancia, como de los documentos que se pretenden hacer valer para sustentar la solicitud de reapertura.

Sistema de Jerarquía de la Prueba en Materia Civil. Los procedimientos para la administración de la prueba contemplados por el legislador dominicano son los siguientes:
  La comunicación de documentos (pruebas literales)
  El informativo testimonial (testigos)
  El peritaje (prueba técnica por peritos)
  La comparecencia de las partes (confesión).


La Prueba desde el punto de vista del Comercio Electrónico. La Ley número 126-02, del
04 de septiembre del 02, define el Comercio Electrónico como toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de documentos digitales o mensajes de datos. Las relaciones comerciales comprenden: Toda operación comercial de intercambio de bienes, servicios o información; - Todo acuerdo de distribución; - De alquiler o arrendamiento (leasing); - De construcción de obras; - De ingeniería; - De inversión; - De seguros; entre otros.


Esta ley dispone, entre otras medidas, que los documentos digitales y mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba en los tribunales dominicanos y tendrán la misma fuerza probatoria otorgada a los actos bajo firma privada en el Código Civil y en el Código de Procedimiento Civil. Su novedoso contenido vino a revolucionar la manera habitual de contratar y el derecho de la prueba en el país, sorprendiendo a aquellos que de manera conservadora se apoyan exclusivamente en los métodos tradicionales de la prueba escrita.


De igual manera, contempla la utilización de la firma digital para garantizar la seguridad y legitimidad de las declaraciones de la voluntad en los medios electrónicos. Tanto la Firma Digital como la firma manuscrita se consideran como una prueba de la manifestación de voluntad, por lo que en aquellos casos donde el legislador exija como requisito o formalidad sustancial una firma escrita en papel bastará con un documento digital.


Los incidentes relativos a la prueba literal.


La verificación de escritura. Es el examen que se hace en justicia de un acto bajo firma privada con el fin de comprobar si ha sido o no  firmado por la persona a quien se le atribuye o se le opone. El hecho de producir un acto bajo firma privada, como fundamento de una demanda o de una defensa, implica necesariamente intimación a la parte contraria para que acepte o no el documento; el desconocimiento del escrito conlleva la necesidad de su verificación.


Inscripción en falsedad: es la alteración de la verdad verificada en un escrito. Ataca los actos bajo firma privada como los actos auténticos. La Falsedad puede ser de dos formas: 1.- Material: se hace mediante la falsificación de una firma, ampliación de una escritura o la alteración física de un documento, ya sea suprimiendo o agregando algo. 2.-Intelectual: es aquella que se logra cuando en el acto se plasman cosas que no se pactaron. Se permite que un documento declarado y verificado sincero pueda posteriormente ser atacado en Inscripción en falsedad, y esto constituye una excepción al principio de la autoridad de la cosa juzgada.

Sólo las partes en el proceso puede accionar en falsedad; si un tercero quiere inscribirse en falsedad tiene que irse a la jurisdicción penal o la tercería si ha intervenido una sentencia. Si se quiere ejercer de manera principal hay que ir a la jurisdicción penal, sino es incidental y debe existir una demanda principal.


Los actos que pueden ser atacados por la inscripción en falsedad son los actos auténticos, como son:
a- los actos auténticos instrumentados por el notario. b- las primeras copias de la sentencia.
c- actos de alguaciles.
d- sentencia arbitrales.
e- actos del Estado Civil. f-  informe de peritos.
g- original del acto del duplicado de título.












Son todo acontecimiento que al producirse en el curso de una instancia modifica la suerte del proceso ordinario. La finalidad es pretender que el juez, declare el proceso irregular, extinguido o la suspensión del curso del proceso.


Las Excepciones de Procedimiento. Constituye una excepción de procedimiento todo medio que tiende sea a hacer declarar el procedimiento irregular o extinguido, sea a suspender su curso. (Artículo 1 de la Ley 834 de 1968). Las excepciones del procedimiento deben, a pena de  nulidad, ser presentados simultáneamente  y antes de  toda defensa al fondo. Estas excepciones del procedimiento son:


1.  Incompetencia. Es el medio procesal que tiende a que se declare legalmente que una determinada acción judicial o causa debe ser resuelta por un juez o tribunal distinto al que esta interviniendo en el conocimiento de la misma.


2.  Litispendencia. Hay litispendencia cuando un mismo litigio está pendiente ante dos jurisdicciones del mismo grado igualmente competentes para conocerlo.

3.  Conexidad. Esta se trata de dos asuntos diferentes, llevados ante dos jurisdicciones distintas, pero unidos por un lazo tal que para el interés de una buena administración de  justicia es  conveniente  que  los  dos  sean  instruidos  y juzgados  por  una  sola jurisdicción, por lo que, una de ellas debe desapoderarse y la otra quedar apoderada de los dos asuntos y fallarlos conjuntamente.

4.  La Fianza Judicatum Solvi. En todas las materias y todas las jurisdicciones, el extranjero transeúnte que sea demandante principal o interviniente voluntario estará obligado a dar una fianza para el pago de las costas y de los daños y perjuicios resultantes de la litis, a menos que posea en la República Dominicana inmuebles de un valor suficiente para asegurar ese pago.

Aspectos Criticables en cuanto al Acceso a la Justicia, Nulidad. Al exigirle al extranjero transeúnte la prestación de una fianza se desconoce el principio de la racionalidad, el principio de igualdad y el derecho de acceso a la justicia, consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales ratificados por el Estado Dominicano. Por otro lado, los tribunales hacen referencia a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que indican que la prestación de dicha fianza es una discriminación para con el extranjero, por no situar a ambas partes en la misma situación, lo que sugiere una protección especial por parte de la ley a una de las partes. De esta manera, no solo los tribunales laborales desde hace años rechazan la

solicitud de esta fianza, sino que ya algunas Salas Civiles y Comerciales de los Tribunales de Primera Instancia han emitido sentencias en este sentido lo que constituye un paso de avance en la administración de justicia en la República Dominicana.

Aspecto de Inconstitucionalidad de esta Figura Procesal. Con el transcurso de los años, los tribunales han acudido a modernizar esta discriminante disposición legal, pudiéndose observar en la materia civil y comercial como se inician en los tribunales ordinarios planteamientos tendentes a rechazar el otorgamiento de la fianza, los cuales se basan en la inconstitucionalidad del artículo 16 del Código Civil, ya que no respeta el principio de rango constitucional de que todos somos iguales ante la ley.

Sistemas de nulidad aplicable. Nulidad absoluta y nulidad relativa, dependiendo de los diversos tipos de actos procesales. La nulidad es definida, como la ineficacia de un acto jurídico, proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de forma requeridas para su validez.


Nulidad absoluta: Es la que puede ser demandada por cualquier interesado, por ser de orden público o faltar un elemento esencial del acto jurídico. La excepción de nulidad fundada en el incumplimiento de las reglas de fondo, relativas de los actos de procedimiento, debe acogerse sin necesidad de quien las invoque tenga que justificar un agravio y aunque la nulidad no resultare de ninguna disposición expresa.


Nulidad relativa. La que sólo puede ser demandada por una o algunas personas, a quienes está destinada a proteger; en consecuencia, puede cubrirse mediante la confirmación del acto. Ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo por vicio de forma si la nulidad no está expresamente prevista por la ley, salvo en caso de incumplimiento de una formalidad sustancial o de orden público. Esta nulidad debe caer sobre “la forma de los actos”.


Aplicación de la máxima “no hay nulidad sin agravio”, desde el punto de vista de los actos procesales. La prueba del agravio se trata de un medio impuesto por el legislador para evitar, en lo que atañe a las nulidades de forma, las excepciones puramente dilatorias. El agravio en muchos casos no es fácil de probar, ya que su apreciación depende generalmente del caso particular. Para demostrar un agravio es necesario probar que se violaron uno o varios de los principios fundamentales. Por ejemplo: El Derecho de Defensa o el Doble Grado de Jurisdicción.


Como principio general, cuando se niega pronunciar la nulidad, aún tratándose de una formalidad sustancial, es porque la víctima del error no ha probado haber experimentado un agravio o porque existen en el acto, o en las circunstancias que lo acompañan, que le han seguido o que le han precedido, determinados elementos que han informado en debida forma al destinatario sobre las características indispensables del acto de procedimiento de que se trata.


Medio de Inadmisión. Diversas Causas. Constituye una Inadmisibilidad todo medio que tienda hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta de interés, la prescripción, plazo

prefijado, la cosa juzgada, esta enumeración no es limitativa. Las inadmisibilidades pueden ser propuestas en todo estado de causa, y deben ser acogidas sin que el que las invoca tenga que justificar un agravio y aún cuando la inadmisibilidad no resultare de ninguna disposición expresa. Los medios de inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un carácter de orden público.


Cómo se Cubren las Nulidades y las Inadmisiones. Ley núm. 834 de 1978. La nulidad de los actos por vicio de forma quedará cubierta mediante la regularización ulterior del acto si ninguna caducidad ha intervenido y si la regularización no deja ningún agravio. En las nulidades por vicio de fondo deben cubrirse antes de que el Juez estatuya. Las inadmisiones se cubren en todo estado de causa, no cuando se propone sino cuando el Juez estatuya.


La excepción de inconstitucionalidad.


Control Difuso. Todo juez o tribunal del Poder Judicial apoderado del fondo de un asunto ante el cual se alegue como medio de defensa la inconstitucionalidad de una ley, decreto, reglamento o acto, tiene competencia y está en el deber de examinar, ponderar y decidir la excepción planteada como cuestión previa al resto del caso.


La decisión que rechace la excepción de inconstitucionalidad sólo podrá ser recurrida conjuntamente con la sentencia que recaiga sobre el fondo del asunto.


Revisión de Oficio. El control difuso de la constitucionalidad debe ejercerse por todo juez o tribunal del Poder Judicial, aún de oficio, en aquellas causas sometidas a su conocimiento.






NCIA.



El Sobreseimiento. La instancia se suspende, cuando el juez se ve obligado a sobreseer. Cuando el acontecimiento que ha suspendido desaparece o ha sido decidido, la instancia volverá a seguir su curso normal. El juez debe sobreseer:


 En los casos de declinatoria de competencia, hasta tanto haya transcurrido el tiempo;
 Hasta tanto la corte no haya decidido el Contredit la instancia es suspendida.
 El transcurso del plazo para la interposición de un recurso ordinario, suspende la ejecución de la sentencia;
 La recusación evidentemente suspende la instancia.


La Interrupción. La instancia es interrumpida cuando las partes o sus abogados se encuentran en la imposibilidad de realizar las actuaciones procesales como resultado de un acontecimiento que modifica su situación personal. Cuando la instancia es interrumpida es preciso renovarla o reanudarla.


La Instancia se interrumpe en 2 casos:


1.  Cuando una de las partes muere, y su muerte es notificada a la otra.
2.  Cuando el abogado de una de las partes muere o viene a encontrase incapacitado para ejercer la profesión de abogado, a causa de una medida disciplinaria, de una decisión del Poder Ejecutivo que lo priva del exequátur, o de la aceptación de un cargo judicial; hay que constituir nuevo abogado.


La Suspensión. La instancia es suspendida cuando el curso del proceso es detenido como consecuencia de ciertos acontecimientos ajenos a las partes o a sus representantes procesales, los abogados. Esta se distingue de la interrupción de instancia porque tan pronto como cesa la causa de suspensión la instancia recobra su curso normal, y en la interrupción
de instancia, hay que renovar la causa.


Renovación de instancia:


El asunto estará en estado cuando los debates hayan tenido principio; se reputa que han principiado los debates, cuando se hubieren formulado contradictoriamente las conclusiones en audiencia. Si se tratase de asuntos que se instruyen por escrito la causa estará en estado cuando la instrucción esté completa, o hayan transcurrido los plazos para las producciones y réplicas.

Art. 344 En los asuntos que no estén en estado, serán nulos todos los procedimientos efectuados con posterioridad a la notificación de la muerte de una de las partes; no será necesario notificar los fallecimientos, dimisiones, interdicciones o destituciones de los abogados; las diligencias practicadas y las sentencias obtenidas después, serán nulas si no ha habido constitución de nuevo abogado.


Art. 345 Ni el cambio de estado de las partes, ni su cesación en las funciones que les deban la cualidad para actuar, serán motivo para impedir la continuación de los procedimientos. Sin embargo, el demandado que no hubiere constituido abogado antes del cambio de estado o de la muerte del demandante, será emplazado de nuevo a octavo día, para que oiga adjudicar las conclusiones.


La muerte de una de las partes no interrumpe de pleno derecho la instancia. La parte contraria, a la cual no le haya sido notificada dicha muerte, puede, hasta el momento de esa notificación, continuar válidamente el procedimiento, siendo en esos casos regulares tanto los actos que haya realizado como las sentencias que intervengan. No. 14, Ter., Jun. 2001, B.J. 1087.


Art. 347 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL La instancia se renovará por acto de abogado a abogado.



La Denegación de Actos Procesales. (Artículos. 352 al 362 C.P.C). La Denegación es la acción cuyo objeto es determinar que un abogado o un oficial ministerial no ha recibido el correspondiente mandato de una de las partes para hacer un acto de su ministerio o se ha excedido en cuanto se refiere al mandato recibido.


Como se instruye. Cuando se trata de denegación de actos judiciales, la demanda debe llevarse ante el tribunal apoderado del proceso. En caso de actos extrajudiciales, la demanda debe incoarse por ante el tribunal de la parte demandada.


Los Incidentes relativos al Juez:


La Recusación del Juez es la acción promovida por una de las partes en la instancia, a fin de que un Juez cuando se encuentra en una de las causas previstas en el Artículo 378 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, no conozca ni instruya el caso en donde su parcialidad se presuma. La recusación es naturalmente dirigida contra un juez, no contra el tribunal.


La Inhibición vista a la luz de la Jurisdicción de Primer Grado y de Segundo Grado. Es el acto de voluntad del juez, que al tanto de que peligra su imparcialidad se desapodera del conocimiento del expediente a fin de que sea otro magistrado que lo instruya y lo falle. No hay declinatoria porque el tribunal no se desapodera sino el Juez. La inhibición no necesita ser motivada y puede ser propuesta en todo estado de causa.


Formas de terminación del proceso:


El proceso puede terminar por perención, prescripción, desistimiento, caducidad y transacción.

La Perención es la extinción de la instancia consecuencia de la inacción del demandante en el proceso. El plazo de la perención de instancia, en principio, es de 3 años, el cual comienza a computarse a partir del último acto procesal válido. Este plazo es aumentado a 6 meses más, en los casos en que haya lugar a renovación de instancia o a constitución de nuevo abogado, esto es, cuando ha habido interrupción de la instancia.  La perención aniquila únicamente la instancia, dejando subsistir el derecho de acción del demandante, quien podrá
incoar una nueva demanda, siempre y cuando el derecho de acción no haya prescrito.


La Caducidad (Prescripción). Es la extinción de los derechos de las partes. La caducidad o prescripción aniquila el derecho de acción y en consecuencia no hay renovación de instancia ni se puede hacer una nueva demanda. El demandado tiene derecho adquirido a invocar la prescripción o caducidad de la instancia una vez transcurrido el plazo requerido, no obstante cualquier acto emanado del demandante.


El Desistimiento es la renuncia por parte del demandante a los efectos del proceso, o por una cualquiera de las partes a los efectos de uno de los actos del proceso. El desistimiento se puede hacer y aceptar por simples actos bajo firma de las partes o de quienes las representen, y  notificados  de  abogado  a  abogado. (ver  Artículos  403  y  sgtes.  CÓDIGO  DE PROCEDIMIENTO CIVIL).


Tipos de Desistimiento. Según el alcance que tenga, pueden distinguirse tres clases de desistimiento:
1.  El Desistimiento de los Actos Procesales: es la renunciación a los efectos producidos por esos actos.
2.  El Desistimiento de Acción: Tiene como resultado extinguir el proceso en el pasado y hacerlo imposible en el porvenir.
3.  El Desistimiento de Instancia: es una renuncia a la situación jurídica creada por la instancia.


La Transacción: es un contrato por el cual las partes terminan un pleito comenzado, o evitan uno que pueda suscitarse. Este contrato deberá hacerse por escrito. Las transacciones se concretan a su objeto; la renuncia que se haga de ellas a cualquier clase de derechos, acciones y pretensiones, no se extiende a más de lo que se relaciona con la cuestión que la ha motivado. Regulan únicamente las cuestiones que están comprendidas en ellas, bien sea que las partes hayan manifestado su intención en frases especiales o generales, o que se reconozca esta intención como una consecuencia necesaria de lo que se haya expresado. La transacción que hubiere hecho alguno de los interesados, no obliga a los demás, ni puede oponerse por éstos. Las transacciones tienen entre las partes la autoridad de cosa juzgada en última instancia. No pueden impugnarse por error de derecho, ni por causa de lesión.












Los actos que emanan del juez pueden ser Jurisdiccionales o Administrativos.


El  Acto Jurisdiccional  es aquel que realiza  un órgano especializado, independiente  y autónomo. Con estos actos el juez resuelve cual es la regla del derecho objetivo aplicable a la solución de un caso particular, mediante la comprobación de la existencia de una situación protegida por el derecho. El acto jurisdiccional, es decir, la sentencia, tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, y no puede ser revocado o anulado sino mediante y como consecuencia de una vía de recurso.


Los Actos Administrativos o de Jurisdicción Graciosa son aquellos actos que interesan a los derechos y obligaciones de los particulares, pero sin que exista proceso para juzgar la contestación entre ellos. Revisten una forma de sentencia, pero son simples actos de administración de categoría especial. Su Naturaleza Jurídica. El acto administrativo, aunque emane de un órgano del Poder Judicial y aunque parezca una sentencia no tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y su nulidad puede hacerse valer por vía de acción o de excepción.


En nuestro Derecho no tenemos ningún texto que nos defina la jurisdicción graciosa. Pero teóricamente, se puede decir que, el juez debe reunir dos condiciones para estatuir en materia graciosa:
1.  Que surja una dificultad desprovistas de carácter contencioso; y
2.  Que la dificultad no pueda resolverse sin la intervención del juez.


Los diversos casos en los cuales el juez actúa en materia graciosa, son los siguientes:
1. Recepción  de  ciertos  actos.  El  tribunal  interviene  para  verificar  algunos  actos, confiriéndoles autenticidad. Por ejemplo, en caso de emancipación, adopción;
2. Medidas de interés general (rectificación de las actas del estado civil).
3. Protección a favor de los incapaces y los ausentes. Se acude al juez en busca de protección, bien sea de un menor incapaz o de un mayor incapaz. Ej.: en caso de homologaciones a deliberaciones de los consejos de familia, en ocasión de una partición o de la organización de la tutela o curatela;
4. Las intervenciones judiciales que se producen en el curso de una instancia, pero desprovistas de carácter jurisdiccional, a fin de facilitar la instrucción de un proceso. En esta última categoría suelen incluirse las sentencias relativas a la instrucción, tanto preparatorias como interlocutorias, así como las provisionales.

La sentencia: La sentencia, es el acto procesal emanado de los órganos de la jurisdicción, mediante el cual éstos deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento2, está integrada por varias partes que vinculadas por un iter lógico forman un todo coherente.


Resoluciones: La resolución administrativa consiste en una orden escrita dictada por el jefe de un servicio público que tiene carácter general, obligatorio y permanente, y se refiere al ámbito de competencia del servicio.


Autos: Son resoluciones que pueden afectar cuestiones procedimentales o de fondo que surgen durante el proceso y que es indispensable resolver antes de llegar a la sentencia para estar en condiciones de emitirlo, los autos pueden ser de 3 tipos:


Provisionales: Son determinaciones que ejecutan momentáneamente de manera provisional sujetos a una modificación o transformación en la sentencia.
Preparatorios: Son resoluciones que hacen el camino dentro del proceso para la realización de ciertos actos.
Definitivos: Son decisiones que impiden o paralizan la prosecución de un juicio.


Ordenanzas: Es el acto jurisdiccional dictado por el juez de los referimientos.


Naturaleza Jurídica y efectos procesales en cada una de ellas.


Efectos procesales en cada caso. El acto jurisdiccional o sentencia produce los siguientes efectos:


1. Desapoderamiento del juez: Una vez el juez ha conocido y juzgado un asunto agota sus poderes jurisdiccionales, no puede volver a conocerlo ni aún con el consentimiento de las partes. Esto en nada contradice el carácter de retractación que tienen algunas vías de recurso. Las sentencias llamadas “de antes de hacer derecho”, no desapoderan al juez.
Este principio no es obstáculo para que una parte interesada se dirija al mismo juez que ha dictado la sentencia, con la finalidad de que proceda a interpretarla, en caso de que dicha sentencia contenga disposiciones ambiguas que dificulten su ejecución.
2. Efecto declarativo: cuando la sentencia hace manifiesta la existencia o inexistencia del derecho en discusión, como las que reconocen la paternidad de una persona.
3. Efecto constitutivo: cuando la sentencia crea el derecho o la situación jurídica que está
siendo invocado, como las sentencias de divorcio.
4. Autoridad de la cosa juzgada: De conformidad con el Artículo 113 de la Ley 834 de 1978: “Tiene fuerza de cosa juzgada la sentencia que no es susceptible de ningún recurso suspensivo o de ejecución. La sentencia susceptible de tal recurso, adquiere la misma fuerza a la expiración del plazo del recurso si este último no ha sido ejercido en el plazo”. Es
una presunción de verdad, en cuya virtud los hechos comprobados y derechos reconocidos por una sentencia no pueden ser contestados nuevamente.
El Código Civil establece en su Artículo 1351: “La autoridad de cosa juzgada no tiene lugar
sino respecto de lo que ha sido objeto de fallo”.  Cuando una sentencia adquiere la autoridad

de la cosa irrevocablemente juzgada, mantiene dicha autoridad aún en el caso en que haya sido dictada por un tribunal incompetente y a fortiori, si ha habido violación a las formalidades exigidas por la ley.
5. Fuerza ejecutoria: por ser un mandato emanado de un órgano jurisdiccional, debe ser ejecutado voluntariamente por la parte vencida, o forzosamente contra ella.


Los Actos Administrativos o de Jurisdicción Graciosa son aquellos actos que interesan a los derechos y obligaciones de los particulares, pero sin que exista proceso para juzgar la contestación entre ellos. Revisten una forma de sentencia, pero son simples actos de administración de categoría especial. Su Naturaleza Jurídica. El acto administrativo, aunque emane de un órgano del Poder Judicial y aunque parezca una sentencia no tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y su nulidad puede hacerse valer por vía de acción o de excepción.


La Estructuración De La Sentencia:
Nos referimos en este punto a las enunciaciones formales de toda sentencia, tomados en principio del derecho procesal civil, como derecho común, habida cuenta de que la técnica de redacción, es la misma para una sentencia en cualquier materia. El acto administrativo, aunque emane de un órgano del Poder Judicial y aunque parezca una sentencia no tiene la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada y su nulidad puede hacerse valer por vía de acción o de excepción.

1. Previsiones del artículo 141, nombres de los jueces y las partes, conclusiones, puntos de hecho y de derecho, fundamentos y dispositivo.


Corresponde en primer lugar, al artículo 141 del Código de Procedimiento Civil (que es supletorio para las demás materias), establecer el contenido de las sentencias, así enuncia que la redacción de las sentencias contendrá:
   Los nombres de los jueces, del fiscal y de los abogados: Deben figurar los nombres de los jueces que intervienen y tratándose de un tribunal colegiado, quién preside y quienes componen y en qué calidad el tribunal, el nombre del fiscal y el de cada uno de los abogados de las partes con sus generales.
   Las profesiones y domicilios de las partes: En la práctica, no sólo las profesiones y domicilios, sino todas las generales de las partes, esto es, nacionalidad, condición de mayoría o minoría de edad, profesión, domicilio, debe determinarse lo más claramente posible, el domicilio, ya que esto permitirá en el futuro la ubicación para fines de notificar los distintos actos procesales, hasta el número de teléfono podría ayudar, y el número de su cédula de identidad y electoral. Si se conocen deben ponerse las generales tanto del demandante como del demandado y las de sus abogados, respectivamente.
   Sus conclusiones: No puede faltar la transcripción de las conclusiones de las partes, su ausencia produce la nulidad de la sentencia, porque sino constan en la decisión, el tribunal de alzada no podrá verificar si se dio respuesta a cada uno de los pedimentos de las partes. No basta que consten en el acta de audiencia o que estén depositadas por escrito en el expediente, ya que la sentencia debe bastarse a sí misma.
   La exposición sumaria de los puntos de hecho y de derecho: Es criterio reiterado de nuestra Corte de Casación

 Los fundamentos: Una parte fundamental de la sentencia es la motivación, nos ocuparemos de este punto más adelante en el razonamiento judicial.
   El dispositivo: La sentencia es un mandamiento de la autoridad judicial competente. Este dispositivo es precisamente lo que ordena el órgano jurisdiccional, debe ser preciso, claro, sin ambigüedades.



Planos que integran la redacción de la sentencia:


La labor creativa del juez en la estructuración de la sentencia tiende a establecer a partir de la norma general y abstracta, en su aplicación al caso específico, la norma jurídica individual que lo soluciona. Esta labor puede enfocarse desde cinco planos diferentes que no aparecen individualizados, ni nombrados en la elaboración de la sentencia, pero que subyacen en toda sentencia bien  estructurada. Estos planos los denominamos como: Plano Fáctico, Deliberativo, Axiológico, Lógico y Plano Gramatical.


Plano Fáctico. Es el que se refiere a la exposición de los hechos que dan lugar a la controversia entre las partes. El juicio de hecho consiste en la determinación de los hechos que van a ser calificados jurídicamente y puede ser dividido en tres fases:
la presentación de los hechos (hechos alegados);
la actividad probatoria (interpretación y valoración);
la fijación de los hechos (relato fáctico de los hechos sobre los cuales se va a centrar el juicio de derecho).


Deliberativo, también llamado plano regulatorio. Relativo al razonamiento que hace el juez para determinar cuáles son las disposiciones legales aplicadas a esos hechos. De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, determinamos cuáles fuentes del derecho serán aplicadas al caso específico, ubicamos la respuesta jurídica que el caso requiere y establecemos la regla conforme a la cual vamos a medir los hechos, esta regla puede ser legal, constitucional, principios.


Dentro de las fuentes del derecho se concede privilegio a la constitución, a sus normas, principios y valores; y luego a las demás fuentes del derecho, a la ley ordinaria, a los tratados internacionales, a los decretos, a las resoluciones, a los reglamentos, tomando en cuenta la jerarquía de las fuentes infra constitucionales.


Axiológico. Este plano está referido a la decisión del juez, en función de su trascendencia en los valores dentro del ordenamiento jurídico. El análisis del juez al momento de estructurar la sentencia debe seguir, desde su inicio hasta el final, las reglas de la lógica sobre la base de los valores.


La axiología se define como la rama de la filosofía o del pensamiento que se ocupa de la teoría de los valores; en su sentido jurídico, tales valores se refieren a la norma en general, por un lado y por el otro, a la sentencia como consecuencia de la aplicación e interpretación de la

norma. El Plano Axiológico se refiere a la decisión del Juez en función de su eficacia y validez dentro del ordenamiento jurídico.


Todas las normas que integran el ordenamiento jurídico que regula la conducta de los individuos en sociedad, deben estar inspiradas en los máximos valores, pues todo sistema legal debe ser el resultado de la legitimidad, es decir, de una forma de entender y jerarquizar determinados valores.


Lógico. Se refiere al razonamiento que hace el juez una vez que tiene en sus manos los hechos y el derecho para llegar a la conclusión de tomar su decisión en uno u otro sentido. La redacción de la sentencia supone el respeto de la estructura lógica, que evidencie una buena labor de interpretación jurídica que culmine con la decisión del organismo jurisdiccional.


En la redacción de la sentencia se produce un ir y venir de los hechos y del derecho. Los hechos los vamos precisando a medida que lo van requiriendo las reglas y las reglas las vamos precisando a medida que se van precisando los hechos.


Gramatical. Es la forma que debe observar el juez para que su sentencia sea bien entendida, bien interpretada y que refleje realmente cual ha sido su decisión. El uso adecuado del lenguaje tiene gran importancia en la redacción de la sentencia, pues ésta como decisión normativa individual, no debe presentar ambigüedades y confusiones. Debe ser clara y precisa. Una palabra mal empleada puede provocar la casación de la sentencia.


Se recomienda no utilizar palabras vagas o ambiguas y si se han usado, deben despejarse las dudas con el contexto. Un mal empleo de los signos de puntuación puede cambiarle el sentido a una oración e inclusive a todo un párrafo. La carga emotiva que llevan las palabras prejuicia sus significados y favorece su vaguedad



La Motivación de la Sentencia.


La exigencia de la motivación en nuestro derecho positivo resulta de lo dispuesto por artículo
25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene en nuestro país, rango constitucional por aplicación del artículo 3 de nuestra Constitución. Y, en la ley adjetiva, de lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 1014 de 1935, por artículo 24 de la ley sobre procedimiento de casación, por el artículo 141 del Código de Procedimiento Civil, 537 del Código de Trabajo y 24 y 334 del Nuevo Código Procesal Penal, entre otras normas procesales particulares.


La motivación de las sentencias es la exposición de las razones que han conducido al juez a tomar la decisión que expondrá en el dispositivo. El papel de esta motivación es importante, no sólo desde el punto de vista técnico para permitir a la jurisdicción jerárquicamente superior ejercer su control, sino desde el punto de vista sociológico: en la medida en que el alcance

práctico de la decisión está a menudo vinculado a la buena comprensión de la misma por los justiciables, lo que favorecerá su aceptación.3


Los motivos son la parte demostrativa de la sentencia, donde se aprecian los méritos de las pretensiones y medios de las partes, en el marco de un razonamiento de tipo silogístico, que consiste en constatar que las condiciones de aplicación de la regla de derecho se encuentran reunidas y conducen a tal solución.


El tribunal Constitucional español por sentencia 55/1987 del 13 de mayo, ha dicho que Una resolución judicial está mínimamente argumentada cuando:
A.  Permite el control de otros órganos judiciales, su crítica y
B.  Cuando muestra el esfuerzo del juez por lograr una aplicación del derecho vigente libre de toda arbitrariedad.


Señala además que la decisión judicial se debe dirigir a lograr no sólo el convencimiento del directamente afectado, sino también de las otras partes del proceso, respecto de su corrección y justicia sobre los derechos de un ciudadano.
A la luz de nuestras fuentes legales y jurisprudenciales nos referiremos  a la necesidad y características de la motivación.


Dr. Pellerano Gómez: “Cuando un juez, cual que fuere su jerarquía en el ordenamiento judicial o administrativo, no da motivos que fundamenten lo que decide, comete un deliberado acto de insubordinación a la ley, y por vía de consecuencia, se levanta y se erige superior al principio de legalidad que consagra la constitución y al estado de derecho que ella organiza....La Constitución requiere que el juez motive sus sentencias ante todo, para permitir el control de la jurisdicción.


Los Errores Materiales  En Las Decisiones.


El tribunal puede a pedimento de parte interesada, reparar, corregir o enmendar las omisiones o errores materiales en que haya podido incurrir la sentencia. La sentencia correctora pasa a formar parte de la sentencia corregida. Después  de intentada  una vía de recurso sobre la sentencia, la demanda en corrección  viene a ser inadmisible.


Errores Materiales que no afectan el Fondo de la Sentencia Administrativa o Jurisdiccional. Se reconoce, generalmente que el tribunal puede, también a pedimento de parte interesada, reparar, corregir o enmendar las omisiones y los errores materiales en que haya podido incurrir en la sentencia. Así, por ejemplo, el tribunal puede, por una segunda sentencia: designar al juez comisario que omitió nombrar en el fallo que ordena una información testimonial, rectificar un error en la designación de una de las partes; enmendar un error de cálculo. Al proceder así, el tribunal no violará  la autoridad de la cosa juzgada inherente a su decisión; más bien, la corrobora con algo que le es necesario para su cabal integración. La sentencia correctora pasa a formar parte de la sentencia corregida.

Posibilidad de hacer Correcciones Materiales. La decisión graciosa no desapodera al juez. En consecuencia, él podría nuevamente corregir o completar su decisión, cuando hechos nuevos son aportados. Esta posibilidad de retractación se nota claramente cuando el juez dicta una ordenanza autorizando un embargo conservatorio. Después de intentada una vía de recurso sobre la sentencia, la demanda en corrección viene a ser inadmisible.


El Artículo 104 de la Ley 834 de 1978, tajantemente expresa que la ordenanza en referimiento no tiene la autoridad de la cosa juzgada y puede modificarse o renovarse si surgen nuevas circunstancias, lo que ocurre tan bien en las decisiones adoptadas por los tribunales de forma graciosa. Ha sido fallado por la Suprema Corte de Justicia que cuando la sentencia incurre en un error de fecha, error material al transcribirse menciones en el acta, no hay necesidad de anular la sentencia.


Procedimiento. El Código de Procedimiento Civil no establece un procedimiento para corregir los Errores Materiales que no afectan el Fondo de la Sentencia Administrativa o Jurisdiccional, sin embrago, el Artículo 465 del Proyecto del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL establece que “Los errores y omisiones materiales que afecten a una sentencia, aun con autoridad de cosa juzgada, pueden siempre ser reparados por la jurisdicción que la ha rendido o por aquella a la cual le es diferida, de acuerdo a lo que el expediente revele o, en su defecto, por lo que la razón ordene”.






















La Sentencia es el acto jurisdiccional que pone fin al proceso o una etapa del mismo, como indica el ilustre procesalista dominicano Dr. Froilan Tavares, hijo. Es un acto de la autoridad pública, por lo cual se encabeza y dicta en “Nombre de al República”.


No todas las clasificaciones de la sentencia, interesan al procedimiento civil. Algunas son propias de las jurisdicciones penales, como ocurre con las sentencias absolutorias, por lo que este tema se limita al estudio de las sentencias de mayor importancia dentro del procedimiento civil.


Sentencia Preparatorias y Sentencia Interlocutorias. Las sentencias previas son llamadas sentencias de “antes de hacer derecho”. Son rendidas antes de decidirse el fondo. Se dictan en el curso del proceso o en ocasión de una medida de instrucción o de una medida provisional. Las sentencias previas se clasifican en: Sentencias Preparatorias; Interlocutorias; y provisionales.


Es Preparatoria la sentencia dictada para poner la causa en estado de recibir fallo definitivo, y no son susceptibles de apelación. Son sentencias preparatorias, por ejemplo:
La sentencia que ordena una comunicación de documentos.
La sentencia que ordena la comparecencia personal de las partes;
La sentencia que ordena una información testimonial;
La sentencia que ordena la reapertura o continuación de debates;
La sentencia que reenvía una causa;
La que aplaza un fallo.


La Sentencia Interlocutoria es aquella que el tribunal pronuncia en el discurso de un pleito, antes de hacer derecho, ordenando prueba, verificación o trámites de sustanciación que prejuzga el fondo. Son sentencias interlocutorias:
La que ordena un informativo y un contra informativo para establecer la prueba contraria de los hechos alegados por una de las partes;

La que ordena un peritaje para probar una calidad invocada en justicia, que haría titular de un derecho a una persona;
Las que sobreseen el fondo de un asunto debatido, para subordinar esa decisión a la de otro tribunal;
Para saber si una sentencia es preparatoria o interlocutoria, se debe tener en cuenta si se prejuzga o no el fondo.


Sentencia Definitiva sobre Incidente y sobre el Fondo. Es Definitiva no solamente la sentencia que pone término a la contestación, sino también la que resuelve acerca de un incidente del procedimiento. Con la sentencia definitiva el juez queda finalmente desapoderado de la cuestión que se le sometió incidentalmente en el curso de la instancia, salvo la posibilidad de un recurso contra la sentencia. Las sentencias definitivas sobre el fondo deciden previamente al fallo una cuestión de hecho o de derecho y pueden ser objeto de recurso de apelación o de casación. Las sentencias definitivas sobre el fondo ponen fin a una litis. Las sentencias definitivas tienen autoridad de cosa juzgada.


Sentencia  en  Defecto  y  Contradictoria.   La  sentencia  es  contradictoria  cuando  han comparecido tanto el demandado como el demandante. La sentencia en defecto es cuando no ha comparecido una de las partes, normalmente el demandado, pues al menos en materia civil ordinaria se considera que el demandante comparece desde que lanza el acto de emplazamiento.


Sentencia en Defecto y Reputada Contradictoria. Las sentencias en las cuales las partes comparecen pero no concluyen (defecto por falta de concluir) son llamadas sentencias en defecto y reputadas contradictorias.


Sentencia Mixta. Es aquella que resuelve una parte de lo principal y a la vez ordena una medida de instrucción o una medida provisional. Es decir que una sentencia mixta puede contener disposiciones de carácter interlocutorio y también definitivo. También tienen carácter mixto las sentencias que a la vez contienen disposiciones preparatorias e interlocutorias, ya que una misma decisión puede contener más de una disposición.


Sentencia Constitutiva y Declarativa.  Las sentencias constitutivas son aquellas por medio de las cuales es creada una situación jurídica, bien sea modificando un estado de cosa anterior, decretando su abolición o cambiándolo por otro. Se denominan sentencias declarativas aquellas que comprueban la existencia de un derecho o reconocen una situación jurídica. Así por ejemplo, una sentencia rendida en ocasión de un reconocimiento de escritura.


Sentencia en Única y última Instancia. En los casos en que el segundo grado es suprimido por la ley o en el que las partes renuncian anticipadamente a la apelación, la sentencia es llamada en única instancia. Es susceptible de los recursos extraordinarios de revisión civil y de casación. Cuando la sentencia es apelable, y el recurso de apelación es interpuesto, la decisión del juez del segundo grado se dice dictada en última instancia.

Sentencias que ordenan el Descargo Puro y Simple. Cuando en un proceso llevado ante un tribunal, el demandante no compareciese el día fijado para la audiencia, el demandado puede solicitar el descargo puro y simple de la demandada, sin que el tribunal se pueda oponer a ello. Al momento de pronunciar el descargo, el juez no tiene que juzgar el fondo, sólo se limita a comprobar la no comparecencia por parte del demandante. Esta sentencia no juzga el fondo del proceso.


Sentencias de Expediente, no obstante el acuerdo de las partes, son sentencias contenciosas y no simples actos de administración judicial. No son contratos judiciales, sino que contienen verdadera decisión frente al acuerdo a que han podido llegar las partes. Es aquella que es pronunciada respecto de un proceso entre las partes que han estado desde el
principio o que han llegado a ponerse de acuerdo acerca de la cuestión sometida al tribunal.










La sentencia por ser el acto jurisdiccional que termina la instancia, produce estos efectos:
1.  Desapoderamiento del Tribunal del conocimiento del proceso;
2.  Autoridad de la cosa juzgada;
3.  Fuerza ejecutoria;
4.  Hipoteca judicial
5.  Efecto declarativo.
6.  Efecto Constitutivo: ejemplo: sentencia sobre divorcio.


En principio la sentencia será susceptible de ser ejecutada cuando adquiera la autoridad de la cosa definitivamente juzgada, sin embargo el legislador dio a este principio algunas excepciones.


La primera copia ejecutoria de una sentencia se le expide a la parte que ha obtenido ganancia de causa a fin de que proceda a su ejecución. Solamente la parte gananciosa puede obtener esta primera copia ejecutoria. La sentencia por ser el acto jurisdiccional que termina la instancia, produce estos efectos:
1.  Desapoderamiento del tribunal del conocimiento del proceso.
2.  Declaración o constitución de un derecho o de una situación jurídica.
3.  Autoridad de la cosa juzgada.
4.  Fuerza ejecutoria.


Notificación de la Sentencia en Defecto y Contradictoria. Plazos. La notificación de la sentencia es el acto procesal preparado a requerimiento de una de las partes del proceso, mediante el cual la sentencia es llevada a conocimiento de la otra parte. La notificación tiene dos finalidades:
1.  Sirve de preliminar a la ejecución forzosa.
2.  Hace correr los plazos para el ejercicio de las vías de recurso.

Cuando una sentencia es pronunciada en defecto por incomparecencia, la misma debe ejecutarse dentro de los 6 meses de su pronunciamiento, pero el punto de partida de este plazo no es la notificación, sino la fecha del pronunciamiento de la sentencia. Si no son notificadas en el plazo de los 6 meses, se tornan caducas.


La notificación de las sentencias dictadas en defecto deberá, a pena de nulidad, hacer mención del plazo de la oposición fijado por el artículo 157 del C.P.C., o de la apelación previsto en el artículo 443 del C.P.C. Igualmente, las sentencias reputadas contradictorias deben notificarse dentro de los 6 meses del pronunciamiento e indicar el plazo para la apelación.


Perención de la Sentencia en Defecto y Reputada Contradictoria. Las sentencias contradictorias y en defecto reputadas contradictorias se benefician de la mas larga prescripción, es decir de 20 años. Las sentencias en defecto deben notificarse dentro de los
6 meses de su pronunciamiento.


Fuerza Ejecutoria. Toda sentencia, por ser un mandato emanado del órgano jurisdiccional, debe ser ejecutada, bien sea voluntariamente por las partes del proceso, bien sea forzosamente contra la parte que debe ejecutarla y que se niega a hacerlo. Las sentencias no pueden ser ejecutadas contra aquellos a quienes se les opone más que después de haberles sido notificadas a menos que la ejecución sea voluntaria.


Una sentencia es ejecutoria cuando no es susceptible de ningún recurso suspensivo de su ejecución, o cuando dicho recurso no hubiera sido interpuesto dentro del plazo establecido. La sentencia es por consiguiente ejecutoria desde que pasa en fuerza de cosa juzgada, a menos que el deudor se beneficie del plazo de gracia o el acreedor de la ejecución provisional.


Solo las partes que han obtenido ganancia de causa en materia civil y comercial pueden obtener la primera copia ejecutiva de la sentencia, con el fin de ejecutarla. Al momento de su ejecución  es imprescindible que la sentencia, si ha sido en defecto, haya sido notificada y haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada.


En cuanto a los terceros hay un régimen de protección especial, ya que no se ejecutará ninguna sentencia contra un tercero, sino probando, con la certificación del secretario, que no existe ninguna oposición de registro. Esta disposición se mantiene vigente para las sentencias dictadas en defecto y con ella se protege a los Directores del Registro Civil y Conservadores de Hipotecas y a los Oficiales del Estado Civil.


Autoridad Irrevocable de Cosa Juzgada y Autoridad de Cosa Juzgada. Requisitos. Autoridad Irrevocable de cosa Juzgada. Es la más alta autoridad que adquiere una sentencia cuando habiendo sido objeto de todos los recursos posibles sobrevivió a los mismos, o cuando nunca fue recurrida por las partes que conformaron la instancia que dirimió. Para saber si una sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, hay que ver los elementos del litigio que son los mismos de la sentencia (Partes, Objeto y Causa) y como consecuencia de esa característica, de esa autoridad, esas decisiones judiciales no pueden

ser objeto de ningún tipo de recurso. Autoridad de la Cosa Juzgada. Es la autoridad, fuerza de verdad que se reconoce a los actos jurisdiccionales, independientemente de que sea susceptible de ser recurrida, de que haya sido objeto de recurso o de que sea provisional. Es decir, todas las sentencias tienen cosa juzgada. Una sentencia cuando se dicta tiene autoridad, esa es su característica: 1.- Autoridad de la cosa provisionalmente juzgada. 2.- Autoridad  de  la  cosa relativamente  juzgada.  3.-  Autoridad  de  la  cosa  irrevocablemente juzgada.


La Ejecución Provisional. En principio, las sentencias serán susceptibles de ser ejecutadas cuando adquieran la autoridad de la cosa definitivamente juzgada. Sin embargo, hay veces que es necesario que algunas sentencias por la naturaleza de lo que trata sean ejecutadas antes de adquirir la característica de la cosa definitivamente juzgada. La EP no puede ser perseguida  sin haber sido  ordenada, excepto  cuando  se  trate  de  decisiones que  sean ejecutorias provisionalmente de pleno derecho. El Juez puede ordenar la EP, a solicitud de las partes o de oficio, cuando lo estime necesario y compatible con la naturaleza del asunto y cuando no este prohibido por la ley. La EP puede ser ordenada para toda o parte de la condenación, pero nunca debe versar sobre las costas del proceso.


Modalidades de la ejecución provisional. La ejecución provisional es un beneficio que los tribunales pueden, y a veces deben conceder, a la parte gananciosa, en cuya virtud la sentencia puede ser inmediatamente  ejecutada, aunque fuere impugnada por oposición o apelación.


La ejecución provisional puede distinguirse en tres casos:
a.  Ejecución provisional legal o de pleno derecho: algunas sentencias son provisionalmente ejecutorias, no obstante oposición o apelación, de pleno derecho,  por una disposición expresa de la ley, resulta del contenido mismo de la sentencia. Ej.: las sentencias dictadas en materia de desahucio, recusación de un juez o perito, declaratorias de quiebra, las que ordenan medidas provisionales o conservatorias.
b.  Ejecución provisional prohibida: por ley, cuando se establece que en ningún caso la ejecución provisional puede ser ordenada  por los costos.
c. Ejecución provisional facultativa: el artículo 128 del Código de Procedimiento Civil reconoce al juez la facultad de ordenar la ejecución provisional cuando lo estime necesario y sea compatible con la naturaleza del asunto, siempre que no esté prohibida por la ley, subordinada a la constitución de una garantía.


Demanda en suspensión de ejecución de la sentencia. Cuando una sentencia dictada en primer grado ordena la ejecución provisional de la sentencia, o cuando se trate de sentencias ejecutorias de pleno derecho, una de las partes puede solicitar al tribunal de alzada que ordene la suspensión de la ejecución de la misma. Igual ocurre con las sentencias dictadas en última instancia, que se puede solicitar a la Suprema Corte de Justicia que ordene la suspensión de su ejecución en vista de la interposición del recurso extraordinario de casación.


La facultad de suspender la ejecución provisional de la sentencia ordenada por  el juez  de primer grado, compete exclusivamente  al Presidente de la Corte de Apelación, estatuyendo en referimiento, con motivo de un recurso de apelación, en los siguientes casos:

a) si está prohibida por ley, o
b) si hay riesgo de que entrañe consecuencias manifiestamente excesivas.


Desde luego la ejecución provisional nunca  podrá ser suspendida cuando se trate de una decisión ejecutoria de pleno derecho, como son  las ordenanzas de referimiento.


Requisitos para la Suspensión. Los requisitos que se deben cumplir para que sea ordenada la suspensión de la sentencia, son los siguientes:
El hecho de que la sentencia mediante la cual se lleva a cabo la ejecución, haya sido objeto de un recurso extraordinario;
La posibilidad de que la misma pueda ser suspendida, hasta que se conozca del recurso, por parte del tribunal apoderado;
La posibilidad de que ella sea revertida, según el resultado del recurso mediante el cual ha sido atacada la sentencia que le sirve de fundamento.


Jurisprudencia.
La sentencia de la Cámara Civil sobre demanda en suspensión de ejecución de una sentencia dictada por el Juzgado de Paz, es de Primera Instancia y susceptible de apelación, no de casación. (Suprema Corte de Justicia. BJ NO. 885. Año 2013)
En un asunto de desalojo, el Juez de Primera Instancia puede ordenar la ejecución provisional y sin fianza en virtud del ordinal 4º del Artículo 130 de la Ley número 834 de 1978 sin acudir al procedimiento de referimiento.(Suprema Corte de Justicia. BJ número 953. Año
437)

Los Artículos 112, 140 y 141 de la Ley número 834 de 1978 dan facultad al Presidente de la Corte de Apelación para en referimiento suspender la ejecución de la sentencia del Juez de Primera Instancia. (Suprema Corte de Justicia. BJ número 983. Año 1297)


La jurisprudencia ha considerado que también se suspende la ejecución provisional cuando:
• la decisión ha sido tomada en base a un error manifiesto de derecho;
• por el juez haber excedido sus poderes;
• cuando la decisión recurrida está afectada de una nulidad evidente;
• ha sido producto de un error grosero o emitida en violación del derecho de defensa de la parte que demanda la suspensión. B. J. 1137, págs. 181-188 / B. J. 1146, págs. 39-47.























La apelación: Es una vía de recurso ordinaria por la cual una parte, que se cree perjudicada por una sentencia, tiene la convicción de que dicha decisión va en detrimento de sus derechos y difiere el proceso a un tribunal superior. Tienen calidad para apelar quienes hayan sido partes en la sentencia de primer grado.



Finalidad de la Apelación. Permitir un nuevo examen del proceso por jueces más experimentados que los que decidieron en la primera instancia, de manera a asegurar, en lo posible, la deseable regularidad del fallo. Con la apelación se busca una mejor aplicación de la justicia.



Decisiones Apelables. En principio, toda decisión es susceptible de apelación. Son apelables: las  sentencias  definitivas  sobre el fondo; las sentencias  definitivas  sobre un incidente, siempre que la sentencia sobre el fondo sea apelable; las sentencias interlocutorias; las sentencias provisionales; las sentencias preparatorias, pero solo conjuntamente con la apelación dirigida contra la sentencia sobre el fondo; las sentencias en defecto no reputadas contradictorias, después que vengan a ser irrecurribles por oposición. Para que una sentencia
sea inapelable es necesario que la ley lo disponga expresamente.


Plazos de Apelación. El término para apelar es de 1 mes, tanto en materia civil como en comercial. En materia de referimiento y en las sentencias dictadas por el juzgado de paz el plazo es de 15 días. En materia de divorcio es de 2 meses. El plazo de la apelación se aumenta en razón de la distancia, y comienza a correr a partir de la notificación de la sentencia.


Calidad para Apelar. Tiene derecho a interponer recurso de apelación, todos los que han sido partes en el litigio que ha originado la sentencia susceptible de ser impugnada por apelación. El causahabiente, los herederos y sucesores de una persona que fue parte de un litigio que

origina la sentencia a impugnarse, pueden también apelar. Para apelar hay que tener calidad y además interés y capacidad necesaria.


Formalidades de la Apelación. Se interpone por medio de acto de citación o emplazamiento, conteniendo las enunciaciones propias del emplazamiento en materia civil, indicando la sentencia contra la cual se apela. Debe ser notificada en el domicilio real de la parte recurrida. Para la apelación incidental la ley no prescribe ninguna forma particular, como lo hace con la principal.


El acto de apelación debe contener, pues, las enunciaciones propias de los actos de emplazamiento en materia civil, debe indicar, clara y precisamente, la sentencia contra la cual se apela, a fin de que el apelado conozca ciertamente cual es la decisión contra la cual se dirige el recurso.


Lugar de la Notificación. La notificación debe ser hecha a persona o a domicilio, en caso de ser notificada al abogado, y a la parte, el plazo comienza a correr desde la notificación a la parte misma. Debe ser notificado a la persona recurrida o en su domicilio real, según lo dispuesto en el artículo 456 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.


Efecto Suspensivo. El recurso de apelación tiene como primer efecto el de suspender la ejecución de la sentencia impugnada. El efecto suspensivo se produce por el mismo plazo de recurso: la apelación interpuesta dentro del plazo prolonga el efecto suspensivo. La interposición del recurso implica la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada por medio del recurso de apelación. En virtud de la L. 845 de 1978, también el plazo para la interposición del recurso es suspensivo, es decir, que hasta tanto no haya transcurrido el plazo de un mes la sentencia no se puede ejecutar, como tampoco se podría hacerlo si ha habido la interposición del recurso de apelación, a no ser que se haya ordenado la ejecución provisional de la sentencia no obstante el recurso.


Efecto Devolutivo. En razón del efecto devolutivo del recurso de apelación, el proceso pasa íntegramente del tribunal del primer grado al tribunal del segundo grado. De donde resulta que se encuentra apoderado del conocimiento de todas las cuestiones de hecho y de derecho que fueron debatidas ante el juez a quo. Este tribunal de alzada procede a un nuevo examen del asunto, en hecho y en derecho, y lo decide por medio de una sentencia que puede confirmar la sentencia impugnada, o por el contrario, anularla por vicio de forma y sustituirla por otra, o reformarla total o parcialmente. Quiere decir que el asunto es conocido en segundo grado en la misma extensión que lo fue en el primer grado. Las únicas limitaciones son las que resultan del recurso mismo. Solo es devuelto lo que ha sido apelado; el proceso es transportado íntegramente del tribunal de primer grado al de segundo grado.


Apelación Principal y Apelación Incidental. Cuando la sentencia contiene pronunciamientos respectivamente favorables y desfavorables a las diversas partes en causa, cada una de ellas puede, naturalmente, recurrir en apelación, en la medida en que la sentencia le es adversa. La apelación principal es la que interpone en primer término una cualquiera de las partes, sea la demandante o la demandada. La apelación incidental es la que el apelado interpone en respuesta de la apelación principal. Es pues, una contrarréplica.

La principal es la primeramente interpuesta, es incidental la interpuesta en segundo término, y no puede ser dirigida sino contra el apelante principal y contra la misma sentencia atacada con la apelación principal, no está sujeta ningún plazo.


Apelación parcial o apelación limitada, cuando el recurso de apelación no es absoluto o general dado que el apelante  la restringió a  algunos puntos de la sentencia.


Apelación general o total, cuando la apelación tiene alcance total del recurso, así pues no se limitó a algunos puntos de la sentencia.


Efectos relativos a la Apelación. Los efectos del recurso de apelación son las consecuencias que la interposición del recurso produce. Estos efectos son: 1.- Efecto suspensivo, y 2.- Efecto devolutivo.


Apelación Diferida en cuanto a las Sentencias Preparatorias. Esto es que, los fallos preparatorios no podrán apelarse, sino después de la sentencia definitiva y conjuntamente con la apelación de esta.


Apelación diferida, o avocación, es la facultad que tiene el tribunal de segundo grado apoderado de la apelación de decidir el fondo del proceso, no tocado por el juez de primera instancia, o del cual solo se falló un incidente, facultad que puede ser ejercida en ciertos casos y bajo ciertas condiciones.


La impugnación o le contredit: Recurso extraordinario que la ley pone a disposición de toda parte en una instancia, en todos los casos en que el tribunal apoderado inicialmente estatuya sobre la competencia, no importando en cual y en que sentido lo ha hecho, pero sin fallar el fondo del litigio.


Formalidades del recurso.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 834 de 1978, tres son las condiciones para la interposición del recurso de le contredit, a saber:
Debe ser incoado a pena de inadmisibilidad debidamente motivado;
La interposición de dicho recurso deberá hacerse dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la fecha en que haya dictado la decisión judicial, objeto del Le Contredit;
El recurrente debe haber consignado los gastos referentes al conocimiento relativo a la
instancia de la impugnación (le contredit) en manos del secretario del tribunal;


El recurso de impugnación debe ser entregado al secretario de la Jurisdicción que ha dictado la sentencia, luego de lo que este debe:
notificar a la parte adversa una copia de la impugnación, por medio de una carta
certificada, con acuse de recibo; y
trasmitir al secretario de la corte el expediente del asunto de la impugnación y una copia de la sentencia.

Sentencias recurribles.
Los casos en los cuales la vía de la impugnación está abierta, son los siguientes:
Cuando el tribunal se declara incompetente;
Cuando el tribunal se declara competente, pero sin decidir el fondo;
Cuando el tribunal se declara competente, sin decidir el fondo, pero lo ha tenido que tocar para poder decidir su competencia;


Tribunal competente: El tribunal competente para conocer de la impugnación (le contredit)
es la Corte de Apelación, quien tiene que decidir el asunto de la competencia.


La Avocación en caso de apelación de sentencias incidentales. La avocación es una facultad que pertenece al juez o corte de segundo grado, apoderado de la apelación de las sentencias rendidas en primer grado, que le permite estatuir sobre el litigio, es decir, sobre la apelación y sobre el fondo del proceso, por medio de una solo y misma decisión. Conforme a la facultad de avocación, cuando haya apelación de sentencia interlocutoria (Una sentencia que prejuzga el fondo) si ésta se revoca, y el pleito se hallare en estado de recibir sentencia definitiva, los tribunales que conozcan de la apelación podrán a la vez y por un solo fallo resolver el fondo.


La corte cuando es apoderada puede avocarse al fondo, si estima de buena justicia dar al asunto una solución definitiva, después de haber ordenado, si es conveniente u oportuno, una medida de instrucción.


La corte avocará al fondo cuando ella es jurisdicción de apelación del tribunal que resulta competente territorialmente. Si la corte confirma la sentencia del primer grado sobre la competencia, ella puede examinar el fondo, siempre que la corte sea competente territorialmente.


