ENSAYO - CON LA CONSTITUCION Y LA LEGISLACION ACTUAL ES POSIBLE RESGUARDAR LOS DERECHOS DEL TRABAJADOR EN EL CONTRATO DE TRABAJO

Con las normas constitucionales y legales laborales vigentes en el país es posible sostener una eficacia en los derechos fundamentales en el contrato de trabajo y las consecuencias jurídicas de esa lesión del derecho.

 La constitución dominicana en su artículo 62 establece que el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección y asistencia del Estado. Es finalidad escencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Los poderes públicos promoverán el dialogo y concertación entre trabajadores, empleadores y el Estado.

La Constitución reconoce la tridimensionalidad del trabajo: el trabajo es un derecho, un deber y una función social que se ejerce con asistencia del Estado, constituyéndose éste como uno de los ejes transversales del Estado social y democrático de derecho. Cuando se habla del derecho a trabajar se debe distinguir entre el derecho al trabajo y el derecho de trabajo, siendo el primero, como lo define el artículo 6.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el que tiene toda persona “a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” y estable, con las garantías que debe otorgarle el Estado para ello; y el segundo, se relaciona con el escogimiento del trabajo y se define como el conjunto de normas y disposiciones legales que regulan el trabajo y las condiciones de su ejercicio en todo el territorio nacional.

En el caso de República Dominicana, desde las primeras décadas del siglo XX se inició el proceso de formación de la legislación laboral, logrando hoy en día contar con un Código de Trabajo, demás de un sinnúmero de leyes adjetivas y convenios internacionales que regulan la materia. La Constitución anterior disponía en su artículo 8, numeral 11, lo siguiente: “La libertad de trabajo. La ley podrá, según lo requiera el interés general, establecer la jornada máxima de trabajo, los días de descanso y vacaciones, los sueldos y salarios mínimos y sus formas de pago, los seguros sociales, la participación de los nacionales en todo trabajo, y en general, todas las providencias de protección y asistencia del Estado que se consideren necesarias en favor de los trabajadores, ya sean manuales o intelectuales.
La Constitución actual ha ampliado un poco el panorama en este sentido, agregando al ordenamiento constitucional la prohibición de la discriminación de cualquier tipo para acceder al trabajo, la equidad e igualdad entre hombres y mujeres en el ejercicio de este derecho en particular y la necesidad de regular “la nacionalización” del trabajo.

A pesar de que estas “nuevas” disposiciones se encuentran desde antes plasmadas en nuestro sistema jurídico, este Texto Fundamental las recoge en lo referente al derecho al trabajo, otorgándoles rango constitucional y, por ende, la posibilidad de ser atacado su incumplimiento ante otras instancias distintas de la laboral, como es el caso del Tribunal Constitucional.

Es necesario dejar sentado que el derecho del trabajo es sumamente complejo, comprendiendo dentro de sí mismo las libertades de los/as trabajadores/as, como el derecho a la libertad sindical, la no discriminación, las garantías de trabajar en un ambiente sano y con las condiciones necesarias, la remuneración adecuada y la limitación de la jornada laboral, cuestiones que si bien son reconocidas en este artículo de manera expresa, se remiten a la ley especial para su regulación en detalle.

Con esto entendemos que no se trata de un deber del Estado garantizar a todos/as los/as trabajadores/as la libertad sindical de cada grupo, que no sean discriminados/as en sus respectivos oficios ni el cumplimiento de ninguna otra obligación que repose sobre su empleador/a. Sin embargo, el/la legislador/a debe establecer de manera precisa cuáles son las obligaciones que corresponde cumplir a los/as empleadores/as y las sanciones a imponer en caso de incumplimiento, con lo que se satisfacen las garantías derivadas del derecho al trabajo.

El principio VII del Código de Trabajo establece que se prohíbe cualquier discriminación, exclusión o preferencia basada en motivos de sexo, edad, raza, color, ascendencia nacional, origen social, opinión política, militancia sindical o creencia religiosa, salvo las excepciones previstas por la ley con fines de protección a la persona del trabajador. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no están comprendidas en esta prohibición.

En base a las disposiciones señaladas somos de opinión que en la Republica Dominicana las normas constitucionales y legales laborales vigentes es posible sostener la eficacia de los derechos fundamentales en los contratos de trabajo, una lesión a ese derecho tiene consecuencias sobre la empresa de carácter internacional.

El Artículo   317 del Código de Trabajo establece que el sindicato es toda asociación de trabajadores o de empleadores constituida de acuerdo con este Código, para el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses comunes de sus miembros.

El sindicato es una asociación integrada por trabajadores ya sea de empresas públicas o privadas que se agrupan en defensa y promoción de sus intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o con respecto al centro de producción, y que desde el momento de la asamblea de constitución se convierte en una Persona jurídica.


El Fuero Sindical es una figura jurídica que interviene entre los trabajadores y empleadores para que de esta forma los trabajadores que se organizan socialmente vean garantizada la defensa de sus intereses colectivos y la autonomía del ejercicio de las funciones sindicales. Es el conjunto de normas tendiente  a  garantizar  la  estabilidad  en  el empleo  del   trabajador  o   dirigente, con  el objeto  de  asegurarle  el  ejercicio normal de sus actividades sindicales.  

SIGUENOS EN TWITTER @Derechoexperto

FAN PAGE FACEBOOK