ORGANIZACION JUDICIAL Y PROCEDIMIENTO CIVIL DOMINICANO




PROCEDIMIENTO CIVIL EN LA REPUBLICA DOMINCANA 

TEMA 1: La organización judicial. Organización de los tribunales. Tipificación de los tribunales. Tribunales Unipersonales y Colegiados.  Tribunales Ordinarios y de excepción. 

La organización judicial. El Poder Judicial se ejerce por la Suprema Corte de Justicia y por los demás tribunales del orden judicial creados por la Constitución y las leyes.

El Poder Judicial tiene como misión ser guardiana de la Constitución y las Leyes, y de los derechos individuales y sociales establecidos en ella, garantizando la aplicación de las normas a través de sus órganos especializados: los tribunales de justicia.

1.1 - Organización de los tribunales.

Los tribunales están organizados en nuestro país en dos categorías fundamentales, según sean de derecho común o de excepción. Los tribunales de derecho común son: Los juzgados de primera instancia y las cortes de apelación, los tribunales de excepción son: los juzgados de paz, los tribunales de transito, los tribunales y cortes de NNA y los tribunales de tierra. La SCJ ocupa una función especial y no corresponde ni a los tribunales de derecho común ni a los de excepción. 

1.2 Tipificación de los tribunales


Dependiendo de si está precedida o conformada por uno o varios jueces, los tribunales pueden ser:

1.-Tribunales Unipersonales: conformados por un juez, en nuestra organización judicial son los Juzgados de Paz, los Juzgados de Primera Instancia y los Tribunales de Tierra de Jurisdicción Original;

2.- Tribunales Colegiados: conformados por cinco jueces, en nuestra organización judicial son: las Cortes de Apelación, el tribunal Superior de Tierras y los tribunales colegiados de primera instancias.

Dependiendo de su competencia existen o podemos clasificarlos en:

1.- Tribunales ordinarios o de derecho común: Son aquellos ante los cuales se puede llevar cualquier asunto respecto del cual la ley no otorga especialmente competencia a otro determinado. Ejemplo: las cortes de apelación y los Juzgados de Primera Instancia.

2.- Tribunales de excepción: Son aquellos que tienen competencia sólo en las materias que expresamente le atribuye la ley. Ejemplo: los Tribunales de Tierra, Tribunal de Niños, niñas y Adolescentes, Juzgados de Trabajo, Tribunal Contencioso Tributario.


1.3    Tribunales Unipersonales y Colegiados.

1.-Tribunales Unipersonales: conformados por un juez, en nuestra organización judicial son los Juzgados de Paz, los Juzgados de Primera Instancia y los Tribunales de Tierra de Jurisdicción Original;

2.- Tribunales Colegiados: conformados por cinco jueces, en nuestra organización judicial son: las Cortes de Apelación, el tribunal Superior de Tierras y los tribunales colegiados de primera instancias compuesto por tres jueces y presidido por uno de estos.

1.4 Tribunales Ordinarios y de excepción. 

1.- Tribunales ordinarios o de derecho común: Son aquellos a los que la ley  les da competencia para conocer de todos los asuntos no atribuidos expresamente a otro tribunal determinado. Ejemplo: las costes de apelación y los Juzgados de Primera Instancia.

2.- Tribunales de excepción: Son aquellos que tienen competencia sólo en las materias que expresamente le atribuye la ley. Ejemplo: los Tribunales de Tierra, los juzgados de paz, Tribunal de Niños, niñas y Adolescentes, Juzgados de Trabajo, Tribunal Contencioso Tributario.

Los tribunales de derecho común y de excepción se encuentran tipificados en la constitución de la republica y en la ley 821 sobre organización judicial. Los tribunales de tierra son tribunales de excepción y además se encuentran tipificados en la ley de registro de inmobiliario No. 108-05.


TEMA 2: Los integrantes del tribunal y los auxiliares de la justicia: Juez Secretario. Alguacil.  Peritos.  Medico legista.  Los abogados. Funciones que desempeñan cada uno.

Los integrantes del tribunal y los auxiliares de la justicia.

Son auxiliares de la justicia todas aquellas personas que cooperen con el juez, unas más directa o necesariamente que otras, en la administración de la justicia.

2.1 Juez: Es la persona designada como magistrado (a) el cual está encargado de administrar justicia, debe prestar juramento de respetar la Constitución y las leyes y de desempeñar fielmente sus funciones. En la actualidad son elegidos por concurso y se integran a un proceso de capacitación en la Escuela Nacional de la judicatura, con excepción de los jueces de la SCJ que son elegidos por el Consejo Nacional de la Magistratura.

2.2 Secretario: son funcionarios públicos y oficiales ministeriales, encargado de asistir al tribunal o al juez en todas sus operaciones, así como redactar, conservar y expedir los actos emanados de ellos. Son indispensables en todo tribunal, al extremo que el tribunal no puede constituirse sin él. Tiene  fe pública en el ejercicio de sus funciones. Tienen la obligación de mantener en orden y conservar con toda seguridad el archivo a su cargo, tener al día sus libros, velar fielmente porque los empleados de su dependencia  desempeñen sus deberes.

2.3 Alguacil: Estos pueden ser de Estrado y forman parte de la constitución del tribunal. Los alguaciles, tanto los de Estrados como los ordinarios son oficiales ministeriales, con capacidad para hacer notificaciones de actos judiciales y extrajudiciales. Ejercen sus funciones dentro de la demarcación del tribunal en el cual desempeñan sus funciones.

2.4  Peritos: Son simples particulares a quienes el juez pide o puede pedir informe de carácter técnico.

2.5 Médico Legista: son profesionales que están facultados para informar a las autoridades judiciales sobre ciertas enfermedades y dolencias, por medio de la expedición de una certificación médico legal.

Los Abogados: son profesionales liberales que actúan como representantes de las partes y llevan la dirección del proceso en nombre del litigante al cual representan. Su profesión comprende las atribuciones de consultar, postular y defender. El abogado no es un oficial ministerial sino profesional liberal.

2.6 Funciones que desempeñan cada uno.

Los jueces tienen la función de administrar justicia de forma honesta y equitativa.

Los secretarios de un tribunal son encargados de asistir al tribunal o al juez en todas sus operaciones, así como redactar, conservar y expedir los actos emanados de ellos. Son indispensables en todo tribunal, al extremo que el tribunal no puede constituirse sin él. Tiene  fe pública en el ejercicio de sus funciones. Tienen la obligación de mantener en orden y conservar con toda seguridad el archivo a su cargo, tener al día sus libros, velar fielmente porque los empleados de su dependencia  desempeñen sus deberes.

Los peritos tienen la función de brindar información de carácter técnico y profesional, requerida en el ejercicio de sus funciones.

Los médicos legista tienen la función de expedir certificación medica requerida al efecto de determinaos casos.

Los abogados tiene la función de ejercer la profesión de derecho con dignidad y decoro así como la de representar a su cliente en justicia en todo momento.


TEMA 3: La función judicial: la Función judicial desde el punto de vista de la ley de organización judicial y de la ley de la Carrera Judicial y su reglamento.  Acceso al poder judicial.  Derechos de los jueces.  Obligaciones.  Prohibiciones.  El régimen disciplinario.

3.1 La función judicial desde el punto de vista de la ley de organización judicial y de la ley de la Carrera Judicial y su reglamento. 

La ley de organización judicial 821 dispone que nadie pueda ser nombrado para desempeñar ningún empleo judicial en la republica, sino es dominicano, mayor de edad, de buena costumbre y no estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.  El objetivo de dicha ley, es regular y establecer quien puede ser funcionario judicial y los requisitos a cumplir para entrar a dicha función; también establece las incompatibilidades de las funciones judiciales con excepción del profesorado y de los cargos que dimanen de la ley electoral.

En cuanto a la ley de carrera judicial y su reglamento es regular los derechos y deberes de los magistrados del orden judicial, en el ejercicio de la función jurisdiccional del estado, garantizar la idoneidad, la estabilidad e independencia de los mismos, así como para el establecimiento de un sistema que permita estructural técnicamente y sobre la base de los meritos la carrera judicial, con exclusión de toda determinación fundada en motivos políticos, sociales religiosos o de cualquier otra índole.

3.2 Acceso al poder judicial.

Para ingresar a la carrera judicial, según el artículo 11 de la Ley 327-98, se requiere:

-          Ser dominicano de nacimiento u origen;
-          Por naturalización con mas de 10 años de haberla obtenido;
-          Estar en el ejercicio de los derechos civiles y políticos;
-          Ser licenciado o doctor en derecho,
-          Someterse al concurso de oposición;
-          Tener por lo menos dos (2) años de haber obtenido el exequátur; y
En la actualidad los dos años de obtención de exequátur no es requerido como obligatorio ya que el programa de capacitación en la ENJ dura este periodo.
-          No haber sido condenado a una pena aflictiva o infamante.

3.3 Derechos de los jueces:

1.- Recibir puntualmente la remuneración, así como los demás beneficios y compensaciones de carácter económico establecido en su favor;

2.- Recibir capacitación adecuada a fin de mejorar el desempeño de sus funciones y poder participar en concursos y procesos que le permitan obtener promociones y otras formas de mejoramiento dentro del servicio judicial;

3.- Participar y beneficiarse de los programas y actividades de bienestar social establecidos para los servidores públicos en general;

4.- Disfrutar anualmente de vacaciones de (15) días, las cuales aumentarán en razón de un día por año trabajando, sin que pueda exceder de (30)días laborables;

5.- Obtener y utilizar permisos y licencias que en su favor consagra esta ley;

6.- Recibir el beneficio de los aumentos y reajustes de sueldos que periódicamente se determinen en atención al alto costo de la vida y otros factores relevantes.

3.4 Obligaciones del juez.

1.- Prestar juramento;

2.- Cumplir con las disposiciones legales sobre declaración jurada ante notario de la composición activa y pasiva de su patrimonio;

3.- Desempeñar con interés, ecuanimidad, dedicación y eficiencia, probidad, imparcialidad y diligencia las funciones de su cargo;

4.- Evitar, los privilegios y discriminaciones por motivos de filiación política, religión, raza, sexo, condición social, etc.

2.5 Prohibiciones de los jueces.

1.- Realizar actividades ajenas a sus funciones;

2.- Abandonar o suspender sus labores sin autoridad previa de autoridad competente;

3.- Exhibir una conducta que afecte su respetabilidad;

4.- Solicitar, aceptar, recibir dádivas, obsequios;

5.- Obtener préstamos y contraer obligaciones sin autorización;

6.- Obtener concesiones o beneficios;

7.- Asistir al lugar de trabajo en estado de embriaguez,

8.-Dar consultas en asuntos jurídicos.

3.6 El régimen disciplinario.

Este régimen tiene como objetivo:

1.- Contribuir a que los jueces cumplan  leal, eficiente y honestamente sus deberes y responsabilidades;

2.- Procurar el adecuado y correcto ejercicio de los derechos y prerrogativas que se consagran a favor de los jueces;

3.- Procurar que las fallas sean juzgadas y sancionadas conforme a su gravedad y en base a los criterios de legalidad.

Las sanciones a aplicarse son:

-          la Amonestación;
-          la Suspensión; y,
-          la destitución.

TEMA 4: Principios rectores del proceso: la contradicción, la publicidad, la igualdad, la imparcialidad, la inmediación, derecho al juez natural.  Inmutabilidad.  Doble grado de jurisdicción.

Principios rectores del proceso. Los principios rectores del proceso son siete (7):

4.1.- La contradicción:  Los jueces no pueden conocer de ningún asunto contencioso sino mediante el requisito de que la persona contra quien va dirigida la demanda haya sido previamente citada para comparecer en juicio, a fin de ponerla en condiciones de defenderse.

Este principio de contradicción, no enunciado expresamente por la ley, pero que se infiere ciertamente de todas las disposiciones que, al regular la marcha del proceso, exigen la citación del demandado o presuponen que él ha sido regularmente citado.

4.2.- La publicidad: Es un requisito esencial en el ejercicio de la función jurisdiccional, aplicado particularmente al desarrollo de la situación procesal, este principio significa que la presentación de los alegatos y conclusiones de las partes, la producción del dictamen del Ministerio Público y la pronunciación de la sentencia deben tener lugar en audiencia pública.

La publicidad del proceso es un principio de derecho público. La publicidad rige únicamente para los asuntos contenciosos, la sentencia debe comprobar expresamente, a pena de nulidad, que el requisito de la publicidad ha sido observado.

Excepcionalmente, la ley puede prescribir que ciertos asuntos pueden ser instruidos y juzgados sin publicidad. Ejemplo: el procedimiento contra menores.

4.3.- La igualdad: No solamente se refiere a que todos somos iguales ante la ley; sino también a la igualdad de armas en el proceso.

El principio de igualdad consagra que, según el cual todos los individuos, sin distinción de personas, nacimiento, clase, religión o fortuna, tienen la misma vocación jurídica para el régimen, cargas y derechos establecidos por la ley.
La igualdad puede ser: 1) igualdad civil; y 2) Igualdad Política, pero la que nos interesa es la Igualdad Civil, la cual se define de la siguiente forma: “Es la implica la igualdad ante la ley civil, penal y administrativa, y que importa principalmente la igualdad para las cargas públicas (impuestos, servicio militar, etc.,), la igualdad ante la justicia y la igual admisibilidad en las funciones y empleos públicos”.

4.4.- La imparcialidad: Este principio consagra que no debe el juez bajo ningún pretexto ni motivo inclinarse o tener preferencia por una de las partes envueltas en el proceso que dicho juez conoce. El ante todo debe ser imparcial, lo que equivale a decir que no debe parcializarse.

4.5.- La inmediación, derecho al juez natural: Para fallar con idoneidad el juez debería obtener durante el desarrollo del proceso, un conocimiento directo de los alegatos de las partes y de las pruebas en que apoyan sus pretensiones.

Durante el proceso el juez debería estar en inmediata comunicación con las partes, oírlas en audiencia personalmente, o a sus mandatarios, y tener intervención inmediata en la administración y recepción de las pruebas.

El juez natural es el que debe estar pre-concebido antes de la comisión del hecho (esto es en derecho procesal pena).

4.6.- La inmutabilidad: Este principio establece que, el proceso debe permanecer inalterable, idéntico a como fue en su comienzo, tanto con respecto a las partes en causa como al objeto y a la causa del litigio, hasta que se pronuncie la sentencia que le pone término.

La inmutabilidad del proceso repercute también en los poderes del juez, el cual no debe fallar, ni extra, ni infra ni, ultra petita, so pena de que su decisión sea atacada por la vía de la revisión civil.

Normalmente, ninguna de las partes del proceso puede ser sustituida por otra persona, ni cambiar la calidad con que figuró en el comienzo de la litis. En caso del fallecimiento de la parte, el efecto de este fallecimiento sería el de interrumpir la instancia, se entiende que los herederos continúan el proceso en que figuraba su autor, sin la necesidad de incoar una nueva demanda.

La ley admite la presencia de nuevas partes en el proceso sólo en dos casos:

-          Cuando hay intervención voluntaria de un tercero; y,
-          Cuando hay demanda en intervención forzosa formada contra un tercero.

4.7.- Doble grado de jurisdicción: El doble grado de jurisdicción es el derecho que tienen las partes de apelar las decisiones pronunciadas por un tribunal cualquiera llevando sus demandas y pretensiones ante otro tribunal más elevado.

El principio de doble grado de jurisdicción es de orden público pero no de orden constitucional, de ahí que la ley puede mandar en ciertos casos que el asunto no recorra el doble grado de jurisdicción.

En virtud del doble grado de jurisdicción la apelación es de derecho a menos que la ley exprese lo contrario.

TEMA 5: La competencia: Reglas que nombran la competencia.  Competencia en razón del territorio.  Competencia en razón de la materia.  Competencia funcional. Conflicto negativo y positivo de la competencia.  Reglas que permiten la solución.  Declinatoria de un tribunal a otro.  Los sistemas de prorrogación  de la competencia territorial.  Prorrogación legal y prorrogación convencional.  Situación creada con relación a la ley 50-00 en cuanto a la competencia territorial.

La competencia.

Competencia, es la facultad que otorga la ley a un tribunal para conocer de determinados asuntos, esta puede ser de dos maneras: en razón de la materia y en razón del territorio.

5.1 Reglas que norman la competencia.

Las reglas de la competencia de atribución nos indican, cual es la naturaleza de la jurisdicción, es decir, si se trata de un tribunal de derecho común o de excepción. La competencia de las jurisdicciones en razón de la materia se determina por las reglas de la organización judicial y por algunas disposiciones particulares.

Cuando surge un litigio hay que saber por ante cual tribunal debe llevarse la acción en justicia. En primer lugar, se debe determinar si el asunto es de la competencia de un tribunal ordinario o de excepción. También hay que saber cual es el tribunal competente territorialmente hablando.

Una vez se conoce el orden, el grado y la naturaleza de la jurisdicción a la cual se debe acudir, las leyes relativas a la competencia de atribución han llenado su misión.

Luego sólo resta determinar las reglas propias de la competencia territorial.

Para fijar la competencia, el legislador, a veces, ha tomado en cuenta la importancia del interés en discusión.


5.2 Competencia en razón del territorio.

La regla de la competencia territorial de alcance general, está contenida en el artículo 59 del código de Procedimiento Civil. Según el cual en materia de competencia territorial, la regla básica es la contenida en la frase “actor sequitur forum rei”, es decir, en materia personal, el demandado será emplazado para ante el tribunal de su domicilio; sino tuviere domicilio para ante el tribunal de su residencia; si hubiere muchos demandados, por ante el tribunal del domicilio de uno de ellos a opción del domicilio.

Cuando el demandado no tiene ni domicilio ni residencia conocidos, el tribunal competente es el domicilio del demandante, aunque expresamente no lo dice el código.

En caso de las personas morales la competencia se fija en el domicilio social de la sociedad, compañía o asociación, por el cual no se debe entender solamente el lugar del principal establecimiento, sino además cualquier sitio donde la sociedad tenga abierta una sucursal o tenga un represente.

Las excepciones a la regla:

a)      Las acciones reales inmobiliarias: Se llevan por ante el tribunal de la ubicación del inmueble;
b)      Las acciones sucesorales: Se llevan por ente el tribunal donde se abra la sucesión (el último domicilio del difunto);
c)      Las acciones en intervención forzosa y en garantía incidental: el tribunal competente es aquel ante el cual está pendiente la demanda original, según el artículo 59 del C.P.C.;
d)     La Quiebra, el domicilio competente es el domicilio del quebrado;
e)      En asuntos mixtos inmobiliarios, la competencia es del tribunal donde radica el inmueble litigioso, pero también podría serlo el del domicilio de la parte demandada;
f)       En caso de demandas de los abogados y ministeriales, el tribunal competente lo será aquel donde hubieren causado dichos honorarios;
g)      En caso extranjero sin domicilio, el tribunal competente es del domicilio del demandante;
h)      El referimiento: para obtener una demanda en referimiento, el tribunal competente es aquel que conoce el fondo de la dificultad.

Las reglas de la competencia territorial no son de orden público, en consecuencia quien puede invocar la incompetencia territorial es el demandado, quien debe hacerlo in limini litis, antes de toda defensa al fondo y antes de proponer cualquier fin de inadmisión y de no hacerlo así la instancia  continuará por ante el tribunal apoderado, produciéndose prorrogación tácita de competencia.

5.3 Competencia en razón de la materia.

La competencia en razón de la materia nos indica cual es la naturaleza de la jurisdicción, es decir, si se trata de un tribunal de derecho común o de excepción. La competencia de las jurisdicciones en razón de la materia se determina por las reglas de la organización judicial y por algunas disposiciones particulares.

5.4 Competencia Funcional.

Es cuando la ley atribuye competencia a un determinado tribunal, con exclusión de cualquier otro, la ley indica, el único tribunal competente y cualquier otro queda excluido. Ej. En caso de accidente de trabajo, el único tribunal competente es el juzgado de paz del lugar donde se produjo el hecho.  

La competencia funcional corresponde a los organismos judiciales de diverso grado, basada en la distribución de las instancias entre varios tribunales, a cada uno de los cuales le corresponde una función, cada instancia o grado se halla legalmente facultado para conocer determinada clase de recurso(Primera instancia, corte superior. Corte suprema).  

5.5 Conflicto negativo y positivo de competencia.

El conflicto positivo de atribuciones: Planteado por el prefecto al negar competencia al tribunal judicial que afirma tenerla, respecto de un litigio diferido previamente a éste último. La litispendencia s el único caso de conflicto positivo expresamente previsto por la ley, es decir, dos tribunales están apoderados de un mismo litigio que hace depender la solución uno del otro, se produce el conflicto positivo cuando ambos se quedan apoderados, pues le corresponde el juzgamiento al tribunal que quedo apoderado primero y el segundo debe desapoderse mediante decisión administrativa.

El conflicto negativo, es el resultante de una doble declaración de incompetencia de la autoridad judicial y la administrativa, respecto de un determinado litigio que es, no obstante, realmente de la competencia de ambas autoridades. En este caso, la última decisión intervenida será considerada como no pronunciada, debiendo este último tribunal que se declaro incompetente conocer del asunto.

5.6 Reglas que permiten la solución.

Los conflictos se solucionan por medio de la declinatoria de un tribunal a otro, y por medio de la prorrogación de competencia.

5.7 Declinatoria de un tribunal a otro.

El juez, luego de recibir el asunto, lo examina y determina si es de su competencia, ya sea en razón de la materia o en razón del territorio, si no es de su competencia, el mismo lo envía o declina al tribunal competente.

5.8 Los sistemas de prorrogación de la competencia territorial.

La competencia prorrogada es cuando un tribunal incompetente para conocer de un asunto, de acuerdo con las reglas generales, puede llegar a ser competente cuando su competencia le es extendida o ampliada al asunto para el cual no es competente, esta competencia es distinta a la vez de la competencia normal o natural y de la competencia implícita del tribunal.

5.9 Prorrogación legal y prorrogación convencional

La prorrogación legal va a depender de si proviene de la ley y convencional si es de un acuerdo entre las partes.

1)      Prorrogación legal, esta prorrogación, para todos los tribunales, puede ser debida a la conexidad o a la indivisibilidad entre los procesos. El artículo 29 de la Ley 834 expresa: “Si existe entre los asuntos llevados ante jurisdicciones distintas un lazo tal que sea de interés de una buena administración de la justicia hacerlos instruir y juzgar conjuntamente, puede ser solicitado a una de estas jurisdicciones desapoderarse y reenviar el conocimiento del asunto a la otra jurisdicción”.

2)      Prorrogación convencional o voluntaria. Las partes pueden prorrogar siempre la competencia territorial de un tribunal apoderado, porque sus reglas han sido establecidas en vista del interés privado de los litigantes; pero que no pueden prorrogar ni la competencia de atribución ni la competencia funcional del tribunal porque estas reglas tienen su fundamento en consideraciones de orden público.

5.10 Situación creada con la Ley 50-00 en cuanto a la competencia territorial.

Esta Ley modifica la Ley 821 de Organización judicial y establece un sistema de apoderamiento para los tribunales de primera instancia  del Distrito Nacional y de Santiago, establece que:

En el Juzgado de Primera Instancia del distrito Nacional habrá una Cámara Civil y Comercial que estará compuesta por seis (6) y hasta doce (12) jueces, quienes una vez apoderados en la forma que se establecerá más adelante, conocerán, de modo individual, de los expedientes  que sean sometidos a su conocimiento y decisión.

El Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago habrá una Cámara Civil y comercial que estará compuesta por Cuatro (4) y hasta ocho (8) jueces, quienes una vez apoderados en la forma que se establecerá más adelante, conocerán de modo individual, de los expedientes  que sean sometidos a su conocimiento y decisión.

Dicha Ley, en su artículo 2 establece: “La Suprema Corte de Justicia designará, de entre los jueces de cada una de la Cámaras Civiles y Comerciales supra indicadas, un juez Presidente, un primer sustituto y un segundo sustituto de Presidente, para cada una de ellas, teniendo el Juez Presidente entre otras funciones, las de  encargarse de la distribución y asignación, entre dichos jueces, mediante un sistema aleatorio computarizado, de los casos que deba conocer las mencionadas Cámaras de lo Civil y Comercial, y del manejo administrativo de las mismas”.

Una vez que cada uno de los jueces sea apoderado de un expediente, salvo caso de incompetencia, se considerará como el único con aptitud legal para conocer el expediente y los incidentes del mismo. Sin embargo, fundamentado en causas atendibles, el Juez Presidente podrá desapoderarlo mediante auto dictado al efecto.
Toda solicitud  de fijación de audiencia depositada en manos del Secretario General de la Cámara de lo Civil, se asignará por medio del sistema aleatorio computarizado; pero por razón atendible y motivada, el juez presidente podrá alterar el orden de distribución de los casos, por el tiempo que juzgue conveniente, con el fin de especializar dichos jueces.

Corresponde al Juez Presidente de cada Cámara estatuir en referimiento, pudiendo delegar sus poderes, a este efecto, en el primer o segundo sustituto, o a favor de otro juez de la misma cámara que no haya sido apoderado de lo principal.

TEMA 6: La acción en justicia. Condiciones para accionar en justicia.  La demanda principal. Las demandas incidentales.  La intervención.  Tipos de intervención.  Demanda reconvencional.  Demanda adicional. Régimen procesal de cada una.

La acción en justicia. Es el derecho reconocido a toda persona de reclamar en justicia lo que le pertenece o lo que le es debido.

Es el conjunto de formalidades mediante las cuales se solicita al tribunal protección para una situación jurídica violada, sea para su mantenimiento o restablecimiento.

Esta acción en justicia permite perseguir por ante los tribunales, a las personas que viole o menoscabe el derecho de otro.

6.1 Condiciones para accionar en justicia.

1)      Tener el goce y el ejercicio de un derecho (Ser titular de una derecho) subjetivo, real, o personal reconocido y protegido por la ley, puro y simple, pues si fuera condicional o a término daría únicamente a que su titular solicitara medidas conservatorias;
2)      Tener interés, el que existe desde el momento en que el derecho del demandante es amenazado o violado. El interés puede ser puramente moral, pero en todo caso debe ser nato y actual;
3)      Tener la calidad es la facultad de obrar en justicia, es decir, el título con que se figura en un acto jurídico o en un proceso;
4)      Puede intentar la acción el que tenga la capacidad de estar en justicia, persona física o moral. Los incapaces tienen que obrar en justicia o representados por sus mandatarios legales o personalmente con la asistencia o autorización de otro.


6.2 La demanda Principal. Es la que se refiere al objeto principal del litigio, por oposición a la subsidiaria, la reconvencional, la garantía y la accesoria.

El acto principal se llama demanda introductiva de instancia o demanda inicial. El demandante toma la iniciativa del proceso, sometiendo al juez sus pretensiones.

La demanda inicial que establece la relación procesal entre el demandante y el demandado se llama principal. 

6.3 Las demandas incidentales.

Cualquier otra demanda que intervenga en el proceso después de la demanda inicial, es una demanda incidental.

Son aquellas interpuestas en el curso de un juicio tendiente a que se juzgue una cuestión previa o de detalle vinculada con él.

Estas demandas incidentales tienden a la modificación de la demanda original, las conexas o las demandas principal. El tribunal competente, es el tribual apoderado de la demanda principal.

Hay varios tipos de demanda incidentales, si la demanda proviene del mismo demandante se llaman adicionales y si provienen del demandado se llaman reconvencionales, si la demanda proviene de terceros se llaman demandas en intervención voluntarias.

6.4 La intervención.
Es una demanda incidental y la misma produce el efecto de hacer parte al tercero en el proceso, por consecuencia, todo el proceso debe también girar y desarrollarse sobre el tercero.

6.5 Tipos de intervención.

Se divide en dos:

1)      La intervención voluntaria: Es la participación de una persona que originalmente no es ni el demandante ni el demandado en el litigio pendiente entre éstos últimos, pero el cual podría resultar afectado;
2)      La intervención forzosa: Es una intervención no querida por el tercero que es llamado a intervenir contra su voluntad

Los efectos de la intervención es que hace parte al tercero del proceso, por consecuencia todo el proceso debe también girar y desarrollarse sobre el tercero.

El juez no tiene derecho a llamar como interviniente a un tercero, pero si como testigo. Hay casos en que no es permitida la intervención, como en el divorcio.

La intervención es extraña a la jurisdicción represiva, salvo para la parte civil.

6.6 Demanda reconvencional.

Es la demanda interpuesta en el curso de un litigio por el demandado contra el demandante, por simples conclusiones, y con el objeto de obtener el reconocimiento de un derecho que atenuará o también excluirá la demanda principal.

Con ella el demandado pretende una ventaja diferente al del simple rechazamiento de la demanda del demandante.

6.7 Demanda adicional.
Es la demanda incidental  presentada por el demandante, con ella, el demandante modifica las pretensiones de la demanda inicial. Es la demanda que el demandante agrega a la primitiva o principal, para ampliar o modificar su alcance.

6.8 Régimen Procesal de cada una.

La demanda inicial se lanza por medio de citación o emplazamiento, pero las demandas incidentales se hacen por medio de acto notificado de abogado a abogado, excepto las demandas en intervención forzosa, ya que las mismas son consideradas como demandas principales. 

TEMA 7: Los actos del proceso civil. Instrumentación.  Régimen Jurídico de las formalidades. Requisito de fondo.  Requisitos de forma. Las nulidades del procedimiento.  Requisitos de forma. Requisito de fondo.  

Los actos del proceso civil: Los actos que emanan de las partes preparadas por ellas o por un oficial público (alguacil) se llaman actos de procedimiento, porque con ello las partes inician o impulsan el procedimiento. Es un escrito, un instrumento sujeto a ciertos formalismos, pero al mismo tiempo es una manifestación de voluntad, por ello su requeriente debe ser capaz para actuar.

Son muchos los actos que redactan los alguaciles. La denominación del acto de alguacil depende del objeto del acto:

1)      La citación: Es un acto instrumentado por un alguacil, a requerimiento de una parte, en virtud del cual el demandante invita al demandado para que comparezca a la hora, día mes y año indicados en el acto, por ante tribunal determinado, a los fines y medios indicados en la citación.
2)      El emplazamiento: Es el acto de alguacil en virtud del cual el requeriente demandante emplaza al demandado, para que dentro de determinado plazo constituya abogado que defienda y postule por él.
3)      La notificación: Es el acto de alguacil cuyo objeto es dar a conocer a una o más personas un acto, como por ejemplo una sentencia.
4)      La intimación: Es el acto de alguacil cuyo objeto es una orden o intimación dada al notificado para que haga o se abstenga de hacer algo.
5)      Comprobaciones y procesos verbales: Son los actos en los cuales los alguaciles hacen constar una situación de hecho que ellos comprueban a fin de facilitar la prueba.

7.1 Instrumentación: Hay dos reglas fundamentales tienen que ser observadas en la preparación de los actos, tanto de procedimiento como jurisdiccionales y de administración judicial:
1-      Los Actos más importantes deben ser otorgados por escrito, en idioma español. Esta exigencia se justifica por la necesidad de comprobar fielmente el tenor de cada acto y de conservarlo archivado por el oficial que lo instrumentan o en el expediente del caso. Por excepción, cuando el procedimiento es puramente oral, como son el procedimiento ante el juez de paz, el procedimiento de los asuntos comerciales ante el juzgado de primera instancia, y el procedimiento ante el tribunal de tierra, las manifestaciones de voluntad emanada de las partes pueden ser puramente verbales. Pero en los dos primeros casos son recogidas por el secretario en la hoja de audiencia..
2-      Todos los actos deben contener ciertas menciones esenciales e indispensables sin las cuales no se conseguiría la finalidad que se persigue con cada acto; pero esto no opta para que puedan ser enunciadas en términos cualesquiera, siempre que correspondan a la índole del acto de que se trata. No existen pues, palabras sacramentales para expresar las enunciaciones contenidas en los actos del procedimiento. Es el principio de lo equivalentes o equipolentes.


7.2 Régimen jurídico de las formalidades: Art. 59.- En materia personal, el demandado será emplazado para ante el tribunal de su domicilio: si no tuviere domicilio, para ante el tribunal de su residencia: si hubiere muchos demandados, para ante el tribunal del domicilio de uno de ellos, a opción del demandante.
En materia real, para ante el tribunal donde radique el objeto litigioso.
En materia mixta, para ante el tribunal donde radique el objeto litigioso, o para ante el del domicilio del demandado.
En materia de sociedad, en tanto que exista, para ante el tribunal del lugar en que se halle establecida.
En materia de sucesión, para ante el tribunal en donde se haya abierto ésta, en los casos siguientes: 1ro. En las demandas entre herederos, hasta la divisoria inclusive; 2do. en las demandas intentadas por los acreedores del difunto antes de la divisoria; y 3ro. en las relativas a la ejecución de las disposiciones testamentarias, hasta la sentencia definitiva.
En materia de quiebra, para ante el tribunal del domicilio del quebrado.
En materia de garantía, para ante el tribunal ante el cual se halle pendiente la demanda originaria.
Finalmente, en el caso de elección de domicilio, para la ejecución de un acto, para ante el tribunal del domicilio designado, o el del domicilio real del demandado, de conformidad al artículo 111 del Código Civil.
Art. 60.- Las demandas intentadas por los abogados y oficiales ministeriales, en pago de honorarios, se discutirán por ante el tribunal en donde se hubiesen causado dichos honorarios.

7.3  Requisitos de fondo. Todo acto debe contener:
 (OJO. KEILA) Los Actos de Alguaciles.- Los requisitos de forma del acto de alguacil son de dos clases: internos o intrínsecos, esto es relativo al contenido del acto en si mismo; externos o extrínsecos, o sea, concerniente a la forma exterior del acto, o que se incorporan al acto después de su redacción, o que el alguacil debe cumplir después de preparar el acto.
 Formalidades Intrínsecas.-la ley no ha regulado de un modo general las formas en que debe ser preparados el acto e alguacil. El C.P.C. contiene solamente reglas particulares de determinados actos: Citación ante el Juez de Paz (Art. 2 y Sigas.)[i]; Emplazamiento ante el Juzgado de Primera Instancia (Art. 61 y Sigts.,
415 y Sigts.)[ii]; Acto de apelación (Art. 456)[iii]. Del Código de Procedimiento Civil.
Las formalidades extrínsecas deben ser observas por el alguacil:
1)      Los actos deben ser escritos en papel tamaño uniforme, de 11 pulgadas de largo por 8 ½ de ancho (art. 1 de la ley 980 del año 1935).
2)      Los actos del alguacil deberán ser enumerados (Art. 1 de la ley 980 del año 1935).
3)      El alguacil deberá conserva un ejemplar de cada uno de los actos que prepara a fin de formal un protocolo, que se encuadernara cada año (Art. 1 de la ley 980 del año 1935).
4)      Los Actos de alguaciles deberán ser registrados dentro de los cincos días de su fecha, bajo pena de una multa de cuatros pesos (Art. 39 de la ley de registro del 20 de mayo de 1885).
5)      El alguacil tiene que llevar un libro-registro que será visado, con indicación de los folios que contiene, por el juez o por el presidente del tribunal en que el alguacil ejerces sus funciones.
6)      Del libro precedentemente mencionado el alguacil formara, con el fin de facilitar las Búsquedas, un índice alfabético, tomando como base los apellidos de las partes y en el que anunciara también el
7)      número del acto respectivos (Art. 3 de la ley 533 del año 1933).


7.4  Requisitos de forma. Los actos deben tener:

a)      Lugar y municipio en que es preparado
b)     Fecha, día, mes y año de las diligencias;
c)      Generales del requeriente, nombre, profesión, nacionalidad, domicilio, cédula, entre otras;
d)     Nombre del alguacil, residencia, funciones y cédula;
e)      Nombre y residencia a quien va dirigido;
f)       Nombre de la persona a quien se le entrega copia
g)      Cual es el objeto del acto;
h)     Costo, valor;
i)        Firma y copia del alguacil.

j)       Escrito, en papel 8 ½  por 11 pulgadas;
k)     Numerados;
l)        Conservando un ejemplar de cada acto, para su protocolo;
m)   Deben ser estos actos registrados dentro de los cinco días de la fecha de la notificación;
n)     Llevar libro- registro usado por el juez o presidente.