Artículo 17 de la ley 834: “Cuando la corte es jurisdicción de apelación respecto de la jurisdicción que ella estima competente, puede abocar al fondo si estima de buena justicia dar al asunto una solución definitiva, después de haber ordenado ella misma, una medida de instrucción, en caso necesario”.


Requisitos.
El ejercicio de la facultad de avocación esta sujeto a las siguientes condiciones:
1. Que la apelación sea interpuesta antes de que intervenga sentencia sobre el fondo.
2. Que la sentencia contra la cual  se apela sea infirmada.
3. Que el asunto se encuentre en estado de recibir fallo sobre el fondo.
4. Que el incidente y el fondo sean decididos por una sola sentencia
5. Que el tribunal del segundo grado sea competente.


Avocación. Esta facultad, prevista en el Artículo 473 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, la ejerce el tribunal de alzada para resolver el fondo del proceso, estando solamente apoderado de una sentencia que el juez de 1er. grado ha fallado sobre un incidente. Para que

los jueces puedan ejercer la avocación, es necesario que las partes hayan concluido al fondo, quedando el asunto en estado de recibir fallo.  La avocación no puede confundirse con el examen que impone el efecto devolutivo del recurso de apelación.



















El Recurso de Oposición es el recurso concedido a la parte contra quien ha sido pronunciada una sentencia en defecto. Finalidad de la Oposición. Este recurso tiene como finalidad la retratación de la sentencia, es decir, revisarla por el mismo tribunal que la dicto para que el proceso sea examinado en toda su extensión.


Se admite que, de acuerdo con el estado actual de nuestra legislación y la jurisprudencia constante en este sentido las sentencias dictadas en defecto por falta de concluir, tanto en materia civil y comercial ante el J. de primera instancia como ante la C. de apelación y el J. de Paz se reputan contradictorias. No son por tanto susceptibles del recurso de oposición.


Decisiones Recurribles. Según los Artículos 20 y 150 de la Ley 845 de 1978 el recurso procede contra las sentencias en último recurso dictadas por defecto si el demandado no ha sido citado a persona o si justifica que se ha encontrado en la imposibilidad de comparecer o de hacerse representar, y cuando no pueden ser atacadas por apelación. Sin embargo, en la práctica, viene a ser un recurso obsoleto, toda vez que la jurisprudencia y la doctrina han establecido como requisito para admitir una demanda que esta haya sido notificada a la parte demandada, puesto que si no fuera así se estaría violando su derecho de defensa.


Calidad para Recurrir. Para incoar el recurso de oposición hay que tener interés y por tanto es necesario haber sufrido un agravio con la sentencia que se quiere impugnar. Además se debe haber sido parte en la instancia primitiva. Hay que tener capacidad para actuar en justicia, por lo que el incapaz debe ser representado por quien sea de derecho. Los terceros no pueden interponer recurso de oposición, para ello existe el recurso extraordinario de la tercería.


Formalidades de la Oposición. La oposición se hace por citación o por emplazamiento en justicia. Esta es la vía normal. También puede hacerse por acto de abogado a abogado en aquellos casos en los cuales el ministerio de abogado es necesario, como ocurre en materia civil ordinaria por ante el Juzgado de Primera Instancia y en toda materia por ante la Corte de Apelación, debiéndose cumplir una formalidad complementaria: la reiteración de la oposición.

La falta de reiteración está sancionada con la inadmisión, la cual puede invocarse en todo estado de causa. La oposición debe motivarse, pero no es necesario exponer todos los medios en los cuales ella se fundamenta. La falta de motivación en el acto de oposición tiene como
sanción la nulidad, la cual se cubre si no se propone antes de las defensas al fondo.


Lugar de la Notificación. La notificación se hace según las formas ordinarias: por medio de un acto de alguacil, conteniendo copia in extenso de la sentencia a recurrirse. El acto de notificación del recurso debe hacer referencia clara de la sentencia que se recurre, lo cual se asegura transcribiendo en él la parte dispositiva de la sentencia, así como su número, la fecha y el tribunal que la ha dictado. El CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL establece: “La Oposición, en el caso en que sea admisible de acuerdo con el artículo 149, deberá a pena de nulidad, ser notificada en el plazo de 15 días a partir de la notificación de la sentencia a la persona del condenado o de su representante, o en el domicilio del primero”.


Efecto Suspensivo: cuando se interpone un recurso de oposición dentro del plazo legal, la sentencia no puede ejecutarse hasta tanto se haya rendido nueva decisión como consecuencia del recurso. Si se persigue la ejecución de una sentencia impugnada por oposición, la ejecución es nula, aún en el caso en el cual se confirma luego la sentencia impugnada. Las medidas conservatorias pueden tomarse no obstante la oposición a  la sentencia. En relación a los terceros, la oposición también surte efecto suspensivo ya que contra los terceros no se pueden ejecutar las sentencias hasta tanto no hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.


Efecto Devolutivo: Debido a su efecto devolutivo el recurso de oposición implica que el asunto vuelve a ser conocido por el tribunal que ha dictado la sentencia objeto del recurso. El asunto se conoce nuevamente en toda su extensión. Con este efecto, cada una de las partes conserva su posición original: el demandante sigue siendo demandante y el demandado sigue siendo demandado. En cuanto al fondo del litigio, la carga de la prueba incumbe al demandante originario, cuando se ha interpuesto el recurso de oposición. La audiencia es promovida por la parte más diligente. Cuando el defectuante ha interpuesto recurso de oposición y vuelve a incurrir en defecto, su recurso es nulo y se hace aplicación del principio “oposición sobre oposición no vale”. Los terceros que no tomaron parte, por intervención la primera vez, lo pueden hacer una vez se haya interpuesto el recurso de oposición.


Los Cambios operados a partir de la Ley 845 del 15 de julio de 1978.


De acuerdo con la legislación anterior a las modificaciones introducidas por la Ley 845 de
1978, toda sentencia en defecto, por incomparecencia o por falta de conclusiones, estaba en principio sujeta a ser impugnada por oposición, sea que fuera ésta preparatoria, interlocutoria o definitiva, sea que fuere dictada en primera, en única o en última instancia. El recurso de oposición ha sido restringido, ya que por una parte, no son susceptibles de este recurso, según se ha expresado, las sentencias reputadas contradictorias.


Se fijó un plazo único para la interposición del recurso, pues existía en la antigua legislación una variación, dado que en los asuntos civiles ante el Juzgado de Primera Instancia y la Corte de Apelación, la oposición de la sentencia pronunciada en defecto contra una parte que tenía

un abogado constituido debía ser interpuesta en la octava franca que seguía la notificación, y en el caso de no tener abogado el recurso era admisible solo hasta la ejecución de la sentencia. Actualmente sólo se admite el recurso contra toda sentencia dada en defecto por incomparecencia. Las sentencia reputadas contradictorias no son susceptibles del mismo y antes se admitía el recurso contra las sentencias dadas en defecto por falta de concluir.


No se admite el recurso en caso de incomparecencia del demandante, en este caso el tribunal pronunciará el defecto y descargará al demandado por una sentencia que se reputará contradictoria.


Anteriormente los terceros no estaban obligados a ejecutar la sentencia aún cuando la sentencia fuere ejecutoria legalmente, sino en virtud de un certificado del abogado en la que constara la notificación  de la sentencia y del secretario en la que constará que no existía recurso, actualmente los terceros están obligados a ejecutar lo ordenado por la sentencia en defecto.




















La Tercería es una vía abierta a todos los terceros cuando son lesionados o están amenazados de un perjuicio por el efecto de una sentencia en la cual ellos no han sido partes. Este recurso tiene como fundamento el principio jurídico según el cual ninguna persona puede ser condenada sin antes ser oída o que se le considere legalmente en retardo de establecer sus medios de defensa


El tercero cuyos derechos sean perjudicados por una sentencia puede intentar contra esta el recurso de tercería (v. Artículo 474 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL). Este recurso está abierto a toda persona que sin haber sido parte en el proceso, sea perjudicada en sus derechos por una sentencia en la que ella  ni las personas que ella represente, hayan sido citadas.


Es un recurso extraordinario concedido a los terceros lesionados por una sentencia, a fin de obtener su retractación o reformación.  De ahí  que sea necesario un interés legítimo y serio cuya protección se desea obtener. El perjuicio puede ser material o moral, o ambos, incluso basta justificar un perjuicio eventual.


La tercería se fundamenta en el principio Res inter alios iudicanta allis neque nocere neque prodesiguientese potest (Artículo 1351 del Código Civil, el cual limita la autoridad de la cosa juzgada a las partes intervinientes solamente).


El tribunal competente para conocer la Tercería es el mismo que dictó la sentencia atacada; eventualmente, la sentencia podrá ser apelada de forma incidental ante el tribunal de alzada, cuando esté conociendo el recurso de apelación, contra la decisión que es desfavorable al tercero.


Calidad para Recurrir. Para poder recurrir en tercería, se necesitan las condiciones siguientes:
1.  Experimentar un perjuicio o estar amenazado de uno. Esto quiere decir que se debe justificar un interés que  motive  el deseo de  querer obtener la retractación de  la sentencia impugnada por la tercería;

2.  No haber sido parte en la instancia pues cuando se ha sido parte, la vía de la tercería está cerrada;
3.  No haber sido representado en la instancia, salvo caso de fraude.


Tercería Principal. Es principal cuando se lleva fuera de todo proceso. La tercería como acción principal se someterá al Tribunal que haya pronunciado la sentencia impugnada, funcionando en este caso como vía de retractación, una especie de oposición.


Tercería Incidental. Cuando es incoada en el curso de un proceso ya entablado entre las partes y en ocasión de una sentencia opuesta por una de las partes a la otra. Esta puede ser tanto una vía de retractación, cuando el incidente es promovido ante un tribunal inferior del que rindió la sentencia atacada, y como una vía de reformación, cuando la jurisdicción que conoce del proceso aún en curso es igual o superior a aquella que ha rendido la decisión atacada.


Efectos de la Tercería. Dos efectos surgen:
Tercería  Desestimada:  el  recurso  de  tercería  puede  desestimarse  y la  sentencia impugnada surtirá todos sus efectos normales en relación a tercero impugnante.
Tercería Acogida: cuando el tribunal admite la tercería, la sentencia es retractada o reformada, pero no siempre en su totalidad ni frente a todos, porque sus efectos pueden limitarse parcialmente. La sentencia solo desaparece en la medida en que perjudica al tercero.


Sentencias Recurribles. En principio, toda sentencia puede ser impugnada por tercería: sea cual sea su naturaleza, civil o comercial, contradictoria o en defecto, en primera o en última instancia, definitiva o previa e incluso en referimiento, ya que a pesar de que éstas no conocen el fondo del asunto, en efecto pueden perjudicar a un tercero; sea cual sea el tribunal que la haya pronunciado, juzgado de primera instancia, corte de apelación, juzgado de paz. Sólo es controvertida la admisibilidad de la tercería contra las decisiones intervenidas en referimiento,
por su carácter de provisionalidad. Es discutible sobre las sentencias dadas en casación.


Plazo: Ni el Código de Procedimiento Civil ni el Código de Trabajo tienen previstos los plazos en los que debe interponerse la tercería, pero  se ha establecido que el plazo para interponer es el de derecho común: Veinte años.


La Revisión Civil. Es una vía de recurso extraordinaria y de retractación, por medio de la cual se pide a los jueces que han estatuido, que modifiquen su decisión, bajo la pretensión de que la misma se ha obtenido por un error, no imputable al tribunal. Se lega un error involuntario, es decir no advertido por el tribunal.


Sentencias Recurribles. En principio, toda sentencia es susceptible de revisión civil sin importar el tribunal que la haya dictado. La revisión civil solo es posible contra las decisiones en única o en última instancia. Si hay posibilidad de la apelación, el recurso de revisión está cerrado. Tampoco se puede ejercer revisión civil en contra las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en funciones de corte de casación.

Calidad para recurrir. Artículo 480 Quienes hayan sido partes en dichas sentencias, o que hubieren sido legalmente citados. Excepción. El Artículo 481 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL establece: “Al estado, los municipios y establecimientos públicos y a los menores, se les admitirá el recurso de la revisión civil cuando no hayan sido defendidos, o cuando por no haberse alegado en sus defensas los medios que favorezcan sus respectivos derechos, se declare contra ellos sentencia que los perjudique”.


Casos en que procede el Recurso. Como la revisión civil es un recurso extraordinario, sólo procede en los casos limitativamente señalados por la ley, y son los siguientes:
1.  Revisión fundada en el dolo personal;
2.  Revisión fundad en la violación a las formalidades prescritas a pena de nulidad;
3.  Revisión fundada en que la sentencia contiene cosas no pedidas (extra petita);
4.  Revisión fundada en que la sentencia contiene mas de lo pedido (ultra petita);
5.  Revisión  fundada  en que  el tribunal  ha  omitido  decidir  sobre  uno  de  los puntos principales de la demanda, entre otros.
6.  Si en una misma instancia hay disposiciones contrarias.


Punto de Partida del Plazo. El plazo normal para este recurso es, según resulta de los Artículos 480 y 483, de 2 meses, contados desde la notificación de la sentencia si es contradictoria, o desde el día, de la expiración del plazo de la oposición si es en defecto. Los que residan en el extranjero tendrán, además de los plazos señalados desde la notificación de la sentencia, el término del aumento en razón de la distancia. Desde el día en que el dolo o  la falsedad  se hayan  reconocido. Los documentos  se  hayan  recobrado. En  caso  de contradicción de sentencias, desde el día que se haya notificado la última sentencia.


Procedimiento para la Revisión Civil. La revisión civil se interpone por medio de emplazamiento notificado en el domicilio del abogado de la parte que haya obtenido la sentencia impugnada, cuando dicha revisión civil se intentare en los 6 meses de la fecha de la sentencia. Pasado este lapso, el emplazamiento se notifica en el domicilio de la parte. Cuando la revisión civil se promueve incidentalmente ante un tribunal competente para resolver acerca de ella, se intentará por medio de notificación de abogado a abogado. Nuestro procedimiento de revisión es arcaico, pesado y no muy previsible. Debería establecerse a pena de irrecibilidad, que todas las partes que figuran en la sentencia deben ser llamadas. Se notifica el recurso adjuntando en cabeza de acto recibo del depósito y consulta de tres abogados que indiquen que procede la revisión y los medios en que se funden. Ante el mismo
tribunal que rindió la sentencia impugnada.


Fases de la Revisión Civil. El procedimiento de la revisión civil comprende dos fases. 1) Lo Rescidente: En esta primera fase el tribunal estatuye sobre la admisibilidad del recurso, decide si el recurso es procedente. y 2) Lo Rescisorio. El tribunal que ha decidido sobre la revisión civil es competente para conocer el fondo de la causa.


Suspensión de la Ejecución de la Sentencia en el curso de la Tercería y en el curso de la Revisión Civil. El Artículo 478 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL establece que, en algunos casos, los jueces apoderados de la tercería podrán, apreciando las circunstancias,

suspender la ejecución de la sentencia. En cuanto a la revisión civil el Artículo 497 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL dice: “Que el Recurso en revisión civil no impedirá la ejecución de la sentencia impugnada”.



















La casación es una vía extraordinaria, a la cual se acude en los casos señalados por la ley. Cuando se acoge el recurso, se anula la sentencia, sin decidir el fondo del caso, ya que este recurso consiste en determinar si la ley fue bien o mal aplicada. La Suprema Corte de Justicia actuando como corte de casación no conoce el proceso en toda su extensión ni mucho menos decide por el fondo. El recurso no suspende la ejecución de la sentencia


Este recurso se interpone contra las decisiones rendidas por los tribunales del orden judicial y en consecuencia, para que la decisión de un tribunal administrativo sea susceptible de este recurso es necesario el mandato expreso por una ley especial.


El plazo para incoar el recurso de casación es de dos meses. Se comienza computar a partir del día de la notificación de la sentencia a persona o domicilio. Todos los plazos prescritos por la ley sobre procedimiento de casación son francos, se calculan de fecha a fecha. No se computa ni el día de la notificación ni el de vencimiento.


Tiene la finalidad de garantizar la corrección sustancial y la legalidad formal del juicio previo exigido por la Constitución, para asegurar el respeto a los derechos individuales, las garantías de igualdad ante la ley y la inviolabilidad del derecho a la defensa en juicio. Examinando en única o en última instancia si el juez de fondo no violó y observó correctamente la aplicación de la ley.


Decisiones Recurribles en Casación
Los fallos rendidos por los juzgados de paz en única instancia;
Los fallos del juzgado de 1ra. Inst. rendidos en única o en última instancia, y asimismo los de la corte de apelación;
Los fallos del Tribunal Superior de Tierras.
Cuando la corte decide sobre la apelación de la sentencia arbitral.
En materia civil o comercial, dará lugar a casación toda sentencia que contuviere una violación de la ley

Calidad para Recurrir
Quienes han sido parte del proceso que origina la sentencia impugnable en casación;
Quien ha sido debidamente representado se debe considerar como parte con calidad para incoar el recurso;
Es necesario, además, tener interés y capacidad.
Las partes interesadas que hubieren figurado en el juicio, pero los agravios que no son formulados ante el juez a quo, no se pueden presentar por primera vez en casación;


Los Medios de Casación. Los autores distinguen siete casos que dan lugar a la apertura de la casación y son los siguientes:
1.  Violación a la ley
2.  Exceso de poder.
3.  La incompetencia
4.  Inobservancia de las formas.
5.  Falta de base legal.
6.  Contrariedad de sentencias.
7.  Perdida de fundamento jurídico.


El Procedimiento en Casación. El procedimiento de este recurso es, en la forma, esencialmente escrito, tanto en lo que se refiere a su instrucción normal como en lo que se refiere a los incidentes que pueden afectarlos: se introduce y se desenvuelve mediante memoriales, u otras actuaciones escritas, sin que pueda haber lugar en ningún caso a actuaciones orales.


El Procedimiento es el siguiente:
1.  Se interpone el recurso de casación por memorial (Instancia) ante la Secretaria Gral. de la Suprema Corte de Justicia dentro de los 30 días de la notificación de la sentencia, con copia certificada de la sentencia recurrida.
2.  El presidente emite un auto de admisión y autoriza al recurrente a emplazar al recurrido en el plazo de 30 días a partir de la fecha del auto.
3.  El recurrente emplaza al recurrido dentro de los 30 días de la obtención del permiso, a
pena de caducidad, para que comparezca ante la Suprema Corte de Justicia.
4.  Dentro de los 15 días de la fecha del emplazamiento, el recurrido debe comparecer mediante la producción de un memorial de defensa que notificara al recurrente.
5.  En los 8 días  que  sigan  a  la  notificación del memorial de  defensa, el recurrido
depositará en secretaría el original de la notificación del memorial de defensa, junto con el original de dicho memorial.
6.  La causa debe considerarse en estado desde el momento en que las partes recurrentes y recurridas hayan depositado sus respectivos memoriales de casación y defensa, junto con los originales con las actas de notificación de los mismos, o como expresa la ley cuando se haya pronunciado el defecto o la exclusión de las partes que estén en falta.
7.  Inmediatamente después que las partes hayan hecho los depósitos exigidos, o que se haya pronunciado el defecto  o  la exclusión  de  las partes que estén en falta, el presidente comunicará el expediente al Procurador General de la República, para que emita su dictamen, en un término de 15 días.

8.  Inmediatamente después que el Procurador General de la República haya devuelto el expediente con su dictamen, la audiencia será fijada de oficio por el Presidente.


Efecto suspensivo del Recurso de Casación y sus excepciones:
El recurso de casación es suspensivo de la ejecución de la decisión impugnada. Sin embargo, las disposiciones del presente artículo, no son aplicables en materia de amparo y en materia laboral.


El recurso de casación no tiene efecto suspensivo, no obstante, a solicitud del recurrente en casación, la SCJ puede ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, siempre que se demuestre evidentemente que de la ejecución pueden resultar graves perjuicios al recurrente en caso de que la sentencia fuere definitivamente anulada.


Demanda en Suspensión. El recurso de casación no tiene efecto suspensivo, no obstante, a solicitud del recurrente en casación, la Suprema Corte de Justicia puede ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, siempre que se demuestre evidentemente que de la ejecución pueden resultar graves perjuicios al recurrente en caso de que la sentencia fuere definitivamente anulada.


Casación con Envío. La Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia objeto del recurso. Toda sentencia de casación será inscrita en los registros del tribunal que dictó la sentencia anulada con la anotación correspondiente al margen de ella. Los puntos de una sentencia que no son objeto de casación subsisten y el tribunal de envío no puede modificarlos ni revocarlos.


Casación sin Envío. Cuando la casación se fundamenta en que la sentencia contra la cual se interpuso apelación no estaba sujeta a este recurso, como también cuando sea pronunciada por contradicción de fallos, o en cualquier caso en que la casación no deje cosa alguna por juzgar, no habrá envío del asunto. Las partes interesadas pueden proceder a la ejecución de la sentencia cuya validez ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia.


Segundo Recurso de Casación. Si una sentencia es casada por segunda vez, el Tribunal Supremo la envía nuevamente a una Corte de Apelación distinta a la que conoció del primer envió, pero esta debe ceñirse obligatoriamente al criterio de la Suprema Corte de Justicia al momento de estatuir.



























Las vías de ejecución: Las vías de ejecución tienen interés práctico, económico y social. Por medio de estas el acreedor pone en las manos de la justicia su prenda común, es decir, los bienes del deudor. Después de cumplidos los tramites de lugar, procede al cobro de lo debido mediante la venta de los bienes embargados.


Embargo: Se define embargo, en sentido general, como los procedimientos mediante los cuales el acreedor pone los bienes de su deudor en manos de la justicia, a fin de hacerlos vender cobrar, sobre el precio de la venta, el importe de su crédito, si se trata de embargo de bienes corporales, o de hacerse pagar por el tercero embargado, si se trata de embargo retentivo de una suma de dinero.


Principios generales
Los principios y reglas del derecho de ejecución toman características particulares, tomando en cuenta si se trate de una ejecución mobiliaria, inmobiliaria, definitiva o provisional.


Los principios generales de las vías de ejecución aparecen dispersos a través de toda la legislación, manteniendo la clasificación de las vías de ejecución en medidas conservatorias y medidas ejecutorias.


Si se examina el contenido de las fuentes básicas de los principios generales de las Vías de Ejecución, llegamos a la conclusión de que los principios generales de esta materia giran en tormo a:


El sujeto activo de la ejecución: El acreedor es el sujeto activo en las ejecuciones, pero para esto se debe tomar en cuenta lo siguiente:

La prueba de la calidad de acreedor. En principio, el embargo procura el cobro de un crédito, por lo que para tener derecho a trabarlo hay que probar la calidad de acreedor de una suma de dinero.
La capacidad para embargar. Toda persona física tiene, en principio, capacidad para embargar.
Poderes de los representantes y mandatarios para embargar. Hay casos en que un
acreedor no teniendo capacidad para trabar una medida ejecutoria por sí mismo, tiene que hacerlo a través de un representante, como es el caso de los menores e interdictos; igualmente en aquellos casos en que un acreedor teniendo capacidad para trabar una medida ejecutoria, se hace representar por un mandatario convencional o legal.


El sujeto pasivo de la ejecución: que es el deudor. La ejecución jamás podría llevarse a cabo contra una persona distinta de la del deudor, salvo cuando se trata de deudores que hayan constituido garantías hipotecarias o privilegiadas a favor de sus acreedores y que en virtud del derecho de persecución pueden ser perseguidos aún cuando el bien ha servido de garantía real se encuentre en manos de un tercero.


Objeto del embargo: que está constituido por los bienes. El objeto de las vías de ejecución está compuesto por una parte importante del patrimonio de la persona. Esta parte material del patrimonio es la que, en principio, puede ser embargada; la parte inmaterial, intangible y moral, no puede ser objeto de las vías de ejecución.


Causa del embargo: que está constituida por el crédito. Para que sea posible una medida de ejecución, es necesario un crédito.


Títulos que permiten medidas conservatorias: se le llama así a los requisitos previos a los embargos. Nos referimos a los títulos que permiten los embargos conservatorios, que son:
o La sentencia condenatoria susceptible de un  recurso ordinario o que ha sido objeto del mismo;
o El auto de autorización del juez competente en ausencia de sentencia condenatoria;
o El acto auténtico o bajo firma privada cuando se trata de embargo retentivo;
o El mandamiento de pago luego de vencido el plazo de un  día, en el caso de embargo de locación previsto en el artículo 819 del código de Procedimiento Civil.


Títulos que permiten medidas ejecutorias: son los títulos que permiten la ejecución. La ejecución se practica en virtud de ciertos instrumentos que tienen fuerza ejecutoria (las sentencias condenatorias, actos notariales que contengan obligación de pagar sumas de dinero, originales y duplicados de los certificados de títulos), llamados títulos ejecutorios.


Obstáculos a los embargos: que pueden ser 5, y son los siguientes:
Plazo De gracia. Los jueces pueden en consideración a la posición del deudor, y usando de este el poder con mucha discreción, acordar plazos moderados para el pago, y sobreseer en las ejecuciones de apremio.
Precedente de embargo. La existencia de un precedente embargo ejecutorio forma un
impedimento a que se practique un nuevo embargo sobre los mismos bienes.

La quiebra. La sentencia declaratoria de la quiebra quita a los acreedores el derecho de iniciar el embargo de los inmuebles del deudor quebrado sobre los cuales ellos no tienen privilegio o hipoteca.
Estado de indivisión. La parte indivisa de un coheredero en los inmuebles de una sucesión no puede ponerse en venta por sus acreedores personales antes de la partición o la licitación.
impugnación del título.  En caso de  querella  por falso principal, se suspenderá  la ejecución del documento argüido de falsedad, por el estado de acusación; y en caso de inscripción en falsedad hecha incidentalmente, podrán los tribunales, según las circunstancias, suspender provisionalmente la ejecución del acto.








TEMA 18. LAS INEMBARGABILIDADES


Según lo dispone el artículo 2092 del Código Civil, todos los bienes del deudor responden al cumplimiento de sus obligaciones. La embargabilidad de los bienes del deudor es la regla general, los casos de inembargabilidad constituyen excepciones a esa regla general.


Inembargabilidades fundamentadas en interés del orden público (Bienes de las instituciones del Estado).


La inembargabilidad de los bienes fundamentada en el interés público se extiende a dos instituciones: al Estado y a la Iglesia Católica. Solo veremos las inembargabilidades de los bienes del Estado y sus instituciones.


Los bienes del Estados se dividen en:


A. Bienes del dominio público: son todos aquellos bienes que están afectados en su uso a un interés público, es decir, al interés de la mayoría de un grupo social dado, por tanto son inembargables. La inembargabilidad de los bienes de dominio público encuentra su razón de ser en que todos ellos son propiedad de entidades públicas, por lo que no es posible contra ellos la ejecución forzada. Sin embargo, el hecho de pertenecer a entidades públicas, no es suficiente para declarar su inembargabilidad, ya que es necesario que los mismos estén destinados a servicios públicos..


B. Bienes del dominio privado. Se trata de bienes propiedad del Estado a través de entidades o empresas donde en  su explotación domina el criterio comercial o  industrial o que sencillamente no son de utilidad actual para los servicios públicos. Estos bienes pueden ser embargados, pues se trata de bienes ajenos a los principios del Derecho público, salvo que la Ley Orgánica de la entidad o empresa disponga lo contrario.


Inembargabilidades del Comercio.

Restricciones en el caso de la nave a despachar: Es inembargable la nave cuyo capitán tiene en su poder los despachos para el viaje. El embargo es permitido, sin embargo, por las deudas contraídas para el viaje que va a hacer.


Restricciones a las oposiciones en los efectos de comercio: Al hablar de los efectos de comercio nos referimos a los títulos negociables consignatarios de obligaciones de sumas de dinero o de mercancías. Dentro de ellos se encuentran: la letra de cambio, el pagaré a la orden y el cheque.

La ley sobre almacenes generales de depósito, dispone que “Una vez expedidos los certificados de depósito y los boletines de prenda las mercaderías o efectos que éstos se refieren no podrán ser objeto de embargo, secuestro o cualquier otro gravamen que se oponga a su plena y libre disposición”.


Inembargabilidades de los Salarios. El legislador dispuso en el Artículo 192 del Código de Trabajo: “El salario es inembargable, salvo en la tercera parte por pensiones alimenticias”. La inembargabilidad del salario es de orden público laboral y por tanto no puede ser derogada por acuerdo de las partes.


Inembargabilidades para la Protección del Embargado y su Familia. La ley sustrae ciertos bienes a la actuación de los creedores porque los considera, expresa o implícitamente, como un mínimo indispensable para la subsistencia. La ley establece como objetos indispensables a la subsistencia:
El lecho y las ropas del preciso deudor y su familia;
Los libros relativos a la profesión del deudor, hasta el valor de 300 pesos;
Los aparatos dedicados a la enseñanza o al ejercicio de las ciencias y artes, hasta el valor de 300 pesos, elegidos por el deudor;
El equipo de los militares;
Los instrumentos necesarios a los obreros para la ocupación a la que están dedicados;
Los artículos alimenticios necesarios para la manutención del deudor y su familia durante un mes.


Inembargabilidades de los Bienes Extrapatrimoniales. Se trata de derechos íntimamente ligados a la personalidad del deudor y por tanto derechos situados fuera del comercio, imprescriptibles y como tales inembargables. Dentro de esta categoría se encuentran:
Los Derechos Políticos, como los de elegir, ser elegido y otros;
Los Derechos Públicos consagrados en la Constitución, como el derecho a la vida, a la libertad, al honor, a la libertad de conciencia, de palabra, de cultos.
Los Derechos inherentes a la personalidad, como el nombre, el domicilio, el estado, la capacidad, la filiación, etc.;
Los Derechos del usufructo legal, conocidos también como Der. de goce legal;
Los Derechos de uso y de habitación.

Situación desde el punto de Vista Constitucional de la ley de Capitalización. Postura
Jurisprudencial Mayo 1999. Las empresas públicas sujetas a la aplicación de la Ley número
141-97, del 24 de junio de 1997, (Ley de Capitalización), según el Artículo 3 de la misma son:
Las que integran la Corporación Dominicana Empresas Estatales (CORDE)
Corporación Dominicana de Electricidad l
Corporación de Fomento de la Industria Hotelera
Consejo Estatal del Azúcar


Estas instituciones son susceptibles de ser capitalizadas por inversionistas nacionales y/o extranjeros, objeto de concesiones, arrendamiento o sus acciones transferidas y/o activos vendidos en la proporción de un cincuenta (50 %) por ciento de las acciones suscritas y pagadas de la sociedad, en cada caso.


Las Empresas Públicas que son parte del patrimonio de cada una de las entidades mencionadas, si bien algunas de ellas pueden ser calificadas como de servicio público, como la Corporación Dominicana de Electricidad, no por ello pierden su condición de pertenecer a la masa de bienes que integran el Dominio Privado del Estado, los cuales son enajenables, que como ya se ha señalado, los bienes del dominio público son establecidos por la ley, y ésta no lo ha consagrado así con respecto a ninguno de los bienes que componen los activos de las empresas sujetas a la aplicación de la denominada Ley General de Reforma de la Empresa Pública.


En lo que concierne a que “El Estado podrá convertir sus empresas en propiedades de cooperación o economía cooperativista”, la Suprema Corte de Justicia es del criterio que el Artículo 8, numeral 13, letra b) de la Constitución, no es excluyente de otras prerrogativas y facultades que tiene el Estado como propietario de bienes muebles e inmuebles, si no les han sido retiradas de manera expresa por la Constitución o la ley.


El proceso de privatización que se desarrolla en la Rep. Dom. y en muchos países del mundo no obedece, a un auténtico criterio gerencial para mejorar el manejo de los patrimonios nacionales, sino a una estrategia de los acreedores internacionales diseñada para el pago de la deuda externa por parte de los países deudores, es obvio, en lo que al país se refiere, que la vía elegida por los impetrantes para detener ese proceso, no resulta apropiada pues, como se ha visto, no se advierten en las Leyes Nos. 208, 289 y 141-97, objeto de la instancia a que se contrae la presente decisión, ninguna violación a la Constitución de la Rep., que las haga declarar no conforme con sus disposiciones; que admitir, después del examen realizado, que son contrarias a la Constitución las indicadas leyes, vulneraría el Estado de Derecho por cuyo fortalecimiento debe velar permanentemente la Suprema Corte de Justicia, en su rol de guardiana de la Constitución y del respeto de los derechos individuales y sociales consagrados en ella, por todo lo cual procede desestimar la petición de que se trata.


Inembargalidades previstas en la ley número 189-11, del 16 de julio del 2011, para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana.

Según el artículo 75 de la Ley 189-11 sobre fideicomiso, se señala que “ Los préstamos hipotecarios que tuvieren una entidad de intermediación financiera como respaldo de la emisi6n de valores debidamente autorizados, así como los flujos originados per los pagos de dichos préstamos considerados individualmente o de conjunto, no serán objeto de embargo trabado en manos de los deudores por acreedores de la entidad de intermediación financiera originadora de la cartera de préstamos y emisora de los valores respaldados per la misma.


Artículo 76.- Oposición. Los préstamos hipotecarios que tuvieren una entidad de intermediación financiera como respaldo de la emisión de valores debidamente autorizados, así como los flujos originados por los pagos de dichos préstamos considerados individualmente o de conjunto, tampoco serán objeto de oposiciones gravámenes u otras acciones trabadas en manos de los deudores por acreedores de la entidad de intermediación financiera originadora de la cartera de préstamos y emisora de los valores respaldados por la misma.  Esta disposición se establece en consonancia con lo dispuesto en el Artículo 83 de la presente ley













Embargo Conservatorio de Derecho Común: Es el conjunto de procedimientos que tienen por finalidad inmediata impedir al deudor que disponga de sus bienes en detrimento del acreedor, hasta que medie sentencia que valide el embargo y lo transforme en embargo de ejecución.


Medida procesal y precautoria de carácter patrimonial que, a solicitud del acreedor, puede el juez apoderado y competente decretar sobre los bienes del deudor, para garantizar y asegurar el cumplimiento del pago de las obligaciones exigidas


El embargo conservatorio general, puede ser definido como: “La medida conservatoria ordenada por el juez de primera instancia, a favor del acreedor contra su deudor un crédito del tipo quirografario, justificada en principio, fundado en la urgencia y el peligro, que tiene por finalidad indisponer judicialmente los bienes del deudor hasta tanto intervenga una sentencia que valide el procedimiento y ordene la venta en pública subasta de los bienes embargados.


Título en virtud del cual puede trabarse. El embargo conservatorio de derecho común puede trabarse con:
Una Sentencia Condenatoria a pagar suma de dinero, susceptible de los recursos
ordinarios (apelación u oposición).
Un Auto de un Juez de Primera Instancia que así lo autorice, en ausencia de sentencia condenatoria.
El acto auténtico o el acto bajo firma privada cuando se trata de un embargo retentivo.
El mandamiento de pago luego de vencido el plazo de un día, en el caso del embargo de locación previsto en el artículo 819 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

Tribunal Competente para autorizarlo. En virtud de lo que establece el Artículo 48 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, el único tribunal competente para autorizar este embargo es el Juzgado de 1ra. Instancia del domicilio del deudor o del lugar donde estén situados los bienes a embargar.


Contenido de la Autorización. La autorización dada por el juez debe contener:
La comprobación de la seriedad del crédito, su urgencia  y peligro;
La suma por la cual se autoriza el embargo.
El plazo dentro del cual el acreedor deberá demandar en validez del embargo o sobre el fondo
Dicha ordenanza es ejecutoria sobre minuta, no obstante cualquier recurso.


El Proceso Verbal de Embargo. El escrito en que se hace constar el embargo recibe el nombre de “Acta de Embargo” o “Proceso verbal de Embargo”, y permite determinar la extensión de la medida e informar al embargado sus límites y consecuencias. Dicha acta será levantada en el mismo lugar del embargo y al mismo instante.


Formalidades, Contenido y Notificación del acta. El acta de embargo está sometida a formalidades, deberá contener, a pena de nulidad:
Las enunciaciones comunes de los actos de alguacil.
Designación detallada y precisa de los bienes embargados.
Elección de domicilio en el municipio donde se practique el embargo.
Notificación del titulo en virtud del cual se traba el embargo.
Designación de guardián y dos testigos, todos firmantes del acta.


El acta de embargo conservatorio será notificada al deudor junto con la demanda en validez o sobre el fondo.


Designación del guardián y las responsabilidades puestas a su cargo. Una vez designado el depositario, surgen para esté derechos y obligaciones. El Depositario tiene la obligación de:
Cuidar y conservar los bienes que le hayan sido entregados;
Permitir los actos  comprobatorios  que  se  estimen  necesarios para  garantizar  los intereses del embargante y del embargado;
Debe presentar los bienes cuando le sean requeridos para la venta;
Permanecer en sus funciones, mientras duren los procedimientos ejecutorios.


La Demanda en Validez es un procedimiento que pretende convertir en ejecutoria la medida conservatoria previamente autorizada, haciendo posible la venta de los bienes embargados. Tiene por finalidad, hacer declarar por sentencia, que el embargo trabado fue hecho regularmente y reúne los requisitos para ser considerado legítimo y como tal, convertirlo en embargo ejecutivo.

Hipoteca  Judicial  Provisional.  Cualquier acreedor  que  tenga  un  crédito  justificado  en principio puede ser autorizado por el tribunal competente a inscribir una Hipoteca Judicial Provisional sobre los bienes inmuebles pertenecientes a su deudor. Hay estrecha relación entre el embargo conservatorio general y la hipoteca judicial provisional, ya que las condiciones de esta última son las mismas que las del embargo conservatorio.


Solicitud. Inscripción. Demanda sobre el Fondo. La ordenanza que autoriza la inscripción de la hipoteca judicial provisional debe enunciar la suma por la cual se permite la inscripción y el plazo dentro del cual se deberá solicitar la acción en validez o demanda al fondo a fin de que la hipoteca se pueda convertir de provisional en definitiva. El acreedor no solo debe notificar a su deudor la ordenanza que autorizo la inscripción de la hipoteca provisional, sino, además, demandar sobre el fondo dentro del plazo indicado por la ordenanza.


Conversión de la Inscripción Provisional en Inscripción Definitiva. Una vez obtenida la sentencia condenatoria sobre el fondo, la Hipoteca Judicial Provisional se convertirá en definitiva. De conformidad con el Artículo 54 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, dentro del plazo de 2 meses de la fecha en que la sentencia sobre el fondo haya adquirido autoridad de cosa juzgada, el acreedor deberá convertir la inscripción provisional, en inscripción definitiva, la cual producirá sus efectos retroactivamente a contar de la fecha de la primera inscripción.


Los Incidentes en el curso del proceso de Embargo Conservatorio general y la Hipoteca
Judicial Provisional.
1.  Incidentes provenientes del deudor. El embargado tiene dos vías a través de las cuales puede hacer modificar las consecuencias del embargo:
Demandar su cancelación, reducción o limitación.
Demandar el levantamiento del embargo, mediante la consignación de la suma suficiente para garantizar el pago de la causa del embargo.


2.  Incidentes propuestos en caso de acreedores múltiples: Si existe embargo precedente y el alguacil continúa la persecución del nuevo embargo, puede intentarse la nulidad del segundo embargo ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado, siempre que se presente el acta del precedente embargo.


3.  Incidentes provenientes de los terceros. Esta medida puede afectar a los terceros, cuando son embargados muebles de su propiedad y no del deudor perseguido.


El Embargo Conservatorio Comercial. Es una medida extraordinaria, inspirada en el interés del crédito comercial. Este sólo es acordado en dos casos:
Para proteger al demandante en un proceso comercial; y,
Para proteger al portador de una letra de cambio protestada.


La competencia para este tipo de embargo es exclusiva del Juzgado de Primera Instancia en sus atribuciones comerciales. Los textos que la autorizan, siendo excepcionales, no pueden ser extendidos a las materias civiles.

Embargo de naves. Código Comercial Art. 197 y siguientes.
Art. 197.- Toda embarcación marítima puede ser embargada y vendida, por autoridad judicial, y el privilegio de los acreedores quedará extinguido por las formalidades siguientes.
Art. 198.- No se podrá proceder al embargo hasta pasada veinte y cuatro horas después del mandamiento de pago.
Art. 199.- Este acto deberá notificarse al propietario en persona, o  en  su  domicilio,  si  se trata  de ejercitar una acción general contra él. La intimación se podrá notificar al capitán de la nave si el crédito es del número de aquellos que tienen privilegio sobre la nave, conforme al artículo 191.


Demanda sobre el Fondo es un procedimiento de carácter civil o comercial que tiene por objeto obtener un título ejecutorio con el cual se podrá obtener el embargo ejecutivo o que se refiera al crédito.


Existen diferencias marcadas entre la demanda en validez y la demanda al fondo: La demanda en validez puede ser definida como aquella dirigida contra el deudor a requerimiento de acreedor cuyo objetivo principal es la conversión del embargo conservatorio en ejecutivo, por el contrario la demandad al fondo es aquella dirigida por el acreedor contra el deudor cuyo objetivo principal es el cobro de su crédito y su finalidad formal será el de permitir al deudor y los terceros con interés, poder ejercer oportunamente su derecho.


El embargante tiene dos opciones: a) perseguir conjuntamente la demanda en validez con la demanda al fondo (que es lo más práctico), o b) perseguir indistintamente por actos separados, la demanda en validez y la demanda al fondo. La posibilidad de acumular ambas demandas y hacerlas juzgar conjuntamente permite a los persiguientes de la medida, hacer desaparecer por una misma sentencia la indefinición jurídica que afecta tanto su crédito como su título.


De la combinación de los artículos 48,49, 53 y 54 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, se infiere claramente, que a la altura de nuestra legislación ambas demandas son rigurosamente necesarias, si se quiere contar con un título ejecutorio que no necesite del levantamiento de nuevo embargo, pero como se ha explicado, de la economía del artículo 49 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL se desprende que ambas demandas pueden ser introducidas por una misma unidad procesal, en efecto, el referido texto dispone: “El acta de embargo conservatorio será notificada al deudor conjuntamente con la demanda en validez o sobre el fondo. ”


Además de las enunciaciones contenidas en el Artículo 61 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, el acta de la demanda debe contener claramente enunciada:
a) La cantidad o suma de dinero por la que se persigue condenación; y
b) la petición de que la medida conservatoria sea convertida en definitiva.- Así, por ejemplo, si se trata de un embargo conservatorio, debe pedirse que el embargo sea convertido en ejecutivo.

Ha sido criterio de nuestra Suprema Corte de Justicia que “cuando la sentencia que valida el embargo conservatorio convirtiéndolo en embargo ejecutivo no contiene condenación contra el embargado, dicha sentencia no constituye título ejecutorio suficiente para perseguir la venta pública de los muebles embargados”.


Función del Juez de los Referimientos en estas o en las medidas que se indican precedentemente. Artículo 50 párrafo final del Código de Procedimiento Civil. La indicada disposición en su párrafo final reconoce competencia al juez de los referimientos para ordenar la cancelación, reducción o la limitación del embargo, en cualquier estado de los
procedimientos, cuando hubiere motivos serios y legítimos.
























Es el procedimiento mediante el cual un acreedor intercepta sumas de dinero o cosas mobiliarias debidas a su deudor por una tercera persona, y se hace pagar sobre el valor de los bienes embargados. Es la presencia del tercero embargado lo que identifica a este embargo y lo diferencia de las demás medidas persecutorias.

Mas claramente, es un acto por el cual el acreedor inmoviliza entre las manos de un tercero las sumas y efectos pertenecientes a su deudor y se opone a su entrega.


Títulos que permiten esta medida
Título escrito, sea auténtico o bajo firma privada: acto notarial;
Sentencia condenatoria;
Pagaré;
Letra de cambio aceptada;
Póliza de seguro; Testamento.


Autorización del juez en ausencia del título. El acreedor que no tiene título escrito no puede embargar retentivamente sino previo permiso del juez de Primera Instancia mediante auto dictado a instancia suya. En su auto, el juez evaluará el crédito del solicitante y fijará en consecuencia la cifra por la cual autorízale embargo retentivo.

El acta de embargo. Formalidad y contenido. La primera diligencia del embargo retentivo, es un acto de alguacil por cuyo medio el ejecutante notifica al tercero embargado que se opone a que éste pague en manos del embargado. El acta de embargo debe contener las menciones comunes a todos los actos de alguacil, además debe:
Enunciar el título en cuya virtud el ejecutante procede al embargo.
Enunciar la suma por la cual se pretende acreedor el ejecutante.
Contener una elección de domicilio en el lugar en que reside el tercero embargado, si el ejecutante no estuviese domiciliado en ese lugar.


Fusión de la demanda en cobro con la demanda en validez. Las similitudes y diferencias entre ambas demandas son las siguientes:
Ambas demandas pueden ser notificadas conjuntamente; sin embargo, la demanda en validez está sometida al plazo de 8 días, y la demanda de pago no está sometida a ningún plazo;
La demanda en validez es de la competencia exclusiva del Juzgado de Primera
Instancia, mientras que la de cobro no;
Mientras la demanda en pago procura sancionar el crédito, la demanda en validez tiene por finalidad sancionar positivamente la regularidad del procedimiento de embargo;
La demanda en validez está sometida a las reglas del procedimiento civil ordinario, en tanto que el procedimiento de la demanda en pago del crédito depende de la cuantía, naturaleza o el origen del crédito.


No obstante las diferencias que la separan, la vinculación entre una y otra es tal, que ha sido decidido que se trata de demandas conexas; En el mismo sentido sostiene la doctrina, que toda demanda en validez luego del embargo lleva implícita una demanda de pago, por lo que el tribunal no estatuiría “ultra petita” cuando en ocasión de dicha demanda pronuncia la condenación al pago de la suma reclamada.


Las Condiciones que debe reunir el tercero embargado. Se ha establecido que las condiciones del tercero embargado son dos:
Debe tener poder propio, es decir, un poder tal que le permita retener los bienes o
valores que detenta a nombre de o para entregar al deudor
Carece de lazos de subordinación respecto al deudor: el tercero embargado no es un empleado, ni trabaja a cuenta del deudor.


Obligaciones del Tercero Embargado.
Hacer la declaración de los bienes que posee que le pertenecen al deudor embargado, y ratificarla en la secretaría del tribunal.
Si interviene sentencia de validación con carácter ejecutorio, entonces debe de pagar al acreedor embargante.
Si  sobrevienen  nuevos  embargos  retentivos  u  oposiciones,  debe  denunciarlo  al abogado del primer ejecutante.


Declaración Afirmativa es la afirmación o la negación del tercero embargado de sus relaciones de crédito con el deudor embargado en el momento del embargo. El acto de

declaración afirmativa debe exponer circunstancialmente cuáles son o han sido las relaciones de deudor a acreedor existentes entre el tercero embargado y el embargado.


Demanda en Declaración Afirmativa es el acto mediante el cual el acreedor embargante requiere del tercero embargado que declare si al momento del embargo era deudor o no del deudor embargado.


El Embargo Retentivo en manos del Estado. Según el Artículo 561 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL: “El embargo retentivo u oposición hecho en manos de los receptores, depositarios o administradores de caudales públicos, y en esta calidad, no será válido, si el acto no se hace a la persona designada por la ley para recibirlo, y si dicha persona no visare el acto original, o en caso de negativa de ésta, el fiscal”.


Embargo Retentivo sobre sí mismo. Resulta, cuando una persona que es, al mismo tiempo acreedora y deudora de otra, puede, como acreedora, embargar retentivamente en sus propias manos lo que ella adeuda a su deudor. Esto se plantea únicamente en los casos en que la compensación legal no es posible, por no recaer ambos créditos sobre dinero o cosas fungibles.


Los Incidentes. Los incidentes pueden provenir del embargado, en ocasión de perseguir: El
Levantamiento o la Reducción del Embargo.


Concurso de Varios Embargos. En este caso el embargo retentivo no crea ningún privilegio en provecho del primer embargante. Por lo que se procederá a la distribución a prorrata si los fondos no son suficientes como para satisfacer a todos los acreedores.


Cesión de Crédito. Puede presentarse en dos alternativas:
El caso de un sólo embargo seguido de la cesión de crédito, que se soluciona examinando las causas del embargo.
El caso de la cesión entre varios embargos retentivos, el crédito se divide a prorrata entre el primer embargante y el cesionario del crédito, excluyendo a los embargantes posteriores de la cesión puesto que su intervención se produjo después que el crédito
saliera del patrimonio del deudor.


Levantamiento ante el juez de los referimientos.


Art. 50 párrafo final del Código de Procedimiento Civil. La indicada disposición en su párrafo final reconoce competencia al juez de los referimientos para ordenar la cancelación, reducción o la limitación del embargo, en cualquier estado de los procedimientos, cuando hubiere motivos serios y legítimos.






































El embargo ejecutivo de derecho común: Es el procedimiento ejecutorio en virtud del cual el acreedor pone en manos de la justicia los bienes muebles corporales del deudor, para hacerlos vender públicamente y cobrar su acreencia, amparado en uno de los títulos ejecutorios designados por la ley.


Mandamiento de pago. Contenido y notificación.


Según lo dispone el artículo 583, al embargo ejecutivo debe preceder, en un día por lo menos, un mandamiento de pago notificado a la persona o en el domicilio del deudor.


Además de las enunciaciones requeridas en todo acto de alguacil, el mandamiento de pago tendiente al embargo ejecutivo deberá contener:


Notificación del título ejecutorio, si antes no se le había notificado al deudor;
Enunciación de la suma adeudada;
Intimación de pagar la suma adeudada, con advertencia de que, a falta de pago, se procederá al embargo;
Elección de domicilio hasta concluir los procedimientos del embargo en el lugar en donde debe cumplirse la ejecución, si el acreedor no residiere allí; y el deudor podrá hacer en

ese domicilio elegido todas sus notificaciones, hasta la de ofrecimientos reales y de apelación.


El proceso verbal de embargo. Formalidades y contenido
El procedimiento del embargo ejecutivo en sí se inicia con el levantamiento del "acta de embargo" por parte del alguacil actuante. El acta de embargo es el documento levantado por el alguacil en el lugar donde se practica el embargo. El alguacil deberá hacerse asistir por dos testigos.


Según lo dispone el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil el embargo consiste:
  En  la  designación  y  descripción  de  las  cosas  embargadas,  pesando  y  midiendo mercancías, detallando y pesando la vajilla de plata;
  En el establecimiento de un depositario;
  En la fijación de sellos sobre papeles del embargado si él estuviese ausente;



Obligaciones del Alguacil.


El acta de embargo debe contener las enunciaciones comunes de los actos de alguacil, y hará constar, además:
  los nombres y residencias de los testigos;
  la reiteración del mandamiento de pago;
  los incidentes que hayan podido presentarse en el curso de la operaciones;
  la designación de los objetos embargados;
  el nombre del depositario;
  la indicación del día de la venta.


El acta de embargo será firmada, conjuntamente con el alguacil, por los testigos, el depositario y las autoridades que hayan tenido que proceder a la apertura de puertas. Cuando el alguacil no encuentra nada que embargar, debe levantar una acta de carencia.


Régimen de publicidad: La venta debe ser precedida, con un día de anticipación, de edictos fijados que indicarán el lugar, el día y la hora de la venta. La fijación de los edictos se comprobará mediante acta redactada por el alguacil. La venta será también anunciada en los
periódicos, en tres días distintos y consecutivos.


Venta en pública subasta
 La  venta debe ser precedida del régimen de publicidad al que nos referimos en el punto anterior.
 La venta debe ser hecha por vendutero público, pero puede hacerla también el alguacil que practicó el embargo.
 La venta se iniciará “por pregón con campanilla”.
 El ministerial, puede fijar para cada uno de los objetos a vender, un precio para la primera puja y un mínimo de diferencia entre ella y las pujas subsiguientes.
 No puede el oficial que procede a la venta, hacerse adjudicatario.

 El ministerial actuante deberá levantar acta de las operaciones de la venta, la cual indicará los objetos vendidos, el precio de cada venta, y los nombres de los adjudicatarios.
 Si el producto de la venta basta para desinteresar al ejecutante y a los oponentes, el ministerial los paga directamente; de lo contrario, consignará en la caja pública.


Los incidentes
Puesto que el embargo ejecutivo es un procedimiento extrajudicial, los incidentes que el conciernen no son demandas incidentales, sino demandas principales e introductivas de instancias.
El tribunal competente para conocer de los incidentes del embargo ejecutivo es el de primera instancia.


Los incidentes del embargo ejecutivo pueden provenir del:
Del embargado. Este puede impugnar el procedimiento alegando:
  Vicio de fondo.
  Vicio de forma.


2. De los acreedores del embargado. Estos pueden ser:
  Oposición sobre el producto de la venta. Su objeto es simplemente dar a conocer la existencia del acreedor oponente e impedir que el precio de la venta sea distribuido en su ausencia.
  Nuevo embargo. La existencia de un embargo es un impedimento para que se practique un nuevo embargo. Se admite que no es nulo el segundo embargo practicado en la completa ignorancia del primero; pero este nuevo embargo no producirá otro efecto que el de una simple acta de verificación respecto de las cosas comprendidas en el primer embargo, pero en caso de que el primer embargo se declarado nulo el acta de comprobación podría equivaler a embargo.
 Subrogación en las persecuciones. En todos los casos, la subrogación en las persecuciones, o sea el derecho de requerir que se proceda a la venta, se produce de pleno derecho, extrajudicialmente. No obstante la oposición o el subsiguiente embargo, el único o el primer ejecutante conservan la dirección del procedimiento ejecutivo.


3. Incidentes promovidos por los terceros.
  Demanda en distracción. Se manifiesta después del embargo, pero antes de la venta, revisten la forma de una demanda en distracción, que es una verdadera reivindicación.
  Reivindicación después de la venta. Esta reivindicación es inadmisible, salvo si el adjudicatario es de mala fe, en cuyo caso es posible durante veinte años. También es posible la reivindicación contra el adjudicatario de buena fe, pero durante tres años solamente, y a cargo de restituirle el precio de su adquisición.











































El embargo inmobiliario de derecho común: El embargo inmobiliario puede ser definido como el procedimiento en virtud del cual él o los acreedores indisponen uno o varios inmuebles propiedad de su deudor, previamente enajenados a su favor por medio de hipotecas o contratos similares.


El embargo inmobiliario es un procedimiento judicial, que se somete al Juzgado de Primera Instancia. En el embargo inmobiliario el tribunal no actúa jurisdiccionalmente, sino en atribuciones de administración judicial. Es solamente si surgen incidentes en el procedimiento cuando el tribunal, lo mismo que en cualquier otro embargo, actuará jurisdiccionalmente.


El mandamiento de pago
Es un acto de alguacil, sustancialmente igual a los otros mandamientos de pago que deben preceder a los embargos ejecutorios, que contiene intimación al deudor para que pague su deuda, con apercibimiento de que, a falta de pago, le serán embargados sus inmuebles.

El mandamiento de pago, además de las enunciaciones contenidas en todos los actos de alguacil, debe tener:
  copia del título ejecutorio en cuya virtud se procede al embargo;
  elección de domicilio, en la ciudad donde está establecido el tribunal que debe conocer del embargo, si el acreedor no lo tiene allí;
  amenaza de embargar los inmuebles del deudor, esto es la advertencia de que, a falta
de pago, se procederá al embargo de los inmuebles del deudor.


El acta de embargo.


El persiguiente acude por ministerio de alguacil a levantar el "acta de embargo", transcurridos no menos de 30 ni más de 90 días después de la notificación del mandamiento y la intimación a pagar o abandonar, si hubo lugar a ella.


Para redactar el acta de embargo el alguacil debe estar provisto de mandamiento especial del ejecutante.
El acta de embargo debe contener a pena de nulidad, además de las requeridas para los actos de alguacil:
  La enunciación del título ejecutivo en cuya virtud hace el embargo.
  La mención de haberse transportado el alguacil al lugar mismo en que radican los muebles que se embargan.
  La indicación de los inmuebles embargados.
  La indicación del tribunal que conocerá del embargo.
  La constitución de abogado, en cuyo estudio deberá elegir domicilio el persiguiente.


Denuncia del acta de embargo: El embargo se denunciará a la persona del embargado o en su domicilio, dentro del plazo de 15 días a contar del acta de embargo.


El objeto de esta diligencia es informar al deudor que el persiguiente ha realizado la amenaza contenida en el mandamiento de pago, y que el inmueble ha sido puesto en manos de la justicia.


Inscripción o transcripción del acta de embargo: El inmueble puede ser registrado o no- registrado. En el primer caso, se habla de inscribir el embargo; en el segundo, de transcribirlo. Para inmuebles registrados, se efectúa la inscripción del embargo por ante el Registrador de Títulos. Para inmuebles no-registrados, se procede a la transcripción por ante la Conservaduría de Hipotecas. Ambos funcionarios tienen la obligación de realizar la inscripción o transcripción indicando fecha, hora, día, mes y año del embargo.


