Con
las normas constitucionales y legales laborales vigentes en el país es posible
sostener una eficacia en los derechos fundamentales en el contrato de trabajo y
las consecuencias jurídicas de esa lesión del derecho.
La constitución dominicana en su artículo 62
establece que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se
ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad escencial del
Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán
el dialogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado.
La Constitución
reconoce la tridimensionalidad del trabajo: el trabajo es un derecho, un deber
y una función social que se ejerce con asistencia del Estado, constituyéndose
éste como uno de los ejes transversales del Estado social y democrático de
derecho. Cuando se habla del derecho a trabajar se debe distinguir entre el
derecho al trabajo y el derecho de trabajo, siendo el primero, como lo define
el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el que tiene toda persona “a tener la oportunidad de ganarse la
vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” y estable, con las
garantías que debe otorgarle el Estado para ello; y el segundo, se relaciona con
el escogimiento del trabajo y se define como el conjunto de normas y
disposiciones legales que regulan el trabajo y las condiciones de su ejercicio
en todo el territorio nacional.
En el caso de República
Dominicana, desde las primeras décadas del siglo XX se inició el proceso de
formación de la legislación laboral, logrando hoy en día contar con un Código
de Trabajo, demás de un sinnúmero de leyes adjetivas y convenios
internacionales que regulan la materia. La Constitución anterior disponía en su
artículo 8, numeral 11, lo siguiente: “La libertad de trabajo. La ley podrá,
según lo requiera el interés general, establecer la jornada máxima de trabajo,
los días de descanso y vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y sus formas
de pago, los seguros sociales, la participación de los nacionales en todo
trabajo, y en general, todas las providencias de protección y asistencia del
Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores, ya sean
manuales o intelectuales.
La Constitución actual
ha ampliado un poco el panorama en este sentido, agregando al ordenamiento
constitucional la prohibición de la discriminación de cualquier tipo para
acceder al trabajo, la equidad e igualdad entre hombres y mujeres en el
ejercicio de este derecho en particular y la necesidad de regular “la
nacionalización” del trabajo.
A pesar de que estas
“nuevas” disposiciones se encuentran desde antes plasmadas en nuestro sistema
jurídico, este Texto Fundamental las recoge en lo referente al derecho al
trabajo, otorgándoles rango constitucional y, por ende, la posibilidad de ser
atacado su incumplimiento ante otras instancias distintas de la laboral, como
es el caso del Tribunal Constitucional.
Es necesario dejar
sentado que el derecho del trabajo es sumamente complejo, comprendiendo dentro
de sí mismo las libertades de los/as trabajadores/as, como el derecho a la
libertad sindical, la no discriminación, las garantías de trabajar en un
ambiente sano y con las condiciones necesarias, la remuneración adecuada y la
limitación de la jornada laboral, cuestiones que si bien son reconocidas en
este artículo de manera expresa, se remiten a la ley especial para su
regulación en detalle.
Con esto entendemos que
no se trata de un deber del Estado garantizar a todos/as los/as trabajadores/as
la libertad sindical de cada grupo, que no sean discriminados/as en sus
respectivos oficios ni el cumplimiento de ninguna otra obligación que repose
sobre su empleador/a. Sin embargo, el/la legislador/a debe establecer de manera
precisa cuáles son las obligaciones que corresponde cumplir a los/as
empleadores/as y las sanciones a imponer en caso de incumplimiento, con lo que
se satisfacen las garantías derivadas del derecho al trabajo.
El principio VII del
Código de Trabajo establece que se prohíbe cualquier discriminación, exclusión
o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia
nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia
religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a
la persona del trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas
en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas
en esta prohibición.
En base a las disposiciones
señaladas somos de opinión que en la Republica Dominicana las normas
constitucionales y legales laborales vigentes es posible sostener la eficacia
de los derechos fundamentales en los contratos de trabajo, una lesión a ese
derecho tiene consecuencias sobre la empresa de carácter internacional.
El Artículo 317
del Código de Trabajo establece que el sindicato es toda asociación de
trabajadores o de empleadores constituida de acuerdo con este Código, para el
estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros.
El sindicato es una
asociación integrada por trabajadores ya sea de empresas públicas o privadas
que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y
profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de
producción, y que desde el momento de la asamblea de constitución se convierte
en una Persona jurídica.
El Fuero Sindical es una figura jurídica
que interviene entre los trabajadores y empleadores para que de esta forma los
trabajadores que se organizan socialmente vean garantizada la defensa de sus
intereses colectivos y la autonomía del ejercicio de las funciones sindicales. Es
el conjunto de normas tendiente a garantizar la
estabilidad en el empleo del trabajador
o dirigente, con el objeto de asegurarle
el ejercicio normal de sus actividades sindicales.