Estas formalidades están previstas en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil.

Es importante resaltar, que la ausencia de la firma del alguacil hace inexistente el acto, bien sea que falte en el original  o en la copia.

La ley no exige en los actos de alguacil la indicación de la hora, salvo en casos especiales o cuando se hacen citaciones de hora a hora.

7.5. Las nulidades del procedimiento.

Es la sanción establecida por la ley a las reglas que rigen la forma de los actos procesales. La excepción de nulidad es el medio que debe ser empleado para obtener la nulidad del acto procesal. La redacción de los actos del procedimiento no esta abandonada al capricho de los litigantes, al contrario, ellos deben redactarse y ejecutarse conforme a una serie de formalidades establecidas por el legislador.

7.6  Requisitos de forma

Ley 834. Que abroga y modifica ciertos artículos del código de procedimiento civil Art. 35.- La nulidad de los actos de procedimiento puede ser invocada a medida que estos se cumplen; pero ella estará cubierta si quien la invoca ha hecho valer, con posterioridad al acto criticado, defensas al fondo u opuesto un medio de inadmisión sin promover la nulidad. Art. 36.- Todos los medios de nulidad contra actos de procedimiento ya hechos, deberán ser invocados simultáneamente, bajo pena de inadmisibilidad de los que no hayan sido invocados en esta forma. La mera comparecencia para proponerla nulidad de un acto de procedimiento no cubre esa nulidad. Art. 37.- Ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo por vicio de forma si la nulidad no está expresamente prevista por la ley, salvo en caso de incumplimiento de una formalidad substancial o de orden público. La nulidad no puede ser pronunciada sino cuando el adversario que la invoca pruebe el agravio que le causa la irregularidad, aún cuando se trate de una formalidad substancial o de orden público. Art. 38.- La nulidad quedará cubierta mediante la regularización ulterior del acto si ninguna caducidad ha intervenido y si la regularización no deja subsistir ningún agravio.

7.7  Requisitos de fondo.

Ley 834. Art. 39.- Constituyen irregularidades de fondo que afectan la validez del acto: La falta de capacidad para actuar en justicia. La falta de poder de una parte o de una persona que figura en el proceso como representante, ya sea de una persona moral, ya sea de una persona afectada de una incapacidad de ejercicio. La falta de capacidad o de poder de una persona que asegura la representación de una parte en justicia. Art. 40.- Las excepciones de nulidad fundadas en el incumplimiento de las reglas de fondo relativas a los actos de procedimiento, pueden ser propuestas en todo estado de causa, salvo la posibilidad para el juez de condenar a daños y perjuicios a quienes se hayan abstenido con intención dilatoria, de promoverlas con anterioridad. Art. 41.- Las excepciones de nulidad fundadas en el incumplimiento de las reglas de fondo relativas a los actos de procedimiento deben ser acogidas sin que el que las invoque tenga que justificar un agravio y aunque la nulidad no resultare de ninguna disposición expresa. Art. 42.- Las excepciones de nulidad fundadas en el incumplimiento de las reglas de fondo relativas a los actos de procedimiento deben ser invocadas de oficio cuando tienen un carácter de orden público.


TEMA 8: Desarrollo del proceso civil. El proceso contradictorio. El defecto. Diversos tipos de defecto.  Papel del juez en cada caso.

Desarrollo del proceso civil. Este proceso esta formado por sujeciones de actos o actuaciones que van desde la demanda introductiva de instancia o inicial hasta la sentencia, en el predomina la oralidad y la contradicción.  Para el desarrollo del proceso deber darse los siguientes pasos:

8.1 El proceso contradictorio.

Es uno de los principios que rigen el proceso, el mismo debe ser contradictorio, es decir, entre el demandante y el demandado debe existir una contradicción, pues el primero le reclama en justicia al segundo algo que le es debido.

1)        Comparecencia del demandado. Por el emplazamiento se llama al demandado para que comparezca ante el juez de primera instancia en el término de la ley, o sea, ocho días francos.

La comparecencia del demandado tiene lugar no presentándose personalmente ante el tribunal, sino dando a conocer al abogado que figura en el emplazamiento mediante acto de abogado, el nombre del abogado que postulará y defenderá por él. En el caso de pluralidad de demandados en el mismo proceso, varios de ellos pueden constituir colectivamente un solo abogado. Un abogado puede cuando es demandado constituirse por sí mismo.

Comparecencia del Estado. Sin necesidad de haber hecho notificar previamente su constitución, el Estado puede comparecer en la misma audiencia fijada para conocer de la causa, constituyéndose como su abogado el representante del Ministerio Público.

2)        Trámites anteriores a la audiencia. La ley no permite que una de las partes pueda sustraer al examen y la crítica de su adversario la prueba escrita y los medios de defensa que va a oponerle. Es una aplicación del principio de la contradicción del proceso. Por esa razón ambos abogados antes de que puedan requerir fijación de audiencia, deben comunicarse medios de prueba y de defensa.

a)        Comunicación de documentos. Cada una de las partes del proceso tiene derecho a conocer de los documentos invocados por su adversario, como base de sus pretensiones. La comunicación de documentos debe ser espontánea, esto es, que toda parte que vaya a usar un documento está en la obligación de comunicarlo. Esta obligación no es exigida en grado de apelación, si ésta se ha producido en primera instancia, pero no obstante puede ser solicitada. Si la comunicación de documentos no se realiza espontáneamente, es decir, amigablemente entre los abogados o por su depósito en secretaría, será ordenada por el juez sin formalismo, fijando un plazo y las modalidades de esta comunicación, y si hay necesidad de fijar un astreinte (en los casos en que la parte no restituya voluntariamente un documento que le ha sido comunicado amigablemente), estando el juez facultado para liquidarla. Es obligación del juez descartar de los debates los documentos que no han sido comunicados en tiempo útil.
b)       Otras pruebas. El procedimiento para el aporte de la prueba escrita, que es la prueba preconstituida, existente antes de la discusión de la causa, es inaplicable a los demás medios de prueba, que tienen que constituirse precisamente en el curso del proceso, como la prueba testimonial, la inspección de los lugares, el peritaje, etc., La administración de esta prueba debe ser propuesta antes de los debates, como por ejemplo la información testimonial, pero es ordenada por el juez mediante sentencia antes de conocer el fondo del proceso, y como medio para formar su convicción.

3)        Fijación de audiencias. Después de vencido el plazo del emplazamiento, cualquiera de las partes puede solicitar fijación de audiencias en que se conocerá la causa. La solicitud de audiencia se hace en forma de instancia dirigida al juez presidente y es fijada por auto de dicho juez presidente.

4)        Acto recordatorio o avenir. El abogado que ha obtenido fijación de audiencia procede entonces a llamar para esa audiencia al abogado de la parte adversa, mediante un acto recordatorio, notificado con dos días francos de antelación por lo menos, a pena de nulidad. Este acto es una formalidad protectora del derecho de defensa, tiene entre los abogados la misma importancia que la citación entre las partes. La sentencia obtenida si que intervenga previo acto recordatorio o avenir es nula.


5)        Celebración de la audiencia. Una vez constituido el tribunal, el juez presidente ordena al alguacil de servicio que llame la causa a la vista, leyendo en el rol o libro de asiento de las causas, el que se refiere a la que va a conocerse. Luego ofrece sucesivamente la palabra a los abogados de las partes.

6)        Policía de la audiencia. La policía de la audiencia esta a cargo del juez. Las personas que asisten a la audiencia deben permanecer en actitud respetuosa, en silencio y con la cabeza descubierta; pero los abogados, lo mismo que los jueces, llevarán birrete calado. Los asistentes que no observen compostura podrán ser expulsados después de advertencia, y sin advertencia si la falta grave, so pena de ser arrestados si no se retiran. Si la perturbación ha sido causada por un abogado o un oficial ministerial, estos pueden incurrir en la suspensión, o en la aplicación de las penas correspondientes, si cometen injurias o vías de hecho.

7)        Lectura de conclusiones. En la audiencia las partes se limitarán a exponer sus conclusiones motivadas y el juez les concederá plazos moderados para el depósito de réplica y contrarréplica, que no deberán exceder de 15 días para cada una de las partes y serán consecutivos.

8)        Estado de fallo. Es la consecuencia de la presentación de las conclusiones, este proceso termina con la decisión el juez Sentencia.

8.2 El defecto.

A petición de una de las partes el juez tiene la facultad de pronunciar una decisión en audiencia sobre el demandante o demandado que no compareció a la audiencia o que compareciendo no concluyo al fondo. El defecto por falta de comparecer y concluir se dicta en contra de la parte demandada, el defecto por falta de conclusión se dicta en contra de la parte demandante aunque este no haya comparecido, pues el simple acto de demanda introductiva se entiende como si estuviera presente.

8.3 Diversos tipos de defecto.

Existen dos clases de defecto, cuando el demandado no comparece, o cuando el demandante o el demandado no presentan conclusiones, veamos:

1)      Defecto por incomparecencia de una de las partes:
a)      Incomparecencia del demandante. Como se comparece por medio de constitución de abogado, se admite que el demandante no puede incurrir en defecto por incomparecencia, porque la demanda introductiva de instancia debe contener constitución de abogado. Sin embargo hay una hipótesis excepcional en la cual puede haber defecto del demandante: cuando se interrumpe la instancia por el fallecimiento, dimisión, interdicción o destitución del abogado demandante. En este caso el demandado puede emplazar al demandante en constitución de nuevo abogado y si la nueva constitución no se produce hay defecto por incomparecencia del demandante.
El  artículo 434 del C. P. C. establece: “Si el demandante no compareciere, el tribunal pronunciará el defecto y descargará al demandado de la demanda, por una sentencia que se reputará contradictoria”.
b)     Incomparecencia del demandado. Si el día de la audiencia el demandado no ha constituido abogado, se pronunciará el defecto en su contra. La reglamentación legal del defecto del demandado no es la misma según se trate de un solo demandado o de varios.
Cuando hay varios demandados, conviene que el asunto no sea fallado de modo contradictorio en relación a los otros, pues se podrían originar fallos contradictorios.
Es posible que todos los demandados sean citados a plazos diferentes, para el mismo objeto, lo cual es posible en razón al aumento de la distancia. De conformidad a lo establecido en el artículo 151 cuando varios demandados hayan sido emplazados para el mismo objeto a diferentes plazos o haya habido nuevo emplazamiento, no se fallará respecto de ninguno de ellos antes del vencimiento del plazo más largo. Una vez transcurrido el plazo mas largo, si todos los demandados incurren en defecto, todos podrán ser condenados.

2)      Defecto por falta de concluir. Si el día fijado para la audiencia el demandado no concluye sobre el fondo y se limita a proponer una excepción o a solicitar una medida de instrucción cualquiera, el juez fallará de acuerdo a lo que se prevé en las disposiciones procesales que rigen la materia.

8.4 Papel del juez en cada caso


El juez es el único funcionario con potestad jurisdiccional y administrativa para dictar defecto ya sea por incomparecencia de de la parte demandada o por falta de concluir por parte del demandante o demandado. En juez dicta el defecto en la audiencia y posteriormente hace mención en el fallo definitivo.

TEMA 9 Las medidas de instrucción ligadas al desarrollo de la instancia.  La jerarquía de la prueba.  La comunicación de documentos.  La comparecencia personal de las partes o de una parte.  El informativo testimonial.  La inspección al lugar litigio.  El informe pericial.  La reapertura de las debates.

9.1 La jerarquía de la prueba.

En materia civil la prueba por excelencia es la prueba escrita. La prueba es el medio o procedimiento que sirve para demostrar la verdad de una proposición o la realidad de un hecho. En todo proceso, la tarea principal de las partes consiste en demostrar la existencia de ciertos actos o hechos que han creado, modificado o extinguido la situación jurídica objeto de la controversia.

La carga de la prueba: el artículo 1315 del CC. establece que: “el que reclama la ejecución de una obligación debe probarla, recíprocamente, el que pretende estar libre, debe justificar el pago o el hecho que ha producido la extensión de su obligación”.

La prueba escrita y las presunciones son administradas sin necesidad de procedimiento especial: la primera con el depósito de los documentos en secretaría, la segunda por el examen que hace el juez de las circunstancias alegadas como constitutivos de la presunción.

En lo que concierne a los demás medios de prueba, o cuando hay controversia acerca de la prueba escrita o de la existencia de los hechos alegados como fundamento de las presunciones, el tribunal tiene que recurrir a un procedimiento para que la parte interesada ponga a su alcance los elementos constitutivos de la prueba que invoca. Este procedimiento consiste en dictar una sentencia de instrucción, por la que el tribunal prescribe una medida: información testimonial, verificación de escrito, comparecencia personal, peritaje, etc., según las circunstancias.


9.2 La comunicación de documentos. Cada una de las partes del proceso tiene derecho a conocer de los documentos invocados por su adversario como base de sus pretensiones.

La ley conviene varias aplicaciones particulares de este principio:

-          El demandante en los asuntos civiles y comerciales, está obligado, pero no a pena de nulidad, a dar con emplazamiento copia de los documentos en que apoya la demanda;
-          El demandado debía ofrecer, en los asuntos ordinarios, comunicación de sus documentos en su escrito de defensa;
-          En el proceso de saneamiento inmobiliario el reclamante debe acompañar su reclamación con los documentos justificativos.

La Comunicación de documentos constituye uno de los elementos fundamentales para la lealtad de los debates, que los jueces están en el deber de supervigilar, para garantizar el derecho de defensa.

Las características fundamentales de la comunicación de documentos son:

1)      Debe ser espontánea, esto es, que toda parte que vaya a usar un documento está en la obligación de comunicarlo.
2)      Esta obligación no es exigida en grado de apelación, si ésta se ha producido en primera instancia, pero no obstante puede ser solicitada.
3)      Si la comunicación de documentos no se realiza espontáneamente, es decir, amigablemente entre los abogados o por su depósito en secretaría, será ordenada por el juez sin formalismo.
4)      El juez fija el plazo y las modalidades de esta comunicación, y si hay necesidad de fijar un astreinte.
5)      En caso de que la parte no restituya voluntariamente un documento que le ha sido comunicado amigablemente, puede ser condenada eventualmente a un astreinte.
6)      El juez está facultado para liquidar el astreinte que el ha fijado.
7)       El juez puede descartar del debate los documentos que no han sido comunicados en tiempo útil.

La parte que recibe comunicación de un documento puede no solamente leerlo, sino también copiarlo, incluso por medio de la fotografía.

Los documentos comunicados por una de las partes no pueden ser retirados sin el consentimiento de la otra. Ambas partes adquieren, como consecuencia de la comunicación, el derecho de invocar  en su favor los documentos que respectivamente le han sido comunicados.

La comunicación puede ser pedida en cualquier momento del proceso en que una de las partes invoque un documento en su favor, aun en grado de apelación.


9.3 La comparecencia personal de las partes o de una parte: Esta medida de instrucción consiste, como su nombre lo indica, en la asistencia de una de las partes o de todas las partes a la audiencia del tribunal, para que suministren personalmente las explicaciones que ellas y el tribunal consideren útiles al esclarecimiento de los hechos de la causa y que muy frecuentemente no se encuentran suficientemente expuestos en los memoriales y actuaciones del expediente.

La comparecencia personal puede ser ordenada sea a requerimiento de una de las partes, sea de oficio por el tribunal, y tiene como objeto obtener la confesión.

Ambas partes son cuestionadas, o pueden serlo, una en presencia de la otra o separadamente, si así lo exigen las circunstancias, pero deben ser confrontadas si una de las partes lo solicita.

En caso de que la comparecencia personal sea ordenada respecto de una de las partes, dicha parte será interrogada en presencia de la otra, a menos que las circunstancias exijan que este interrogatorio se realice inmediatamente o fuera de la presencia de la otra parte.

Por otra parte, la ausencia de una de las partes no impide la audición de la otra.

De acuerdo al artículo 64 de la Ley 834 las partes pueden ser interrogadas en presencia de un técnico y confrontadas con los testigos, esto permitirá al juez cuestionar de inmediato al técnico relativo al comportamiento de la parte interrogada.

Las partes deberán responder a las preguntas que les sean formuladas sin poder leer ningún proyecto. Las respuestas deben ser pues personales y espontáneas.

Las partes no pueden ser interrogadas directamente por los defensores, sino a través del juez.

Cuando una de las partes se encuentra imposibilitado de presentarse, el juez que haya ordenado la comparecencia puede transportarse donde se encuentra dicha parte, previa convocatoria a la parte adversa.

Esta medida de instrucción puede ser aplicada únicamente respecto de las partes en el proceso, sean principales o intervinientes, pero no respecto de terceros; estos no pueden ser interrogados sino en calidad de testigos, en la forma de una información testimonial.


9.4 El informativo testimonial. La información testimonial el procedimiento prescrito para admitir la prueba por testigos.

La información testimonial es ordenada siempre por medio de una sentencia de instrucción.

Es hábil para declarar como testigo toda persona que pueda suministrar informes sobre los hechos cuya prueba ha sido ordenada.

El testigo es en efecto, la persona que relata lo que ha percibido por medio de los órganos de los sentidos, especialmente lo que ha visto u oído, en relación con los hechos de la causa.

Sin embargo por extensión del concepto del testimonio, son citados frecuentemente como testigos personas que solamente han oído hablar a otro acerca de esos hechos, o sobre lo que han oído referir en rumor público. Estos últimos testimonios son evidentemente, muy débiles, y lo más que el juez puede hacer es tomarlo como simple indicio o presunciones más  menos sólidos.

El artículo 87 de la Ley 834 establece que, en el curso de una información testimonial puede, ya de oficio o a requerimiento de una de las partes invocar u oír a cualquier persona, cuya audición le parezca útil al esclarecimiento de la verdad.

El artículo 93 de la precitada ley, faculta al juez para que pueda autorizar a las partes a presentar sus testigos sin formalidad previa, o indicar al secretario del tribunal dentro del plazo que el juez indique, los nombres y demás datos personales de dichos testigos. Esta facultad corresponde también al juez cuando ordena de oficio un informativo.

Número de testigo. Las partes pueden hacer oír el testimonio de cuantos testigos estimen necesarios.

Obligaciones del testigo. El testigo citado para concurrir a una información testimonial está obligado a comparecer, a prestar juramento, a declarar, a decir la verdad.

La nulidad resultante de que un testigo no prestó juramento es un medio que debe ser propuesto en las mismas condiciones que las otras nulidades.

La falta de juramento de un testigo no conlleva la nulidad de la sentencia, cuando el tribunal no se ha apoyado en la declaración del testigo no juramentado, sino en otros medios de prueba.

Cuando el testigo declara falsamente incurre en el delito de perjurio.

Toda persona puede ser oída como testigo a excepción de la afectada de una incapacidad para prestar testimonio en justicia. Estas personas son:

-          Los condenados a la degradación civil,
-          Los privados por sentencia del derecho de deponer en juicio.

Tradicionalmente se admite que la persona citada como testigo puede negarse a hacer declaraciones sobre los hechos conocidos con motivo del ejercicio de una profesión que lo obliga a guardar el secreto profesional. La revelación de tales hechos podría, según algunos, constituir el delito de divulgación de secretos. Lo único cierto es que la persona que se halla en esta situación no puede ser obligada a prestar declaraciones sobre tales hechos.

Las tachas pueden proponerse antes de oír a un testigo, como son: porque existe enemistad, interés personal en el juicio, parentesco o cualquier otro motivo considerado legítimo.

 El juez hará al testigo las preguntas que le sometan las partes, si lo estima necesario.

Las declaraciones de los testigos serán consignadas en acta.

9.5 La inspección al lugar litigio. Medida de instrucción mediante la cual el tribunal practica el examen directo del objeto litigioso, mueble o inmueble. Esta medida le permite al juez cerciorarse directamente de los hechos controvertidos. Puede ser ordenada a solicitud de partes o de oficios.

Esta medida permite al juez cerciorarse directamente de los hechos controvertidos, en vez de hacerlo a través del testimonio de testigos o peritos.

La inspección de los lugares puede ser ordenada sea a pedimento de las partes, sea de oficio.

Procedimiento. El juez encargado de esta medida de instrucción la lleva  a cabo luego de dictar auto en que indique la fecha y lugar de la diligencia, el cual es notificado por acto de abogado. Esta notificación conlleva llamamiento para estar presente en la fecha y en los lugares indicados en el auto. El juez concurre asistido de su secretario. El juez levanta acta de la diligencia, en la cual debe consignar las comprobaciones hechas y todos los datos que puedan ser útiles para la solución del proceso. La parte más diligente debe notificar, por acto de abogado, copia del acta levantada por el juez. Tres días después de esa notificación puede perseguirse la audiencia.

9.6 El informe pericial.  Cuando el proceso plantea cuestiones cuya solución exige conocimientos técnicos que el juez no posee, es preciso que él recurra a personas que tenga esos conocimientos a fin de que  le emitan un dictamen razonado contentivo de los elementos aplicables a la solución del caso.

Esas personas entendidas son llamadas peritos o expertos.

Peritaje, juicio pericial o experticio es la operación por medio de la cual los peritos o expertos proceden al examen de los hechos sometidos a su consideración.

Informe o información pericial es la relación escrita de las investigaciones de todo género que los peritos han llevado a cabo, con la indicación del resultado de las apreciaciones técnicas a que han llegado.

El peritaje es en principio facultativo, el juez lo ordena cuando, a su juicio, esa medida es indispensable o útil para llegar al esclarecimiento de la cuestión litigiosa. Puede ser ordenada de oficio, pero aunque las partes lo soliciten, el juez no esta obligado a prescribirlo si encuentra en el expediente otros elementos de convicción.

El informe es obligatorio en ciertos casos, por ejemplo en materia dde rescisión de venta por causa de lesión.

Cualquier persona puede ser perito, con excepción de los condenados a pena aflictiva o infamante.

El informe pericial es ordenado por sentencia que debe contener tres disposiciones distintas:

1)      indicar con precisión el objeto de la diligencia pericial;
2)      La sentencia nombra un juez comisario ante quien presten juramento los perito;
3)      La sentencia indica los peritos que las pares han designado o a falta de haberlo asignado la parte, los designa el tribunal.

En general, el peritaje debe confiarse a tres peritos, sin embargo estas (las partes) pueden convenir en que un solo perito practique la diligencia pericial.

Al tener el dictamen de los peritos puede tener una gran influencia sobre la solución del proceso, de aquí el derecho conferido a las partes de recusar a los peritos, por las mismas causas que para los testigos.

Los peritos nombrados de oficio pueden ser recusados solamente dentro de los tres días de su nombramiento, los nombrados por las partes pueden serlo solo cuando las causas de recusación hayan sobrevenido posteriormente a su nombramiento.

Los peritos pueden no aceptar su designación, o, después de haberla aceptado, renunciar a ella.

La parte mas diligente cita a los peritos a los fines de prestar juramento de cumplir fielmente su cometido.

Debe entregarse a los peritos sentencia que ordenó el peritaje y los documentos con el asunto. Una vez cumplida las formalidades anteriormente señaladas, los peritos redactaran un informe en el mismo lugar contencioso, o en el que ellos indiquen al efecto. Emitirán colectivamente un informe que constara de dos partes:

Primera parte: los peritos hacen constar los hechos que han comprobado y enuncian el cumplimiento de las formalidades preliminares de su diligencia, esto en presencia de las partes.

Segunda parte: Los peritas, por medio de un informe, dan a conocer su opinión, adoptada por mayoría de votos, esta última parte es preparada secretamente.

Al pie del informe deberán ser trazado por el juez presidente los honorarios a que tienen derecho los peritos. La parte mas diligente debe notificar copia del informe a la contraparte.

Las partes pueden controvertir únicamente acerca de las apreciaciones técnicas emitidas que los peritos declaran haber comprobado, pero no sobre los hechos que los peritos declaran haber comprobado.

El informe pericial es fehaciente, hasta inscripción en falsedad, puesto que emana de personas investidas con un mandato legal para proceder a tales comprobaciones.

Si el informe pericial es declarado nulo (si han sido vulnerados los derechos de la defensa) queda naturalmente excluido del debate, si por el contrario es admitida su validez, permanece en el proceso como elemento de decisión.

El tribunal no esta ligado por el dictamen de los peritos.

Si el peritaje no arroja información suficiente, el tribunal puede ordenar otro.

Se admite que el tribunal en vez de ordenar una nueva información pericial, pueda prescribir que los peritos comparezcan en audiencia, a fin de suministrarle explicaciones complementarias.

9.7 La reapertura de los debates. Es una medida de carácter jurisprudencial y la misma es permitida si después de cerrados los debates, son producidos documentos o hechos nuevos, que pueden variar la suerte del litigio, el tribunal puede a pedimento de las partes, o aún de oficio, ordenar su reapertura a fin de que el asunto sea nuevamente discutido.

Procede reapertura de debates en caso de documentos utilizados a última hora, por una de las partes que emanan de la parte adversa, para asegurar un mínimo necesario de lealtad en los debates.

Es preciso que los hechos nuevos sean revelados o los documentos sometidos al juez, en la instancia mediante la cual se solicita la reapertura, debiendo ésta ser notificada a la parte adversa.

TEMA 10: Los incidentes. Las excepciones de procedimiento: incompetencia, litispendencia, conexidad, la fianza judicatum solvi, aspecto criticables en cuanto al acceso a la justicia, nulidad.  Sistema de nulidad aplicable.  Nulidad absoluta y nulidad relativa, dependiendo de los diversos tipos de actos procésales.  Aplicación de la máxima “no hay nulidad sin agravio”, desde el punto de vista de los actos procésales.  Medio de inadmisión, diversas causas. Como se cubren las nulidades y las inadmisiones. Ley No. 834 de 1978.

Los incidentes: Es todo acontecimiento que al producirse en el curso de una instancia modifica la suerte del proceso ordinario.

La finalidad es pretender que el juez, declare el proceso irregular, extinguido o la suspensión del curso del proceso.

10.1 Las excepciones del procedimiento incompetencia, litispendencia, conexidad, la fianza judicatum solvi, aspecto criticables en cuanto al acceso a la justicia, nulidad. Las excepciones del procedimiento deben, a pena de nulidad, ser presentados simultáneamente y antes de toda defensa al fondo. Estas excepciones del procedimiento son:

1)      Incompetencia. Existe incompetencia cuando un tribunal está impedido de conocer determinado asunto, ya sea en razón del territorio o en razón de la materia. La competencia de los tribunales en razón de la materia la fija la ley y no la conveniencia o capricho de las partes. Pertenece al tribunal la facultad de pronunciar su incompetencia.

Cuando un litigante comparece ante una jurisdicción incompetente podrá invocar la declinatoria por incompetencia del tribunal. Presentará la excepción de incompetencia y advertirá a la jurisdicción que bien sea en razón de la materia o del territorio, se le ha llevado ante un juez o tribunal incompetente.

Todos los medios de incompetencia que se pueden hacer valer, bien sean los relativos a la incompetencia en razón de la materia o en razón de la persona, deben invocarse al mismo tiempo.

La parte que presenta la declinatoria debe motivarla, a pena de inadmisibilidad. Además de motivarla dicha parte debe señalar cuál es el tribunal competente. Si no lo hace, el juez no tiene que examinar su alegato. Si falta a esta indicación del tribunal competente la excepción es irrecibible.

Para que el tribunal pronuncie la incompetencia de oficio, es necesario invocar una regla de competencia de orden público. Sobre lo anterior la ley expresa: “La incompetencia puede ser pronunciada de oficio, en caso de violación de una regla de competencia de atribución, cuando esta regla es de orden público. No puede serlo sino en este caso”.
Cuando el tribunal se desapodera de oficio, porque el asunto es de la competencia de la jurisdicción represiva, administrativa o extranjera, no tiene que indicar el tribunal competente, sino limitarse a ordenar que las partes se provean por ante quien fuere competente. En los demás casos el tribunal debe señalar el tribunal competente.

El tribunal debe examinar si la excepción es recibible o no recibible. Si no lo es, la desestima y se pasa al examen del fondo. Cuando la excepción es recibible el tribunal debe verificar su competencia para luego estatuir a favor o en contra de la petición de declinatoria.

2)      Litispendencia. Hay litispendencia cuando un mismo litigio está pendiente ante dos jurisdicciones del mismo grado igualmente competentes para conocerlo.

Es conveniente que una de las dos jurisdicciones se desapodere a fin de evitar fallos contradictorios y dificultades de ejecución.

Uno de los tribunales apoderados debe declinar a favor del otro, desapoderándose del litigio. Es por ello que la litispendencia se la considera como una excepción declinatoria.

La litispendencia existe todas las veces en que en dos tribunales son apoderados de una demanda que tiene identidad de objeto, de causa y de partes, caso en el cual el juez debe acoger la excepción de litispendencia que se le solicite.

Cuando hay litispendencia, la jurisdicción apoderada en segundo lugar, debe desapoderarse en provecho de la otra, si una de las partes lo solicita y si nadie lo solicita, el tribunal puede hacerlo de oficio.

La litispendencia debe ser propuesta siempre “in limine litis”.

3) Conexidad. La conexidad es el lazo que existe entre dos asuntos llevados ante dos jurisdicciones distintas, pero unidos por un vínculo tal que para el interés de una buena administración de justicia es conveniente que los dos sean instruidos y juzgados por una sola jurisdicción, por lo que, una de ellas debe desapoderarse y la otra quedar apoderada de los dos asuntos y fallarlos conjuntamente.


La excepción de conexidad se puede presentar en todo estado de causa, pero de este derecho no se puede abusar, porque la excepción debe descartarse  si se promueve tardíamente, con intención dilatoria.

Cuando las dos jurisdicciones son de grados diferentes, la inferior debe desapoderarse, aunque ella haya sido apoderada en primer lugar. En cambio, cuando son jurisdicciones de igual grado, apoderadas, entonces la jurisdicción apoderada del asunto principal es la que debe permanecer apoderada y la otra declinar a favor de ella.

3)    Fianza judicatum solvi. El extranjero puede litigar como demandante o como demandado, contra otro extranjero o contra un dominicano. Cuando el extranjero es demandante la ley le sujeta a la obligación de garantizar al demandado dominicano el reembolso de las costas procesales y el resarcimiento de los perjuicios que puedan resultar del proceso. El demandado exige el otorgamiento de esta garantía por medio de la excepción de fianza, llamada generalmente fianza judicatum solvi.

Esta fianza garantiza, en primer lugar, el pago de las costas procesales, y, en segundo lugar, el de las indemnizaciones que puedan ser otorgadas al demandado, cuando las ha pedido reconvencionalmente, como reparación de los perjuicios que le ocasionen un proceso injustificado o las faltas cometidas por el extranjero en la conducción del procedimiento.

Esta fianza se justifica en razón de que el extranjero condenado en las costas y al pago de una indemnización puede no tener en la República bienes cuyo embargo pueda el demandado cobrara esos créditos.

La fianza judicatum solvi puede ser reclamada únicamente bajo las siguientes condiciones:
a)     que se trate de un extranjero transeúnte;
b)    que ese extranjero sea demandante principal o interviniente voluntario;

c)     que ese extranjero no pertenezca a un país que tenga celebrado con la República un tratado que  exima a sus nacionales de aquella obligación.

La fianza puede ser exigida al extranjero transeúnte, en todas las materias y ante todas las jurisdicciones, a menos que posea en la república inmuebles por un valor suficiente para asegurar el pago de las costas y de los daños y perjuicios resultantes de la litis.

Esta fianza es un beneficio que la ley concede, no por motivos de orden público, sino mirando exclusivamente el interés privado del demandado dominicano; este puede por consiguiente renunciar a su derecho de exigirla. La renunciación se presume cuando el demandado no la reclame oportunamente. Por su parte el tribunal no puede ordenar de oficio, que la fianza sea prestada.

La fianza se constituye presentando un fiador o sea una persona solvente que se obliga a pagar la cantidad indicada por la sentencia que la impone. El extranjero puede sustituir al fiador con el depósito en la caja pública de la suma fijada por la sentencia, o eximirse de la fianza justificando que posee en la República bienes inmuebles suficientes para garantizar el pago de las condenaciones mencionadas.

Aspecto criticable en cuanto al acceso a la justicia.


Nulidad: La nulidad es la sanción establecida por la ley a las reglas que rigen la forma de los actos procesales. La excepción de nulidad es el medio que debe ser empleado para oponer la nulidad del acto procesal.

La nulidad es definida, como la ineficacia de un acto jurídico, proveniente de la ausencia de una de las condiciones de fondo o de forma requeridas para su validez.

Las disposiciones contenidas en la ley 834 distinguen las nulidades de forma de las nulidades de fondo, las cuales veremos en el siguiente sub-tema.

10.2 Sistemas de nulidad aplicable.

El sistema aplicable a fin de establecer el régimen de las nulidades de los actos del procedimiento es a saber: si se trata de nulidades de los actos por vicio de forma o por vicio de fondo. Las primeras es la sanción de irregularidad cometida en la redacción o en la notificación de un acto de procedimiento, las nulidades de fondo están regidas por reglas más estrictas que la de forma, estas son: la falta de capacidad para actuar en justicia, la falta de poder de una persona que figura en el proceso.
  
10.3 Nulidad absoluta y nulidad relativa, dependiendo de los diversos tipos de actos procesales.

Nulidad absoluta. Es la que puede ser demandada por cualquier interesado, por ser de orden público o faltar un elemento esencial del acto jurídico.

La excepción de nulidad fundada en el incumplimiento de las reglas de fondo, relativas de los actos de procedimiento, debe acogerse sin necesidad de quien las invoque tenga que justificar un agravio y aunque la nulidad no resultare de ninguna disposición expresa.

Las irregularidades de fondo que afectan la validez  de los actos del procedimiento son:

1)      la falta de capacidad para actuar en justicia;
2)      la falta de poder de una parte o de una persona que figura en el proceso como representante, ya sea de una persona moral ya sea de una persona afectada de una capacidad de ejercicio;
3)      la falta de capacidad o de poder de una persona que asegura la representación de una parte en justicia.

Es importante resaltar que esta enumeración no es limitativa.

Nulidad relativa. La que sólo puede ser demandada por una o algunas personas, a quienes está destinada a proteger; en consecuencia, puede cubrirse mediante la confirmación del acto.

Ningún acto de procedimiento puede ser declarado nulo por vicio de forma si la nulidad no está expresamente prevista por la ley, salvo en caso de incumplimiento de una formalidad sustancial o de orden público.

Esta nulidad debe caer sobre “la forma de los actos”.

Hay un formalismo que debe cumplirse, so pena de nulidad, si es que la ley lo ha previsto porque: “no hay nulidad sin texto”.

El artículo 61 del C.P.C. establece lo siguiente: “En el acta de emplazamiento se hará constar a pena de nulidad” 1ro. La común, el lugar, el días, el mes y el año del emplazamiento, los nombres, profesión y domicilio del demandante; la designación del abogado que defenderá por él con expresión del estudio del mismo, permanente o ad hoc, en la ciudad donde tenga su asiento  el tribunal llamado a conocer del asunto, estudio en el que se considerará haber elegido domicilio el intimante, si por el mismo acto no lo hace, expresamente en otro lugar de la misma ciudad, salvo previsiones especiales de la ley; 2do. El nombre y residencia del alguacil así como el tribunal donde ejerza sus funciones; los nombres y residencia del demandado; y el nombre de la persona a quien se entregue la copia del emplazamiento; 3ro. El objeto de la demanda, con la exposición sumaria de los medios; y, 4to. la indicación del tribunal que deba conocer de la demanda, así como la del plazo para la comparecencia.

La parte que ha cometido un error en un acto de procedimiento, puede reparar este error, rehaciéndolo en forma regular, siempre que el adversario no haya sufrido un agravio o que el vicio cometido haya dado lugar a una caducidad.

Dos condiciones deben ser cumplidas para que pueda pronunciarse una nulidad por vicio de forma:

1)      que esta se encuentre sancionada por un texto de ley; y
2)      que la pare que propone la nulidad pruebe el agravio que le causa la irregularidad.