El plazo de transcripción e inscripción de las actas de embargo es de quince (15) días a partir de la fecha de la denuncia.


Redacción, depósito, notificación, reparo y lectura del pliego de condiciones. El pliego de condiciones, es un acto que prepara el abogado del persiguiente, cuyo objeto es dar a conocer las condiciones de la venta al ejecutado, a los acreedores inscritos y registrados y a los futuros subastadores.

El pliego de condiciones debe tener las enunciaciones que se indican a continuación:
  Enunciación del título y del procedimiento.
  Designación de los inmuebles embargados.
  Condiciones de la venta.
  Oferta de precio
  Relación de las cargas hipotecarias.


El pliego de condiciones deberá ser depositado, en la secretaría del tribunal que debe proceder a la venta, dentro de los 20 días que siguieren a la fecha de la trascripción o inscripción, del embargo.


Dentro del plazo de ocho días del depósito del pliego de condiciones el persiguiente notificará tal depósito, por acto de alguacil, tanto a la parte embargada como a los acreedores inscritos o registrados, y les notificará asimismo el día que fijase el juez para dar lectura a dicho pliego. Los acreedores y la parte embargada pueden oponerse a algunas de las cláusulas del pliego de condiciones, esto es, formular reparos, excepto a la que contiene la oferta de precio hecha por el persiguiente.


El plazo para proponer estos reparos, a pena de caducidad es el de 10 días antes por lo menos del fijado para la lectura del pliego. El tribunal debe resolver sobre los reparos al pliego de condiciones, a más tardar el día designado para la lectura, decisión que no estará sujeta a ningún recurso.


El pliego de condiciones es leído por el secretario del tribunal en la audiencia pública previamente fijada por el juez. En esta misma audiencia en que se procede a la lectura del pliego de condiciones se fijará la fecha de la adjudicación.


El régimen de publicidad: Veinte días por lo menos antes de la adjudicación, el abogado del persiguiente hará insertar en uno de los periódicos del distrito judicial en donde radiquen los bienes un extracto firmado por él y que contenga:
  La fecha del embargo, la de la denuncia y la de la transcripción o inscripción;
  Los nombres, profesión, domicilio o residencia del embargado y del persiguiente;
  La designación de los inmuebles, tal como se hubiere insertado en el acta de embargo;
  El precio puesto por el persiguiente para la adjudicación;
  La indicación del tribunal, el día y la hora en que la adjudicación tendrá efecto;
  Mención de la garantía que se haya estipulado para poder ser licitador.


Un extracto igual se fijará por ministerio de alguacil en la puerta del tribunal en el cual se llevará a cabo la adjudicación.


La subasta: Una vez abierta la audiencia y requerida la adjudicación, se procede a la subasta de los inmuebles. Todo aspirante a subastador está obligado a depositar en la secretaría, antes de iniciarse la subasta, la garantía requerida por el pliego de condiciones.

Las pujas deberán se hechas por ministerio de abogado: por tanto es radicalmente nula la adjudicación pronunciada a favor de un licitador que hizo la subasta personalmente.


No podrá hacerse la adjudicación sino después de haber transcurrido tres minutos de iniciada la subasta. Si no hubo postura durante los tres minutos se declarará adjudicatario al mismo que persigue la venta, sirviendo de tipo para la adjudicación el precio que él haya fijado en el pliego de condiciones. Si antes de transcurridos tres minutos se hicieren algunas pujas no se podrá efectuar la adjudicación sino después de haber transcurridos dos minutos sin nuevas pujas hechas en el intervalo.


La Decisión de adjudicación. Al acto de la adjudicación se procede, según lo determina el Artículo 702, “a pedimento del persiguiente, o, a falta de éste, de algún acreedor inscrito.” Aunque la ley no lo consigna expresamente, es preciso reconocer al ejecutante el derecho de requerir la adjudicación, puesto que él es parte en el embargo y tiene por consiguiente interés en que el procedimiento se concluya.


Puja ulterior:
Dentro de los ocho días siguientes al de la adjudicación cualquiera persona podrá ofrecer, por ministerio de abogado, no menos de un veinte por ciento sobre el precio de la primera adjudicación y sobre este nuevo precio se procederá a subastar.


Para que esta nueva puja pueda ser aceptada, es necesario depositar en la secretaría del tribunal, junto con la petición, la suma total ofrecida como nuevo precio, en efectivo o en cheque certificado de una institución bancaria domiciliada en la República y notificarlo en este mismo día tanto el adjudicatario como a los acreedores inscritos y al embargado.


De acuerdo con el Artículo 690, se aplicará en primer término a cubrir los gastos del procedimiento de ejecución y en segundo término a pagar los intereses adeudados al acreedor hipotecario.


Cumplidas estas formalidades, el juez dictará auto en el término de tres días, a contar de la fecha de la petición, indicando el día en que tendrá lugar la nueva adjudicación.


El secretario del tribunal hará conocer, por aviso publicado en la prensa, esa nueva fecha, que no podrá ser de más de quince días de aquel en que fué dictado el auto. Se procederá en esta subasta como en la anterior, y en las  mismas condiciones y exigencias establecidas.  A falta de subastadores, se declarará adjudicatario a quien hizo la puja ulterior. En ningún caso habrá
lugar a otra nueva puja.


Falsa subasta:



Los incidentes del embargo: Se considera como incidente del embargo inmobiliario cualquier contestación, de forma o fondo, originada en el procedimiento del embargo, y que pueda ejercer una influencia necesaria sobre su marcha o sobre su desenlace.

Los incidentes del embargo inmobiliario entran en la competencia del Juzgado de Primera Instancia apoderado del procedimiento de embargo, aun cuando se trate de inmuebles no registrados
Constituyen incidentes del embargo inmobiliario toda contestación de forma o de fondo originada en el procedimiento de este embargo, de naturaleza a ejercer una influencia necesaria sobre su marcha o su desenlace. La promovida sobre la validez del título que sirve de base al embargo es un incidente que pone obstáculo a la adjudicación. Su enumeración por los artículos 718 a 748 del Código de Procedimiento Civil no tiene carácter limitativo.


La ley enumera los incidentes del embargo inmobiliario, los cuales no son limitativos, estos son 6:
1.  La acumulación de embargos.
2.  La subrogación de las persecuciones.
3.  La radiación o cancelación del embargo.
4.  La demanda en distracción.
5.  La demanda en nulidad.
6.  La falsa subasta


Sentencia de adjudicación. La sentencia de adjudicación será la copia del pliego de condiciones redactado en la forma establecida por el artículo 690, y ordenara al embargado abandonar la posesión de los bienes, tan pronto como se le notifique.


La sentencia de adjudicación no es una verdadera sentencia, sino un acto de administración judicial que se contrae a dar constancia del transporte del derecho de propiedad operado como consecuencia del procedimiento del embargo. Se parece a las sentencias ordinarias desde varios puntos de vista: en cuanto a su redacción; en cuanto a su pronunciamiento; en cuanto a su fuerza ejecutoria contra el embargado y el adjudicatario. En cambio, la sentencia de adjudicación se distingue de las sentencias ordinarias: en que no es motivada; en que no tiene autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada; en que no produce hipoteca judicial; en que no es susceptible de recursos, sino de una acción principal en nulidad.


Régimen de los recursos: los recursos contra una sentencia de adjudicación procede en los siguientes casos:
o Cuando la sentencia de adjudicación resuelve acerca de los incidentes contenciosos que han surgido en el procedimiento, ella reviste los caracteres de forma y de fondo inherentes a las sentencias propiamente dichas: es motivada; tiene autoridad de cosa juzgada;
produce hipoteca judicial; es impugnable mediante las vías de recursos.


o Cuando la sentencia de adjudicación resuelve acerca de un incidente contencioso surgido en el procedimiento de la adjudicación, la misma es susceptible de ser impugnada por la vía de la apelación, pero cuando se limita a un acto de pura administración judicial, solo es susceptible de ser atacada mediante una demanda principal en nulidad.


Cuando la sentencia de adjudicación no resuelve incidentes contenciosos constituye un acto de administración judicial susceptible de una acción principal en nulidad. Omitirse, entre otras

formalidades las relativas a la publicidad que debe preceder a la subasta, puede fundamentar una acción en nulidad.


Una sentencia de adjudicación en un procedimiento de embargo inmobiliario, es una decisión de carácter administrativo, no susceptible de recurso alguno, sino de una acción principal en nulidad cuyo éxito dependerá de que se establezca, que un vicio de forma se ha cometido al procederse a la subasta, en el modo de recepción de las pujas, o que el adjudicatario ha descartado a posibles licitadores valiéndose de maniobras como dádivas, promesas o amenazas, o por haberse producido la adjudicación en violación del artículo 711 del Código de Procedimiento Civil.


Los medios de nulidad que se pueden invocar contra la sentencia de adjudicación son únicamente los que se derivan de la sentencia misma como sería, por ejemplo, la celebración de la subasta sin la presencia del juez.


El incidente del embargo inmobiliario tendente a declarar la nulidad del título ejecutorio debe ser promovido, a pena de caducidad, en la forma y plazos previstos en los artículos 728 y 729 del Código de Procedimiento Civil, o sea, antes de la lectura del pliego de condiciones, en unos casos, y después de esa lectura, en otros.


La contestación que se promueve sobre la validez del título en cuya virtud se procede al embargo, constituye un medio de nulidad por vicio de fondo que debe ser propuesto, a pena de caducidad, en la forma y plazos previstos en los artículos 728 y 729 del Código de Procedimiento Civil.


En definitiva, cuando la sentencia de adjudicación resuelve acerca de los incidentes contenciosos que han surgido en el procedimiento, ella reviste los caracteres de forma y de fondo inherentes a las sentencias propiamente dichas: es motivada; tiene autoridad de cosa juzgada; produce hipoteca judicial; es impugnable mediante las vías de recursos. En cambio, cuando la sentencia de adjudicación resuelve acerca de un incidente contencioso surgido en el procedimiento de la adjudicación, la misma es susceptible de ser impugnada por la vía de la apelación, pero cuando se limita a un acto de pura administración judicial, solo es susceptible de ser atacada mediante una demanda principal en nulidad.


Posibilidad de Recursos. Cuando procede. Esta sentencia de adjudicación no es motivada, no tiene autoridad de la cosa juzgada, no produce hipoteca judicial, no es susceptible de recursos sino de una acción principal en nulidad. Si la sentencia contiene una decisión distinta a la adjudicación, puede ser recurrida en apelación sobre esos aspectos.












































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Acreedores que se benefician de estos procedimientos y ventajas que obtienen con estas leyes. Situación creada luego de la publicación del Código Monetario y Financiero, en relación a la ley 6186. Procedimiento. Diferencias fundamentales con el embargo inmobiliario de
derecho común.


El Embargo Inmobiliario Especial previsto en los arts 148 al 168 de la Ley 6186 sobre Fomento Agrícola: aplicable para el cobro del Banco Agrícola, de las Asociaciones de ahorro, Prestamos para la Vivienda, los Bancos de Desarrollo, del Instituto Nacional de la Vivienda para la ejecución de los estados de costas aprobadas a favor de los abogados previsto por la Ley 302 de 1964, sobre honorarios de los abogados. Se aplica también en materia laboral para el cobro de las prestaciones en ocasión de contrato de trabajo.

Acreedores que se Benefician de este Procedimiento. Inicialmente este procedimiento fue creado única y especialmente para los créditos hipotecarios concedidos por el Banco Agrícola de la República Dominicana. Luego y con el transcurrir del tiempo, en virtud del desarrollo económico y de la necesidad de expansión del sistema financiero, y para beneficiar a una clase profesional, se crearon una serie de leyes en las cuales se hizo constar que se benefician del procedimiento del embargo inmobiliario establecido en la ley 6186 sobre fomento agrícola,
estas instituciones:


• Las Asociaciones de ahorros y Préstamos para la Vivienda
• Las  Sociedades  financieras  que  promueven  el  Desarrollo  Económico  (Banco  de desarrollo)
• Los Bancos hipotecarios de la Construcción
• Los Créditos nacidos de las demandas laborales entre trabajadores y empleadores
• El Estado, municipio o cualquier institución pública acreedora de un título ejecutorio.
• Los Abogados y Notarios para el cobro de sus honorarios


Con el procedimiento de la ley 189-11, se benefician: Lo acreedores hipotecarios, incluyendo, sin que esta lista sea limitativa, entidades de intermediación financiera locales o del extranjero, los agentes de garantías a los que se refiere la presente ley, titularizadoras y fiduciarios,  siempre  y  cuando  la  garantía  hipotecaria  haya  sido  concedida  de  manera
convencional.


Situación creada luego de la publicación del Código Monetario y Financiero. Con la Ley número 183-02, Ley Monetaria y Financiera de la Republica Dominicana, el beneficio del procedimiento abreviado de embargo inmobiliario es aplicable a todas las entidades de intermediación financiera, que realicen legal y habitualmente dichas actividades. Esta ley amplia la clasificación de las instituciones y entidades que pueden gozar del procedimiento especial que constituye el embargo inmobiliario abreviado, al establecer en el Artículo 79 de la Ley monetaria, bajo el titulo de normas especiales en la letra A, lo siguiente: “No podrán existir privilegios procesales ni beneficios de cualquier clase basados exclusivamente en la naturaleza jurídica de las entidades que realicen legal y habitualmente actividades de intermediación financiera. Las discriminaciones extraregulatorias serán determinadas en atención a la tipología de instrumentos financieros”.


En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de esta Ley será de aplicación a todas las entidades que realicen legal y habitualmente dichas actividades, el procedimiento abreviado de embargo inmobiliario previsto en los Artículos 148 y siguientes de la Ley de Fomento Agrícola.


Diferencias con el procedimiento ordinario.


Procedimiento ordinario que rige la venta en pública subasta, por el Código de Procedimiento
Civil. Debe tener:
Procedimiento Plazo


1. Mandamiento de pago tendente a
embargo inmobiliario 30 días antes del embargo.
2. Proceso verbal de embargo Al vencimiento de los 30 días del Mand. Pago
y antes de los 90 días.
Artículo 674 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
3. Denuncia embargo Dentro de 15 días a partir de la fecha de
cerrada la única o última acta de embargo. Artículo 677 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
4. Inscripción y trascripción Dentro de los 15 días de la denuncia Artículo
678 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, si hay  bienes situados en más de un distrito judicial, se hará dentro de 10 días a la última inscripción.
5.  Deposito del Pliego de condiciones Dentro  de  los  20  días  posteriores  a  la
Inscripción o  Transcripción Artículo 690
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
6. Notificación pliego de condiciones Dentro de los 08 días del depósito del pliego.
Artículo 691 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, la lectura del pliego se realizará no menos de 20 días ni más de 30 días.
7. Oposición al Pliego 10 días antes por lo menos del fijado para la
lectura del pliego. Artículo 691 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
8. Incidentes de embargo Se  llamara audiencia no mas de  08  días
francos ni menos de 03, Artículo 718
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
9.  Incidente antes de la Lectura del pliego 10 días a lo menos antes de la lectura del
pliego. Llamamiento a aud. No menos de 03 días francos ni mayor de 05 días, Artículo
728 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
10. Incidente luego de la lectura del pliego 08 días a más tardar luego de la primera
publicación. Llamamiento a aud. No menos de  03 días francos ni  mayor  de  05  días, Artículo 729 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
11. Fecha de adjudicación Entre la lectura del pliego  y la adjudicación será de 30 días por lo menos y 40 días a lo mas Artículo 695 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
12. Publicación 20 días por lo menos antes de la
adjudicación Artículo 696 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL


13. Posible aplazamiento de la adjudicación 15  días  solamente  por  causas  graves  y
justificadas Artículo 702 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, en cuyo caso  se anunciará la Adj. 08 días antes por lo menos del  día  fijado  por  el  juez.  Artículo  704
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
14. Puja Ulterior Dentro  de  los  08  días  siguientes  a  la
adjudicación. Artículo  708  CÓDIGO  DE PROCEDIMIENTO CIVIL
15. Auto de fijación 03 días a partir de la fecha de petición de
puja ulterior. Se indica el día de la nueva Adj., Artículo 710 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL
16. Nueva Fijación No más de 15 días a partir del día en que fue
dictado el auto. Artículo 710 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
17. Fijación de la falsa subasta No  mayor  de  30  días;  Se  realizará  una
publicación, en lo que debe mediar 10 días por lo menos y 20 días a lo más antes de la Adj. Artículo 735 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.
18. Not. de la Aud. Para la nueva Adj. 10 días por lo menos antes de la Adj. Artículo
736 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.

Procedimiento Abreviado por la Ley número 6186  sobre Fomento Agrícola, que rige la venta de los bancos y las asociaciones. Debe tener:


Procedimiento Plazo
1. Mandamiento de pago tendente
a embargo inmobiliario 15  días  para  efectuar  el  pago,  vencido  este  se
convierte en embargo inmobiliario de pleno derecho. Artículos. 149
2.  Inscripción y trascripción Dentro de los 20 días de su fecha. Si hay  bienes
situados en más de un distrito judicial, se hará dentro de 10 días a la última inscripción. Artículo 150
3. Deposito del Pliego de
condiciones Dentro de 10 días que siguen a la inscripción Artículo
150
4. Publicación En los 15 días siguientes a la Not. del Mand. De pago
y dentro de los 30 días después del depósito del pliego. Artículo 153
5. Denuncia de la publicación En la octava, haciendo mención de tomar
comunicación del pliego de condiciones. Artículo 156
6. Fecha para la venta 15 días a lo menos después de las formalidades
mencionadas. Artículo 157
7. Los reparos al pliego 08 días a lo mensos antes de la venta, Artículo 159


8.  Incidente de embargo Se procede conforme el Artículo 729 CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL, por no haber lectura del pliego, lo que debe hacerse 08 días a más tardar luego de la primera publicación. Llamamiento a Aud. No menos de 03 días francos ni mayor de 05 días.
9. En caso de aplazamiento,
publicación. 10 días por lo menos antes de la nueva fecha Artículo
161
10. La puja ulterior Conforme al Artículo 705 CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL, según el Artículo 164
11. Falsa subasta Conforme al Artículo 149 y siguientes de dicha ley
6186

Procedimiento que rige la venta en pública subasta, por la Ley número 189-11 sobre Desarrollo
Hipotecario y el Fideicomiso en la Rep. Dom. Debe tener:


Procedimiento Plazo

1. Mandamiento de pago 15 días, a partir de la Not. Del Mand. Pago., se
convierte en embargo inmobiliario. (Artículo153)
2. Inscripción del Mand. P. (1) 05 días, posteriores a los 15 de la Not. El Mand. P.;
10 Días, si los bienes están en mas de un D. J., a la primera fecha de inscripción. (Artículo 154)
3. Deposito del Pliego de
Condiciones 10 días que sigan a la última inscrip. (Artículo 155)
4. Los reparos al Pliego de Cond. (2) 08 días antes de la fecha fijada para la venta.
05 días para conocer la Aud. de reparo contado a partir del depósito de la instancia.
Se Not. A las partes, por lo menos 01 día franco, antes de la fecha fijada para su conocimiento. (Artículo 156).
5. Publicación (3) Dentro de los 20 días que siguen al depósito del
pliego. (Artículo 158)
6. Denuncia de Publicación  (4) Dentro  de  los 05  Días  a  partir  de  la publicación
(Artículo 159).
7.  Celebración de la venta 15 días a partir de la Not. de la denuncia del aviso de
venta  y  llamamiento  a  la  Aud.  De  adjudicación. Artículo 159, Párrafo.
8. Posible aplazamiento de la
adjudicación 05 días de antelación a la nueva fecha de
adjudicación Artículo 160
9. Puja Ulterior Dentro de los 08 días siguientes a la adjudicación.
Artículo 162

PLAZOS LEGALES Y ESQUEMA PROCEDIMENTAL DEL EMBARGO INMOBILIARIO ABREVIADO conforme la ley 189-11

    Mandamiento de pago: plazo de 15 días, transcurridos los cuales se convierte en embargo
(Ley 189-11, Artículo153).


    Acta de embargo: no existe, dada la celeridad de este procedimiento.

    Denuncia de embargo: no existe, dada la celeridad de este procedimiento.

    Transcripción  o  inscripción  del  mandamiento  de  pago:  Obligación  de  inscripción  del mandamiento por ante el Registro de Títulos o el Conservador de Hipotecas. A falta de pago del deudor y dentro de los cinco (5) días posteriores al vencimiento del referido plazo de quince (15) días, otorgados en el mandamiento de pago, este mandamiento, convertido ya en embargo, se inscribirá en el Registro de Títulos del Distrito Judicial donde radiquen los bienes hipotecados o la Conservaduría  de  Hipotecas, si  se  tratare de  inmuebles no registrados (Ley 189-11 .Artículo154).

    Depósito del Pliego: Dentro de los diez (10) días que sigan a la última inscripción realizada, el persiguiente depositará el pliego de cargas, cláusulas y condiciones que regirá la venta del  inmueble  embargado  por  ante  el  tribunal  que  conocerá  de  la  misma  ((Ley  189-
11.Artículo155).


    Audiencia de reparos al pliego: Solicitud de fijación de audiencia para el conocimiento de la petición de reparo, la cual deberá celebrarse a más tardar cinco (5) días después del depósito de la instancia de reparo.

    Audiencia de lectura: no existe.
    Publicación: Dentro de los veinte (20) días siguientes al depósito del pliego  de cargas, cláusulas y condiciones, el persiguiente  hará publicar en un  periódico de  circulación nacional. (Ley 189-11.Artículo158).
    Denuncia de la publicación: en cinco días al deudor y a los acreedores inscritos. (Ley 189-
11Artículo159).
    Audiencia de venta: 15 días a lo menos después de la publicación. (Ley 189-11.Artículo159 párrafo I).
    Puja ulterior: 8 días a partir de la decisión de adjudicación. (C. Proc. C.  Artículo162, ley
189-11).


Tiempo requerido para el desarrollo y ejecución de este embargo inmobiliario: máximo
90 días, en caso de no presentarse ningún incidente. El tiempo requerido para el desarrollo y ejecución del  embargo inmobiliario ordinario es de 120 días  si no surgen incidentes, en el caso del embargo inmobiliario abreviado es máximo 70 días, en caso de no presentarse ningún incidente.

PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN FORZOSA CONTEMPLADOS EN LA LEY NÚM.
4453 DEL 9 DE MAYO DE 1956, EN BENEFICIO DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS.


Tribunal competente. Situación cuando de trata de cobro de tributos. Situación cuando se trata de cobro de aranceles y arbitrios. Ámbito de aplicación después de la publicación del Código
Tributario.


Los procedimientos de ejecución forzosa contemplados en la ley 4453 del 9 de mayo de 1956, en beneficios del estado y sus instituciones descentralizadas.


La ley número 4453 permite al Estado y a sus instituciones embargar los bienes muebles e inmuebles de su deudor.


El simple hecho de no obtemperar a la intimación de pago se convierte en un hecho suficiente para permitir al Estado y a sus instituciones embargar los bienes del deudor, sin ninguna otra formalidad previa, con cuyo producto se pagará la acreencia y los gastos que se hubiesen ocasionado.


Prescribe que los incidentes por los cuales se pretende la nulidad de cualquier acto de procedimiento no interrumpen la ejecución, pudiendo el Juez subsanar los vicios que afecten.


Tribunal competente: Esta ley establece disposiciones tanto para los procedimientos de embargo inmobiliario (Artículo 4), como de embargo mobiliario (Artículo 15).
  Cuando se trata de un embargo mobiliario el tribunal competente será el de Primera
Instancia.
  Cuando se trata de un embargo inmobiliario el tribunal competente será el Juzgado de
Paz.


Para dar inicio a la ejecución debe ser en virtud de una ordenanza dictada por el Juez de Primera Instancia a diligencia del funcionario público competente. Dentro de las formalidades instituidas por esta ley para el embargo inmobiliario se encuentra el establecimiento de la atribución de la competencia a los Juzgados de Paz para conocer de este tipo de embargo. Las medidas que se traben en virtud a ésta ley pueden ser recurridas por el deudor por ante el Juez de los Referimientos, aún cuando la medida haya sido trabada ante el Juez de Paz.


Situación cuando se trata de Cobro de Tributos. Cuando se trataba de cobro de Tributos, las diligencias debían ser realizadas por el Colector de Rentas Internas.
En caso de que se trate de cobro de tributos el funcionario competente es el Director de bienes
Nacionales, Director General de Aduanas, o el Director General de Impuestos Internos.



Situación cuando se trata de Cobro de Aranceles y Arbitrios.

En caso de aranceles, el Colector de Aduanas.
En caso de que fueren arbitrios, el Tesorero del Consejo Administrativo del Distrito Municipal si el acreedor fuera el Distrito Nacional y el Tesorero Municipal, si el acreedor fuera un Municipio.
Las Instituciones u Organismos Públicos con personalidad jurídica, creadas por la ley, nacionales o municipales, seguirán el procedimiento establecido por esta ley, pero requerirán
una autorización del Poder Ejecutivo.


En caso de que se trate de aranceles y arbitrios el funcionario competente es el Tesorero
Municipal.


Ámbito de aplicación después de la publicación del Código Tributario
Para el ejercicio de estas vías de ejecución no se requerirán los procedimientos establecidos en el derecho común, si no los procedimientos especiales establecidos en este Código Tributario.


La administración Tributaria fundamentado el riesgo y comprobada la existencia del crédito, por documentos emanados del contribuyente o por documentos de la misma administración, podrá realizar las medidas cautelares establecidas precedentemente.


El Ejecutor Administrativo deberá considerar la circunstancia del caso sin dar conocimiento al interesado y decretará las medidas, si procediere, en un plazo de 5 días. Fijará en el mismo acto el término durante el cual tendrá vigencia la medida decretada, que no podrá exceder de
60 días. En caso de oposición a la medida el funcionario actuante podrá solicitar directamente el auxilio de la fuerza pública. Una vez trabada la medida, se notificará al interesado la resolución que la ordena.


Medidas Ejecutorias. El Ejecutor Administrativo ordenara requerir al deudor para que en el plazo de 5 días a partir de la siguiente notificación, pague el monto del crédito en ejecución u oponga excepciones en dicho termino, bajo apercibimiento de iniciar en su contra el embargo de bienes.


De  la  orden  de  embargo.  Vencido  el  plazo  del  requerimiento, sin  que  el  deudor  haya obtemperado al pago ni haya opuesto excepciones, el Ejecutor administrativo, mediante providencia, ordenará trabar embargo sobre los bienes del deudor.


La resolución dictada para el Ejecutor Administrador señala, la fecha en que se llevará efecto la subasta de los bienes embargados la que se realizara en un término no menor de 30 días a partir del embargo.


La subasta se hará bajo la presencia de un funcionario designado al efecto por la administración ejecutante, quien firmara el acta de adjudicación junto con el adjudicatario y la persona indicada por la caja de ahorros para obreros y Monte de Piedad par llevar a cabo la subasta.

Los subastadores deben depositar en la caja de ahorros para obreros y Monte de Piedad el
10% por lo menos de los bienes inmuebles. La adjudicación se hará mediante acta al mejor postor en pago al contado.


La ley 11-92 del 15 de mayo de 1992 (Código Tributario), responde a esa necesidad de modernización. Ella procura reforzar la administración tributaria y al efecto el Código Tributario la ha provisto de poderes especiales.


Dentro de la estructura tributaria cuatro aspectos son particularmente relevantes para las vías de ejecución: La aparición del ejecutor Administrativo Tributario, el establecimiento del Tribunal Contencioso Tributario (ahora Contencioso Administrativo), los poderes atribuidos a las Direcciones Generales de Impuestos sobre la Renta, Rentas internas (actualmente Dirección General de Impuestos Internos, según la ley 166-97), y la gran desigualdad en que se encuentran los contribuyentes y responsables del pago de los impuestos y sus derivados frente a la administración tributaria.


Luego de la publicación del Código las medidas trabadas a favor del Estado Dominicano adquieren gran relevancia en razón de que se instituyen aquí nuevos organismos persecutores y ejecutores de las mismas, logrando trabar medidas sin autorización previa de juez competente, sino solamente cumpliendo con los procedimientos establecidos en dicha ley. O sea el sistema permite a la administración tributaria llegar tanto a la determinación de sus propios créditos y constituirse sus propios títulos sin la intervención de órgano alguno ajeno.

TEMA 25
PROCEDIMIENTOS ANTE EL JUZGADO DE PAZ



El Artículo 1 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL establece un sin número de casos que son competencia exclusiva del juez de paz, entre los que tenemos:


Las acciones puramente personales o mobiliarias, en única instancia, tanto en materia civil como comercial, hasta concurrencia de la suma de 3 mil pesos, y con cargo a apelación hasta el valor de 20 mil pesos.


Conocen, sin apelación, hasta la suma de 3 mil pesos, y a cargo de apelación, por cualquier cuantía a que se eleve la demanda:
a.  De las acciones sobre pago de alquileres o arrendamientos, de los desahucios. b.  De los lanzamientos y desalojo de lugares, entre otras.


Conocen  de  toda  demanda  reconvencional  o  sobre  compensación,  que  por  su naturaleza o cuantía estuvieren dentro de los límites de su competencia.


Conocen, cualquiera que sea su importancia, de las demandas reconvencionales sobre daños y perjuicios basadas en la misma demanda principal.

Conocen, asimismo, a cargo de apelación, de las demandas sobre mensuras, apeo y deslinde de tierras.


Apoderamiento del tribunal: el apoderamiento surge de la misma persona afectada y esta somete sus demandas a la consideración del juez apoderado. Ese apoderamiento, según las normas procésales vigentes, requiere de una acción inicial o incidental según fuere y que recibe el nombre de demanda. Esa demanda inicial o introductiva de instancia adquiere, en lo civil, los visos definidos por la ley, mientras que en lo penal esa apertura de la instancia, como fase del proceso, comienza con el apoderamiento de la actuación policial o por las actuaciones del representante del ministerio público o fiscalizador ante el juzgado de paz.


Formalidades de la citación del Juzgado de Paz: articulo 2 del Código de Procedimiento Civil, establece que Las citaciones ante los jueces de paz, contendrán la fecha del día, mes y año; los nombres, profesión y domicilio del demandante; nombres, morada, domicilio y calidad del alguacil; nombres y morada del demandado; enunciarán sumariamente el objeto de la demanda, y los medios en que se funda, indicando el juez de paz que habrá de conocer de ella, y el día y hora de la comparecencia.


Diferencia entre citación y emplazamiento: El emplazamiento no es más que el requerimiento que se le hace a una persona para que comparezca por ante un juez en el plazo indicado en el mismo a los fines de que este se oponga a la demanda y pueda defenderse de algunos cargos. La diferencia entre la citación y el emplazamiento radica en el hecho de que

la citación indica con precisión el día y la hora de la comparecencia mientras que el emplazamiento indica la fecha en que es lícito acudir al tribunal.


Reglas para la notificación de las citaciones ante el juez de paz. En materia puramente personal o mobiliaria, la citación se hará por ante el juez de paz del domicilio del demandado; y en caso de no tenerlo, para el juez de paz de su residencia.


La citación se hará para ante el juez de paz del lugar en que radique el objeto litigioso, siempre que se trate:
1.  De las acciones noxales, o sean los daños causados en los campos, frutos y cosechas.
2.  Mutación de límites, usurpación de terrenos, árboles, empalizadas, zanjas y demás cercas, siempre que se hayan cometido dentro del año de la demanda; así como también de las empresas que versaren sobre el curso de las aguas y de todas las demás acciones o interdictos posesorios, sirviéndoles de base la circunstancia de que se intenten dentro del año de la turbación.
3.  De las reparaciones locativas.
4.  De las indemnizaciones que reclamare el arrendatario o inquilino interrumpido en el goce, siempre que no se le contradiga su derecho; y de los deterioros que alegare el propietario.


Toda citación será diligenciada por un alguacil del domicilio del demandado, debiendo dejarle copia de ella. En caso de no hallarse en su domicilio persona alguna a quien entregarla se le dejará al síndico municipal en las cabeceras de municipios, y al alcalde pedáneo en los campos; y el original será firmado sin costo por dichos funcionarios.


Entre el día de la citación y el de la comparecencia, mediará por lo menos un día, si la parte residiere a distancia de  30  kilómetros. En caso de  inobservancia de dicho plazo, si el demandado no compareciere, el juez de paz ordenará que se le cite nuevamente, con cargo al demandante de las costas de la primera citación.


Posibilidad de abreviación del plazo de comparecencia  ante el Juez de Paz: Los jueces de paz pueden, en casos urgentes, con el objeto de abreviar los plazos, permitir la citación por medio de una cédula, y aún para el mismo día, a la hora que indique, en virtud de lo establecido en el artículo 6 del Código Procesal Civil.


Necesidad del ministerio de abogado. Es necesario el ministerio de abogado por aplicación de la ley 91 de 1983 que creó el colegio de abogados.


Audiencias ante el juzgado de paz.
Los jueces de paz tendrán audiencia todos los días, pudiendo juzgar hasta los domingos y días festivos, y a mañana y tarde, y aun celebrar audiencia en su casa morada, con tal de que sea a puertas abiertas.
Art. 9.- Las partes comparecerán el día fijado por la citación, o aquel en que ellas hubieren convenido, bien personalmente, o por medio de apoderado, sin que de modo alguno pueda mediar notificación de defensa ni alegato escrito.

Art. 10.- Las partes se explicarán ante el juez de paz con toda moderación, observando el comedimiento y respeto debido a la justicia. Si alguno contraviniere este precepto, el juez de paz le hará por primera vez una admonición; y en caso de reincidencia, podrá imponerle una multa que no exceda de cinco pesos, con fijación de la sentencia en el local del juzgado de paz.
Art. 11.- En el caso de insulto o irreverencia grave contra el juez de paz, éste hará levantar acta sobre ello, condenando al culpable o los culpables a tres días de prisión. Art. 12.- Las sentencias pronunciadas en los casos determinados por los artículos que anteceden serán provisionalmente ejecutorias.
Art. 13.- Las partes o sus apoderados serán oídos contradictoriamente. Su causa se fallará en seguida, o en primera audiencia, exigiendo el juez de paz el depósito de piezas, cada vez que lo estime necesario.
Art. 14.- Cuando alguna de las partes manifestare su voluntad de inscribirse en falsedad, negare algún escrito o declare que no lo reconoce, el juez de paz le dará constancia de ello, rubricará el documento, y remitirá la causa por ante los jueces que deban conocer de ella.
Art. 15.- En los casos en que hubiere ordenado un interlocutorio, la causa se fallará definitivamente dentro de cuatro meses contados desde la fecha del interlocutorio; después de cuyo transcurso, la instancia quedará extinguida de derecho, y la sentencia que se hubiere pronunciado sobre el fondo será apelable aun en las materias de que conoce el juez de paz en último recurso y anulada a requerimiento de la parte interesada. Cuando la instancia se extinguiere por culpa del juez de paz,
serán a su cargo los daños y perjuicios.



Sanción a la incomparecencia ante el Juez de Paz: Si el demandante no se presenta, el juez descargará al demandado de la demanda, por una sentencia que será reputada contradictoria.
Si el día indicado por la citación, el demandado no comparece, se fallará al fondo por sentencia reputada contradictoria cuando la decisión requerida por el demandante sea susceptible de apelación o cuando la propiedad haya sido notificada a la persona del demandado o de su representante.



Efecto de la sanción a la incomparecencia ante el Juez de Paz: La parte oponente que por segunda vez se dejare condenar en defecto, quedará inhábil para intentar nueva oposición.


Recurso de oposición: La oposición será admisible contra la sentencia en último recurso dictada por defecto si el demandado no ha sido citado a persona o si justifica que se ha encontrado en la imposibilidad de comparecer o de hacerse representar. Ella deberá ser interpuesta en  los quince  días de  la notificación  de  la  sentencia  hecha  por  el alguacil comisionado por el juez. La oposición contendrá sumariamente, los medios de la parte, y citación al próximo día de audiencia, observando sin embargo los plazos prescritos para la citación; indicará el día y la hora de la comparecencia, y será notificada como se dice arriba. Se hará aplicación del artículo 156 a las sentencias por defectos, así como a las sentencias

reputadas contradictorias, en virtud de los artículos 19 y 20. Sin embargo, la notificación hará mención de los plazos de oposición o de apelación propios al juzgado de paz.


Competencia de atribución del juzgado de paz ordinario: El artículo 1 del Código de Procedimiento Civil establece un sin número de casos que son competencia exclusiva del juez de paz, entre los que tenemos:
o Las acciones puramente personales o mobiliarias, en única instancia, tanto en materia civil como comercial, hasta concurrencia de la suma de tres mil pesos, y con cargo a apelación hasta el valor de veinte mil pesos.


o Conocen, sin apelación, hasta la suma de tres mil pesos oro, y a cargo de apelación, por cualquier cuantía a que se eleve la demanda:
de las acciones sobre pago de alquileres o arrendamientos, de los desahucios, de las demandas sobre rescisión de contratos de arrendamiento fundadas únicamente en la falta de pago de los alquileres o arrendamientos.
de los lanzamientos y desalojo de lugares.
de las demandas sobre validez y en nulidad de embargo de ajuar de casa, por el cobro de alquiler.
De las indemnizaciones reclamada por el inquilino o arrendamiento, por interrupción del usufructo o dominio útil, procedente de un hecho del propietario;
sobre las reparaciones locativas de las casas o predios rústicos colocados por la ley a cargo del inquilino;
sobre las acciones civiles por difamación verbal y por injurias públicas o no públicas, verbales o por escrito, que no sean por medio de la prensa;
sobre las acciones civiles por riñas o vías de hechos; y todo ello cuando las partes ofendidas no hubieren intentado la vía represiva.


o Conocen de toda demanda reconvencional o sobre compensación, que por su naturaleza o cuantía estuvieren dentro de los límites de su competencia; aun cuando en los casos previstos por este artículo, dichas demandas, unidas a la principal, excedan la cantidad de diez mil pesos oro.
o Conocen, cualquiera que sea su importancia, de las demandas reconvencionales sobre daños y perjuicios basadas en la misma demanda principal.
o Conocen, asimismo, a cargo de apelación, de las demandas sobre mensuras, apeo y deslinde de tierras, en los términos que prescribe la ley sobre agrimensura en vigor.




El embargo de locación:
Es aquel que se ejerce sobre los bienes muebles que guarnecen los lugares alquilados o arrendados. Es un embargo mobiliario conservatorio, en provecho del arrendador de un inmueble.


Los propietarios e inquilinos principales de casas o bienes rurales, haya o no contrato por escrito, pueden, después de un día del mandamiento de pago y sin previo permiso del juez de paz, hacer embargar por deuda de alquileres y arrendamientos vencidos, los efectos y frutos que se encuentren en dichas casas o establecimientos rurales y en las tierras que a ellos correspondan. Pueden también hacer que se embarguen al instante, en virtud de permiso que se haya obtenido del juez de paz, previa solicitud al efecto. Están asimismo facultados para hacer el embargo del ajuar que tenga la casa o la finca, cuando ha sido quitado de su sitio sin su consentimiento, y conservar su privilegio sobre él con tal que hayan efectuado su reivindicación conforme a lo dispuesto en el artículo 2102 del Código Civil.


Los efectos de los subarrendatarios o sub-locatarios que estén en los lugares ocupados por ellos, y los frutos de las tierras que subarrienden, se pueden embargar a causa de los alquileres o arrendamientos adeudados, por el inquilino o arrendatario de quien los hubieron; pero obtendrán la suspensión del procedimiento, justificando que han pagado sin fraude, no pudiendo oponer pagos hechos adelantados o sea con anticipación.


El embargo de esta clase se hará en la misma forma que el ejecutivo, pudiéndose constituir depositario al mismo a quien se embarga; y en caso de que haya frutos se procederá conforme a lo que prescribe el título IX del libro anterior.


El embargo contra el deudor transeúnte: Este embargo ha sido llamado también embargo foráneo. El artículo 822 C. P .C. establece: Todo acreedor, aunque carezca de título, puede, sin previo mandamiento de pago, pero con permiso del presidente del tribunal de primera instancia, y aún del juez de paz, hacer embargar los efectos que encuentre en la común en que resida y que pertenezcan a su deudor transeúnte. Artículo 823.- El que embarga será el depositario de los efectos, si están en su poder; y en caso contrario se establecerá uno. Artículo 824.- Tratándose de los embargos a que se contrae el presente título, no se podrá proceder a la venta sino después que haya sido declarada la validez de aquellos; y en el caso del artículo 821, el embargado, y el que embarga en el del artículo 823, o el depositario si lo hubiere, serán condenados a la presentación de los efectos por apremio. Artículo 825.- Además de esto, se observarán las reglas anteriormente prescritas para el embargo ejecutivo y para la venta y distribución de las sumas que de él provinieren.


El embargo retentivo entre esposos: Este embargo se encuentra establecido en el artículo
214 del Código Civil, el cual fue modificado por la Ley número 855 del 1978 que dispone que cada uno de los esposos debe contribuir con los gastos del hogar y la educación de los hijos

y que a falta de uno de los cónyuge cumplir con su obligación, el otro puede embargar retentivamente, cobrar de sus salarios o de las rentas de éste, una parte proporcional a sus necesidades.


Autorización.


El acreedor no puede embargar sino después de haber obtenido auto del Juez de primera Instancia o de paz, a su elección. En razón de la materia tienen competencia tanto el juez de primera instancia como el juez de paz. En razón del territorio, el juez de primera instancia o de paz del domicilio del acreedor.


Una vez obtenida la autorización y en caso de que los bienes se encuentren en poder de un tercero que se niegue a presentarlos al ministerial actuante el acreedor tendrá que recurrir al embargo retentivo.


Competencia.


Practicado el embargo se debe proceder a su validación. 2. Solo es competente para conocer de la demanda en validación el Juez de Primera Instancia donde fue practicado el embargo.
3. La Sentencia que valida el embargo lo convierte en ejecutivo y hasta puede fijar el día de la venta. Posteriormente se observarán las reglas prescritas para la venta y distribución de las
sumas provenientes de ésta.


Poderes del juez.


Derechos fundamentales vinculados a cada una de estas actuaciones.


Derechos Afectados con Cada Embargo 1. Derecho a la Propiedad 2. Derecho a la intimidad
3. Derecho a la dignidad 4. Derecho a un debido proceso 5. Discriminatorio, en cuanto al deudor transeúnte 5. Violación del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia y otros documentos privados



Normativa en que se fundamentan cada una de ellas.
  Con relación al embargo contra el deudor transeúnte El Código de Procedimiento Civil lo designa específicamente en su artículo 822.
   Este embargo se encuentra establecido en el artículo 214 del Código Civil, el cual fue
modificado por la Ley número 855 del 1978.


Carácter de la decisión.
  Las  sentencias  emanadas en  este  tipo  de  embargo  retentivo  entre  esposos  son ejecutorias provisionalmente, no obstante apelación ni oposición. Esta decisión puede ser modificada en caso de variar la situación respectiva de los esposos.






La Prenda sin Desapoderamiento previsto en le Ley núm 6186 del 12 de febrero de 1963 de Fomento Agrícola organiza entre otras cosas, la prenda sin desapoderamiento, que consiste en la garantía otorgada al amparo de esta ley sobre frutos, materias primas, productos elaborados, animales, equipos u otros bienes muebles para garantizar las obligaciones que se contraigan por préstamos, créditos y demás operaciones de créditos, conservando el deudor la posesión de los bienes dados en garantía.


Se denominará prenda sin desapoderamiento la garantía otorgada al amparo de la presente ley,  sobre frutos cosechados o  por  cosechar, materias primas, productos elaborados o semielaborados, animales, vehículos, equipos, maquinarias, combustibles, instrumentos, utensilios, herramientas, materiales u otros bienes mobiliarios, para garantizar las obligaciones que se contraigan por préstamos, créditos, fianzas y demás operaciones de crédito, conservando el deudor la posesión de los bienes dados en prenda, cuidadosa y gratuitamente, y el derecho de usarlos conforme a su destino, cuando se trate de bienes consumibles. Esta garantía puede ser otorgada o recibida por cualquier persona natural o jurídica".



Inscripción del Contrato. Estos contratos se suscriben ante cualquier Juez de Paz, sin embargo cuando el acreedor no sea el Bco. Agrícola se inscribirán ante el Juzg. de Paz del domicilio del deudor, debiendo devolverlo al acreedor dentro de los 5 días seguidos a la inscripción.


Requerimiento de entrega:


Una vez requerida la venta, el Juez de Paz ordenará al deudor que entregue los objetos. Dicha orden será entregada personalmente o en su domicilio, y en caso de no encontrarse allí persona alguna con calidad y capacidad para recibir dicha notificación, será ésta remitida al Síndico del Ayuntamiento o al Alcalde Pedaneo de la Sección, según el caso; y de no hacerse la entrega de los objetos en el término que lo indique el Juez de Paz, que será ordinario y no mayor de cinco días ni menor de uno, dicho funcionario levantará acta de la negativa de entrega.



Comisión rogatoria: Si los bienes se encuentran en otra jurisdicción, el Juez debe dar comisión rogatoria al Juez de esta jurisdicción para que proceda a incautar los bienes.


El persiguiente puede entonces solicitar de cualquier Juez de Paz del municipio donde resida el vendedor o donde se encuentre la cosa, que dicte auto ordenando la incautación de ésta en cualesquiera manos en que se encuentre.

Proceso de Entrega Voluntaria. El Juez ordena mediante auto al deudor que entregue los objetos dados en prenda, en el término que éste indique en su auto, el cual no podrá ser mayor de cinco días ni menor de uno.


Plazo para esta solicitud. Articulo 214.- "Dentro de los noventa días subsiguientes al vencimiento de un crédito o préstamo, por alguna de las causas indicadas en el artículo anterior, sin que se haya pagado la suma debida y garantizada, el tenedor del contrato requerirá mediante instancia al Juez de Paz de la jurisdicción en que se hubiere inscrito la operación, la venta de los bienes dados en garantía, para lo cual deberá anexarse dicho contrato al requerimiento.


Párrafo.- Si el tenedor del contrato es el Banco, podrá formular el requerimiento arriba señalado cuando lo juzgue conveniente, y respecto del Banco no tendrá aplicación el artículo
221 de esta Ley"


Negativa de entrega:


En Caso de Negativa de Entrega de la Prenda, el Juez de Paz Levanta un Acta de Negativa y Procede a la Incautación y a Fijar la Venta. Art. 215.- "…y de no hacerse la entrega de los objetos en el término que lo indique el Juez de Paz, que será ordinario y no mayor de cinco días ni menor de uno, dicho funcionario levantará acta de la negativa de entrega, y se incautará de ellos en cualesquiera manos en que se encuentren, mediante levantamiento de un proceso verbal cuyo costo, así como el de todos los derechos y demás gastos pagados con ese fin, serán cargados como gastos privilegiados al producto de la venta de los mismos.


El Juez de Paz designará un guardián que tendrá a su cargo conservar la prenda para entregarla en el lugar y el día de la venta.


Párrafo I.- En caso de que los bienes dados en garantía hayan desaparecido, el juez de paz levantará un proceso verbal de carencia cuya copia certificada por el Secretario será depositada por el mismo en la oficina del Fiscalizador para que éste, a su vez, apodere del conocimiento de la causa al Juzgado de Paz en sus atribuciones penales.
Párrafo II.- Cuando el tenedor del contrato sea el Banco, el juez apoderado percibirá en cada caso la suma de RD$1.00 como honorarios por la ejecución del contrato"



Incautación de la Garantía. A falta de pago de la obligación por parte del deudor, el acreedor requerirá al Juez de Paz de la Jurisdicción en que se hubiere inscrito el contrato, la venta de los bienes dados en garantía, para lo cual deberá anexar dicho contrato.


Proceso Verbal de Incautación. En caso de que el deudor no realice la entrega en el término que indique el Juez de Paz, éste levantará acta de la negativa de entrega y se incautará de ellos en cualquier lugar en que éstos se encuentren, mediante el levantamiento de un proceso verbal. A través de este proceso verbal se designará un guardián, quien cuidará gratuitamente de las prendas y las presentará el día de la venta.

Acta de Carencia. Si no encontrara nada que incautar, levantará un acta de carencia, cuya copia certificada por el Secretario será tramitada ante el Fiscalizador del Juzgado de Paz para que éste a su vez apodere del conocimiento de la causa al Juzgado de Paz en sus atribuciones penales contra el deudor que ha distraído los bienes dados en prenda.


Publicidad. La venta será anunciada 3 días por lo menos, por medio de avisos en la puerta del Juzgado de Paz donde debe efectuarse, y en otros sitios públicos escogidos a discreción del Juez de Paz a más tardar una vez vencido el plazo para la entrega.


Venta en Pública Subasta. El Juez de Paz ante quien se haga la venta en pública subasta una vez deducidas las costa de la venta deberá entregar al tenedor del contrato, del producto de la misma, el importe del préstamo y de sus accesorios con preferencia a cualquier otro acreedor o a cualquier otra persona que pudiera reclamar derechos contra el deudor sobre aquellos bienes dados en garantía.


La Subasta. Si resultare incautado el bien dado en prenda, se procederá a la venta mediante auto fijando el día y hora de la venta en pública subasta, mediante el cual se ordenará fijar los avisos para la venta en los lugares que estime pertinente, que por lo general se realiza en dos periódicos de circulación nacional, fijando luego los edictos ante la puerta del juzgado donde se celebrará la venta. Esta venta se hará en audiencia pública ante el Juzgado de Paz.

Sentencia de Adjudicación. En caso de que no hubiere licitadores, el Juez de Paz declarará al Banco como adjudicatario de los bienes incautados. Sentencia de adjudicación: Es un acto de administración judicial que da constancia del traspaso del derecho de propiedad.


Oferta real de pago en casos de prenda sin desapoderamiento:


Procedimiento
1.- Depósito de la suma ofertada por el deudor, más todos los accesorios, en Impuestos Internos de la jurisdicción donde se haya hecho la operación o en la del domicilio del deudor si lo conoce; 2.- Instancia del deudor dirigida al Juez de Paz de la jurisdicción donde se hizo el referido depósito, solicitándole que transfiera el privilegio que existe sobre la prenda a la suma depositada;
3.- Sentencia del Juez de Paz.- Constatado el crédito, que existe un contrato de prenda sin desapoderamiento, ya sea la negativa del acreedor de recibir las sumas o que el deudor no puede pagarle por desconocer ya sea su nombre o su domicilio y que se haya cumplido con el depósito de las sumas debidas en el lugar indicado por la ley, el Juez de Paz dicta sentencia donde ordena que el privilegio que existía hasta entonces sobre esos bienes sea transferido sobre la suma depositada.
4.- Publicación de un anuncio del pago durante 3 días en la puerta del Juzgado de Paz y en otros sitios escogidos a discreción del juez.

La demanda en nulidad del proceso de incautación y de la venta en pública subasta:


El art. 11 de la ley Este Auto no será susceptible de ningún recurso, n viola el derecho de defensa ni es inconstitucional pues el art. 8 de la constitución no impide al legislador declarar una sentencia o un auto cualquiera no será recurrible.


El auto de incautación tiene como finalidad inmediata dejar sin efecto el contrato de venta condicional en consecuencia las acciones a contemplar van a depender de la forma de la forma y requisitos que se observen en el procedimiento de obtención del auto.
Otra acción posible contra el auto a nuestro juicio sería una demanda en nulidad  por la vía principal y de manera accesoria  interponer el referimiento  en contra de la ejecución del auto de incautación.



La Venta Condicional de muebles. Ley núm. 483 de fecha 9 de noviembre del 1964. La venta condicional de muebles no transfiere el derecho de propiedad sino hasta que el comprador haya pagado la totalidad del precio.
Para los fines de la Ley núm. 483 se denomina venta condicional de muebles, aquella en que se conviene que el derecho de propiedad no es adquirido por el comprador mientras no haya pagado la totalidad del precio y cumplido las demás condiciones expresamente señaladas en el contrato. La competencia del Juez de Paz en esta materia es absolutamente administrativa.


Inscripción del Contrato. El vendedor condicional de muebles está en la obligación de solicitar dentro del plazo de 30 días de la fecha del contrato, la inscripción del contrato en el Registro de Ventas Condicionales de Muebles, ya sea directamente o por mediación del Director del Registro Civil del Municipio en que la venta es realizada.


Procedimiento de Incautación. Cuando el comprador haya dejado de pagar una o más porciones del precio, o de cumplir cualquiera de las prohibiciones que exige el contrato, o cuando viole cualquiera de las prohibiciones contenidas en el mismo, el vendedor o sus causahabientes podrán notificarle un acto de intimación para obtener el pago de las obligaciones adeudadas o para requerirle cumplir las obligaciones y prohibiciones violadas, otorgándole un plazo de 10 días francos y advirtiéndole que si no efectuare el pago o cumpliere la estipulación violada, la venta quedará resuelta de pleno derecho a la expiración del plazo, sin intervención judicial ni procedimiento alguno, pudiendo el vendedor o sus causahabientes reivindicar el mueble vendido en cualesquiera manos en que se encuentre.


Transcurrido el plazo otorgado en la intimación, sin que el comprador haya efectuado el pago o cumplido la condición, la venta quedará resuelta de pleno derecho, sin intervención judicial ni procedimiento alguno.


Comisión Rogatoria. El persiguiente puede entonces solicitar de cualquier Juez de Paz del municipio donde resida el vendedor o donde se encuentre la cosa, que dicte auto ordenando la incautación de ésta en cualesquiera manos en que se encuentre.

Si los bienes se encuentran en otra jurisdicción, el Juez debe dar comisión rogatoria al Juez de esta jurisdicción para que proceda a incautar los bienes.


Hoja de Ajuste de Cuentas. Una vez entregada la cosa al persiguiente, se procederá entre las partes al ajuste de cuentas. Salvo que en el contrato se haya convenido prescindir del mismo. Este debe en principio hacerse voluntariamente entre el persiguiente y el comprador y en la forma prevista en el contrato.
En ausencia de previsiones relativas al ajuste, o si no hubiera acuerdo, las partes pueden designar uno o mas peritos que hagan el ajuste de cuentas. El interesado deberá intimar a la otra parte para que dentro del plazo de la octava concurra a la designación de los peritos y si tampoco hubiere acuerdo para nombrarlos los nombrará el Juez de Paz cuando una de las partes lo solicite.


Naturaleza Jurídica de la Hoja de Ajuste. La hoja de ajuste firmada por las partes o por los peritos, según el caso y visada por el Juez de Paz construye título ejecutorio, en virtud del cual se puede proceder al embargo de los bienes del deudor.
La hoja de ajuste debidamente firmada por las partes o por los peritos, según el caso, y visada por el Juez de Paz, constituye un título ejecutorio, en virtud del cual se puede proceder al embargo de los bienes del deudor, para fines de recuperar la diferencia de dinero adeudado al vendedor, producto de la devaluación que haya experimentado la cosa con el uso dado por
el deudor, previo a la resolución del contrato.


Demanda en nulidad del proceso de ejecución:




Acciones Posesorias.


Con las acciones posesorias se persigue una real y efectiva protección a la posesión. Es necesario, para poder ejercer las acciones posesorias, que esa posesión sea pacífica, pública, continúa e ininterrumpida. Para ejercer esta acción la persona realmente debe tener la posesión de la cosa, la ley impone al demandante la carga de probar el hecho de que posee la posesión, así como la turbación que dice que ha sufrido.


La Acción Posesoria trata de proteger al verdadero propietario, contrario a lo que se podría creer a simple vista. Decimos esto porque casi siempre el propietario es quien tiene la posesión, además de la propiedad. La razón principal de la protección posesoria es evitar perturbaciones sociales, pues es difícil, en hecho, que la persona que tiene la posesión permanezca tranquila cuando es perturbada en la posesión.


El plazo para ejercer esta acción es de un año a partir del hecho que ha producido la desposesión o turbación en la misma, plazo éste que debe ser computado por el Juez de Paz. Las acciones posesorias se clasifican en: a) Querella Posesoria; b) Denuncia de obra nueva; c) Reintegrada.


Reintegrada: resulta de una desposesión, pero de manera violenta. A diferencia de las otras dos acciones en la posesión no se exige un mínimo de tiempo, basta el uso de la violencia en la  desposesión.


Esta acción la intenta un poseedor que ha sido despojado con violencia de su posesión, en contra de la persona que ha ejercido la acción violenta, en el propósito de ser reintegrado en su posesión. Aquí queda intacto el derecho de propiedad a quien corresponda, o sea que el demandado que sucumba en la acción posesoria puede posteriormente ejercer un recurso y triunfar en la petitorio.
Para ejercer la reintegranda se exigen dos condiciones: a) la posesión debe ser pacífica y pública y que la desposesión se haya realizado con violencia.


Denuncia de obra nueva: Esta acción posesoria la ejerce el poseedor de un fundo cuando el trabajo que realice el propietario del fundo colindante puede motivar en el futuro daños a su propiedad. El vecino perjudicado por la construcción nueva, intenta lograr la paralización de los trabajos recién iniciados. Al igual que en la querella se exige la prescripción de un año en la posesión para poder ejercer. La turbación padecida es futura y no actual. La sentencia que se dicta lo que ordena es la supervisión de los trabajos, pero no la destrucción de lo ya construido, pues la turbación es eventual.


Querella posesoria: Es la acción que posee todo detentador de un inmueble en cuya posesión se siente perturbado. La turbación admitida por la ley y avalada para la admisión de

esta querella es aquella que busca la desposesión del poseedor. La querella se ejerce contra el autor principal de la turbación, así como contra sus herederos y sucesores a título universal, además puede ser ejercida también contra la persona que haya ordenado el hecho que da lugar a la turbación. Cuando el Juez de paz es apoderado de una querella de esta naturaleza debe examinar a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos de posesión y perturbación requeridos y especificarlos de manera motivada en su sentencia.


Participación del juez de paz en la aplicación de la ley 125-01, Sobre Electricidad:
En caso de producirse un conflicto entre las partes, para ingresar a un terreno, ya sea municipal, estatal o pertenezca a particulares, corresponderá al juez de paz de la ubicación del inmueble dirimir la situación conforme a las reglas establecidas por el Código de Procedimiento Civil, con facultad para determinar cuando los afectados así lo soliciten las indemnizaciones a que pudiere tener derecho el propietario del terreno por el perjuicio que les provocaren tales actividades.


Será deber del beneficiario de una concesión definitiva el gestionar con los derechohabientes del predio, una solución amigable del uso de las servidumbres o apropiaciones que requiera la concesión. Si tal diligencia fallare o las partes no alcanzaren acuerdo, el juez de paz de la ubicación del inmueble conocerá el conflicto, conforme a su competencia. Los costos y pagos de cualquier naturaleza estarán a cargo del concesionario.


A falta de acuerdo entre las partes, todas las dificultades o cuestiones que en cualesquier tiempo y personas surgieren a propósito de los derechos a ingreso, servidumbres y erección de mejoras que se contemplan en esta ley, corresponderá dirimirlas al juez de paz de la ubicación del inmueble, enmarcado dentro de las previsiones del artículo 1, párrafo II del Código de Procedimiento Civil, modificado por la ley número38-98, del 6 de febrero de 1998. El beneficiario de una concesión definitiva, que mediante  las opciones previstas en esta ley haya obtenido la atribución de una servidumbre de paso u ocupación, podrá hacerla inscribir y ejecutar por ante la jurisdicción de tierras.


Participación del juez de paz en la Ley 126, Sobre Cuota Parte.
Descripción: Describe el procedimiento de captación por parte del Estado Dominicano de terrenos pertenecientes a particulares que utilizan o estén en la posibilidad de utilizar las aguas de un canal construido por el Estado. Se trata de un procedimiento administrativo que se lleva a prima fase ante el juez de paz, quien si no hubiere oposición levanta acta de cesión legal una vez que se haya comprobado el cumplimiento a todos los requisitos legales previos a la instrumentación del acta. En dicha acta se indicará todos los datos respecto del cumplimiento de los requisitos exigidos en los párrafos 3 y 4 del Artículo 70 de la misma ley y se articularán los nombres y direcciones de las personas notificadas o de aquellas que a cualquier título hubieren recibido la notificación.


De conformidad a la ley, previo a la instrumentación del acta, el Director del Instituto Agrario Dominicano solicita al propietario el pago de la porción en naturaleza por cuota parte que debe traspasar al Estado por aplicación de la ley. Esta solicitud se hace mediante acto de alguacil, indicando la fecha en que funcionarios del Instituto Agrario Dominicano visitarán los terrenos con

el fin de seleccionar la porción de terreno a cederse al Estado Dominicano. El propietario tiene un plazo de 15 días contados a partir de la notificación para hacer alegatos por escrito y 30 días para hacer la entrega voluntaria. Sino hubiere oposición, el Juez de Paz, levanta el acta de cesión.


En caso de que el propietario no comparezca sin hacer oposición a la entrega voluntaria, el Juez levanta el acta de cesión en ausencia de las partes, debiendo verificar si el interesado (IAD) ha dado cumplimiento a los requisitos legales previos. En caso de oposición del propietario a la entrega voluntaria se procede a fijar audiencia y se realiza un procedimiento civil ordinario, con lo que se inicia la segunda fase que toma un carácter contencioso.


Demandas en resciliación de contrato de alquiler, fundamentadas en la falta de pago, cobro de alquileres vencidos y desalojos.
La demanda en desalojo por falta de pago se lleva por ante el Juzgado de Paz, de la
jurisdicción competente siempre que no exista contestación sobre el contrato. Si ocurren contestaciones al contrato de inquilinato, el Juzgado de Paz queda desapoderado inmediatamente, y debe remitir las partes por ante el Tribunal de Primera Instancia. Tampoco puede conocer las demandas en desalojo fundadas en otros motivos (expuestos en el artículo
3 del Decreto número 4807, de 1959). Vale resaltar que el artículo 3 del citado Decreto número
4807 omite pronunciarse sobre las disposiciones del Artículo1737 del Código Civil, en el sentido de que el término del contrato hace innecesario el desalojo. Por esta razón, el término del contrato no está considerado como causa de desalojo. La segunda particularidad de esta demanda es que se introduce como Demanda en Cobro de Pesos por falta de pago de los Alquileres Vencidos, Rescisión de Contrato de Inquilinato y Desalojo. Puede incluir, accesoriamente, daños y perjuicios. Por último, debe recordarse que ante el Juzgado de Paz el enrolamiento de la causa vale citación para las partes: no es necesario hacer una instancia de fijación de audiencia, sino determinar los días en que el Juzgado de Paz conoce los asuntos civiles, y notificar al inquilino una citación para que concurra ante esta instancia con un día plazo franco, entonces el apoderamiento es extrajudicial


Oferta real en la demanda en cobro de alquileres.


Los inquilinos de casas que hubieran sido demandados en desahucios por falta de pago de alquileres, tendrán oportunidad para cubrir al propietario la totalidad de la suma adeudada más los gastos legales hasta el monto en que deba ser conocida en audiencia, la demanda correspondiente. En estos casos los Jueces deben sobreseer la acción cuando comprueben que el inquilino ha puesto a disposición del propietario, el total de los alquileres y los gastos adeudados, y que éste se ha negado a recibirlos.


Todo inquilino que se encuentre en el caso previsto en el párrafo anterior, podrá depositar el total de los alquileres y gastos adeudados al propietario, en la Oficina del Banco Agrícola correspondiente, o llevar dicha suma a la audiencia para entregarla al propietario o a su representante legal ante el propio Juez que conozca de la demanda, o por su mediación.

Demanda en reparaciones locativas.


Es aquella demanda la cual está a cargo del inquilino, por daños causados al inmueble alquilado durante el goce y disfrute del mismo. Daños estos que pueden ser comprobados mediante la utilización de peritos, o mediante inventario estipulado en el contrato de inquilinato.


Esta demanda casi siempre se inicia luego de un desalojo o la entrega voluntaria del inmueble. El propietario al comprobar que el inquilino durante el disfrute y goce no hizo las reparaciones que la ley o los del contrato disponen a su cargo.


La reparación locativa, no es más que las reparaciones que le deben hacer al inmueble y sus anexidades (arreglos a puertas, llaves de agua, baños, pinturas, etc.). Esas reparaciones reputadas como locativas serán de cuenta del inquilino, cuando son ocasionados por vetustez o fuerza mayor.


Su competencia es del conocimiento del juez de paz del lugar donde se encuentra el inmueble.


Demanda en devolución de depósitos de Alquileres.
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Ley 4314, del 29 de octubre de 1995. esta ley regula la prestación, aplicación y devolución de los calores exigidos en los depósitos por los dueños de casas a sus inquilinos.
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El depósito de los alquileres se hará en el Banco Agrícola por los propietarios de los valores exigidos a los inquilinos como depósitos, adelanto o anticipo, para garantizar el pago de los alquileres o cualquier otra obligación legal o convencional derivada del contrato.


Cuando el inquilino o arrendatario es interrumpido o molestado en el goce y disfrute del usufructo o domino útil en el inmueble alquilado o arrendado, por parte del propietario. Se demanda por ante el juez de paz del domicilio en que se encuentra el inmueble, a fin de que cesen las molestas; pudiendo reclamar de manera subsidiaria la condenación en daños y perjuicios del propietario.


Observación: el demandante propietario o inquilino deberá depositar junto con la demanda el recibo original o certificado del banco Agrícola de la República Dominicana demostrativo de haberse realizado el depósito previsto en el artículo 1 de la Ley 4314.


Demandas en reparación de daños noxales:


Son aquellos causados por animales o por el hombre en la cosecha, los frutos o los campos. Para la reparación de los daños causados por animales es necesario que la parte perjudicada aprese a las bestias y lo comunique al Alcalde Pedáneo del Lugar para que exija del dueño de los animales la reparación de estos daños.

La competencia de los Juzgados de Paz viene dada en base a lo establecido en el artículo
1er., párrafo IV, del C.P.C., modificado por la Ley 38-98 y en base al Artículo76 y 88 de la Ley de Policía.


La acción en daños noxales puede ser dirigida por el propietario, el arrendatario, el usufructuario y el locatario. Esta acción puede ser llevada directamente por la vía civil o puede ser llevada conjuntamente con la acción pública. Como se trata de asuntos de hechos existe la libertad de prueba.




Fijación de sellos: Es una medida conservatoria destinada a impedir que los efectos mobiliarios, valores o documentos de una persona desaparezcan. La competencia de los juzgados de paz para la fijación de sellos viene dada en virtud de lo establecido en los artículos
907 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.


La fijación de sellos puede ser hecha por:
  causa de fallecimiento
  por estar prevista por la ley
  de manera facultativa por el juez.


La fijación de sellos no es más que una banda de tela o de papel que tiene que llevar encima obligatoriamente el sello del juzgado de paz, se hace para evitar que el bien sobre el cual se fija el sello sea abierto, roto o adulterado.


El procedimiento llevado a cabo en la ejecución de esta medida se realiza mediante instancia dirigida al Juez de Paz acompañada de los documentos justificativos por la parte requeriente, debiendo el juez examinar dichos documentos y de estimarlos correctos dictar un auto señalando día, hora y lugar de la fijación.


El Juez de Paz asiste a la fijación de sellos acompañado del Secretario del Tribunal y levanta un acta detallando minuciosamente los objetos sellados y en caso de ausencia de bienes, levanta un Acta de Carencia.


Luego de fijados los sellos se designa uno o varios guardianes de los bienes sellados que pueden ser el residente en la vivienda o uno fijado de oficio por el Juez. Una vez fijados los sellos y dentro del plazo de 24 horas deben informar al Juez de Primera Instancia, el procedimiento de fijación de sellos realizado, para fines de inscripción y registro.


Atribuciones notariales del juez de paz.


La Ley del Notario faculta a los Jueces de Paz a ejercer las funciones de notario en aquellos municipios donde no hubiere notario, o si habiéndole este se encontrare imposibilitado para ejercer sus funciones. Otras leyes lo facultan a ejercer funciones notariales aún cuando haya notarios.
Cuando el Juez de Paz hace las veces de notario tiene la misma calidad de este oficial para recibir actos a los cuales las partes quieren darle carácter de autenticidad, darle fecha cierta, conservándolos en depósitos y expedir copias de los mismos, así como para dar carácter de autenticidad a las firmas o huellas estampadas por los otorgantes de un acto bajo firma privada, debiendo sujetarse en cualquier caso a todas las disposiciones prescritas en la ley No. 301 del Notariado, teniendo así los mismos deberes, atribuciones y prohibiciones que tiene el Notario en el ejercicio de sus funciones.

El Juez de Paz debe conservar y preservar los originales de las actas auténticas que instrumente y los documentos que se anexen, asignando un número para cada una de las actas de acuerdo al orden de fecha en que se instrumenten, formando así una especie de protocolo con todas estas actas y los documentos que pasan a formar para del archivo del tribunal que se encuentra bajo la responsabilidad del Secretario del Tribunal y la supervisión del Juez.


Apertura de puertas en caso de embargo o desalojo.


Es un proceso administrativo en el cual el Juez de Paz es requerido por un Alguacil, quien al momento de ejecutar una sentencia, un mandamiento de una autoridad judicial competente o la realización de un embargo ha tenido dificultades por encontrar las puertas del lugar correspondiente cerradas.


El Juez de Paz es competente no sólo para abrir la puerta del edificio sino también los muebles cerrados, ubicados dentro del mismo, a medida que el procedimiento lo vaya requiriendo. Esta competencia del juez está dada en el artículo 587 del código de procedimiento civil.


El Ministerial no requiere de citación para acudir ante el juez de paz, sin embargo es necesario señalar que el traslado del juez de paz, sólo procede cuando exista un título ejecutorio o una ordenanza del juez de los referimientos que ordene la ejecución de dicha medida.


Durante este procedimiento el juez no está obligado a levantar ningún acta, pero sí debe firmar la que levante el Ministerial.



Registro de estampa:


Se trata de una gestión administrativa, puesta a cargo del hatero o aquel que se dedica a la crianza de animales, ganado vacuno, caballar, de lana o de cerda. Es la obligación de poseer una señal que esencialmente corresponde a las iníciales del propietario, aunque no necesariamente, y un hierro para estampar la señal y distinguir con ellos sus animales de los de los demás hateros y criadores.


Derechos fundamentales  vinculados a estas peticiones


tratándose esta de una actuación que afecta derechos fundamentales, la motivación de la misma debe de realizarse no sólo cumpliéndose con las exigencias “normales” de toda resolución, sino que además se debe exteriorizar que se han tenido en cuenta las garantías y cautelas que en cada caso deban valorarse, para poder, legítimamente, afectar el derecho fundamental de que se trate.


Derecho-deber; Derecho a la motivación (Art.40 Ord. 2 y 12 de la Constitución)


2) Toda autoridad que ejecute medidas privativas de libertad está obligada a identificarse;

12) Queda terminantemente prohibido el traslado de cualquier detenido de un establecimiento carcelario a otro lugar sin orden escrita y motivada de autoridad competente;


Los derechos fundamentales que se vulneran o se pueden vulnerar con la Apertura de Puertas son: Derecho al Honor y a la intimidad.- Son derechos de que están investidas las personas a fin de permanecer reservados a injerencias extrañas, aquellas zonas de la persona o grupo familiar que constituye su vida privada y donde esta se desenvuelve.


Derechos fundamentales que se vulneran con la fijación de sellos son: Derecho al Honor y a la intimidad Inviolabilidad del domicilio Derecho a un proceso con todas las garantías Derecho de propiedad. Garantiza el ámbito de la privacidad que está dentro del espacio limitado que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse por quedar inmune a las invasiones o agresiones exteriores de otras personas o de la autoridad pública


Descripción de procedimientos.
Propietario: 1. Estampa su señal sobre un pedazo de zinc o madera (copia de la estampa). 2. Se presenta ante el Juzgado de Paz del lugar donde se encuentran los animales para efectuar el depósito de la copia de su estampa. Se acompaña de dos testigos mayores de edad y del Alcalde Pedáneo de la Sección, para que testifiquen que la copia de la estampa depositada es la del hatero o criador que hace la declaración y depósito y que la misma corresponde a la señal que utiliza para distinguir sus animales.
Juez de Paz: Levanta un acta de todo lo relacionado con la señal y estampa, su
depósito, y las generales de los comparecientes, la cual instrumenta en un libro de
Registro destinado para esos fines en el Tribunal.
Secretario: Expide copia al interesado del acta instrumentada por el Juez de Paz, libre
De todo costo, salvo el pago de los impuestos fiscales.


Relacionado con el Registro de Estampa, pueden presentarse dos situaciones distintas:
1. Cualquier persona que destruya o modifique las señales que el dueño haya puesto al animal, sin justificar haberlo adquirido legalmente, siendo responsable de la modificación o destrucción de la señal será considerado como ladrón y juzgado como tal. El Juzgado de Paz será competente sólo cuando el valor de los animales cuyas señales hayan sido destruidas, no exceda los límites de su competencia (RD$5,000.00) siguiendo para ello, en caso en que lo fuera, el procedimiento correccional. Si el valor de los animales excediera los límites de su competencia declarará su incompetencia.


2. La segunda situación que se presenta con relación a la estampa es un posible conflicto sobre la misma, cuando un mismo animal presenta dos o más señales que pertenecen a distintas personas, quienes alegan ser los dueños del animal. El proceso comprobatorio de la propiedad será conocido por el Juez de Paz, a quien corresponde determinar jurisdiccionalmente a quien corresponde legítimamente la señal.


En cuantos a los actos dictados por el juez en materia administrativa no adquieren la autoridad de la cosa juzgada y por tanto son provisionales y que no son susceptibles de recursos; y por

vía de consecuencia su nulidad e ilegalidad puede perseguirse por una vía de acción y de excepción
En cuanto a las sentencias los recursos son la oposición y la apelación.


Apoderamiento del tribunal.


En materia graciosa o voluntaria  el tribunal resulta apoderado desde el momento en que es depositada la instancia al secretario del tribunal.
El Juzgado de Paz se apodera por medio de citación, sometida a los requisitos del derecho común para todos los actos de alguacil. El demandante no tiene que hacer fijar el día de la audiencia antes de notificar la citación puesto que el Juzgado de Paz celebra audiencias todos los días El plazo entre la citación y la audiencia, según el artículo 5, es un día franco aumentable en razón de la distancia, según lo establece el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil.

El juzgado de paz en atribuciones de simple policía, de conformidad con lo establecido en el artículo 354 del CPP, el juzgamiento de las contravenciones se inicia con la presentación de la acusación de la víctima o del ministerio público o la solicitud del funcionario a quien la ley le atribuye la facultad para comprobarlas y perseguirlas. La acusación o requerimiento de enjuiciamiento debe contener: 1. la indicación del imputado y su domicilio; 2. la descripción sucinta del hecho atribuido, consignando el tiempo, lugar de comisión u omisión. 3. la cita de las normas legales infringidas; 4. la indicación de los elementos de prueba, acompañando los documentos y los objetos entregados o secuestrados; y; 5. la identificación y firma del solicitante. La acusación de la víctima puede presentarse oralmente y sin indicar las normas legales infringidas, las cuales son precisadas por el juez al inicio del juicio



Decisión del tribunal.


Las decisiones administrativas del Juez de Paz son otorgadas en la misma sede del tribunal, aunque de manera excepcional y en caso de urgencia pueden ser dictadas en el domicilio del juez, es decir en su morada.


La redacción de las sentencias contendrá los nombres de los jueces, del fiscal y de los abogados; los nombres, profesiones y domicilio de las partes; sus conclusiones, la exposición sumaria de los puntos de hecho y de derecho, los fundamentos y el dispositivo.


Dentro de sus decisiones el juez de paz podrá ordenar la ejecución provisional y sin fianza de las sentencias, siempre y cuando haya un título auténtico, promesa reconocida o condenación anterior de que no haya apelado. En los demás casos, el juez de paz podrá ordenar la ejecución provisional de sus sentencias sin fianza, no obstante apelación, siempre que se trate de pensiones alimenticias o que la suma no exceda de setenta pesos; y a cargo de prestar fianza, cuando excediere dicha suma.


Serán apelables los fallos calificados en último recurso, si en ellos se estatuyese sobre cuestiones de competencia, o sobre materias de que el juez de paz no pueda conocer sino en

primera instancia. Con todo, si el juez de paz se hubiere declarado competente, la alzada no podrá interponerse sino después del fallo definitivo.


Plazos para dictar las decisiones


En asuntos administrativos, el juez debe evitar que el proceso se extienda en el tiempo más de lo razonable y de manera injustificada, por lo que, debe respetar el debido proceso, el principio de legalidad y el principio razonabilidad.


Recurso contra estas decisiones.
En cuantos a los actos dictados por el juez en materia administrativa no adquieren la autoridad de la cosa juzgada y por tanto son provisionales y que no son susceptibles de recursos; y por vía de consecuencia su nulidad e ilegalidad puede perseguirse por una vía de acción y de excepción.


En cuanto a las sentencias los recursos son la oposición y la apelación.



Formas de atacar de manera directa estas actuaciones. Demanda en Nulidad.


Las oposiciones al rompimiento de sellos pueden hacerse por declaración en el acta de la operación, o por medio de un acta notificado a la secretaría del juzgado de paz. La simple oposición a rompimiento no impide la operación, esto solo sucede cuando existe algún heredero que sea menor no emancipado, caso en el cual no se podrá proceder al rompimiento sino hasta que sea nombrado un tutor o que sea declarado emancipado.






Referimiento por ante el Juez de Primera Instancia: Es una ordenanza provisional, se acude a ella en caso de urgencia  y para las dificultades de ejecución de una sentencia o de un título ejecutorio. Es usado con frecuencia para los asuntos que ameriten un procedimiento acelerado, simple y breve. Se trata de un procedimiento contradictorio, por cuanto la otra parte debe estar presente o ser citada.


El artículo 101 de la ley número 834 define la ordenanza en Referimiento como una decisión provisional rendida a solicitud de una parte, la otra presente o citada, en los casos en que la ley confiere a un juez que no está apoderado de lo principal el poder de ordenar inmediatamente las medidas necesarias. No obstante esta definición el campo de aplicación en materia de referimiento no queda limitado a las controversias relativas a la ejecución de una sentencia o título ejecutorio, sino que también el juez apoderado en esta materia tiene potestad para ordenar cuantas medidas estime pertinentes para prevenir cualquier daño que estime, o para hacer turbar cualquier turbación manifiestamente ilícita.


Naturaleza.
o El Referimiento nace por una urgencia.
o Tiene un carácter provisional.
o Es contradictorio.
o Su decisión es una ordenanza que no adquiere la autoridad de la cosa juzgada, o sea el juez puede volver sobre ella en caso de circunstancias nuevas.
o El juez del Referimiento no puede perjudicar el fondo del asunto.
La naturaleza del Referimiento es la urgencia de un procedimiento contradictorio, acelerado, breve, sencillo y expedido. Cuya ordenanza es provisional y no toca fondo por lo que no adquiere la autoritaria de la cosa juzgada.


Para la Jurisprudencia francesa “el referimiento fue creado para cubrir la deficiencia creada en la lentitud de los plazos del procedimiento ordinario y dar respuesta a las situaciones que demandan urgencia, mejor dicho, donde se advierta que un retardo en la decisión entrañaría en hecho un perjuicio irreparable, para la parte demandante, o lo que es lo mismo, cuando una tardanza de algunas horas o días puede resultar para una de las partes un perjuicio en su patrimonio”.


Sus elementos: urgencia, turbación manifiestamente ilícita, daño inminente.
Urgencia: Hay urgencia todas las veces que un retardo en la decisión que debe adoptarse compromete los intereses del demandante. Cuando un retardo de algunos días o aun de algunas horas, puede resultar perjudicial para una de las partes. El retardo o lentitud del proceso por ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria para permitir en tiempo útil las medidas requeridas por la urgencia de determinadas situaciones fue el motivo fundamental que dio origen a la creación del Referimiento cuyo carácter distintivo es la rapidez. Las

cuestiones que tengan un carácter de urgencia son resueltas mediante decisiones provisionales que en materia de Referimiento pueden ofrecer los tribunales civiles, comerciales y la jurisdicción inmobiliaria.


De acuerdo al artículo 109 el Referimiento puede ser empleado en todos los casos de urgencia, esto es que requieran la inaplazable adopción de una medida provisional destinada a proteger un interés legítimo del demandante, siempre que la medida solicitada no colinda con una contestación seria, o que justifique la existencia de un diferendo. Los casos de urgencia son pues ilimitados y los jueces son soberanos para determinar si un asunto es urgente.


Turbación Manifiestamente Ilícita:
Es cuando se conculca un derecho sin tener calidad para ello, o haciendo uso abusivo de las normas de derechos y de los procedimientos.


Daño inminente:


El daño inminente no implica que el acto susceptible de causar el daño sea ilícito, sino que éste pueda causar un daño a otro. La turbación ilícita se aplica a las vías de hecho, la cual no puede ser eventual. La contestación de la inminencia del daño como de la turbación ilícita son apreciadas soberanamente por el juez de los referimientos.
Es aquel previcible de no ordenarce el detenimiento de la accion solicitada.


Diferencia entre poderes y competencia del juez de los referimientos.
El juez  podrá ser competente pero debe rehusar pronunciarse sobre la medida solicitada si las condiciones requeridas para ordenar lo pedido no se encuentran presentes en el asunto, caso, en el cual no debe hablarse de incompetencia, sino de falta de poder y, si se está frente a una situación  en que el demandante no justifica un interés suficiente para actuar o carece de calidad necesaria para intentar la acción, la demanda deberá ser descartada, no por improcedente falta de poder , sino por inadmisible o irrecibible.


En efecto, si el juez de Referimiento considera que no hay urgencia, o que le han solicitado algo que no tiene carácter provisional  sino definitivo, no debe declararse incompetente, sino rechazar la demanda. Solo debe declarar su incompetencia territorial o de atribución, cuando es competencia  de otro juez de los referimientos.


Ante el juez de Referimiento en principio se exigen las mismas condiciones para actuar en justicia, la calidad, capacidad e interés, pero con menos rigurosidad


Procedimiento:


Generalmente el referimiento se inicia mediante citación a diligencias de la parte demandante para una audiencia que será celebrada el día y hora habituales para los referimientos. Sin embargo en los casos de extrema celeridad el juez puede autorizar que se cite a hora fija, aún en días feriados o de descanso, sea cual sea en el local de las audiencias o en su domicilio con las puertas abiertas.

La audiencia se celebra como cualquier otra, en el local del Juzgado de Primera Instancia, o en los casos de extrema urgencia, en la morada misma del juez. Esa audiencia es pública, a menos que se trate de un asunto que la ley manda que se conozca a puertas cerradas.


Los debates son esencialmente orales. Pero las partes pueden depositar conclusiones escritas si ambas están presentes o representadas, y sin que nada desnaturalice la rapidez que ha de caracterizar a este tipo especial de procedimiento.


Los incidentes de la instancia de derecho común podrían perfectamente suscitarse también en materia de referimiento (excepciones de procedimiento, medios de inadmisión, demandas en intervención, demandas adicionales, demandas reconvencionales, etc.).


El juez puede ordenar, asimismo, a  solicitud de parte, cualquier medida  de  instrucción
(informativo, comparecencia personal, comunicación de piezas, peritaje, etc.).
El asunto queda en estado de fallo tan pronto terminan los debates. Ese fallo debe ser dictado lo más rápido posible, en virtud de las características que el mismo reviste.


Apoderamiento del tribunal
El tribunal se apodera mediante citación, diligenciada a requerimiento del demandante, para una audiencia que se celebrara el día y hora habituales de los referimietos. Sin embargo en caso de extrema celeridad el juez puede autorizar  que se cite a hora fija.


Además de esta forma de apoderar existe el referimiento sobre acta que es el que se apodera mediante acta emitida por oficial público en el ejercicio de sus funciones en la que hace constar la dificultad surgida y envía a las parte ante el juez, en referimiento, por ejemplo el alguacil en caso de embargo ejecutivo; el juez de paz en caso de fijación de sellos; el notario al momento de proceder a un inventario. El juez queda apoderado del conocimiento de la dificultad por el envío del acta en que el oficial público le ha consignado y sin necesidad de citación a requerimiento de parte.


Plazos: No Existe un plazo fijo para demandar en referimiento, y el juez solo debe observar que al demandado se le haya dado tiempo suficiente, entre la citación y la audiencia, para que prepare sus medios de defensa. En caso de estimar el tiempo insuficiente fija nueva audiencia
para la próxima semana.


Competencia del referimiento:


El tribunal del juez presidente de donde se conozca la acción principal de una demanda.


Referimiento a hora fija.


Referimiento a hora fijaSi el caso requiere celeridad, el juez de los referimientos puede autorizar para que se cite a hora fija, aún en los días feriados, sea en la audiencia, sea en el domicilio con las puertas abiertas.

Todo el que pretende citar a otro en referimiento debe averiguar cuál es la hora y el día habitual de los referimientos, lo cual se determina por un auto dictado al comienzo del año que el juez de primera instancia hace.



La astreinte: De conformidad con el artículo 107 de la ley 834 el juez de los referimientos puede condenar en astreinte y liquidarlas de manera provisional, y puede hacerlo solo de manera provisional, porque si el fondo de la demanda principal cae, se lleva consigo la astreinte, pero si el fondo que de confirmado entonces se consolida la astreinte.


Naturaleza jurídica de la ordenanza: Las decisiones adoptadas en materia de referimiento, aunque constituyen, en realidad,  verdaderas y auténticas sentencias, son denominadas por la ley como "ordenanzas”.


Las ordenanzas en referimiento no tienen, "en cuanto a lo principal, autoridad de cosa juzgada, no pueden afectar el fondo del asunto y son de carácter provisional. Puede ser susceptible de apelación, pero no de oposición, a menos que emane que del presidente de la corte de apelación.


Generalmente el referimiento se inicia mediante citación a diligencias de la parte demandante para una audiencia que será celebrada el día y hora habituales para los referimientos. Sin embargo en los casos de extrema celeridad el juez puede autorizar que se cite a hora fija, aún en días feriados o de descanso, sea cual sea en el local de las audiencias o en su domicilio con las puertas abiertas.


En existe un plazo fijo para demandar en referimiento, y el juez solo debe observar que al demandado se le haya dado tiempo suficiente, entre la citación y la audiencia, para que prepare sus medios de defensa. En caso de estimar el tiempo insuficiente fija nueva audiencia para la próxima semana.


Además de esta forma de apoderar existe el referimiento sobre acta que es el que se apodera mediante acta emitida por oficial público en el ejercicio de sus funciones en la que hace constar la dificultad surgida y envía a las parte ante el juez, en referimiento, por ejemplo el alguacil en caso de embargo ejecutivo; el juez de paz en caso de fijación de sellos; el notario al momento de proceder a un inventario. El juez queda apoderado del conocimiento de la dificultad por el envío del acta en que el oficial público le ha consignado y sin necesidad de citación a requerimiento de parte.


Situación creada mediante la ley 50-00.
Con la aprobación de esta ley se instituye una nueva forma de apoderamiento, pues aquí la instancia de solicitud de referimiento debe ser mediante el sistema aleatorio instituido por esta ley y es el sistema quien determina cual de las salas conocerá de la demanda en referimiento. En este sentido se elimina el apoderamiento directo realizado por las partes.


Así mismo esta ley faculta al presidente de corte de apelación, previa autorización de la suprema corte de justicia a desapoderarse de los expediente que se encuentren bajo su poder

en estado de fallo y que hayan pasado de los tres meses, incluyendo la materia de referimiento, debiendo enviar éstos ante otra corte con igual jerarquía para que falle dichos asuntos en un plazo  no mayor de tres meses. Se trata de una competencia excepcional que se ha instituido en virtud del cúmulo de trabajo de la corte de apelación del distrito nacional.


La ley confiere poder para conocer de los referimientos a las cortes civiles, de trabajo y el juez de jurisdicción ordinaria ante la jurisdicción inmobiliaria.
Este recurso no es susceptible de oposición pero si de apelación, a menos que emane del juez presidente de la corte de apelación.






Ratificaciones de Declaraciones Tardías. Esta situación se da cuando la declaración de nacimiento se realiza fuera de los plazos establecidos por la ley, siendo deber del Oficial del Estado Civil inscribir el acta, previa investigación al efecto, pero no dará copia de la misma hasta tanto la misma no sea ratificada mediante sentencia por el tribunal de 1ra. Instancia.


De conformidad con lo establecido en el Artículo 41 de la Ley número 659 el Oficial del Estado Civil que haya recibido una declaración de nacimiento remitirá inmediatamente copia certificada del acta al Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente, quien previa investigación de lugar apoderará al Juzgado de Primera Instancia pudiendo éste tomar todas las medidas de prueba, inclusive consultar libros, papeles, aún difuntos, oír testigos y citar las partes interesadas a fin de ratificar o no mediante sentencia el acta de declaración tardía. El procurador Fiscal remitirá al Oficial del Estado Civil copia de la sentencia que intervenga, debiendo éste hacer mención de la misma al margen de la declaración de nacimiento que le sea relativa con las objeciones que procedieren, pudiendo entonces expedir copia de esa acta.


Rectificaciones Actas del Estado Civil. Las rectificaciones de las actas del estado civil pueden ser promovidas de oficio por el Procurador Fiscal, en los casos que interesen al orden público y en los casos que se refieran a errores materiales de escritura, previo aviso a las partes interesadas y sin perjuicio de los derechos que a éstas le asistan. De igual forma podrá promover este funcionario las rectificaciones de las actas del estado civil en interés de las personas pobres que la pidan directamente, siempre que acompañen su petición de los documentos requeridos en el Artículo 78 de la Ley de Organización Judicial para la concesión de asistencia judicial de oficio en materia civil o comercial.


También puede ser promovida la rectificación por la parte interesada que desee promover una rectificación, la cual debe solicitarla al tribunal civil de la jurisdicción  en que se encuentra la Oficina Civil depositaria del registro contentivo del acta a rectificar.


Impugnaciones de Estados de Gastos y Honorarios. De conformidad con lo que dispone el Artículo 11 de la Ley número 302 las liquidaciones de costas son impugnadas mediante instancia dirigida al tribunal inmediato superior, por ejemplo, la liquidación aprobada por el Juez de Paz será impugnada por el Juez de 1ra. Instancia; las del Juez de 1ra. Instancia por ante el Presidente de la Corte de Apelación y las liquidadas por éste funcionario judicial serán impugnadas por ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y las de éste por ante la Corte en pleno.


A más tardar a los 2 días de presentada la instancia de impugnación el secretario citará a las partes por correo certificado ante el tribunal, quien deberá conocer del caso en los 10 días que sigan a la citación. Las partes producirán sus argumentos en la audiencia fijada y el tribunal dictará sentencia dentro de los 10 días que sigan a la audiencia. La decisión que

intervenga no es susceptible de oposición y tendrá la fuerza ejecutoria que tienen los Estados de Gastos y Honorarios aprobados conforme al Artículo 9 de dicha ley.


Interdicción, Fase Administrativa. Es la prohibición que se hace a una persona mayor de edad de administrar y disponer de sus bienes, a través de sentencia que verifica el estado habitual de imbecilidad, demencia y locura, y que se haya colocada bajo tutela. Este procedimiento se inicia con instancia dirigida al Juez de 1ra. Instancia acompañada de los documentos justificativos en los que son articulados los hechos que justifiquen el pronunciamiento de la interdicción o el nombramiento de un consultor judicial.


El MP emite su opinión al respecto y luego el presidente del tribunal apodera un juez relator, si la demanda parece justificada el juez apoderado dicta una sentencia preparatoria ordenando la conformación del consejo de familia para que emita su opinión. Si la demanda es improcedente el tribunal puede rechazarla inmediatamente sin tener que oír el Consejo de
Familia.


Homologación de Testamento Místico y Ológrafo. La homologación es la aprobación otorgada a ciertos actos por los tribunales y que les concede fuerza ejecutoria. El artículo 1007 del Código Civil dispone que todo testamento ológrafo se deba presentar, antes de ponerse en ejecución, al presidente del Tribunal de Primera Instancia del Distrito en que se abra la sucesión. Este testamento se abrirá si está cerrado. El presidente extenderá actas de la presentación, de la apertura y del estado del testamento, y mandará que se deposite en manos del notario por él comisionado.


Así mismo se establece en dicho artículo que el Testamento Místico será presentado al presidente del Tribunal en igual forma que el ológrafo, pero la apertura no podrá hacerse sino en presencia de los notarios y testigos que firmaron el acta de suscripción y se hallaren en aquel sector. Es decir que tanto en el testamento ológrafo como en el místico los legatarios universales estarán obligados a hacer poner en posesión mediante acta dirigida al Presidente del Trib. de 1ra. Instancia para fines de homologación.


Homologación Constitución de Bien de Familia. La homologación del bien de familia se instituye a través de la Ley 1024 sobre Constitución de bien de Familia Inembargable, el objeto de la constitución de este bien es que el mismo sirva de convivencia a la familia y sea inembargable. La homologación que se hace en este sentido corresponde al Tribunal de Primera Instancia donde se encuentre el inmueble el cual será afectado su constitución, se hace la solicitud a pedimento de notario, el cual eleva su instancia con todas las piezas justificativas.


Renuncia de Bien de Familia. El propietario de un bien de familia puede renunciar a esta condición pero con el consentimiento de la mujer dado ante el secretario del Tribunal que acordó la constitución, si hay hijos menores con la autorización del Consejo de Familia, que no lo acordará sino cuando estime ventajosa para los menores la operación, todo previa homologación del tribunal, cuya decisión no estará sujeta a apelación. Cuando la constitución no haya sido hecha por el padre o por la madre, la renuncia o la enajenación estarán sujetas, además al consentimiento del constituyente.

Visado de Libro de Comercio y de Notario. El visado de libro de comercio es la Certificación de los libros donde los comerciantes registran sus operaciones. El Visado consiste en verificar el cumplimiento de la regularidad de los registros contables, estampando la firma y sello de la Cámara de Comercio y Producción, la cual visa cada año los libros Diarios Generales y de Inventarios. Los Notarios llevarán un Libro-Índice de todas las actas auténticas que escrituren. Este índice contendrá la fecha y naturaleza del acta, los nombres de las partes y testigos y la relación del registro. El libro índice será firmado y sellado en la primera y última hoja por el Presidente del Juzg. de Primera Instancia del Distrito Judicial a que pertenezca el Notario, libre de derecho.



El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges o por el divorcio. El Divorcio es la ruptura del vínculo conyugal, pronunciado por tribunales, a solicitud de uno de los esposos o de ambos sanción resultante de una acción encaminada a obtener la disolución del matrimonio. Hay dos tipos de divorcio: por causa determinada y por mutuo consentimiento. Está regulado por la Ley 1306 de 1937 y sus modificaciones.

El divorcio es la disolución del matrimonio pronunciado por la justicia en vida de ambos esposos, a requerimiento de uno de ellos o de los dos y por una de las causas determinadas por la ley.


El divorcio se establece por diversas causas a saber:
  El muto consentimiento de los esposo
  La incompatibilidad de caracteres, justificada por hechos cuya magnitud como causa de infelicidad de los cónyuges y de perturbación social, suficiente para motivar el divorcio, será apreciada por los jueces.
  La ausencia decretada por el tribunal de conformidad con las prescripciones contenidas en capítulo II del título IV del libro primero del Código Civil.
  El adulterio de cualquiera de los cónyuges
  La condenación de uno de los esposos a pena criminal, pero no se admite si es por crimen político.
  Las sevicias e injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto del otro.
  El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar siempre que no regrese a él en el término de dos años. Este plazo tendrá como punto de partida la notificación auténtica hecha al cónyuge que ha abandonado el hogar, por otro cónyuge.
  La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual e inmoderado de drogas estupefacientes.


La incompatibilidad de caracteres: Esta demanda se incoa por ante el tribunal o juzgado de primera instancia del Distrito Judicial en donde resida el demandado, si este tiene residencia conocida en la República o por ante el de la residencia del demandante en caso contrario.


La citación debe contener todas las enunciaciones prescritas en el artículo 61 para los emplazamientos, así como la fecha de la citación a audiencia, los testigos que serán oídos, los documentos que avalan la demanda, el pedimento del demandante respecto de la guarda de los hijos.


El día de la audiencia las partes asisten personalmente o por medio de sus apoderados especiales, los cuales deben tener poder auténtico. El secretario deberá levantar acta de la comparecencia de las partes, sus declaraciones, así como de las de los testigos. Esta audiencia se hará a puertas cerradas. Baste decir que en ella se administrarán las pruebas presentadas y habiendo quedado  el expediente en estado de fallo, se procede a pasar el mismo por ante el representante del Ministerio Público el cual deberá dar su opinión en un plazo de 5 días.

Basta señalar que cualquier omisión en la forma de realización del divorcio trae consigo la nulidad del mismo, a diferencia del proceso ordinario que sólo es anulable cuando las reglas de fondo son obviadas o cuando la ley así lo prescribe.


La sentencia de divorcio es pronunciada públicamente y se considera contradictoria aunque no haya comparecido la parte demandada. Después de que dicha sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa, se deberá proceder a la pronunciación del divorcio por el oficial del estado civil competente previo llamamiento hecho por la parte más diligente mediante acto de alguacil, luego del pronunciamiento se procede a la transcripción de la sentencia en los registros del estado civil y a la publicación de su dispositivo en un periódico de la localidad dentro de los ocho días de su pronunciamiento.


Las sentencias de divorcio serán susceptibles de ser apeladas, el plazo para dicha apelación es de dos meses a partir de la notificación de la sentencia.


Guarda de los menores: Toda sentencia de divorcio expresara a cargo de cuál de los esposos quedaran los hijos comunes, y el juez deberá atenerse, en primer término, a lo que las partes hubieren estipulado; a falta de convenio estipulado antes de la demanda o en el curso de esta, deberá atenerse a las reglas siguientes: a) todos los hijos hasta la edad de 4 años permanecerán bajo el cuidado y amparo de la madre, siempre que el divorcio no haya sido pronunciado contra esta por una causa grave; b) los hijos mayores de 4 años se quedaran a cargo del esposo que haya obtenido el divorcio, a menos que el tribunal, ya sea a petición del otro cónyuge o de algún miembro de la familia o el ministerio público, y para mayor ventaja de los hijos, ordene que todos o algunos de estos sean confiados, bien al otro cónyuge, o a una tercera persona.


Provisión ad-litem: Es una provisión que la mujer puede solicitar al marido, en el curso del procedimiento de divorcio por incompatibilidad de caracteres, a los fines de que esta pueda solventar los gastos legales referentes a los trámites de la demanda. Todo esto en virtud de que se considera que la mujer es dependiente, económicamente del marido y por lo tanto, durante el procedimiento de divorcio, ella, en principio se supone incurre en gastos legales para tal acción. Es pagadera una sola vez, es decir, se fija un monto único, a diferencia de la pensión alimentaria, que deberá ser pagara mensualmente.


La administración provisional de los hijos quedará a cargo del marido demandante o demandado, a menos que el Tribunal no ordene otra cosa a petición, sea de la madre, sea de la familia o del MP, para mayor ventaja de los hijos. Tan pronto como se realice cualquier acto relativo al divorcio, dejará de tener efecto la disposición del Artículo108 del Código Civil que atribuye a la mujer casada el domicilio del marido. La mujer podrá dejar la residencia del marido durante el proceso. El tribunal indicará la casa en que la mujer estará obligada a residir.


Tan pronto como se realice cualquier acto o diligencia relativo al divorcio, dejará de tener efecto la disposición del Artículo108 del Código Civil que atribuye a la mujer casada el domicilio del marido. La mujer podrá dejar la residencia del marido durante el proceso, y solicitar una pensión alimenticia proporcionada a las facultades de aquél. El tribunal indicará la casa en que la mujer estará obligada a residir, y fijará, si hay lugar, la provisión alimenticia que el

marido estará obligado a pagar. Todas las notificaciones incluyendo cualesquiera actos preliminares tendientes a establecer la prueba del abandono del hogar o de otros hechos relativos al divorcio, deberán ser hechas, bajo pena de nulidad radical y absoluta, a su propia persona, o al Fiscal del Tribunal que deba conocer de la demanda, quien practicará las diligencias necesarias para que tales notificaciones lleguen a conocimiento de la mujer.


Pensión alimentaría: Tan pronto como se realice cualquier acto o diligencia relativo al divorcio, dejara de tener efecto la disposición del artículo 108 del Código Civil que le atribuye a la mujer casada el domicilio del marido. La mujer podrá dejar la residencia del marido durante el proceso, y solicitar una pensión alimentaria proporcionada a las facultades del marido. El tribunal indicara la casa en que la mujer estará obligada a residir, y fijara, si hay lugar, la provisión alimenticia que el marido estará obligado a pagar.


El divorcio por mutuo consentimiento:  Este tipo de divorcio no es admisible sino dos (2) años después de haber contraído matrimonio los esposos, como tampoco será admisible después de haber éstos convivido durante 30 años, ni cuando el esposo tenga por lo menos
60 años de edad y la mujer 50.


Antes de presentarse ante el juez los esposos deberán seguir las siguientes formalidades:
•    Deberán formalizar un inventario de todos sus bienes muebles e inmuebles
•    Convenir a cual de ellos se confía la guarda y cuidado de lo hijos nacidos, durante el procedimiento y después de los procedimientos.
•    Convenir en qué casa deberá residir la esposa durante el procedimiento
•    Que cantidad de dinero deberá suministrar el marido como pensión alimenticia mientras corren los términos y se pronuncia la sentencia.


Este acto se le llama acto de estipulaciones y convenciones y deberá ser redactado por un notario público.
Luego de estas formalidades las partes acuden al tribunal de primera instancia conjuntamente con sus actas de nacimiento y las de los hijos que hayan procreado, personalmente o a través de apoderados especiales con sus debidos poderes, donde se levantará acta haciéndose constar el propósito de las partes de divorciarse.
Luego de la presentación de estos documentos y presentación ante el juez, éste observa que se hayan cumplido todas las formalidades previstas por la ley y procede a fijar la vista de la causa en un tiempo no menos de 30 días ni más de 60 para que los esposos comparezcan a juicio. Cualquiera de los esposos, en este caso el más diligente puede citar al otro para que comparezca en la fecha indicada. Se admite que ellos puedan  presentarse sin citación ante el juez.


La sentencia que se dictare deberá ajustarse a los términos convenidos por las partes en su contrato y es inapelable. A diferencia del divorcio por incompatibilidad el plazo para que el ministerio público dictamine es de tres días e igual plazo tendrá el juez luego de recibido el expediente para dictar sentencia.


La publicación, pronunciación y transcripción también son exigidas en este divorcio, con la salvedad de que aquí los plazos son menores, pues aquí debe hacerse el pronunciamiento 8

días francos después de dictada la sentencia. El divorcio será pronunciado por ante cualquier oficial del estado civil de la jurisdicción del tribunal que conoció del caso.


Requisitos. Este tipo de divorcio no es admisible sino 2 años después de haber contraído matrimonio los esposos, tampoco será admisible después de haber éstos convivido durante
30 años, ni cuando el esposo tenga por lo menos 60 años y la mujer 50.


Contenido del Acto de Estipulaciones y Convenciones. Según el Artículo 28 de la ley de divorcio, Los esposos estarán obligados, antes de presentarse al Juez que deba de conocer la demanda, a: 1) formalizar un inventario de todos sus bienes muebles o inmuebles; 2) convenir a quien de ellos confía el cuidado de los hijos nacidos de su unión, durante los procedimientos y después de pronunciado el divorcio; 3) convenir en qué casa deberá residir la esposa durante el procedimiento, y cuál la cantidad que, como pensión alimenticia, deberá suministrarle el esposo mientras corren los términos y se pronuncia sentencia definida. Todas estas convenciones y estipulaciones deberán formalizarse por acto auténtico.


Otras Causas de Divorcio: el Artículo 2 de la ley 1306 bis, establece como causas del divorcio, además de las anteriormente mencionadas, las siguientes:
La ausencia decretada por el tribunal de conformidad con las prescripciones contenidas
en capítulo II del título IV del libro primero del Código Civil.
El adulterio de cualquiera de los cónyuges
La condenación de uno de los esposos a pena criminal.
Las injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto del otro.
El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar siempre que no regrese a él en el término de 2 años.
La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual e inmoderado de drogas estupefacientes.


Reglas Aplicables. Procedimiento en cada caso. Se observarán para éstas causas las mismas formalidades que las de la incompatibilidad, a excepción del divorcio pedido por la condenación de uno de los cónyuge a pena criminal, en cuyo caso bastará con la presentación de una copia certificada y registrada de la sentencia y que ésta haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada. Entre los efectos que produce el divorcio en cada caso es importante mencionar que: a) Los cónyuges que vuelvan a casarse entre sí no podrán adoptar otro régimen que el que los regía anteriormente; y, b) La mujer divorciada no podrá volver a casarse sino 10 meses después que el divorcio haya llegado a ser definitivo, a menos que su nuevo marido sea el mismo de quien se ha divorciado.
Se observarán para éstas causas las mismas formalidades que las de la incompatibilidad, a excepción del divorcio pedido por la condenación de uno de los cónyuge a pena criminal, en cuyo caso bastará con la presentación de una copia certificada y registrada de la sentencia y que ésta haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada.


Ejecución de la sentencia por ante la Oficialía del Estado Civil correspondiente. Artículo
17. En virtud de toda sentencia de divorcio dada en última instancia, o que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, y salvo que se hubiere interpuesto recurso de casación, el cual

es suspensivo de pleno derecho, el esposo que la haya obtenido estará obligado a presentarse en un plazo de 2 meses por ante el Oficial del Estado Civil, para hacer pronunciar el divorcio y transcribir la sentencia en el registro del Estado Civil, previa intimación a la otra parte, por acto de alguacil, para que comparezca ante el oficial del estado civil y oiga pronunciar el divorcio.


Requisitos a observar. El Oficial del Estado Civil no pronunciará el divorcio ni transcribirá la sentencia, sino cuando se hayan cumplido las formalidades establecidas por el Artículo 548 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, y cuando se le demuestre haber sido hecha la intimación al otro esposo para asistir al pronunciamiento del divorcio. El plazo de 2 meses no comenzará a contarse para las sentencias dictadas en 1ra. Instancia sino después de expirado el plazo de la apelación; y respecto de las sentencias dictadas en defecto en apelación después de la expiración del plazo de la oposición.


El Oficial del Estado Civil que pronuncie un divorcio sin que se hayan cumplido las disposiciones que anteceden estará sujeto a la destitución, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a que pueda haber lugar. Conforme el Artículo 548 del CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL los requisitos a observar son los siguientes:
Presentar copia certificada de la sentencia.
Notificación de la sentencia
Intimación a comparecer al pronunciamiento.




La Sentencia Judicial no es la única fórmula para resolver los conflictos; existen otras formas efectivas que permiten una mayor satisfacción de las partes envueltas en el conflicto. Las vías alternativas de resolución de conflictos son herramientas útiles en resolución moderna de disputas.


La mediación: Es una negociación estructurada presidida por un moderador dotado de las aptitudes, la preparación y la experiencia para ayudar a resolver sus diferencias. Es un proceso confidencial que no impone obligaciones dirigido  a ayudar a las partes a resolver de manera mutuamente aceptable cualquiera diferencia que se pueda someter a él.
Es el proceso en el cual una tercera parte neutral, actúa como facilitador para asistir a dos o más partes en la solución de un conflicto, donde las partes generalmente se comunican directamente. El rol de mediador es facilitar la comunicación entre las partes, asistirlas para que puedan enfocarse en los aspectos reales del conflicto y generar opciones para el acuerdo. El propósito de este proceso es el que las propias partes alcancen mutuamente una solución aceptable para ambos. De todos los procedimientos de mecanismos alternativos de conflictos, el proceso de mediación es el más flexible.


La negociación: No sólo se negocia para adquirir bienes y servicios, también para solucionar conflictos. La negociación es el más básico e informal método de resolución de disputas, en el cual intervienen usualmente las partes, asistidos o no de sus abogados, intercambiando informaciones y propuestas, sin otras restricciones que las que aquellas mismas se imponen.


La Conciliación. Acto por el cual las partes que tienen planteado un conflicto, comparecen para intentar solucionar y transigir sus diferencias, previamente al comienzo de la contienda judicial. Es un proceso en el cual las partes de una controversia tratan de resolverla amigablemente con la ayuda de un tercero (a veces el juez) el cual trata de inducir un acercamiento entre éstas y propone una solución. La comunicación es informal, no estructurada, pero el acuerdo final es vinculante por ser judicial.


El arbitraje: El árbitro escucha una presentación contradictoria de cada una de las partes en el caso y luego dicta una decisión usualmente denominada laudo arbitral. En la mayoría de los sistemas los laudos arbitrales son vinculantes.


Sin embargo, algunos países han consignado que las partes, si ellas previamente lo han acordado, puede participar en un arbitraje no vinculante. Las partes en litis pueden someter a la consideración de un tercero la solución del asunto litigioso, es lo que constituye un arbitraje, el cual da origen a una convención llamada compromiso.  Se puede someter la pretensión  o el diferendo a más de un árbitro.

Viabilidad: Entre las ventajas que tiene el arbitraje se encuentran: a) mayor garantía de una decisión imparcial. b) Mayor celeridad en la conclusión de los casos, c) Menor costo para las partes entre otros.


Casos que reglamenta la ley: El arbitraje sólo puede acudirse de manera voluntaria, pero que el mismo esté suscrito. El acuerdo para acudir al arbitraje puede manifestarse de manera previa al nacimiento del conflicto, cuando se estipula en el contrato de cuya ejecución surge el conflicto. Fuera de los casos establecidos en el Artículo 1004 del Código de Procedimiento Civil el arbitraje es posible en cualquier asunto susceptible de transacción.


Inconvenientes cuando se encuentra comprometido el orden público.
El Artículo 1003 del Código de procedimiento Civil ha sido, sido modificado por la ley 845 de
1978, pero el Artículo 1004 está aun vigente y expresa, “no pueden establecerse compromisos sobre los dones y legados de alimentos, alojamiento y vestidos; sobre separaciones entre marido y mujer, ni en cuestiones de estado personal, sobre las causas que conciernen al orden público, al Estado, a los bienes nacionales, a los municipios, establecimientos públicos, dones y legados en beneficio de los pobres; sobre los concernientes a los títulos menores y sujetos a interdicción sobre los que conciernan o interesen a personas que se presuman ausentes y generalmente sobre todos los que están encaminados a la defensa de un curador.”
.






a)  Principios Rectores del Proceso Inmobiliario: objeto de la ley.
La ley 108-05 regula el registro de todos los derechos reales inmobiliarios en todo el territorio nacional, en la misma se establecen dichos principos, a saber:


PRINCIPIO I
La presente ley regula el registro de todos los derechos reales inmobiliarios correspondientes al territorio de la República Dominicana.


PRINCIPIO II
La presente ley de Registro Inmobiliario implementa el sistema de publicidad inmobiliaria de la República Dominicana sobre la base de los siguientes criterios:
Especialidad: Que consiste en la correcta determinación e individualización de sujetos,
objetos y causas del derecho a registrar;
Legalidad: Que consiste en la depuración previa del derecho a registrar;
Legitimidad: Que establece que el derecho registrado existe y que pertenece a su titular;
Publicidad: Que establece la presunción de exactitud del registro dotando de fe pública su constancia.


PRINCIPIO III
El Estado Dominicano es el propietario originario de todos los terrenos que conforman el territorio de la República Dominicana. Se registran a nombre del Estado Dominicano todos los terrenos sobre los que nadie pueda probar derecho de propiedad alguno.


PRINCIPIO IV
Todo derecho registrado de conformidad con la presente ley es imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta del Estado.


PRINCIPIO V
En relación con derechos registrados ningún acuerdo entre partes está por encima de esta ley de Registro Inmobiliario.


PRINCIPIO VI
La presente ley de Registro Inmobiliario para su aplicación se complementa de reglamentos y normas complementarias, que son aquellos que la Suprema Corte de Justicia dicte de acuerdo a las características y necesidades particulares del medio en el cual se aplica.


PRINCIPIO VII
Cuando existe contradicción entre esta ley y sus reglamentos, prevalece la presente ley.

PRINCIPIO VIII
Para suplir duda, oscuridad, ambigüedad o carencia de la presente ley, se reconoce el carácter supletorio del derecho común, y la facultad legal que tienen los tribunales superiores de tierras y la Suprema Corte de Justicia a estos fines.


PRINCIPIO IX
En aquellos procedimientos de orden público contemplados por la presente ley se admite la más amplia libertad de prueba para el esclarecimiento de la verdad y la sana administración de justicia.