10.4 Aplicación de la máxima “no hay nulidad sin agravio”, desde el punto de vista de los actos procesales.

La prueba del agravio se trata de un medio impuesto por el legislador para evitar, en lo que atañe a las nulidades de forma, las excepciones puramente dilatorias.

El agravio en muchos casos no es fácil de probar, ya que su apreciación depende generalmente del caso particular.

Para demostrar un agravio es necesario probar que se violaron uno o varios de los principios fundamentales. Por ejemplo: el derecho de defensa, el doble grado de jurisdicción, entre otros.

Como principio general, cuando se niega pronunciar la nulidad, aún tratándose de una formalidad sustancial, es porque la víctima del error no ha probado haber experimentado un agravio o porque existen en el acto, o en las circunstancias que lo acompañan, que le han seguido o que le han precedido, determinados elementos que han informado en debida forma al destinatario sobre las características indispensables del acto de procedimiento de que se trata.

10.5 Medio de inadmisión, diversas causas.

Artículos 44 al 48 de la Ley 834:  Constituye una Inadmisibilidad todo medio que tienda hacer declarar al adversario inadmisible en su demanda, sin examen al fondo, por falta de derecho para actuar, tal como la falta de calidad, la falta  de interés, la prescripción, plazo prefijado, la cosa juzgada.

Las inadmisibilidades pueden ser propuestas en todo estado de causa, salvo la posibilidad  para el juez de condenar a daños y perjuicios a los que se hayan abstenido, con intención dilatoria, de invocarlos con anterioridad.

Las inadmisibilidades deben ser acogidas sin que l que las invoca tenga que justificar un agravio y aún cuando la inadmisibilidad no resultare de ninguna disposición expresa.

Los medios de inadmisión deben ser invocados de oficio cuando tienen un carácter de orden público especialmente cuando resulten de la inobservancia de los plazos en los cuales deben ser ejercidas las vías de recurso. El juez puede invocar de oficio el medio de inadmisión resultante de la falta de interés.

En caso de que la situación que da lugar a un medio de inadmisión es susceptible de ser regularizada, la inadmisibilidad será descartada si su causa ha desaparecido en el momento en que el juez estatuye. Será igual cuando antes de toda exclusión, la persona que tiene calidad para actuar viene a ser parte en la instancia.

10.6 Como se cubren las nulidades y las inadmisiones.

Ellas estarán cubiertas si quien la invoca  ha hecho valer con posterioridad al acto criticado defensa al fondo u opuesto un medio de inadmision sin promover la nulidad. La mera comparecencia para proponer la nulidad de un acto de procedimiento no cubre esa nulidad.  Art. 3.- Ley 834 Si se pretende que la jurisdicción apoderada es incompetente, la parte que promueva esta excepción debe, a pena de inadmisibilidad, motivarla y hacer conocer en todos los casos ante cuál jurisdicción ella demanda que sea llevado.


10.7 Ley No. 834 de 1978.

Esta ley abroga y modifica ciertas disposiciones en materia de procedimiento civil. En sus primeros dos artículos trata las excepciones del procedimiento, en los artículos del 3 al 5 trata de la excepción de incompetencia, los artículos 6 y 7 de la apelación, los Art. 8 al 19 la impugnación, del 28 al 34 las excepciones de litispendencia y conexidad, del 35 al 38 las excepciones de nulidad.


TEMA 11: Situaciones procésales que afectan el desarrollo normal de la instancia. El sobreseimiento.  La interrupción.  La suspensión.  La perención.  La caducidad.  El desistimiento.  Tipos de desistimiento.  La denegación de los actos procesales. Como se instruye. Los incidentes relativos al juez: La recusación del juez, la inhibición vista a la luz de la jurisdicción de primer grado y de segundo grado.  Los incidentes relativos a la prueba literal: la verificación de escritura y la inscripción en falsedad.

11.1 El sobreseimiento: Hay muchos artículos que hacen referencia al sobreseimiento, lo que no existe en nuestro código es un texto de alcance general que exprese: “fuera de los casos en que la ley lo prevé, la instancia se suspende por la decisión de sobreseimiento para estatuir o la que radia el asunto”.

La instancia se suspende, cuando el juez se ve obligado a sobreseer. Cuando el acontecimiento que ha suspendido desaparece o ha sido decidido, la instancia volverá a seguir su curso normal.

El juez debe sobreseer cuando por ejemplo: En los casos de declinatoria de competencia, hasta tanto haya transcurrido el tiempo; el ejercicio del contredic, hasta tanto la corte haya decidido; el transcurso del plazo para la interposición de un recurso ordinario, suspende la ejecución de la sentencia; la recusación evidentemente suspende a instancia; cuando se ha incoado la inscripción en falsedad, hay suspensión. En todos estos casos el juez debe sobreseer hasta tanto haya una decisión.

11.2 La interrupción.: La instancia es interrumpida cuando las partes o sus abogados se encuentran en la posibilidad de realizar las actuaciones procesales como resultado de un acontecimiento que modifica su situación personal.

Cuando la instancia es interrumpida es preciso renovarla o reanudarla.

La instancia en dos casos:

1)      cuando una de las partes muere, y su muerte es notificada a la otra;
2)      cuando el abogado de una de las partes muere o viene a encontrase incapacitado para ejercer la profesión de abogado, a causa de una medida disciplinaria, de una decisión del Poder Ejecutivo que lo priva del exequátur, o de la aceptación de un cargo judicial.

Estas normas se justifican plenamente. Ninguna de las partes debe ser juzgada y condenada sin que haya tenido oportunidad de presentar adecuadamente sus medios de defensa; de ahí la necesidad de que la instancia sea interrumpida mientras la parte se encuentra inhabilitada para defenderse. Pero, al mismo tiempo, la ley tiende a hacer efectiva la pronta solución del problema dictando reglas para que la instancia pueda ser prontamente reanudada o renovada.

El incidente causado por el fallecimiento de la parte es llamado renovación de instancia; el causado por la cesación del mandato de abogado se designa constitución de nuevo abogado.

Cuando se produce la interrupción de la instancia, el procedimiento queda paralizado.

La interrupción de la instancia suspende el curso de los plazos; estos se reanudan después que ha cesado la interrupción. La interrupción conlleva la suspensión de la instancia.

Los efectos de la demanda subsisten, no obstante la interrupción de la instancia.

11.3 La suspensión: La instancia es suspendida cuando el curso del proceso es detenido como consecuencia de ciertos acontecimientos ajenos a las partes o a sus representantes procesales, los abogados.

Ejemplos: cuando en un proceso civil en que se reclama indemnización por el perjuicio causado con un crimen o un delito se presenta la cuestión previa del ejercicio de la acción pública. En este caso, la instancia, es simplemente suspendida por la persecución penal, es continuada después que es resulta la cuestión penal. En este caso se hace aplicable el principio: “lo penal mantiene a lo civil en estado”.

11.4 La perención: La perención es un modo de extinguirse la instancia y cuya finalidad es impedir que el proceso se prolongue indefinidamente a consecuencia de la inacción de las partes.
La perención afecta únicamente, a la instancia, no a los actos extrajudiciales, como por ejemplo: los procedimientos de embargo que no constituyen un proceso (embargo ejecutivo).

La perención es susceptible de extinguir la instancia a partir del momento de la citación, que la inicia, y aun cuando se halle en estado. La pronunciación de la sentencia, con que se termina la instancia, es el único obstáculo a la perención.

Solamente el demandado puede invocar la perención de la instancia, el demandante no puede invocarla.

La perención puede ser invocada contra todo demandante incluso el Estado, los municipios, el Distrito Nacional, los establecimientos públicos, los menores.

El plazo normal de la perención de instancia es de tres años, el cual comienza a computarse a partir de la fecha del último acto de procedimiento. Este plazo es aumentado en seis meses más, en los casos en que haya lugar a renovación de instancia o a constitución de nuevo abogado, esto es, cuando ha habido interrupción de la instancia.

La perención de la instancia produce dos efectos:

1)      extingue la instancia; y
2)      pone a cargo del demandante las costas de la instancia perimida.

La perención aniquila únicamente el procedimiento de la instancia, dejando subsistir el derecho de acción del demandante, quien podrá incoar una nueva demanda, siempre y cuando el derecho de acción no haya prescrito.

11.5 La caducidad o prescripción: Es la extinción de los derechos de las partes.

La caducidad o prescripción aniquila el derecho de acción y en consecuencia no hay renovación de instancia ni se puede hacer una nueva demanda.

La prescripción o caducidad es suspendida en provecho de algunas persona, por ejemplo los menores.

El demandado tiene derecho adquirido a invocar la prescripción o caducidad dela instancia una transcurrido el plazo requerido, no obstante cualquier acto emanado del demandante.

Hay acciones imprescriptibles, como por ejemplo las relativas a las acciones en reclamación de estado.

11.6 El desistimiento. El desistimiento es la renunciación por el demandante a los efectos del proceso, o por una cualquiera de las partes a los efectos de uno de los actos del proceso.

11.7 Tipos de desistimiento. Según el alcance que tenga, pueden distinguirse tres clases de desistimiento:

1)      El desistimiento de acción: es el abandono del derecho mismo. Tiene como resultado extinguir el proceso en el pasado y hacerlo imposible en el porvenir. Esta regido por las normas de derecho común relativas a las renunciaciones en general. Ejemplo:

2)      El desistimiento de instancia: es una renuncia a la situación jurídica creada por la instancia. Extingue el proceso actual, a partir de la demanda inclusive, pero deja subsistente el derecho de acción en justicia. Las partes quedan repuestas en la situación existente antes de la demanda. Una nueva demanda puede ser intentada posteriormente al desistimiento. Ejemplo: cuando el demandante, después de haber iniciado la demanda se da cuenta que ha apoderado un tribunal incompetente o que la citación o el emplazamiento contienen varios vicios que lo hacen anulables.

3)      El desistimiento de los actos procesales: es la renunciación a los efectos producidos por esos actos. Este desistimiento puede provenir tanto del demandante como del demandado. Este desistimiento puede intervenir respecto de un acto único, o de varios actos, o de una demanda incidental, etc. Ejemplo:

El desistimiento es legal y lo reconoce la jurisprudencia.

El desistimiento no está sometido a forma especial de procedimiento. Se puede hacer y aceptar por acto bajo firma privada y obliga a la parte que lo hace al pago de las costas.

11.8 La denegación de los actos procesales.

11.9 Como se instruye.


11.10 Los incidentes relativos al juez: la recusación del juez, la inhibición vista a la luz de la jurisdicción de primer grado y segundo grado.

La recusación: cualquiera de las partes puede, alegando una de las causas previstas por la ley, recusar al juez de cuya imparcialidad sospecha, esto es, entablar un procedimiento mediante el cual obtendrá la eliminación del recusado como juez de la causa.

La recusación es naturalmente dirigida contra un juez, no contra el tribunal. Se recusa al juez, no al juzgado de primera instancia. De igual forma, tratándose de un tribunal colegiado, la recusación debe ir contra uno o más jueces, no contra el tribunal como entidad.

Cuando la recusación sea dirigida contra un número tal de jueces de una corte de apelación, que esta se halle en a imposibilidad de constituirse, hay lugar a designación de jueces.

Además de los jueces, pueden ser recusados: el abogado que es llamado a reemplazar a un juez de primera instancia, los jueces comisarios, los agentes del ministerio público, cuando actúen como parte adjunta, esto es cuando sean llamados a dictaminar.

Las causas que pueden motivar la recusación de los jueces son 5:

1)      Lazos de parentescos o alianza;
2)      Interés personal;
3)      Opinión dada acerca del proceso;
4)      Relaciones de amistad o protección;
5)      Presunciones de enemistad.

LA INHIBICIÓN: es la dedición de una juez de abstenerse de conocer determinado caso, luego de presentada la reacusación por una de las partes. El juez también se inhibe cuando a su juicio sabe que existen vínculos de consanguinidad  con una de las partes o sus familiares. Esta dedición se hace mediante resolución administrativa previa motivación. Cuando la inhibición a la luz de un tribunal de primer grado y unipersonal el juez deberá inhibirse. Si el juzgamiento del asunto se esta conociendo en un tribunal de segundo grado, es decir, por una corte de apelación el juez o los jueces que hayan sido recusados o los que entiendan que para una mejor administración de justicia el caso deba ser conocido por otros jueces, este deberá inhibirse.      

11.11 Los incidentes relativos a la prueba literal: la verificación de escritura y la inscripción en falsedad.

La verificación de escritura.  Es el examen que se hace en justicia de un acto bajo firma privada, con el fin de comprobar si ha sido escrito o firmado por la persona a quien se le atribuye u opone.

Se recurre al procedimiento incidental de verificación de escritura si en el proceso en reconocimiento de escritura el demandado niega o declara no conocer el escrito que se le opone, o si en un proceso sobre el fondo una de las partes niega o declara no conocer el acto bajo firma privada que le opone su contraparte.

El tribunal competente para conocer de la demanda en verificación de escritura, sea principal o incidental es el juzgado de primera instancia.

Por lo tanto, cuando en el curso de un proceso ante un juzgado de paz sobreviene la  negación o el desconocimiento de un escrito bajo firma privada, esa jurisdicción debe sobreseer a su fallo sobre lo principal, hasta tanto el juzgado de primera instancia que debe ser apoderado por la acción principal, decida acerca de la sinceridad del documento.

El tribunal de tierras puede conocer de una verificación de escritura surgida incidentalmente en un procedimiento de su competencia.

La verificación de escritura se hace por acto de bogado. Es demandante en el incidente la parte que pretende que el escrito es sincero; es demandada la parte a quien el escrito le es opuesto. Tanto el demandante como el demandado en lo principal pueden ser demandantes en la verificación.

Si el demandado en el incidente de verificación incurre en defecto, el tribunal debe tener el escrito como reconocido. Si el demandado en el incidente reconoce el escrito que se le opone, el tribual debe dar de ello constancia al demandante, y condenar en costas a éste. Si el demandando persiste en no reconocer el documento, el tribunal puede optar entre proceder él mismo a la verificación, o prescribir que se haga la verificación por uno o varios de los medios de prueba autorizados.


La inscripción en falsedad: La falsedad consiste en la alteración de la verdad de un escrito. La falsedad puede ser:

1)      Falsedad material: cuando un escrito es confeccionado mediante falsas firmas o por imitación de la escritura de una persona, o cuando un escrito ha sido alterado mediante adiciones  o supresiones.

2)      Falsedad intelectual: cuando al redactarse un acto, se escriben cláusulas que no son convenidas.

Pueden ser falsos tantos los actos auténticos como los actos bajo firma privada. Pero solo en los actos auténticos pueden darse las dos figuras de la falsedad. En un acto bajo firma privada solo puede existir la falsedad material.

La falsedad, sea material o intelectual, constituye una infracción penal.

La inscripción en falsedad es un procedimiento establecido por la ley en relación con los asuntos civiles de la competencia del juzgado de primera instancia con los asuntos, sean civiles o comerciales, de que conoce la corte de apelación, y con respecto al recurso de casación en materia civil y comercial. Requiere siempre, por lo tanto, el ministerio de bogado.

TEMA 12: Las diferentes decisiones dictadas por el juez. Los actos administrativos o de jurisdicción graciosa, su naturaleza jurídica.  Efectos  procésales en cada caso, es decir efectos procésales de la sentencia y de los autos administrativos.  Errores materiales que no afectan el fondo de la sentencia administrativa o jurisdiccional.  Posibilidad de hacer correcciones materiales.  Procedimiento.

12.1 Los actos administrativos o de jurisdicción graciosa, su naturaleza jurídica.  
Son actos administrativos o de jurisdicción graciosa aquellos que el juez conoce en ausencia de litigio en la cual la misma ley establece que estos actos deben estar sometidos al control del juez.

De lo expresado anteriormente se desprenden dos condiciones que, al menos teóricamente, deben reunirse para que el juez estatuya en materia graciosa:

1)      Que surja una dificultad desprovistas de carácter contencioso; y
2)      Que la dificultad no pueda resolverse sin la intervención del juez.

Su naturaleza jurídica es puramente administrativa y las resuelve el juez debido a la dificultad que estas revisten. En nuestro derecho no tenemos ningún texto que nos defina la jurisdicción graciosa. El artículo 29 del Nuevo Código de Procedimiento Civil Francés expresa lo siguiente: “El juez estatuye en materia graciosa cuando en ausencia de litigio, él es apoderado de una demanda, de la cual la ley exige, en razón a la naturaleza del asunto o la calidad del requeriente, que ella sea sometida a su control”.

La intervención del juez es solicitada por una persona aunque nada impide que pueda serlo por más de una a la vez.

Los diversos casos en los cuales el juez actúa en materia graciosa, son los siguientes:

1.        El tribunal interviene para verificar algunos actos, confiriéndoles autenticidad. Por ejemplo, en caso de emancipación;
2.        Se acude al juez en busca de protección, bien sea de un menor incapaz o de un mayor incapaz. Ejemplo: en caso de homologaciones a deliberaciones de los consejos de familia, en ocasión de una partición o de la organización de la tutela o curatela;
3.        Las intervenciones judiciales que se producen en el curso de una instancia, pero desprovistas de carácter jurisdiccional, a fin de facilitar la instrucción de un proceso.

En esta última categoría suelen incluirse las sentencias relativas a la instrucción, tanto preparatorias como interlocutorias, así como las provisionales.


12.2 Efectos procesales en cada caso, es decir, efectos procesales de la sentencia y de los autos administrativos.

Efectos Procesales de la Sentencia.-
1)      Autoridad de la Cosa Juzgada.
A)    Autoridad de la Cosa Juzgada frente a las Partes.- La autoridad de la cosa juzgada, en lo que se refiere a las partes, se manifiesta sobre el derecho sustancial sometido al juez, así como el plan procesal y formal. En relación al fondo, la autoridad de la cosa juzgada tiene un aspecto positivo, porque el litigante que obtiene ganancia de causa puede proceder a la ejecución de la sentencia. Pero también hay un aspecto negativo, en el sentido de que existe una prohibición que impide a las partes someter el mismo asunto por ante otro juez o jurisdicción.
B)    Autoridad de la Cosa Juzgada frente al Juez.-  El Efecto normal de toda sentencia es el desapoderamiento del juez, salvo el caso de sentencias llamadas de ante de hacer derecho, las cuales no lo desapoderan
2)      El Desapoderamiento del Juez con relación a lo Fallado. Esto es una consecuencia de la autoridad de la Cosa Juzgada, si ha habido identidad de partes, de objeto y de causa.
3)      El Efecto Declarativo del Acto  Jurisdiccional. Esto se desprende de la misma naturaleza del acto jurisdiccional. Las partes ponen sus pretensiones delante del juez y este debe decidirlas declarando quien tiene la razón jurídica. Es decir, la sentencia consolida los derechos de los litigantes sin otórgales otros diferentes.
4)      Puede impugnarse por la vía del Recurso Procedente.

Efectos Procesales del Acto Administrativo.-
1)      No tiene Autoridad de la Cosa Juzgada.-Esto es porque nada ha sido juzgado. 2) No Desapodera al Juez. Esto es porque el podría nuevamente corregir o completar su decisión, cuando hechos nuevos son aportados. Esta posibilidad se nota claramente cuando el juez dicta una ordenanza autorizando un embargo conservatorio. 3) Puede Atacarse por Vía Principal en Nulidad.

12.3 Errores materiales que no afectan el fondo de la sentencia administrativa o jurisdiccional. La decisión graciosa no desapodera al juez. En consecuencia, él podría nuevamente corregir o completar su decisión, cuando hechos nuevos son aportados.

Esta posibilidad de retractación se nota claramente cuando el juez dicta una ordenanza autorizando un embargo conservatorio.

El artículo 104 de la Ley 834 de 1978, tajantemente expresa que la ordenanza en referimiento no tiene la autoridad de la cosa juzgada y puede modificarse o renovarse si surgen nuevas circunstancias.

12.4 Posibilidad de hacer correcciones materiales.

La decisión graciosa no desapodera al juez. En consecuencia, él podría nuevamente corregir o completar su decisión, cuando hechos nuevos son aportados.

12.5 Procedimiento.

Art. 102.- Ley 834. La demanda es llevada por vía de citación a una audiencia que se celebrará a éste efecto el día y hora habituales de los referimientos. Si, sin embargo, el caso requiere celeridad, el juez de los referimientos puede permitir citar, ahora fija aún los días feriados o de descanso, sea en la audiencia, sea en su domicilio con las puertas abiertas.

TEMA 13. Clasificación de las sentencias. Sentencias preparatorias y sentencias interlocutorias.  Sentencias definitivas sobre incidente. Sentencia en defecto y contradictoria.  Sentencia en defecto y reputada contradictoria.  Sentencia de expediente.  Sentencia mixta.  Sentencia constitutiva y declarativa.  Sentencia en única y en última instancia. Sentencia que ordenan el descargo pura y simple.

13.1 Sentencia preparatorias y Sentencia interlocutorias. Es preparatoria la sentencia dictada para la sustanciación de la causa y para ponerla en estado de recibir fallo definitivo.

Son sentencias preparatorias:
1)      la sentencia que ordena una comunicación de documentos, por lo que no podría apelarse;
2)      la sentencia que ordena la comparecencia personal de las partes;
3)      la sentencia que dispone aportar documentos de carácter procesal;
4)      la sentencia que se limita a ordenar una fusión de expedientes;
5)      la sentencia que ordena una información testimonial;
6)      la sentencia que ordena la reapertura o continuación de debates;
7)      la sentencia que reenvía una causa;
8)      la que aplaza un fallo;
9)      la sentencia que ordena pura y simplemente un descenso a los lugares litigiosos.

En fin, es preparatoria  toda sentencia dictada para sustanciar la causa.

Las sentencias preparatorias no se pueden apelar sino conjuntamente con la definitiva, tampoco son susceptibles del recurso de casación

La sentencia interlocutoria es aquella que el tribunal pronuncia en el discurso de un pleito, antes de hacer derecho, ordenando prueba, verificación o trámites de sustanciación que prejuzga el fondo. Una sentencia interlocutoria es la que sobreseen el fondo del asunto debatido para subordinar esa decisión a la de otro tribunal.

Son sentencias interlocutorias:

1)      la que ordena un informativo y un contrainformativo para establecer la prueba contraria de los hechos alegados por una de las partes;
2)      la que ordena un peritaje para probar una calidad invocada en justicia, que haría titular de un derecho a una persona;
3)      las que sobreseen el fondo de un asunto debatido, para subordinar esa decisión a la de otro tribunal;
4)      las que rechazan el pedimento hecho por una de las partes de alguna medida de instrucción, porque la negativa del juez prejuzga el fondo.

Los efectos de las sentencias interlocutorias son:
-          Cuando se ordena una medida, el tribunal que la ha ordenado no puede retractarse y en consecuencia debe proceder a efectuarla;
-          Debe ejecutarse ante del juez estatuir sobre el fondo, a no ser que las partes renuncien a la medida ordenada por la decisión interlocutoria o la medida sea de imposible realización;
-          La sentencia interlocutoria, aunque prejuzga el fondo, no liga al juez.

13.2 Sentencia definitiva sobre incidente: Es definitiva no solamente la sentencia que pone término a la contestación, sino también la que resuelve acerca de un incidente del procedimiento.

Con la sentencia definitiva el juez queda finalmente desapoderado de la cuestión que se le sometió incidentalmente en el recurso de la instancia, salvo la posibilidad de un recurso contra la sentencia.

Ejemplo: cuando se promueve una excepción de nulidad, el tribunal admite o la rechaza por medio de una sentencia, la cual es definitiva con respecto a un incidente. Lo mismo ocurre con relación a las excepciones declinatorias, dilatorias, etc. Estas sentencias son definitivas con respecto a tales incidentes porque ponen fin a una instancia accesoria que ha venido a interponerse, con una digresión, en el curso de la instancia.

13.3 Sentencia en defecto y contradictoria: La sentencia es contradictoria cuando han comparecido tanto el demandado como el demandante.

La sentencia en defecto, cuando no ha comparecido una de las partes, normalmente el demandado, pues al menos en materia civil ordinaria, de la competencia del Juzgado de Primera Instancia se considera que el demandante comparece desde que lanza el acto de emplazamiento.

13.4 Sentencia en defecto y reputada contradictoria: Las sentencias en las cuales las partes comparecen pero no concluyen (defecto por falta de concluir) son llamadas sentencias en defecto y reputadas contradictorias.

13.5 Sentencia de expediente: Es aquella que es pronunciada respecto de un proceso entre las partes que han estado desde el principio o que han llegado a ponerse de acuerdo acerca de la cuestión sometida al tribunal. Esto puede presentarse en dos hipótesis:

1)       Puede ocurrir que dos personas simulen una contestación, que en realidad, encubra un acuerdo que han pactado, y luego, mediante una acción en justicia incoada por una de ellas contra la otra, concurran ante el tribunal, concluyan en consonancia con lo convenido, y obtengan así una sentencia que consagre ese acuerdo previo. Ha habido en este caso un proceso simulado; como toda simulación, el proceso simulado es lícito siempre que no tenga por objeto contravenir una norma legal de orden público; y

2)       Puede ocurrir que un litigio haya existido efectivamente entre las partes, y que, después de haberlo sometido al tribunal, ellas convengan en una transacción o en un desistimiento, o que una de las partes preste aquiescencia a las pretensiones de la otra, y luego concluyan en tal forma que la sentencia venga realmente a consagrar el acuerdo de las partes. En este caso hay simulación sobrevenida en el curso del proceso, y es lícita si intervienen en las mismas condiciones que la simulación que tiene por objeto incoar un proceso.

13.6 Sentencia mixta: Es aquella que resuelve una parte de lo principal y a la vez ordena una medida de instrucción o una medida provisional. Es decir que una sentencia mixta puede contener disposiciones de carácter interlocutorio y también definitivo. También tienen carácter mixto las sentencias que a la vez contienen disposiciones preparatorias e interlocutorias, ya que una misma decisión puede contener más de una disposición.

Las sentencias de carácter mixto presentan un doble problema porque al mismo tiempo que son definitivas también son sentencias de “antes de hacer derecho”.

La sentencia mixta, en su parte definitiva, debe tener autoridad de la cosa juzgada, pero en la parte en que ella es una sentencia de “antes de hacer derecho”, no debe tener dicha autoridad.

Como definitiva, debe desapoderar al juez pero como sentencia de “antes de hacer derecho”, no debe desapoderarlo.

Las sentencias definitivas se impugnan de inmediato por medio del recurso procedente. Si el recurso se ejerce contra la parte del dispositivo que ordena la medida de instrucción o la medida provisional, es irrecibible.

Si las dos partes son independientes, el recurso ejercido en relación a lo definitivo no tiene incidencia sobre lo que concierne a la parte de “antes de hacer derecho”.

13.7 Sentencia constitutiva y declarativa: Se denominan sentencias declarativas aquellas que comprueban la existencia de un derecho o reconocen una situación jurídica. Así por ejemplo, una sentencia rendida en ocasión de un reconocimiento de escritura.

Las sentencias declarativas también son dictadas por el Tribunal de Tierras en ocasión del saneamiento de un terreno.

Las sentencias constitutivas son aquellas por medio de las cuales es creada una situación jurídica, bien sea modificando un estado de cosa anterior, decretando su abolición o cambiándolo por otro. Ejemplo: las sentencias que admiten un divorcio porque rompe la situación jurídica que origina el matrimonio.

Es constitutiva la sentencia que admite un divorcio porque rompe la situación jurídica que origina el matrimonio.

También son constitutivas las sentencias que ponen en interdicción a una persona, así como aquellas que levantan la interdicción.

13.8 Sentencia en única y última instancia: En los casos en que el segundo grado es suprimido por la ley o en el que las partes renuncian anticipadamente a la apelación, la sentencia es llamada en única instancia. Es susceptible de los recursos extraordinarios de revisión civil y de casación.

Cuando la sentencia es apelable, y el recurso de apelación es interpuesto, la decisión del juez del segundo grado se dice dictada en última instancia.

13.9 Sentencias que ordenan el descargo puro y simple.


TEMA 14: Los componentes de la sentencia. Planos fáctico, deliberativo, axiológico, lógico y gramatical.

14.1 Plano fáctico: Es el que se refiere a la exposición de los hechos que dan lugar a la controversia entre las partes. Este implica el estudio de los hechos a fin de deducir consecuencias jurídicas de ellos.

El juicio de hecho consiste en la determinación de los hechos que van a ser calificados jurídicamente y puede ser dividido en tres fases:
-          la presentación de los hechos (hechos alegados);
-          la actividad probatoria (interpretación y valoración);
-          la fijación de los hechos (relato fáctico de los hechos sobre los cuales se va a centrar el juicio de derecho).

El juez realiza ese juicio de hecho con el fin de reconstruir los hechos en lenguaje y terminologías jurídicas, examinándolos como susceptibles de ser analizados desde una perspectiva normativa a fin de concretizar la norma jurídica individual que constituye la sentencia que pone fin al litigio.

14.2 Plano deliberativo. Relativo al razonamiento que hace el juez para determinar cuales son las disposiciones legales aplicadas a esos hechos. La deliberación tiene lugar cuando los jueces discuten el fallo que van a adoptar. En la deliberación solo participan los jueces por ante los cuales el asunto fue debatido, este principio es rígido para la materia penal, en materia civil no es así, pues es permitida la sustitución de uno o varios jueces, la razón de esto es que el procedimiento es escrito y el nuevo juez encontrara los documentos en los cuales fundamenta su fallo.  

Es llamado también plano regulatorio.

De acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico, determinamos cuáles fuentes del derecho serán aplicadas al caso específico.

Ubicar la respuesta jurídica que el caso requiere y establecer la regla conforme a la cual vamos a medir los hechos, esa regla  puede ser legal, constitucional, principios.....

Dentro de las fuentes del derecho se concede privilegio a la Constitución, a sus normas, principios y valores; luego a la demás fuentes del derecho, a la ley ordinaria, a los tratados internacionales, a los decretos, a las resoluciones, a los reglamentos, tomando en cuenta la jerarquía de las fuentes infraconstitucionales.

14.3 Plano axiológico. Que es la de los valores éticos que se toman en cuenta al momento en que el juez estructura su sentencia.

Los valores jurídicos legitiman las normas de derecho, si existe contradicción entre los valores y la norma, estamos en presencia de reglas con apariencia de derecho, pero carentes de juridicidad.

Todas las normas que integran el ordenamiento jurídico que regula la conducta de los individuos en sociedad, deben estar inspiradas en los máximos valores, pues todo sistema legal debe ser  el resultado de la legitimidad, es decir, de una forma de entender y jerarquizar determinados valores.

La razón de ser de la creación, aplicación y obediencia de las normas es la consecución de determinados valores, entre los que podemos destacar la justicia, la seguridad, la paz y el orden, entre otros.

El análisis del juez al momento de estructurar la sentencia debe seguir, desde su inicio hasta el final, las reglas de la lógica sobre la base de los valores.

14.4 Plano lógico. Se refiere al razonamiento que hace el juez una vez que tiene en sus manos los hechos y el derecho para llegar a la conclusión de tomar su decisión en uno u otro sentido.

La redacción de la sentencia supone el respeto de la estructura lógica, que evidencie una buena labor de interpretación jurídica que culmine con la decisión del organismo jurisdiccional.

Se construye un silogismo, pero no silogismo teórico del modelo dogmático, sino un silogismo práctico impregnado de valores, midiendo los argumentos presentados.

En la redacción de la sentencia se produce un ir y venir delos hechos y el derecho. Los hechos los vamos precisando a medida que lo van requiriendo las reglas y las reglas las vamos precisando a medida que se van precisando los hechos.

Se produce la decisión normativa general, la decisión fáctica y si esto tiene conexión permite que haya una conclusión que será la decisión normativa individual.

14.5 Plano gramatical. El juez al redactar su sentencia, debe expresarse correctamente, utilizar bien el lenguaje para conseguir que su sentencia sea clara, eficiente y eficaz. El juez utiliza en su sentencia el lenguaje escrito y debe hacerlo de una manera efectiva, para como emisor lograr transmitir el mensaje que desea que le llegue el receptor de manera que este entienda su contenido. Que es muy importante y es la forma que debe observar el juez para que su sentencia sea bien entendida, bien interpretada y que refleje realmente cual ha sido su decisión.

El uso adecuado del lenguaje tiene gran importancia en la redacción de la sentencia, pues ésta como decisión normativa individual, no debe presentar ambigüedades y confusiones. Debe ser clara y precisa. Una palabra mal empleada puede provocar la casación de la sentencia.

Cuando utilizamos una palabra que tiene un significado en el ámbito científico – jurídico, en el científico general, o en el lenguaje ordinario, debemos privilegiar el científico - jurídico.

Se recomienda no utilizar palabras vagas o ambiguas y si se han usado, deben despejarse las dudas del contexto. Un mal empleo de los signos de puntuación puede cambiarle el sentido a una oración e inclusive a todo un párrafo.

La carga emotiva que llevan las palabras prejuicia sus significados y favorece su vaguedad.

TEMA 15: La ejecución de la sentencia. Notificación de la sentencia en defecto y contradictoria. Plazos. Perención la sentencia en defecto y contradictoria. Fuerza ejecutoria. Requisitos. La ejecución provisional. Demanda en suspensión de la ejecución de la sentencia. Requisitos para la suspensión. Jurisprudencia. 

La ejecución de la sentencia.

 La sentencia por ser el acto jurisdiccional que termina la instancia, produce estos efectos:

1)      desapoderamiento del tribunal del conocimiento del proceso
2)      declaración o constitución de un derecho o de una situación jurídica, según los casos;
3)      autoridad de l cosa juzgada;
4)      fuerza ejecutoria;
5)      hipoteca judicial.

Estos efectos se producen, normalmente, en el acto de pronunciación de la sentencia. Otras formalidades posteriores a la pronunciación, especialmente la notificación de la sentencia, vienen a reforzar o a confirmar sus efectos.