PRINCIPIO X
La presente ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera ejercicio abusivo de derechos el que contraría los fines que la ley ha tenido en mira al reconocerlos, o al que exceda los límites impuestos por las leyes vigentes, la buena fe, la moral y las buenas costumbres.


b)  Objeto de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario.
En virtud del artículo 1 de la referida ley, esta tiene por objeto lo siguiente:


“La presente ley se denomina “Ley de Registro Inmobiliario” y tiene por objeto regular el saneamiento y el registro de todos los derechos reales inmobiliarios, así como las cargas y gravámenes susceptibles de registro en relación con los inmuebles que conforman el territorio de la República Dominicana y garantizar la legalidad de su mutación o afectación con la intervención del Estado a través de los órganos competentes de la Jurisdicción Inmobiliaria”.


c)  Sistema De Publicidad: Establece la presunción de exactitud del registro dotando de fe pública su constancia.
Las actuaciones y decisiones de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria se harán de acceso público en el Tribunal que las emitió, salvo que la Ley de Registro Inmobiliario lo establezca de otra manera.
La publicidad de las decisiones corresponde a la Secretaria del Despacho Judicial de la cual emana.


Los medios de publicidad y notificación de las actuaciones y decisiones de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria son, entre otros, los siguientes: a) Notificación por acto instrumentado por ministeriales de la Jurisdicción Inmobiliaria. b) Toma de conocimiento con constancia escrita de la misma por parte del interesado o su representante legal ante la Secretaría del Despacho Judicial correspondiente. c) La citación efectuada mediante sentencia in voce para una nueva audiencia tiene plena validez de convocatoria para las partes presentes y no requiere ser complementada a través de ningún otro medio de notificación. d) Comunicación a través de fax, apto para avisos individuales, siempre que la misma haya sido consentida previamente por la persona a ser informada de forma expresa. e) Comunicación a través de correo electrónico u otro medio tecnológico, apto para avisos individuales, siempre que la misma haya sido consentida previamente por la persona a ser informada de forma expresa. f) Publicación en un periódico de circulación nacional. g) Avisos en las instalaciones del Ayuntamiento y/o del Juzgado de Paz del Municipio donde esté ubicado el inmueble

involucrado. h) Publicación en la puerta del tribunal. Párrafo. Los medios de publicidad escogidos por el juez o por parte interesada, pueden ser utilizados a discreción en cualquier etapa del proceso judicial o administrativo, siempre que los mismos no entren en conflicto, ni sustituyan requerimientos especiales establecidos en la ley o en este Reglamento.


•  Presunción de propiedad a favor del Estado Dominicano: El Estado Dominicano es el propietario originario de todos los terrenos que conforman el territorio de la República Dominicana. Se registran a nombre del Estado Dominicano todos los terrenos sobre los que nadie pueda probar derecho de propiedad alguno.


d) Imprescriptibilidad del derecho registrado: Todo derecho registrado de conformidad con la presente ley es imprescriptible y goza de la protección y garantía absoluta del Estado.


e) Carácter de orden público de la Ley 108-05, Sobre Registro Inmobiliario. La ley  108-
05, sobre registro inmobiliario entrará en vigencia plena en un plazo no mayor de dos (2) años a partir de su promulgación y publicación. Dentro de este período la Suprema Corte de Justicia podrá disponer la entrada en vigencia parcial y progresiva de la misma.



Lo cual constituye un deber de todo ciudadano tener el conocimiento pleno de la presente norma, impidiéndole dicha promulgación en un caso eventual, alegar desconocimiento pleno de dicha norma.


En relación con derechos registrados ningún acuerdo entre partes está por encima de esta ley de Registro Inmobiliario.


f) Facultad reglamentaria de la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia, tiene la facultad de designar los jueces que conformaran las salas de los tribunales que conjugan la jurisdicción inmobiliaria.
La Suprema Corte de Justicia queda facultada para dictar los reglamentos y normas complementarias requeridos para la aplicación y desarrollo de las previsiones contenidas en la presente ley y dictará dentro de los ciento ochenta (180) días después de promulgada y publicada los reglamentos y normas requeridos.


g)  Contradicciones entre la Ley 108-05 y sus Reglamentos Complementarios.
Los Reglamentos y Normas complementarias a  la ley tienen por objetivo, adecuar sus postulados a las necesidades del Sistema sin que sea necesaria una modificación formal de la ley a través del Congreso Nacional.


Los Reglamentos complementan las disposiciones de la ley, pero no pueden modificarla. En caso de contradicción entre la ley y sus reglamentos, prevalece la ley.


Si las normas son contrarias a la ley puede plantearse la excepción de ilegalidad basados en la propia ley y el artículo 8, párrafo 5 de la Constitución de la República Dominicana.

La razón primordial es previendo que al surgir figuras jurídicas nuevas y necesidades de procedimiento se puedan ordenar sin necesidad de modificar la ley.


Los Reglamentos y Normas complementarias no pueden modificar ni alterar los postulados de la Ley de Registro Inmobiliario.


Los reglamentos elaborados por la Suprema Corte de Justicia para la aplicación de la Ley de Registro Inmobiliario, forman parte del nuevo Marco Normativo que regula los Derechos Inmobiliarios en la República Dominicana.


Manteniendo en lo esencial los aspectos más arraigados, las innovaciones se han dirigido a sistematizar y simplificar los distintos mecanismos necesarios para agilizar los trámites, reforzar el principio de legalidad y consagrar el principio de moderación.


h) Carácter supletorio del derecho común. El derecho común será supletorio a la ley 108-
05, en virtud de lo establecido por principio VIII de la referida ley a los fines de suplir cualquier duda, oscuridad, ambigüedad o carencia.


i) Procedimientos de orden público y libertad probatoria.


Principio IX
En aquellos procedimientos de orden público contemplados por la presente ley se admite la más amplia libertad de prueba para el esclarecimiento de la verdad y la sana administración de justicia.


La información contenida en los Registros de Títulos es de acceso público para todo aquel interesado en conocer el estado jurídico de un inmueble. La publicidad registral implica informes, certificaciones y consultas. Las precisiones al respecto son establecidas por la vía reglamentaria.


El estado jurídico de un inmueble se acredita por las certificaciones que emite el Registrador de Títulos. Sólo pueden expedirse certificaciones a solicitud del propietario o los propietarios del inmueble y a solicitud de jueces, Comisión Inmobiliaria, representantes del Ministerio Público y de titulares y beneficiarios de derechos reales accesorios, cargas, gravámenes y medidas provisionales.


j) Ejercicio abusivo de los derechos.


La ley 108-05, establece en uno de sus principios (X) que la misma no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, naturalmente. Considera como tal el que contraria  los fines que la ley ha tenido en mira a reconocerlos  o al que exceda los límites impuestos por  las leyes vigentes, la buena fe, la moral y las buenas costumbres


k)  Composición de la Jurisdicción Inmobiliaria:


La Jurisdicción Inmobiliaria está compuesta por los siguientes órganos:

• Tribunales Superiores de Tierras y Tribunales de Jurisdicción Original;
• Dirección Nacional de Registro de Títulos;
• Dirección Nacional de Mensuras Catastrales”.


l) Competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria


La Jurisdicción Inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde que se solicita la autorización para la mensura y durante toda la vida jurídica del inmueble, salvo en los casos expresamente señalados en la presente ley.


m) Tribunales Superiores de Tierras
Definición. Los tribunales superiores de tierras son tribunales colegiados compuestos por no menos de cinco (5) jueces designados por la Suprema Corte de Justicia, entre los cuales debe haber un presidente.


n)  Competencia de los Tribunales Superiores de Tierra.


Los Tribunales Superiores de Tierras conocen en segunda instancia de todas las apelaciones que se interpongan contra las decisiones emanadas de los Tribunales de Tierra de Jurisdicción Original bajo su jurisdicción territorial, así como de los recursos jurisdiccionales o jerárquicos contra actuaciones administrativas, de los recursos en revisión por error material contra los actos generados por ellos, y de los recursos en revisión por causa de fraude.


o)  Composición de los Tribunales Superiores de Tierras.


Los tribunales superiores de tierras son compuestos por no menos de cinco (5) jueces designados por la Suprema Corte de Justicia, entre los cuales debe haber un presidente.
Para conocer de los asuntos de su competencia, el Tribunal Superior de Tierras será integrado por Jueces escogidos de acuerdo a los mecanismos establecidos por la vía reglamentaria.


p)  Conformación de las ternas Sorteo y Composición de las Ternas.


Para el conocimiento y fallo de un expediente relacionado con los asuntos de su competencia, se integrará una terna fija de entre los jueces que componen el Tribunal Superior de Tierras, por sorteo aleatorio realizado por la Secretaría General correspondiente.


Párrafo I. El sorteo se realizará en un plazo no mayor de cinco (5) días a partir del depósito de la demanda introductiva de instancia, o del escrito que da inicio al proceso.


Párrafo II. Cada terna estará compuesta por un Juez Presidente 1, quien presidirá las audiencias, y otros dos (2) miembros, designados al momento del sorteo como Juez 2 y Juez
3, y en este orden actuaran si fuere necesario para sustituir al Juez Presidente de la terna.


q)  Atribuciones del Presidente de la Terna

Son atribuciones del Presidente de la Terna:


a) Presidir y llevar la policía de las audiencias relativas al expediente de que se trate. b) Dar seguimiento al expediente a su cargo.
c) Coordinar con los demás integrantes de la terna el conocimiento y fallo del expediente.
d) Convocar y presidir las reuniones de los integrantes de la terna para el estudio, deliberación y análisis del caso.
e) Redactar el proyecto de sentencia del caso, basado en la opinión mayoritaria de los integrantes de la terna, el cual deberá ser elaborado en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles a partir de que el expediente esté en estado de fallo.
f) Remitir el proyecto de sentencia a los demás integrantes de la terna para fines de opinión.


r)  Tribunales de Jurisdicción Original
Definición. Son tribunales unipersonales que constituyen el primer grado de la Jurisdicción
Inmobiliaria.


s)  Competencia de los Tribunales de Jurisdicción Original.
Los tribunales de jurisdicción original conocen en primera instancia de todas las acciones que sean de la competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria, mediante el apoderamiento directo por parte del interesado y de acuerdo a su delimitación territorial. La competencia territorial se determina por la ubicación física del inmueble, conforme a lo establecido en el capítulo de esta ley relativo a la Secretaría de los Despachos Judiciales.


t) Composición de los Tribunales de Jurisdicción Original.
Los Tribunales de Tierras de Jurisdicción Original son tribunales unipersonales encabezados por un Juez de Jurisdicción Original, y constituyen el primer grado de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria.


Atribuciones del juez coordinador. El juez coordinador es responsable de la dirección de la secretaria común cuando se trate de localidades donde exista más de una sala del tribunal de jurisdicción original. Este tiene la función de asignar los trabajos a las distintas salas de forma equitativa así como también la designación de jueces suplentes en los casos en que los jueces titulares por motivos ajenos a su voluntad se vean en la necesidad de no presentarse al tribunal donde se encuentren asignados.


u)  Dirección Nacional de Registro de Títulos Definición y Funciones.
La Dirección Nacional de Registro de Títulos es el órgano de carácter nacional dentro de la Jurisdicción Inmobiliaria encargado de coordinar, dirigir y regular el desenvolvimiento de las oficinas de Registro de Títulos, velar por el cumplimiento de esta ley en el ámbito de su competencia.


La Dirección Nacional de Registro de Títulos está a cargo de un Director Nacional, es un órgano de carácter nacional, el lugar de su sede y sus funciones son establecidas por la Suprema Corte de Justicia, por la vía reglamentaria.


v)  Funciones de la Dirección Nacional de Registro de Títulos

Artículo 6 del Reglamento General de Registro de Títulos.
Las funciones de la Dirección Nacional de Registro de Títulos son:
a) Coordinar, dirigir y regular el funcionamiento de los Registros de Títulos.
b) Velar por el cumplimiento de la Ley de Registro Inmobiliario y sus Reglamentos, así como de otras leyes en el ámbito de su competencia.
c) Velar por el mantenimiento adecuado del registro de firmas y sellos de los funcionarios de
los Registros de Títulos habilitados para emitir documentos oficiales.
d) Proporcionar, cuando sea necesario, asistencia técnica en materia registral a los Registros de Títulos.
e) Estandarizar los formularios, sellos y demás documentos de los Registros de Títulos.
f) Proponer a la Suprema Corte de Justicia aquellas modificaciones que estime convenientes para mejorar y mantener permanentemente actualizados la reglamentación y/o legislación aplicables al registro de derechos inmobiliarios.
g) Unificar los procedimientos y las técnicas registrales en los Registros de Títulos, relacionado con la aplicación de la Ley de Registro Inmobiliario y sus Reglamentos en cuestiones de su competencia.
h) Velar por la oportuna recolección y publicación de los datos estadísticos de los Registros de Títulos
i) Establecer indicadores de gestión que permitan controlar y calificar el servicio que prestan los Registros de Títulos.
j) Establecer las condiciones de seguridad para el acceso a la documentación física en aquellos Registros de Títulos en que la información registral no se encuentre digitalizada.
k) Promover la capacitación y desarrollo del personal de la Dirección Nacional de Registro de Títulos y de los Registros de Títulos,  a  los efectos de  optimizar el funcionamiento  del organismo.
l) Proponer a la Suprema Corte de Justicia la celebración de convenios institucionales con entes oficiales o privados nacionales e internacionales,  con  arreglo a  las disposiciones vigentes.


w) Oficinas de Registro de Título.


Las Oficinas de Registro de Títulos están supeditadas jerárquicamente a la Dirección Nacional de Registro de Títulos y sus funciones son registrar los derechos inmobiliarios, velar por la correcta aplicación de la ley dentro de su competencia y cumplir con todas aquellas funciones que se les asigne por la vía reglamentaria.


Competencia: Los Registros de Títulos son dependencias de la Dirección Nacional de Registro de Títulos y se encuentran a cargo de un Registrador de Títulos. Organización a) Registro de Títulos de Baní, con sede en la ciudad de Baní y competencia sobre las provincias de Azua, San José de Ocoa y Peravia. b) Registro de Títulos de Barahona, con sede en la ciudad de Santa Cruz de Barahona y competencia sobre las provincias de Bahoruco, Barahona, Independencia y Pedernales. c) Registro de Títulos de Bonao, con sede en la ciudad de Bonao y competencia en la provincia de Monseñor Nouel. d) Registro de Títulos de Cotuí, con sede en la ciudad de Cotuf y competencia sobre la provincia Sánchez Ramírez. e) Registro de Títulos del Distrito Nacional, con sede en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán y competencia sobre la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. f) Registro de Títulos

de EI Seibo, con sede en la ciudad de Santa Cruz del Seibo y competencia sobre las provincias de EI Seibo y Hato Mayor. g) Registro de Títulos de HigUey, con sede en la ciudad de Salva leon de HigUey y competencia sobre la provincia de La Altagracia. h) Registro de Títulos de La Vega, con sede en la ciudad de Concepción de La Vega y competencia en la provincia de La Vega.i) Registro de Títulos de Mao, con sede en la ciudad de Mao y competencia sobre la provincia de Valverde. j) Registro de Títulos de Moca, con sede en la ciudad de Moca y competencia sobre la Provincia de Espaillat. k) Registro de Títulos de Monte Cristi, con sede en la ciudad de San Fernando de Monte Cristi y competencia sobre las provincias de Dajabon y Monte Cristi.I) Registro de Títulos de Monte Plata, con sede en la ciudad de Monte Plata y competencia sobre la provincia de Monte Plata. m) Registro de Títulos de Nagua, con sede en la ciudad de María Trinidad Sánchez Nagua y competencia sobre la provincia de María Trinidad Sánchez. n) Registro de Títulos de Puerto Plata, con sede en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata y competencia sobre la provincia de Puerto Plata.0) Registro de Títulos de Salcedo, con sede en la ciudad de Salcedo y competencia sobre la provincia de Salcedo. p) Registro de Títulos de Samaná, con sede en la ciudad de Santa Barbará de Samaná y competencia sobre la provincia de Samaná. q) Registro de Títulos de San Cristóbal, con sede en la ciudad de San Cristóbal y competencia sobre la provincia de San Cristóbal. r) Registro de Títulos de San Francisco de Macorís, con sede en la ciudad de San Francisco de Macorís y competencia sobre la provincia de Duarte.s) Registro de Títulos de San Juan de la Maguana, con sede en la ciudad de San Juan de la Maguana y competencia sobre las provincias de Elías Piña y San Juan. t) Registro de Títulos de San Pedro de Macorís, con sede en la ciudad de San Pedro de Macorís y competencia sobre las provincias de La Romana y San Pedro de Macorís. u) Registro de Títulos de Santiago de los Caballeros, con sede en la ciudad de Santiago de los Caballeros y competencia sobre la provincia de Santiago. v) Registro de Títulos de Santiago Rodríguez,  con  sede  en la ciudad  de  San  Ignacio de  Sabaneta  y competencia sobre la provincia de Santiago Rodríguez.


Atribuciones, función calificadora de los registradores de títulos.


Las funciones de la Dirección Nacional de Registro de Títulos son:
a) Coordinar, dirigir y regular el funcionamiento de los Registros de Títulos.
b) Velar por el cumplimiento de la Ley de Registro Inmobiliario y sus Reglamentos, así como de otras leyes en el ámbito  su competencia.
c) Velar por el mantenimiento adecuado del registro de firmas y sellos de los funcionarios de los Registros de Títulos habilitados para emitir documentos oficiales.
d) Proporcionar, cuando sea necesario, asistencia técnica en materia registral a los Registros de Títulos. e) Estandarizar los formularios, sellos y demás documentos de los Registros de Títulos.
f) Proponer a la Suprema Corte de Justicia aquellas modificaciones que estime convenientes para mejorar y mantener permanentemente actualizados la reglamentación y/o legislación aplicables al registro de derechos inmobiliarios.
g) Unificar los procedimientos y las técnicas registrales en los Registros de Títulos, relacionado con la aplicación de la Ley de Registro Inmobiliario y sus Reglamentos en cuestiones de su competencia.
h) Velar por la oportuna recolección y publicación de los datos estadísticos de los Registros de Títulos.

i) Establecer indicadores de gestión que permitan controlar y calificar el servicio que prestan los Registros de Títulos.
j) Establecer las condiciones de seguridad para el acceso a la documentación física en aquellos Registros de Títulos en que la información registral no se encuentre digitalizada.
k) Promover la capacitación y desarrollo del personal de la Dirección Nacional de Registro de Títulos y de los Registros de Títulos,  a  los efectos de  optimizar el funcionamiento del organismo.
l) Proponer a la Suprema Corte de Justicia la celebración de convenios institucionales con entes oficiales o privados  nacionales e internacionales,  con  arreglo a  las disposiciones vigentes.


Función calificadora
Es la facultad que el Registrador de Títulos tiene para examinar, verificar y calificar los actos, sus formas y demás circunstancias.
Ámbito de Aplicación.


La función calificadora se aplica sobre toda actuación solicitada al Registro de Títulos, comprendiendo:


a) Las actuaciones por las que se pretende la inscripción y/o anotación de derechos, cargas y gravámenes sobre inmuebles.


b) Las solicitudes de certificaciones en general y las certificaciones con reserva de prioridad en particular.


Todas las solicitudes de inscripciones, anotaciones y/o certificaciones presentadas a consideración de los Registros de Títulos y los documentos que se agreguen, deben reunir los requisitos exigidos por la Ley de Registro Inmobiliario, el Código Civil, otras leyes aplicables, el presente Reglamento y demás disposiciones complementarias que procedan.


La función calificadora es responsabilidad exclusiva del Registrador de Títulos o del Registrador de Títulos Adscrito, cuando corresponda, respecto de las actuaciones en las que intervenga.


La función calificadora es obligatoria, indelegable y se ejerce con independencia funcional, en el marco de la Ley de Registro Inmobiliario, del presente Reglamento, y de otras normas jurídicas aplicables.


Facultades que comprende la Función Calificadora.


La función calificadora comprende las facultades de:
a) Comprobar que la documentación presentada esté completa y cumple con los requisitos de forma y fondo establecidos para la actuación solicitada.
b) Verificar la procedencia o improcedencia, validez y la naturaleza inscribible del acto o contrato presentado.

c) Examinar y verificar las formalidades y legalidad de los documentos y de la operación que le es solicitada, para determinar su procedencia.
d) Examinar y comprobar la legitimidad y capacidad legal de los otorgantes del acto y/o de los solicitantes.
e) Verificar la competencia del funcionario o Notario que autorice, legalice o ante el cual se instrumente el acto.
f) Verificar que se hayan pagado la contribución especial para integrar el Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados, así como cualquier otro impuesto o tasa que corresponda.
g) Solicitar cualquier documentación complementaria que considere conveniente.
h) Citar, si lo considera pertinente, al o a los solicitantes, propietarios y/o beneficiarios de cargas y gravámenes, o a sus representantes, si los hubieren, para que ratifiquen o rectifiquen algún documento sobre el que hubiere alguna duda respecto de su contenido.


En ningún caso el ejercicio de la función calificadora es apta para subsanar los defectos, errores u omisiones que pudieren contener los documentos presentados.
. El Registrador de Títulos al ejercer la función calificadora no está facultado para presumir aquello que no está expresamente consignado en los documentos presentados.



x)  Dirección Nacional de Mensuras Catastrales Definición y Funciones.


La Dirección Nacional de Mensuras Catastrales es el órgano de carácter nacional, dentro de la Jurisdicción Inmobiliaria, encargado de coordinar, dirigir y regular el desenvolvimiento de las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales, velar por el cumplimiento de esta ley en el ámbito de su competencia y por el cumplimiento del Reglamento General de Mensuras Catastrales.


La Dirección Nacional de Mensuras Catastrales es el órgano que ofrece el soporte técnico a la Jurisdicción Inmobiliaria en lo referente a las operaciones técnicas de mensuras catastrales; el lugar de su sede y sus funciones son establecidos por la Suprema Corte de Justicia por la vía reglamentaria. La misma está a cargo de un Director Nacional que será nombrado por la Suprema Corte de Justicia


y)  Dirección Regional de Mensuras Catastrales. Definición y funciones.


Las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales están supeditadas jerárquicamente a la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales y su función es velar por la correcta aplicación de la ley 108-05 y del Reglamento General de Mensuras Catastrales.


La composición y competencia territorial de este órgano y sus funciones son determinadas por la  Suprema  Corte  de Justicia  por  la  vía  reglamentaria.  Las  Direcciones  Regionales de Mensuras Catastrales están a cargo de un Director Regional de Mensuras Catastrales.


Función calificadora de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales:

Las Direcciones Regionales de Mensuras y Catastro están supeditadas jerárquicamente a la Dirección Nacional de Mensuras y Catastro y su función es velar por la correcta aplicación de esta ley y del Reglamento General de Mensuras y Catastro.


Todas las solicitudes de autorización y los trabajos presentados a consideración de las Direcciones Regionales de Mensuras Catastrales, deben reunir los requisitos exigidos por  la Ley de Registro Inmobiliario, y sus reglamentos y demás disposiciones complementarias para que proceda su aprobación.


La función calificadora recae bajo la responsabilidad del Director Regional de Mensuras Catastrales, sin perjuicio de que pueda valerse del auxilio de personal subalterno para ejercerla. En caso de impedimento o prohibición, la función calificadora será ejercida excepcionalmente por el Sub-Director Nacional de Mensuras Catastrales.


La función calificadora se aplica a:
  Las solicitudes de autorización para la ejecución de actos de levantamiento parcelario.
  Los trabajos de mensura, modificaciones parcelarias y divisiones para la constitución de condominio, tanto durante su ejecución como durante su tramitación


La función calificadora comprende las facultades de:
  Citar al o solicitantes, propietarios y/o reclamantes para que ratifiquen o rectifiquen algún documento sobre el que hubiere alguna duda sobre su autenticidad o contenido.
  Comprobar que la documentación presentada esté completa.
  Revisar y controlar que la documentación en general y los planos en particular cumplan con los requisitos legales y formales exigibles.
  Solicitar, cuando lo considere conveniente, inspecciones durante la ejecución de los trabajos en el terreno o una vez finalizados los mismos.
  Constatar que el trabajo presentado no está en contradicción con lo que resulte de los informes de inspección o con otros antecedentes existentes en los archivos de la Jurisdicción, debiendo analizar detenidamente en este último caso, si las contradicciones se deben a un trabajo mal ejecutado o a deficiencias existentes en los antecedentes.
  Descender al terreno por sí o comisionando a alguno de sus subalternos durante la ejecución de los trabajos autorizados, cuando considere pertinente verificar que efectivamente se están cumpliendo las exigencias reglamentarias en materia de publicidad, trabajos de campo y colocación de hitos.
  Comprobar, con el auxilio de la Unidad de Apoyo a Mensuras, que el trabajo realizado no se superpone con otros trabajos aprobados o con espacios del dominio público.
  Controlar que los datos de los planos se corresponden con los de los documentos y
cálculos que le sirven de base.
  Revisar el proceso de cálculo de las coordenadas proyectivas generales.
  Controlar que se hayan cumplido todos los requisitos legales y reglamentarios según el trabajo de que se trate.
  Citar, cuando fuese necesario, al agrimensor actuante para que amplíe o clarifique los informes presentados.
  Solicitar toda otra documentación complementaria que considere conveniente.

z)  Abogado del Estado, competencia, partición en los procesos.
El Abogado Del Estado es el representante del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria. El Abogado del Estado tiene las funciones de representación y defensa del Estado dominicano en todos los procedimientos que así lo requieran ante la Jurisdicción Inmobiliaria, a la vez ejerce las funciones de Ministerio Público ante la jurisdicción en función de esto.
A partir de la puesta en vigencia de la ley 108-05, las funciones del Abogado del Estado serán asumidas por la Comisión Inmobiliaria dentro de los ciento ochenta días (180) de la promulgación y publicación de la antes indicada ley.


Competencia: El Abogado del Estado es competente para someter ante la jurisdicción que corresponda a los autores de las infracciones castigadas por la ley para que se le impongan, si procede, las sanciones establecidas.


Participación en los procesos: Emite dictámenes, opiniones, mandamientos y todas las demás atribuciones que como Ministerio Público le correspondan. Ejecuta las sentencias penales dictadas por la Jurisdicción Inmobiliaria, y las demás decisiones que sean susceptibles de ejecución forzosa, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública. Emite su opinión en el proceso de saneamiento. Participa como Ministerio Público en el proceso de revisión por causa de fraude.


aa)Secretaria de los Despachos Judiciales


La Secretaría es la unidad operativa que asiste a uno o varios despachos judiciales en la función administrativa y jurisdiccional. La Secretaría está a cargo de un secretario. Los requisitos para ser secretario son los mismos establecidos en la ley de Carrera Judicial y textos complementarios. El apoderamiento del tribunal se hace por intermedio de la Secretaría quien asigna el caso por sistema aleatorio.


Funciones: Funciones de la Secretaría de los despachos judiciales. Las funciones de la Secretaría son las establecidas en  la  ley de  Organización  Judicial para los secretarios judiciales y aquéllas que explícitamente les confiere esta ley y sus reglamentos.






a)  Diferencia entre la competencia de los tribunales de tierra y los tribunales de derecho común.


La Jurisdicción Inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde que se solicita la autorización para la mensura y durante toda la vida jurídica del inmueble, salvo en los casos expresamente señalados en la ley. Los embargos inmobiliarios, y los mandamientos de pagos tendentes a esos fines son de la competencia exclusiva de los tribunales ordinarios y no de la Jurisdicción Inmobiliaria, aún cuando la demanda se relacione con la propiedad del inmueble cuya expropiación se persiga, o con cualquier derecho susceptible de registrar y aún cuando, dicho inmueble esté en proceso de saneamiento, siendo supletorio el derecho común. Mientras que los Tribunales de derecho común tienen competencia para conocer de todos los asuntos no atribuidos especialmente a los tribunales de excepción cualquiera que sea la naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervienen, salvo las excepciones legales como es el caso de los tribunales de tierras por ejemplo o los de transito, NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.


b)  Diferentes tipos de acciones procesales.
PROCESO JUDICIAL DEL SANEAMIENTO
LITIS SOBRE DERECHOS REGISTRADOS
PARTICIÓN DE INMUEBLES REGISTRADOS
FONDO DE GARANTÍA DE INMUEBLES REGISTRADOS.
DESALOJO JUDICIAL DE INMUEBLES REGISTRADOS.
REFERIMIENTO


c)  Tipos de competencia determinables en la Jurisdicción Inmobiliaria: territorial, de atribución y funcional.


Competencia Territorial: La competencia territorial se determina por la ubicación física del inmueble. por eso es considerada que esta es de carácter provincial exceptuando a las provincias como San Pedro de Macorís, Montecristi, El seibo, Bani, San Juan de la Maguana, Barahona, que se le atribuye competencia a otras provincias por no existir en esas provincias tribunales de jurisdicción original.


Cuando el objeto de la acción judicial involucre dos o más inmuebles pertenecientes a demarcaciones diferentes, o a distritos judiciales diferentes, la parte interesada tendrá la facultad de interponer la acción ante el tribunal  de tierras de jurisdicción original que estime conveniente sin perjuicios de las reglas relativas a la litispendencia.

Competencia  de  Atribución:  es  de  orden  público,  el  artículo  30  de  la  ley 108-05, establece que Los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria son los únicos competentes para conocer de las litis sobre derechos registrados siguiendo las disposiciones procesales contenidas en la presente ley y sus reglamentos. Las acciones deben iniciarse por ante el tribunal de jurisdicción original territorialmente competente.


Competencia funcional: Corresponde a los organismos judiciales de diverso grado, basada en la distribución de las instancias entre varios tribunales, a cada uno de los cuales le corresponde una función; cada instancia o grado se halla legalmente facultado para conocer determinada clase de recursos. (Tribunales de Jurisdicción Original, Tribunal Superiores de Tierras)


d)  Situación de los procesos de ejecución forzosa sobre Inmuebles.
Hay cuatro procedimientos de ejecución forzosa:


1.- Ejecución sobre el cuerpo del deudor (apremio corporal) consiste en privar al deudor de su libertad, hasta que pague la deuda, el apremio corporal no extingue la deuda. No puede pasar de dos años; no se aplica a las mujeres casadas ni a las embarazadas.


2.- Presión sobre la voluntad del deudor: La ley establece distintos medios para quebrar la voluntad de un deudor recalcitrante. Ej. Por medio de derecho de retención y también por la acción oblicua.


3.-La ejecución directa: Es aquella en la que el acreedor cumple la obligación del deudor y después le cobra la deuda y los gastos en que se incurrió. La ejecución directa solamente se aplica en las obligaciones de hacer o no hacer. El acreedor hace lo que el deudor tenía que hacer y después le cobra a este último los gastos en que incurrió.


4.- La ejecución sobre los bienes del deudor (es aquella que se practica sobre los bienes muebles. El procedimiento utilizado para ello es el embargo, que consiste en sentido general en privar al deudor de sus bienes, venderlos públicamente y cobrarse el acreedor el monto de la deuda con el producto de la venta.


e)  Situación de las medidas precautorias sobre inmuebles. Las medidas precautorias son actos procesales que pretenden asegurar el resultado práctico de la pretensión, garantizando la existencia de bienes sobre los cuales haya de cumplirse la sentencia judicial que se dicte en un proceso. Carece de sentido que se siga un largo juicio para establecer que una determinada persona deba pagarle una cantidad de dinero a otro, si una vez dictada la sentencia el primero no tiene bienes en los cuales hacer efectivo el cumplimiento del fallo.




a)  Definición.
Es el proceso por medio del cual se registra por primera vez un inmueble, obteniéndose con ello el primer Certificado de Título. El saneamiento es definido en el artículo 20 de la Ley de Registro Inmobiliario, como: “El proceso de orden público por medio del cual se determina e individualiza el terreno, se depuran los derechos que recaen sobre él y éstos quedan registrados por primera vez.


b)  Competencia.
Solo los tribunales de Jurisdicción Original del Tribunal de Tierras son competentes para conocer del proceso de saneamiento.


El proceso judicial del saneamiento sólo puede ser llevado a cabo ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria en razón de la materia, pero además existe la competencia territorial, porque el tribunal que debe conocer de éste proceso es el de la ubicación del inmueble. En los casos donde haya varios tribunales, se envía a la secretaría para el sorteo aleatorio, artículo 35 letra K del Reglamento de los Tribunales.


c)  Calidad para Iniciar la acción.
La calidad para iniciar dicho proceso queda establecida en la Ley 108-05 de la siguiente manera: Pueden iniciar este proceso:
A: El Estado Dominicano
B: Toda persona física o moral que reclame o posea un derecho sobre un inmueble no registrado.


d)  Etapas del Procedimiento de Saneamiento:
Son 3, La etapa Técnica, La etapa Judicial y la Etapa Registral.


1-  Etapa Técnica: Mensura: es el procedimiento técnico por el cual se individualiza, ubica y determina el terreno sobre el que se reclama el derecho de propiedad a registrar”. Mensura para saneamiento es el acto de levantamiento parcelario por el cual se individualiza, ubica y determina el inmueble sobre el que se reclama un derecho de propiedad.


2-  Etapa Judicial: Es el procedimiento por ante los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria que depura el derecho registral.

3-  Etapa Registral: el registro es le proceso mediante el cual se expide el certificado de titulo que acredita la existencia del derecho junto a sus elementos esenciales, se habilitan los asientos de registro complementarios y con ellos se les da publicidad.

e)  Formalidades para realizar la mensura.


La mensura se inicia con la autorización para la realización de la misma otorgada por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales territorialmente competente, la cual debe estar precedida por la solicitud de autorización hecha por el reclamante.


La solicitud de autorización se realizará en formatos específicos que contendrán:


a) Nombres y apellidos de los solicitantes y sus números de cédula de identidad y electoral o pasaporte, en caso de personas jurídicas el nombre y el RNC., dirección postal, dirección de correo electrónico, número de fax y número de teléfono.


b) Domicilio de los solicitantes.


c) Tipo de trabajo a realizar, indicando expresamente si se trata de una mensura para saneamiento, de una refundición, de un deslinde u operaciones combinadas, en cuyo caso deberá identificarlas con claridad y precisión.


d) Inmueble sobre el que se ejecutará el trabajo identificado con su designación catastral y matrícula si los tuviere, o por su ubicación en el caso de saneamiento.


En caso de que el trabajo abarque más de un inmueble, se deberán identificar todos los inmuebles involucrados. Cuando se trate de inmuebles soportados por constancias anotadas, se indicará la superficie del mismo.


e) Nombre y apellido, número de cédula de identidad y electoral, número de colegiatura del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, dirección postal, dirección de correo electrónico, número de fax y número de teléfono del agrimensor que ejecutará el trabajo.


f) Indicación de la fecha del contrato entre el o los solicitantes y el agrimensor, y el nombre del
Notario interviniente con su respectivo número de colegiatura.


g) Solicitud de remisión de los trabajos una vez aprobados a:1) El Tribunal de Jurisdicción
Original territorialmente competente en caso de saneamiento y deslinde.


2) El Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente en caso de otras operaciones litigiosas.


3) El Registro de Títulos territorialmente competente en caso de otras operaciones. h) Firma de los titulares del inmueble o reclamantes.
i) Firma del agrimensor aceptando ser propuesto para realizar los trabajos y declarando, que en caso de ser habilitado, ejecutará el trabajo en carácter de oficial público, de conformidad con la Ley de Registro Inmobiliario, sus Reglamentos y demás normas aplicables.
Párrafo. La solicitud debe tener legalizada sus firmas por Notario, o quien haga sus veces

f) Papel del agrimensor actuante.


El Agrimensor prepara el croquis de los terrenos correspondientes a los derechos que serán objeto del deslinde, subdivisión o refundición.  El Agrimensor somete al Tribunal superior de Tierras una instancia solicitando autorización para realizar los trabajos técnicos, juntamente con el expediente señalado.


El Agrimensor contratista realizará los trabajos de campo y gabinete para confeccionar los planos correspondientes. Si tiene alguna dificultad con terceros en el campo, puede solicitar el auxilio de la fuerza pública para realizar los trabajos. La Solicitud será dirigida al Director de la Dirección General de Mensuras Catastrales, para que este la transmita al Abogado del Estado. El Agrimensor contratista someterá los planos a la Dirección General de Mensuras Catastrales, para su correspondiente revisión y aprobación. Los planos debidamente revisados y aprobados por la Dirección General de Mensuras Catastrales, serán remitidos al TST.


g)  Poderes de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales.


La Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, autoriza al agrimensor para realizar los trabajos de mensura, la cual debe pronunciarse dentro de un plazo de 20 días. La solicitud lleva implícita la petición de que la Dirección Regional de Mensuras Catastrales apodere al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, territorialmente competente.


También el apoderamiento de un Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original para el proceso judicial del saneamiento, se produce por intermedio de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, que a su vez debe consignar la aprobación de los trabajos de mensura, la designación catastral del nuevo inmueble, y remitir los planos resultantes.


h)  Desarrollo de la mensura catastral.


En la solicitud para la realización de la mensura, el reclamante solicita que la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, autorice al agrimensor para realizar los trabajos de mensura, la cual debe pronunciarse dentro de un plazo de 20 días. La solicitud lleva implícita la petición de que la Dirección Regional de Mensuras Catastrales apodere al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original, territorialmente competente.


La Dirección Regional de Mensuras Catastrales tiene un plazo de 45 días para pronunciarse con relación a los trabajos presentados. Esta autorización inviste al agrimensor del carácter de oficial público y Auxiliar de la justicia sujeto a la presente ley y sus reglamentos. La negativa de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales a autorizar los trabajos presentados debe estar técnica y jurídicamente fundamentada, a diferencia de lo que ocurría con la ley 1542, donde no era necesaria la argumentación en ese sentido.


Cuando se produce el rechazo de la solicitud, el interesado puede o tiene el derecho de solicitar la reconsideración a la solicitud de rechazo, conforme lo disponen los artículos 214 y siguientes del Reglamento de Mensuras Catastrales. Una vez otorgada la autorización para la

presentación de los trabajos, tiene una vigencia de 60 días durante los cuales el agrimensor debe ejecutar la mensura y presentar los documentos y elementos justificativos para su revisión y aprobación a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales para su revisión y aprobación. Estos documentos son: Actas de hitos y mensura; Carta de conformidad; Informe técnico; Coordenadas; Plano individual; Plano general, aun cuando se trate de una sola parcela; y Planilla de superficies


i) Participación de los interesados en la mensura.


La parte interesada en el proceso de mensura tiene participación al momento de realizar la solicitud de autorización para realizar la mensura solicitando a su vez a la Dirección Regional de Mensuras  y Catastro que autorice al agrimensor a realizar los trabajos de mensura con la petición implícita a la misma de que apodere al Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente, la cual debe pronunciarse en un plazo de 20 días.


j) Proceso Judicial: apoderamiento del tribunal.


El apoderamiento de un Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original para el proceso judicial del saneamiento, se produce por intermedio de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondiente, que a su vez debe consignar la aprobación de los trabajos de mensura, la designación catastral del nuevo inmueble, y remitir los planos resultantes. El Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original una vez apoderado dará cumplimiento al procedimiento de fijación de audiencia, citación, notificación de las partes y publicidad.


k)  Actuaciones obligatorias que debe realizar el tribunal:


Notificar a los reclamantes en un periodo no mayor de 15 días de que ha iniciado el proceso de saneamiento para que estos cumplan con las medidas de publicidad correspondientes.
Poner en conocimiento al abogado del Estado del proceso de saneamiento y notificarle la fecha de la primera audiencia para que este emita su opinión.


l) Fijación de la audiencia.


El proceso de Saneamiento inicia con la fijación de la audiencia dentro de los 15 días a partir del apoderamiento del Tribunal e Jurisdicción Original territorialmente competente fijando la fecha de la celebración de la misma en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir del apoderamiento del tribunal.


m) Celebración de la audiencia.


En un plazo no mayor de quince (15) días, el tribunal de jurisdicción original apoderado debe notificar a los reclamantes que se ha iniciado el proceso judicial del saneamiento para que estos, antes de la primera audiencia cumplan con los requisitos de publicidad precisados en esta ley y en la vía reglamentaria.

La fecha de la celebración de la audiencia deberá ser en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir del apoderamiento por parte del tribunal de jurisdicción original. en el saneamiento el juez celebra tantas audiencias como lo considere conveniente y debe trasladarse al terreno tantas veces como fuere necesario.


El tribunal debe  poner en conocimiento al Abogado del Estado para que este manifieste  su interés en la audiencia, su incomparecencia a la misma se considera como falta de  interés y la no objeción del Estado al proceso de saneamiento.


Si, como resultado del proceso judicial de saneamiento surgen modificaciones al estado original de los planos aprobados por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales, el juez o tribunal debe ordenar al agrimensor realizar las correcciones de lugar y las medidas de publicidad necesarias, otorgándole el plazo pertinente. En este caso, el juez o  tribunal sobreseerá el conocimiento del asunto hasta tanto le sean reenviado los planos corregidos y la sentencia que intervenga por esta razón será remitida a la Dirección Regional de Mensuras correspondiente, encargada de velar por su cumplimiento.


n)  Diferencia  entre  las  audiencias  de  saneamiento  y  las  demás  audiencias conocidas por los tribunales de tierras.


A diferencia de las demás las audiencias de saneamiento cuentan con la  Participación del abogado del estado cosa que en las demás no se presenta, también en el proceso de saneamiento no se requiere ministerio de abogado, salvo que el mismo técnica y jurídicamente se torne litigioso", y que los interesados podrán  comparecer en persona.


o)  La prueba en el proceso de saneamiento.


En el saneamiento existe la libertad de pruebas, o sea que el reclamante deberá probar y convencer al juez de que posee el terreno a título de propietario con el propósito de que se le adjudique el mismo (actor incumbit probatio rei). La  posesión, así como los actos posesorios especificados en la ley por sí solos, no hacen prueba del derecho de propiedad sobre el inmueble reclamado, debiendo siempre cumplir con los requisitos de la prescripción adquisitiva establecidos en ella para tales fines.


Papel del juez en el proceso de saneamiento.


Durante el proceso de saneamiento los jueces desempeñan un papel activo el cual es facultativo, en esta materia los Jueces disfrutan de un amplio poder para apreciar los testimonios, pruebas y alegatos de las partes, determinar su valor y decidir sobre las mimas realizando las audiencias que considere necesarias para que el proceso quede bien instruido.


p)  Representación de abogado.

En el proceso de saneamiento no es obligatoria la representación de abogado salvo que el mismo técnica o jurídicamente se torne litigioso.


q)  Papel del Abogado del Estado en el proceso de saneamiento.


El Abogado Del Estado es el representante del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria. El Abogado del Estado tiene las funciones de representación y defensa del Estado dominicano en todos los procedimientos que así lo requieran ante la Jurisdicción Inmobiliaria, a la vez ejerce las funciones de Ministerio Público ante la jurisdicción en función de esto.


r) La posesión para saneamiento.


A los fines de saneamiento hay posesión cuando una persona tiene un inmueble en su poder a titulo de  dueño o por otro que ejerce el derecho en su nombre, la misma debe ser pública, pacifica, inequívoca e ininterrumpida por el periodo establecido en el Código Civil según la posesión de que se trate. Se considera como posesión cuando los terrenos están cultivados o se utilizan para cualquier otra actividad lucrativa, la percepción de frutos, las construcciones que se hagan en el inmueble, la materialización de los límites.


s)  La sentencia de saneamiento.


“Todo proceso de saneamiento termina con una sentencia de adjudicación del inmueble, la cual será notificada mediante acto de alguacil, momento a partir del cual comienza a correr el plazo para interponer el recurso de apelación


La sentencia dictada por un juez de jurisdicción original que conoce el proceso de saneamiento debe estar bien estructurada, y debe contener los cinco planos que son: el fáctico, lógico, axiológico, regulatorio y lingüístico, deben enunciar también: a) Número único del caso; b) Nombre del Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria correspondiente; c) Nombre del juez que preside y de los jueces que integran el tribunal; d) Fecha de emisión de la decisión; e) Nombre de las partes y sus generales; f) Conclusiones de las partes; g) Enunciación de las pruebas documentales depositadas por las partes; h) Identificación del o de los inmuebles involucrados; i) Enunciación de la naturaleza del proceso al que corresponde la decisión; j) Relación de hechos; k) Relación de derecho y motivos jurídicos en que se funda; l) Dispositivo; m) Firma del Juez que preside y de los jueces que integran el Tribunal; n) Firma del Secretario del Despacho Judicial correspondiente.


En la sentencia de saneamiento se debe hacer constar de manera clara el inmueble que se adjudica con su área, colindancias y mejoras si existieren, nombres y generales de las personas a quien se le adjudica el inmueble.


“La sentencia en que se fundan los derechos garantizados por el presente certificado de título puede ser impugnada mediante el recurso de revisión por causa de fraude durante un (1) año a partir de la emisión del mismo” En el Procedimiento de saneamiento no hay condenación en costas.

-La sentencia irrevocable de saneamiento, acompañada del plano definitivo de mensura aprobado y toda aquella documentación complementaria, establecida por la vía reglamentaria por la Suprema Corte de Justicia, debe ser remitida al Registro de Títulos que corresponda, dentro de los quince (15) días a la recepción de los planos aprobados, para que se efectúen los registros correspondientes y se expida el Certificado de Título


t) Proceso de Registro:


El artículo 27 de la Ley de Registro Inmobiliario dice: “El Registro es el acto por el cual se expide el Certificado de Título que acredita la existencia del derecho junto a sus elementos esenciales, se habilitan los asientos de registros complementarios y con ello se le da publicidad”. En el Registro de Títulos se deben incorporar los elementos esenciales del derecho de propiedad adjudicado en la sentencia definitiva e irrevocable. En un período no mayor de 30 días, contados a partir del recibo de la sentencia definitiva e irrevocable, la Oficina de Registro de Títulos correspondiente debe proceder a realizar las operaciones anteriormente señaladas.


u)  Apoderamiento del Registro de Títulos.


El tribunal de Jurisdicción Original emite una sentencia de Adjudicación del Inmueble, la cual es susceptible de ser recurrida en apelación en un plazo de 30 días a partir de su notificación. En caso de no ser recurrida en apelación la sentencia acompañada del plano definitivo de mensura aprobado y toda la documentación complementaria establecida por la Suprema Corte de Justicia se remitirá al Registro de Títulos correspondiente  para que este emita el Certificado de Titulo del inmueble saneado.


v)  Ejecución de la sentencia.


La sentencia es ejecutada por Registro de Títulos En el Registro de Títulos se transcribe la sentencia, enunciando  en  el  Certificado  de  Título  los  nombres de  los propietarios, sus generales, designación catastral del inmueble saneado, sus límites, colindancias, su extensión superficial usando el sistema métrico decimal, anotando en el primer certificado la fecha en que perime el recurso de revisión por causa de fraude. Efectuada la transcripción de los derechos establecidos por la sentencia, y expedido el correspondiente Certificado de Título, el inmueble se encuentra registrado, con lo cual termina el procedimiento de saneamiento.


w) Función calificadora de los Registros de Títulos.


En  toda  decisión  emanada  de  los Tribunales  de  la  Jurisdicción  Inmobiliaria,  la  función calificadora del Registrador de Títulos se limita a constatar que no existan vicios de forma sustanciales.


En caso de existir impedimentos para la ejecución de la decisión de un Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria, el Registrador de Títulos debe comunicar mediante escrito motivado al Juez o Tribunal que dictó la decisión dicha situación, solicitando impartir las instrucciones

expresas y escritas que estime convenientes, mientras el Registro de Títulos no reciba instrucciones expresas y escritas del Juez o Tribunal no deberá ejecutar la decisión.






Deslinde:
1 Deslinde es el acto de levantamiento realizado para constituir el estado parcelario de una parte determinada de un terreno registrado y sustentado en una Constancia Anotada, a fin de que su titular pueda separar su propiedad del resto de la parcela originaria.


2. Es la operación técnica inmobiliaria que permite individualizar los derechos de un propietario con relación a los demás copropietarios de un mismo solar o parcela.


Clases de deslinde:
Deslinde de terreno amparado en Constancia Anotada: Se trata del deslinde clásico, concebido por la ley y los reglamentos, y que consiste en la individualización de una porción de terreno amparada en constancia anotada.
Deslinde de terreno amparado en contrato de venta: que se realiza sobre terrenos cuyos propietarios tienen derechos sustentados en un contrato de transferencia de derechos amparados en Constancias Anotadas, anterior al 5 de marzo del año 2009.
Deslinde con operaciones combinadas: es el que se hace como anticipo para la ejecución de otra operación de mensuras, como sería  una subdivisión, un  condominio o una refundición.


Deslinde en virtud de la Resolución 355-09, dictada por la Suprema Corte de Justicia. Es el proceso contradictorio, mediante el cual se ubican, determinan e individualizan los derechos amparados en constancias anotadas.


Etapas del deslinde:
Técnica:
En la que mediante un acto de levantamiento parcelario se ubica, determina e individualiza el terreno sobre el que se  consolida  el derecho  de  propiedad. Esta  etapa finaliza  con  la aprobación técnica de las operaciones por la Dirección Regional de Mensuras Catastrales territorialmente competente.


Judicial:
En el que mediante un proceso se dan las garantías necesarias para que todos los titulares de Constancias Anotadas sobre la misma parcela y los titulares de cargas y gravámenes, puedan hacer los reclamos que consideren pertinentes. Esta etapa finaliza con la sentencia de aprobación del deslinde.


Registral:
Consistente en el acto del registro de los derechos que recaen sobre la parcela y donde se acredita la existencia del derecho. Esta etapa finaliza con la expedición del Certificado de Título y la habilitación del correspondiente Registro Complementario.

Proceso Judicial del Deslinde:


Carácter contradictorio de este proceso.


El proceso de deslinde se conoce de manera contradictoria por el Tribunal de Jurisdicción Original competente, aplicando   para el mismo los principios del saneamiento, en consecuencia, no es obligatorio el ministerio de abogado, salvo que el proceso se torne litigioso.


El proceso de deslinde se torna litigioso desde el momento en que la operación técnica de mensura, el derecho de propiedad o cualquier otro derecho real accesorio relativo al inmueble o inmuebles objeto de deslinde, se encuentra entre dos o más personas físicas o jurídicas.


Apoderamiento del tribunal para el deslinde.


El tribunal fija audiencia a solicitud de parte interesada, la cual debe celebrarse en un plazo no mayor de 30 días calendarios, contados a partir de la fecha de la solicitud.


Una vez fijada la audiencia, la parte interesada notifica a los colindantes identificados en la etapa técnica y a quienes hubieren presentado objeciones al proceso conforme a las reglas del derecho común.


El juez celebra una sola audiencia cuando tenga constancia del cumplimiento de todas las medidas de publicidad antes indicadas y siempre que no se haya presentado objeción o contestación alguna, o que éstas puedan ser resueltas en la audiencia.


Documentos remitidos al tribunal por la Dirección de Mensura.


a)  Acta de hitos y mensura.


b)  Carta de conformidad de los solicitantes.


c)  Plano general con las siguientes características:


1.  Deslinde sobre parcelas complejas: Deben estar representadas todos los inmuebles que se deslindan en el acto y su vinculación, si se pudiera, a la parcela originaria, asimismo, se graficaran las vías de comunicación existentes ubicadas en base a la cartografía de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales, y los deslindes aprobados según los planos y antecedentes cuando fuera posible ubicarlos.


2.  Deslinde sobre parcelas sencillas: Se deben representar todos los inmuebles que se deslindan en el acto, la parcela originaria, las vías de comunicación y los deslindes aprobados, con las respectivas vinculaciones y todos los datos geométricos que permiten su dimensionamiento. El registro de superficies que integra el plano general debe indicar la superficie total de la parcela originaria, las superficies de deslindes aprobados, la

superficie de cálculos, el porcentaje que corresponde a la constancia anotada, la superficie real de la parcela originaria, la superficies de las vías de comunicación, la superficie útil, la superficie teórica de la porción a deslindar, la superficie real deslindada de cada parcela y las observaciones que correspondan según el modelo establecido para los trabajos de mensuras que como anexo forma parte de este reglamento.

d)  Informe técnico, en el que se justifica la ubicación y determinación de los limites. e)  Coordenadas de cada parcela deslindada.
f) Plano individual por parcela.


Representación de Abogado.


En el proceso de deslinde, al igual que en el proceso de saneamiento, el propietario no requiere del ministerio de abogado, salvo que el proceso técnica y jurídicamente se torne litigioso, según el artículo 20, párrafo II, de la citada ley. El propietario sólo podrá delegar su representación a un abogado. En los demás procesos, el ministerio de abogado es requerido en las instancias judiciales.


Representación de Agrimensor.


Son los profesionales habilitados para el levantamiento parcelario, los cuales realizan sus trabajos de acuerdo con el régimen establecido por la Ley y el Reglamento General de Mensuras y Catastro, estos inician su trabajo en la etapa técnica del deslinde donde el agrimensor, previa notificación a los co-propietarios colindantes y terceros interesados, y con la utilización de un G.P.S., mide, determina y ubica exactamente el inmueble objeto de deslinde.


La audiencia del deslinde.


Si se han cumplido las medidas de publicidad, el Juez celebra una sola audiencia, si existen oposiciones u objeciones, se deben celebrar las dos fases del proceso contradictorio: a) Audiencia de presentación de pruebas b) Audiencia de fondo.


Posibles medidas de instrucción en los deslindes.


Informativo Testimonial: Si el deslinde se torna litigioso será necesaria la presencia de medios de prueba que confirmen la posesión del reclamante en el terreno objeto del proceso. En este caso el informativo testimonial es un medio de prueba. Se solicita el informativo testimonial en la forma clásica del derecho común, con la única variante de que cinco días antes de la audiencia debe depositarse una lista con los testigos propuestos.


La Inspección: Las inspecciones sólo proceden como mecanismo de control sobre trabajos ejecutados o en ejecución, y son ordenadas por el Director Nacional de Mensuras Catastrales por sí o a solicitud de los Tribunales de Tierras, del Abogado del Estado, de los Directores

Regionales de Mensuras Catastrales, del encargado de la Unidad de Apoyo a Mensuras o administrativamente por la Suprema Corte de Justicia.


La prueba en el proceso del deslinde.


Para los procedimientos de deslinde, subdivisión y refundición, que tiene un altísimo componente técnico de agrimensura, la constancia o extracto de certificado de titulo o el duplicado del dueño son las pruebas fundamentales del proceso según el caso. los demás documentos serán propios de las operaciones técnicas del Agrimensor designado y la Dirección Regional de Mensuras Catastrales y Administrativas o Jurisdiccionales de la Jurisdicción Inmobiliaria.


Papel del juez en el proceso del deslinde:


La capacidad de los jueces apoderados de un proceso de deslinde está limitada a comprobar si el mismo se ha realizado conforme a la ley y si el agrimensor ha procedido a realizar su trabajo de acuerdo a los derechos que figuran en el certificado de título.


La resolución dictada por el tribunal Superior de Tierras que aprueba un deslinde puede ser siempre impugnada por los perjudicados, y en tales casos el Presidente de dicho tribunal está facultado para apoderar al Tribunal de Jurisdicción Original, a fin de que el asunto recorra el doble grado de jurisdicción.


Las notificaciones en el proceso del deslinde.


Las citaciones para audiencia y la notificación de la sentencia que pone término al proceso de deslinde, deben ser realizadas vía acto de alguacil a las personas que fueron identificadas como colindantes en el proceso de la mensura para el deslinde.


Medidas de instrucción en el proceso del deslinde.


El informativo testimonial y la inspección.


Las Inspecciones realizadas por Mensuras Catastrales.


Las inspecciones sólo proceden como mecanismo de control sobre trabajos ejecutados o en ejecución, y son ordenadas por el Director Nacional de Mensuras Catastrales por sí o a solicitud de los Tribunales de Tierras, del Abogado del Estado, de los Directores Regionales de Mensuras Catastrales, del encargado de la Unidad de Apoyo a Mensuras o administrativamente por la Suprema Corte de Justicia.


La Unidad de Inspecciones procede a realizar aquellas inspecciones ordenadas por el Director Nacional de Mensuras Catastrales, debiendo elevar como consecuencia de su trabajo un informe de inspección.

Cuando la inspección ha sido solicitada por un Director Regional de Mensuras Catastrales en relación a un trabajo en ejecución o ejecutado, el informe de inspección se limita a señalar objetivamente los elementos constatados y/o verificados en el terreno. Corresponde a la función calificadora del Director Regional de Mensuras Catastrales, el analizar el resultado de la inspección y evaluar si existen discrepancias inaceptables e injustificables entre lo documentado por el agrimensor y el resultado de la inspección.


Las Inspecciones solicitadas por los Tribunales de Tierras y el Abogado del Estado proceden luego de haber agotado las medidas necesarias para que al menos un agrimensor o un perito externo, autorizado para actuar como oficial público para el caso y contratado por la parte interesada, haya presentado un informe técnico al órgano solicitante. Las dudas que persistan podrán ser aclaradas mediante una solicitud de inspección bajo la vigilancia de la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales.


Cuando la inspección ha sido solicitada por los Tribunales de Tierras o por el Abogado del Estado, el informe de inspección contendrá objetivamente los elementos constatados y/o verificados en el terreno y, si así lo hubiere requerido el solicitante, hará una ponderación de los mismos. En estos casos, el informe de inspección deberá ser aprobado por el Director Nacional de Mensuras Catastrales para ser remitido al solicitante.


Las inspecciones deben referirse a cuestiones objetivas verificables en el terreno, teniendo siempre en cuenta la fecha de ejecución del acto.


Cuando se ejecute una inspección solicitada por una Dirección Regional de Mensuras Catastrales, el o los profesionales habilitados involucrados tienen derecho a presenciar las operaciones y demás actuaciones que lleva a cabo el inspector; a tal efecto, en el ámbito de la Dirección Regional de Mensuras Catastrales se dispone de un avisador en el que se publican las inspecciones a realizar indicando: profesional habilitado, trabajo, parcela, fecha y hora de inspección. La no comparecencia del profesional habilitado al campo no impide la inspección.


En ningún caso una inspección es apta para subsanar los defectos, errores u omisiones comprobados, correspondiendo tal función profesional habilitado actuante en el caso.


La sentencia del tribunal sobre el deslinde no contradictorio.


Es aquella emitida después de un proceso judicial en el cual se ordena al Registro de la nueva
Parcela al Registrador de Títulos territorialmente competente.


Las  Oposiciones  a los  Deslindes:  calidad  para  ser  oponente,  apoderamiento  del tribunal respecto de la oposición, instrucción del proceso cuando existe oposición. Papel del juez en los deslindes con oposición. La sentencia del tribunal en deslinde contradictorio.


Si el deslinde se efectuó de forma administra mediante una resolución dictada por el Tribunal
Superior de Tierras, conforme a cómo eran aprobados antiguamente con la Ley de Registro

de Tierras, la cual fue derogada por la Ley de Registro Inmobiliario y la misma afecta algún copropietario o colindante que no dio su conformidad para que se aprobaran los trabajos, éste podrá demandar la nulidad  del  deslinde, planteando  para  ello una  litis  sobre  derechos registrados, en virtud de que las resoluciones administrativas dictadas por el Tribunal Superior de Tierras no tienen o no adquieren la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, puesto que no resuelven una litis entre partes, y como consecuencia de ese carácter, el tribunal puede válidamente volver sobre lo que ha decidido por una resolución que en el fondo lo que envolvería es una litis sobre derechos registrados.


En esta litis sobre derechos registrados, cuya naturaleza jurídica tiene por finalidad la demanda en persecución de nulidad del deslinde practicado de forma irregular, el Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente puede tomar todas las medidas relativas a la instrucción de la causa, ya sean de oficio o a pedimento de parte, que puedan o no prejuzgar el fondo de la litis, tal y como lo disponen los artículos 32 y 33 de la Ley de Registro Inmobiliario. En este sentido la Suprema Corte de Justicia ha dicho que “los jueces del fondo para establecer la ubicación de la porción de terreno perteneciente al recurrente, les bastaba con comprobar si en el acto de venta otorgado en su favor se hacían contar los linderos de la misma para su localización y por tanto si dicha porción de terreno estaba comprendida o no dentro del ámbito de la parcela ocupada por la recurrida”. Cas. 15 del mes de Septiembre del año 1999 B,J. número1066, Pag. 756.


En esta demanda en nulidad o revocación de la resolución que aprobó los trabajos de deslinde hechos de forma irregular, el copropietario o colidante de la parcela deslindada deberá sustentar su demanda bajo los alegatos de que sufrió perjuicio con los referidos trabajos de deslinde practicados por el agrimensor contratista; es decir, si el trabajo de mensura lo afecta o abarca o comprende parte de su terreno, o fue realizado sin tomar en cuenta las mejoras del copropietario, al que no le dieron la oportunidad de estar presente a la hora de la realización de los trabajos de campo practicados por el agrimensor; toda vez que la falta de interés por ante los Tribunales de la Jurisdiccion Inmobiliaria, no se manifiesta por la ausencia de una demanda ni por la no presentación a una audiencia, sino que la falta de interés se manifiesta cuando el demandante no ha podido establecer con claridad meridiana, el agravio o perjuicio sufrido en el uso de un derecho jurídicamente protegido, cuyo interés debe ser actual y no eventual; en cambio, si esta persona sólo es capaz de probar que sus derechos fueron lesionados necesariamente se ordenará la cancelación de la resolución administrativa, y por tanto, se ordenará la cancelación del certificado de título que se obtuvo como consecuencia de la aprobación, se ordenará la expedición o restitución de la constancia anotada del propietario del deslinde anulado y se comunicará al Director Regional de Mensuras Catastrales que la parcela que resultó como consecuencia del deslinde irregularmente practicado puede ser designada a otro copropietario que la solicite o a la persona que ha practicado el deslinde para que éste lo introduzca nuevamente; es necesario destacar que el Juez designado deberá tomar todas las medidas que entienda de lugar a los fines de instruir el referido expediente tendiente a revocar el derecho asignado a esa persona que obtuvo de forma irregular la aprobación del deslinde.



Papel del juez en los deslindes con oposición.

La capacidad de los jueces apoderados de un proceso de deslinde está limitada a comprobar si el mismo se ha realizado conforme a la Ley y si el agrimensor ha procedido a realizar su trabajo de acuerdo a los derechos que figuran en el certificado de titulo No. 12. Ter., Oct. 2005, B.J. 1139.
Operaciones combinadas al deslinde. Refundiciones.
Es la operación técnica inmobiliaria mediante la cual se logra que varias parcelas colindantes
y pertenecientes a uno o varios propietarios se conviertan en una parcela, ósea que diversos inmuebles se fusionan para dar nacimiento a una parcela.


como la refundición es la unión de dos o más parcelas, es imprescindible que sean colindantes entre sí, es un requisito sine qua non.


Ese nuevo inmueble tendrá todas las características que tenían, por separados, cada uno de los inmuebles que fueron refundidos, con la aclaración de que el área, lógicamente, sea mayor que los anteriores. Estará dotado de una nueva designación catastral, linderos y certificados de títulos.


Subdivisiones.
Es la operación técnica  inmobiliaria  que  permite fraccionar o dividir un  terreno  que  ha permanecido como propiedad de varias personas con la finalidad de que cada uno de los propietarios tenga individualizada la porción de terreno que le corresponde y ese derecho queda amparado por el certificado de titulo de rigor.


Con la subdivisión se logra que un inmueble que antes estuvo adjudicado o registrado a favor de una o varias personas, en comunidad, se convierta en varios inmuebles, y que cada uno sea una propiedad particular con su designación catastral especial y su correspondiente certificado de titulo.


Urbanización parcelaria.


Se denomina el acto de levantamiento parcelario que tiene por fin la creación de nuevas parcelas por división de una o más parcelas registradas, con aperturas de calles o caminos públicos.


Constitución de Condominio:
Es el derecho de propiedad existente a favor de varias personas sobre un bien mueble o inmueble, bajo la forma de cuota partes o partes ideales, es decir; (mitad, un tercio, un cuarto, etc.), permite a cada propietario usar de la cosa bajo condición de respetar los derechos concurrentes de los otros, gozar de ella y en principio dispone del bien libremente en la medida de su contraparte.

El régimen del condominio solo puede ser constituido por el o los propietarios de un edificio que contenga varias unidades habitacionales o de locales comerciales independientes o por constituirse.


La constitución de condominio debe estar acompañado:
a)  Duplicado del certificado de títulos, correspondiente al inmueble que se desea afectar, acompañado de la certificación del estado jurídico del inmueble donde se indique que el mismo se encuentra libre de cargas, gravámenes y limitaciones legales.
b)  Acta de constitución de consorcio, acta de declaratoria de condominio y del reglamento del régimen de condominio aprobados, debidamente firmadas y legalizadas las firmas por ante notario público.
c)  Certificación emitida por la autoridad administrativa competente que aprueba los planos de la obra.
d)  Plano de división  del condominio  aprobado  por la Dirección  Regional de  Mensuras
Catastrales competente.
e)  Constancia de pago de la contribución especial para el fondo de Garantías de Inmuebles
Registrados.
f) Contrato de Hipoteca indicando la forma en que se afectara cada una de las futuras unidades funcionales del condominio, si corresponde.
g)  Demás requisitos establecidos por la Dirección Nacional de Registro de Títulos, si los hubiere.


Oposiciones a los deslindes:


Las oposiciones interpuestas sobre los procedimientos de deslinde sometidos con la Ley 1542, deberán tratarse como una nueva instancia y por ende deberán conocerse con la ley 108-05. (22 de Junio de 2007).




Definición


Según el artículo 28 de la Ley 108-05 la Litis sobre derechos registrados es definida como: El proceso contradictorio que se introduce ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria en relación con un derecho o inmueble registrado.


Dicho procedimiento, es el que sigue a la sentencia del saneamiento, en la cual se le otorga el derecho de propiedad a una persona.


Competencia.


Según el artículo 29 de la Ley 108-05 la competencia para conocer de la Litis sobre derechos registrados es de Los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, siempre y cuando se sigan las disposiciones procesales contenidas en la Ley 108-05 y sus reglamentos. Las acciones deben iniciarse por ante el tribunal de jurisdicción original territorialmente competente.


Para que la jurisdicción Inmobiliaria sea competente en conocer de la Litis sobre derechos registrados, es necesario que se den dos condiciones.


a)  Que el acto en que se demanda la nulidad, trate sobre un inmueble registrado. b)  Que ese acto se haya ejecutado en registro de títulos.


Nota.
El motivo por el cual la Jurisdicción Inmobiliaria es competente para conocer la demanda en nulidad de cualquiera de estos actos que este ejecutado en Registro de Títulos, es porque anular un acto de estos, modifica un derecho en Registro de Títulos y cada vez que se requiera modificar un derecho en Registro de Títulos por sentencia, solamente hay un tribunal competente en la Republica Dominicana, que es el Tribunal de Tierras o Jurisdicción Inmobiliaria, conforme lo proveen las disposiciones de los artículos 28 y 29 de la ley de Registro Inmobiliario, con excepción del embargo inmobiliario.


Apoderamiento del tribunal y procedimiento.


a)  Se apodera al tribunal, depositando una instancia motivada ante el Tribunal de Tierras de Jurisdicción  Original  territorialmente  competente,  si  hay más de  un  juez de  jurisdicción Original, esa instancia se deposita en la secretaría común para ser sorteada de manera aleatoria entre los jueces de Jurisdicción Original.

b)  Se notifica la instancia por acto de alguacil a la parte demandada en el plazo de la octava franca de ley, cuyo plazo comenzara a correr a partir de que se depositó la instancia en la secretaria del Tribunal, debe dársele copia en cabeza de la instancia al demandado.

c)  Depositar el acto de alguacil en la secretaría del Tribunal, como prueba de que se notificó la instancia al demandado y que se le dio cumplimiento a las disposiciones del artículo 30 de la Ley.


Obligaciones del tribunal posteriores al apoderamiento.


Después del tribunal ser apoderado, tiene la obligación de notificar al registrador de Títulos de la jurisdicción competente para que ponga una oposición sobre el inmueble en Litis.


Marco Legal.


Artículo 135 del Reglamento de los Tribunales, que expresa lo siguiente: El Juez o Tribunal apoderado de una Litis sobre derechos registrados, una vez sea depositada la notificación de la demanda a la contraparte, informará al Registro de Títulos y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondientes la existencia de la misma. El registro de Títulos correspondiente anotará un asiento sobre el inmueble involucrado, en el que se hará constar que el mismo es objeto de un conflicto que se está conociendo en dicho Tribunal”.


Caducidad de la instancia.


El Artículo 134 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierra, establece que si el demandante no cumple  con  el requisito  del  depósito  de  la notificación  de  la demanda introductiva en la Secretaría del Despacho Judicial en el plazo establecido en el artículo 30 de la Ley de Registro Inmobiliario, la misma quedará sin efecto.


Audiencias que debe celebrar el tribunal:


Cualquiera de las partes puede solicitar mediante una instancia que se fije audiencia para conocer de la Litis, porque el juez o los jueces no pueden fijarla de oficio. Si el abogado de la parte demandante así lo desea, simplemente por la instancia que deposita el acto de alguacil, en esa misma instancia solicita la fijación de audiencia.


Audiencia de prueba y audiencia de fondo y Objeto de cada una de ellas.


El artículo 60 de la Ley 108-05 establece audiencias diferentes a las de saneamientos, las cuales no son de orden públicos, y establece que: “En aquellos procesos que no son de orden público sólo se celebran dos audiencias: la audiencia de sometimiento de pruebas y la audiencia de fondo”.


La audiencia de Prueba está definida en el Párrafo primero del artículo 60 de la Ley 108-05 y establece: “En la primera audiencia, se presentan las pruebas en que las partes apoyan sus pretensiones. Las partes pueden solicitar al juez que requiera cualquier prueba que les resulte

inaccesible y que deba ser ponderada. En esta audiencia, el juez, debe fijar la fecha de la
segunda audiencia y las partes comparecientes quedan debidamente citadas”.


El párrafo segundo de dicho artículo, plantea que excepcionalmente en caso de que aparezcan nuevas pruebas, se revelen hechos o se planteen incidentes que a juicio del juez deban ser ponderados, éste podrá fijar nuevas audiencias para tales fines dentro de los treinta (30) días a partir de que tuviere conocimiento de los mismos.

La Audiencia de fondo está definida en el Párrafo tercero del artículo 60 y establece que en esta audiencia, las partes deben presentar sus conclusiones por escrito, pudiendo el juez conceder plazos a las partes, no mayores de quince (15) días consecutivos a los fines de depósito de  escritos ampliatorios.


Reglamento.Artículo 67. Las partes en los escritos ampliatorios sólo podrán desarrollar las conclusiones vertidas en audiencia, siendo requisito para su recepción en la Secretaria del Despacho Judicial correspondiente, que se anexe al mismo el acto de notificación del escrito producido a la contraparte.


Diferencias esenciales y La prueba en las litis.


Las diferencias radican, en que la audiencia de pruebas, es únicamente para presentar los elementos probatorios de la Litis, aquellos que garantizan el derecho de propiedad, mientras que en la de fondo, las partes tienen que obligatoriamente pedir lo que desean les sea otorgado en la demanda.


En la audiencia de pruebas las partes presentarán un inventario escrito, en el que consignarán y anexarán los documentos y demás pruebas en apoyo a sus pretensiones.


Las medidas de instrucción.


Estas serán presentadas en la audiencia de pruebas, y pueden ser las siguientes:
a)  Prueba testimonial, en la cual el solicitante deberá someter una lista de testigos que quiere sean escuchados, por lo menos, cinco (5) días de la audiencia de sometimiento de pruebas, esto así, por las disposiciones del artículo 80 Del reglamento de los Tribunales.


b)  Peritaje, previsto por los artículos 65 de la Ley de registro inmobiliario y 87 del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, así como las disposiciones previstas por los artículos 302 al 323 del Código de Procedimiento Civil relativo a los informes de peritos.

c)  Medidas provisional: establecidas en el artículo 32 de la Ley 108-05 el cual establece: “Son aquellas de carácter provisorio ordenadas por el juez, a pedimento de parte o de oficio, que no prejuzgan el fondo y son recurribles conjuntamente con la sentencia definitiva por ante el Tribunal Superior de Tierras correspondiente”.

d)  Medidas interlocutorias. Establecidas en el Artículo 33 de la Ley 108-05 el cual
establece “Durante el saneamiento o cualquier proceso judicial en relación con inmuebles

registrados, el juez apoderado, de oficio o a pedimento de cualquiera de las partes puede tomar las medidas interlocutorias que se impongan, las que son recurribles independientemente de la sentencia definitiva”.


Estas medidas son las que en materia civil ordinaria se denominan sentencias preparatorias, es decir, aquella que no dejan ver en favor de quien el juez o tribunal va a decidir, porque las mismas no prejuzgan el fondo; y las interlocutorias son las que al dictarla prejuzgan el fondo de la Litis, porque las mismas ordenan prueba, verificación o trámite de sustentación; las cuales están previstas por los artículos 451 y 452 del Código de Procedimiento Civil.


LA PRESENTACIÓN DE LOS INCIDENTES DEL PROCESO: Las excepciones de procedimiento, los medios de inadmisión.
De acuerdo con el artículo 65 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original, modificado por la Resolución Numero.1737-2007, de fecha 12 de julio del año 2007, dictada por la Suprema Corte de Justicia “los medios de excepción deberán ser presentado a pena de inadmisibilidad de forma simultánea y en la audiencia de sometimiento de pruebas”.


El artículo 65 del Reglamento establece que el conocimiento de las excepciones del procedimiento a pena de inadmisibilidad, deben ser presentadas simultáneamente y antes de toda defensa al fondo, debiendo ser propuesta en la audiencia de presentación de pruebas.


De dicha norma jurídica, se infiere que la parte que plantea un medio de excepción relativo a la irregularidad del procedimiento deberá presentarlo uno por uno, y no esperar que el Juez o Tribunal falle el primero, para luego presentar el segundo o los demás si no se presentan de forma simultánea, resultan inadmisible por extemporáneo.


En la audiencia de Fondo también se pueden presentar medios de inadmisión, en virtud del párrafo único del artículo 65 del reglamento de los tribunales, el cual establece lo siguiente: “Los medios de inadmisión pueden ser propuestos en todo estado de causa, de conformidad con lo establecido en el artículo45 de la Ley núm. 834 de 1978”.


El tercer adquiriente de buena fe y a titulo oneroso.


Concepto: el tercero es aquella persona que no es parte de un proceso, acto o contrato, y que, en consecuencia no resulta alcanzado por los efectos de éste, salvo los casos excepcionales establecidos por la Ley.


El tercer adquiriente a título oneroso de buena fe, debe ser el producto de una adquisición lícita no ilícita.


Los terceros adquirientes de buena fe y a título oneroso, son aquellas personas que adquieren de forma onerosa un inmueble o algún derecho real inmobiliario, registrado definitivamente por los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, con la excepción establecida por el Párrafo

3 del artículo 86 de la Ley de Registro Inmobiliario el cual dispone que “no se reputará tercer adquiriente de buena fe a toda persona que adquiere un inmueble durante el plazo previsto para interponer el recurso de revisión por causa de fraude”.


En la República Dominicana, de conformidad con las disposiciones de los artículos 1116 y
2268 del Código Civil, se presume siempre la buena fe y corresponde la prueba a aquel que alega lo contrario.


Las demandas incidentales.


Son incidentes procesales que se originan en el curso de la instancia principal, a consecuencia de la presentación de cuestiones que tienden a modificar el fondo del litigio, o a promover una medida provisional.


Se clasifican en:


a)  Adicionales, intentadas por el demandante contra el demandado.


b)  Reconvencionales, interpuestas por el demandado contra el demandante.


c)  En intervención, invocadas por una de las partes contra un tercero, o por éste contra una de las partes o contra ambas; pueden ser voluntarias o forzosas.

d)  Provisionales, por cualquiera de las partes, solicitando el Tribunal una medida provisional.


Estas demandas tienen en común que pueden formularse en todas las materias y ante todos los tribunales, así como que la forma de interponerlas es la misma para todas, con excepción de las demandas en intervención, sean voluntarias o forzosas.


Con excepción de esa última demanda, todas las demandas incidentales se interponen por medio de un acto de abogado a abogado.


Las demandas temerarias.


Son aquellas en las que se demuestre, que el demandante ha ejercido su demanda con ligereza censurable o con el propósito deliberado de hacer daño, en este caso el juez podrá ordenar la reparación moral del perjudicado y la indemnización por daños y perjuicios correspondiente conforme a lo dispuesto por el Código Civil, esto, de acuerdo a las disposiciones del artículo 31 de la Ley 108-05.


Dichas demandas activan el principio X de la Ley 108-05 el cual establece: “La presente ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considera ejercicio abusivo de derechos el que contraría los fines que la ley ha tenido en mira al reconocerlos, o al que exceda los límites impuestos por las leyes vigentes, la buena fe, la moral y las buenas costumbres”

La sentencia del tribunal de Jurisdicción Original.


Son aquellas que culminan la litis sobre terreno registrado y reconocen el derecho que tiene una de las partes sobre la propiedad. Según el artículo 60 de la Ley 108-05 la misma debe ser dictada en un plazo de 60 días. Otorgándole el párrafo único de dicho artículo un plazo de gracia de 30 días, siempre y cuando esté debidamente justificado.


EL ASTREINTE


Es una condena pecuniaria, en donde el deudor tiene la obligación de pagar intereses por su demora en el cumplimiento de su obligación. Es una institución del derecho francés que data del 1888, llamándose originalmente “Daños y perjuicios por retardo.”


No se encuentra codificado en el Código civil, sino que enriquece nuestro sistema legal por conducto de la Doctrina y la Jurisprudencia, y constituyen un reflejo del contenido mismo del código civil, recogiendo la base de todo contrato que es el cumplimiento de las obligaciones contraídas.


En la Jurisdicción Inmobiliaria el astreinte está contemplado en el Artículo 106 del reglamento, cuando establece que “el Juez o Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria del cual emane una decisión conocerá de todos los asuntos derivados de la inejecución o incumplimiento de la misma y podrá condenar, a petición de parte interesada, al pago de las indemnizaciones correspondientes, o de una astreinte a quien resulte responsable por su inejecución”. Podemos notar que el artículo 106 no hace distinción de lo que es una astreinte y la indemnización, por los que es oportuno precisar que Existe una diferencia esencial entre El astreinte y La Indemnización, ya que la primera  pretende obligar al deudor cumplir con una obligación material, de hacer o no hacer; por otro lado La Indemnización, persigue además, el resarcimiento del incumplimiento de una obligación contractual, el daño moral o material ocasionado por el incumplimiento. En definitiva, la Astreinte es una amenaza para los bienes del deudor, es eventual e independiente del perjuicio causado y la indemnización busca solo el pago o reparación de los daños ocasionados.


Características:
a) Un modo de reparación al perjuicio causado por el retardo b) Es una coerción ejercida sobre los bienes del deudor
c) Es una forma de cumplir con sentencias establecidas d) Puede ser provisional o definitiva (sujeta a liquidación)


Requisitos de Validez
a) El acreedor debe poseer un titulo suficiente b) La falta comprobada del deudor
c) Que esa comprobación sea resultado de la puesta en mora d) Que se haya finalizado el plazo estipulado en el contrato
e) Que cause un perjuicio al acreedor


Competencia de la Jurisdicción  Inmobiliaria para conocer de las Astreintes.

La aplicación de la astreinte por ante la jurisdicción inmobiliaria le viene dada por el artículo
106, del Reglamento de los Tribunales de la jurisdicción inmobiliaria el cual establece lo siguiente: el Juez o Tribunal de la Jurisdicción Inmobiliaria del cual emane una decisión conocerá de todos los asuntos derivados de la inejecución o incumplimiento de la misma y podrá  condenar,  a  petición de   parte   interesada,   al  pago   de   las   indemnizaciones correspondientes, o de una astreinte a quien resulte responsable por su inejecución.


Que en relación a la competencia de la jurisdicción inmobiliaria para conocer de la astreinte, Suprema Corte de Justicia mantiene el criterio de la competencia de la  jurisdicción, cas. 29 de septiembre de 1976, B . J 790, pag. 1616, ha dicho lo siguiente: Que con motivo de una decisión del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original de fecha 22 de Enero del 1974, confirmada por el Tribunal Superior de Tierras, admitió una demanda bajo astreinte de que unos aparatos de aire acondicionado fueren retirados del lugar ajeno.


Medidas que pueden dar motivo para solicitar las Astreintes por ante la Jurisdicción
Inmobiliaria



Cuando en el curso de una litis sobre derechos registrados como demanda principal se adhiere un pedimento accesorio a la misma, que es relacionada con un desalojo de un ocupante ilegal y dicho desalojo lo haya ordenado la Jurisdicción Inmobiliaria, si la parte demandante, que persigue la ejecución de la decisión,  propone la imposición de una astreinte como medida conminatoria a fin de asegurar la ejecución de la sentencia que ordena el desalojo. En caso de que este no lo desocupe en el plazo que le ha otorgado la Jurisdicción Inmobiliaria, para que abandone el mismo, imponiéndole en consecuencia una suma de dinero a pagar por cada día de retraso en el cumplimiento de la decisión.


En la demanda en desalojo intentada por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, los cuales tienen competencia para conocer de esta acción por la vía principal, a dicha demanda se le puede adherir un pedimento relativo a la astreinte, para asegurar la ejecución de la sentencia que ordena el desalojo.


Cuando en el curso de una litis  sobre derechos registrado se ordena un secuestro judicial, con el fin de evitar que una de las partes obtenga ventaja frente a la otra o pueda evitar que el inmueble objeto de la litis pueda devaluarse o desaparecer y el Juez ordena el secuestro y puede en la misma sentencia y por vía accesoria ordenar una astreinte que condene a la parte contra la cual se le opone una suma de dinero en caso de no hacer entrega al secuestrario judicial ordenado por la Jurisdicción Inmobiliaria en el plazo establecido.


En una demanda en referimiento que se esté conociendo por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, los cuales están apoderado de una demanda principal, a pedimento de parte y para asegurar la ejecución de la ordenanza en referimiento, el tribunal puede establecer una astreinte, ya que esto pueden conocer en referimiento de toda medida urgente y de carácter provisional que se deba tomar respecto al inmueble artículos 50 y 51 de la Ley
108-2005 de Registro Inmobiliario y 107 de la Ley 834 del 1978

Liquidación de las Astreintes


La astreinte, como hemos dicho, es una medida, que en primera fase es provisional, no se encuentra plasmada en la ley, sino que ha sido adoptada por vía de la Jurisprudencia,  la doctrina y más recientemente por la vía reglamentaria como hemos podido apreciar en artículo
106, del Reglamento de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria y consiste en condenaciones pecuniarias cuyo monto se acumula en la medida que el deudor no acate el cumplimiento de las obligaciones contenidas en la decisión del juez que la impuso.


La liquidación de astreinte, consiste en fijar un monto definitivo en forma proporcional a la resistencia opuesta a la parte condenada, la cual se realiza por medio de una operación puramente matemática, es decir simple multiplicación.


El Tribunal competente para conocer de la liquidación de las astreintes lo es el tribunal donde se produjo la condenación. La Jurisdicción Inmobiliaria es la competente para la liquidación de las astringes acordadas como consecuencia de la inejecución de una sentencia u ordenanza dictada por las jueces de la Jurisdicción Inmobiliaria. En virtud del Artículo 106 del reglamento.


La solicitud o demanda en liquidación de la astreinte la puede hacer  la parte que ha sido condenada, como la parte que ha sido beneficiada con la medida impuesta por el juez. La liquidación de la astreinte debe conocerse en una audiencia fijada por el tribunal a solicitud de la parte que desea dicha liquidación, en la cual deben ser citada las partes, pero no hay que dar apertura a una nueva demanda, sino que en el curso de la instancia que origino la medida de astreinte es que se debe solicitar la liquidación.






Demanda en Partición: Definición.


La partición de inmuebles registrados, al ser definida por el artículo 54 de la Ley de Registro Inmobiliario, lo hace en estos términos: “es el procedimiento mediante el cual se hace cesar el estado de indivisión entre los copropietarios, coherederos o copartícipes de un inmueble registrado”.


La misma encuentra su principio en las disposiciones del artículo 815 del código civil, e cual establece que nadie puede ser obligado a permanecer en estado de indivisión.


El procedimiento en partición por ante la Jurisdicción Inmobiliaria se puede realizar de forma amigable y de manera litigiosa, tal y como ha sido consagrado por los artículos 54, 55 y 56 de la Ley de Registro Inmobiliario; 138 al 157 del Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original, 172 al 179 del Reglamento General


Competencia.


Artículo 55.-  Competencia. El  tribunal  de   jurisdicción   original  que   territorialmente corresponde  al  inmueble  es  el  competente  para  conocer  de  los  casos de  partición  de inmuebles registrados. En aquellos casos en que se trate de inmuebles ubicados en diferentes jurisdicciones la primera jurisdicción apoderada será el tribunal competente


Calidad para demandar.


El Artículo 56 de la Ley de Registro Inmobiliario establece que “cualquier copropietario, coheredero o copartícipe de un derecho registrado indiviso puede solicitar la partición al Tribunal de Jurisdicción Original correspondiente.


Por lo que, la calidad para interponer dicha demanda le corresponde a cada uno de las personas mencionadas en el artículo anterior.


TIPOS DE ACCIONES EN PARTICIÓN.


Existen dos tipos de Partición en el Proceso inmobiliario, la Partición Amigable y la Partición
Litigiosa.


La partición amigable:


Dicha partición encuentra su fundamento jurídico en el Artículo 55 Párrafo 1 de la Ley 108-05
cuando establece que: “En los casos de partición amigable, esta se ejecuta por la vía

administrativa. A tal efecto, la solicitud de partición debe acompañarse del acto auténtico o bajo firma privada debidamente legalizado por notario en el cual todos los copropietarios, coherederos o coparticipes de común acuerdo pongan de manifiesto su voluntad y forma de dividir amigablemente el inmueble indicando el proyecto de subdivisión de tales derechos.”


Apoderamiento del tribunal.


Para conocer de la partición amigable, las partes deben hacerlo a través de la via administrativa, para que el Juez de la Jurisdicción Original verifique los documentos aportados y la procedencia o no de dicha solicitud. En caso de acoger la solicitud procederá a la homologación del acto de partición amigable, y en consecuencia autorizará a las partes a someter el proyecto de subdivisión ante la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondientes si fuere necesario, toda vez que si se trata de un inmueble y el mismo recae en  poder de una de las partes, pues no hay la necesidad  de  someter el proyecto  de subdivisión, ya que el inmueble no será desconfigurado.


La solicitud o instancia al Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente debe ir acompañada de los documentos siguientes:


a)  La propuesta de partición de los derechos.


a. Los copropietarios, coherederos o coparticipes deben elaborar una propuesta de partición de común acuerdo, la cual puede ser instrumentada por acto auténtico o bajo firma privada debidamente legalizadas las firmas por Notario Público; dicho acto debe contener de manera expresa la forma de dividir el inmueble, así como el proyecto de subdivisión, es decir, le corresponde a los copropietarios determinar en el acto de partición la forma en que se dividirá el inmueble.


b)  El Proyecto de subdivisión de inmueble.


a.  Cuando el inmueble involucrado en una partición esté sustentado en una constancia anotada y no se trate de una unidad de condominio, previo o conjuntamente con la partición, sea ésta en naturaleza o en condominio, debe procederse al deslinde para su correcta individualización.
c)  El o los duplicados de certificados de título correspondiente.
d)  La certificación del estado actual del inmueble, expedida por el Registrador de Títulos correspondiente.
e)  Copia certificada de la decisión judicial de determinación de herederos o del acto de notoriedad que pruebe la calidad de los mismos, en caso de tratarse de partición entre coherederos, si procediere.


Calidad para iniciar la acción.


La Calidad para iniciar la acción de partición amigable la tienen, tal y como establece el artículo
56 los copropietarios, coherederos o copartícipes de un derecho registrado indiviso.

Diferencia con la partición litigiosa.


La Partición amigable se diferencia de la Partición Litigiosa, en que la primera es llevada por vía administrativa por ante el Juez de Jurisdicción Original, quien evaluara toda la documentación concerniente a la partición de forma administrativa, mientras que la partición litigiosa  es  llevada a cabo  de  forma  contenciosa,  con  la  constitución  de  abogado  y la celebración de audiencias.


Competencia.


La competencia para conocer de la partición amigable, es del tribunal de Jurisdicción Original de donde esté ubicado el inmueble a dividir. En caso de haber varios inmuebles, la competencia será promovida por las partes, en uno de los tribunales correspondientes a uno de estos domicilios.


Requisitos.


Según el Articulo 55 párrafo 1 de la Ley 108-05 La solicitud de partición debe acompañarse del acto auténtico o bajo firma privada debidamente legalizado por notario en el cual todos los copropietarios, coherederos o  coparticipes de  común  acuerdo  pongan  de manifiesto su voluntad y forma de dividir amigablemente el inmueble indicando el proyecto de subdivisión de tales derechos.


Prueba indispensable.


Como establecimos anteriormente la prueba a presentar al momento de solicitar la partición amigable por vía administrativa está constituida por las siguientes actuaciones.
a)  La propuesta de partición de los derechos b)  El Proyecto de subdivisión de inmueble.
c)  El o los duplicados de certificados de título correspondiente.
d)  La certificación del estado actual del inmueble, expedida por el Registrador de Títulos correspondiente.
e)  Copia certificada de la decisión judicial de determinación de herederos o del acto de notoriedad que pruebe la calidad de los mismos, en caso de tratarse de partición entre
coherederos, si procediere.





Definición.

LA PARTICIÓN LITIGIOSA:



La partición litigiosa, es aquella que busca la división de un bien inmueble registrado y que las partes no han podido llegar a un acuerdo en cuanto a la división del mismo.


Competencia.


Según el artículo 55 de la Ley 108-05 El tribunal de jurisdicción original que territorialmente corresponde  al  inmueble  es  el  competente  para  conocer  de  los  casos de  partición  de

inmuebles registrados. En aquellos casos en que se trate de inmuebles ubicados en diferentes jurisdicciones la primera jurisdicción apoderada será el tribunal competente.


En tal sentido se puede establecer que la Competencia para conocer de la partición litigiosa, en principio, la tiene el tribunal de jurisdicción original que territorialmente corresponde al inmuebleque se pretenda partir o dividir.


Cuando se trata de una partición litigiosa, los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, la deben conocer de manera controvertida, es decir, siguiendo para ello, el procedimiento instituido para la Litis sobre derechos registrados, programado y establecido en la Ley de Registro Inmobiliario y el Reglamento de los Tribunales Superiores de Tierras y de Jurisdicción Original.


Apoderamiento del tribunal.


El Párrafo número 2 del Artículo 56 establece que Para los casos contradictorios de partición de derechos registrados indivisos, el Tribunal de Jurisdicción Original apoderado debe actuar de acuerdo al procedimiento establecido en la litis sobre derechos registrados, en tal sentido el apoderamiento se realizara de la misma forma.


a)  Se introduce mediante instancia motivada sobre los hechos que se pretendan probar y el derecho que debe ser aplicado, por ante la Secretaría del Despacho Judicial del Tribunal de Jurisdicción Original Territorialmente competente.


b)  La parte demandante debe notificar en el plazo de la octava franca, es decir dentro de los diez días a partir de la fecha de depósito de la demanda en la secretaría del tribunal apoderado de la Litis, la constancia de que ha notificado al demandando por acto de alguacil la instancia introductiva de la demanda depositada en este tribunal.


c)   El demandante deberá notificar al demandado a la audiencia de acuerdo a lo que dispone el artículo 61 de la Ley de Registro Inmobiliario.


d)  El tribunal no fijara audiencia hasta tanto el demandante haya depositado en la Secretaría del
Despacho Judicial la notificación de la demanda a la contraparte por acto de alguacil.


Calidad para demandar.


La calidad para demandar en partición viene dada por la demostración del derecho de propiedad sobre un bien inmueble.


Fases del proceso.


a)  Apoderamiento del tribunal Articulo 28 Ley 108-05. b)  Notificación de la demanda articulo 30 Ley 108-05. c)  Celebración de audiencias articulo 61 Ley 108-05.

Prueba en el proceso.


Las pruebas en el proceso son depositadas en la celebración de las audiencias, tal como lo establece el artículo 60 en su párrafo 1: “En aquellos procesos que no son de orden público sólo se celebran dos audiencias: la audiencia de sometimiento de pruebas y la audiencia de fondo.


Párrafo 1 “Audiencia de sometimiento de pruebas. En la primera audiencia, se presentan las pruebas en que las partes apoyan sus pretensiones. Las partes pueden solicitar al juez que requiera cualquier prueba que les resulte inaccesible y que deba ser ponderada. En esta audiencia, el juez, debe fijar la fecha de la segunda audiencia y las partes comparecientes quedan debidamente citadas”.


Instrucción del proceso.


En el proceso se celebrar dos audiencias, tal y como lo establece el artículo 60, una audiencia para el sometimiento de las pruebas y otra para el conocimiento del fondo de la demanda.


Párrafo I.- Audiencia de sometimiento de pruebas. En la primera audiencia, se presentan las pruebas en que las partes apoyan sus pretensiones. Las partes pueden solicitar al juez que requiera cualquier prueba que les resulte inaccesible y que deba ser ponderada. En esta audiencia, el juez, debe fijar la fecha de la segunda audiencia y las partes comparecientes quedan debidamente citadas.


Párrafo II.- Excepcionalmente, en caso de que aparezcan nuevas pruebas, se revelen hechos o se planteen incidentes que a juicio del juez deban ser ponderados, éste podrá fijar nuevas audiencias para tales fines dentro de los treinta (30) días a partir de que tuviere conocimiento de los mismos.


Párrafo III.- Audiencia de fondo. En esta audiencia, las partes deben presentar sus conclusiones por escrito, pudiendo el juez conceder plazos a las partes, no mayores de quince (15) días consecutivos a los fines de depósito de escritos ampliatorios.

Artículo 61.- Citación para audiencia. Las partes deben ser citadas para la audiencia mediante acto de alguacil conforme a lo que establece el Código de Procedimiento Civil.





Definición.

DESALOJO:



Este procedimiento consiste en apoderar al Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original territorialmente competente mediante una acción principal en desalojo, siguiendo el procedimiento para la Litis sobre derechos registrados. El artículo 161 del Reglamento de los tribunales establece que, “el desalojo de un inmueble registrado puede ser solicitado judicialmente por el interesado de manera principal o en forma accesoria en un proceso contradictorio.

Marco Legal.


El artículo 47 de la Ley 108-05 define el desalojo como el procedimiento mediante el cual se libera un inmueble registrado de cualquier ocupación ilegal.


Tipos de desalojo.


De la combinación de los artículos 161 del reglamento de los tribunales y del 47 de la Ley 108-
05 se desprende claramente que el desalojo en la jurisdicción inmobiliaria, en los Tribunales de Tierras, se puede pedir tanto por vía principal (Jurisdicción Original), como de una forma accesoria, o sea, éste último en una Litis que se esté conociendo en el tribunal, en sus conclusiones al fondo usted puede solicitar que sea ordenado el desalojo de quien ocupa el inmueble.


También está el desalojo que puede ser solicitado por ante la Comisión Inmobiliaria, de acuerdo a las disposiciones del artículo 48 de la Ley 180-05.


Apoderamiento del tribunal.


El apoderamiento para conocer de la demanda en desalojo, se hace mediante instancia motivada en los hechos y en el derecho, firmada por su titular o representante legal, dirigida al Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente.


Calidad para iniciar la acción.


Todo titular de un derecho registrado, el cual se encuentre impedido de ocupar su inmueble, porque el mismo está siendo ocupado ilegalmente por una persona física o moral puede intentar una demanda en desalojo por ante los Tribunales de Jurisdicción Original.


La competencia para que los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria conozcan de esta acción en desalojo, se la atribuye el artículo 49 de la Ley de Registro Inmobiliario y 161 del Reglamento de los Tribunales de Tierras.


Elementos de prueba.


cuando se redacta la instancia dirigida al juez de jurisdicción original que conocerá de la Demanda en Desalojo, está debe estar acompañada de los documentos que justifiquen su calidad de propietario sobre el inmueble; toda vez que la calidad de un demandante por ante los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria le viene dada por su condición de propietario del inmueble o del derecho real inmobiliario que pudiera éste tener; ya que la calidad en materia inmobiliaria está estrechamente ligada a la prueba del derecho.

Medios de defensa.


Entendiendo de que independientemente la demanda en desalojo se interponga como una Litis de terrenos registrados, la misma no debe interpretarse como tal, toda vez, que esta no cuestiona ningún derecho, sino simplemente una solicitud de expulsión de un ocupante ilegal.


Los medios de defensa que tiene la parte demandada son los documentos relativos al derecho de propiedad, los cuales el demandante debe depositar al momento de interponer su demanda.


Diferencias entre la propiedad sustentada en constancia anotada y la propiedad sustentada en certificado de título.


Un concepto del certificado de títulos, es establecido como el documento oficial en que se registra el nombre del propietario como garantía de su derecho real registrado. Este para que sea efectivo debe registrarse en la oficina de registro de titulo correspondiente. Ahora bien, la Carta Constancia son documentos emitidos por el registro de títulos, el cual no cuenta con una designación catastral propia, el mismo acredita un derecho de propiedad sobre una porción de parcela. Por lo general se establece que una carta constancia es un “titulo sin deslindar”, esta se identifica ya que en su encabezado dice “CONSTANCIA DE VENTA ANOTADA”


¿En qué se diferencian?


Ambos hacen constar un derecho de propiedad”

Certificado de Titulo Constancia Anotada
Individualiza la designación catastral No tiene designación catastral propia.
El original queda en la JI. Emitidos para ventas parciales
preexitente.
Propietario obtiene el duplicado Emitidos para ventas totales.
Copropietario se le entrega un extracto de titulo Pueden ser emitidas para condominios.
Acreedores se le entrega un certificado de título
como constancia de su derecho real accesorio No se puede construir condominios sobre
Cartas Constancias. (Artículo 190 RG,)
Publicidad del Registro
Las mejoras se inscriben en el.
Las garantías se inscriben.


Valor de la posesión.


Cada uno de estos documentos le da fuerza de propietario a la persona que lo posea, según el artículo 48 de la Ley 108-05 el cual establece: “Procedimiento de desalojo ante la Comisión Inmobiliaria. El propietario de un inmueble registrado, amparado en su Certificado de Título o Constancia Anotada puede requerir a la Comisión inmobiliaria el auxilio de la Fuerza Pública para proceder al desalojo del ocupante o intruso”.

La sentencia del tribunal.


La  sentencia  que acoja  o  rechace  la  demanda  en  desalojo  dictada  por  el Tribunal de Jurisdicción Original territorialmente competente, deberá ser notificada mediante acto de alguacil, a persona o a domicilio, la cual no deberá ser ejecutada hasta que la misma no adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, esto es que contra la misma no se haya interpuesto el recurso de apelación previsto por los artículos 79 y siguientes de la Ley de Registro Inmobiliario.


La orden de desalojo del Abogado del Estado.


La sentencia que intervenga, en el caso eventual en que la demanda en desalojo judicial sea acogida por el Juez o tribunal, ordenará al Abogado del Estado el otorgamiento del auxilio de la fuerza pública, en virtud del artículo 12 Párrafo 3 de la Ley de Registro Inmobiliario, modificado por la Ley Número 51-07 del 23 de abril del año 2007, el cual dispone que el Abogado del Estado ejecuta las sentencias penales dictadas por la Jurisdicción Inmobiliaria, y las demás decisiones que sean susceptibles de ejecución forzosa, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública.


Litis entre Condóminos:


Definición.
“Artículo1.- Las distintas partes de un inmueble con independencia funcional  y salida directa o indirecta a la vía pública podrán ser de propiedad exclusiva de una o más personas las que a su vez son propietarias indivisas de las partes comunes, de conformidad al régimen establecido por esta ley”.
“Artículo100.- Es el derecho en virtud del cual distintas partes de un inmueble con independencia funcional y salida directa o indirecta a la vía pública, se establecen como propiedad exclusiva de una o más personas, las que a su vez son copropietarias indivisas sobre las partes comunes”.


El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osiguientesorio y Florit, expresa con respecto del condominio: “Derecho real de propiedad que pertenece a varias personas, por una parte indivisa sobre una cosa mueble o inmueble. En el condominio, cada condómino puede manejar su parte indivisa y sus acreedores pueden hacerla embargar y vender antes de hacérsela división entre los comuneros. Se trata de una institución que siempre ha tenido importancia; pero que actualmente la ha adquirido por el régimen de la propiedad horizontal, en el cual los adquirientes de pisos o departamentos son propietarios exclusivos de ellos; pero mantienen un condominio inevitable sobre el terreno, escaleras, ascensores, calefacción, etc. Este condominio se rige por normas especiales”


En su Vocabulario Jurídico, Henri Capitant manifiesta con relación al condominio lo siguiente: “Derecho de propiedad existente a favor de varias personas sobre un bien mueble o inmueble, bajo la forma de cuotas partes, ideales“o partes ideales”, es decir, fracciones. Permite a cada

copropietario usar de la cosa bajo la condición de respetar los derechos concurrentes de los
otros, gozar de ella y en principio disponer del bien libremente, en la medida de su cuota parte”.


Competencia.


Artículo 102.- Competencia para asuntos jurisdiccionales. El Tribunal de Jurisdicción Original es el competente para conocer de todos los asuntos que se susciten en virtud de la ley de Condominios relacionados con los derechos, cargas y gravámenes registrados, salvo excepciones previstas en esta ley.


Es por eso que tanto para la constitución del régimen de condominio como para la solución judicial de los conflictos y acciones que puedan surgir entre los condómines, por la causa que fuere, siempre que esté vinculado a la calidad de copropietarios del condominio, son de la competencia exclusiva de la Jurisdicción Inmobiliaria.


Así lo establece el artículo 17 de la Ley 5038 sobre Condominios, al expresar: “Las acciones que pudieren surgir entre los propietarios en relación con la administración y el goce de las partes comunes del inmueble o con la interpretación o ejecución del reglamento, son de la competencia del Tribunal de Tierras”.


El párrafo del mismo artículo expresa: “Igualmente el Tribunal de será competente para
conocer de las demás acciones que puedan surgir con motivo de la aplicación de esta ley”.


Como se podrá advertir la parte final de este artículo no deja duda sobre la competencia del Tribunal de Tierras en cuanto a los conflictos generados a propósito de un régimen de condominio.


En cuanto el particular el Magistrado Rafael Ciprian en su citada obra nos expresa: “Esta competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria para dirimir las contestaciones que pudiera generar el régimen de condominio es absoluta o en razón de la materia porque se trata de derechos que recaen sobre terrenos registrados y, por consiguiente, constituyen litis sobre derechos registrado. Y ya sabemos que conforme al artículo 29 de la Ley de Registro Inmobiliario es conforme el artículo 29 de la Ley de Registro Inmobiliario es competencia exclusiva de la Jurisdicción Inmobiliaria.


Otra Competencia.


Sin embargo excepcionalmente la presente otorga competencia a otros tribunales para conocer de acciones relacionada con los conflictos entre condomines, y en el caso específico, el artículo 14 de la Ley 5038 expresa:


“Salvo disposiciones contrarias en el reglamento, el administrador, ya sea nombrado por el consorcio de propietarios o por el Juez de Paz, tendrá a su cargo la ejecución de las decisiones de la asamblea del consorcio, y, si fuere necesario, atenderá por propia iniciativa a la guarda de las cosas comunes y a su conservación y mantenimiento en buen estado de uso, y podrá constreñir a cada uno de los interesados al cumplimiento de sus obligaciones.

Los poderes del Administrador serán revocados de la misma manera en que éstos fueron otorgados, por el consorcio de propietarios o por el Juez de Paz, citando el más diligente a los demás interesados, quienes podrán dar a conocer sus opiniones.


La designación de un administrador por el consorcio de propietarios produce el pleno derecho la revocación del administrador.


La remuneración del administrador judicial será determinada por la misma ordenanza que lo designa y esa remuneración se ajustará a las bases establecidas en el reglamento”.


De lo anteriormente trascrito, se infiere que el Juzgado de Paz de la Circunscripción donde se encuentra radicado el inmueble convertido en condominio, tiene competencia para designar el administrador del condominio, siempre que los condóminos no se pongan de acuerdo en cuanto a su designación, la cual cesa en el momento en que los copropietarios se pongan de acuerdo en designar otro en particular.


Calidad para  iniciarla.


Todos los copropietarios que formen parte del condominio, tiene calidad para iniciar una acción en justicia referente a los condominios.


Tienen calidad para iniciarla los que formen parte del Consorcio de propietarios.


Es el conjunto de todos los propietarios de los pisos, departamentos, viviendas y locales comerciales. Tiene personalidad jurídica y su representante legales un administrador, tanto frente a los terceros como ante los mismos propietarios.


El  consorcio de propietarios  tiene  poderes que  se  limitan  a  las  medidas de  aplicación colectivas que conciernen exclusivamente al goce y administración de las cosas comunes. Se requiere el consentimiento de todos los propietarios para modificar el condominio, construir obras nuevas y modificar los acuerdos que declaren, extiendan o restrinjan el número de cosas
comunes o que limiten la copropiedad.





Definición.

Inscripción del Privilegio a favor del Condominio:

Privilegio del Consorcio de Propietarios


El artículo 100, párrafo 9 de la Ley núm. 108-05 establece que “las cuotas vencidas y no pagadas de los gastos comunes del condominio gozan del privilegio establecido en la Ley de Condominios. Los documentos y liquidaciones establecidos para estos fines constituyen el título ejecutorio a estos efectos.”


El privilegio del consorcio de propietarios o de aquel que haya hecho el avance por cuotas vencidas no podrá ser inscrito en el Registro de Títulos, sino después de transcurridos 15 días

de la notificación del acta de asamblea a los condómines deudores. La notificación debe ser instrumentada por un ministerial de la jurisdicción inmobiliaria.


OBJETO.


Este privilegio tendrá, de conformidad con lo establecido en la Ley núm. 5038, preferencia sobre todos los demás y se extiende a la parte alícuota indivisa de las cosas comunes del inmueble, en virtud de que los derechos de cada propietario de las cosas comunes son inseparables de la propiedad de sus respectivos pisos, departamentos y locales.


REQUISITOS


Deben depositarse para la inscripción del privilegio:
1. Doble instancia en solicitud de inscripción de privilegio enunciando el monto a gravar y la unidad exclusiva que se afectará.
2. Copia del acta de la asamblea de los condóminos, certificada por el administrador o el secretario si lo hubiere, y legalizada por un notario público.
3. Notificación del acta de asamblea, otorgándole un plazo no menor de 15días, para que el
condómine deudor efectúe el pago.
4. Copia de la cédula del administrador o del secretario, cual fuere el caso.


PROCEDIMIENTO.


o El deudor es convocado a una Asamblea
o Asamblea de Condomines que fija las cuotas contributivas no pagadas
o La Asamblea es comunicada, por acto de alguacil, al deudor
o Con el acto de alguacil y la asamblea se inscribe el privilegio en un plazo de 3 meses de la fecha de la reunión
o Esta inscripción se realiza de forma espontánea por ante el Registro de Títulos


Ejecución del privilegio de los condóminos.


El registrador procederá al análisis de la documentación, si el expediente cumple con todos los requisitos se procede a su inscripción, en la fecha y hora indicadas en el documento, se habilita el folio complementario de la unidad que se trate y se procede a hacer la ejecución correspondiente, procediendo a expedir al acreedor privilegiado una certificación, dejando constancia de la actuación. De no cumplir con los requisitos se procede a hacer el oficio en el que se informe el obstáculo que presente el expediente.


Calidad para solicitar la inscripción. Requisitos para la solicitud. Vigencia de la solicitud.
Ley 5038 Sobre Condominios
Artículo 33.La comprobación de los avances garantizados por el privilegio establecido en el artículo 18y la fijación de las cuotas contributivas no pagadas, serán hechas por la asamblea de los propietarios, mediante declaración preparada por el administrador, con los detalles y comprobantes correspondientes.

El administrador lo comunicará por carta certificada al o a los propietarios deudores. La copia del acta, certificado por el administrador y legalizada por un notario, construirá título suficiente para fines de inscripción del privilegio en el Registro de Títulos. El propietario deudor podrá impugnar la decisión de la asamblea y pedir la cancelación de la inscripción del privilegio dentro de los 15 días de la fecha en que se haya sido notificada por alguacil la resolución de la asamblea.


Transcurrido ese plazo sin haber sido impugnada la resolución será inatacable y tendrá fuerza ejecutoria. Igual fuerza tendrá la liquidación que el deudor haya aprobado por escrito.


Artículo 34.Elprivilegio establecido en el artículo 18 deberá inscribirse dentro de los tres meses de la fecha de la reunión de la asamblea a que se refiere el artículo 33, y cada inscripción, sólo conservará el privilegio sobre los avances hechos para cubrir gastos causados dentro del año de esa fecha. Las inscripciones que se hicieren después de ese plazo o por avances relativos a gastos hechos antes del último año sólo producirán efecto a partir de la fecha de la inscripción.


INSCRIPCIONES ANTE EL REGISTRO DE TÍTULOS:
Levantamientos e Inscripciones de Oposiciones: Definición y Objeto.
Oposición. Definición. La jurisprudencia dominicana la define como: “Medidas de publicidad inmobiliaria destinadas a advertir a los terceros sobre la existencia de una demanda o sentencia que pueden eventualmente afectar derechos registrados. Son anotaciones precautorias4”


La oposición, es la nota puesta en Registro de Títulos a un inmueble objeto de un litigio, con el objeto de evitar que durante la demanda surjan terceros adquirientes a título oneroso y de buena fe.


Competencia:


Con  la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, la nota preventiva es automática, surge como consecuencia de la Litis, una vez la parte demandante deposita en el Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original el acto de alguacil que prueba haberle notificado la demanda al demandado, el Juez o Tribunal informará al Registro de Títulos Correspondiente, que trabe la nota preventiva, y así evitar de que el inmueble en Litis se distraiga, también se le informara a la Dirección Regional de Mensura Catastral para que toma las medidas pertinentes.


Marco Legal.
Artículo 135 del Reglamento de los Tribunales, que expresa lo siguiente: El Juez o Tribunal apoderado de una Litis sobre derechos registrados, una vez sea depositada la notificación de

la demanda a la contraparte, informará al Registro de Títulos y a la Dirección Regional de Mensuras Catastrales correspondientes la existencia de la misma. El registro de Títulos correspondiente anotará un asiento sobre el inmueble involucrado, en el que se hará constar que el mismo es objeto de un conflicto que se está conociendo en dicho Tribunal”.


Calidad para incoarla.


Todo aquel que posea un derecho de propiedad tiene la calidad para incoarla.


Procedimiento e Instrucción del proceso.


Los requisitos para que el Registro de Títulos trabe una Nota preventiva, producto de una demanda que se está conociendo en los Tribunales Ordinarios, son los siguientes:


a)  Una copia de la demanda Certificada por el alguacil.
b)  Una certificación de la secretaria del Tribunal apoderado.
c)  Una  instancia  solicitándole  a  la  o  al  Registrador  de  Títulos  la  inscripción  de  la  nota preventiva, anexándole los documentos aludidos.


Medios de prueba.


Las pruebas a presentar en el proceso de oposición, son las mismas que en la Litis de derechos registrados, toda vez que la demanda principal, por la cual el registrador de titulo inscribe la medida cautelar u oposición, es la que autoriza a inscribir dicha medida.


La sentencia del Tribunal.
.
La sentencia del tribunal que conoce sobre la Litis de derechos registrados,  es la que autorizara el Levantamiento de la oposición.


El levantamiento de la nota preventiva, es una consecuencia de la solución de la Litis, una vez concluya la demanda con una sentencia que haya adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, el Registrador de Títulos a petición de la parte interesada, procederá a levantar la nota preventiva, siempre que el Juez o los jueces así se lo hayan ordenado en su sentencia, porque el Registrador de Títulos no procederá a levantar ninguna nota que esté en el inmueble si la sentencia no lo ordena.


Excepción:


La nota preventiva o medida cautelar, no sólo se genera cuando hay una Litis en los Tribunales de Tierras, sino, que es procedente cuando por algún motivo, en los demás tribunales de la república hay una demanda que pueda afectar el derecho de propiedad: por ejemplo. Cuando se demanda la nulidad del embargo inmobiliario, esta demanda, genera una nota preventiva (oposición), pero, cuando la demanda es en otro Tribunal diferente a la jurisdicción inmobiliaria, dicha medida es a pedimento de parte, tiene que ser solicitada por el demandante a su abogado.

Si existe una oposición sin existir una Litis sobre derechos registrados de forma principal, la misma es ilegal y se solicitara su levantamiento a través de una demanda principal.


Para probar la ilegalidad de la oposición no se puede aportar prueba testimonial, sino literal, y con la solicitud una certificación de no apoderamiento de sala y de no recurso por ante el tribunal superior de tierras.






Definición.


El Referimiento puede definirse como un procedimiento especial, rápido y sencillo, a fin de obtener una medida provisional en caso de urgencia.


Según Jacinto Bienvenido Valdez: “se trata de un procedimiento que tiende a obtener rápidamente del Tribunal una decisión que tiene un carácter provisional, y que presenta tres caracteres específicos: Rapidez, Juez único y carácter provisional”


Marco Legal.