15-1- Notificación de la Sentencia en Defecto y Contradictoria.-
Es el acto procesal preparado a reque­rimiento de una de las partes del proceso, mediante el cual la sentencia es llevada a conocimiento de la otra parte. En regla general, la ley no considera suficientemente conocida la sen­tencia por la parte que sucumbe por el sólo hecho de su pro­nunciación en la audiencia_ paria sunt non esse et non signi­ficari. Esto no significa, sin embargo, que todos los efectos de la sentencia se produzcan únicamente a partir de su notifica­ción. Desde el momento de su pronunciación, la sentencia produce algunos efectos: contiene una declaración de dere­cho en favor de la parte gananciosa, y ésta puede practicar desde ese momento los actos conservatorios de su derecho, especialmente el de inscribir o el de registrar la hipoteca judi­cial.
La notificación de la sentencia tiene dos finalidades: sir­ve de preliminar a la ejecución forzosa; hace correr los plazos para el ejercicio de las vías de recurso (Casación, 15 de octu­bre de 1926, B. J. 195, p. 3; 30 de octubre de 1934, B. J. 327, p. 576(20)
Conviene no obstante, tener en cuenta, como se expon­drá más adelante (infra, Cap. V), que en la actualidad, de acuerdo con los principios establecidos en la L. 834 (arts. 113 y
s.) la sentencia adquiere la fuerza ejecutoria cuando no es susceptible de ningún recurso ordinario.
Hay sentencias que pueden ser ejecutadas sin necesidad de ser notificadas, como por ejemplo la que da acta de la constitu­ción del abogado en audiencia en caso de demanda obligatorio, las sentencias son objeto de dos notificacio­nes: una al abogado, otra a la parte.
Por consiguiente, todas las sentencias del j. de paz, de los j. de primera instancia tanto en materia civil como comer­cial, las de c. de apelación, deberán ser objeto de esta doble notificación.
Notificación a abogado. De acuerdo con lo expresado, y en virtud de lo dispuesto por el art. 147 del C. de Pr. Civil y 17 de la L. 91 de 1983, las sentencias deben ser siempre no­tificadas al abogado de la parte adversa, en los casos en que haya abogado constituido. En ciertos casos basta la notifi­cación al abogado; pero generalmente la sentencia debe tam­bién ser notificada a la parte.
La notificación de la sentencia al abogado es un acto de indiscutible utilidad. En los asuntos antes indicados el abo­gado asume la entera representación de su cliente; a él corres­ponde pues, aconsejarle acerca del partido que debe tomar frente a una sentencia desfavorable; ejecutarla en caso de con­formidad; interponer el correspondiente recurso en caso con­trario.
La notificación al abogado es la únicamente exigida cuando se trata de una sentencia preparatoria o de una sen­tencia interlocutoria, en razón de que se trata de fallos enca­minados a la instrucción del asunto, la cual se halla confiada a los abogados. También es suficiente la notificación al abo­gado cuando la sentencia, aun siendo provisional o definiti­va, no contiene condenación.
Es discutida la cuestión de saber si basta la notificación al abogado cuando se trata de sentencia que ordena una me­dida de instrucción en que la parte deba participar personal­mente, como por ej. una comparecencia personal, un jura­mento. Se ha pretendido que en este caso sería necesario no­tificar también la sentencia a la parte misma; pero no exigién­dolo expresamente la ley, es preciso admitir que basta la noti­ficación al abogado.
Cuando no hay abogado en causa, porque ha muerto o ha cesado en el ejercicio de la profesión, basta la notificación a la parte (art. 148), debiéndose mencionar en esa notifica­ción el hecho que motiva la falta de abogado.
Cuando hay varias partes con distintos abogados, cada uno de éstos debe recibir una copia de la notificación de la sentencia. Cuando varias partes han constituido colectiva­mente a un único abogado, se admite generalmente que basta una sola notificación a éste; pero es preferible, especialmen­te cuando las partes no tienen el mismo interés, hacer tantas notificaciones como partes haya.
Notificación a parte. Cuando se trata de sentencias de­finitivas o de sentencias provisionales que contengan conde­nación, la ley exige que sean también notificadas a la parte condenada, a su persona o en su domicilio, y que en la noti­ficación se mencione que la sentencia fue también notifica­da al abogado (art. 147).
Cuando hay varias partes condenadas, cada una de ellas debe recibir una copia de la notificación de la sentencia, con­forme al principio general que rige en esta materia (supra, Libro III, Cap. 1, Sección l), aún cuando ellas sean marido y mujer.
Notificación conjunta. En la práctica, si el abogado y su cliente residen en la misma localidad, se acostumbra hacer la notificación de la sentencia a ambos simultáneamente, mediante un solo acto.

Mención del plazo del recurso. De acuerdo con el art. 156 mod. por la L. 845 de 1978, la notificación de la senten­cia en defecto o reputada contradictoria deberá contener a pena de nulidad, la mención del plazo de la oposición fijado por el art. 157 o del plazo de la apelación establecido por el art. 443, según sea el caso (Casación: 13 de febrero, 1984, B. J. 879, p. 243; 28 de julio, 1984, B. J. 884, p. 1830).

Ejecución sobre original. El art. 116 de la L. 834 esta­blece como regla general que las sentencias no pueden ser eje­cutadas contra aquellos a quienes se les opone sino después de haber sido notificadas, a menos que la ejecución sea volun­taria. Dicha disposición consigna la excepción, al establecer que, en caso de ejecución sobre minuta, la presentación de ésta vale notificación. Este principio ha sido establecido ade­más en los art. 17 del C. de Pr. Civil para las sentencias de los j. de paz y 24 de la L. de O. J. ref. por la L. 735 de 1934, que autorizan al juez a ordenar, en los casos que hubiere peligro en el retardo, la ejecución de la sentencia sobre original. El art. 105 de la L. 834 para los referimientos, autoriza al juez "en caso de necesidad" a ordenar la ejecución a la vista de la minuta.
En estos casos, el original es entregado al alguacil, a fin de que proceda a los actos de ejecución, y lo devuelva des­pués al secretario.

15-2- Plazos.

Los plazos de acuerdo con los Art. 157 y 443 modificado por la ley 845 es de 15 días a pena de caducidad para el recurso de oposición en caso de sentencia declarada en defecto. De 1 mes para interponer el recurso de apelación en aquellas sentencias reputadas contradictorias.

15-3- Perención de la Sentencia en Defecto y Reputada Contradictoria.-
La Ejecución de las sentencias que han sido dictadas en forma contradictoria, se benefician de la más larga prescripción, es decir, las mismas prescriben a los 20 años. Mientras que las sentencias en defecto deben ser notificadas dentro de los 6 meses de su pronunciamiento.

15-4-Fuerza Ejecutoria [1].-
Toda sentencia, por ser un mandato emana­do del órgano jurisdiccional, debe ser ejecutada, bien sea vo­luntariamente por las partes del proceso, bien sea forzosa­mente contra la parte que debe ejecutarla y que se niega a ha­cerlo.
Las sentencias de instrucción, como por ej. las que pres­criben una visita de lugares, una información testimonial, etc., son ejecutadas en las formas precedentemente expuestas.
Las sentencias que condenan a la entrega de una cosa de­terminada, mueble o inmueble, son ejecutadas mediante la toma de posesión de esa cosa por la parte gananciosa, asisti­da por un alguacil, y, si es necesario, con el auxilio de la fuer­za pública.
Las sentencias que condenan al pago de una suma de di­nero son ejecutadas mediante un embargo.
De acuerdo con el Código de Pr. Civil, la ejecución de la sentencia era posible, en todos los casos, después de llenar el requisito esencial de ser notificada al abogado de la parte con­tra quien se persigue la ejecución, en todos los casos en que se requería su ministerio, y casi siempre también, a la parte mis­ma, con las distinciones establecidas en el art. 147. De acuer­do pues con la antigua legislación era el ejercicio del recurso y no el plazo para interponerlo lo que privaba a la sentencia de su fuerza ejecutoria.
En virtud de lo dispuesto por el art. 113 de la L. 834, tiene fuerza ejecutoria la sentencia que no es susceptible de un recurso suspensivo de la ejecución. La sentencia suscep­tible del indicado recurso adquiere la misma fuerza de la co­sa juzgada a la expiración del plazo para interponer el recurso que corresponda cuando éste no ha sido ejercido en el plazo.
La sentencia es ejecutoria desde que pasa en fuerza de cosa juzgada a menos que el deudor se beneficie de un plazo de gracia o el acreedor de la ejecución provisional (art. 114 de dicha ley).
De acuerdo con las señaladas disposiciones legales, no basta llenar el requisito de la notificación exigido por el art. 116 de la L. 834. El plazo del recurso de apelación o de opo­sición es suspensivo de la ejecución sin distinguir que la eje­cución deba realizarse contra la parte o contra un tercero.
La sentencia adquirirá pues la fuerza ejecutoria cuando transcurra el plazo del recurso, si éste no ha sido ejercido.
Es este indudablemente el sentido y alcance de las cita­das disposiciones de la L. 834, a pesar de que no existe en nuestra nueva legislación una disposición similar a la del art. 539 del Nuevo Código de Procedimiento Civil Francés en cu­ya virtud "El plazo del recurso para una vía ordinaria suspen­de la ejecución de la sentencia. El recurso ejercido en el pla­zo es igualmente suspensivo".
Las disposiciones de los arts. 449 y 450 que prohibían el ejercicio del recurso de apelación o suspendían la ejecución de las sentencias durante un plazo de ocho días contados des­de la fecha de la sentencia, han sido derogadas por la L. 845 de 1978. No tienen, en el estado actual de nuestra legisla­ción, ninguna razón de ser.
La sentencia que ordena el cumplimiento de ciertas me­didas por un tercero, sea un particular o un funcionario pú­blico, como por ej. un pago a efectuar por el tercero embar­gado, el pronunciamiento y la inscripción de un divorcio por el oficial del estado civil, la cancelación de una hipoteca por el conservador de hipotecas o por el registrador de títulos, son ejecutadas por esos particulares o funcionarios a diligen­cias de la parte interesada. En estos casos, lo mismo que en los anteriormente mencionados, la ejecución va dirigida tam­bién contra la parte condenada, pero con la particularidad de que tiene que obtenerse a través de personas que no tienen ningún interés personal en la contestación y que no han figu­rado en el proceso. Estas personas no pueden negarse a la eje­cución de la sentencia; pero tienen derecho antes de ejecutar, de exigir las justificaciones previstas en el art. 119 de la L. 834. En efecto, dicha disposición legal establece que "Los levantamientos, radiaciones de seguridades, menciones, trans­cripciones o publicaciones que deben ser hechos en virtud de una sentencia son válidamente hechos a la vista de la produc­ción, por todo interesado, de una copia certificada conforme de la sentencia o de un extracto de ella, y si no es ejecutoria a título provisional, de la justificación de su carácter ejecu­torio. Esta justificación puede resultar de un certificado ex­pedido por el abogado".
El art. 117 de la referida L. 834 establece que "la prue­ba del carácter ejecutorio resulta de la sentencia misma cuan­do ella no es susceptible de ningún recurso suspensivo", co­mo sería el caso de las sentencias dictadas en única o en úl­tima instancia, "o cuando se beneficia de la ejecución provi­sional''. Y continúa expresando la citada disposición legal que en los demás casos, esta prueba resulta, sea de la aquies­cencia de la parte condenada, sea de la notificación de la sentencia y de un certificado que permita establecer, por co­tejamiento con esta notificación, la ausencia, en el plazo, de una oposición, de una apelación, o de un recurso de casación cuando éste fuera suspensivo.
A estos fines, el art. 118 expresa que toda parte podrá hacerse entregar por el secretario de la jurisdicción ante la cual el recurso pudiera ser interpuesto, un certificado que atestigüe la ausencia de oposición, de apelación o de un re­curso de casación o que se indique la fecha del recurso cuan­do éste hubiera sido interpuesto.

15-5- Requisitos[2].-
Una sentencia es ejecutoria cuando no es susceptible de ningún recurso suspensivo de su ejecución o cuando dicho recurso no hubiera sido interpuesto dentro del plazo establecido. La ejecución de la sentencia es: aplazada, cuando el deudor goza del beneficio de un pla­zo de gracia (art. 123 y s. de la L. 834); suspendida, cuando es impugnada por oposición o apelación, o cuando, al ser im­pugnada mediante e, recurso extraordinario de
la casación, la S. C. de Justicia dispone que se suspenda la ejecución (art. 12 de la L. sobre Pr. de Casación); diferida, en casos de fal­sedad, de cancelación de hipoteca, etc. hasta que haya adqui­rido el carácter de la cosa irrevocablemente juzgada (art. 241 del C. de Pr. Civil; 116 a 118 de la L. 834 de 1978; 2157 del C. C. Cuando la sentencia no esta obstucalizada con ninguno de los casos antes previstos los requisitos de ejecución pueden proceder a su fin.
Es importante distin­guir estos dos efectos de la sentencia. Algunas sentencias tie­nen fuerza ejecutoria sin tener en cambio autoridad de cosa juzgada, como por ej. las sentencias previas (de instrucción y provisionales), y las dictadas en referimiento.
Por otra parte, una sentencia es ejecutoria, de acuerdo con los arts. 113 y 114 de la citada L. 834 cuando no es sus­ceptible de ningún recurso suspensivo de su ejecución, o cuando dicho recurso no hubiera sido interpuesto dentro del plazo establecido. La sentencia es por consiguiente ejecutoria desde que pasa en fuerza de cosa juzgada, a menos que el deu­dor se beneficie del plazo de gracia o el acreedor de la ejecu­ción provisional (v. en el presente capítulo supra, Concepto).

15-6-La Ejecución Provisional[3].-
Son las fundamentadas en sentencias susceptibles o atacadas por los recursos ordinarios de oposición o apelación. En qué consiste. Uno de los efectos del ejercicio de las vías ordinarias de recurso (oposición y apelación) es el de suspender la ejecución de la sentencia atacada. Este efecto puede ser eliminado, en ciertos casos, mediante el pronuncia­miento de la ejecución provisional, que es un beneficio que los tribunales pueden, y a veces deben conceder, a la parte gananciosa, en cuya virtud la sentencia puede ser inmedia­tamente ejecutada, aunque fuere impugnada por oposición o por apelación.
Justificación. De acuerdo con el Código de Pr. Civil, este beneficio extraordinario se justifica sea en razón de las muchas probabilidades de éxito definitivo que existen en favor de la parte que ha obtenido ganancia de causa, sea en razón de la urgencia que esa parte tenía en ejecutar el fallo obtenido. Estos principios, como se verá más adelante, han sufrido una profunda evolución en el derecho moderno.
Antigua legislación. Evolución. Antes de las modifica­ciones introducidas por la L. 834 de 1978, que recogió en parte las disposiciones de los arts. 5 14 a 526 del Nuevo Có­digo de Procedimiento Civil Francés, existían de acuerdo con el art. 135 dos clases de ejecución provisional: una no obs­tante oposición (antiguo art. 155), otra, no obstante apela­ción (antiguos arts. 449 y 450).
Además, en relación a las sentencias en defecto, existía una ejecución provisional de carácter especial, la que podía intervenir durante el plazo de octava a partir de su notifica­ción (antiguo art. 155). Por otra parte, las reglas aplicables en esta materia no eran las mismas para la jurisdicción civil y para el procedimiento comercial, o el j. de paz.
Se reprochaba a este sistema el de ser complicado y po­co flexible.
En Francia, las reformas al sistema de la ejecución pro­visional establecidos en el C. de Pr. Civil se iniciaron con la ley del 23 de mayo de 1942 y posteriormente con los Decre­tos del 28 de agosto de 1972 y 17 de diciembre de 1973, has­ta culminar con las disposiciones anteriormente señaladas del Nuevo Código. Esta evolución de la legislación francesa en lo que atañe a la ejecución provisional se encaminó princi­palmente a la eliminación de las diferencias entre las senten­cias contradictorias y las sentencias en defecto, a la unifica­ción del sistema del procedimiento para todas las jurisdic­ciones, así como la implantación de un sistema más flexi­ble en lo concerniente a los poderes del juez en la apreciación de su oportunidad y procedencia, criterio que no estaría en lo adelante fundamentado únicamente en la existencia de la urgencia o de peligró en la demora.
En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el art. 515 del Nuevo Código de Procedimiento Civil, adoptado por el art. 128 de la L. 834 de 1978, "Fuera de los casos en que es de derecho, la ejecución provisional puede ser ordenada, a solicitud de las partes o de oficio, cada vez que el juez lo estime necesario y compatible con la naturaleza del asunto, a condición de que ella no esté prohibida por la ley. Puede ser ordenada para toda o parte de la condenación. En ningún caso puede serlo por los costos".
De la transcripción que antecede, pueden distinguirse tres casos: aquellos en que la ejecución provisional tiene lu­gar de pleno derecho (ejecución provisional legal); aquellos en que es prohibida por la ley; aquellos en que es dejada a la apreciación del juez (ejecución provisional facultativa).
De acuerdo con el antiguo sistema, podían distinguirse, además de la ejecución provisional legal, los casos de ejecu­ción provisional judicial en los que la ley imponía al juez la obligación de prescribir la ejecución provisional, y se trata­ba entonces de ejecución provisional judicial imperativa; o a veces le daba la potestad de hacerlo, y se trataba entonces de ejecución provisional judicial facultativa.
Ejecución provisional legal. Algunas sentencias son pro­visionalmente ejecutorias, no obstante oposición o no obstan­te apelación, de pleno derecho, en virtud de una disposición expresa de la ley. En estos casos excepcionales, la ejecución provisional resulta del mismo contenido de la sentencia: la parte interesada no tiene que pedir que se la ordene; tampo­co tiene el tribunal que prescribirla. Esto ocurre, por ej.: con las sentencias dictadas en materia de desahucio (art. lo. 2o., ref. por la L. 571 de 1941); con las sentencias dictadas contra las personas que alteren el orden en la audiencia (art. 89 y 90); con las sentencias intervenidas respecto de la recu­sación de un juez o de un perito (art. 392 y 396); con las sen­tencias que decidan respecto de la constitución de un fiador (art. 521); con los autos dictados en referimiento (art. 105 de la L. 834 de 1978); con las sentencias pronunciadas en ma­teria de compulsorio (art. 848); con las sentencias declarato­rias de quiebra (art. 440 del C. de Comercio); las sentencias que ordenan medidas provisionales o conservatorias (art. 127 de la L. 834 de 1978).
Ejecución provisional prohibida. El antiguo art. 135 es­tablecía que la ejecución provisional podía ser prohibida por la ley, posibilidad ésta que también es planteada por el citado art. 128 de la L. 834.
En primer lugar, existe una prohibición que expresamen­te prevee la citada disposición legal: es cuando establece que en ningún caso la ejecución provisional puede ser ordenada por los costos.
En materia de orden, por ejemplo la ejecución provisional es prohibida. En efecto, el art. 765 del Código de Pr. Civil esta­blece que la clausura del orden debe intervenir en los ocho días que sigan a la expiración del plazo de la apelación, o en caso de interposición del recurso, en los ocho lías a contar de la sentencia sobre dicho recurso.
Ejecución provisional facultativa. Constitución de una garantía. Como se ha expresado , el art. 128 de la L. 834 re­conoce la facultad al juez de ordenarla ejecución provisional cuando lo estime necesario y sea compatible con la naturaleza del asunto, siempre que no esté prohibida por la ley. Y, en virtud del art. 130 de la misma ley, esta ejecución provisional estará subordinada a la constitución de una garantía real o personal y podrá consistir además en una suma de dinero sufi­ciente para responder de todas las restituciones y reparacio­nes salvo los casos que se tratarán más adelante, en los cuales la ejecución provisional no estará sujeta a dicha garantía.
Es indudable que la garantía a que se refiere la citada disposición legal se justifica en razón de que la ejecución pro­visional podría causar graves perjuicios materiales y morales a la parte perdidosa puesto que la sentencia puede ser reforma­da en oposición o en apelación, y la garantía serviría para que ésta pudiera obtenerlas restituciones o los daños y perjuicios que pudieren corresponderle. La víctima de la ejecución que­daría pues al abrigo de la insolvencia del ejecutante y parte gananciosa en primera instancia.
Los casos en los cuales el juez subordina la ejecución provisional a la prestación de una garantía son ilimitados, ya que el legislador sólo ha determinado aquellos en que esta ga­rantía no tiene que ser prestada.
Casos en los que no es exigida una garantía. El citado ar­tículo 130 establece que la ejecución provisional no estará su­jeta garantía en los siguientes casos:
1o. Cuando haya ti titulo auténtico. Para entender esta disposición hay que recordar la diferencia que existe entre títu­lo auténtico y título ejecutorio. Todo título ejecutorio es ne­cesariamente título auténtico; pero, inversamente, no todo tí­tulo auténtico es titulo ejecutorio. Los ejecutorios son sola­mente los títulos enumerados en los art. 545 del C. de Pr. Ci­vil ref. por la L. 679 de 1934 y 173 de la L. de R. de T., ref. por la L. 1860 de 1948. La parte portadora de un título eje­cutorio no tiene que incoar una acci6n contra su deudor para exigirle el cumplimiento de la obligación; ella puede proceder directamente a practicar una ejecución forzosa, esto es, sea una ejecución en naturaleza, sea un embargo. En este caso la vía de derecho puesta a disposición de la parte no es la acción en justicia sino la vía de ejecución. En cambio, la parte pro­vista de un título simplemente auténtico, como por ejemplo de una acta de conciliación, tiene necesidad de intentar una acción en justicia para reclamar el reconocimiento de su dere­cho. El juez puede ordenar en este caso .la ejecución provisio­nal y sin fianza de su sentencia, en razón de las serias garan­tías de que se halla rodeado el acto auténtico, dado que es preparado o recibido por un oficial público, cuyas actuacio­nes son fehacientes.
2o. Cuando haya promesa reconocida. Se trata en este caso de un acto bajo firma privada reconocido como sincero por la parte a quien se le opone; este acto produce entre las partes el mismo efecto que un acto auténtico (art. 1322 del C. Civil). Si esa parte lo niega o lo desconoce, el acto bajo fir­ma privada no llega a adquirir fuerza probatoria sino después que el interesado pruebe su sinceridad en el procedimiento de verificación de escritura.
El tribunal no podrá ordenar la ejecución provisional sin fianza de su sentencia sino cuando el acto bajo firma privada tiene fuerza probatoria, lo que ocurre en dos casos: si el acto ha sido espontáneamente reconocido como sincero por la par­te contra quien es invocado; o si , contestada su sinceridad, la parte que lo invoca ha triunfado en el procedimiento inciden­tal de la verificación. Hay que recordar, a este propósito, que la ley da por reconocido el acto bajo firma privada cuando el demandado incurre en el defecto en el _procedimiento de la verificación.
3o. Cuando haya condenación por sentencia no apela­da. La ley se refiere aquí a la hipótesis en que, después de pronunciada una sentencia, se presenten dificultades para su interpretación o su ejecución. El conocimiento de estas difi­cultades corresponde al mismo tribunal que dictó la senten­cia (salvo si se trata de un juzgado de paz), y resuelve sobre el asunto mediante nuevo fallo cuya ejecución provisional y sin fianza puede ordenarse si el demandante se lo pide. Si ha intervenido apelación contra el primer fallo, el conocimiento de estas dificultades pasa a ser de la competencia del presidente de la Corte de Apelación, estatuyendo en referimiento, de conformidad con lo que disponen los arts. 138 y 139 de la L. 834 (sobre los poderes del presidente de la C. de Apelación,
V. Asuntos ante la C. de Apelación. -Poderes del Presidente, en supra, libro VI, cap. IV, Sec. I).
Los casos enumerados anteriormente constituían en la antigua legislación, las situaciones en las cuales el juez estaba obligado, de conformidad con lo dispuesto por el antiguo art. 135 a conceder la ejecución provisional sin fianza (ejecución provisional imperativa).
En la actualidad, pese a que el art. 128 de la L. 834 adopta el principio establecido en el derecho francés (art. 515 del Nuevo Código) que reconoce un poder soberano del juez en el otorgamiento de la ejecución provisional, estos casos, y los que se enumeran a continuación, parece que conservan su carácter imperativo, en razón de que el legislador dominicano mantiene la fórmula del antiguo art. 135.
4o. Cuando se trate de fijación y levantamiento de se­llos y de formación de inventarios. Esta mención es práctica­mente inútil, puesto que estos asuntos, siempre urgentes, son tramitados en la forma de los referimientos y, en este caso, el auto del juez como se ha expuesto, es ejecutorio provisional­mente de pleno derecho (art. 105 de la L. 834, 921, 928, 944).
5o. Cuando se trate de reparaciones urgentes, de lanza­miento de lugares, cuando no haya contrato de arrendamien­to o cuando esté vencido el término estipulado en el contrato.
Casos estos últimos de la competencia del j. de paz (art. lo. mod. por la L. 845 de 1978).
6o. Cuando se trate de secuestrarios, comisarios y guar­dianes.
7o. En los casos de admisión de fiadores y certificadores. El certificador es el fiador del fiador. Esta mención es también superabundante puesto que, de acuerdo con lo que dispone el art. 521 las sentencias intervenidas en esta materia son ejecutorias provisionalmente de pleno derecho.
8o. Cuando se trate de nombramiento de tutores, cura­dores y demás administradores. Como por ej. el consultor ju­dicial y de rendición de cuentas. En cuanto a esto último, de acuerdo con el antiguo art. 135 se consideraba que éste abar­caba tanto la sentencia que ordena la rendición de cuentas como la que la aprueba.
9o. En materia de pensiones y de provisiones de ali­mentos; lo que se justifica por la naturaleza misma del asunto.
Estos últimos casos, eran considerados por el antiguo derecho, como de ejecución provisional facultativa (antiguo art. 135); el juez no estaba obligado a prescribir la ejecución provisional y sin fianza de su sentencia, sino que podía orde­nar ésta si se le pedía y al hacerlo conceder ese beneficio, a su elección, con o sin fianza.
Existe una diferencia sustancial entre la legislación fran­cesa y las disposiciones de la L. 834. En efecto, el art. 515 del Nuevo Código establece el principio general adoptado por el art. 128 de la L. 834 como se ha expresado. Pero respecto de la constitución de una garantía (art. 517 del Nuevo Código), reconoce al juez un poder soberano para acordarla o rechazar­la: su constitución es posible en todos los casos.
En relación a las costas. Como antes se expresó el art. 128 de la L. 834 determina que la ejecución provisional no podrá pronunciarse por las costas. Se trata de un caso de ejecución provisional prohibida.
En cuanto a la parte perdidosa. La ejecución provisio­nal puede ser total o parcial. Puede en efecto, ser acordada por el todo o parte de la condenación (art. 128 de la L. 834).
Esta posibilidad no era reconocida por el antiguo de­recho: la ejecución provisional debía ordenarse por el total de las condenaciones.
En esta materia el juez tiene libertad para decidir, de acuerdo con las circunstancias de la causa, si procede o no acordarla en forma total o parcial.
De acuerdo con el principio general establecido en el art. 116 de la L. 834 la sentencia que ordena la ejecución provisional no puede ser ejecutada sino después de su notifi­cación, a menos que la ejecución sea voluntaria.
Excepcionalmente, cuando los casos requieran celeridad la ejecución puede ser ordenada sobre minuta. Entonces la presentación de la sentencia vale notificación (v. el texto legal citado).

15-7-Demanda en Suspensión de Ejecución de Sentencia.-
Competencia. Casos. De conformidad con lo establecido por el antiguo art. 136, "cuando los jueces hayan omitido pronunciar la ejecución provisional, no podrán ordenarla por una segunda sentencia, salvo a las partes el pedirla en apelación.
La ejecución provisional, una vez ordenada en primera instancia, no podía ser suspendida si no mediante el uso de las vías de la apelación.
De conformidad con lo dispuesto por los arts. 137, 138 y 139 de la L. 834, la facultad de suspender la ejecu­ción provisional ordenada por el juez del primer grado, com­pete exclusivamente al presidente del tribunal de alzada (dicha ley se refiere impropiamente al presidente de la c. de apela­ción), estatuyendo en referimiento, con motivo de un recur­so de apelación, en los siguientes casos:
1)      si está prohibida por la ley:
2)      si hay riesgo de que entrañe consecuencias ma­nifiestamente excesivas.
Por otra parte, el presidente en apelación, puede acor­dar la ejecución provisional cuando ésta no ha sido solicitada en primera instancia, o habiéndolo sido, el juez haya omitido estatuir, así como en el caso de que la ejecución provisio­nal haya sido rehusada. La ejecución provisional puede ser suspendida asimismo en los casos de sentencias impropiamen­te calificadas en última instancia (art. 141 de dicha ley).
Desde luego, la ejecución provisional nunca podrá ser suspendida cuando se trata de una decisión ejecutoria de ple­no derecho, como lo son por ej. las ordenanzas de referimien­to (sobre los poderes del presidente v. Asuntos ante la c. de apelación. Poderes del Presidente, en el libro VI, Título VI, Cap. IV, Sec.

15-9.- Requisitos para la Suspensión.-




15-10.- Jurisprudencia.-



TEMA 16: El recurso de apelación. Finalidad de la apelación;  decisiones apelables.  Plazos de la apelación.  Calidad para apelar.  Formalidades de la apelación.  Lugar de la notificación.  Efecto suspensivo y efecto devolutivo.  Apelación principal, apelación  incidental.  Apelación parcial.  Apelación general.  Apelación diferida en cuanto a las sentencias preparatorias. Avocación en caso de sentencias incidentales.

El recurso de apelación La apelación es una vía de recurso ordinaria, de reformación o anulación, por la cual una parte, que se cree perjudicada por una sentencia, difiere el proceso a jueces de un grado superior.

El recurso de apelación se basa en el principio general que instituye el doble grado de jurisdicción, según el cual todo proceso debe, en principio, desarrollarse en dos instancias ordinarias, la primera y la segunda instancia.

Como la apelación no es de carácter constitucional, la ley lo suprime cuantas veces lo juzga oportuno.

16.1 Finalidad de la apelación, Decisiones apelables.  Su finalidad es permitir un nuevo examen del proceso por jueces más experimentados que los que decidieron en la primera instancia, de manera a asegurar, en lo posible, la deseable regularidad y justeza del fallo.

Con la apelación se busca una mejor aplicación de la justicia.

Decisiones apelables: En principio, toda decisión es susceptible de apelación.

Son apelables:
1)      las sentencias definitivas sobre el fondo;
2)      las sentencias definitivas sobre un incidente, siempre que la sentencia sobre el fondo sea apelable;
3)      las sentencias interlocutorias;
4)      las sentencias provisionales;
5)      las sentencias preparatorias, pero solo conjuntamente con la apelación dirigida contra la sentencia sobre el fondo;
6)      las sentencias en defecto no reputadas contradictorias, después que vengan a ser irrecurribles por oposición.

Para que una sentencia sea inapelable es necesario que la ley lo disponga expresamente.

Los motivos que deciden al legislador a suprimir la apelación, esto es, determinar que el tribunal en ciertos casos juzgue en instancia única son de dos clases:

1)      las basados en la cuantía de un litigio;
2)      las que tiene su razón de ser en el deseo de evitar dilaciones en algunos procedimientos de carácter urgente, como las demandas relativas a los accidentes del trabajo, sentencias sobre las nulidades de forma en el procedimiento de embargo inmobiliario.

Por otra parte, es innecesario decir que cuando no existe un tribunal de un grado superior al tribunal apoderado, como por ejemplo cuando la suprema corte de justicia conoce de ciertas demandas, la sentencia es forzosamente inapelable.

16.2 Plazos de apelación:  El término para apelar es de un mes, tanto en materia civil como en la comercial.

El plazo de la apelación se aumenta en razón de la distancia. Comienza a correr a partir de la notificación de la sentencia.

Cuando el recurso de apelación no es incoado dentro del plazo  de la ley, el recurso se tona caduco.

En materia de referimiento y en las sentencias dictadas por el juzgado de paz el plazo de 15 días. En materia de divorcio es de 2 meses.

Entre nosotros siempre se ha admitido que las sentencias definitivas se pueden apelar enseguida.

En sentido estricto, podemos decir que no se puede apelar cuando ha expirado el plazo de la apelación.

Cuando una parte ha interpuesto apelación fuera del plazo de la ley, el juez debe declarar caduca a apelación, lo cual debe hacer de oficio.

16.3 Calidad para apelar: Tiene derecho a interponer recurso de apelación, todos los que han sido partes en el litigio que ha originado la sentencia susceptible de ser impugnada por apelación.

No procede a apelación contra una persona que no figurado como adversaria del apelante.

Todos los que han figurado en un proceso como interviniente pueden apelar.

El causahabiente, los herederos y sucesores de una persona que fue parte de un litigio que origina la sentencia a impugnarse, pueden también apelar.

Para apelar hay que tener calidad y además interés y capacidad necesaria.

16.4 Formalidades de la apelación: En derecho común la apelación se interpone por medio de acto de citación o emplazamiento.

El acto de apelación debe contener, pues,

1- Las enunciaciones propias de los actos de emplazamiento en materia civil aunque se trate de apelación en materia comercial, o en materia  de referimiento, o de apelación de sentencia  de juzgado de paz.

2- El acto d apelación debe indicar, clara y precisamente, la sentencia contra la cual se apela, a fin de que apelado conozca ciertamente cual es la decisión contra la cual se dirige el recurso. Generalmente se acostumbra a cumplir esta exigencia transcribiendo en el acto de apelación el dispositivo de la sentencia impugnada; pero esto no es indispensable. De no individualizar convenientemente la sentencia afectada, el acto de apelación podría ser declarado nulo por no contener la enunciación del objeto de la demanda.

3- Los motivos de la apelación no es obligatorio que este contenido en el acto de emplazamiento, pero si deberán ser presentados en audiencias mediante conclusiones motivadas. 

16.5 Lugar de la notificación: El acto de apelación debe ser notificado en el domicilio real de la parte recurrida, según lo dispuesto en el artículo 456 del Código de Procedimiento Civil.

16.6 Efecto suspensivo y efecto devolutivo.
La apelación tiene dos efectos:

1)      efecto suspensivo. El recurso de apelación tiene como primer efecto el de suspender la ejecución de la sentencia impugnada.

El efecto suspensivo se produce por el mismo plazo de recurso: la apelación interpuesta dentro del plazo prolonga el efecto suspensivo.

Como las disposiciones de la ley 834 no prohíben sino los actos de ejecución; por consiguiente, la parte gananciosa puede practicar actos conservatorios, como por ejemplo la inscripción o el registro de la hipoteca judicial.

Para evitar el inconveniente que resulta del efecto suspensivo, el apelado puede obtener que se ordene la ejecución provisional de la sentencia.

Cuando el juez de primer grado ha prescrito la ejecución provisional de la sentencia ésta solo podrá ser suspendida por el presidente del tribunal de alzada estatuyendo en referimiento, con motivo de un recurso de apelación en los siguientes casos:
-          si está prohibida por la ley;
-          si hay riesgo de que entrañe consecuencias manifiestamente excesivas;
-          en los casos de sentencias impropiamente consideradas en última instancia.

2)      efecto devolutivo. En razón del efecto devolutivo del recurso de apelación, el proceso pasa íntegramente del tribunal del primer grado al tribunal del segundo grado. De donde resulta que se encuentra apoderado del conocimiento de todas las cuestiones de hecho y de derecho que fueron debatidas ante el juez a quo.

Este tribunal de alzada procede a un nuevo examen del asunto, en hecho y en derecho, y lo decide por medio de una sentencia que puede confirmar la sentencia impugnada, o por el contrario, anularla por vicio de forma y sustituirla por otra, o reformarla total o parcialmente.

El tribunal del segundo grado tiene a s disposición los mismos poderes que el juez de primer grado para instruir la causa, pudiendo prescribir para ese efecto las medidas de instrucción que creyere necesarias.

16.7 Apelación principal, Apelación incidental.

Apelación principal. 
Es la que interpone en primer término, una cualquiera de las partes, sea la demandante o la demandada. .

Apelación incidental.
Es la que el apelado interpone en respuesta a la apelación principal. Es la emanada del intimado. Es decir, en el litigio ante el primer grado tenemos dos partes, una de ellas, generalmente la perdiente, interpone apelación. La parte gananciosa en el primer grado también responde interponiendo apelación al no obtener satisfacción en todas los puntos de su demanda. Esta última es la apelación incidental. La cual es una contrapelación.

El artículo 443 dispone, en efecto, que el apelado podrá intentar apelación incidental en cualquier trámite del pleito, esto es en cualquier estado de causa, pero necesariamente ante de cerrarse los debates.

Las condiciones para el ejercicio de la apelación incidental son análogas a las que se exigen para la apelación principal: interés y capacidad, calidad y no haber dado aquiescencia a la sentencia.

16.8 Apelación parcial.
Esto ocurre cuando una misma sentencia contiene puntos de decisión respectivamente favorables y desfavorables a cada una de las partes: en este caso cada una de ellas tiene interés en impugnar la sentencia solamente en tanto cuanto desestime sus pretensiones. Es decir, que el apelante restringe su apelación a algunos puntos de la sentencia.

16.9 Apelación general.

Es la que abarca todos los puntos de la sentencias en perjuicio de una de las partes, la demandante o la demandada. 

16.10 Apelación diferida en cuanto a las sentencias preparatorias.

Es la apelación que se interpone ante una sentencia de carácter mixto donde solo se va a recurrir el aspecto definitivo de la misma, dejando los aspectos provisionales para ser recurridos con el fondo.  

16.11 Avocación en caso de sentencias incidentales.



TEMA 17: El recurso de oposición. Finalidad de la oposición.  Decisiones recurribles.  Calidad para recurrir.  Formalidades de la Oposición.  Lugar de la notificación.  Efectos suspensivos y efecto devolutivo.  Los cambios operados a partir de la ley 845 del 15 de julio de 1978.

El recurso de oposición. Es el recurso concedido a la parte contra quien ha sido pronunciada una sentencia en defecto.

17.1 Finalidad de la oposición Con su ejercicio el recurrente solicita del tribunal la retractación total o parcial de la sentencia.

Tratándose de la parte demandada que no ha comparecido (defecto por incomparecencia), el recurso de oposición  se explica por el temor de que el demandado no haya recibido la citación para comparecer en juicio. Tratándose del demandado que ha comparecido pero no ha concluido (defecto por falta de concluir), la concesión de este recurso es bastante criticable, puestos que en te caso el hecho de incurrir en el defecto es frecuentemente una maniobra dilatoria, que va en contra de la deseable celeridad del proceso.

17.2 Decisiones recurribles.  Son recurribles en oposición las sentencias dictadas en defecto ya sea por falta de comparecer o que aun compareciendo el demandado no concluyo al fondo. Vamos a enumerar los casos en los cuales no procede la oposición. Son los siguientes:

a)      contra las ordenanzas dictadas en referimiento;
b)      contra las sentencias arbitrales;
c)      contra las dictadas por la Corte de Apelación en ocasión de un recurso de impugnación (le contredit);
d)     en los casos relativa a la quiebra; y
e)      en los casos de divorcio.


17.3 Calidad para recurrir.  Para incoar el recurso de oposición hay que tener interés y por tanto es necesario haber sufrido un agravio con la sentencia que se quiere impugnar. Además ha de tener calidad o lo que es lo mismo: haber sido parte en la instancia primitiva.

Hay que tener capacidad para actuar en justicia, por lo que el incapaz debe ser representado por quien sea de derecho.

Los terceros no pueden interponer recurso de oposición, para ello existe el recurso extraordinario de la tercería.

17.4 Formalidades de la oposición.
La oposición se hace por citación o por emplazamiento en justicia. Esta es la vía normal.

También puede hacerse por acto de abogado a abogado en aquellos casos en los cuales el ministerio de abogado es necesario, como ocurre en materia civil ordinaria por ante el Juzgado de Primera Instancia y en toda materia por ante la Corte de Apelación.

Cuando la oposición se hace por acto notificado de abogado a abogado debe cumplirse una formalidad complementaria: la reiteración de la oposición.

La falta de reiteración está sancionada con la inadmisión, la cual puede invocarse en todo estado de causa.

La oposición debe motivarse, pero no es necesario exponer todos los medios en los cuales ella se fundamenta.

La falta de motivación en el acto de oposición tiene como sanción la nulidad, la cual se cubre si no se propone antes de las defensas al fondo.

17.5 Lugar de la notificación. Debe ser notificada a la persona del condenado o de su representante o en el domicilio del primero, es decir, del condenado. La notificación se hace según las formas ordinarias: por medio de un acto de alguacil, conteniendo copia in extenso de la sentencia a notificarse.

El acto de notificación de la sentencia debe hacer referencia clara de la sentencia que se notifica, lo cual se asegura transcribiendo en él la parte dispositiva de la sentencia, así como su número, la fecha y el tribunal que la ha dictado.

La notificación debe cumplir con otro requisito: hacer mención del plazo de la oposición, que es de 15 días.

El Código de Procedimiento Civil establece: “la oposición, en el caso en que sea admisible de acuerdo con el artículo 149, deberá a pena de nulidad, ser notificada en el plazo de 15 días a partir de la notificación de la sentencia a la persona del condenado o de su representante, o en el domicilio del primero.

17.6 Efectos suspensivo y devolutivo.  El recurso de oposición tiene dos efectos: efecto suspensivo y efecto devolutivo, veamos:

1)      Efecto suspensivo: cuando se interpone un recurso de oposición dentro del plazo legal, la sentencia no puede ejecutarse hasta tanto se haya rendido nueva decisión como consecuencia del recurso.

Si se persigue la ejecución de una sentencia impugnada por oposición, la ejecución es nula, aún en el caso en el cual se confirma luego la sentencia impugnada.

Las medidas conservatorias pueden tomarse no obstante la oposición a la sentencia.

En relación a los terceros, la oposición también surte efecto suspensivo ya que contra los terceros no se pueden ejecutar las sentencias hasta tanto no hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.

2)      Efecto devolutivo: debido a su efecto devolutivo el recurso de oposición implica que el asunto vuelve a ser conocido por el tribunal que ha dictado la sentencia objeto del recurso. El asunto se conoce nuevamente en toda su extensión.

Con este efecto, cada una de las parte conserva su posición original: el demandante sigue siendo demandante y el demandado sigue siendo demandado.

En cuanto al fondo del litigio, la carga de la prueba incumbe al demandante originario, cuando se ha interpuesto el recurso de oposición.

La audiencia es promovida por la parte mas diligente.

Cuando el defectuante ha interpuesto recurso de oposición y vuelve a incurrir en defecto, su recurso es nulo y se hace aplicación del principio “oposición sobre oposición no vale”.

Los terceros que no tomaron parte, por intervención la primera vez, lo pueden hacer una vez se haya interpuesto el recurso de oposición.
17.7 Los cambios operados a partir de la ley 845 del 15 de julio del 1978.

A partir de la puesta en vigor de esta ley, el legislador cerró la vía del recurso de oposición en primera instancia, al disponer que la oposición solo será admisible contra la sentencia en última instancia y siempre y cuando la notificación no la haya recibido el defectuante o su representante legal.


TEMA 18:

La tercería y la revisión civil.  La tercería calidad para recurrir.  Tercería principal.  Tercería incidental.  Efectos de la tercería.  Sentencias recurribles.  La revisión civil.  Sentencias recurribles.  Calidad para recurrir.  Casos en que procede el recurso.  Punto de partida del plazo. Procedimiento para la revisión civil. Fases de la revisión civil.

18.1 La tercería calidad para recurrir.

La tercería: La tercería es una vía abierta a todos los terceros cuando son lesionados o están amenazados de un perjuicio por el efecto de una sentencia en la cual ellos no han sido partes. Procedimiento para la revisión civil.

Este recurso tiene como fundamento el principio jurídico según el cual ninguna persona puede ser condenada sin antes ser oída o que se le considere legalmente en retardo de establecer sus medios de defensa.

Un análisis de fondo revela la utilidad de la tercería. Ello así:

a)      hay relaciones jurídicas muy complejas y la relatividad de la cosa juzgada puede dejar subsistir un perjuicio para una persona que no ha intervenido en la instancia;
b)      porque muchas veces se causa perjuicio a un tercero;
c)      porque muchas veces una persona ha estado mal representada en el debate. La han representado, ciertamente, pero puede ser que haya sido en fraude a sus derechos.


Calidad para recurrir: Puede recurrir en tercería una parte perjudicada en sus derechos por una sentencia, en la que ni ella, ni las personas que ella representa han sido citadas, puede deducir tercería contra dicha sentencia.

Para poder recurrir en tercería, valiéndonos del lenguaje del código, se necesitan las condiciones siguientes:

1)      Experimentar un perjuicio o estar amenazado de uno. Esto quiere decir que se debe justificar un interés que motive el deseo de querer obtener la retractación de la sentencia impugnada por la tercería;
2)      No haber sido parte en la instancia pues cuando se ha sido parte, la vía de la tercería está cerrada;
3)      No haber sido representado en la instancia, salvo caso de fraude.

Cuando se ha actuado bajo determinada calidad, se puede incoar la tercería, si luego se actúa bajo calidad distinta.

18.2 Tercería principal: Cuando la tercería es principal, ella es una vía de retractación porque de ella conocerá el mismo tribunal que ha rendido la sentencia impugnable por tercería.

18.3 Diferencia con la apelación.

Esta difiere de la apelación en que ella es conocida por el mismo tribunal que dicto la decisión donde este tercero saldría lesionado, por su parte, la apelación se ejerce en un tribunal de segundo grado. 

18.4 Tercería incidental: Cuando la tercería es incidental, ella puede ser tanto una vía de retractación como de reformación.

Es una vía de retractación si el tribunal apoderado del proceso aún en curso, es inferior a la jurisdicción que ha rendido la decisión atacada.

Es una vía de reformación cuando la jurisdicción que conoce del proceso aún en curso es igual o superior a aquella que ha rendido la decisión atacada y si siendo de igual grado, ninguna regla de competencia de orden público se opone a ello.

18.5 Efectos de la tercería.
Dos efectos surgen:

1)      Tercería desestimada: el recurso de tercería puede desestimarse y la sentencia impugnada surtirá todos sus efectos normales en relación a tercero impugnante.
2)      Tercería acogida: cuando el tribunal admite la tercería, la sentencia es retractada o reformada, pero no siempre en su totalidad ni frente a todos, porque sus efectos pueden limitarse parcialmente.

La sentencia solo desaparece en la medida en que perjudica al tercero.

Hay casos en los cuales es materialmente imposible reservar efectos parciales a la sentencia, por lo que ella queda aniquilada totalmente, como puede ocurrir en caso de indivisibilidad entre las partes.

18.6 Sentencias recurribles: todas las sentencias son susceptibles de ser incoadas por el recurso de la tercería siempre y cuando la decisión afecte a un tercero que no fue parte del proceso. En cuanto a los recursos que se pueden incoar para atacar la sentencia que ha decidido la tercería, sólo nos resta agregar, que todas las vías están abiertas para impugnarla conforme al derecho común.

18.7 La revisión civil.  Es una vía de recurso extraordinaria y de retractación, por medio de la cual se pide a los jueces que han estatuido, que modifiquen su decisión, bajo la pretensión de que la misma se ha obtenido por error.

La revisión civil se fundamenta en un error no imputable al tribunal. Se lega un error involuntario, es decir no advertido por el tribunal.

18.8 Sentencias recurribles: En principio, toda sentencia es susceptible de revisión civil sin importar el tribunal que la haya dictado.

La revisión civil solo es posible contra las decisiones en única o en última instancia.

Si hay posibilidad de la apelación, el recurso de revisión está cerrado.

Si una de las partes ha dejado pasar el plazo de la apelación sin interponer este recurso, luego no podrá interponer el recurso de revisión.

La revisión civil no se puede ejercer contra las ordenanzas en referimiento, en razón  al carácter provisional de ellas.

Tampoco se puede ejercer revisión civil en contra las decisiones de la Suprema Corte de Justicia en funciones de corte de casación.

Una sentencia de revisión civil puede ser objeto de casación.

18.9 Calidad para recurrir.  El artículo 481 del código de Procedimiento Civil establece: “Al estado, los municipios y establecimientos públicos y a los menores, se les admitirá el recurso de la revisión civil cuando no hayan sido defendidos, o cuando por no haberse alegado en sus defensas los medios que favorezcan sus respectivos derechos, se declare contra ellos sentencia que los perjudique”.

18.10 Casos en que procede el recurso.
Como la revisión civil es un recurso extraordinario, sólo procede en los casos limitativamente señalados por la ley.

Las causas de aperturas, al ser un recurso extraordinario, es limitativa, y son las siguientes:

1)      Revisión fundada en el dolo;
2)      Revisión fundad en la violación a las formalidades prescritas a pena de nulidad;
3)      Revisión fundada en que la sentencia contiene cosas no pedidas (extra petita);
4)      Revisión fundada en que la sentencia contiene mas de lo pedido (ultra petita);
5)      Revisión fundada en que el tribunal ha omitido decidir sobre uno de los puntos principales de la demanda;
6)      Revisión fundada en contradicción de fallos en última instancia en los mismos tribunales, entre los mismos litigantes y sobre los mismos medios;
7)      Revisión fundada en no haber oído al fiscal (falta de dictamen);
8)      Revisión fundada en el hecho de haberse juzgado en virtud de documentos que se hayan reconocido o se hayan declarados falsos después de pronunciada la sentencia;
9)      Revisión fundada en la recuperación de documentos decisivos retenidos por la parte contraria;
10)  Revisión fundada en la falta de densa de ciertas personas;
11)  Revisión fundada en el hecho de que en una misma sentencia hay disposiciones contrarias.

En los casos mencionados anteriormente procede el recurso de revisión civil.

18.11 Punto de partida del plazo: El plaza corre a partir de la notificación de la sentencia. Será de dos meses y este no será franco.

La revisión civil se notificará con emplazamiento a las personas mayores de edad, en los dos meses siguientes al día de la notificación de la sentencia impugnada, a persona o domicilio.

El plazo de los dos meses para incoar la revisión no es franco.

En caso de falsedad reconocida, el punto de partida es la sentencia irrevocable que reconoció la falsedad y en los casos de dolo y recuperación de documentos es cuando se descubre el dolo o se recuperan los documentos, si de ello hay prueba escrita.

Cuando se trata de interdictos, por argumento analógico, el plazo se computará a partir de la notificación de la sentencia que se haga después de levantada la interdicción.

Los que residan en el extranjero tendrán, además de los plazos señalados desde la notificación de la sentencia, el término  del aumento en razón de la distancia.

Si muere la parte condenada, mientras corre el plazo de la revisión, este plazo se suspende y empezará a contarse para los sucesores desde la notificación de la sentencia en el domicilio de la persona fallecida.


18.12 Procedimiento para la revisión civil.

Código Procedimiento Civil Dominicano. Artículo 490.-La revisión civil se establecerá ante el mismo tribunal que hubiere dictado la sentencia impugnada, y podrán conocer de ella los mismos jueces que la dictaron.

Artículo 491.- Cuando una parte quiera impugnar, por la vía de la revisión civil, una sentencia presentada en causa pendiente ante un tribunal distinto al que la pronunció, se proveerá ante el tribunal que hubiere pronunciado la sentencia impugnada; y el tribunal que entienda en la causa en que se aduzca la dicha sentencia, atendidas las circunstancias del caso, podrá continuar o suspender los procedimientos de la misma causa.

Artículo 492.- La revisión civil se interpondrá por medio de emplazamiento notificado en el domicilio del abogado de la parte que haya obtenido la sentencia impugnada, cuando dicha revisión civil se intentare en los seis meses de la fecha de la sentencia; pasado este término, el emplazamientos e notificará en el domicilio de la parte.

Artículo 493.- Cuando la revisión civil se promueva incidentalmente ante tribunal competente para resolver acerca de ella, se intentará por medio de acto de abogado a abogado; pero cuando sea incidental en pleito sustanciado ante tribunal distinto del que pronunció el fallo, se establecerá entonces por emplazamiento para ante los jueces que hayan dictado la sentencia impugnada.

Artículo 495.- El recibo del depósito, así como la consulta de tres abogados se notificarán en cabeza de la demanda. En las consultas, los abogados declararán que son de opinión de que es procedente la revisión civil y enunciaran los medios en que la funden; de lo contrario, la revisión civil no será admitida.

Artículo 496.- Si la revisión civil se notificare en los seis meses de la fecha de la sentencia, el abogado de la parte en cuyo favor se dictare el fallo, seguirá constituido de derecho en la revisión civil, sin necesidad de nuevo poder.

Artículo 497.- El recurso en revisión civil no impedirá la ejecución de la sentencia impugnada: no se podrán acordar prohibiciones que paralicen ni que pongan término a la dicha ejecución: al que hubiere sido condenado al abandono de una heredad, no se le permitirá litigar en la revisión civil, si no presentare la prueba de haberse cumplido la ejecución de la sentencia dictada en lo principal.

Artículo 498.- De la revisión civil se dará vista al fiscal.

Artículo 499.- Ningún otro medio, además de los contenidos en la consulta de los abogados, podrá alegarse por escrito ni discutirse en la audiencia.

Artículo 501.- Cuando se admita la revisión civil, se retractará la sentencia impugnada y se repondrá a las partes en el estado en que respectivamente se hallaban antes de dicha sentencia: se devolverán las sumas depositadas y se restituirán los objetos percibidos por las condenaciones de la sentencia retractada. Cuando fuere acordada por causa de contradicción de sentencias, el fallo que la admitiere ordenará que la primera sentencia surta todos sus efectos legales.

Artículo 502.- El tribunal que hubiere decidido la revisión civil será el competente para conocer del fondo de la causa en la que se hubiere pronunciado la sentencia retractada.

Artículo 503.- Ninguna parte podrá proveerse en revisión civil contra la sentencia impugnada ya por esa vía, contra la que hubiere rechazado dicho recurso, así como contra la recaída en la contestación principal después de admitida la revisión civil, so pena de nulidad y de daños y perjuicios, aun contra el abogado que, habiendo defendido en la primera demanda, se constituyere en la segunda.

Artículo 504.- (Modificado por el Artículo 1ro. de la Ley del 13de marzo de 1913).
La contradicción de sentencias pronunciadas en última instancia por distintos tribunales o juzgados, entre las mismas partes y sobre los mismos medios, es motivo de casación, y el asunto será tramitado y juzgado en conformidad la ley de procedimiento de casación.

18-13.- Fases de la Revisión Civil.-
Este procedimiento comprende dos fases, la primera esta encaminada a comprobar si el recurso es admisible o no y la otra trae la admisión destinada a realizar la revisión propiamente dicha. 


TEMA 19:

El recurso de casación. Importancia de la casación.  Decisiones recurribles en casación.  Calidad para recurrir.  Los medios de casación.  El procedimiento en casación.  Demanda en suspensión.  Casación con envío.  Casación sin envío. Segundo recurso de casación.

El recurso de casación.: La casación es el recurso extraordinario mediante el cual se obtiene de la Suprema Corte de Justicia la anulación de las sentencias en última y única instancia dictadas en violación a la ley.

19.1 Importancia de la casación. La casación, tiene por objeto descalificar las erróneas corrientes de interpretación de la ley por parte de los jueces de instancias inferiores, de tal forma que impida que los criterios erróneos al ser difundidos puedan crear confusión a nivel de los demás tribunales al interpretar una ley; con lo que se evita que la jurisprudencia futura se contamine con criterios jurídicos erráticos.

El papel de la Suprema Corte de Justicia se contre en anular la sentencia impugnada; no sustituye con una sentencia propia la que fue impugnada, sino que se limita, por el contrario, a enviar a las partes ante otro tribunal del mismo grado que aquel cuya sentencia fue anulada, a fin  de que discutan nuevamente la causa.

La Suprema Corte de Justicia, no conoce los hechos sino si el derecho ha sido bien o mal aplicado.

Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de corte de casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional.

19.2 Decisiones recurribles en casación: los fallos rendidos por los juzgados de paz pueden impugnarse por casación, si lo son en única instancia;
-          los fallos del juzgado de primera instancia rendidos en instancia única o en última instancia, y asimismo los de la corte de apelación;
-          los fallos del Tribunal Superior de Tierras y los de la Cámara de Cuentas en funciones de Tribunal Superior Administrativo;
-          cuando la corte decide sobre la apelación de la sentencia arbitral, se puede recurrir en casación.

El recurso de casación se puede intentar independientemente del valor del litigio en los casos procedentes.

19.3Calidad para recurrir.

-          Quienes han sido parte del proceso que origina la sentencia impugnable en casación;
-          Quien ha sido debidamente representado se debe considerar como parte con calidad para incoar el recurso;
-          Es necesario, además, tener interés y capacidad.
-          Las partes interesadas que hubieren figurado en el juicio, pero los agravios que no son formulados ante el juez a quo, no se pueden presentar por primera vez en casación;
-          El Ministerio publico ante el tribunal que dicto la sentencia en los asuntos en los cuales intervenga como parte principal, en virtud de la ley o como parte adjunta en los casos en que interesen al orden publico.

19.4 Los medios de casación: Los motivos de casación o los medios de casación tienen lugar cuando hay violación a la ley. La violación de la ley puede ocurrir, tanto en la violación de las reglas de forma como en las de fondo.

Los autores distinguen siete casos que dan lugar a la apertura de la casación y son los siguientes:

1)      violación a la ley: es cuando existe una falta interpretación de un texto legal o una solución errónea a un punto de derecho;
2)      exceso de poder: cuando la autoridad judicial dicta disposiciones privativas de los poderes legislativos o ejecutivos. Hay exceso de poder cuando se coarta la libertad de la defensa.
3)      La incompetencia
4)      Inobservancia de las formas: ejemplo: el hecho de que la sentencia no contenga motivos suficientes; cuando se viola el derecho de defensa; cuando no se enuncian las conclusiones de fondo, entre otras;
5)      Falta de base legal: cuando no se pondera un documento esencial para la solución del litigio; cuando no se toma en cuenta los documentos que de haber sido ponderados hubieren podido dar al caso una solución mas clara;
6)      Contrariedad de sentencias: para invocar este medio de casación de contradicción de sentencias, se deben reunir las siguientes condiciones:
a)                cuando dos sentencias contradictorias se hayan dictado entre las mismas partes;
b)               que las dos sentencias se hayan dictado sobre demandas iguales en su objeto;
c)                que las dos sentencias hayan sido dictadas por tribunales distintos; y,
d)                que las dos sentencias se hayan dictado en última instancia o instancia única.

7)      Pedida de fundamento jurídico. Es cuando a consecuencia de la intervención de una ley nueva, hay la anulación de un acto administrativo o de la decisión que servía de base al procedimiento, razón por la cual la demanda no tiene fundamento legal.

19.5 El procedimiento en casación: El procedimiento de este recurso es, en la forma, esencialmente escrito, tanto en lo que se refiere a su instrucción normal como en lo que se refiere a los incidentes que pueden afectarlos: se introduce y se desenvuelve mediante memoriales, u otras actuaciones escritas, sin que pueda haber lugar en ningún caso a actuaciones orales.

El procedimiento se inicia con:

1)      la interposición del recurso de casación: el recurso de casación se interpone por medio de un memorial depositado en la secretaría de la Suprema Corte de Justicia suscrito por el abogado del recurrente. Este acto deberá contener todos los medios en que se funda, es decir todos los agravios que el recurrente imputa a la sentencia impugnada, con la indicación de los textos de ley cuya violación invoca. Dicho memorial deberá indicar, los nombres, profesión y domicilio del recurrente y acompañarse de una copia auténtica de la sentencia que se impugna y todos los documentos en apoyo de la casación solicitada.
2)      Autorización para emplazar: desde el momento en que el memorial contentivo del recurso es depositado en secretaría, el presidente expide un auto de admisión, que es un permiso para emplazar. Dicho recurso caducará si el recurrente no emplaza al recurrido en el plaza de 30 días a partir de la fecha del mencionado auto.
3)      Emplazamiento: el recurrente dentro de los 30 días de obtenido el mencionado permiso, deberá  a pena de caducidad del recurso citar al recurrido para que comparezca ante la Suprema Corte de Justicia, por acto de emplazamiento que deberá ser encabezado con una copia del memorial de casación y una copia del auto del Presidente por el cual autoriza a emplazar.
4)      Comparecencia del recurrido: el plazo de la comparecencia es de 15 días contados desde la fecha del emplazamiento y tiene lugar mediante la producción de un memorial de defensa que será notificado constituido del recurrente por acto de alguacil.
5)      Instrucción de la causa: en los 8 días que sigan a la notificación del memorial de defensa, el recurrido depositará en secretaría el original de la notificación del memorial de defensa, junto con el original de dicho memorial, así como el original del acta de constitución de abogado, si esta se hubiese hecho por separado. La instrucción de la causa esta sujeta a reglas particulares en las casos de:
a.       Defecto del recurrido: si el recurrido no constituyese abogado por acto separado o no produce y notifica su memorial de defensa en el plazo indicado, el recurrente podrá pedir por instancia a la Suprema Corte de Justicia que el recurrido se considere en defecto.
b.      Exclusión del recurrido: cuando el recurrido no depositare en secretaría su memorial de defensa, y la notificación del mismo, el recurrente podrá intimarlo, por acto de abogado a abogado para que, en un término de 8 días efectúe ese depósito, y , de no hacerlo, podrá pedir mediante instancia dirigida a la Suprema Corte de Justicia que excluya al recurrido del derecho a presentarse en audiencia a exponer sus medios de defensa.
c.       Exclusión del recurrente: cuando el recurrente, después de haber procedido al emplazamiento, no depositare  el original de éste en Secretaría, el recurrido que ha depositado y notificado su memorial de defensa podrá requiere al recurrente para que, en el plazo de 8 días, efectúe el depósito antes mencionado. Transcurrido el plazo, el recurrido es hábil para pedir a la Suprema Corte de Justicia que provea la exclusión del recurrente.

6)      Estado de causa: la causa debe considerarse en estado desde el momento en que las partes recurrentes y recurridas hayan depositado sus respectivos memoriales de casación y defensa, junto con los originales con las actas de notificación de los mismos, o como expresa la ley cuando se haya pronunciado el defecto o la exclusión de las partes que estén en falta.
7)      Dictamen del fiscal: inmediatamente después que las partes hayan hecho los depósitos exigidos, o que se haya pronunciado el defecto o la exclusión de las partes que estén en falta, el presidente comunicará el expediente al Procurador General de la República, para que emita su dictamen, en un término de 15 días.
8)      Fijación de la audiencia: inmediatamente después que el Procurador General de la República haya devuelto el expediente con su dictamen, la audiencia será fijada de oficio por el Presidente.
9)      Celebración de la audiencia: los abogados de las partes leerán sus conclusiones, pudiendo depositar, además, escritos de ampliación a sus medios de defensa, de los cuales los del recurrente deberán estar notificados a la parte contraria no menos de 8 días antes de la audiencia, y los del recurrido en cualquier momento anterior a la audiencia, por último, el Procurador General de la República leerá las conclusiones de su dictamen.

19.6 Demanda en suspensión:   El recurso de casación no tiene efectos suspensivos, no obstante, a solicitud del recurrente en casación, la Suprema corte de Justicia puede ordenar la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, siempre que se demuestre evidentemente que de la ejecución pueden resultar graves perjuicios al recurrente en caso de que la sentencia fuere definitivamente anulada.

La demanda en solicitud de la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, se interpone por medio de instancia firmada por el abogado del recurrente, la cual se debe notificar a la parte recurrida.

19.7 Casación con envío: La Suprema Corte de Justicia, siempre que casare un fallo, enviará el asunto a otro tribunal del mismo grado o categoría que aquel de donde proceda la sentencia objeto del recurso.

Toda sentencia de casación será inscrita en los registros del tribunal que dictó la sentencia anulada con la anotación correspondiente al margen de ella.

La casación de un fallo sólo perjudica o beneficia a las partes ligadas al recurso.

Toda sentencia de casación debe precisar si la casación es total o parcial, así como también fijar el medio en el cual se fundamenta la casación.

Los puntos de una sentencia que no son objeto de casación subsisten y el tribunal de envío no puede modificarlos ni revocarlos.

El efecto normal de toda sentencia de casación es poner a las partes en el mismo estado en que se encontraban antes de haberse pronunciado la sentencia casada.

Los actos de ejecución practicados en virtud de la sentencia casada, deben revocarse.

19.8 Casación sin envío: Cuando la casación se fundamenta en que la sentencia recurrida no estaba sujeta al recurso de apelación, como también cuando se pronuncia por contradicción de fallos o cualquier otro caso en que ella no deje cosa por juzgar, no habrá envío del asunto.

Las partes interesadas pueden proceder a la ejecución de la sentencia cuya validez ha sido reconocida por la Suprema Corte de Justicia.

Si la sentencia fuere casada por causa de incompetencia, la Suprema Corte de Justicia dispondrá el envío del asunto, que por ante el tribunal que debe conocer de él y lo designará igualmente.

19.9 Segundo recurso de casación.

Una sentencia de casacion no puede ser objeto de dos recursos de casación interpuestos sucesivamente por la misma parte, el segundo es inadmisible, casación sobre casación no vale.

TEMA 20: La impugnación o le contredit. Formalidades del recurso.  Sentencias recurribles.  Tribunal competente.  La avocación según el Art. 17 de la ley 834. Requisitos.

La impugnación o le contredit.  La impugnación (le contredit), es la única vía abierta  para aquel que no está conforme con la decisión del juez que se declarado incompetente.

Este recurso deberá ser ejercido en todos los casos en que el tribunal apoderado estatuya sobre la competencia, sin fallar sobre el fondo del litigio.

20.1 Formalidades del recurso. 

1-      Este recurso debe interponerse a partir de los quince días del pronunciamiento de la sentencia.
2-      Debe ser incoado a pena de in admisibilidad debidamente motivado.
3-      El recurrente debe haber consignado los gastos referentes al conocimiento relativo a la instancia de la impugnación. 

Cuando el secretario ha recibido el recurso y la consignación de los gastos debe:
a)      notificar a la parte adversa una copia de la impugnación, por medio de una carta certificada, con acuse de recibo; y
b)      trasmitir al secretario de la corte el expediente del asunto de la impugnación y una copia de la sentencia.

20.2 Sentencias recurribles: Los casos en los cuales la vía de la impugnación está abierta, son los siguientes:
1)      Cuando el tribunal se declara incompetente;
2)      Cuando el tribunal se declara competente, pero sin decidir el fondo;
3)      Cuando el tribunal se declara competente, sin decidir el fondo, pero lo ha tenido que tocar para poder decidir su competencia;

20.3 Tribunal competente: En materia de le contredit, el tribunal competente para conocer del recurso lo será la Corte de Apelación de la jurisdicción del tribunal que dictó la sentencia impugnada con el contredit. Según resulta del mismo Art. 9 de la 834 de 1978 y de las reglas generales que rigen la competencia de atribución.


20.4 La avocación según el Art. 17 de la ley 834.
Art. 17.- Este reza así “Cuando la corte es jurisdicción de apelación respecto de la jurisdicción que ella estima competente, puede avocar al fondo si estima de buena justicia dar al asunto una solución definitiva, después de haber ordenado ella misma, una medida de instrucción, en caso necesario”.

La corte avocará al fondo cuando ella es jurisdicción de apelación del tribunal que resulta competente territorialmente.

Cuando se ha dictado una sentencia en primera instancia y hay apelación, esta concierne tanto a la competencia como al fondo.
Si la corte confirma la sentencia del primer grado sobre la competencia, ella puede examinar el fondo, siempre que la corte sea competente territorialmente.

Si la corte rechaza la competencia del primer grado, entonces la sentencia sobre el fondo es anulada, porque ha sido dictada por un tribunal incompetente. En este caso:

1)      la corte puede fallar el fondo, siempre y cuando el verdadero tribunal competente esté en la demarcación territorial de la corte.
2)      La corte envía el asunto a otra corte de apelación: la que resulte jurisdicción del tribunal competente en primer grado, el cual debió conocer del asunto.

20.5 Requisitos.

En efecto, el tribunal apoderado no puede ejercer la facultad de avocación si resulta Que La Jurisdicción del primer grado que ella estima competente no es aquella cuya sentencia sobre el fondo podría serle deferida en segundo grado, ya fuere porque es­capa a su jurisdicción territorial o porque excep­cional­mente la ley designa otra jurisdicción de apelación. Aunque la ley no lo especifica expresamente, debe admitirse que la con­dición señalada se aplica en el caso de que se trate de un asunto que deba conocerse en última instancia. En tal sentido, el fondo de este asunto no podría conocerse en apelación.


TEMA 21. Las vías de ejecución: Principios generales.  Sujeto activo.  Sujeto pasivo.  Objeto del embargo.  Causa del embargo.  Titulo que permiten las medidas conservatorias.  Títulos que permiten las medidas ejecutorias.  Obstáculos a los embargos: plazo de gracia, precedente embargo, la quiebra, estado de indivisión, impugnación del titulo.

Las vías de ejecución.

21.1 Principios generales. Son 7 los principios generales de las vías de ejecución, ellos son: Sujeto activo de la ejecución, Sujeto pasivo de la ejecución, Objeto del embargo,  Causa del embargo, Titulo que permiten las medidas conservatorias, Títulos que permiten las medidas ejecutorias, Obstáculos a los embargos.


21.2 Sujeto activo de la ejecución: El acreedor es el sujeto activo en las ejecuciones, pero para esto debemos tomar en cuenta lo siguiente:
a)      La prueba de la calidad de acreedor. En principio, el embargo procura el cobro de un crédito, por lo que para tener derecho a trabarlo hay que probar la calidad de acreedor de una suma de dinero. Excepcionalmente, no es necesario probar esta calidad, es el caso del embargo en reivindicación.
La persona que hace la prueba de la calidad de acreedor, en la forma indicada, puede embargar.
b)      La capacidad para embargar. Toda persona física tiene, en principio, capacidad para embargar. No tiene pues, el acreedor que probar la capacidad para estar en condiciones de trabar una medida de ejecución; como tampoco tiene que probar la mayoridad para deducir de ella la capacidad, pues ambas son presumidas. Por el contrario, incumbe a quien alega ya la minoridad, la incapacidad para embargar, hacer la prueba de tales situaciones excepcionales.
c)       Poderes de los representantes y mandatarios para embargar. Hay lugar a hablar de poderes para embargar en todos aquellos casos en que un acreedor no teniendo capacidad para trabar una medida ejecutoria por sí mismo, tiene que hacerlo a través de un representante, como es el caso de los menores e interdictos; igualmente en aquellos casos en que un acreedor teniendo capacidad para trabar una medida ejecutoria, se hace representar por un mandatario convencional o legal.

21.3 Sujeto pasivo de la ejecución: que es el deudor. En principio, todo deudor, principal o accesorio, puede ser embargado, correspondiendo a aquel que alega la inembargabilidad hacer la prueba de tal alegato. La ejecución jamás podría llevarse a cabo contra una persona distinta de la del deudor, salvo cuando se trata de deudores que hayan constituido garantías hipotecarias o privilegiadas a favor de sus acreedores y que en virtud del derecho de persecución pueden ser perseguidos aún cuando el bien ha servido de garantía real se encuentre en manos de un tercero.

21.4 Objeto del embargo: este objeto está constituido por los bienes del deudor, ya sean bienes materiales o tangibles. El objeto de las vías de ejecución está compuesto por una parte importante del patrimonio de la persona. Es la parte material, que está constituida por los bienes. Esta parte material del patrimonio es la que, en principio, puede ser embargada; la parte inmaterial, intangible y moral, no puede ser objeto de las vías de ejecución.

21.5 Causa del embargo: la causa de embargo lo constituye el crédito dado por el  acreedor al deudor, cuyo monto no tiene importancia pues el legislador no ha fijado una suma mínima como condición para ninguno de los embargo. Para que sea posible una medida de ejecución, es necesario un crédito: el constituye la causa de la medida, su razón de ser. El monto del crédito poco importa. El legislador no ha establecido una suma mínima, como condición para ninguno de los embargos y el hecho de que se haga por una suma superior a la del crédito, no da lugar a la nulidad de la medida, sino a la reducción de los efectos del embargo.

21.6 Títulos que permiten medidas conservatorias: se le llama así a los requisitos previos a los embargos. Nos referimos tanto a los títulos que permiten los embargos conservatorios como la hipoteca judicial provisional. Los títulos que permiten las medidas conservatorias son:

21.7 
21.7.1    la sentencia condenatoria susceptible de un  recurso ordinario o que ha sido objeto del mismo;
21.7.2    el auto de autorización del juez competente en ausencia de sentencia condenatoria;
21.7.3    el acto auténtico o bajo firma privada cuando se trata de embargo retentivo;
21.7.4    el mandamiento de pago luego de vencido el plazo de un  día, en el caso de embargo de locación previsto en el artículo 819 del código de Procedimiento Civil.
El acreedor que tiene uno cualquiera de los títulos anteriores, puede, según las circunstancias de cada caso, trabar ya un embargo conservatorio, ya inscribir una hipoteca judicial provisional.

21.8 Títulos que permiten medidas ejecutorias: a los títulos que permiten la ejecución. La ejecución se practica en virtud de ciertos instrumentos que tienen fuerza ejecutoria. Estos títulos son:

1-      Las sentencias condenatorias.
2-       actos notariales que contengan obligación de pagar sumas de dinero, originales.
3-      Los duplicados de los certificados de títulos), llamados títulos ejecutorios.

La ley designa como título ejecutorio, no al acto mismo que tiene fuerza ejecutoria, sino a una copia o expedición de ese acto, preparada mediante ciertos requisitos. El título ejecutorio, es pues, un instrumento.