Los artículos del 50 al 53 de la Ley num. 108-05 y del 163 al 170 del Reglamento de Tribunales Superiores de Tierras y Jurisdicción Original contienen las disposiciones relativas al referimiento inmobiliario.


El artículo 50 establece que “el Juez del Tribunal de Tierras apoderado del caso puede conocer en referimiento de toda medida urgente y de carácter provisional que se deba tomar respecto al inmueble”.


Carácter de Provisionalidad de la Ordenanza de Referimiento.


El carácter de provisionalidad significa que las ordenanzas que emite el Juez de los Referimientos no pueden prejuzgar el fondo, no ligan de ninguna forma al juez de lo principal, ni tienen autoridad de cosa juzgada, porque son eminentemente provisionales (Ver Sentencia de fecha 10 de marzo del 1999, BJ,1060, p. 58 al 67).


En ese sentido, el párrafo 2 del artículo 50 de la Ley 108-05 dispone que la ordenanza del juez de los referimientos no puede prejuiciar el fondo del asunto, ni adquiere en cuanto a lo principal autoridad de la cosa juzgada y es ejecutoria provisionalmente, no obstante cualquier recurso.


Tribunal Competente.


El tribunal competente para conocer la demanda en referimiento es de Jurisdicción Original que se encuentre apoderado del caso de manera principal, lo cual quiere decir que de no existir una instancia principal, no procede la demanda en referimiento, a diferencia del procedimiento civil ordinario, donde sí se puede demandar en referimiento aunque no exista una demanda principal cursando en el tribunal apoderado.


Tipos de referimiento.

Está el referimiento clásico (en caso de urgencia) y que tiene su fundamento jurídico en el artículo 50 de la Ley de Registro Inmobiliario.


El referimiento a los fines de hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita, este tipo de referimiento está arraigado en el artículo 51 de la Ley de Registro Inmobiliario.


Está el referimiento en caso de dificultad en la ejecución de una sentencia, que consiste en acudir al juez de referimiento porque no se ha podido ejecutar la sentencia dictada por el juez o los jueces por la resistencia de contra quien se pronunció. Este referimiento está contenido en el artículo 106 del Reglamento de los Tribunales de Tierra.


Características del referimiento.


Debe ser previamente autorizado por el Juez de lo inmobiliario (Artículo 50 de la Ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario).


Se trata de un referimiento a ser utilizado exclusivamente en los casos en que se pretendan medidas conservatorias urgentes o en los casos en que la parte pretenda impedir un daño inminente en su patrimonio o hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita o suspender un título ejecutorio en el curso de una apelación. (Artículos 50, 51 y 53 de la Ley 108-05, sobre Registro Inmobiliario).


En los casos de necesidad o extrema urgencia, el Juez puede ordenar que la citación sea de hora a hora, de un día para otro o en su propio domicilio a puerta abiertas. (Artículo 102 de la Ley 834).


En este referimiento, la citación siempre deberá estar acompañada del auto del presidente del Tribunal donde se autoriza la citación a comparecer del demandado a la audiencia fijada en el mismo auto (Artículo 164, párrafo, del Reglamento de la Jurisdicción Inmobiliaria).


La urgencia.


Artagnan Perez Méndez ha definido el referimiento como: “un procedimiento excepcional, al cual se acude en caso de urgencia y para las dificultades de ejecución de una sentencia o de un título ejecutorio”.


Para los fines de la demanda en referimiento es necesario analizar qué debemos entender por urgencia, la manera de determinarla y el carácter de provisionalidad de la ordenanza.


En ese sentido, y con relación a la urgencia, la jurisprudencia ha establecido como criterio constante que la urgencia es una cuestión de hecho que se encuentra abandonada a la apreciación del juez y que escapa al control de la casación (Ver Sentencia del 1 de julio de
1988, JB 932, p. 889).


Por su parte, la jurisprudencia francesa ha establecido que la noción de urgencia se encuentra subordinada a los siguientes aspectos:

Cuando es necesario prevenir una turbación potencial, susceptible de producirse en cualquier momento.


Cuando un retardo en la obtención de la decisión pudiere comprometerlos intereses del demandante.


Cuando por falta de una medida inmediata la situación denunciada conduciría a un perjuicio inminente. (Ver Ley 834 Comentada y Anotada por Napoleón R. Estévez Lavandier, edición
2004, pp. 244-245, apartados 681al 684).


Como podemos ver, la urgencia es el requisito fundamental para determinarla procedencia del referimiento, en ese sentido, los Magistrados Samuel Arias Arzeno y Alexis Read, en su obra Fondo Jurisprudencial de la Cámara Civil, p.411, apartado 165.9, dicen que “aquel que invoca un estado de urgencia debe hacerlo sobre la base de hechos y circunstancias que no pueden ser producto de su creación ni tampoco cuestionables”.


De manera que para que el interesado pueda acudir en referimiento por ante esta jurisdicción, es indispensable que la urgencia esté plenamente presente, salvo en los casos en que se trate de ejecución de sentencia o cuando la medida conservatoria sea para impedir un daño inminente o hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita, situaciones en las cuales consideramos que la misma naturaleza del peligro a impedir justifica el elemento urgencia, dado que en toda amenaza de ejecución, perturbación o daño inminente, subyace la urgencia.


PROCEDIMIENTO DE REFERIMIENTO. Apoderamiento del tribunal.
Las disposiciones del artículo 52, de la Ley 108-05 establecen la forma de cómo se apodera el Tribunal de la Jurisdicción Original, en materia de referimiento, cuando en su contenido dispone lo siguiente. “El demandante en referimiento debe citar por acto de alguacil de la Jurisdicción Inmobiliaria a la parte demandada para que en el plazo de un (1) día franco comparezca por ante el juez apoderado, quien debe dictar su decisión en un plazo no mayor de quince (15) días contados a partir de la fecha de la audiencia”.


La demanda en referimiento se inicia de la siguiente manera.


• Se introduce mediante instancia motivada por ante la Secretaría del Tribunal apoderado de lo principal, solicitando fijación de audiencia. Una vez apoderado el Tribunal, el Juez Presidente procederá a emitir el correspondiente auto de fijación de audiencia y autorizará al demandante a citar por acto de alguacil.


• Cuando el demandante haya obtenido el auto de fijación de audiencia, procederá a notificar a la parte demandada por acto de alguacil, anexando el auto de fijación de audiencia, para que comparezca en el plazo de un día franco por ante el Tribunal apoderado.

• La audiencia de sometimiento de pruebas debe fijarse lo más pronto posible.


• A petición de parte, el Juez puede aplazar la audiencia a breve término con la finalidad de darle oportunidad a las partes de que puedan presentar cualquier documentación que en ese momento no tienen a mano, o para hacer cualquier otra diligencia necesaria para el proceso, quedando esta medida abandonada a la prudencia y soberanía del jue. Si no se presenta ningún inconveniente en el transcurso de la audiencia, las partes harán la presentación de sus respectivas pruebas. Finalizada la audiencia, el Juez fijará a breve término la audiencia de fondo.


• El día de la audiencia de fondo, la parte demandante fundamentará la urgencia de sus peticiones. El demandado hará las réplicas de lugar y quedará la demanda en estado de fallo, o en plazo.


Apoderamiento, sólo establece que se emplazará a comparecer en un día franco. En ese sentido, el artículo 103 de la Ley 834 establece que el Juez se asegurará de que haya transcurrido tiempo suficiente entre la citación y la audiencia para que la parte citada haya podido preparar su defensa. La Jurisdicción Inmobiliaria debe acogerse a estas disposiciones y determinar de manera soberana “el plazo prudente” aquí establecido.


El Recurso de Apelación debe ser notificado por acto instrumentado por un alguacil de la Jurisdicción Inmobiliaria, emplazando en el plazo de un día franco a comparecer por ante el Tribunal Superior de Tierras.


El procedimiento de la audiencia es el establecido para las litis sobre derechos registrados, adaptado al aspecto sumario del referimiento.


La decisión sobre el referimiento será dictada en un plazo no mayor de quince (15) días laborables, a partir de la fecha de la audiencia de fondo, conforme al artículo 52 de la Ley 108-
05 y el artículo 166 del Reglamento de los Tribunales.


Cuando se demanda la suspensión de una Ordenanza de Referimiento, el presidente de Tribunal Superior de Tierras cuenta con las mismas facultad es previstas en los artículos 140 y 141 de la Ley 834, que establecen que en todos los casos de urgencia, el presidente podrá ordenar en referimiento todas las medidas que no coliden con ninguna contestación seria o que justifiquen la existencia de un diferendo. Puede suspender la ejecución de las sentencias impropiamente calificadas en última instancia, o ejercer los poderes que le son conferidos en materia de ejecución provisional.


El artículo 137 de la Ley 834 dice: “Cuando la ejecución provisional ha sido ordenada, no puede ser detenida, en caso de apelación, más que por el Presidente estatuyendo en referimiento y en los casos siguientes:
  •Si la ejecución está prohibida por la Ley.
  •Si hay riesgo que entrañe consecuencias manifiestamente excesivas.

En los casos en que la sentencia es ejecutoria de pleno derecho, el Presidente del Tribunal Superior de Tierras está sujeto al cumplimiento estricto del artículo 141 de la Ley 834, cuya aplicación ha sido ampliada por la Suprema Corte de Justicia cuando dice que “la posibilidad de suspensión de la ejecución provisional depende de que advierta o compruebe que la decisión recurrida se encuentre afectada de una nulidad evidente, como la ausencia total de motivación, o ha sido producto de un error grosero, o pronunciada en violación al derecho de defensa de la parte que demanda la suspensión, o ha sido obtenida en violación flagrante de la ley, o en sus poderes que le zona tribuidos, o cuando la sentencia recurrida haya sido dictada por un juez incompetente


LA ORDENANZA DEL JUEZ.


En los casos en los cuales se ha apoderado al Juez de los referimientos inmobiliarios, en solicitud de una medida provisional, éste, después de instruir el asunto, deberá dictar una ordenanza contentiva de su decisión al respeto.


La ordenanza en referimiento es una decisión provisional rendida a solicitud de una parte, la otra presente o citada. El artículo 50, párrafo segundo, de la Ley de Registro Inmobiliario precisa que “la ordenanza como juez de los referimiento no puede prejuiciar el fondo del asunto, no adquiere en cuanto a lo principal la autoridad de la cosas irrevocablemente juzgada y es ejecutoria provisionalmente, no obstante cualquier recurso”


Las disposiciones del artículo 93, del Reglamento de los Tribunales Inmobiliarios, establecen que la ordenanza será emitida al cierre de la audiencia o posteriormente, cuando el juez o tribunal se reserve el fallo.


Las astreintes.


De acuerdo al vocabulario español y latín, escrito por el Jurista Eduardo Couture, la astreinte proviene de la voz francesa, que se da como sinónimo de compulsión, constricción, Forma especial de condena provisional y accesoria que pueden imponer los Tribunales, para compeler indirectamente al cumplimiento de una obligación mediante una prestación periódica, a veces progresiva, cuya entidad aumenta en función de la demora en el cumplimiento.


El Magistrado Luciano Pichardo, en su obra “De las astreinte y otros escritos”, define la astreinte, como pura y simplemente un medio de constreñimiento indirecto que tiende a obtener la ejecución en naturaleza de la obligación, y porque ella nace con la sentencia.


Marco Legal.


El astreinte en la jurisdicción inmobiliaria tiene su fundamento en el artículo 106 del reglamento de los Tribunales de Tierras, que expresa la facultad de los tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria, del cual emane una decisión para condenar a un astreinte a quien resulte responsable por su inejecución.

Tipos de astreintes.


Por el fin que persiga el Juez que impone esta sanción, se puede determinar ante qué tipo de astreinte estamos, si el juez antes de la sentencia dicta una resolución condenando al demandado a pagar una suma fija por día, o por mes de retraso en el cumplimiento de su obligación, ha pronunciado una astreinte definitiva no sujeta a modificación, también es llamado astreinte no conminatorio, este tipo de astreinte no tiene posibilidad de presentarse en la Jurisdicción Inmobiliaria. Este astreinte definitivo no puede ser revisado, es por eso que se asemeja a una condenación en daños y perjuicios, aunque ciertamente de hecho lo es.


Mientras que cuando el Juez impone una condenación por cada día de retardo en la ejecución de una sentencia que él pronuncio, estamos frente a una astreinte conminatoria o provisional, que el juez que la fijó puede volver sobre ella, aumentándola o disminuyendo su monto, o finalmente haciéndola desaparecer por completo, si a quien se le impuso ejecutó la sentencia, el juez tiene esa facultad.


El Magistrado Luciano Pichardo precisa: “que cuando el Juez no precisa en su sentencia el carácter de la condenación que él pronuncia, su decisión da lugar a interpretación; es decir, un juez que sea requerido regularmente a aclarar sobre una astreinte que haya pronunciado, está obligado a decir cuál ha sido su intención, si fijar una astreinte definitiva o una provisional” Las Astreintes dictadas por la Jurisdicción Inmobiliario se clasifican en Conminatoria o Provisional.


LIQUIDACIÓN DE LAS ASTREINTES.


La Liquidación o revisión de la astreinte es el acto mediante el cual el Tribunal en una audiencia decide si lo deja, lo reduce o lo mantiene, poniendo un monto definitivo de la proporción acordada.


El tribunal que pronuncia la astreinte es el competente para liquidarlo.


Luciano Pichardo Expresa “que la liquidación o revisión de la astreinte sólo es posible con la categoría de la astreinte llamada conminatoria, es decir, respecto de la que constituye una amenaza que el juez pone sobre el deudor para constreñirlo de ejecutar y cuyo monto es susceptible de ser modificado de acuerdo con la actitud que adopte”


De conformidad con el artículo 107 de la Ley 834 le Juez de los referimientos puede condenar en astreinte y liquidarla de manera provisional, y puede hacerlo sólo de manera provisional, porque si el fondo de la demanda principal se cae, se lleva consigo la astreinte, pero si el fondo queda confirmado entonces se consolida la astreinte.


La Astreinte una vez liquidada está sometida a las reglas de la ejecución de toda condenación. Antes de su liquidación no puede ser ejecutada.

PODERES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS.


Los poderes del Presidente del Tribunal Superior de Tierras, en atribuciones de los referimientos, se encuentran previstos en las disposiciones del artículo 53, de la Ley 180-05
Sobre Registro Inmobiliario y el 170, del Reglamento de los Tribunales Inmobiliarios, siendo similares a los poderes conferidos en materia civil al Presidente de la Cámara Civil de la Corte de Apelación, pero con la diferencia de que el Juez de la jurisdicción inmobiliaria aplicará dichas facultades o dígase, dichas medidas provisionales, a los asuntos propios de su competencia, es decir, a las cuestiones que envuelven la apelación de una decisión referente o dictada en ocasión de una litis sobre derechos reales registrados. Dichos textos establecen lo siguiente:


Artículo 53. El Presidente del Tribunal Superior de Tierras tiene las mismas facultades previstas en los artículos 140 y 141, de la Ley 834 del 15 de Julio del año 1978, que abroga y modifica  ciertas disposiciones  en  materia  de  procedimiento  civil  y hace  suyas  las  más recientes y avanzadas reformas del Código de Procedimiento Civil.


Por su parte, el artículo 140, de la Ley 834 de 1978, textualmente expresa: “En todos los casos de urgencia, el presidente podrá ordenar en referimiento, en el curso de la instancia de apelación, todas las medidas que no colidan con ninguna contestación sería o que justifique la existencia de un diferendo”.


Mientras que el artículo 141, establece lo siguiente: “El presidente podrá igualmente, en el curso de la instancia de apelación, suspender la ejecución de las sentencias impropiamente calificadas en última instancia o ejercer los poderes que le son conferidos en materia de ejecución provisional”


Por su parte el artículo 170, del Reglamento, establece: “ el Presidente del Tribunal Superior de Tierras que conoce del recurso de apelación interpuesto contra una ordenanza en referimiento, podrá, a solicitud de parte, y cuando lo estime conveniente, suspender la ejecución de la ordenanza recurrida, o ejercer los poderes que le son conferidos por la Ley con motivos de su ejecución provisional”.


Del análisis e interpretación de las institutas legales y del texto reglamentario precitado, se advierte que hay cuatro (4) puertas por las que se puede abrir el referimiento por ante el Presidente del Tribunal Superior de Tierras.


a) Para estatuir en caso de urgencia todas las medidas que no prejuzguen el fondo o colidan con una contestación seria o que justifique la existencia de un diferendo, en el curso de una instancia de apelación.
b) Para hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita o evitar un daño inminente en el curso de una instancia de apelación.
c) Para suspender la ordenanza y sentencias impropiamente calificadas dictada por el Juez
Presidente del Tribunal de Jurisdicción Original y;
d) Ejercer los poderes que le son conferidos y resolver problemas de ejecución provisional de una decisión rendida por el tribunal de primer grado.

Las normativas indicadas ponen de relieve que el Presidente del Tribunal Superior de Tierras, además del poder que le confiere la ley para ordenar la suspensión de la ordenanza dictada por el juez de jurisdicción original, al mismo le ha sido conferido también el poder para dictar las medidas conferidas al Juez de Jurisdicción Original, siempre que éstas le fueren solicitadas en el curso de una instancia de apelación.


Las institutas legales citadas, son una muestra clara de que el nuevo proceso inmobiliario, la propia Ley 108-05 y el Reglamento de los Tribunales Inmobiliarios, además de reconocer el carácter ejecutorio provisional, no obstante apelación que tiene la ordenanza en referimiento, le confiere al Presidente del Tribunal Superior de Tierras la facultad para ordenar y decidir, en su atribuciones de los referimiento, la suspensión de los efectos ejecutorios de dicha decisión, en el curso de una instancia de apelación.


EL REFERIMIENTO POR ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TIERRAS.


El plazo de apelación de las ordenanzas de referimiento es de 15 días, a partir de la notificación de la misma, por acto de alguacil de la Jurisdicción Inmobiliaria.


En caso que la ordenanza de referimiento sea objeto de recurso de apelación, el tribunal competente para conocer de dicho recurso lo es el Tribunal Superior de Tierras territorialmente competente, por virtud de las disposiciones contenidas en los artículos 53 de la Ley 108-05, y
169 del Reglamento de Tribunales.


El Presidente del Tribunal Superior de Tierras que se encuentre apoderado del conocimiento del recurso de apelación sobre la ordenanza de referimiento, es el competente para ordenar la suspensión de la ejecución de la ordenanza recurrida, siempre que lo estime necesario y conveniente.


La Jurisprudencia ha establecido que si la Corte se constituye en Pleno para conocer de la demanda en suspensión en materia de referimientos, violenta las reglas de la competencia de atribución, excede sus poderes y los límites de su competencia, porque la Corte a-qua es una Jurisdicción diferente a la del Presidente de la misma, por lo tanto, cuando se constituye sin tener facultad para ello, de la demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia, función que es privativa del Presidente, actuando como juez de los referimientos por virtud de las disposiciones del artículo 137 de la Ley 834, la sentencia así pronunciada es nula.


Una  vez  apoderado el Tribunal  Superior de  Tierras sobre  el Recurso de  Apelación,  la Secretaría General procederá a remitir el expediente al Presidente del Tribunal Superior de Tierras, quien a su vez deberá emitir el correspondiente auto de fijación de audiencia.


Es necesario destacar el hecho de que la Ley no establece de manera clara cuál es el plazo en que debe fijarse la audiencia de referimiento a partir del apoderamiento, sólo establece que se emplazará a comparecer en un día franco. En ese sentido, el artículo 103 de la Ley
834establece que el Juez se asegurará de que haya transcurrido tiempo suficiente entre la citación  y  la  audiencia  para  que  la  parte  citada  haya  podido  preparar  su  defensa.  La

Jurisdicción Inmobiliaria debe acogerse a estas disposiciones y determinar de manera soberana “el plazo prudente” aquí establecido. El Recurso de Apelación debe ser notificado por acto instrumentado por un alguacil de la Jurisdicción Inmobiliaria, emplazando en el plazo de un día franco a comparecer por ante el Tribunal Superior de Tierras.


El procedimiento de la audiencia es el establecido para las litis sobre derechos registrados, adaptado al aspecto sumario del referimiento.


La decisión sobre el referimiento será dictada en un plazo no mayor de quince (15) días laborables, a partir de la fecha de la audiencia de fondo, conforme al artículo 52 de la Ley 108-
05 y el artículo 166 del Reglamento de los Tribunales.


Cuando se demanda la suspensión de una Ordenanza de Referimiento, el presidente de Tribunal Superior de Tierras cuenta con las mismas facultades previstas en los artículos 140 y 141 de la Ley 834, que establecen que en todos los casos de urgencia, el presidente podrá ordenar en referimiento todas las medidas que no coliden con ninguna contestación seria o que justifiquen la existencia de un diferendo. Puede suspender la ejecución de las sentencias impropiamente calificadas en última instancia, o ejercer los poderes que le son conferidos en materia de ejecución provisional.


El artículo 137 de la Ley 834 dice: “Cuando la ejecución provisional ha sido ordenada, no puede ser detenida, en caso de apelación, más que por el Presidente estatuyendo en referimiento y en los casos siguientes:
• Si la ejecución está prohibida por la Ley.
• Si hay riesgo que entrañe consecuencias manifiestamente excesivas.


En los casos en que la sentencia es ejecutoria de pleno derecho, el Presidente del Tribunal Superior de Tierras está sujeto al cumplimiento estricto del artículo 141 de la Ley 834, cuya aplicación ha sido ampliada por la Suprema Corte de Justicia cuando dice que “la posibilidad de suspensión de la ejecución provisional depende de que advierta o compruebe que la decisión recurrida se encuentre afectada de una nulidad evidente, como la ausencia total de motivación, o ha sido producto de un error grosero, o pronunciada en violación al derecho de defensa de la parte que demanda la suspensión, o ha sido obtenida en violación flagrante de la ley, o en sus poderes que le son atribuidos, o cuando la sentencia recurrida haya sido dictada por un juez incompetente








Definición:


La Competencia, es la aptitud o capacidad de un tribunal para conocer de un asunto que la ley atribuye expresamente.


Clasificación de competencia:


La competencia puede ser material y territorial, al mismo tiempo la material podemos decir que se subdivide en competencia funcional y de atribución.


Marco Legal.


Artículo 3 de la Ley 108-05 sobre registro inmobiliario: “la Jurisdicción Inmobiliaria tiene competencia exclusiva para conocer de todo lo relativo a derechos inmobiliarios y su registro en la República Dominicana, desde que


Competencia de los Tribunales.


El Articulo 10 de la Ley 108-05 establece “Los tribunales de jurisdicción original conocen en primera instancia de todas las acciones que sean de la competencia de la Jurisdicción Inmobiliaria, mediante el apoderamiento directo por parte del interesado y de acuerdo a su delimitación territorial. La competencia territorial se determina por la ubicación física del inmueble, conforme a lo establecido en el capítulo de esta ley relativo a la Secretaría de los Despachos Judiciales”


Carácter:


Nuestra Suprema Corte de Justicia, actuando como corte de casación, ha sostenido el criterio siguiente: “que la competencia de los tribunales de justicia es una cuestión de orden público que puede ser suscitada de oficio por el Juez, sin que sea necesario que medie un pedimento al respecto, por lo que el tribunal a-quo pudo, como lo hizo, declarar su competencia, sin incurrir, como lo alegan los recurrentes, en el vicio de extra petita; por lo que el medio que se examina carece de fundamento y debe ser desestimado”, Cas. Octubre de 1999, B,J. 971, Pag. 1387.

Solicitudes que pueden ser iniciadas por la vía administrativa:


Existen varios recursos en la jurisdicción inmobiliaria que pueden ser solicitado por la vía adminsitrativa.


Concepto:
Los Recursos administrativos, por definición de la Ley 108-05 en su artículo 74, son toda acción dirigida contra un acto administrativo dictado por los Órganos Administrativo y Técnicos de la Jurisdicción Inmobiliaria, así como los que se ejerzan contra las Resoluciones Administrativas de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria.


Tal y como dispone el referido artículo de la Ley de Registro Inmobiliario, se distinguen tres tipos de órganos cuyos actos o resoluciones son pasibles de los recursos administrativos previstos en la Ley:


• Los Tribunales de Jurisdicción Original.
•  La  Dirección  General  de  Mensuras  Catastrales,  y  sus  correspondientes  Direcciones
Regionales.
• La Dirección Nacional de Registro de Títulos y las Oficinas de Registros de Títulos.


En ese sentido, el Reglamento de Tribunales Superiores de Tierras y Jurisdicción Original, en sus artículos 93 al 97 definen lo que se debe entender por autos y resoluciones administrativas:


a) Autos: Son decisiones emitidas por el Juez o Tribunal con el propósito de facilitar o agilizar la solución del caso objeto de controversia.
b) Resoluciones son las decisiones emitidas por un Juez o Tribunal con motivo de un proceso
de carácter administrativo.
c) Ordenanzas son las decisiones emitidas por el Juez o Tribunal con motivo de un proceso de referimiento.
d) Las sentencias son las decisiones emitidas por el Juez o Tribunal con motivo de un proceso
contradictorio y/o litigioso.


De las definiciones anteriores podemos ver que, tanto los autos como las resoluciones a que se refieren los artículos precedentes, son decisiones dictadas por los Jueces de la Jurisdicción Inmobiliaria.


Desde el punto de vista de la definición de autos, los mismos tienen su origen en un proceso controvertido, por lo tanto, no son pasibles de recursos administrativos.


Solamente las resoluciones administrativas de los Tribunales de la Jurisdicción Inmobiliaria pueden ser objeto de estos recursos.


El término decisión se utiliza indistintamente tanto para mencionar determinadas actuaciones de los Tribunales de la Jurisdicción como para mencionar las actuaciones que aprueban o rechazan una actuación de los demás órganos de la jurisdicción inmobiliaria.

Los Recursos y actos administrativos que contiene la Ley de Registro Inmobiliario son: Solicitud de Reconsideración, Recurso Jerárquico y Recurso Jurisdiccional.


Requisitos esenciales que deben ser presentados en cada caso.


Requisitos del Recurso de Reconsideración:


El término reconsiderar significa volver a considerar, es decir, volver a analizarla resolución que se ha emitido con la finalidad de lograr una modificación en el resultado obtenido.


La solicitud de reconsideración se interpone por ante el mismo órgano que dictó la resolución que se pretende reconsiderar, según las disposiciones del artículo 76 de la Ley y 172 del Reglamento de los Tribunales.


Plazo.


Según lo dispone el artículo 76, párrafo I, de la Ley núm. 108-05, el plazo para interponer la solicitud de reconsideración es de quince (15) días calendario a partir de la publicación de la resolución que se pretende impugnar, para los fines de interponer esta solicitud se reputa publicitada la resolución cuando:
a) Ha sido notificada por la parte interesada mediante acto de alguacil a las demás partes involucradas en el proceso o a sus representantes.
b) Cuando la resolución ha sido retirada en la secretaría del tribunal correspondiente por las partes interesadas o sus representantes y se haya dejado constancia por escrito del retiro.


1.3.3. La solicitud debe contener las siguientes menciones:
• Que se trata de una solicitud de Reconsideración;
• Estar dirigida al tribunal que emitió la resolución;
• Especificar cuál es la resolución que se impugna, el número de expediente, la designación
catastral y la fecha en que fue emitida;
• Especificar las generales del solicitante, justificar su interés y su calidad para solicitar la reconsideración;
• Hacer constar la fecha de la solicitud;
• Estar debidamente firmada por el o los solicitantes;


En caso de que existan otras partes involucradas en la resolución que se pretende impugnar, conjuntamente con la instancia de solicitud de Reconsideración debe anexarse la notificación de dicha instancia por acto de alguacil a las demás partes involucradas, quienes deberán depositar sus objeciones en un plazo de cinco (5) días calendario19 a partir de la notificación, por ante la Secretaría del Tribunal.


En caso de no presentarse ninguna objeción en el plazo señalado, se presume que se ha dado aquiescencia a la solicitud de reconsideración, por lo cual, el tribunal procederá a examinar de manera administrativa dicha solicitud, debiendo emitir su correspondiente resolución en un

plazo de quince (15) días laborables20 a partir de la fecha de vencimiento del plazo de los 5 días que tienen las demás partes para objetar dicha solicitud.


Requisitos del Recurso Jerárquico.


El Recurso Jerárquico, al igual que la solicitud de reconsideración, lo interpone cualquier persona que demuestre calidad e interés y que se encuentre afectada por la resolución.


El Tribunal competente para conocer de este recurso lo es el Tribunal Superior de Tierras territorialmente competente.


Plazo para Interponer el Recurso Jerárquico.


Por virtud de las disposiciones del artículo 77 de la Ley de Registro Inmobiliario, el plazo para interponer el recurso es de quince (15) días21, contados a partir de la fecha en que el Recurso quedo habilitado.


Habilitación del Recurso Jerárquico.


Este Recurso queda habilitado de la siguiente manera:
  Cuando el solicitante de la reconsideración haya tomado conocimiento de la decisión de reconsideración en la secretaría del tribunal apoderado, dejando constancia por escrito de dicho retiro;
  Cuando haya transcurrido el plazo de 15 días después de la interposición de la solicitud de reconsideración sin que el tribunal apoderado haya emitido su decisión.


Procedimiento.


El Recurso Jerárquico se interpone por ante la Secretaría General del Tribunal Superior de
Tierras territorialmente competente, debiendo cumplir con los requisitos siguientes:


o Por instancia escrita que debe especificar que se trata de un Recurso Jerárquico;
o Debe  estar  dirigido  al  Tribunal  Superior  de  Tierras  correspondiente  según  su competencia territorial;
o Especificar la resolución impugnada, el número de expediente, la designación catastral y la fecha de la resolución.
o Especificar las calidades del o los recurrentes, sus generales y justificar su interés;
o Estar debidamente motivado en hechos y en derecho, contener las razones del recurso y su justificación;
o Debe contener la fecha del recurso;
o Estar debidamente firmado por el o los recurrentes o sus representantes;
o Anexar copia certificada de la resolución recurrida; Poderes del tribunal.


En caso de existir dos o más partes involucradas en la resolución impugnada, el escrito conteniendo el Recurso Jerárquico debe ir acompañado de la notificación del mismo por acto de alguacil de la Jurisdicción Inmobiliaria a las demás partes, a los fines de que en un plazo

de 5 días calendario, a partir de la notificación, procedan a hacer sus respectivas objeciones al recurso.


En caso de transcurrir el plazo de los 5 días sin que hayan depositado por ante la Secretaría General del Tribunal Superior de Tierras las correspondientes objeciones, se presumirá que han dado su aquiescencia al Recurso Jerárquico.


Vencido el plazo de los cinco días para objetar, si es de lugar, hayan o no objetado, el Tribunal apoderado queda habilitado para conocer y decidir administrativamente el recurso, debiendo pronunciarse en un plazo no mayor de quince (15) días laborables sobre el mismo.


Si no hay otras partes involucradas en la Resolución, entonces no es necesario hacer notificación, por lo que, en este caso, el Tribunal Superior de Tierras queda habilitado para conocer el recurso en un plazo de 15 días a partir del depósito en la Secretaría General.


Recurso Jurisdiccional.


El artículo 78 de la Ley 108-05 y 184 al 192 del Reglamento de Tribunales Superiores de
Tierras y Jurisdicción Original, contienen las disposiciones relativas al Recurso Jurisdiccional.


Habilitación de Recurso Jurisdiccional.


El Recurso Jurisdiccional queda habilitado cuando hayan transcurrido los siguientes acontecimientos:
 Cuando  el  recurrente  haya  tomado  conocimiento  de  la  decisión  sobre  el  recurso jerárquico por ante la Secretaría General del Tribunal Superior de Tierras apoderado del conocimiento de dicho recurso, siempre que se haya dejado constancia escrita de dicha actuación.
 Cuando haya transcurrido el plazo de quince (15) días desde que fue interpuesto el recurso jerárquico sin que el tribunal apoderado haya emitido la decisión correspondiente.


Tribunal Competente para conocer el Recurso Jurisdiccional.


Con relación al Tribunal competente, la Ley y el Reglamento establecen indistintamente dos tipos de competencias territoriales en función del órgano que dictó el auto o resolución recurrida, a saber:


• Por virtud de las disposiciones del artículo 78 de la Ley 108-05 y 189 del Reglamento, el tribunal competente para conocer y fallar el Recurso Jurisdiccional lo es el Tribunal Superior de Tierras, en función del órgano que dictó el auto o resolución recurrida; dicho recurso lo conocerá una terna de Jueces elegidos por sorteo aleatorio.


• Por virtud de las disposiciones del artículo 190 del Reglamento de Tierras, el Tribunal competente para conocer del Recurso Jurisdiccional contra las decisiones emanadas de una terna del Tribunal Superior de Tierras lo es el Pleno de Tribunal Superior de Tierras. Conforme

modificación al artículo precedentemente referido, por Resolución número1737-2007 de fecha
12 de Julio 2007, el Pleno del Tribunal Superior de Tierras estará integrado por el Presidente del Tribunal junto a los Jueces no actuantes en el acto impugnado.


¿Y las decisiones que emanen del Pleno del Tribunal Superior de Tierras, con motivo del Recurso Jurisdiccional sobre una Resolución de un Tribunal de Jurisdicción Original? ¿Sería posible recurrirlas en casación?


Este es un  tema que puede  generar confusiones y discusiones, sobre todo, porque  el Reglamento dispone en su artículo 191 que el Recurso Jurisdiccional contra las Resoluciones del Tribunal de Tierras se conocerán de manera contradictoria y siguiendo el procedimiento establecido para las litis. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que para que una decisión administrativa pueda ser susceptible de un recurso de casación es necesario que una Ley especial así lo determine. En ese sentido, la Ley núm.108-05 no contiene disposición alguna al respecto, por lo que el criterio jurisprudencial tiene amplia aplicación en caso de presentarse esta situación.


Plazo para Interponer el Recurso Jurisdiccional.


El artículo 78 párrafo I de la Ley de Registro Inmobiliario establece que “El plazo para interponer el recurso es de treinta (30) días25 a partir de la fecha en que este recurso quedo habilitado”.


En ese sentido, el plazo de interposición del Recurso Jurisdiccional es mayor en relación con los demás Recursos Administrativos, cuyo plazo es de 15 días a partir de su habilitación.


Forma de Interponer el Recurso Jurisdiccional:


Por disposición del artículo 186 del Reglamento de Tribunales, el Recurso Jurisdiccional debe ser presentado por ante la Secretaría General del Tribunal Superior de Tierras que conoció el recurso jerárquico, por instancia escrita y motivada, que debe contener las siguientes especificaciones:
  Especificar que se trata de un Recurso Jurisdiccional.
  Estar dirigida al Pleno del Tribunal Superior de Tierras territorialmente competente.
  Especificar la resolución impugnada, indicando el expediente y la fecha del mismo.
  Especificar la calidad del recurrente y sus generales, justificando su interés.
  Estar motivada, y contener las razones y justificaciones por las que se interpone el recurso jurisdiccional.
  Hacer constar la fecha del recurso.
  Estar debidamente firmada por el o los recurrentes, o su representante, si lo hubiere. Anexar copia certificada de la decisión recurrida.


Una vez recibido el Recurso Jurisdiccional en la Secretaría General, si existe una o más partes involucradas en el proceso, diferentes al recurrente, tiene que notificarles el recurso por acto de alguacil.

6.2.4. ¿En qué plazo se debe notificar?


El artículo 30 de la Ley núm. 108-05, establece como principio general la notificación de la demanda en la octava franca, a partir del depósito de la demanda en la Secretaría.


Las demás partes involucradas en la decisión recurrida deben depositar sus objeciones u observaciones al tribunal en un plazo de cinco días calendario a partir de la notificación. En caso de no presentar objeción al recurso, se presume que han dado aquiescencia al mismo.


Vencidas estas formalidades de depósito, notificación y contestación o no, el Pleno del Tribunal Superior de Tierras queda habilitado para conocer el Recurso de forma contradictoria, es decir, en audiencia pública y siguiendo el procedimiento establecido para las litis sobre derechos registrados.


Finalmente, por disposiciones contenidas en el artículo 78 párrafos II de la Ley108-05 y 192 del Reglamento de Tribunales, el Pleno del Tribunal Superior de Tierras tiene un plazo de 30 días laborables para fallar el caso, contados a partir de la presentación de la instancia.









Competencia de atribuciones: La sala de lo civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes tiene competencia para conocer y decidir:


a) Las demandas sobre reclamación y denegación de filiación de los hijos e hijas y acciones relativas. El derecho de reclamación de afiliación no prescribe para los hijos e hijas. Las madres podrán ejercer este derecho durante la minoridad de sus hijos e hijas;


b) Las demandas en rectificación de actas de estado civil a solicitud de parte interesada u ordenadas por un organismo competente referente a niños, niñas y adolescentes;


c) Regulación y rectificación de las declaraciones de nacimiento tardías de niños, niñas y adolescentes;


d) Lo relacionado con la emisión de actas de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes, cuyos padres y madres hayan desaparecido o sean desconocidos, ordenadas por un organismo competente;


e) Lo relacionado con la autoridad del padre y de la madre, y su suspensión temporal o terminación;


f) La emancipación de los y las adolescentes;


g) La autorización o consentimiento matrimonial de los y las adolescentes;


h) Los procesos sobre adopción de niños, niñas y adolescentes y su homologación, así como lo referente a la revocación del consentimiento, su impugnación o su nulidad;


i) La demanda de guarda, colocación familiar y regulación sobre régimen de visitas de los niños, niñas y adolescentes;


j) De la homologación de las sentencias dictadas por tribunales extranjeros en materia de filiación, guarda, régimen de visitas, alimentos, adopción y demás asuntos del derecho de familia;


k) La revisión, control y supervisión del cumplimiento o incumplimiento de las medidas especiales de protección dispuestas en este Código;


l) Sobre la violación de medidas de protección contenidas en este Código;

m) Ordenar medidas cautelares y preventivas de manera provisional, mediante auto, en lo referente a la solicitud de los padres, tutores o responsables y de los representantes del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes;


n) Convocar, conocer y conformar el Consejo de Familia; designación y/o remoción de tutores y protutores para la administración y protección del patrimonio de un niño, niña y adolescente. Otorgará expresamente autorización a los tutores para realizar actos de disposición y conservación;


ñ) Declaración de estado de abandono de los niños, niñas y adolescentes para los fines de este Código;


o) Promover y homologar acuerdos conciliatorios sobre asistencia familiar para los niños, niñas y adolescentes;


p) Autorización para que los niños, niñas y adolescentes puedan viajar al exterior en compañía de su padre o madre, adoptantes o terceros;


q) Homologar el acta de designación de la familia sustituta y toda decisión que se pueda presentar en este sentido;


r) De las acciones en reclamación o reparación de los daños y perjuicios derivados de actuaciones de niños o niñas menores de trece (13) años de edad, o cuando siendo mayores de trece (13) años compromete sólo su responsabilidad civil o la de sus padres o responsables;


s) Así como cualquier otro asunto que, de modo expreso, se le atribuya.


Competencia en razón de la persona: El tribunal competente de niños, niñas y adolescentes en atribuciones civiles lo será el del Distrito Judicial donde tiene su domicilio el niño, niña o adolescente. Párrafo.- El domicilio legal de niño, niña o adolescente es el de la persona que detenta la guarda, sea por mandato de la ley o por decisión judicial.


Competencia territorial. Forma de apoderamiento del tribunal civil de niños, niñas y adolescentes: Independientemente de los procedimientos establecidos en materias específicas, el apoderamiento de la sala de lo civil se hará mediante instancia motivada ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes o mediante declaración de parte interesada en la secretaría del tribunal.


Carácter de las sentencias dictadas por la Sala Civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes: Las sentencias en materia civil tendrán un carácter provisional, excepto las sentencias de reconocimiento o relativas al estado civil.








Los hijos e hijas concebidos fuera del matrimonio podrán ser reconocidos por su padre de manera individual, al producirse el nacimiento o con posterioridad a él, ya sea declarándolo ante el Oficial del Estado Civil, por testamento o mediante acto auténtico, sin importar la situación jurídica de la relación de la cual provenga.


El reconocimiento puede preceder al nacimiento del hijo o hija surtiendo efecto solamente si nace vivo o viva, o posterior al fallecimiento del hijo o hija si éstos dejan descendientes.


Cuando el reconocimiento no se haya efectuado ante el Oficial del Estado Civil, basta la presentación del documento, por la persona interesada, donde consta dicho reconocimiento para que el mismo expida el acta de nacimiento correspondiente.


La madre podrá proceder a demandar judicialmente el reconocimiento de un hijo o hija desde su nacimiento hasta su mayoría de edad. En ausencia o imposibilidad de la madre, el responsable o tutor puede iniciar la acción en reconocimiento.


Los hijos e hijas podrán reclamar la filiación en todo momento, luego de su mayoría de edad. Hay varias formas de reconocimiento:
Reconocimiento voluntario es una declaración por la cual una persona declara que un niño es su hijo. Características: -es un acto voluntario -es eminentemente personal -es un acto individual -es una acto irrevocable


Los efectos del reconocimiento voluntario son los propios de la relación paterno filial, alimentos, apellido, etc. es una acción declarativa de estado.


Reconocimiento judicial o forzoso es interpuesto cuando un hijo natural no ha sido reconocido por sus progenitores, él puede, a los fines de asegurarse sus derechos alimenticios y sucesorales, intentar una acción en justicia con miras a establecer su filiación.


Procedimiento para iniciar esta demanda


La demanda se inicia por la presentación de instancia o por declaración que deberá de ser depositada o hecha en la secretaría del tribunal de niños, niñas y adolescentes. (art. 100 ley
136-03)

Medios de prueba


Los hijos nacidos dentro del matrimonio se reputan hijos del esposo. La filiación de los hijos se prueba por el acta de nacimiento emitida por el Oficial del Estado Civil. A falta de ésta, basta la posesión de Estado, conforme se establece en el derecho común. La filiación materna se prueba por el simple hecho del nacimiento. En todo caso se podrá recurrir a las pruebas científicas para confirmar o negarla filiación materna o paterna.


Posesión de estado Se prueba por una reunión suficiente de hechos que indican la relación de filiación y del parentesco entre un individuo la familia a la cual pretende pertenecer. Deben tener  los  siguientes elementos  Nomen  Tractus  Fama  La  posesión  de  estado  debe  ser constante no interrumpida.


Plazos


Ley aplicable.


La filiación estará regida por la ley personal de la madre al día del nacimiento del hijo o hija. Si la madre no es conocida, por la ley personal del hijo o hija.


La posesión de estado producirá todas las consecuencias que se derivan de la ley dominicana, aunque los otros elementos de filiación dependan de una ley  extranjera, a condición de que el hijo o hija nacido dentro del matrimonio o de una unión de hecho, y el padre y la madre tengan en República Dominicana su residencia habitual, común o separada.


El reconocimiento voluntario de paternidad o de maternidad será válido si se ha hecho por la ley personal de su autor o por la ley personal del hijo o hija.


Demandas relativas a la autoridad parental: La autoridad parental es el conjunto de deberes y derechos que pertenecen, de modo igualitario, al padre y a la madre, en relación a los hijos e hijas que no hayan alcanzado la mayoría de edad.


Fase conciliatoria: En los casos en que exista desacuerdo entre el padre y la madre en cuanto al ejercicio de sus derechos y deberes, el  Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes podrá conciliar los intereses de las partes. En caso contrario, apoderará al juez de la sala civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes para resolver el conflicto judicialmente


Demandas en suspensión, recuperación y pérdida de la autoridad parental del padre y la madre.


Calidad: Tienen calidad para demandar la suspensión y la terminación de la autoridad parental: a) El niño, niña o adolescente interesado/a, teniendo en cuenta su edad y madurez; b) El padre, la madre o responsable, ascendientes o colaterales hasta el cuarto grado de

consanguinidad; c) El Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes; d) El Consejo
Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI).


Causas que la originan: La autoridad del padre o de la madre puede ser objeto de suspensión temporal por: a) Falta, negligencia o incumplimiento injustificado de sus deberes, cuando tengan los medios para cumplirlos; b) Cuando el padre y/o la madre por acción u omisión, comprobadas por el juez competente, amenacen o vulneren los derechos del niño, niña y adolescente y pongan en riesgo su seguridad y bienestar integral aún como resultado de una medida disciplinaria; c) Declaración de ausencia; d) Ser puesto bajo el régimen de tutela de mayor de edad; e) Interdicción civil o judicial.


Tribunal competente: Tanto la suspensión como la pérdida y recuperación de la autoridad parental será pronunciada por la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes, en atribuciones civiles, previo procedimiento contradictorio y tomando en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente. Párrafo. En todo procedimiento de suspensión temporal o de terminación por decisión judicial o de recuperación será escuchada la opinión del niño, niña o adolescente, de acuerdo a su edad y madurez.


La Guarda y el régimen de visitas. Es la situación de carácter físico o moral en que se encuentra un niño, niña o adolescente bajo la responsabilidad de uno de sus padres, ascendientes o una tercera persona, sea ésta una persona física o moral, por medio de una decisión judicial, como consecuencia de un divorcio, separación judicial o de hecho, declaración de ausencia, acción u omisión que vulnere la seguridad e integridad, irresponsabilidad, abandono, abuso o por cualquier otro motivo.


Tribunal competente: Toda demanda de guarda deberá ser introducida por ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del lugar donde vive la persona que ejerce la guarda. Párrafo.- El juez competente del conocimiento de un procedimiento de guarda lo será igualmente para conocer de las pretensiones en materia de alimentos que presente de manera accesoria o que se deriven de dicho proceso.


Opinión del Ministerio Público: En todo procedimiento de guarda se requiere la opinión previa del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes.


Vinculación entre la demanda en otorgamiento de guarda, la demanda en provisión de alimentos y el régimen de visitas: La guarda y el derecho de visita se encuentran indisolublemente unidos, por lo que al emitir sus fallos los tribunales deberán asegurar la protección de ambos derechos a fin de que los padres puedan mantener una relación directa con su hijo o hija. Párrafo.- El juez, al otorgar la guarda a uno de los padres, deberá regular, al otro, si califica, el derecho de visita, de oficio o a solicitud de parte.


Fase conciliatoria: Si como resultado de la conciliación, las partes llegan a un acuerdo sobre la guarda, deberá levantarse un acta de entrega del niño, niña o adolescente, suscrita por el o la representante del Ministerio Público de Niños, Niños y Adolescentes y demás personas que intervengan en dicha conciliación. En el acta constarán las obligaciones y derechos que competen a quienes asumen la guarda y las sanciones que acarreará su incumplimiento.

Dicha acta será sometida al juez para su homologación o rechazo; sin esta formalidad dicha acta no surtirá ningún efecto jurídico. El juez puede solicitar a las partes la producción de los medios de prueba lícitos para determinar la idoneidad de dicha entrega.


Homologación: Al homologar el acta de acuerdo, como la sentencia de guarda y/o régimen de visita, además de las menciones propias de estas decisiones, el juez indicará las sanciones que se aplicarán a la parte que no cumpla con las obligaciones establecidas en este Código.


Opinión del niño, niña o adolescente: En todos los procedimientos que puedan afectar la guarda de niños, niñas y adolescentes deberá ser oída su opinión, de acuerdo a su madurez.


Forma de introducir la demanda: La solicitud de guarda podrá ser admitida cuando la persona interesada haya cumplido fielmente con los deberes inherentes a la obligación alimentaria.


Menciones de la sentencia de homologación y de la sentencia de guarda y/o régimen de visitas: Para pronunciar la sentencia sobre la guarda y/o el régimen de visitas, el o la Juez de Niños, Niñas y Adolescentes deberá tomar en cuenta, en primer lugar, el interés superior del niño, niña o adolescente, y además:


a) El informe socio-familiar proporcionado por el unidad multidisciplinaria del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI);


b) Los acuerdos anteriores a que hayan llegado el padre y la madre;


c) La sentencia de divorcio, si la hubiere;


d) Las violaciones reiteradas a los acuerdos anteriores a la demanda;


e) Adicionalmente, el juez deberá ponderar todos los medios de prueba lícitos para determinar la idoneidad o no de las partes que pretendan la guarda y/o regulación de la visita.


En la fijación del régimen de visitas deberá consignarse:


a) El derecho de acceso a la residencia del niño, niña o adolescente; b) La posibilidad de su traslado a otra localidad durante horas y días; c) La periodicidad y frecuencia de las visitas, vacaciones y otros;
d) Extensión de las visitas a los ascendientes y hermanos/as mayores de 18 años, si fuere solicitado;


e) Cualquier otra forma de contacto entre el niño, niña o adolescente y la persona a quien se le acuerda la visita, tales como comunicaciones escritas, telefónicas y electrónicas, siempre que no se vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Papel del Ministerio Público: Una vez se dicte sentencia, el Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes está obligado a asegurar el disfrute pacífico de la guarda y del derecho de visita en las condiciones en que fueron otorgados


Concepto de traslado y retención ilegal de niños, niñas y adolescentes: Cuando una persona, más allá de los derechos que le hayan sido reconocidos, retenga a un niño, niña o adolescente, o lo traslade a un lugar o país diferente del que tenga su residencia habitual, sin la debida autorización, será considerado como traslado o retención ilegal de niño, niña o adolescente. El Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes deberá restituir al niño, niña o adolescente a la persona que legalmente tiene la guarda. Si el traslado hubiere sido a otro país, deberá dar los pasos correspondientes para reclamar su devolución ante las autoridades del mismo.


Instrumentos internacionales que lo contemplan:


-Convención Internacional sobre Restitución de Menores.
-Convención de La Haya sobre Sustracción Internacional de Personal Menor de Edad
la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Unicef.


Procedimiento de entrega voluntaria: El padre o la madre que decida entregar su hijo o hija en adopción deberá comunicar su decisión al Departamento de Adopción del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y justificará las razones de dicha entrega, para que este organismo seleccione una familia adoptante para el niño, niña o adolescente, entre las que han hecho solicitud de adopción por ante esta entidad.


Párrafo.- Si el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) recibe al niño, niña o adolescente, hasta tanto se seleccione la familia adoptante, el cuidado y protección estará bajo su responsabilidad. La entrega para adopción se realizará mediante acto auténtico entre los padres biológicos y el presidente del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), cumpliendo con todos los requisitos de la ley.


En los casos de la adopción por filiación desconocida deberá estar precedida de la declaración de abandono, que será debidamente dictada por el Tribunal de Primera Instancia de Niños, Niñas y Adolescentes, de acuerdo a los términos de este Código, previa solicitud del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), quien presentará a éste los resultados de la investigación sobre el abandono de que ha sido víctima el niño, niña o adolescente. Una vez el tribunal emita la sentencia administrativa, la enviará al Departamento de Adopciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), para que éste prosiga la formalización de la adopción.


En los casos de niños, niñas y adolescentes cuyos padres y madres hayan perdido su autoridad  parental  mediante  sentencia  del  Tribunal  de  Niños, Niñas  y Adolescentes,  el Departamento de Adopción del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia promoverá

su adopción en la familia ampliada o le asignará una familia de las que han solicitado adopción por ante esa entidad.


Apoderamiento de la autoridad judicial. Tribunal competente.
Promovida la solicitud de restitución por el ministerio publico ante la autoridad central y si hubiere fracasado el requerimiento para la restitución voluntaria ante dicha autoridad: a) el tribunal competente es apoderado por quien tenga calidad según esta resolución, mediante solicitud que debe ir acompañada de la documentación  requerida en el artículo 8 del Convenio;


Art. 8 convención interamericana sobre restitución de menores. a.  A través de exhorto o carta rogatoria; o
b.  Mediante solicitud a la autoridad central, o
c.  Directamente, o por la vía diplomática o consular.


Es competente para conocer de la solicitud de restitución de una persona menor de edad, en virtud del Convenio sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, la sala civil del tribunal de niños, niñas y adolescentes; donde no la hubiere, el tribunal de niños, niñas y adolescentes en atribuciones civiles y, en su defecto, la cámara civil del juzgado de primera instancia, si estuviere dividido en cámaras o el juzgado de primera instancia, en caso de plenitud de jurisdicción, ambos en atribuciones de niños, niñas y adolescentes, de la demarcación territorial donde se encuentre la persona menor de edad que haya sido objeto de un traslado o de una retención ilícita


Personas con calidad para iniciar el procedimiento judicial.


Tiene calidad para incoar o promover la apertura de un procedimiento judicial de restitución la persona, institución u organismo que tenga atribuido el derecho de guarda o de visita de la persona menor de edad y la autoridad central dominicana encargada del cumplimiento de las obligaciones impuestas por el Convenio. En todos los casos, esta autoridad es parte en el proceso de restitución y como tal debe participar en el mismo.


Participación del Ministerio Público.


Las actuaciones se practicarán con intervención del ministerio público y los interesados podrán actuar personalmente o mediante la representación de abogado


Obligación de la autoridad judicial.


Promovida la solicitud de restitución ante la autoridad central y si hubiere fracasado el requerimiento para la restitución voluntaria ante dicha autoridad: a) el tribunal competente es apoderado por quien tenga calidad según esta resolución, mediante solicitud qu e debe ir acompañada de la documentación requerida en el artículo 8 del Convenio; b) la autoridad judicial dicta resolución, en el plazo de cuarenta y ocho horas, requiriendo a la persona que ha sustraído o retiene a la persona menor de edad, para que en la fecha que determine, que no podrá exceder de los tres días siguientes, comparezca ante el tribunal con la persona

menor de edad y manifieste si accede voluntariamente a la restitución del niño, niña o adolescente a la persona, institución u organismo que es titular del derecho de guarda o de visita o, en otro caso, si se opone a la restitución por existir alguna de las causas establecidas en el Convenio; c) si no comparece la persona requerida, la autoridad judicial continua con los procedimientos aun en su ausencia y dispone todas las medidas que resulten pertinentes a fin de obtener la presencia de la persona requerida y de la persona menor de edad de que se trate;


Si comparece la persona requerida y accede a la restitución voluntaria de la persona meno r de edad, se levanta acta, acordando la autoridad judicial, mediante auto, la conclusión del procedimiento y la entrega del niño, niña o adolescente a la persona, institución u organismo titular del derecho de guarda o de visita;


Si la persona requerida no accede voluntariamente a la restitución de la persona menor de edad por existir algunas de las causas establecidas en el artículo 13 del Convenio, el asunto será ventilado y decidido por la autoridad judicial, en cuyo caso, librará auto citando a las partes, al ministerio público y a la autoridad central, a una audiencia que tendrá lugar en un plazo no superior a los dos días siguientes y ordena las medidas provisionales que juzgue pertinentes en relación con la persona menor de edad.


Plazo para emitir la sentencia.


El procedimiento tiene un carácter urgente y debe culminar, en todas sus instancias, en un plazo no mayor de seis semanas, contado desde la fecha en que se solicite la restitución de la persona menor de edad;


La autoridad judicial decide por sentencia, dentro de los cinco días siguientes a contar desde la fecha de la audiencia, si procede o no la restitución, teniendo en cuenta el interés superior del niño, niña o adolescente y los términos del Convenio;


Recursos contra la sentencia: Las partes podrán recurrir las sentencias del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes solo mediante los recursos de oposición, apelación, casación y revisión. Las sentencias recurridas por la persona adolescente imputada no podrán ser modificadas en su perjuicio. La sentencia que intervenga será considerada contradictoria, comparezcan o no las partes legalmente citadas. La misma no será objeto del recurso de oposición. El recurso de apelación en materia de alimentos no es suspensivo de la ejecución de la sentencia y puede beneficiar tanto al recurrido como al o la recurrente.


el recurso de apelación, no estando abierto el recurso de casación, ni otro recurso ordinario o extraordinario. La apelación se interpone por instancia depositada en la secretaría de la corte de apelación de niños, niñas y adolescentes competente o de la corte que haga sus veces, dentro del plazo de cinco días hábiles a partir de dictada la sentencia, cuando las partes se encuentren presentes y, en caso contrario, a partir de la notificación de la misma. La corte de apelación apoderada fija audiencia que debe conocerse dentro de los dos días siguientes, quedando a cargo de la secretaría de la corte de apelación realizar los requerimientos para la citación de las partes en el proceso y la notificación de la instancia contentiva del recurso,

mediante cualquiera de los medios establecidos en la Resolución núm. 1732-05 la Suprema
Corte de Justicia de fecha 15 de septiembre de 2005.

LA,







Procedimiento de Adopción de Niños, Niñas y Adolescentes. La Tutela, el Consejo de
Familia. Autorización para viajar.