21.9 Obstáculos a los embargos: estos pueden ser 5, y son los siguientes:

1)      Plazo De gracia. Los jueces pueden en consideración a la posición del deudor, y usando de este el poder con mucha discreción, acordar plazos moderados para el pago, y sobreseer en las ejecuciones de apremio.
El plazo de gracia no puede ser concedido en caso de que el deudor sea demandado en cobro, sino por la misma sentencia que estatuya sobre la causa.
El deudor que ha obtenido plazo de gracia no puede ser ejecutado; pero el acreedor podrá válidamente proceder los actos conservatorios de su derecho.

Existen ciertas restricciones a este plazo, ellas son:
a)      Cuando se trate del pago de deuda con garantía inmobiliaria, este plazo no excederá nunca seis meses, a contar de la fecha de la sentencia que lo acuerde y solo gozarán de este favor los deudores que hayan pagado o paguen al momento de solicitarlo los intereses devengados.
b)      El beneficio del plazo se perderá y la ejecución puede continuar de pleno derecho tan pronto como se compruebe que el deudor no ha cumplido con las condiciones en que le hubiere sido acordado.

2)      Precedente de embargo. La existencia de un precedente embargo ejecutorio forma un impedimento a que se practique un nuevo embargo sobre los mismos bienes.

3)      La quiebra. La sentencia declaratoria de la quiebra quita a los acreedores el derecho de iniciar el embargo de los inmuebles del deudor quebrado sobre los cuales ellos no tienen privilegio o hipoteca.
Por otra parte, el artículo 572 del Código de Comercio dispone que cuando no se han iniciado procedimientos ejecutivos antes de la unión, ni aun los acreedores hipotecarios o privilegiados podrán incoarlos, y que esta facultad corresponda únicamente a los síndicos de la quiebra.

4)      Estado de indivisión. Los bienes de un coheredero en una sucesión no podrán ponerse en venta por sus acreedores antes de la partición o la licitación. La parte indivisa de un coheredero en los inmuebles de una sucesión o puede ponerse en venta por sus acreedores personales antes de la partición o la licitación.
Mientras no se lleve a cambio la partición de la herencia, es imposible determinar el derecho de cada copartícipe en la masa hereditaria, dado que ésta se integra por elementos de diversa naturaleza: muebles corporales e incorporales, inmuebles.
Si se permitiera el embargo durante la indivisión podría ocurrir que, como consecuencia del efecto declarativo de la partición, el embargado no viniera a resultar propietario de las cosas embargadas. El embargo, en esas condiciones, caería necesariamente a causa de haber sido incoado sobre los bienes de una persona que no es deudor.

5)      Impugnación del título. En caso de querella por falso principal, se suspenderá la ejecución del documento arguido de falsedad, por el estado de acusación; y en caso de inscripción en falsedad hecha incidentalmente, podrán los tribunales, según las circunstancias, suspender provisionalmente la ejecución del acto.

TEMA 22: Las Inembargabilidades. Inembargabilidades fundamentadas en interés del orden público (bienes de las instituciones del Estado). Inembargabilidades del comercio.  Inembargabilidades de los salarios.  Inembargabilidades para la protección del embargado y su familia.  Inembargabilidades de los bienes extrapatrimoniales.  Situación desde el punto de vista constitucional de la ley de capitalización. Postura jurisprudencial, mayo 1999.

Las inembargabilidades: Según lo dispone el artículo 2092 del Código Civil, todos los bienes del deudor responden al cumplimiento de sus obligaciones. La embargabilidad de los bienes del deudor es la regla general, los casos de inembargabilidad constituyen excepciones a esa regla general.

Por excepción al principio general enunciado en el artículo 2092 del código Civil, la ley prohíbe en embargo de ciertos bienes. Los casos de inembargabilidad pueden ser distribuidos en tres clases:

1)      Inembargabilidad de los bienes que no son susceptibles de ser vendidos en subasta;
2)      Inembargabilidad por causa del interés general del comercio;
3)      Inembargabilidad por razones de protección para el deudor y su familia

La inembargabilidad, según veremos mas adelante, puede ser total o reducida a una cierta categoría de bienes o limitada a una porción alícuota de los bienes.

22.1 Inembargabilidades fundamentadas en interés del orden público (bienes de las instituciones del Estado).
La inembargabilidad de los bienes fundamentada en el interés público se extiende a dos instituciones: al Estado y a la Iglesia Católica. Solo veremos las inembargabilidades de los bienes del Estado y sus instituciones.

Tradicionalmente se afirma que los bienes del estado y los de sus instituciones son inembargables. Se trata de un principio universal del Derecho público, y una excepción dentro del Derecho Privado, que nadie discute.

Los bienes del Estados se dividen en:
21.9.1                Bienes del dominio público: son todos aquellos bienes que están afectados en su uso a un interés público, es decir, al interés de la mayoría de un grupo social dado.
La inembargabilidad de los bienes de dominio público encuentra su razón de ser en que todos ellos son propiedad de entidades públicas, ya nacionales, ya municipales y de acuerdo con los principios del Derecho Público Universal, no es posible contra ellos la ejecución forzada.

Sin embargo, el hecho de que ciertos bienes pertenezcan a entidades públicas, no es suficiente para declarar su inembargabilidad, ya que es necesario que los mismos estén destinados a servicios públicos.
Los bienes de dominio público por naturaleza son: los caminos, vías y calles que están a cargo del Estado; los ríos navegables o flotantes; las orillas, las ensenadas y bahías del mar, puertos radas, puertas, muros fosos y defensas de plaza de guerra y de las fortalezas, los yacimientos mineros, entre otros.
Los bienes de dominio público por afectación son: las instituciones llamadas a cumplir las funciones políticas directas de gobierno o las relacionadas íntimamente con ellas; y los órganos de administración a los cuales se les conoce personalidad jurídica y cierta autonomía financiera para que en forma descentralizada realicen labores de servicios o utilidad pública.

21.9.2    Bienes del dominio privado. Se trata de bienes propiedad del Estado a través de entidades o empresas donde en su explotación domina el criterio comercial o industrial o que sencillamente no son de utilidad actual para los servicios públicos. Estos bienes pueden ser embargados, pues se trata de bienes ajenos a los principios del Derecho público, salvo que la Ley Orgánica de la entidad o empresa disponga lo contrario.

Por tanto, son embargables, sin ningún tipo de limitación, los bienes de:
-El Banco de Reservas de la República Dominicana;
-La Comisión Administrativa Aeroportuaria;
-La Autoridad Portuaria Dominicana. La embargabilidad de esta institución, sin embargo, no alcanza a los puertos los cuales siguen siendo bienes del dominio público, aunque no su usufructo;
-La Corporación de Fomento de la Industria Hotelera y Desarrollo del Turismo;
-El Instituto Nacional del Algodón;
-El Instituto de estabilización de Precios.

22.2 Inembargabilidades del comercio.
a)      Es inembargable la nave pronta a hacerse al mar, es decir aquella cuyo capitán tiene en su poder los despachos para el viaje. El embargo es permitido, sin embargo, por las deudas contraídas para el viaje que va a hacer, pero, aun en este último caso, una fianza por dichas deudas impedirá el embargo.
b)      El código del Comercio prohíbe el embargo retentivo sobre el importe de las letras de cambio y los pagarés a la orden.  La oposición al pago es permitida solamente en caso de pérdida del efecto del comercio o de quiebra del portador. Parece que estas disposiciones pueden ser extendidas al cheque.

El objeto de esta prohibición es asegurar la libre circulación de los efectos de comercio, la cual quedaría entrabada si se permitiera el embargo retentivo.

La ley sobre almacenes  generales de depósito, dispone: “Una vez expedidos los certificados de depósito y los boletines de prenda las mercaderías o efectos  que éstos se refieren no podrán ser objeto de embargo, secuestro o cualquier otro gravamen que se oponga a su plena y libre disposición”.  Pero, agrega el mismo texto, “los certificados de depósito y los boletines de prenda podrán ser dados en prenda o embargados.

22.3 Inembargabilidades de los salarios.

El legislador dispuso en el artículo 192 del código de trabajo: “El salario es inembargable, salvo en la tercera parte por pensiones alimenticias.

Esta disposición es con la finalidad de proteger la remuneración del trabajador, ya que ella le permite alcanzar su bienestar material y desarrollo espiritual, lograr una posición digna en la sociedad y obtener los medios para su subsistencia.

La inembargabilidad del salario es de orden público laboral y por tanto no puede ser derogada por acuerdo de las partes.

22.4 Inembargabilidades para la protección del embargado y su familia.
La ley protege ciertos bienes a la actuación de los acreedores por considerarlos indispensable para la subsistencia familiar, estos son:

1)      El lecho y las ropas del deudor y su familia, ( no podrán embargarse bajo ninguna clase de crédito);
2)      Los libros relativos a la profesión del deudor, elegidos por éste, hasta el valor de 300 pesos;
3)      Los aparatos dedicados a la enseñanza o al ejercicio de las ciencias y artes, hasta el valor de 300 pesos, elegidos por el deudor;
4)      El equipo de los militares;
5)      Los instrumentos necesarios a los obreros para la ocupación a la que están dedicados;
6)      Los artículos alimenticios necesarios para la manutención del deudor y su familia durante un mes;

Los objetos anteriormente mencionados son embargados, excepcionalmente, para el cobro de créditos ocasionados:

-          por causa de alimentos prohibidos a la parte embargada, o por sumas debidas a los fabricantes o vendedores de dichos objetos, o aquel que hubiere prestado el dinero para comprarlos, fabricarlos o repararlos;
-          por arrendamientos y cosechas de las tierras en cuya cultura se hayan empleado;
-          por alquileres de fábrica, molinos, prensas, aparatos de fábrica de que dependan, y alquileres de los lugares destinados a la morada.
-           

22.5 Inembargabilidades de los bienes extrapatrimoniales.
Son todos aquellos derechos, que aunque forman parte del patrimonio del deudor, no son susceptibles de evaluación pecuniaria en forma directa; aunque sí por vía indirecta, como sucede cuando hay violación de los mismos. Se trata de derechos íntimamente ligados a la personalidad del deudor y por tanto derechos situados fuera del comercio, incesibles, imprescriptibles y como tales inembargables.
Dentro de esta categoría se encuentran:
1)      los derechos políticos, como los de elegir, ser elegido y otros;
2)      los derechos públicos consagrados en la Constitución, como el derecho a la vida, a la libertad, al honor, a la libertad de conciencia, de palabra, de cultos y otros tantos;
3)      los derechos inherentes a la personalidad, como el nombre, el domicilio, el estado, la capacidad, la filiación, etc.;
4)      los derechos del usufructo legal, conocidos también como derecho de goce legal; y
5)      los derechos de uso y de habitación.

22.6 Situación desde el punto de vista constitucional de la ley de capitalización.



22.7 Postura jurisprudencial, mayo 1999.



TEMA 23. El embargo conservatorio de derecho común. Titulo en virtud del cual puede trabarse.  Tribunal competente para autorizarlo.  Contenido de la autorización. El proceso verbal de embargo.  Formalidades, contenido y notificación de auto.  Designación del guardián y las responsabilidades puesta a su cargo.  Demanda en validez.  Finalidad. Los incidentes en el embargo conservatorio. Función del juez de los referimientos en esta medida. Artículo 50 párrafo final del código de Procedimiento Civil.

Embargo: Se define embargo, en sentido general, como los procedimientos mediante los cuales el acreedor pone los bienes de su deudor en manos de la justicia, a fin de hacerlos vender, cobrar sobre el precio de la venta, el importe de su crédito, si se trata de embargo de bienes corporales, o de hacerse pagar por el tercero embargado, si se trata de embargo retentivo de una suma de dinero.

Embargos conservatorios: Son medidas ejecutivas de carácter provisional y conservatorio, mediante las cuales el acreedor puede, sin necesidad de poseer un título ejecutorio, trabar ciertos bienes muebles del deudor.

23.1 Título en virtud del cual puede trabarse: El embargo conservatorio de derecho común en títulos ejecutorios, estos títulos en virtud del cual puede trabarse son:

1)      Una sentencia condenatoria a pagar suma de dinero, susceptible de los recursos ordinarios (apelación u oposición) o que ha sido objeto de uno cualquiera de ellos; y
2)      Un auto de un juez de Primera Instancia. La necesidad de una autorización  previa para trabar este embargo sólo es exigida cuando el acreedor carece de título ejecutorio o de una sentencia condenatoria a pagar suma de dinero. La ausencia de auto, por lo tanto, da lugar a la nulidad absoluta del embargo trabado.


23.2 Tribunal competente para autorizarlo: No basta  que la medida haya sido autorizada. Es necesario que la autorización haya sido dada por un tribunal competente.

El único tribunal competente para autorizar este embargo es el Juzgado de Primera Instancia.

La competencia atribuida al Juzgado de Primera Instancia, para autorizar el embargo previsto en el artículo 48 del código de Procedimiento Civil, es excluyente a la de cualquier otro tribunal. El Juzgado de Paz es absolutamente incompetente para autorizarlo, como también lo es la Corte de Apelación y los tribunales especiales que existen en el país.

El auto y el embargo previstos en el mencionado artículo, no sólo son nulos cuando haya intervenido un tribunal distinto al Juzgado de Primera Instancia, sino también cuando este tribunal haya actuado en atribuciones diferentes a las atribuciones civiles.

23.3 Contenido de la autorización: El auto es un auto auténtico emanado del Juez de Primera Instancia y firmado por el secretario de éste, en el cual aparece consignada la decisión adoptada ante la solicitud del acreedor.

La autorización dada por el juez debe contener:

1)      l juez está obligado a consignar en la ordenanza, los motivos de hecho y de derecho en que ésta se fundamenta, principalmente con relación a la seriedad del crédito invocado y al peligro que corre su cobro y por lo tanto la urgencia que lo lleva a actuar;

2)      El juez debe consignar en su decisión la suma por la cual autoriza el embargo; la consignación dela misma constituye una restricción al abuso de derecho por parte del creedor y fija los límites de la garantía para la cual es trabada la medida. Sin embargo, la voluntad del juez expresada en el auto no es definitiva; está llamada a ser ratificada o sustituida, según las pruebas que hayan sido aportadas en el proceso de juicio acerca de la demanda en pago del crédito y en validez del embargo;
3)      El juez deberá consignar en el auto, a pena de nulidad del embargo, el plazo en el cual el acreedor deberá demandar ante el juez competente la validez del embargo o sobre el fondo. El acreedor se obliga, pues, dentro del plazo fijado en el auto a dar a conocer la medida al deudor, evitando que una medida que le es perjudicial se mantenga en secreto.

23.4 El proceso verbal de embargo:   Este embargo, como los demás, debe ser probado mediante un documento, sin el cual debe considerarse inexistente. El escrito en que se hace constar recibe el nombre de “Acta de Embargo” o “Proceso verbal de Embargo”, y permite determinar la extensión de la medida e informar al embargado sus límites y consecuencias. Dicha acta será levantada en el mismo lugar del embargo y al mismo instante.

23.5 Formalidades, contenido y notificación. Dicha acta está sometida a formalidades, en consecuencia, el acto de embargo deberá contener:
a)      Las enunciaciones comunes de los actos de alguacil. Deberán observarse las formalidades de los artículos 61 y 586 del Código de Procedimiento Civil, en razón de que dicho proceso verbal no es otra cosa que un acto de alguacil que adopta caracteres particulares por el objeto al cual va dirigido;
b)      Enunciación del título que le sirve de fundamento, cuya notificación es obligatoria al momento de la denuncia de la medida del embargado, para que este tenga conocimiento del cual es el título que la justifica;
c)      Designación precisa y detallada de los bienes embargados, en la forma que indica el Código de Procedimiento Civil, y de tal manera que no haya lugar a confundir los bienes objetos de la medida con otros de la misma especie;
d)     Elección del domicilio en el municipio donde se realiza el embargo, si el acreedor no residiere en el lugar, esto con la finalidad de que l embargado no tenga que desplazarse de su jurisdicción para defenderse de los efectos del embargo.
e)      Designación del guardián que cuidará de los bienes embargados. La ley reserva al alguacil las facultades para hacer la designación de la persona que debe cuidar los objetos embargados y disponer si los mismos permanecerán en el lugar del embargo o si por el contrario deben ser llevados a otro lugar.

Una vez designado el depositario, surgen para éste derechos y obligaciones.
El depositario tiene derecho a:
-          recibir el pago de sus servicios;
-          a que se le reembolsen los gastos útiles y necesarios que haya hecho para el cuidado y conservación de los bienes;
-          a exigir descargo de sus actos, una vez haya entregado los bienes embargados. Dicho descargo podrá ser solicitado al Juez de los Referimientos del lugar del embargo.

El depositario tiene la obligación de:
-          cuidar y conservar los bienes que le hayan sido entregados;
-          permitir los actos comprobatorios que se estimen necesarios para garantizar los intereses del embargante y del embargado;
-          debe presentar los bienes cuando le sean requeridos para la venta;
-          permanecer en sus funciones, mientras duren los procedimientos ejecutorios, a menos que haya sido liberado, con el consentimiento de las partes interesadas o por una causa legítima.

El incumplimiento de sus obligaciones lo obliga a reparar los daños que sus actos u omisiones hayan podido ocasionar.

f)       Designación de dos testigos, por lo menos, quienes están llamados a cumplir las mismas funciones que la ley les asigna en el embargo Ejecutivo, así como las condiciones previstas en el Código de Procedimiento Civil;
g)      Las firmas de los testigos y del guardián designado, así como la del funcionario que haya actuado.

La violación a las formalidades que hemos anunciados puede acarrear la nulidad del embargo, la que sólo será pronunciada si quien la invoca pruebe e agravio que le irroga la violación.

La notificación se llevará a cabo en el domicilio del deudor, conjuntamente con ella se le dejará copia del acta, firmada por las personas que lo hayan hecho en el original; y si el embargado estuviere ausente, la copia será entregada al síndico municipal o al funcionario que hubiere intervenido en la apertura de las puertas, por haber rehusado el embargado hacerlo voluntariamente.


23.6 Designación del guardián y las responsabilidades puestas a su cargo.

Es una de las formalidades del embargo conservatorio, este guardián se encargará del cuidado de los bienes del embargado, el mismo será designado por el alguacil. Además tendrá la obligación de presentar los bienes cunando le sean requeridos para la venta.   

23.7 La demanda en validez. Cuando el embargo es trabado sin título ejecutorio, sólo surte efectos provisionales, como provisional es el título que lo fundamenta; por lo que, el embargante está obligado a demandar, conjunta o separadamente, la validez del embargo y el pago del crédito que le sirve de causa.

23.8 Finalidad
La demanda en validez tiene por finalidad, hacer declarar por sentencia, que el embargo trabado fue hecho regularmente y reúne los requisitos para ser considerado legítimo y como tal, convertirlo en embargo ejecutivo.

La demanda en pago de crédito tiene por finalidad obtener la condenación del deudor por la suma adeudada al embargante.

Las demandas en validez del embargo y en pago del crédito que sirve de causa pueden llevarse separadamente y ante tribunales diferentes. Pero también está la posibilidad de fusionar o de acumular ambas demandas y hacerlas juzgar conjuntamente, lo que permite al embargante hacer desaparecer por una misma sentencia la indefinición jurídica que afecta tanto a su crédito, como a su título.

Cuando la demanda en validez y la demanda relativa al pago del crédito son llevadas conjuntamente, pudiendo ser notificadas al mismo tiempo que el embargo, se crea una especie de indivisibilidad, de la cual resulta que la sentencia que acoge la demanda en pago de crédito, también acogerá la demanda en validez, a menos que por un vicio de forma, esta última tenga que ser declarada nula o irrecibible; y que la demanda que rechaza la demanda relativa al crédito también rechazará la demanda relativa a la validez.

23.9 Los incidentes en el embargo conservatorio: Estos pueden ser promovidos por:

a)      Por el propio embargado. Los incidentes pueden ser promovidos por el propio embargado demandando su cancelación, reducción o limitación, cuando el mismo es nulo por vicio de forma o de fondo, o porque no están enunciadas las condiciones exigidas por la ley, en conclusión cuando hayan motivos serios y legítimos, estos motivos son los siguientes:

§  haber embargado bienes que no son susceptibles de este tipo de medida, como es el caso de los inmuebles;
§  embargar en base a un crédito que no reúne las condiciones de certidumbre, liquidez y exigibilidad requeridas;
§  embargar sin título o con título que no reúne las condiciones suficientes suficientes para fundamentar este embargo;
§  que la ordenanza que autorizó el embargo ha emanado de un tribunal incompetente, o bien obtenida mediante un procedimiento no autorizado por la ley;
§  haber incurrido en graves irregularidades de forma al momento de levantar el proceso verbal de embargo;
§  haber demandado la validez del embargo ante un tribunal incompetente, entre otras;

1)      Demandar el levantamiento del embargo, mediante la consignación de la suma suficiente para garantizar el pago de la causa del embargo, en principal, intereses y costas, en manos de un depositarios designado por el juez.

b)     Incidentes provenientes del concurso de acreedores. Sucede cuando al presentarse a trabar el embargo conservatorio el alguacil encuentra que los bienes sobre los cuales debe hacerse ya habían sido embargados conservatoriamente por otro acreedor. Pero este no es el problema, el problema se presenta cuando: 1º. El propietario o supuesto guardián se oponen al embargo, pero, no muestran al alguacil el acto del alegado embargo precedente; y, 2º. Cuando, pese a que le fue mostrada el acta del embargo precedente, el alguacil continúa las actuaciones y levanta una segunda acta de embargo conservatorio. En estos casos el primer embargante tiene derecho de demandar la nulidad del segundo embargo ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio del demandado.

c)      Incidentes provenientes de los terceros. Esta medida puede afectar a los terceros, cuando son embargados muebles de su propiedad y no del deudor perseguido. En tal eventualidad tienen derecho a demandar la distracción de dichos bienes por vía principal, por la vía incidental, o mediante la intervención en el proceso relativo a la demanda en validez del embargo.

23.10 Función del juez de los referimientos en esta medida.

Artículo 48. del CPC- (Modificado por Ley No. 845 del 15 de julio de1978).
En caso de urgencia, y si el cobro del crédito parece estar en peligro, el juez de primera instancia del domicilio del deudor o del lugar donde estén situados los bienes a embargar podrá autorizar, a cualquier acreedor que tenga un crédito que parezca justificado en principio, a embargar conservatoriamente los bienes muebles pertenecientes a su deudor.
El crédito se considerará en peligro y por tanto habrá urgencia cuando se aporten elementos de prueba de naturaleza tal que permitan suponer o temer la insolvencia inminente del deudor, lo cual se hará constar en el auto que dicte el juez, así como la suma por la cual se autoriza el embargo y el plazo en que el acreedor deberá demandar ante el juez competente la validez del embargo conservatorio o sobre el fondo, todo a pena de nulidad del embargo. El juez podrá exigir al acreedor la justificación previa de la solvencia suficiente o la presentación de un fiador o de una fianza, que se hará en secretaría o en manos de un secuestrario, sin necesidad de llenar las formalidades prescritas por el artículo 440 del Código de Procedimiento Civil.

La parte interesada podrá recurrir en referimiento ante el mismo juez que dictó el auto. El auto se ejecutará sobre minuta y no obstante cualquier recurso.

Artículo 55.- Cuando el valor de los inmuebles afectados por la inscripción provisional, autorizada de conformidad con el artículo que antecede, sea notoriamente superior al monto de las sumas inscritas, el deudor podrá hacer limitar sus efectos, en cualquier momento, por el juez de los referimientos o por el juez que conozca del fondo de la demanda, mediante notificación de que los inmuebles que se reserven tengan por lo menos un valor doble al monto del crédito en principal, intereses y gastos.

23.11 Articulo 50 párrafo final del Código de procedimiento Civil.


El mismo textualmente dice así “El tribunal apoderado del litigio o el juez de los referimientos podrá ordenar la cancelación, reducción, o limitación del embargo en cualquier estado de los procedimientos, cuando hubiere motivos serios y legítimos.

TEMA 24: Las medidas conservatorias especiales.  El embargo de locación.  El embargo contra el deudor transeúnte.  El embargo en reivindicación.  El embargo conservatorio comercial.  La hipoteca judicial provisional. Demanda sobre el fondo. Procedimiento para convertir la inscripción provisional en inscripción definitiva.

Las medidas conservatorias especiales.
Estas medidas conservatorias especiales son 5, y las veremos a continuación:

24.1.-El embargo de locación.  Este embargo conservatorio puede ser practicado por “los propietarios o inquilinos principales de casas o bienes rurales”, esto es, por el locador o arrendador, en esa calidad, trátese de un propietario, de un usufructuario, o de u n principal inquilino o arrendatario.

Este embargo se puede practicar “por deuda de alquileres o arrendamientos vencidos”, o, lo que es lo mismo, exigibles.

Puede ser practicado por el locador o por el arrendador contra su locatario o su arrendatario, y también a requerimiento de un locatario o de un arrendatario principal contra el sub – locatario o el sub – arrendatario.

Pueden ser embargados “los efectos y frutos que se encuentran” en las casas o en los establecimientos rurales y en las tierras que a ellos correspondan, incluso a los frutos pendientes por ramas o por raíces. También son embargables en esta forma los frutos ya cosechados, mientras se encuentren almacenados en la finca; pero no si han sido llevados a otro lugar, puesto que ya en ese caso no son muebles que guarnecen la finca.


24.2.- El embargo contra el deudor transeúnte. Este embargo llamado también embargo foráneo.

Todo acreedor, aunque carezca de título, puede “hacer embargar los efectos que se encuentren en la común en que resida y pertenezcan a su deudor transeúnte”.

Este embargo sólo puede realizarse contra el deudor transeúnte o foráneo, el cual no tiene domicilio ni residencia en la común en que se encuentran los muebles, sea dominicano o extranjero.

Este embargo puede ser practicado por todo acreedor, aunque carezca de título, siempre que tenga su domicilio o su residencia en la común en que se encuentren los muebles a embargar.
El embargo es posible, sea cual sea la cifra del crédito, sea de carácter civil o sea de carácter comercial.

La ley no exige que haya urgencia para que pueda procederse a este embargo.

Para embargar el acreedor debe haber obtenido un permiso, del juez de Primera Instancia o del juez de Paz. Son competentes tanto el Juez de Primera Instancia como el Juez de Paz del domicilio del acreedor.

Ambos jueces son competentes para autorizar el embargo, sea cual sea la naturaleza del crédito, civil o comercial, sea cual sea el monto del crédito.


24.3.-El embargo en reivindicación. Este embargo es una medida conservatoria que puede ser empleada por todos aquellos que tienen el derecho de persecución sobre un mueble, para recuperar su posesión, contra cualquier persona que posea o detenga ese mueble.

Con este embargo en reivindicación no se persigue el pago de un crédito mediante la venta de cosas embargadas, sino la restitución de la cosa propiedad del ejecutante o de la cosa sobre la cual él tiene un derecho de prenda.

La sentencia que valida el embargo asegurará la ejecución directa del derecho de ejecutante; si el embargado hace desaparecer las cosas embargadas incurrirá en el delito de sustracción de efectos embargados.

El embargo en reivindicación no puede ser practicado, sino previa autorización judicial. La autorización judicial es acordada, en principio, por el juez presidente del Juzgado de Primera Instancia, salvo si se trata del embargo en reivindicación practicado por el locador o arrendador, en que es autorizado por el juez de paz.

24.4 El embargo conservatorio comercial.  Este embargo solo podrá aplicarse a los efectos mobiliarios pero no a los créditos del deudor. Hay dos casos en los cuales se puede recurrir a este embargo conservatorio comercial, y son:

1.- en los casos que requieren celeridad, el presidente del tribunal podrá permitir que la citación se haga aún de día a día, y de hora a hora, como también que se embarguen los objetos mobiliarios; y

2.-En los casos en que, el portador de una letra de cambio protestada por falta de pago puede, con permiso del juez, embargar retentivamente los bienes muebles del librador, aceptantes y endosantes.

El embargo conservatorio comercial no es acordado sino en dos casos:
-          para proteger al demandante en un proceso comercial; y,
-          para proteger al portador de una letra de cambio protestada.

Es una medida extraordinaria, inspirada en el interés del crédito comercial.

Este embargo conservatorio puede aplicarse únicamente a los “efectos mobiliarios”, pero no a los créditos del deudor.

Este embargo, en razón de su amplitud, puede causar graves perjuicios a la parte embargada, es por esto que para realizarlo la ley exige que se cumplan dos condiciones:
1)      la autorización del Juez Presidente del juzgado de Primera Instancia; y,
2)      el juez puede ordenar que el demandante constituya un fiador, o que justifique la suficiente solvencia.

24.5 La hipoteca judicial provisional.  La hipoteca judicial es la que resulta de las sentencias, de los actos judiciales y autos del juez de Primera Instancia.

La hipoteca judicial puede ser definitiva o provisional.

Es definitiva cuando está fundamentada en una sentencia con autoridad de la cosa juzgada.

Es provisional, cuando está fundamentada en una sentencia recurrida, en una sentencia susceptible de recurso, o en un auto del juez competente.

Ambas tienen por objeto asegurar, lo mas eficaz posible, la ejecución de las sentencias de los tribunales, ya que poca importancia tendría para un acreedor obtener una sentencia si no puede ejecutarla, porque el deudor ha transferido sus bienes luego de la demanda o aún después de dictada la sentencia condenatoria.

La hipoteca judicial provisional  produce efectos graves para el deudor, puesto que a partir de su inscripción, si bien el propietario del inmueble gravado no está impedido de disponer del mismo, su transferibilidad se dificulta en razón de que todo adquiriente tendría que soportar las consecuencias de la decisión que interviniere con relación al proceso en el cual se discute el crédito que le sirve de causa.

Condiciones relativas al:

Cualquier acreedor que tenga un crédito justificado en principio puede ser autorizado a inscribir una Hipoteca Judicial Provisional. Incumbe al que invoca la calidad y la capacidad para trabar dicha medida las pruebas de las mismas.

Todo deudor, principal o accesorio, puede ser sujeto de una inscripción de Hipoteca Judicial Provisional y de igual forma pueden serlo los herederos.

Son objeto de Hipoteca Judicial Provisional todos los bienes inmuebles, presente y futuros, del deudor; lo que equivale a decir que el deudor contra quien es trabada la medida debe ser el propietario del inmueble.

La persona que requiere autorización para inscribir una Hipoteca Judicial Provisional debe tener un crédito.

Poco importa la naturaleza del crédito: contractual, cuasicontractual, delictual, cuasidelictual. El crédito puede ser civil o comercial. Puede aparecer contenido en un acto auténtico o bajo firma privada. Inclusive el acreedor  que ya posee un título ejecutorio puede tener interés en la inscripción de la Hipoteca Judicial para proteger sus derechos.

24.6 Demanda sobre el fondo


24.7 Procedimiento para convertir la inscripción provisional en inscripción definitiva.



TEMA 25: El embargo retentivo: Titulo que permiten esta medida.  Autorización del juez en ausencia de titulo.   El acta de embargo.  Formalidad y contenido.  Fusión de la demanda en cobro con la demanda en validez.  Las condiciones que debe reunir el tercero embargado.  Obligaciones del tercero embargado.  Declaración afirmativa.  Demanda en declaración afirmativa.  El embargo retentivo en manos del Estado.  El embargo sobre si mismo.  Los incidentes.

El embargo retentivo: Es la vía de ejecución por la cual el acreedor (embargante) hace oposición a un tercero (tercero embargado) quien es el deudor de su deudor (embargado) ya para el pago de una suma de dinero, ya para la entrega de un bien mobiliario corporal, de librarse entre las manos de ese acreedor y demanda al tribunal competente a ordenará (por una sentencia de validez) la atribución en su provecho de las sumas adeudadas o de los objetos detentados.

Mas claramente, un acto por el cual el acreedor inmoviliza entre las manos de un tercero las sumas y efectos pertenecientes a su deudor y se opone a su entrega.

Es pues la presencia del tercero embargado lo que identifica a este embargo y lo diferencia de las demás medidas persecutorias.

El embargo retentivo procede, cuando se trata de sumas que son adeudadas por un tercero a su deudor, o de cosas mobiliarias que no pertenecen todavía a su deudor y que le son adeudadas por un tercero a su deudor.

25.1 Títulos que permiten estas medidas.
La ley permite practicar embargo retentivo a todo acreedor, no solamente al que posee un título ejecutorio, sino también al que tiene un título auténtico o un título bajo firma privada, y aún al que no tiene ningún título, pero obligándole en este último caso, a proveerse de una autorización del juez.

El acreedor puede embargar retentivamente si tiene:

1)      Título escrito, sea auténtico o bao firma privada: acto notarial;
2)      Sentencia condenatoria, aún cuando no haya sido notificada, aún cuando haya sido impugnada por un recurso cualquiera, aún en el plazo en que no puede ser ejecutada;
3)      Pagaré;
4)      Letra de cambio aceptada;
5)      Póliza de seguro;
6)      Testamento.

Cuando el acto auténtico ha sido motivo de verificación de escritura o de inscripción en falsedad, el acreedor tiene que aguardar el resultado de esos procedimientos, antes de embargar retentivamente; pero el puede, prescindiendo de esos títulos, hacerse considerar como acreedor sin título, y embargar con autorización del juez.

25.2 Autorización del juez en ausencia del título:  El acreedor que no tiene título escrito no puede embargar retentivamente sino previo permiso del juez de Primera Instancia mediante auto dictado a instancia suya.

Este procedimiento es de carácter civil: por consiguiente, la instancia en que se solicite permiso de embargar deberá ser firmada por abogado.

El acreedor deberá acompañar la instancia con los documentos que puedan suministrar información al juez.

En su auto, el juez evaluará el crédito del solicitante y fijará en consecuencia la cifra por la cual autorízale embargo retentivo.

La instancia y el auto deberán asimismo indicar el tercero embargado y la naturaleza del crédito que se va embargar.

25.3 El acta de embargo.
La primera diligencia del embargo retentivo, es un acta de alguacil por cuyo medio el ejecutante notifica al tercero embargado que se opone a que éste pague en manos del embargado.

25.4 Formalidad y contenido El acta de embargo debe contener las menciones comunes a todos los actos de alguacil.

1º. El acta de embargo retentivo debe enunciar el título en cuya virtud el ejecutante procede al embargo. En caso de que el ejecutante no posea título escrito, la ley exige que de con el acta de embargo copia del auto del juez que lo autoriza a embargar.

2º. El acta de embargo retentivo debe enunciar las causas del embargo, esto es, la suma por la cual se pretende acreedor el ejecutante.

3º. El acta de embargo retentivo debe contener una elección de domicilio en el lugar en que reside el tercero embargado, si l ejecutante no estuviese domiciliado en ese lugar.

4°. Prohibición expresa al tercero embargado de desapoderarse de los bienes o los valores que detenta.

Estas tres formalidades deben ser observadas a pena de nulidad del procedimiento. Dicha nulidad puede ser propuesta por cualquier interesado.

25.5 Fusión de la demanda en cobro con la demanda en validez.  Cuando ambas demandas son llevadas conjuntamente se crea entre ellas una especie de indivisibilidad, de la cual, resulta que la sentencia que acoge la demanda en cobro de pesos, acogerá también la demanda en validez, a menos que por vicio de forma, esta ultima deba declararse nula o inadmisible.

Las similitudes y diferencias entre ambas demandas son las siguientes:

1º. Ambas de mandas pueden ser notificadas conjuntamente; sin embargo, la demanda en validez está sometida al plazo de 8 días, y la demanda de pago no está sometida a ningún plazo;

2º. Ambas demandas pueden ser llevadas al mismo tribunal; pero dicha afirmación es sólo válida cuando la demanda de pago es competencia del Juzgado de Primera Instancia, en razón de que demanda en validez es de la competencia exclusiva del Juzgado de Primera Instancia.

3º. Mientras la demanda en pago procura sancionar el crédito, la demanda en validez tiene por finalidad sancionar positivamente la regularidad del procedimiento de embargo. Rechazada la demando en pago, igualmente lo será la demanda en validez.