L a a d o p c ió n e s só lo p r i vi le g ia d a . L a a d o p c ió n p ri vi le g ia d a p u e d e se r n a c io n a l o
i n t e rn a c io n a l, se g ú n q u e lo s a d o p t a n t e s se a n d o m in ic a n o s re s id e n t e s e n e l p a í s o c iu d a d a n o s e xt ra n je ro s .



La Tutela y la conformación del Consejo de Familia están regidas por las reglas establecidas en el Código Civil, en estas materias. Párrafo.- El padre o la madre superviviente, en su condición de administrador legal de niños, niñas y adolescentes, representará por si mismo a sus hijos menores de edad en la gestión de sus derechos, a excepción de las operaciones inmobiliarias, para las que necesita la autorización del Consejo de Familia, observando las condiciones previstas en el Código Civil.


Competencia. El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes tiene competencia exclusiva para celebrar Consejo de Familia en todos los casos en que fuere necesario el cumplimiento de esta formalidad, debiendo observar para tales fines las formalidades previstas en el Código Civil y sus reglamentaciones.


Modalidades de adopción de niños, niñas y adolescentes (dominicanos y extranjeros).


Condiciones para adoptar (dominicanos): Podrán adoptar las personas mayores de 30 años de edad, independientemente de su estado civil, siempre que el o la adoptante garanticen idoneidad física, moral, social y sexual, que permita ofrecer a un niño, niña o adolescente un hogar que garantice su bienestar integral.


Las mismas calidades serán exigidas a quienes adopten de manera conjunta. La edad límite para adoptar es de 60 años. Excepcionalmente una persona mayor de esta edad podrá adoptar en las siguientes situaciones:


a) Cuando ha tenido la crianza, cuidado y protección del niño, niña o adolescente previo a la solicitud de adopción;


b) En los casos de familiares que quieran adoptar un niño, niña o adolescente, cuando los padres o responsables han sido despojados judicialmente de la guarda.


Pueden adoptar:

a) Los cónyuges dominicanos, casados durante tres (3) años; y los extranjeros durante cinco
(5) años de casados;


b) La pareja dominicana, formada por un hombre y una mujer, cuando demuestren una convivencia ininterrumpida por lo menos de cinco (5) años;


c) Las personas solteras que, de hecho, tengan o hayan tenido la responsabilidad de la crianza, cuidado y educación de un niño, niña o adolescente;


d) El viudo o la viuda, si en vida del cónyuge ambos hubieren comenzado el procedimiento de adopción;


e) El cónyuge divorciado o separado cuando el procedimiento de adopción ya existía al tiempo del divorcio o la separación;


f) El o la cónyuge en matrimonio o la pareja unida consensualmente podrá formalizar la adopción del hijo(a) del otro u otra cónyuge;


g) Los abuelos, tíos y hermanos mayores de edad, a sus nietos, sobrinos y hermanos menores, cuyo padre o madre o ambos progenitores hayan fallecido y los adoptantes puedan garantizar el bienestar integral de sus parientes.


Condiciones para adoptar (Extranjeros): Si los adoptantes son extranjeros o dominicanos residentes fuera del país, deberán aportar además los siguientes documentos:


a) Certificación expedida por el organismo o autoridad oficialmente autorizado, en la que conste el compromiso de efectuar el seguimiento del niño, niña o adolescente en proceso de adopción, hasta su nacionalización en el país de residencia de los adoptantes;


b) Autorización o visado del gobierno del país de residencia de los adoptantes para el ingreso del niño, niña o adolescente adoptado(a);


c) Además de los documentos exigidos, probatorios de idoneidad para la adopción, especificados en el artículo 140, la autoridad administrativa competente estará facultada para requerir otros documentos al país del extranjero o de residencia del dominicano adoptante, que considere necesario a esos fines.


Condiciones para ser adoptado: La adopción procederá a favor de las personas menores de 18 años de edad a la fecha de la solicitud. Podrán ser adoptados:


a) Niños, niñas o adolescentes huérfanos de padre y madre;


b) Niños, niñas o adolescentes de padres desconocidos, que se encuentren bajo la tutela del
Estado;

c) Niños, niñas o adolescentes cuyo padre y madre hayan sido privados de la autoridad parental por sentencia;


d) Niños, niñas o adolescentes cuyos padres consientan la adopción. Párrafo.- Nadie podrá ser beneficiado por más de una adopción.


Documentos de idoneidad: La solicitud de homologación de la adopción, suscrita por el o los adoptantes, deberá ser presentada personalmente o por su representante, acompañada de los siguientes documentos:


a) Estudio biosicosocial de los adoptantes;

b) Consentimiento de adopción debidamente legalizado;

c) Acta de nacimiento de los adoptantes y adoptado(a);

d) Acta de matrimonio o de notoriedad en la cual se haga constar la convivencia extramatrimonial de los adoptantes, sin perjuicio de las que corresponden a los demás requisitos exigidos por este Código;
e) Copia de la declaración de pérdida de la autoridad parental o autorización de adopción, según sea el caso;
f)  Certificación  de  idoneidad,  con  vigencia  no  mayor  de  seis  meses,  expedida  por  el

Departamento de Adopciones del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia;

g) Certificación de una entidad de carácter cívico, comunitario o religioso, sobre la idoneidad física, mental, social y moral de los adoptantes;
h) Certificación de convivencia del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia;

i) Certificación de cumplimiento de criterios de asignación de niños, niñas y adolescentes, emitida por la Comisión de Asignación de Niños, Niñas y Adolescentes a familias adoptantes; j) Certificado de no antecedentes penales y certificado de no delincuencia de los adoptantes, expedidos por autoridad competente;
k) Certificado médico de los adoptantes;

l) Poder especial otorgado al abogado de la parte adoptante, debidamente legalizado por la

Procuraduría General de la República;

m) Copia de las cédulas o pasaportes de los adoptantes y padres biológicos;

n) Acto de no oposición de los hijos mayores de doce años de los adoptantes, en caso de que existan.


Procedimiento de la adopción privilegiada: fase administrativa. La solicitud de homologación de la adopción sólo puede ser presentada por los interesados en ser declarados adoptantes o su representante, por ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del domicilio de la persona o entidad bajo cuyo cuidado se encuentre el o la adoptado(a). La solicitud de homologación de la adopción se presentará ante la sala civil del Tribunal de Niños,

Niñas y Adolescentes, acompañada de los documentos descritos en el artículo anterior En los tres días siguientes del apoderamiento de la demanda, el tribunal enviará el expediente al Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, quien emitirá su opinión en los cinco (5) días subsiguientes de haberlo recibido. Vencidos los plazos anteriores, el Juez de Niños, Niñas y Adolescentes dictará sentencia, homologando o rechazando la solicitud, en los diez días subsiguientes.


Fase jurisdiccional: El tribunal competente será el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del domicilio de la persona o entidad bajo cuyo cuidado se encuentre el o la adoptado(a)


Demanda en adopción contradictoria: En caso de que la demanda de adopción sea impugnada, el procedimiento se hará contradictorio y, en tal sentido, el Juez de Niños, Niñas y Adolescentes fijará audiencia para su  conocimiento. Tienen calidad para impugnar la demanda de adopción el padre o la madre y, en ausencia de estos, sus familiares hasta cuarto grado, siguiendo el orden sucesoral, el Consejo Nacional para la Niñez y Adolescentes (CONANI) y el Ministerio Público de Niños, Niños, Niñas  y Adolescentes. La sentencia resultante de la demanda a que se refiere el presente artículo podrá ser recurrida ante la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes.


Sentencia de adopción privilegiada y su publicidad: La sentencia de adopción será motivada, aún tenga carácter administrativo-jurisdiccional, y deberá redactarse en términos claros y precisos. Sólo el dispositivo de la sentencia de adopción deberá ser transcrita en el registro de adopciones de la Oficialía del Estado Civil en la cual se haya efectuado la declaración de nacimiento del niño, niña y adolescente. Dicha trascripción deberá ser hecha dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que la sentencia de adopción haya adquirido la autoridad de la cosa definitiva e irrevocablemente juzgada. La transcripción enunciará el día, la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del niño, niña o adolescente, sus nombres, tal como resultan de la sentencia de adopción, y los nombres, los apellidos, fecha y lugar de nacimiento, profesión y domicilio del o de los adoptantes. Dicha transcripción no contendrá ninguna indicación relativa a la filiación anterior del adoptado.


Notificación  y  efectos  de  la  sentencia  de  adopción: La sentencia que homologue el acto de adopción deberá ser notificada al padre y la madre biológico(a) o responsables que la consintieron, a requerimiento del Juez de Niños, Niñas y Adolescentes. Efecto: La sentencia de  homologación  de la  adopción  producirá  todos  los  efectos  creadores  de  derechos  y obligaciones propias de la relación materno o paterno filial. Contendrá los datos necesarios para que su inscripción en el registro civil constituya acta de nacimiento y reemplace la de origen, la cual se anulará. En la sentencia se omitirá el nombre del padre y la madre de sangre, si fueran conocidos. En detalle, la adopción produce los siguientes efectos:


a) Ruptura lazos familiares de origen. La adopción privilegiada hace caducar los vínculos de filiación de origen del o de la adoptado(a) en todos sus efectos civiles; subsisten únicamente los impedimentos matrimoniales;

b) Creación vínculos paterno-materno filial. El o la adoptante(a) y su familia adquieren por la adopción los derechos y obligaciones del vínculo paterno-materno filial, con todas las prerrogativas y consecuencias de carácter personal, patrimonial y sucesoral;


c) Impedimento matrimonial. Se prohíbe el matrimonio entre: 1. El o la adoptante y sus ascendientes y el o la adoptado(a) y sus descendientes; 2. El adoptado(a) y el cónyuge del o la adoptante, y recíprocamente entre el o la adoptante y él (la) cónyuge del adoptado(a); 3. Los hijos e hijas adoptivos (as) de una misma persona; 4. El o la adoptado(a) o los hijos e hijas que puedan sobrevivir al o a la adoptante.


d) Derechos sucesorales. El o la adoptado(a) adquiere todos los derechos de los hijos e hijas con calidad de heredero reservatario y viene a la sucesión de los miembros de la familia tanto en línea directa o colateral;


e) Apellido. El niño o niña adoptado(a) adquiere los apellidos del o de los adoptantes;


f) Autoridad. La autoridad parental y sus efectos se desplaza de los padres biológicos a los padres adoptantes.


Nulidad de la sentencia de adopción: Se podrá pedir la nulidad de la sentencia de adopción cuando se comprueben irregularidades graves de fondo o del procedimiento establecido en el presente Código. Quién Puede Demandar La Nulidad. La adopción, después de evacuada la sentencia de homologación, puede ser anulada a petición del/la adoptado(a) o de sus padres biológicos o del Consejo Nacional para la Niñez y Adolescencia (CONANI) y del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes. Tribunal Competente. La sala de lo civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes es el competente para conocer de la demanda en nulidad de la sentencia de homologación de la adopción. La sentencia resultante de la demanda de nulidad de la adopción a que se refiere el presente artículo podrá ser recurrida ante la Corte de Niños, Niñas y Adolescentes. Plazos. Los plazos para la demanda en nulidad y para la apelación y revisión serán los de derecho común.


Prescripción de la acción en nulidad: La demanda en nulidad de la adopción prescribe a los cinco (5) años de la transcripción de la sentencia de adopción. Para el adoptado este plazo se inicia a partir de su mayoría de edad


La Adopción internacional: Se considera adopción internacional cuando los adoptantes y el o  la adoptado(a)  son nacionales de  diferentes países o  tengan  domicilio  o  residencias habituales en diferentes Estados. Las adopciones por extranjeros que, para el momento de la solicitud, tengan más de 3 años residiendo habitualmente en el país o casado(a) con un(a) nacional, se regirá por las disposiciones previstas por este Código para la adopción privilegiada realizada por dominicanos.


Tribunal competente: Será competente para el otorgamiento de la adopción internacional la sala de lo civil del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del lugar de residencia del o la adoptado(a), o el del domicilio de la persona física o moral o entidad bajo cuyo cuidado se encuentre el o la adoptado (a), en las condiciones establecidas para la adopción privilegiada.

El Consejo de Familia: es una asamblea de parientes por consanguinidad, de afines o de amigos, presidida por el Juez de Paz. Comprende en principio, seis miembros, más el Juez de Paz, cantidad que puede ser aumentado. Existen miembros de derecho: Los hermanos y hermanas de doble vinculo, que sean mayores de edad y los ascendientes; si su número es menor de seis, el Consejo de completa con miembros que elige el Juez de Paz, tomando partes iguales de las familias paterna y materna. El tutor y el tutor subrogado, son miembros del Consejo de Familia, éste no es una asamblea permanente, su composición puede ser diferente en cada reunión y delibera válidamente con los tres cuartos de sus miembros. Es convocado por el Juez de Paz, ya sea de oficio, ya sea a petición del tutor, de un pariente o de una persona que tenga interés en ello. Los redactores del Código Civil quisieron hacer del Consejo de familia el órgano más importante de la tutela; le atribuyeron la dirección general, al menos en cuanto a la administración de los bienes, al hacer del tutor un simple agente ejecutivo.


Competencia del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes: -fase conciliatoria. Una vez presentada la querella, el Ministerio Público citará a las partes para efectuar la conciliación, en un plazo no mayor de diez (10) días, en la cual se determinará la cuantía de la obligación alimentaria, el lugar y la forma de su cumplimiento, la persona a la que debe hacerse el pago y demás aspectos que se estimen necesarios. En caso de que las partes no llegaren a un acuerdo, el trabajador social del equipo multidisciplinario del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia tendrá un plazo de diez (10) días para realizar las investigaciones socioeconómicas pertinentes, en caso que sea necesario


Calidad para iniciar la demanda en relación a la administración de los bienes del niño, niña o adolescente: Cuando la persona que tenga la administración de los bienes de un niño, niña o adolescente, en su condición de madre, padre, tutor o curador y pongan en peligro los intereses económicos puesto bajo su cuidado, él o la representante del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes o cualquier persona que tenga conocimiento de esta situación, deberá promover, en beneficio del niño, niña o adolescente, el proceso o procesos judiciales tendentes a la privación de la administración de los bienes. Si la demanda fuere hecha por las autoridades o personas indicadas contra quienes detentan la autoridad del padre y de la madre, no será necesaria la autorización exigida por el Código Civil en lo que respecta a la administración de los bienes del niño, niña y adolescente.


Función del Ministerio Público: Cuando existan controversias entre un padre y una madre o su representante, en cuanto a la administración de los bienes de un niño, niña o adolescente, con el consiguiente peligro de ese patrimonio, el representante del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes podrá citarlos a una audiencia en la cual cada uno expondrá sus razones. De no llegarse a acuerdo, el representante del Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes, o cualquiera de las partes, apoderarán al Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, para que diriman la controversia, conforme al interés superior del niño, niña o adolescente


Concepto de autorización de viaje: Ningún niño, niña o adolescente podrá viajar fuera del país si no es en compañía de su padre, madre o responsable. Cuando viaje con personas que

no son su padre, madre o responsable, será necesario la presentación de una autorización debidamente legalizada por un Notario Público. En ausencia del padre o de la madre, aquel que tuviere la guarda presentará una certificación del Tribunal de Niños, Niñas o Adolescentes, donde se haga constar la misma


Tribunal Competente: Los jueces de Niños, Niñas y Adolescentes, o en su defecto los jueces de primera instancia en atribuciones de niños, niñas y adolescentes, serán competentes para otorgar los permisos a los niños, niñas y adolescentes para salir del país. Para permitir la salida del país de un niño, niña y adolescente adoptado, bien sea por extranjeros o por dominicanos, la sentencia que homologa la adopción deberá estar registrada y debidamente legalizada en  la Procuraduría  General de  la  República, en  la Secretaria  de  Estado  de Relaciones Exteriores y en el consulado del país de origen de los adoptantes. Las autoridades de migración exigirán copia auténtica de la sentencia de adopción con la constancia de ejecutoriedad.















DERECHO LABORAL

















































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TEMA 1
DEFINICIÓN y OBJETO DEL DERECHO LABORAL


El Dr. Rafael Alburquerque, en su obra Derecho del Trabajo define El Derecho Laboral como “  l conjunto de normas jurídicas aplicable a las relaciones individuales y colectivas que surgen entre empleador privado y los trabajadores con motivo del trabajo que éstos realizan bajo la autoridad de los primeros”. Objeto. El fin supremo del Derecho del Trabajo es la justicia social,
y tiene por misión el estudio de los problemas legales que tienen relación con la actividad laboral.


Su Formación Histórica. El trabajo es una condición esencial del hombre, una imperiosa necesidad humana, por lo que desde la más remota antigüedad el hombre ha trabajado. Pero el trabajo humano no siempre ha sido el mismo, cada época de la historia de la humanidad ha conocido una forma de trabajo predominante. Esto ha servido para clasificar la vida humana en varios periodos: La esclavitud, la servidumbre, el sistema corporativo y el asalariado. Dos
momentos importantes se vislumbran en la formación histórica del Derecho de Trabajo:


La Revolución Industrial:


Este cambio consistió en la aparición de la máquina, que sustituye el trabajo realizado a mano. Y además fue sustituida la energía muscular por la generada por el vapor. Se recrudece la lucha de clases, el Estado que había permanecido como un simple espectador de este grave mal social se ve obligado a intervenir dictando las primeras leyes sociales y de trabajo. Nace de este modo el Derecho de Trabajo, que viene a llenar una laguna en las reglas periódicas preexistentes y a cumplir un papel vital en la vida moderna.


La Revolución Tecnológica:


Es la era de la Informática, de la computadora. Trae consigo la dependencia tecnológica, profundo cambio en el comportamiento humano, ahondando aún más las diferencias que existen entre los países pobres y los altamente industrializados.


Sistemas de Fuentes. El estudio de las fuentes del derecho de trabajo consiste en buscar de donde provienen las reglas aplicables a las relaciones de trabajo. En el Derecho del Trabajo es preciso estudiar las fuentes desde tres puntos de vista:
Fuentes Estatales;
Fuentes Profesionales;
Fuentes Internacionales.


Las Fuentes Estatales están clasificadas en:


Latu Sensu: La Constitución, el Código del Trabajo, Decretos y reglamento, y las resoluciones del Ministerio de Trabajo;
Derecho  Jurisprudencial,  que  claramente  son  las  jurisprudencias  dictadas  en  los tribunales laborales.

Las Fuentes Profesionales están:


Reglas Bilaterales y Tripartitas: los Convenios colectivos de trabajos y la Concertación
Social;
Fuentes Menores: Reglamentos internos, el uso y la costumbre.


Dentro de las Fuentes Internacionales tenemos:
Las Normas de la OIT: convenios y recomendaciones,
Tratados Internacionales: Tratados bilaterales y multilaterales.


Los Principios Fundamentales del Derecho Laboral  son aquellos preceptos jurídicos normativos que constituyen el fundamento de esta disciplina jurídica, e informan e inspiran algunas de sus normas, orientando su interpretación y contribuyendo a resolver los casos no previstos expresamente. Los 13 principios fundamentales del Derecho del Trabajo están enumerados al principio del Código de Trabajo, estos son:


1.  El trabajo es una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado.

2.  Las leyes concernientes al trabajo son de carácter territorial.

3.  El contrato de trabajo no es el que consta en un escrito, sino el que se ejecuta en hechos.

4.  Toda persona es libre para dedicarse a cualquier profesión y oficio, industria o comercio permitidos por la ley.
5.  En materia de trabajo los derechos deben ser ejercidos y las obligaciones ejecutadas según las reglas de la buena fe. Es ilícito el abuso de los derechos.
6.  Los derechos reconocidos por la ley a los trabajadores, no pueden ser objeto de renuncia o limitación convencional. Es nulo todo pacto en contrario.
7.  En caso de concurrencia de varias normas legales o convencionales, prevalecerá la más favorable al trabajador.
8.  Los menores no pueden ser empleados en servicios que no sean apropiados a su edad, estado o condición o que les impida recibir la instrucción escolar obligatoria.
9. La trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que el trabajador. Las disposiciones especiales previstas en este Código tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad.
10. Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación profesional y el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal.
11. El presente Código tiene por objeto fundamental regular los derechos y obligaciones de empleadores y trabajadores y proveer los medios de conciliar sus respectivos intereses. No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la

presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos. Tampoco se aplica a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
12. Se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador.
13. El Estado garantiza a empleadores y trabajadores, para la solución de sus conflictos, la creación y el mantenimiento de jurisdicciones especiales. Se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación. Esta puede ser promovida por los jueces en todo estado de causa.





El Contrato de Trabajo es definido por el Código Laboral en su Artículo 1ro. como una convención por la cual una persona se obliga, mediante una retribución a prestar un servicio personal a otra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o delegada de ésta.


De  acuerdo  a  las  disposiciones  contenidas  en  el  artículo  1  del  CT  los  Elementos
Constitutivos del contrato de Trabajo son:
La Prestación de un servicio,
La Subordinación jurídica, y
La Remuneración.


Diferentes Tipos y Modalidades de Contrato de Trabajo. Los contratos de trabajo se clasifican:


Según su duración en:
Contrato por tiempo indefinido. Es el contrato por excelencia e Ininterrumpido.
Contrato por cierto tiempo: (Artículo 33 C.T.) Es un contrato de excepción. Los casos en que puede celebrarse están limitativamente señalados por la ley.
Contrato para obra o servicio determinados: Deben redactarse por escrito (Artículo34
CT). Tienen lugar generalmente en la industria de la construcción.


Según su forma:
Contrato de Trabajo Verbal. Es aquel que no consta por escrito, cuyo contenido, esto es, las condiciones bajo las cuales se presta el servicio, las obligaciones de las partes no constan en un instrumento escrito. Este es el contrato de trabajo corriente.
Contrato de Trabajo por Escrito. Tiene lugar principalmente, en los contratos por cierto tiempo o para obra o servicio determinado, en los casos de los altos empleados, técnicos o trabajadores altamente calificados, en ciertas empresas muy organizadas, que usan de contratos modelos impresos, donde constan, generalmente, las especificaciones mínimas de la ley, y que los trabajadores firman al momento de ingresar a las mismas.


Según el carácter de la relación de trabajo:
Contrato de Trabajo Individual.
Contrato de Trabajo Colectivo.


Además tenemos:
Contrato de Trabajo por temporada. Se trata de trabajos que por su naturaleza sólo duran una parte del año, son contratos que expiran sin responsabilidad para las partes, con la terminación de la temporada. Sin embargo, cuando el trabajo se extienda por encima de los 4 meses, el trabajador tendrá derecho a la asistencia económica.

Trabajadores  eventuales,  móviles  u  ocasionales.  Estos  contratos  tienen  lugar  en ocasión de los trabajos que tienen por objeto intensificar temporalmente la producción, o responder a circunstancias accidentales de la empresa o cuando la necesidad de su trabajo cesa en cierto tiempo. Terminan sin responsabilidad para las partes con la conclusión del servicio “si ocurre antes de las los 3 meses contados desde el inicio del contrato”.


El Trabajo de los Menores. En principio los mayores de 14 años disfrutan de los mismos derechos y poseen los mismos deberes que los mayores, en cuanto a las leyes de trabajo. La prohibición de que los menores de 14 años no pueden trabajar, no puede ser levantada por la voluntad de los padres. El menor no emancipado que ha cumplido los 14 años y no alcanza los 16 años, puede celebrar un contrato de trabajo si ha sido autorizado por sus padres. Con esta autorización el menor tiene capacidad de ejercicio de todos los derechos y acciones que se derivan del contrato de trabajo.


El CT establece que el menor de edad, tiene los mismos derechos y deberes, pero con un cuidado especial por su minoridad, en el que se establece expresamente: que éste no puede trabajar de noche y mas de 6 horas diarias, en negocios ambulantes, lugares peligrosos o
insalubres, en distribución de mercancías y en lugares donde se detalle bebidas embriagantes.


De la Protección a la Maternidad. El CT Protege la maternidad y salvaguarda el sostenimiento y la crianza de los niños, garantizando el patrimonio más sagrado, el ser humano. Se encuentra consagrado en los Capítulos I y II del Libro IV del CT. Se trata de un régimen de protección acentuado que ampara el trabajo de la mujer, que tiende a dar el máximo de protección a la maternidad, estableciendo:
El descanso pre y post natal,
El  derecho  a  licencia  cuando  como  consecuencia  del  embarazo  o  del  parto  la trabajadora no pueda concurrir a su trabajo;
Derecho a amamantar el niño en determinados periodos en horas de trabajo;
El cambio de trabajo, tareas o funciones de ésta cuando eso perjudique a la trabajadora madre
Protección contra el desahucio durante el embarazo y los tres meses que siguen a la fecha del parto
Protección contra el despido durante el embarazo y los 6 meses que siguen a la fecha del parto


Los Trabajadores Domésticos son definidos como los que se dedican exclusivamente a las labores de cocina, asistencia y demás, propias de un hogar o residencia particular, que no importen lucro o negocio para el empleador o sus parientes. El salario de los empleados domésticos comprende además de los pagos de dineros, alojamiento y alimentos de calidad corriente. El trabajo de los domésticos no se sujeta a ningún horario, pero éstos deben gozar, entre dos jornadas, de un reposo ininterrumpido de 9 horas por los menos. Disfruta de vacaciones remuneradas cuando cumple 1 año, así como de su sueldo navideño. Posee derecho a permisos con la finalidad de asistir a la escuela, al medico o a un centro de salud.

Los Trabajadores del Mar (Contrato de Enrolamiento). El CT establece disposiciones especiales en torno a las personas que laboran en el mar, denominándole Contrato de Enrolamiento, al que regula las relaciones del trabajo efectuado a bordo de la embarcación, entre los empleadores y la tripulación de las embarcaciones. Estos contratos pueden celebrarse por tiempo determinado, por tiempo indefinido o por viaje. Son llamados tripulantes toda persona que es empleada a bordo, sin distinción de lo que se ocupe. Sólo existe una excepción que es el capitán, que se considera como el representante del empleador en la embarcación, pero con respecto del propietario del bien es un empleado.


Los Trabajadores por Comisión. El CT establece en su Artículo 5 que los comisionistas están fuera del amparo de esta ley. Sin embargo, el CT es aplicable a los trabajadores vendedores y viajantes de comercio, siempre que laboren de manera permanente en subordinación a un empleador, sin importancia de cómo se realice el pago del salario, entre esta está la comisión. Lo esencial es que exista subordinación, la facultad del empleador de impartir órdenes e instrucción sobre el servicio prestado y el carácter permanente de la relación. El salario mensual nunca puede ser inferior al salario mínimo legalmente establecido, incluyendo la retribución fija y las condiciones que prevé regularmente.



Los sujetos del contrato de trabajo son el Empleador y el Trabajador.


Concepto de Empresa y de Empleador. La Empresa conforme el Código de Trabajo se entiende por “la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios”. El Empleador “es toda persona física o moral a quien es prestado un servicio”.


Deberes y Derechos.  Deberes del empleador: obligación de asegurar el trabajo, obligación de lealtad y corrección y la obligación de revisión. El empleador tiene derecho a introducir los cambios que sean necesarios en las modalidades de la prestación, siempre que esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren las condiciones esenciales del contrato, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador. Es claro que los derechos del cual se encuentra investido el empleador son los deberes u obligaciones del trabajador por la naturaleza contractual de esta relación. En el sentido de que están amparados en un contrato bilateral de trabajo.


El Poder de Dirección comprende la totalidad de las facultades que tiene el empleador de organizar económica y técnicamente la empresa, atendiendo a sus fines y a las exigencias de la producción. Se ejerce personalmente o por medio de representantes.


El Jus Variandi es definido como la facultad del empleador de precisar el modo, tiempo y lugar de la prestación de servicios del trabajador, que se deriva de la facultad de dirección.


Limites al Jus Variandi. La ley generalmente regula y delimita su ejercicio, ya que no es arbitrario o absoluto, y es de la esencia de las relaciones de trabajo. El empleador esta facultado para introducir los cambios que sean necesarios en las modalidades de la prestación, siempre que esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni alteren las condiciones esenciales del contrato de trabajo ni causen perjuicios materiales, ni morales al trabajador.


Modificaciones del Contrato de Trabajo. El contrato de trabajo consentido válidamente entre las partes puede ser modificado:
Por efecto de disposiciones contenidas en este Código y otras leyes posteriores.
Por efecto de los convenios colectivos de condiciones de trabajo.
Por mutuo consentimiento.


Concepto de Trabajador. Es toda persona física que presta un servicio, material o intelectual, en virtud de un contrato de trabajo. Debe ser siempre una persona natural, persona humana, no una persona moral o jurídica. Artículo 2 del CT.


Deberes y Derechos. El Artículo 44 enumera las obligaciones del trabajador, entre las cuales están:
Someterse a reconocimiento médico a petición del empleador.

Asistir con puntualidad al lugar en que deba prestar sus servicios.
Observar buena conducta y una estricta disciplina durante las horas de trabajo;
Guardar rigurosamente los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente.
Conservar en buen estado los instrumentos que se les faciliten para el trabajo.


Se reconocen como derechos básicos de los trabajadores, entre otros, la libertad sindical, el disfrute de un salario justo, la capacitación profesional y el respeto a su integridad física, a su intimidad y a su dignidad personal.


Prestaciones del Trabajador. Señalaremos algunas de las prestaciones que recibe el trabajador por los servicios prestados al empleado, que pueden ser parte del salario o no:
La propina no está incluida en el contenido del salario;
Las indemnizaciones previstas en el artículo 95 y 101 del Código de Trabajo;

Los subsidios y prestaciones del seguro social obligatorio;
Los gastos de representación (pagos) para la ejecución del trabajo;
Los viáticos son asignadas para cubrir el pago de habitación y alimentos;
Gastos de transporte.

Prestaciones
= Ayudas.

La regalía pascual o salario de navidad, es un salario, anual complementario.


Clasificación Profesional. Desde el punto de vista del asalariado, el sistema de Clasificación Profesional es el criterio de medida del status socio profesional; y por tanto el determinante de las contraprestaciones económicas y sociológicas básicas para el trabajador. Los Sistemas de Clasificación Profesional establecen las "jerarquías" de cada ocupación en función de diferentes criterios:
El nivel de cualificación del trabajador ("categoría").
El grado de responsabilidad de las tareas a desempeñar ("puesto de trabajo").
El grado de influencia sobre los resultados del proceso productivo ("competencia").


Vacaciones. Las vacaciones anuales tienen la finalidad de proteger la salud del trabajador y permite reparar el desgaste y fatiga; con esta visión, las vacaciones son concedidas como un complemento de las interrupciones semanales. Título IV del CT. (15 días a partir de 1 año)


Descanso. En principio, la jornada de trabajo no es ininterrumpida. Se suspende durante un periodo de descanso de una hora como mínimo. Descanso semanal: Todo trabajador tiene derecho a un descanso semanal ininterrumpido de 36 horas. Los días declarados no laborables por la Constitución o las leyes, son de descanso remunerado para el trabajador, salvo que coincidan con el día de descanso semanal. Descansos de maternidad: Con el objetivo de proteger a la maternidad tenemos el descanso pre y pos-natal.


Permisos. El trabajador tiene derecho, previo aviso y justificación ante el empresario, a una serie de permisos que han de ser retribuidos como si de trabajo efectivo se tratara. Se establecen para los casos de matrimonio, nacimiento de hijos o enfermedad de parientes próximos, traslado del domicilio, para el cumplimiento de deberes inexcusables de carácter público y personal.

Prestación del Servicio es la principal obligación del trabajador frente al empleador. La cual debe ser con intensidad, cuidado y esmero, en la forma, tiempo y lugar convenido, y bajo la dirección del empleador o su representante. La prestación del servicio debe ser personal ya que el contrato de trabajo es intuito personae. La Jornada es el tiempo que el trabajador permanece en la empresa a disposición del empleador. La duración normal de la jornada de trabajo no podrá exceder de 8 horas por día ni de 44 por semana. La jornada semanal de trabajo terminará a las 12 horas meridiano del día sábado. El horario de la jornada es establecido libremente en el contrato de trabajo.


Salarios. Es la retribución que el empleador debe pagar al trabajador como compensación del trabajo realizado. El monto del salario es el que haya sido convenido en el contrato de trabajo. No puede en ningún caso ser menor al salario mínimo establecido por ley.


Garantías Salariales: El legislador establece disposiciones protectoras del salario, que la doctrina clasifica en Medidas protectoras:
Contra los abusos del empleador: El pago del salario es una obligación esencial del empleador.
Contra los acreedores del trabajador y contra los acreedores del empleador.
De la familia del trabajador: El pago puede ser objeto de descuento por pensiones alimentarías.





Terminación es el vocablo con que se designan las diferentes causas que ponen fin al contrato de trabajo, en el Código de Trabajo. Causas. Pueden provenir de la voluntad de los contratantes, la voluntad de una de las partes o por causas ajenas a la voluntad de ambos. El Contrato de Trabajo clasifica las causas de terminación del contrato individual de trabajo de acuerdo con la responsabilidad que ellas producen.


Diversos Tipos de Terminación. Terminación sin Responsabilidad, que mencionaremos más adelante y la Terminación con Responsabilidad, como son: El Despido, El Desahucio, y La Dimisión.


El Despido es la resolución del Contrato de Trabajo por voluntad unilateral del empleador debido a faltas grandes e inexcusables imputables al trabajador. El derecho del empleador a rescindir el contrato de trabajo mediante el ejercicio del despido caduca en principio a los 15 días de la fecha en que el empleador se entera de la falta del trabajador.


El Desahucio es el acto por el cual una de las partes, comunica a la otra, su decisión de poner fin del contrato de trabajo por tiempo indefinido, sin alegar causa alguna. Se comunica por escrito al trabajador, y el trabajador puede comunicarlo por escrito u oralmente al empleador, y dentro de las 48 horas se participa al Departamento de Trabajo o autoridad local, mediante el depósito de una carta.


La Dimisión es la resolución del contrato de trabajo por la voluntad unilateral del trabajador por faltas cometidas por el empleador. Este derecho caduca a los 15 días. Es justificado cuando el trabajador prueba la existencia de justa causa prevista en el Código. En caso contrario es injustificado.


Causas de Despido y de la Dimisión. El empleador puede dar por terminado el contrato de trabajo despidiendo al trabajador por algunas de las causas siguientes:
Por haber el trabajador inducido a error al empleador pretendiendo tener condiciones o
conocimientos indispensables que no posee.
Por ejecutar el trabajo en forma que demuestre su incapacidad e ineficiencia.
Por incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de honradez.
Por ocasionar el trabajador los perjuicios graves.
Por cometer el trabajador actos deshonestos en el lugar de trabajo;
Por desobedecer el trabajador al empleador o a sus representantes.
Por haber sido condenado el trabajador a una pena privativa de libertad por sentencia.
Por falta de dedicación a las labores para las cuales ha sido contratado.


Las Causas de Dimisión están contenidas en el Artículo 97 de nuestro CT, entre las cuales están:

Por haberle inducido a error el empleador, al celebrarse el contrato, respecto a las condiciones de este;
Por no pagarle el salario completo que le corresponde.
Por negarse el empleador a pagar el salario o a reanudar el trabajo en caso de suspensión ilegal de los efectos del contrato;
Por haber el empleador, por sí mismo o por medio de otra persona, ocultado o deteriorado intencionalmente las herramientas o útiles de trabajo del trabajador;
Por reducir ilegalmente el empleador el salario del trabajador;
Responsabilidad a cargo de la parte derivada de la resolución del contrato de trabajo: Por Desahucio: La parte que omita el preaviso o lo otorgue de modo insuficiente debe pagar
a la otra una indemnización sustitutiva equivalente a la remuneración que correspondería al trabajador durante los plazos siguientes:
Después de un trabajo continuo no menor de 3 meses ni mayor de 6, con un mínimo
de 7 días de anticipación;
Después de un trabajo continuo que exceda de 6 meses y no sea mayor de 1 año, con un mínimo de 14 días de anticipación;
Después de un 1 de trabajo continuo, con un mínimo de 28 días de anticipación.


En caso de que sea el empleador quien ejerza el desahucio, deberá pagar además del preaviso, el auxilio de cesantía correspondiente al trabajador. El auxilio de cesantía se calcula
como sigue: Por un trabajo de:
3 a 6 meses 6 días de salario mínimo
6 meses a 1 año 13 días de salario mínimo
1 a 5 años 21 días de salario mínimo
Más de 5 años 23 días de salario mínimo

Por Despido: Cuando el empleador ejerza el despido con una justa causa el contrato termina sin responsabilidad para este y solo deberá pagar al trabajador los derechos adquiridos. Si es injustificado deberá pagar al trabajador además de los derechos adquiridos, el preaviso omitido, el auxilio de cesantía y una indemnización.


Por Dimisión: Si la dimisión obedece a una justa causa, el empleador deberá pagar al trabajador el preaviso omitido y el auxilio de cesantía. Si es injustificado termina el contrato por culpa del trabajador y este deberá pagar al empleador una indemnización correspondiente a los días de preaviso del Artículo 76, debiendo el empleador solo pagarle al trabajador los derechos adquiridos.


Otras Causales que no comprometen la Responsabilidad Laboral de las partes
El Mutuo Consentimiento.
La Ejecución del Contrato.
Reducción de Personal.
La Llegada del Termino Convenido.
Las Causas Contractuales;

La Participación en una Huelga Ilegal.
El caso fortuito o de fuerza mayor.


Compensación Económica. (Artículo 82 del CT). Esta asistencia económica no es auxilio de cesantía. Pero tampoco es una indemnización legal, sino una ayuda económica, de carácter social, en beneficio del trabajador cuyo contrato termina sin culpa de este o de su empleador, por muerte del empleador o su incapacidad física o mental, sin que esto conduzca a la terminación del negocio, por la muerte del trabajador, por la enfermedad, o su ausencia cumpliendo las obligaciones legales a las que se infiere en el Artículo 51 del CT.





El Derecho Colectivo de Trabajo es la norma que reglamenta la formación y funciones de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores, sus relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos del trabajo.


Convenios Colectivos. Es definido en el Artículo 103 del CT como el que puede celebrarse entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios sindicatos de empleadores, con la intervención de los organismos mas representativos, tanto de empleadores como de trabajadores, con el objeto de establecer las condiciones a que deben sujetarse los contratos de trabajo de una o varias empresas. Este medio no podrá utilizarse en los casos de empleadores que no son titulares de empresas, ya que es un mecanismo de regulación destinado al ámbito de una o varias empresas.


La Fuerza Vinculante de los Convenios. Cuando se firma el convenio colectivo se convierte en ley entre las partes y su fuerza vinculante beneficia a todos los trabajadores de la empresa no obstante no sean miembros del sindicato. Esto así porque no es el resultado de la voluntad unilateral de una de las partes ni del Estado, sino, la expresión de un acuerdo de voluntades entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores o sindicatos de empleadores.


Los contratos celebrados con anterioridad a la vigencia del convenio colectivo quedan modificados de pleno derecho, sin formalidad alguna, de acuerdo con las condiciones convenidas, siempre que favorezcan al trabajador. Las condiciones convenidas se reputan incluidas en todos los contratos individuales de trabajo de la empresa, aunque se refieran a trabajadores que no sean miembros del sindicato que la haya celebrado, salvo disposición contraria de la ley.


Acuerdos de Empresa constituyen una modalidad de acuerdo colectivo potenciada por la legislación laboral de las últimas décadas para abordar la regulación de algunos aspectos muy particulares de las relaciones de trabajo y para hacer frente a necesidades de reajuste de la plantilla de la empresa por causas económicas, técnicas o de producción. No entrañan una transformación radical del sistema de negociación colectiva, se caracteriza sobre todo por su mayor cercanía a los problemas de la empresa. En conjunto, aportan mayores dosis de flexibilidad y capacidad de adaptación al ordenamiento laboral, y abren nuevas posibilidades de participación de los trabajadores en la gestión y organización de la empresa.


Vigencia Temporal. El convenio colectivo tiene una duración limitada, en efecto, la vigencia y duración del convenio colectivo están determinadas por la ley. Aunque el convenio colectivo puede no indicar su término, en cuyo caso tendrá la duración de 1 año, la ley le fija un tiempo mínimo de duración 1 año y un período máximo de vigencia 3 años, permitiendo la revisión del mismo en el curso de su vigencia en los casos de cambios de hechos que ocurran sin culpa de ninguna de las partes, si dichos cambios no han sido previstos y si la parte interesada

en la revisión, de haberlos previsto, se hubiera obligado en condiciones distintas o no hubiera contratado.


Denuncia. El convenio colectivo se prorrogará automáticamente por un período igual al estipulado en el contrato o al establecido por la ley, si ninguna de las partes lo denuncia con
2 meses de anticipación a su fecha de vencimiento.


Dentro de las 48 horas de denunciado el convenio, deberá depositarse copia de dicha denuncia en el departamento de trabajo. En la actualidad los sindicatos acostumbran a dirigirla tanto al empleador como al Ministerio de Trabajo.


La denuncia produce en principio la terminación del convenio colectivo a la llegada del término estipulado. La sola terminación del convenio no modifica las condiciones de los contratos de trabajo. Las partes pueden modificar esas condiciones conforme las disposiciones del CT. En caso de denuncia, las obligaciones entre los contratantes se mantienen al igual que las otras cláusulas del convenio, por un período de 6 meses del vencimiento del convenio, si la denuncia es seguida de la negociación de un nuevo convenio.


Efectos de los Convenios o Pactos Colectivos en los Contratos Individuales de Trabajo. Los efectos del convenio colectivo se producen sobre los contratos individuales que caen dentro del área del convenio, los modifica de pleno derecho, sin formalidad alguna, siempre que favorezcan al trabajador.


Las condiciones acordadas en el convenio colectivo se reputan incluidas en todos los contratos individuales de los trabajadores de la empresa, pertenezcan o no al sindicato que lo haya suscrito, así como a los trabajadores que la integren con posterioridad, salvo disposición contraria de la ley. Por lo que los trabajadores tienen los derecho y obligaciones que en el se consignen.


Asimismo los contratos de trabajo celebrados con anterioridad a la vigencia del convenio quedan modificados de pleno derecho, siempre que favorezcan al trabajador. El convenio no aplica, salvo cláusula especial respecto, a los contratos de trabajo de personas que desempeñan puestos de dirección o de inspección de labores.





Los Conflictos de Trabajo son las diferencias de derecho o de intereses que en ocasión del hecho social del trabajo, se suscitan entre empleadores, trabajadores, sindicatos y el Estado.


Diversas Clases de Conflictos. No existe un criterio unánime en cuanto a la calificación de los conflictos de trabajo. Podríamos clasificar los conflictos de trabajo en 4 grupos:
1.  Por los sujetos que intervienen en ellos;
2.  Por la naturaleza del interés en juego;
3.  Por el objeto del conflicto; y
4.  Mixto.


Conflictos Individuales y Conflictos Colectivos. Esta clasificación es la más antigua. Los conflictos individuales envuelven intereses concretos y particulares de los litigantes, generalmente son conflictos de naturaleza jurídica. Los conflictos colectivos se forman en torno a intereses generales y abstractos y pueden ser, indistintamente, conflictos jurídicos o de naturaleza económica.


Conflictos Jurídicos y Económicos.  Es jurídico o de derecho, cuando tiene por causa el incumplimiento o violación de una norma legal u obligación contractual, independientemente que sea una acción individual de un trabajador, o la demanda de un grupo de trabajadores, o la acción de un sindicato de trabajadores. Mientras que el conflicto económico o de interés, es cuando se persigue o tiene  por objeto, la creación de nuevas condiciones de trabajo, o la modificación de las existentes. Es una contienda dirigida a la creación de un nuevo status jurídico.


Medios de Solución de los Conflictos. La solución de los conflictos depende de la naturaleza de estos. Los jurídicos se resuelven en derecho, a cargo de los Tribunales, conforme a un proceso precedido de la conciliación obligatoria, proceso que se inicia con el apoderamiento del Tribunal y culmina con la sentencia que normalmente lo concluye. Mientras que para los económicos, la ley establece los procedimientos de conciliación y de arbitraje, que producen laudos obligatorios que tiene carácter de pacto colectivo. Los medios de solución se clasifican
en:
1. Solución directa de las partes:
Pago;
Transacción;
Convención.


2. Solución con intervención de Terceros:
Conciliación;
Mediación;
Arbitraje voluntario y forzoso.

3. Soluciones mediante juicio:
Ante jueces ordinarios
Ante jueces especiales
Ante juntas de conciliación y arbitraje.


La Huelga es un hecho, pero también es un derecho. Consiste en la suspensión colectiva y concertada del trabajo, previa observancia de la ley. Si la cesación de actividades es de parte de los trabajadores, se denomina huelga, pero si proviene del empleador, se llama paro. La huelga se admite siempre que se ejerza con arreglo a la ley y para resolver conflictos estrictamente laborales.


Los elementos que caracterizan la huelga son el convenio de voluntades de los trabajadores, el hecho de la suspensión colectiva y la finalidad que corresponde a un fin lícito, de auto defensa, de interés exclusivamente profesional, limitado a la solución de un conflicto económico y a la protección del interés colectivo. Además debe ser pacífica y limitada a la simple abstención del trabajo, la ocupación de fábrica es ilícita, así como el secuestro de empresas y dirigentes empresariales.


La constitución prohíbe toda interrupción o entorpecimiento de actividades en las empresas privadas y del Estado, siendo ilícita toda huelga, paro, entorpecimiento o reducción intencional de labores en la administración pública, en los servicios públicos y en los servicios esenciales.


El Paro Empresarial es la suspensión voluntaria del trabajo por uno o más empleadores, en defensa de sus intereses. Al igual que la huelga, el paro solo debe limitarse a la suspensión del trabajo, no se permiten paros de los servicios esenciales que entrañarían peligro de la vida, la seguridad de las personas. Son ilegales los paros que afectan la seguridad nacional, el orden público, los derechos y libertades ajenos o que se acompañen con violencia física o moral sobre las personas, las cosas o sobre la empresa. Se caracteriza por ser:
Un medio de presión empresarial;
Es temporal y voluntario;
Es una reacción del empleador frente a una amenaza de huelga;
Es de carácter pacífico limitado al cierre de la empresa.


Aspecto de Legalidad. Es un derecho reconocido y amparo por la ley. Para ejercer este derecho el empleador debe justificar al Dpto. de Trabajo:
Que el paro tiene el objeto de solucionar un conflicto.
Que la solución del conflicto ha sido sometida a medios alternativos de conflictos.
Que los servicios que el paro va a suspender no son esenciales.


El paro no puede realizarse sino 15 días después, por lo menos, de la fecha de la exposición de motivos del empleador al Departamento de Trabajo relativa a las justificaciones del paro establecidas en el Artículo 414 del CT. El paro legal no pone fin a los contratos de trabajo, solo suspende su ejecución. Después de la terminación del paro se reanudaran los trabajos.





El Derecho Procesal del Trabajo es el conjunto de normas relativas a la solución jurisdiccional de los conflictos del trabajo. Es la rama del derecho que estudia las instituciones procesales y el conjunto de normas relativas al proceso en materia de trabajo, incluyendo las acciones accesorias al conflicto de trabajo.


Principios y Especialidades. Existen varios principios rectores del proceso en materia de trabajo, de los que tenemos:
Principio de Gratuidad; Oralidad; Inmediación; Publicidad;
Principio de Ética Profesional;
Principio de la Conciliación;
Principio de la Libertad de Pruebas;
Principio de Accesibilidad;
Principio de la Agilidad del Proceso.


Las Especialidades son:
Simplicidad; Celeridad.
Impulso procesal de oficio.
Sociabilidad.
No se requiere el ministerio de abogado.


La Conciliación. Ninguna demanda en materia de trabajo, con las excepciones que la ley prevé, puede ser objeto de discusión y juicio sin previo intento de conciliación. La conciliación esta a cargo de los vocales del tribunal, y se conoce en una audiencia previa al conocimiento y discusión de la pruebas, aunque se reitera en el inicio del procedimiento del juicio.


La Prueba en el Proceso Laboral. En materia laboral todos los medios de prueba son admisibles para el establecimiento de los hechos, sin que haya primacía alguna establecida entre los mismos. Es el Artículo 541 del CT el que enumera los modos de prueba de que puedan valerse los actores sociales de las relaciones laborales, en sus conflictos, para demostrar en justicia la existencia de un hecho o de un derecho contestado. Los medios de prueba en el proceso laboral, son los modos de la prueba del derecho común, estos son: la prueba escrita, la testimonial, las presunciones del hombre, la prueba directa o comprobación
material de hechos, de lugares o cosas, los informes periciales, la confesión y el juramento.


Régimen de Recursos. Los recursos laborales no son diferentes a los del procedimiento civil. Ahora bien, en materia de trabajo existen ciertas peculiaridades que diferencian los recursos del derecho civil. El sistema de recurso esta enmarcado en un ámbito de brevedad de plazos que aseguran una rápida solución del diferendo, la brevedad de los plazos, unida a la simplicidad, despoja a este de solemnidad alguna, bastando la voluntad manifiesta de recurrir, manifestada en el plazo legal. Los recursos en esta materia, deben ser y son limitados, simples y de escasa duración.

Clases. Límites de los recursos. Tomando en cuenta el monto de la demanda, si es de primer grado y el monto de la condena de la sentencia dictada en segundo grado.


1. Recursos Ordinarios:
Recurso de Apelación:
Son recurribles en apelación todas las sentencias dictadas por un Juzgado de Trabajo en materia de conflictos jurídicos, con excepción;
Las relativas a demandas cuya cuantía sea inferior a 10 salarios mínimos.
Las sentencias que este Código declara no susceptibles de recuso.


Las sentencias que deciden sobre la competencia son apelables en todos los casos. El recurso debe  interponerse en el término  de  1  mes  a  contar de  la notificación  de  la sentencia impugnada.


2. Recursos extraordinarias:


Recurso de Casación:
Conforme al Artículo 482 del CT compete a la Suprema Corte de Justicia del conocimiento de los recursos de casación contra las sentencias en última instancia de los tribunales de trabajo. El Artículo 639 el CT da un carácter de norma supletoria a la Ley de Procedimiento de Casación. No será admisible el recurso de casación cuando la sentencia imponga una condenación que no exceda de 20 salarios mínimos. El recurso debe interponerse en el término de 1 mes a contar de la notificación de la sentencia.


Recurso de Tercería:
Consiste en el recurso abierto que tiene los terceros, que sin ser partes del proceso, resultan lesionados o están amenazados de sufrir un perjuicio como consecuencia de una sentencia dictada en ocasión de un proceso. Para interponer es el de Derecho común, 20 años. La Tercería principal debe ser intentada ante el Tribunal que haya pronunciado la sentencia. Lo incidental se promoverá ante el Tribunal que conozca de lo principal, si es de grado igual o superior al que pronunció la sentencia. Se admiten en todos los casos y contra todo tipo de decisiones, incluso contra las decisiones del juez de los referimientos. Pero no se admite contra las sentencia de la Corte de Casación.


La Ejecución de Sentencia Laboral. Ejecución Definitiva y Provisional. Las sentencias de los juzgados de trabajo en materia de conflictos de derechos serán ejecutorias a contar del
3er. día de la notificación, salvo el derecho de la parte que haya sucumbido de consignar una suma equivalente al duplo de las condenaciones pronunciadas. Cuando la consignación se realice después de comenzada la ejecución, ésta quedará suspendida en el estado en que se encuentre. En los casos de peligro en la demora, el juez presidente puede ordenar en la misma sentencia la ejecución inmediatamente después de la notificación. Artículo 671 del CT.- La ejecución de la sentencia que disponga el desalojo del trabajador cuando éste ocupe vivienda por razón de su contrato o como accesorio a éste, se hará no obstante apelación o cualquier otro recurso. El plazo de gracia no podrá exceder de un mes.

Particularidades de la Ejecución Forzosa Vía los Embargos en Materia Laboral. La ejecución por vía de embargo de la sentencia de los tribunales de trabajo compete al tribunal de trabajo que dictó la sentencia. Los Tribunales de trabajo tienen competencia para dirimir las contestaciones en materia propiamente ejecutoria. Esa competencia está repartida entre el Juzgado de Trabajo y el Presidente de éste último como Juez único de los referimientos, y comprende tanto las medidas conservatorias, como las propiamente ejecutorias. Para proceder a las vías de ejecución es necesario estar provisto de un título ejecutorio. Una vez iniciada la ejecución de las sentencia se llevará a efecto sin nulidades de procedimiento.
1.  Embargo Retentivo: Todo empleador o trabajador provisto de un título ejecutorio, de una sentencia aún apelada, o de un reconocimiento de deuda con autorización de Tribunal, puede trabar embargo retentivo en perjuicio del deudor. El procedimiento aplicable es el sumario del CT, si el persiguiente no tiene un título ejecutorio debe obtener la autorización, cuando se tiene una sentencia irrevocable y se ha practicado previamente el embargo el persiguiente sólo tiene que presentar la sentencia con la autoridad de la cosa juzgada al tercero.
2.  Embargo Ejecutivo: El Artículo 663 del CT da competencia al Tribunal de Trabajo que dictó la sentencia para conocer de su ejecución por vía de embargo, sujeto al procedimiento sumario y al mismo tiempo prevé que el derecho común se aplica supletoriamente en la medida que no sea incompatible con las normas y principios que rigen el proceso en materia laboral.
3.  El Embargo Inmobiliario fundado en una sentencia de un Tribunal de Trabajo se rige por las disposiciones de la Ley de Fomento Agrícola número 6186 del 1963.

TEMA 8
DERECHO PENAL LABORAL



Particularidad de la responsabilidad civil laboral.


El Derecho Penal Laboral es la rama del Derecho del Trabajo encargada de conocer de las violaciones a la reglamentación laboral que por vía de excepción están castigadas con sanciones represivas.



Los empleadores, los trabajadores y los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los Tribunales de Trabajo, son responsables civilmente de los actos que realicen en violación de las disposiciones del Código de Trabajo, sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias que les sean aplicables.


La responsabilidad civil está regida por el derecho común. Salvo disposición contraria del Código de Trabajo. Compete a los Tribunales de Trabajo conocer de las acciones de esta especie cuando sean promovidas contra empleadores, trabajadores o empleados de dichos Tribunales.


Compete el conocimiento de ellas a los Tribunales ordinarios cuando sean promovidas contra funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo.


Deben concurrir en el demandado los elementos esenciales de la responsabilidad: El perjuicio; La falta; y La relación de causalidad.


Artículo 712.- Los empleadores, los trabajadores y los funcionarios y empleados de la Secretaría de Estado de Trabajo y de los tribunales de trabajo, son responsables civilmente de los actos que realicen en violación de las disposiciones de este Código, sin perjuicio de las sanciones penales o disciplinarias que les sean aplicables.
El demandante queda liberado de la prueba del perjuicio.


Los accidentes de trabajo y la seguridad social. La no inscripción en el Instituto de
Seguro Social
Accidente de Trabajo es toda lesión corporal, permanente o transitoria, que sufra el trabajador en ocasión de la labor que ejecuta o como consecuencia de ésta.


El empleador es responsable civilmente de los daños sufridos por el trabajador como consecuencia de un accidente de trabajo. Para que exista la responsabilidad por causa de accidente de trabajo, no es necesario que sea imputable al empleador culpa, negligencia o imprudencia, esto en aplicación de la teoría de riesgo.


El Instituto Dominicano de Seguros Sociales y la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial de la Secretaría de Estado de Trabajo, deben informar al Departamento de Trabajo de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de su conocimiento

El acta de infracción levantada por un Inspector de Seguros Sociales, en cuanto a los hechos relatados en ellas hace fe hasta inscripción en falsedad, siempre que haya sido firmada a la vez por los testigos y por el infractor sin protesta ni reserva.


La  responsabilidad por  accidentes de  trabajo,  es excluyente  de  la  responsabilidad  que consagra el artículo 1382 del Código Civil. No permite a la víctima del accidente de trabajo o a su causahabiente, recurrir a la responsabilidad que consagra el artículo 1382 del Código Civil, ni a eludir las reglas especiales de competencia.


El Empleador no tiene que hacer otros pagos cuando el trabajador esta inscrito en el Instituto
Dominicano de Seguros Sociales, y este cumple con la ley.


El hecho de que el trabajador este asegurado, lo que determina es la obligación para el patrono de asumir el pago de las indemnizaciones, ya que el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, no puede ser accionado a esos fines por falta de seguro.


En caso de falta de inscripción del trabajador en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales o falta de pago de las cotizaciones del Seguro Social, una vez inscrito el trabajador, el empleador está obligado:
a pagar el salario completo del tiempo de incapacidad; y
a reembolsar al trabajador los gastos en que ha incurrido por culpa del empleador, tanto en caso de enfermedad como en accidente de trabajo o a cubrir la pensión no recibida, si esta fuere pertinente.

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