4º. La demanda en validez está sometida a las reglas del procedimiento civil ordinario, en tanto que el procedimiento de la demanda en pago del crédito depende de la cuantía, naturaleza o el origen del crédito. Cuando ambas demandas son llevadas conjuntamente se crea entre ellas una especie de indivisibilidad, de la cual resulta que la sentencia que acoge la demanda en pago del crédito acogerá la demanda en validez, a menos que por vicio de forma, ésta última deba declararse nula o inadmisible; y la sentencia que rechaza la demanda en pago, rechazará la demanda en validez.

25.6 Las condiciones que debe reunir el tercero embargado.
-          El tercero embargado debe ser deudor del embargado o detentador de muebles pertenecientes al embargado , a pena de nulidad;
-          Puede embargarse retentivamente en manos de quien sea mandatario del deudor, como un notario, un alguacil, un comisionistas, un depositario;
-          Se puede embargar retentivamente en manos del síndico las sumas pertenecientes a la quiebra que él tiene en su poder.
-          El Estado, las comunes, el Distrito de Santo Domingo, no pueden en ningún caso artes embargadas. Nada se opone, empero, a que figuren como terceros embargados en un procedimiento de embargo retentivo en todos aquellos casos en que los créditos de los particulares contra ellas no sean de aquellos cuyo embargo está prohibido.

25.7 Obligaciones del tercero embargado: El artículo 571 y siguientes del Código de Procedimiento Criminal, establece:

-          El tercer embargado citado hará su declaración y la ratificará en la secretaría, si estuviere en dicho lugar; si no, ante el juez de paz de su domicilio, sin que esté obligado en este caso a reiterar su ratificación en la dicha secretaría.
-          La declaración y la ratificación podrán hacerse por medio de un mandatario especial.
-          La declaración enunciará las causas de la deuda así como su importe; los pagos a cuenta si se hubieren hecho; el acto o las causas de liberación, si el tercer embargado no fuere ya deudor; y en todos los casos los embargos retentivos u oposiciones que se hubieren hecho en sus manos.
-          Si sobrevienen nuevos embargos retentivos u oposiciones, el tercer embargado los denunciará al abogado del primer ejecutante por extracto conteniendo los nombres y elección de domicilio de los ejecutantes y las causas de los embargos retentivos u oposiciones.
-          El tercer embargado que no hiciere declaración, o que no presentase las comprobaciones ordenadas en los artículos anteriores, será declarado deudor puro y simple de las causas del embargo.
-          Si el embargo retentivo u oposición se trabare en efectos mobiliarios, el tercer embargado estará obligado a unir a su declaración un estado detallado de dichos efectos.

25.8 Declaración afirmativa.  Por declaración afirmativa debe entenderse la afirmación o la negación del tercero embargado de sus relaciones de crédito con el deudor embargado en el momento del embargo.

El acto de declaración afirmativa debe exponer circunstancialmente cuáles son o han sido las relaciones de deudor a acreedor existentes entre el tercero embargado y el embargado.

Si el tercero embargado reconoce que es deudor del embargado, el debe indicar las causas y el monto de su deuda, o los objetos mobiliarios pertenecientes al embargado que se hallan en su poder.

En caso de que el tercero embargante se haya declarado deudor del deudor del embargado y haya intervenido sentencia de validación con carácter ejecutorio, entonces está a cargo del tercero embargado la obligación de pagar al acreedor embargante.

En caso de que el tercero embargado declara que está liberado de su deuda, total o parcialmente, o que por cualquier otro motivo ya no es deudor del embargado, el debe enunciar en su declaración el acto y la causa de su liberación o el motivo por el cual entiende que ya no es deudor del embargado. En caso d que alegue el pago el tercero embargado debe exhibir los recibos justificativos.

25.9 Demanda en declaración afirmativa.
Por demanda en declaración afirmativa debe entenderse el acto mediante el cual el acreedor embargante requiere del tercero embargado que declare si al momento del embargo era deudor o no del deudor embargado.

Todo deudor puede ser embargado, puede ser tercero embragado y como tal, citado en declaración afirmativa por el acreedor de su acreedor.

El tercero embargado no podrá ser citado en declaración si no hubiere título auténtico o sentencia que hubiere declarado válido el Embargo Retentivo. Sin embargo, cuando la medida se fundamenta en una sentencia condenatoria al pago de un crédito, el embargante podrá citar en declaración afirmativa aunque dicha sentencia haya sido recurrida en apelación.

Una vez haya sido dictada la sentencia validando el embargo, el tercero embargado podrá ser citado.

La demanda será intentada por el acreedor embargante, o por aquella persona que ejerciendo la acción oblicua actúe como acreedor en nombre del acreedor embargante, contra el tercero embargado.

Determinados deudores no pueden ser embargados, como tampoco citados en declaración afirmativa, como ocurre con el Estado y sus instituciones. Otros deudores, aunque pueden ser embargados no pueden ser citados en declaración afirmativa, como ocurre con las instituciones bancarias.

25.10 El embargo retentivo en manos del Estado.
Según el artículo 561 del Código de Procedimiento Civil: “el embargo retentivo u oposición hecho en manos de los receptores, depositarios o administradores de caudales públicos, y en esta calidad, no será válido, si el acto no se hace a la persona designada por la ley para recibirlo, y si dicha persona no visare el acto original, o en caso de negativa de ésta, el fiscal. Igual formalidad de visado deberá cumplirse cuando el embargo se practique en bancos comerciales o instituciones de crédito legalmente establecidas, por funcionarios autorizados.

El embargo retentivo, así como la oposición, en manos del Estado y los actos que deban seguir a la medida, se notificará al mismo tiempo que al Fiscal, en la Tesorería de la Nación, hablando con el Tesorero Nacional; o en la Colecturía de Rentas Internas (actualmente Impuestos Internos) que tenga su asiento en la Capital de la República o en la que tenga su asiento en la jurisdicción territorial del juzgado o tribunal que haya de conocer de la demanda en validez, hablando en estas oficinas con el correspondiente Colector de Rentas Internas, actualmente Encargado de Impuestos Internos.
Cuando el embargo retentivo u oposición se notificare fuera de la jurisdicción de la Capital de la República, la medida no surtirá efectos respecto del Estado, sino en la fecha en que resulte añadiendo al día del embargo u oposición un día por cada doce kilómetros de distancia, por la vía terrestre, entre la ciudad en que esté ubicada la oficina del Estado notificada y la Capital de la República.

Tratándose del embargo de sumas de dinero o de alguna otra cosa cuya entrega no incumba al Tesorero Nacional, la medida no surtirá sus efectos frente al Estado sino a partir de la fecha en que la notificación pueda ser tramitada, con la debida diligencia, al funcionario o a la persona a quien incumba ordenar la entrega, a menos que la notificación sea hecha, además, a ese funcionario o a esa persona.

El Embargo Retentivo produce indisponibilidad de los créditos del deudor embargado en manos del tercero embargado e interrumpe la prescripción que corría a favor del deudor embargado y en perjuicio del acreedor embargante.

25.11 Embargo sobre sí mismo.

Resulta, cuando una persona que es, al mismo tiempo acreedora y deudora de otra, puede, como acreedora, embargar retentivamente en sus propias manos lo que ella adeuda a su deudor. Esto se plantea únicamente en los casos en que la compensación legal no es posible, por no recaer ambos créditos sobre dinero o cosas fungibles.

25.12 Los incidentes.
Los incidentes del Embargo Retentivo pueden provenir:

1º. Del embargado, bajo la forma de demanda de desembargo. El embargado podrá promover este incidente, cuando:
-          cuando el embargado sostiene que el embargo retentivo está afectado por vicio de forma, en razón de que omitieron o no fueron debidamente cumplidas las formas prescritas para el embargo, la denuncia o la demanda en validez;
-          cuando el embargado pretende que el embargo retentivo fue practicado por quien no es creedor, o sobre el fundamento de un crédito que no es cierto y exigible, o de un crédito que, no siendo líquido, no ha sido provisionalmente liquidado, o que fue embargado un crédito inembargable.

2º. Conflictos entre ejecutantes. Como es sabido, varios acreedores pueden formar sucesivamente embargos retentivos en perjuicio de un mismo deudor y en manos del mismo tercero embargado. Este conflicto resulta:
-          cuando uno de los acreedores ha obtenido y notificado una sentencia de validación del embargo retentivo, la cual le atribuye, hasta debida concurrencia, según se ha dicho, el crédito embargado retentivamente. En este caso, los ejecutantes posteriores a la sentencia de validación quedan descartados.

3º. Conflictos entre ejecutantes y cesionarios. Este conflicto puede presentarse en tres hipótesis:
-          Primero. Embargo retentivo practicado después de la cesión. En este caso el Embargo retentivo, es inoperante, por tardío.
-          Segundo. Cesión del crédito embargado hecha después que ha intervenido sentencia que valida el embargo. En este caso, esta cesión es inoponible al ejecutante, puesto que recae sobre un crédito que salió ya del patrimonio del embargado.
-          Tercero. Cesión, en el curso del procedimiento del embargo, del crédito embargado retentivamente.

4º. Conflictos con el tercero embargado. Cundo el ejecutante reclama al tercero embargado lo que se le debe, puesto que el tercero embargado ha pagado al deudor embargado – ha pagado mal -, esto es que ha hecho un pago que no es liberatorio. Pero como la indisponibilidad relativa, el pago es oponible al segundo ejecutante: éste ha embargado tardíamente, después que el crédito fue extinguido como consecuencia del pago.


TEMA 26.   El embargo ejecutivo de derecho común. Mandamiento de pago.  Contenido y notificación.  El proceso verbal de embargo.  Formalidades y contenido.  Régimen de publicidad.  Venta en pública subasta.  Los incidentes.

El embargo ejecutivo de derecho común.  El embargo ejecutivo es el que el acreedor puede practicar sobre los muebles corporales de su deudor que se encuentren en posesión de éste.

Cuando los muebles  corporales se encuentran en poder de terceros  el acreedor debe, en principio, recurrir al embargo retentivo. Pero es el embargo ejecutivo la vía a emplear cuando la cosas se encuentran en manos, no de un tercero, sino de un empleado del deudor.

26.1 Mandamiento de pago.
Es aquel que el acreedor puede practicar sobre los muebles corporales de su deudor que se encuentren en posesión de este. Según lo dispone el artículo 583, al embargo ejecutivo debe preceder, en un día por lo menos, un mandamiento de pago notificado a la persona o en el domicilio del deudor. Este acto puede ser preparado por el alguacil o en una diligencia especial, o conjuntamente con la notificación del título ejecutorio.

26.2 Contenido y notificación
Además de las enunciaciones requeridas en todo acto de alguacil, el mandamiento de pago tendiente al embargo ejecutivo deberá contener:
1º. Notificación del título ejecutorio, si antes no le había sido notificado al deudor;
2º. Enunciación de la suma adeudada;
3º. Intimación de pagar la suma adeudada, con advertencia de que, a falta de pago, se procederá al embargo;
4º. Elección de domicilio hasta concluir los procedimientos del embargo, en el lugar en donde debe cumplirse la ejecución, si el acreedor no residiere allí.

La omisión de cualquiera de estas enunciaciones, conlleva a la nulidad del mandamiento de pago.

La notificación.
El artículo584, establece que: “ el mandamiento de pago contendrá elección de domicilio hasta concluir los procedimientos del embargo en el lugar en donde deba cumplirse la ejecución, si el acreedor no residiere allí; y el deudor podrá hacer en ese domicilio elegido todas sus notificaciones, hasta la de ofrecimientos reales y de apelación.

La doctrina entiende que, la disposición del artículo 584 ha sido dictada exclusivamente en provecho del deudor, y que , y que por consiguiente, no pede ser invocada por ninguna de las otras personas que intervienen directa o indirectamente en el embargo, como el depositario, los acreedores oponentes, los terceros reivindicantes. A estas personas, aunque ligadas al procedimiento o interesadas en el procedimiento del embargo, no aprovecha la elección de domicilio hecha por el acreedor en el mandamiento de pago. En consecuencias, ellos deben hacer sus respectivas notificaciones en el domicilio real del ejecutante, no en el domicilio elegido por éste en el mandamiento de pago.

26.3 El proceso verbal de embargo.

1º. El embargo ejecutivo se practica por ministerio de alguacil. Puede ser hecho en cualquier lugar en que se encuentren muebles pertenecientes al deudor: en su domicilio, en una residencia, en el domicilio de un tercero, aún en la vía pública., según lo dispone el artículo 585.

2º. El alguacil deberá hacerse asistir por dos testigos, ciudadanos dominicanos, mayores de edad, que no sean parientes ni afines de las partes, o del alguacil, ni tampoco sus sirvientes. La misión de los testigos es proteger al alguacil contra cualquier acto de violencia que pudieran cometer el embargado o los terceros, y supervigilar las operaciones del embargo.

3º. Con la finalidad de evitar posibles querellas o riñas la parte actora no puede presenciar las diligencias del alguacil.

26.4 Formalidades y contenido.  

Las formalidades relativas a la redacción del acta de embargo son en general prescritas a pena de nulidad. El acta será firmada por el alguacil, los testigos, las autoridades y depositarios que hayan tenido que proceder a la apertura de puerta.  

El acta de embargo debe contener:
-          las enunciaciones comunes de los actos de alguacil, y hará constar, además:
-          los nombres y residencias de los testigos;
-          la reiteración del mandamiento de pago;
-          los incidentes que hayan podido presentarse en el curso de la operaciones;
-          la designación de los objetos embargados;
-          el nombre del depositario;
-          la indicación del día de la venta.

26.5 Régimen de publicidad: es el anuncio de venta en pública subasta de los bienes ejecutados al deudor o detentador en un embargo ejecutivo. La venta debe ser precedida, con un día de anticipación, de edictos fijados que indicarán el lugar, el día y la hora de la venta. La fijación de los edictos se comprobará mediante acta redactada por el alguacil. Además, si se tratara de botes, lanchas o buques de mar, o vajillas de plata, sortijas y alhajas, será necesario proceder a las medidas adicionales de publicidad prescritas en los artículos 620 y 621 del Código de Procedimiento Civil. La venta será también anunciada en los periódicos, en tres días distintos y consecutivos.

26.6 Venta en pública subasta: la venta en pública subasta es la operación de poner a la venta del público los bienes muebles pertenecientes al deudor o al detentador embargado. La  venta debe ser precedida, con un día de anticipación de los edictos fijados, más bien del régimen de publicidad al que nos referimos en el punto anterior;
-          La venta debe ser hecha por vendutero público, pero puede hacerla también el alguacil que practicó el embargo.
-          La venta se iniciará “por pregón con campanilla”.
-          El ministerial, puede fijar para cada uno de los objetos a vender, un precio para la primera puja y un mínimun de diferencia entre ella y las pujas subsiguientes.
-          No puede el oficial que procede a la venta, hacerse adjudicatario. Tampoco puede él hacer pujas por personas no presentes en las subastas. Las adjudicaciones sólo se harán a personas presentes.
-          El ministerial actuante deberá levantar acta de las operaciones de la venta, la cual indicará los objetos vendidos, el precio de cada venta, y los nombres de los adjudicatarios.
-          Si el producto de la venta basta para desinteresas al ejecutante y a los oponentes, el ministerial los paga directamente; de lo contrario, consignará en la caja pública.


26.7 Los incidentes: Puesto que el embargo ejecutivo no es un proceso, sino un procedimiento extrajudicial, los incidentes que el conciernen no son demandas incidentales, sino demandas principales e introductivas de instancias.

El tribunal competente para conocer de los incidentes del embargo ejecutivo es el de primera instancia, puesto que se trata de dificultades surgidas en la ejecución de un título ejecutorio.

Los incidentes del embargo ejecutivo pueden provenir del:

1)      Del embargado. Este puede impugnar el procedimiento  alegando:
a)      Vicio de fondo. Como por ejemplo: que no es deudor del ejecutante; que su deuda no está vencida; que el ejecutante no tiene calidad; que los bienes embargados son inembargable; que la sentencia que sirve de base a las persecuciones no puede ser ejecutada porque, no siendo ejecutoria provisionalmente, ha sido objeto de una oposición o de una apelación.
b)      Vicio de forma. Cuando por ejemplo arguye: que en el mandamiento de pago o en el acta de embargo no se observaron las formalidades sustanciales o las prescritas a pena de nulidad, o que no fueron observados los plazos que deben mediar entre el mandamiento de pago y el embargo, o entre el embargo y la venta.

2)      De los acreedores del embargado. Estos pueden ser.
a)      oposición sobre el producto de la venta.  Esta oposición puede ser formada, sin permiso del juez, por todo creedor, sea cual sea la naturaleza de su crédito o de su título. Su objeto es simplemente dar a conocer la existencia del acreedor oponente e impedir que el precio de la venta sea distribuido en su ausencia.
b)      nuevo embargo. La existencia de un embargo es un impedimento para que se practique un nuevo embargo. Se admite que no es nulo el segundo embargo practicado en la completa ignorancia del primero; pero este nuevo embargo no producirá otro efecto que el de una simple acta de verificación respecto de las cosas comprendidas en el primer embargo.  En relación a esto el artículo 611 dispone: “El alguacil que, presentándose a embargar, encontrare embargo hecho y un depositario establecido, no podrá embargar nuevamente; pero sí podrá proceder a la comprobación de los mueble y efectos comprendidos en el acta de embargo, acta que el depositario estará obligado a presentarle: embargará los efectos omitidos, e intimará al primer ejecutante para la venta de todo en la octava; el acta de comprobación producirá los mismos efectos que la oposición, en la distribución del producto de la venta.
c)      Subrogación en las persecuciones. En todos los casos, la subrogación en las persecuciones, o sea el derecho de requerir que se proceda a la venta, se produce de pleno derecho, extrajudicialmente. No obstante la oposición o el subsiguiente embargo, el único o el primer ejecutante conservan la dirección del procedimiento ejecutivo.
d)     Efectos de la nulidad del embargo.  F. T. 192

3)      Incidentes promovidos por los terceros. Los incidentes promovidos por los terceros pueden presentarse en tres momentos diferentes: en el momento mismo en que el alguacil se presenta a embargar; después del embargo, pero antes de la venta; después de la venta.

a)      oposición al embargo: se produce en el mismo momento en que el alguacil se presenta a embargar. La persona  uqe pretende tener derecho sobre los inmuebles amenazados de embargo, puede, si se entera de la notificación del mandamiento de pago, advertir al ejecutante, por acto extrajudicial, la existencia de sus derechos sobre los muebles que se hallan en poder de la persona a quien se la ha notificado el mandamiento de pago.

b)      Demanda en distracción. Se manifiesta después del embargo, pero antes de la venta, revisten la forma de una demanda en distracción, que es una verdadera reivindicación, que debe ser sometida al Juzgado de Primera Instancia del lugar del embargo mediante procedimiento sumerio. Si el reivindicante no cita al embargado la demanda es irrecibible, por no haber sido interpuesta contra una de las personas más directamente interesadas en contestarla.

La demanda en reivindicación suspende el procedimiento del embargo. Mientras el incidente no sea resulto de modo favorable al ejecutante.

Si la demanda en distracción es desestimada se sigue el procedimiento y se pasa a efectuar la venta. Si, por el contrario, la demanda es acogida, el procedimiento ejecutivo cae y los muebles reivindicados son devueltos al propietario.
                       
c)      Reivindicación después de la venta. La demanda en distracción es admisible solamente hasta el momento de la adjudicación. Esta reivindicación es inadmisible, salvo si el adjudicatario es de mala fe, en cuyo caso es posible durante veinte años. También es posible la reivindicación contra el adjudicatario de buena fe, pero durante tres años solamente, y a cargo de restituirle el precio de su adquisición.


TEMA 27.El embargo inmobiliario de derecho común.  El mandamiento de pago.  El acta de embargo.  Denuncia del acta de embargo.  Inscripción o transcripción del acta de embargo.  Redacción, depósito, notificación del pliego de condiciones.  El régimen de publicidad.  La subasta.  La decisión de adjudicación.  Los incidentes del embargo. Sentencia de adjudicación. Publicidad del recurso. Cuando procede.

El embargo inmobiliario de derecho común: El embargo inmobiliario tiene un carácter especial dentro de nuestro sistema de ejecución forzada.

El embargo inmobiliario es un procedimiento judicial, que se somete al Juzgado de Primera Instancia. En el embargo inmobiliario el tribunal no actúa jurisdiccionalmente, sino en atribuciones de administración judicial. Es solamente si surgen incidentes en el procedimiento cuando el tribunal, lo mismo que en cualquier otro embargo, actuará jurisdiccionalmente.

El embargo inmobiliario, al igual que en el embargo ejecutivo y el embargo de frutos no cosechados, se desenvuelve en dos etapas:

1ra. Etapa: tiene por objeto poner los bienes embargados en manos de la justicia. La precede u mandamiento de pago hacho al deudor, y además, si el procedimiento es dirigido contra un tercero detentador, una intimación a pagar o abandonar notificada por éste. Esta primera fase comprende:
- el acta de embargo;
-          la denuncia del acto de embargo;
-          la transcripción o la inscripción del embargo y de la denuncia.

2da. Etapa: está encaminada a preparar la venta del inmueble embargado, y comprende:
-          redacción y depósito del pliego de condiciones;
-          denuncia a los acreedores inscritos o registrados y al vendedor no pagado del depósito del pliego de condiciones, con la finalidad de que le hagan sus reparos, y asistan a su lectura y publicación;
-          lectura y publicación del pliego de condiciones en audiencia del tribunal, y fijación de la fecha de la venta;
-          avisos y edictos indicativos del día de la venta.


Según lo dispone el Código Civil, pueden ser embargados inmobiliariamente: los inmuebles por su naturaleza, o sea el terreno y las mejoras o construcciones existentes sobre el terreno; el usufructo sobre inmuebles.

27.1 El mandamiento de pago: Es un acto de alguacil, sustancialmente igual a los otros mandamientos de pago que deben preceder a los embargos ejecutorios, que contiene intimación al deudor para que pague su deuda, con apercibimiento de que, a falta de pago, le serán embargados sus inmuebles.

El mandamiento de pago, además de las enunciaciones contenidas en todos los actos de alguacil, de tener:

-          copia del título ejecutorio en cuy virtud se procede al embargo;
-          elección de domicilio, en la ciudad donde está establecido el tribunal que debe conocer del embargo, si el acreedor no lo tiene allí;
-          amenaza de embargar los inmuebles del deudor, esto es la advertencia de que, a falta de pago, se procederá al embargo de los inmuebles del deudor.

El mandamiento de pago debe ser notificado a la persona del deudor, o en su domicilio; también ser notificado en el domicilio elegido por el deudor.

El deudor a quien se le notifica el mandamiento de pago tendiente a embargo inmobiliario dispone de tres medios para evitar el embargo:
1)      el pago;
2)      los ofrecimientos reales; y,
3)      la oposición al mandamiento de pago.

El artículo 674 dispone: “no podrá proceder al embargo inmobiliario sino 30 días después del mandamiento de pago”. La ley prescribe la observancia de este plazo con el fin de que el deudor pueda evitar el embargo procurándose los fondos necesarios para pagar. Este plazo es franco.

El artículo de referencia prescribe además que “en caso de que el acreedor dejare transcurrir más de 90 días sin proceder al embargo estará obligado a reiterar el mandamiento de pago”. La ley se propone evitar, con esta disposición, que el ejecutante mantenga indefinidamente al deudor bajo la amenaza de embargo. Dicho plaza de 90 días es franco.


27.2 El acta de embargo: Para redactar el acta de embargo el alguacil debe estar provisto de procuración especial del ejecutante.

El acta de embargo de be contener a pena de nulidad, además de las requeridas para los actos de alguacil:
1º. La enunciación  del título ejecutivo en cuya virtud hace el embargo.
2º. La mención de haberse transportado el alguacil al lugar mismo en que radican los muebles que se embargan.
3º. La indicación de los inmuebles embargados.
4º. La indicación del tribunal que conocerá del embargo.
5º. La constitución de abogado, en la forma prevista en el artículo 61, cuyo estudio deberá elegir domicilio el persiguiente.

27.3 Denuncia del acta de embargo: El embargo se denunciará a la persona del embargado o en su domicilio, dentro del plazo de 15 días a contar de la única ola última acta de embargo.

El objeto de esta diligencia es informar al deudor que el persiguiente ha realizado la amenaza contenida n el mandamiento de pago, y que el inmueble ha sido puesto en manos de la justicia.

La denuncia de embargo produce dos efectos:

1)      la elección de domicilio contenida en el mandamiento de pago es reemplazada por la contenida en la denuncia;
2)      como el embargo que se denuncia al deudor contiene una constitución de abogado, este acto crea entre las partes, aun cuando no exista controversia, una situación jurídica análoga a una instancia, sujeta a las causas de interrupción y de suspensión que afectan a la instancia, en la cual la denuncia del embargo hace las veces de emplazamiento, el ejecutante las de demandante, y confiere derecho al deudor, como parte demandada, para constituir abogado.

27.4 Inscripción o transcripción del acta de embargo: Si se  trata de inmuebles no registrados: dentro de los 15 días de la fecha de la denuncia, el acta de ésta, que deberá contener copia del embargo, se transcribirá en la conservaduría de hipotecas del distrito judicial en que radican os bienes embargados.

Si los inmuebles se encuentran situados en más de un distrito judicial, cada transcripción deberá efectuarse dentro de los diez días que sigan a la fecha en que se ultime la transcripción anterior.

En el caso de inmuebles registrados, el embargo debe ser inscrito en la oficina del registrador de títulos.

Los efectos de la inscripción de un embargo sobre inmuebles registrados, son los mismos que los de la transcripción de un embargo sobre inmuebles no registrados.

Los efectos de la transcripción o inscripción son 5:

1)      restringe los derechos de uso, goce, y administración del deudor sobre el inmueble;
2)      inmoviliza los alquileres y arrendamientos;
3)      hace inajenable el inmueble embargado;
4)      asegura la dirección de las persecuciones al acreedor cuyo embargo fue transcrito o inscrito;
5)      transforma a los acreedores quirografarios en terceros en relación al embargado.


27.5 Redacción, depósito, notificación, del pliego de condiciones.

Redacción.  El pliego de condiciones, es un acto que prepara el abogado del persiguiente, cuyo objeto es dar a conocer las condiciones de la venta al ejecutado, a los acreedores inscritos y registrados y a los futuros subastadores.

El pliego de condiciones es un proyecto, una policitación, que no contiene sino una sola obligación, la que el persiguiente asume de constituirse adjudicatario por el precio fijado por él en dicho acto, si nadie ofrece un precio mayor.

El pliego de condiciones debe tener las enunciaciones que se indican a continuación:

1)      Enunciación del título y del procedimiento. La enunciación del título en virtud del cual se procedió al embargo y de los actos que precedieron a éste, así como la enunciación de los demás actos o sentencias que lo sucedieron.
2)      Designación de los inmuebles embargados. Se exige la designación de los inmuebles embargados tal y como se haya insertado en el acta de embargo.
3)      Condiciones de la venta. Se exige que sean dadas a conocer, en el pliego de condiciones, las condiciones de la venta, las relativas al pago del precio, a la garantía, a las servidumbres, etc. Se debe establecer en dicho pliego  que todo licitador deberá depositar previamente en la secretaría del tribunal una garantía en efectivo o en cheques certificados de una institución bancaria domiciliada en el país.
4)      Oferta de precio. El pliego debe contener el ofrecimiento de un precio por el persiguiente. Si no se presenta ningún subastador, se declarará adjudicatario al persiguiente por el precio ofrecido en el pliego.
5)      Relación de las cargas hipotecarias. Se ordena que en el pliego de condiciones se incluya una relación de las inscripciones que hubiere sobre los inmuebles embargados, o mención de la certificación de que no existen inscripciones.

Depósito: El artículo 690 dispone que el pliego de condiciones deberá ser depositado, en la secretaría del tribunal que debe proceder a la venta, dentro de los 20 días que siguieren a la fecha de la trascripción o inscripción, del embargo.

Aunque la ley no lo exige, el secretario levanta acta del depósito, con la que se comprueba que esta formalidad fue cumplida en el plazo legal.

Notificación:  Dentro del plazo de ocho días del depósito del pliego de condiciones el persiguiente notificará tal depósito, por acto de alguacil, tanto a la parte embargada como a los acreedores inscritos o registrados, y les notificará asimismo el día que fijase el juez para dar lectura a dicho pliego.

El objeto de esas notificaciones es llamar al embargado y a los acreedores hipotecarios o privilegiados a participar en la redacción definitiva del pliego de condiciones, el cual es un simple proyecto en el momento de su depósito.

27.6 El régimen de publicidad: Veinte días por lo menos antes de la adjudicación, el abogado del persiguiente hará insertar en uno de los periódicos del distrito judicial en donde radiquen los bienes un extracto firmado por él y que contenga:

1)       la fecha del embargo, la de la denuncia y la de la transcripción o inscripción;
2)       los nombres, profesión, domicilio o residencia del embargado y del persiguiente;
3)       la designación de los inmuebles, tal como se hubiere insertado en el acta de embargo;
4)       el precio puesto por el persiguiente para la adjudicación;
5)       la indicación del tribunal y la del día y la hora en que l adjudicación tendrá efecto;
6)       una mención de la garantía que se haya estipulado para poder ser licitador.

La parte que tenga interés en que se dé mayor publicidad a la venta lo expresará así al tribunal, y éste decidirá si es necesario hacer otras publicaciones, mediante auto que no será susceptible de ningún recurso.

Por último un extracto igual se fijará por ministerio de alguacil en la puerta del tribunal en el cual se llevará a cabo la adjudicación.

27.7 La subasta: Una vez abierta la audiencia y requerida la adjudicación, se procede a la subasta de los inmuebles.

Todo aspirante a subastador está obligado a depositar en la secretaría, antes de iniciarse la subasta, la garantía requerida por el pliego de condiciones.

Las pujas deberán se hechas por ministerio de abogado: por tanto es radicalmente nula la adjudicación pronunciada a favor de un licitador que hizo la subasta personalmente.

No podrá hacerse la adjudicación sino después de haber transcurrido tres minutos de iniciada la subasta. Si no hubo postura durante los tres minutos se declarará adjudicatario al mismo que persigue la venta, sirviendo de tipo para la adjudicación el precio que él haya fijado en el pliego de condiciones. Si antes de transcurridos tres minutos se hicieren algunas pujas no se podrá efectuar la adjudicación sino después de haber transcurridos dos minutos sin nuevas pujas hechas en el intervalo.

En principio cualquier persona tiene derecho a subastar y hacerse adjudicatario. El artículos 711 prohíbe subastar y hacerse adjudicatario a:

1)      los miembros del tribunal (juez, fiscal, secretario)ante el cual se persigue el embargo;
2)      el embargado tampoco puede subastar ni hacerse adjudicatario;
3)      el bogado del persiguiente está asimismo incapacitado para subastar y hacerse adjudicatario.

27.8 La decisión de adjudicación.: La sentencia de adjudicación no es una verdadera sentencia, sino un acto de administración judicial, este acto ordenará al embargado a abandonar la posesión de los bienes tan pronto como se le notifique. Esta sentencia no es motivada, no tiene autoridad de la cosa juzgada, no produce hipoteca judicial, no es susceptible de recurso, sino de una acción principal de nulidad.

La sentencia de adjudicación, será la copia del pliego de condiciones, y ordenará al embargado abandonar la posesión de los bienes, tan pronto como se le notifique.


27.9 Los incidentes del embargo: Se considera como incidente del embargo inmobiliario cualquier contestación, de forma o fondo, originada en el procedimiento del embargo, y que pueda ejercer una influencia necesaria sobre su marcha o sobre su desenlace.

La ley incluye entre los incidente del embargo inmobiliario la demanda en distracción, lo que se explica porque ella tiene íntima relación con el procedimiento mismo del embargo y con su desenlace.

Los incidentes del embargo inmobiliario entran en la competencia del Juzgado de Primera Instancia apoderado del procedimiento de embargo, aun cuando se trate de inmuebles no registrados

La ley enumera los incidentes del embargo inmobiliario, los cuales son 6:

1)      la acumulación de embargos. Ocurre cuando varios embargos son practicados sobre el mismo inmueble, sea a causa de que el segundo embargante haya ignorado el primer embargo, se aporque aun conociéndolo, el haya embargado nuevamente para obtener las ventajas inherentes a la calidad del ejecutante.

2)      La subrogación de las persecuciones. Tiene por objeto evitar que los acreedores ligados a las persecuciones sean perjudicados por la aplicación de la regla según la cual no puede seguirse al mismo tiempo más de un procedimiento ejecutivo sobre el mismo inmueble.


3)      La radiación o cancelación del embargo. Es la constancia de la descontinuación de las persecuciones, que se realiza insertando una mención o anotación al margen de la transcripción o de la inscripción del acta de embargo.

4)      La demanda en distracción. Es el incidente que, en caso de inmuebles registrados, puede promover un tercero que sostiene ser propietario de los inmuebles o de una parte de los inmuebles embargados. Es una verdadera demanda en reivindicación.

5)      La demanda en nulidad. Las formalidades relativas, al mandamiento de pago; al plazo que debe transcurrir entre el mandamiento de pago y el embargo; a la forma del acta de embargo; a la forma de la denuncia del acta de embargo; a la transcripción o inscripción del embargo; a la redacción del pliego de condiciones; a la denuncia del depósito del pliego de condiciones a los acreedores inscritos o registrados y al vendedor no pagado; a la lectura del pliego de condiciones; a las publicaciones y extractos que anuncian la venta; a las justificaciones de haberse hecho esas publicaciones; a las nuevas publicaciones en caso de aplazamiento de la adjudicación; alas formas de adjudicación; deben cumplirse a pena de nulidad.

6)      La falsa subasta; la conversión del embargo en venta voluntaria. Los artículos 742 y 743 enuncian dos principios: 1º. El de que es nula toda convención intervenida entre el acreedor y el deudor que reconozca a aquel la facultad de vender el inmueble hipotecado sin observar las formalidades del embargo inmobiliario; 2º. No se podrá, a pena de nulidad, poner en venta pública judicial los inmuebles pertenecientes a mayores de edad que tengan la libre disposición de sus derechos, cuando se tratan de ventas voluntarias.

Es preciso aclarar que esta enumeración no es limitativa.

27.10 Sentencia de adjudicación.

La sentencia de adjudicación es la constancia de la transmisión judicial del derecho de propiedad del deudor al persiguiente como resultado del proceso de embargo inmobiliario.

27.11 Publicidad del recurso.

Esta sentencia al ser administrativa no es susceptible de los recursos habituales. De hecho en los términos del articulo 712 del Código de Procedimiento Civil “La sentencia de adjudicación será la copia del pliego de condiciones redactado en la forma establecida por el artículo 690, y ordenará al embargado abandonarla posesión de los bienes, tan pronto como se le notificare la sentencia, la cual será ejecutoria contra toda persona que estuviere ocupando a cualquier título que fuere los bienes adjudicados”.

27.12 Cuando procede.



TEMA  28: El Embargo inmobiliario especial.  Acreedores que se benefician de este procedimiento.  Situación creada luego de la publicación del Código monetario y financiero.  Diferencia con el procedimiento ordinario.  Las ventajas que tienen los acreedores que se benefician del procedimiento abreviado.


El Embargo inmobiliario especial:
Las reglas a que se encuentra sometido el embargo inmobiliario practicado a requerimiento del banco Agrícola de la República Dominicana están consagradas en los artículos 148 al 168 de la ley Nº 6186 sobre Fomento Agrícola.

De acuerdo con las señaladas disposiciones, “En caso de falta de pago y siempre que por otra causa indicada en esta ley, el capital de un préstamo sea exigible, la venta de los inmuebles hipotecados podrá ser perseguida.”  Todas las contestaciones que surjan con motivo del procedimiento señalado por la citada ley, serán de la competencia del tribunal llamado a conocer de la venta del los inmuebles, sin que se detenga el procedimiento de adjudicación.”  “Se procederá como en materia sumaria y la sentencia que intervenga no será susceptible de apelación.

28.1 Acreedores que se benefician de este procedimiento.

En principio este procedimiento fue instituido para beneficio del banco agrícola cuando otorga prestamos hipotecarios, sin embargo, otras disposiciones legales han acogido el procedimiento  instituido por esta ley de embargo inmobiliario, tal como ocurre con el código laboral que establece que el embargo inmobiliario realizado en ocasión al reconocimiento de los derechos por pago de prestaciones laborales, será seguido en ocasión de esta ley.

Luego y con el transcurrir del tiempo, en virtud del desarrollo económico y de la necesidad de expansión del sistema financiero, y también para beneficiar a una clase profesional, se crearon una serie de leyes en las cuales se hizo constar que se  benefician del procedimiento del embargo inmobiliario establecido en la ley 6186 sobre fomento agrícola, estas instituciones son:

  • Las asociaciones de ahorros y Prestamos para la vivienda, creadas mediante la ley Nº5897 de fecha 4 de mayo del 1962.

  • Las sociedades financieras que promueven el Desarrollo Económico (Banco de desarrollo, creadas mediante la ley Nº292 de fecha 18 de junio de 1966,

  • Los bancos hipotecarios de la Construcción, creados mediante la ley Nº171, de fecha 7 de junio de 1971.

  • La Ley 302,modificada por la ley 95-88 sobre honorarios de abogado, en lo relativo al cobro de honorarios por la vía compulsiva;

  • La ley 301,sobre Notario Dominicano, modificada por la ley 86-89 de fecha 22 de octubre del 1989, también en la parte relativo al cobro de honorarios profesionales.

  • Los créditos nacidos de las demandas laborales entre trabajadores y empleadores en virtud de lo establecido en el art. 663 de la ley 16-92 del 29 de mayo del 1992 (Código de Trabajo)

 28.2 Situación creada luego de la publicación del Código Monetario y financiero. 

En principio la situación creada es que las asociaciones de ahorros y prestamos se benefician del procedimiento de embargo establecido a favor de las empresas del Estado, el cual se caracteriza por ser un procedimiento sumario, esto en virtud del Art. 79 del Código Monetario y Financiero, el mismo establece que a partir de esta ley todas las entidades que realicen las actividades de préstamo hipotecario de manera legal será de aplicación el procedimiento abreviado de embargo inmobiliario. 

Luego de la publicación del Código financiero las medidas trabadas a favor del estado dominicano adquieren gran relevancia en razón de que se instituyen aquí nuevos organismos persecutores y ejecutores de las mismas, logrando trabar medidas sin autorización previa de juez competente, sino solamente cumpliendo con los procedimientos establecidos en dicha ley. O sea el sistema permite a la administración tributaria llegar tanto a la determinación de sus propios créditos y constituirse sus propios títulos sin la intervención de órgano alguno ajeno.

28.3 Diferencias con el procedimiento ordinario.

  • El mandamiento de pago a quince días (no a 30, como en el procedimiento ordinario).
  • El mandamiento de pago y el acta de embargo constituyen un solo acto, por lo que puede decirse que no existe acta de embargo ni denuncia del mismo.
  • Transcripción o inscripción del mandamiento de pago: cualquier día dentro de los veinte días de la notificación.
  • Deposito de pliego de condiciones: dentro de los diez días que siguen a los veinte días de la trascripción o inscripción del embargo.
  • Notificación del Pliego:  no existe, se notifica el edicto de venta en pública subasta por causa del embargo inmobiliario.
  • Publicación: Quince días a partir de la notificación del mandamiento de pago y dentro de los treinta días después del deposito del pliego.
  • Denuncia del aviso:  en la octava, al deudor y los acreedores inscritos.
  • Audiencia de adjudicación:  quince días después de la denuncia del aviso, por lo menos, se produce la venta en pública subasta.
  • Puja ulterior: Ocho días a partir de la decisión de adjudicación.

28.4 Las ventajas que tienen los acreedores que se benefician del procedimiento abreviado.


Este procedimiento se instruyó por la gran urgencia que tenían las instituciones estatales de recuperar su crédito. La principal ventaja que tiene los acreedores frente a este procedimiento es que los mismos se benefician del mismo por la rapidez en que pueden recuperar su crédito sobre sus deudores, debido a la celeridad del proceso. El legislador ha tratado de veneficiar el interés del Estado por encima de los intereses de los deudores morosos.

  • El banco que se beneficia de esta ley es un acreedor  privilegiado y tiene la facultad para anular cualquier otra inscripción de embargo hecha por un tercero después de la inscripción de embargo.
  • La iniciación de los incidentes no detienen para nada el procedimiento, la adjudicación sigue su curso y se produce la venta.  El art. 161 de la ley 6186 dispone que no se acordará ningún reenvió de la adjudicación salvo autorización del Banco.
  • Las sentencias que deciden sobre los incidentes son en única y última instancia, en consecuencia no están sujetas al recurso de apelación a diferencia del embargo de derecho común, pero la Suprema Corte de Justicia  constantemente ha sentado el criterio  de que como la ley 6186 no prohíbe nada más que el recurso de Apelación, todos los demás recursos están permitidos.
  • Si dentro del plazo concedido el deudor no paga los valores adeudados, el mandamiento de pago se convierte de pleno derecho en embargo inmobiliario.
  • Este es un procedimiento sumario, se caracteriza por la celeridad y simplicidad, y tiene por objeto evitar el retardo de las decisiones, lo que se logra  a través de las menores y más sencillas actuaciones judiciales posibles, lo cual redunda en economía de tiempo y recursos.

TEMA 29. Los procedimientos de ejecución forzosa contemplados en la ley 4453 del 9 de mayo de 1956, en beneficios del estado y sus instituciones descentralizadas. Tribunal competente.  Ámbito de aplicación después de la publicación del código tributario. Impuestos que aplican para esta medida

 

Los procedimientos de ejecución forzosa contemplados en la ley 4453 del 9 de mayo de 1956, en beneficios del estado y sus instituciones descentralizadas:  Dos han sido las medidas instituidas por esta ley las conservatorias y las ejecutorias, se trata de procedimientos simples que se han instituido con la finalidad de reducir al mínimo los incidentes que podrían entorpecer el desarrollo de tales medidas y debido a la urgencia que  por lo general tienen las instituciones estatales de cobrar sus créditos.


29.1 Tribunal competente

De conformidad con la Ley 4453 el tribunal competente para conocer de las medidas tanto conservatorias como ejecutorias cuando se trate del Estado la persona acreedora, o cualquiera de sus instituciones, el Tribunal competente lo es el Juzgado de Paz de la ubicación donde se encuentre el objeto litigioso o causa del embargo.

 Este tipo de embargo está previsto en la Ley No. 4453 que contempla el Embargo Ejecutivo de Muebles y el Embargo Inmobiliario cuando son llevados a cabo de parte del Estado, el Municipio o cualquier institución pública acreedora.

Esta ley establece un procedimiento sumario en la realización del embargo inmobiliario cuando es requerido por el Estado, el Municipio o cualquier institución pública. Dentro de las formalidades instituidas por esta ley para el embargo inmobiliario se encuentra el establecimiento de la atribución de la competencia a los juzgados de paz para conocer de este tipo de embargo cuando se trate del Estado, el Municipio o cualquier institución pública la parte acreedora. No obstante cuando en la ejecución de este tipo de embargo se presentan imprevisiones no previstas en la Ley No. 4453 se recurre al derecho común como derecho supletorio.

En la modalidad de embargo inmobiliario instituido por la Ley No. 4453 se establece que el mandamiento de pago previo que debe darse a la parte deudora, debe hacerse en el término de un día franco por lo menos y el mismo debe ser encabezado del título ejecutorio en virtud del cual se va a realizar la indicada medida. Este mandamiento de pago debe contener todas las formalidades que la ley prevé para los actos de alguacil contemplados en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil, así como los señalamientos establecidos en el artículo 673 del mismo código, debiendo indicarse en el mismo la advertencia de que si no se procede al pago se realizará el embargo, además dicho embargo debe realizarse en el domicilio del deudor y en su defecto en el domicilio donde resida el objeto embargado. El acreedor si no tuviere domicilio donde se conocerá del embargo deberá hacer domicilio de elección en el acto de mandamiento de pago. Este acto de mandamiento de pago debe ser inscrito por ante el Registrador de Títulos correspondiente al registro del inmueble. Si el acreedor que da su mandamiento de pago en el plazo de un día franco no ejecuta su embargo en el plazo de noventa días, a partir del plazo concedido al deudor intimado, intervendrá una caducidad en su contra y en consecuencia deberá realizar nuevos mandamientos de pago en la forma y plazo anteriormente descrito, por aplicación esta ultima disposición de lo estipulado en el artículo 674 del  Código de Procedimiento Civil supletorio para este procedimiento.

El acta de embargo conjuntamente con el mandamiento de pago deben ser registrados y denunciados al deudor en su domicilio dentro del plazo de tres (3) días de su levantamiento. El acta de denuncia deberá contener copia del acta de embargo y se transcribirá o inscribirá en la Conservaduría de Hipotecas del distrito judicial donde radican los bienes embargados. Cuando se trate de terrenos registrados la transcripción se hará ante el Registrado de Títulos. Dentro de los veinte días seguidos a esta inscripción el acreedor persiguiente deberá depositar ante le tribunal que ejecutará la venta el pliego de condiciones que regirá la venta en pública subasta, debiendo éste contener todas las formalidades prescritas por la ley, sin embargo hay que señalar que aquí en este procedimiento dicho pliego de condiciones no es objeto de ninguna lectura de parte del tribunal que conocerá de la venta, sin embargo el deudor objeto del embargo o cualquier parte interesada puede solicitar demandas incidentales en la forma y en los plazos previstos, incidentes que deberán ser fallados por el Juez antes de la venta en pública subasta.

Luego de agotados los anteriores procedimientos se procederá a la venta, la cual no será sino después de los 60 días a partir del proceso verbal de embargo el cual será denunciado al deudor en los tres días de su fecha, con indicación del día fijado para la venta. La subasta se llevará a cabo en el Juzgado de Paz de la Jurisdicción del Inmueble embargado previa publicación por el persiguiente de dos avisos por lo menos en un periódico de circulación nacional, cuyas copias serán fijadas  por lo menos cinco días antes de la subasta en las puertas del Juzgado de paz y del Ayuntamiento del lugar.

La venta se llevará a cabo con la asistencia del administrador General de Bienes Nacional, del Encargado de Impuesto Internos o del Tesorero Municipal  o del Funcionario o empleado que éstas designen para representarlos, y si es en el Distrito Nacional con la asistencia de un funcionario o empleado designado por el Presidente del Ayuntamiento.

Las personas que deseen subastar deberán depositar en el Juzgado de Paz apoderado un 10% del crédito que ha servido de causa al embargo, suma que se le devolverá sino resulta adjudicataria. La subasta será abierta por el Juez de Paz, quien ordenará al alguacil anunciar las pujas, debiendo la primera comprender la suma adeudada, los intereses o recargos y los gastos. A continuación se procederá a la adjudicación a pedimento del persiguiente y a falta de éste de cualquier acreedor inscrito y se declarará adjudicatario al mejor postor y último subastador. En caso de que concurrieren licitadores se declarará adjudicatario al persiguiente. La subasta culminará con el levantamiento del acta de adjudicación, la cual será firmada por el Juez, el secretario y el funcionario que asistió a la venta.

Cuando el adjudicatario sea el mismo persiguiente el secretario del Juzgado de Paz correspondiente está en la obligación de enviar a la Administración General de Bienes Nacionales en los 10 días siguientes a la venta, una copia certificada del acta de adjudicación y el funcionario que haya actuado en la subasta dar a conocer a dicha dirección general el resultado de la venta. Si resultare adjudicatario una persona diferente a la del persiguiente y aquella no pagare el precio de la adjudicación y sus accesorios y gastos  en el plazo de 5 días siguientes a partir de la fecha de la venta, el adjudicatario será perseguido como falso subastador y pasible de condenaciones de 1 a 6 meses de prisión correccional, sin perjuicio de la apertura de nueva subasta y del ingreso del 10% depositado a favor del fisco.

Cuando resultare adjudicataria una persona diferente a la del persiguiente, si el producto de la venta fuere mayor que la deuda, incluyendo las costas y los gastos ocasionados, la diferencia será entregada al propietario de los  bienes embargados.

Pese al embargo y la venta el primitivo dueño de la propiedad o sus causahabientes podrán readquirirla sin perjuicio de los derechos adquiridos por terceros en el plazo de un año a contar de la fecha de adjudicación.

29.2 Situación creada luego de la publicación del código monetario y financiero:
Luego de publicado este código las medidas trabadas a favor del Estado dominicano adquieren gran relevancia en razón de que se instituyen nuevos organismos persecutores y ejecutores de las mismas, logrando trabar medidas sin autorización previa del juez competente, es decir, el sistema permite a la administración tributaria llegar a la determinación de sus propios créditos  y constituirse sus propios títulos, sin intervención de órgano ajeno alguno.   

Luego de la aparición del Código Monetario y Financiero cuatro aspectos son particularmente relevantes para las vías de ejecución, a saber:

1-      La aparición del Ejecutor Administrativo Tributario
2-      El Tribunal Contencioso Tributario
3-      Los poderes atribuidos a la Dirección General de Impuestos Internos
4-      Las diferencias existentes entre los contribuyentes y la administración tributaria.
Con la aparición de estos cuatros pilares se crea un mayor fortalecimiento en la fiscalización, coerción, ejecución y jurisdicción de la administración tributaria.


29.3 Impuestos que aplican para esta medida (OJO- duda)

Ley 4453 Artículo 18.- Las sumas debidas por concepto de impuestos, derechos, arbitrios, arrendamientos, ventas o por cualquier otra causa, cuyos acreedores sean el Estado, el Distrito Nacional, los Municipios o los Distritos Municipales, producirán, siempre que hubiere sido necesario utilizar el procedimiento de cobro establecido en la, presente ley, un interés mensual de medio por ciento (1/2%), que correrá desde el día de su vencimiento con excepción de las deudas que estuvieren gravadas con recargos especiales, casos de los cuales sólo se cobrarán estos últimos.

Artículo 20. - Las instituciones u organismos públicos, con personalidad jurídica creada por la ley, nacionales o municipales, seguirán el procedimiento establecido por la presente ley para el cobro de sus acreencias cuanto éstas resultan de la falta de pago de impuestos,  derechos, servicios,  arrendamientos o de cualquiera otra causa. En tales casos, deberá proceder a la iniciación del procedimiento, una autorización' del Poder Ejecutivo, cuando se trate de instituciones u organismos públicos nacionales, y del Consejo Administrativo del Distrito Nacional o del Ayuntamiento, correspondiente, cuando se trate de un establecimiento público municipal. El cobro será perseguido, en estos casos, por el representante legal del establecimiento público de que se trate. En todo lo demás, regirán en los procedimientos las disposiciones de esta ley.


TEMA 30. Procedimientos ordinarios, Art. 1 y sus incisos del Código de Procedimiento Civil y especiales de la competencia del Juez de Paz.  La prenda sin desapoderamiento previsto en  la ley 6186 de fecha 12 de febrero del 1963, de Fomento Agrícola.  Inscripción del contrato.  Incautación de garantía. Proceso de entrega voluntaria. Proceso verbal de incautación. Publicidad. Venta en pública subasta. Sentencia de adjudicación. Acta de carencia.  La subasta.  La venta condicional de muebles.  La ley 483  de fecha 9 de noviembre de 1964.  Inscripción de contrato.  Procedimiento de incautación.  Comisión rogatoria.  Hoja de ajuste de cuentas. Acta de carencia.  Hoja de ajuste de cuentas. Naturaleza jurídica de la hoja de ajuste.

30.1 La prenda sin desapoderamiento previsto en le ley 6186 del 12 de febrero de 1963, sobre fomento agrícola.-

Esta ley contempla un procedimiento administrativo y civil ordinario, competencia del Juzgado de Paz. Esta Ley organiza entre otras cosas, la prenda sin desapoderamiento, que consiste en la garantía otorgada al amparo de esta ley sobre frutos cosechados o por cosechar, materias primas, productos elaborados, animales, vehículos, equipos, maquinarias, instrumentos, herramientas u otros bienes muebles para garantizar las obligaciones que se contraigan por préstamos, créditos y demás operaciones de créditos, conservando el deudor la posesión de los bienes dados en garantía. Esta garantía puede ser otorgada o recibida por cualquier persona natural o jurídica. Este tipo de operaciones puede ser otorgado para garantizar operaciones de créditos que no sean relacionadas con el Fomento Agrario, siempre que se cumpla con todos los requisitos que se establecen en esta ley.

30.2 Inscripción del contrato: Estos contratos se suscriben ante cualquier Juez de Paz, sin embargo cuando el acreedor no sea el Banco Agrícola se inscribirán ante el Juzgado de Paz del domicilio del deudor, debiendo devolverlo al acreedor dentro de los 5 días seguidos a la inscripción.

30.3 Incautación de la garantía: A falta de pago de la obligación por parte del deudor, el acreedor requerirá al Juez de Paz de la Jurisdicción en que se hubiere inscrito el contrato, la venta de los bienes dados en garantía, para lo cual deberá anexar dicho contrato.

El Juez ordena mediante auto al deudor que entregue los objetos dados en prenda, en el término que éste indique en su auto, el cual no podrá ser mayor de cinco días ni menor de uno. En caso de que el deudor no realice la entrega en el término que indique el Juez de Paz, éste levantará acta de la negativa de entrega y se incautará de ellos en cualquier lugar en que éstos se encuentren, mediante el levantamiento de un proceso verbal.  A través de este proceso verbal se designará un guardián, quien cuidará gratuitamente de las prendas y las presentará el día de la venta.

30.4 Proceso de entrega voluntaria.




30.5 Proceso verbal de incautación.



30.6 Publicidad.



30.7 Venta en pública subasta.



30.8 Sentencia de adjudicación.



30.9 Acta de carencia: Si no encontrara nada que incautar, levantará un acta de carencia, cuya copia certificada por el Secretario será tramitada ante el Fiscalizador del Juzgado de Paz para que éste a su vez apodere del conocimiento de la causa al Juzgado de Paz en sus atribuciones penales contra el deudor que ha distraído los bienes dados en prenda.

30.10 La subasta. Si resultare incautado el bien dado en prenda, se procederá a la venta mediante auto fijando el día y hora de la venta en pública subasta, mediante el cual se ordenará fijar los avisos para la venta en los lugares que estime pertinente, que por lo general se realiza en dos periódicos de circulación nacional, fijando luego los edictos ante la puerta del juzgado donde se celebrará la venta. Esta venta se hará en audiencia pública ante el Juzgado de Paz.

30.11 La venta condicional de muebles 
La venta condicional es aquella en la que se conviene que el comprador de un mueble amparado bajo las condiciones de esta ley no será propietario del mismo hasta tanto se haya cumplido con el pago total del precio. Cuando el comprador no cumple con el pago de su obligación frente al vendedor, este último puede solicitar mediante instancia motivada al Juez de Paz que emita auto autorizando la incautación de los bienes muebles vendidos al comprador.

30.12 Ley num. 483 del 9 de noviembre de 1964
Esta ley es la que rige todo lo concerniente a la venta condicional de mueble definido mas arriba. Esta ley establece que toda persona física o moral que quiera dedicarse a este negocio antes de iniciar este ejercicio, deberá proveerse previa solicitud  de una autorización especial expedida sin costo alguno por la dirección general de rentas internas.

30.13 Inscripción del contrato.
Este contrato de venta condicional debe ser registrado ante la oficina correspondiente, lo cual le dará fecha cierta y oponibilidad frente a los terceros. Los vendedores de muebles bajo el régimen de esta ley deberán llevar un libro en el cual asentaran en orden cronológico y numeración sucesiva, las ventas efectuadas, deberá contener las generales del comprador, clase de artículo, así como la fecha del contrato.   

30.14 Procedimiento de incautación. Si el juez después de examinados los documentos considera que cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, ordena mediante auto la incautación de los bienes (este auto no es apelable, en virtud del artículo 11 de la Ley No. 483). Si los bienes se encuentran en  otra jurisdicción, el Juez debe dar comisión rogatoria al juez de esta jurisdicción para que proceda a incautar los bienes.

 30.15 Comisión Rogatoria.

Si los bienes a incautar se encuentran en  otra jurisdicción, el Juez debe dar comisión rogatoria al juez de esta jurisdicción para que proceda a incautar los bienes.


Acta de carencia. Si no encontrara nada que incautar, levantará un acta de carencia, cuya copia certificada por el Secretario será tramitada ante el Fiscalizador del Juzgado de Paz para que éste a su vez apodere del conocimiento de la causa al Juzgado de Paz en sus atribuciones penales contra el deudor que ha distraído los bienes dados en prenda.

30.16 Hoja de ajuste de cuentas. Una vez entregada la cosa al persiguiente, se procederá entre las partes al ajuste de cuentas.  Salvo que en el contrato se haya convenido prescindir del mismo.  Este debe en principio hacerse voluntariamente entre el persiguiente y el comprador y en la forma prevista en el contrato.  En ausencia de previsiones relativas al ajuste, o si no hubiera acuerdo, las partes pueden designar uno o mas peritos que hagan el ajuste de cuentas.  El interesado deberá intimar a la otra parte para que dentro del plazo de la octava concurra a la designación de los peritos y si tampoco hubiere acuerdo para nombrarlos los nombrará el Juez de Paz cuando una de las partes lo solicite.

30.17 Naturaleza jurídica de la hoja de ajuste.
Las hojas de ajuste firmadas por las partes o por los peritos según el caso y visado por el juez de paz constituyen un titulo ejecutorio, en virtud del cual se puede proceder al embargo de los bienes del deudor.

TEMA 31.-Procedimientos especiales de la competencia del juez de paz. Embargo retentivo entre esposos.  Acciones posesorias, reintegranda, denuncia de obra nueva.  Aplicación de la ley num. 125-01 sobre electricidad; en materia de concesión eléctrica artículos 42 a44 de la referida ley.


31.1 El embargo retentivo entre esposos.-
Este embargo se encuentra establecido en el artículo 214 del Código Civil, el cual fue modificado por la Ley No. 855 del 1978  que dispone que cada uno de los esposos debe contribuir con los gastos del hogar y la educación de los hijos y que a falta de uno de los cónyuge cumplir con su obligación, el otro puede embargar retentivamente, cobrar de sus salarios o de las rentas de éste, una parte proporcional a sus necesidades. El tribunal competente para conocer este tipo de embargo lo es el Juez de Paz, quien antes de emitir su decisión deberá llamar a ambos cónyuges mediante carta certificada por el Secretario ante su presencia. Las sentencias emanadas en este tipo de embargo son ejecutorias provisionalmente, no obstante apelación ni oposición. Esta decisión puede ser modificada en caso de variar la situación respectiva de los esposos.

31.2 Acciones posesorias, reintegranda, denuncia de obra nueva.
Estas acciones corresponden a una sub-clasificación de las acciones inmobiliarias. Con las acciones posesorias se persigue una real y efectiva protección a la posesión.

Una simple posesión no daría lugar a una verdadera protección de la ley. Es necesario, para poder ejercer las acciones posesorias, que esa posesión sea pacífica, pública, continúa e ininterrumpida.

Para ejercer esta acción la persona realmente debe tener la posesión de la cosa, la ley impone aquí al demandante la carga de probar el hecho de que posee la posesión, así como la turbación que dice que ha sufrido.

El plazo para ejercer esta acción es de un año a partir del hecho que ha producido la desposesión o turbación en la misma, plazo éste que debe ser computado por el Juez de Paz.

Las acciones posesorias se clasifican en: a) Querella Posesoria; b) Denuncia de obra nueva; c) Reintegranda.

La Denuncia de Obra Nueva: Esta acción posesoria la ejerce el poseedor de un fundo cuando el trabajo que realice el propietario del fundo colindante puede motivar en el futuro daños a su propiedad. El vecino perjudicado por la construcción nueva, intenta lograr la paralización de los trabajos recién iniciados. Al igual que en la querella se exige la prescripción de un año en la posesión para poder ejercer. La turbación padecida es futura y no actual. La sentencia que se dicta lo que ordena es la supervisión de los trabajos, pero no la destrucción de lo ya construido, pues la turbación es eventual.

Reintegranda: La reintegranda resulta de una desposesión, pero de manera violenta. A diferencia de las otras dos acciones en la posesión no se exige un mínimo de tiempo, basta el uso de la violencia en la  desposesión.

Esta acción la intenta un poseedor que ha sido despojado con violencia de su posesión, en contra de la persona que ha ejercido la acción violenta, en el propósito de ser reintegrado en su posesión. Aquí queda intacto el derecho de propiedad a quien corresponda, o sea que el demandado que sucumba en la posesorio puede posteriormente ejercer un recurso y triunfar en la petitorio.

Para ejercer la reintegranda se exigen dos condiciones: a) la posesión debe ser pacífica y pública y que la desposesión se haya realizado con violencia.

31.3 Aplicación de la ley num. 125-01 sobre electricidad; en materia de concesión eléctrica artículos 42 a44 de la referida ley.


Art. 42. Las concesiones serán provisionales o definitivas. De la concesión provisional articulo 43.  La concesión provisional se producirá cuando el dueño del o de los terrenos y la empresa eléctrica, en este caso, la concesionaria, lleguen a un acuerdo amigable el cual tiene como objeto permitir a las concesionaria el ingreso a los terrenos ya sean particulares, estatales o pertenezcan a los municipios, para realizar estudios, análisis o prospecciones los cuales contribuyen a mejorar el servicio eléctrico. PARRAFO I: el plazo de la concesión provisional será establecido entre las partes el cual no podrá ser superior a 18 meses si los terrenos pertenecen al Estado o a los municipios. Harán los trámites los representantes legales. PAFFAFO II. Una vez otorgada la concesión provisional a que se refiere este artículo, la misma será publicada en un periódico de circulación nacional en un plazo de 15 días, dos veces consecutivas. ARTICULO 44. En caso de producirse un conflicto entre las partes para ingresar a un terreno, ya sea municipal, estatal o pertenezca a particulares, corresponderá al juez de paz de la ubicación del inmueble dirimir la situación conforme a las reglas establecidas por el Código de Procedimiento Civil con facultad para determinar cuando los afectados así lo soliciten las indemnizaciones a que pudiera tener derecho el propietario del terreno por el perjuicio que les provocaren tales actividades.     

TEMA 32: Procedimiento administrativo de la competencia del juez paz.  Fijación de sellos.  Atribuciones notariales. Apertura de puerta en caso de embargo o desalojo.


32.1 Fijación de sellos: Es una medida conservatoria destinada a impedir que los efectos mobiliarios, valores o documentos de una persona desaparezcan. La fijación de sellos puede ser hecha por causa de fallecimiento, por estar prevista por la ley o puede ser hecha de manera facultativa por el juez.

Este procedimiento puede ser solicitado por todos los que pretendan tener derecho en una sucesión o en una comunidad, por uno de los esposos en proceso de divorcio, por todos los acreedores por  título ejecutivo o autorizados por el Presidente del Tribunal de Primera Instancia o por el Juez de Paz del lugar donde debe hacerse la fijación.

Podría ser iniciado de oficio por el Juez de Paz cuando se trate de asuntos relativos a menores de edad que carezcan de tutor y ningún pariente haya requerido la formalidad de los sellos. El Juez de Paz puede proceder a una fijación de sellos, aún en días de fiesta ya que se trata de una medida urgente.

El procedimiento llevado a cabo en la ejecución de esta medida se realiza mediante instancia dirigida al Juez de Paz acompañada de los documentos justificativos por la parte requiriente, debiendo el juez examinar dichos documentos y de estimarlos correctos dictar un auto señalando día, hora y lugar de la fijación.

El Juez de Paz asiste a la fijación de sellos acompañado del Secretario del Tribunal y levanta un acta detallando minuciosamente los objetos sellados y en caso de ausencia de bienes, levanta un Acta de Carencia. En caso de que encuentre alguna dificultad o inconveniente para fijar los sellos remitirá los documentos relativos a la fijación de sellos al Juez de Primera Instancia para que este tome una decisión al respecto. Debe levantar un acta haciendo constar los incidentes que le impidieron fijar los sellos. En caso de que se encuentre bienes que merezcan estar bajo llaves, el Secretario del Tribunal conservará dichas llaves hasta tanto los sellos sean levantados.

Luego de fijados los sellos se designa uno o varios guardianes de los bienes sellados que pueden ser el residente en la vivienda o uno fijado de oficio por el Juez. Una vez fijados los sellos y dentro del plazo de 24  horas deben informar al Juez de Primera Instancia, el procedimiento de fijación de sellos realizado, para fines de inscripción y registro.

Baste señalar que el juez de paz no puede fijar sellos, sino en aquellos casos en que la ley se lo permite.

La fijación de sellos no es más que una banda de tela o de papel que tiene que llevar encima obligatoriamente el sello del juzgado de paz, se hace para evitar que el bien sobre el cual se fija el sello sea abierto, roto o adulterado.

En caso de que se compruebe que los sellos han sido removidos, el guardián será sancionado conforme a las disposiciones de los artículos 249 y siguientes del Código Penal  el cual dispone “se castigará con prisión correccional de seis días a seis meses, a los guardianes de objetos sellados por orden del Gobierno, o mandato judicial, cuando por descuido suyo se rompan o quebranten dichos sellos.


32.2 Atribuciones notariales del juez de paz: La ley del notario faculta a los jueces de paz a ejercer las funciones de notario en aquellos municipios donde no hubiere notario, o si habiéndole este se encontrare imposibilitado para ejercer sus funciones. Otras leyes lo facultan a ejercer funciones notariales aún cuando haya notarios.

Cuando el Juez de Paz hace las veces de notario tiene la misma calidad de este oficial para recibir actos a los cuales las partes quieren darle carácter de autenticidad, darle fecha cierta, conservándolos en depósitos y expedir copias de los mismos, así como para dar carácter de autenticidad a las firmas o huellas estampadas por los otorgantes de un acto bajo firma privada, debiendo sujetarse en cualquier caso a todas las disposiciones prescritas en la ley No. 301 del Notariado, teniendo así los mismos deberes, atribuciones y prohibiciones que tiene el Notario en el ejercicio de sus funciones.

Existen otras disposiciones que facultan al Juez de Paz para escriturar ciertas actas de notoriedad, tales como acta de notoriedad a falta de acta de nacimiento, testamentos hechos en caso de peste u otra enfermad contagiosa, declaraciones juradas de los herederos, sucesores, legatarios y donatarios para declaraciones sucesorales, liquidación y pago del impuesto sobre donaciones.

Otras disposiciones indican que las actas de notoriedad pueden ser levantadas indistintamente por el Juez de Paz o un notario, tales como el acta de consentimiento para adopción, acta de notoriedad requerida para efectuar el retiro de los fondos en caso del fallecimiento del titular de una cuenta bancaria haciéndose constar en dicha acta quienes son los herederos o sucesores del titular de la cuenta, que la declaración jurada hecha para fines sucesorales le ha sido presentada al Juez de Paz y de que ambas declaraciones concuerdan.

El Juez de Paz debe conservar y preservar los originales de las actas auténticas que instrumente y los documentos que se anexen, asignando un número para cada una de las actas de acuerdo al  orden de fecha en que se instrumenten, formando así una especie de  protocolo con todas estas actas y los documentos que pasan a formar para del archivo del tribunal que se encuentra bajo la responsabilidad del Secretario del Tribunal y la supervisión del Juez quien tendrá todas las precauciones necesarias para evitar el deterioro o pérdida de estos documentos.

32.3 Apertura de puertas en caso de embargo o desalojo:  Es un proceso administrativo en el cual el Juez de Paz es requerido por un Alguacil, quien al momento de ejecutar una sentencia, un mandamiento de una autoridad judicial competente o la realización de un embargo ha tenido dificultades por encontrar las puertas del lugar correspondiente cerradas.

El Juez de Paz es competente no sólo para abrir la puerta del edificio sino también los muebles cerrados, ubicados dentro del mismo, a medida que el procedimiento lo vaya requiriendo. Esta competencia del juez está dada en el artículo 587 del código de procedimiento civil.

El Ministerial no requiere de citación para acudir ante el juez de paz, sin embargo es necesario señalar que el traslado del juez de paz, sólo procede cuando exista un título ejecutorio o una ordenanza del juez de los referimientos que ordene la ejecución de dicha medida.

Durante este procedimiento el juez no está obligado a levantar ningún acta, pero sí debe firmar la que levante el Ministerial.

TEMA 33: El procedimiento en referimiento por ante el Juez de Primera Instancia. El referimiento.  Casos, tipos y procedimiento.  Reglas de apoderamiento.  Naturaleza jurídica de la ordenanza.  Situación creada mediante ley 50-00.


33.1 El referimiento: Es una ordenanza provisional, se acude a ella en caso de urgencia  y para las dificultades de ejecución de una sentencia o de un título ejecutorio. Es usado con frecuencia para los asuntos que ameriten un procedimiento acelerado, simple y breve. Se trata de un procedimiento contradictorio, por cuanto la otra parte debe estar presente o ser citada.

La demanda en referimiento se introduce mediante una citación, a fin de que demandado comparezca a una audiencia que se celebrará a efecto el día y hora habituales de los referimientos, por lo tanto la parte que pretenda citar a otro en referimiento debe averiguar cuales son los días habituales para éstos, aunque el juez puede autorizarlos cuando lo estime conveniente y dependiendo de la celeridad del proceso, inclusive puede citar a hora fija.

El artículo 101 de la ley No. 834 define la ordenanza en Referimiento como una decisión provisional rendida a solicitud de una parte, la otra presente o citada, en los casos en que la ley confiere a un juez que no está apoderado de lo principal el poder de ordenar inmediatamente las medidas necesarias. No obstante esta definición el campo de aplicación en materia de referimiento no queda limitado a las controversias relativas a la ejecución de una sentencia o título ejecutorio, sino que también el juez apoderado en esta materia tiene potestad para ordenar cuantas medidas estime pertinentes para prevenir cualquier daño que estime, o para hacer turbar cualquier turbación manifiestamente ilícita.

En fin las ordenanzas de referimiento son decisiones provisionales que en principio no prejuzgan lo principal, no tienen la autoridad de la cosa juzgada sobre lo principal. Son dictadas en forma contradictoria, únicamente susceptibles de apelación, no de oposición, y ejecutorias provisionalmente.

33.2 Casos, tipos y procedimiento.

1- Casos de referimiento (arts. 109-122  ley 834).

  • Los casos de urgencia, que es el clásico y tradicional, previsto en el artículo 109 de la ley 834.
  • La prescripción de medidas conservatorias para prevenir un daño inminente o hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita.
  • El Referimiento encaminado a retractar o modificar un acto u ordenanza sobre requerimiento, especialmente las autorizaciones para embargos conservatorios e hipotecas judiciales provisionales.
  • El Referimiento para otorgar una garantía al acreedor
  • El Referimiento sobre dificultades de ejecución de una sentencia u otro título ejecutorio.

Los casos de urgencia, que es el clásico y tradicional, previsto en el artículo 109 de la ley 834.
De acuerdo al artículo 109 el Referimiento puede ser empleado en todos los casos de urgencia, esto es, que requieran la inaplazable adopción de una medida provisional destinada a proteger un interés legítimo del demandante, siempre que la medida solicitada no colinda con una contestación seria, o que justifique la existencia de un diferendo. Los casos de urgencia son pues ilimitados y los jueces son soberanos para determinar si un asunto es urgente.

La prescripción de medidas conservatorias para prevenir un daño inminente o hacer cesar una turbación manifiestamente ilícita.
El daño inminente no implica que el acto susceptible de causar el daño sea ilícito, sino que éste pueda causar un daño a otro. La turbación ilícita se aplica a las vías de hecho, la cual no puede ser eventual.

La contestación de la inminencia del daños como de la turbación ilícita son apreciadas soberanamente por el juez de los referimientos.

El referimiento encaminado a retractar o modificar un acto u ordenanza sobre requerimiento, especialmente las autorizaciones para embargos conservatorios e hipotecas judiciales provisionales.

Esta medida está dispuesta en los artículos 48 y 50 del Código de Procedimiento Civil y estatuyen la retractación del juez de los referimiento de las medidas conservatorias autorizadas por él, aunque el juez de fondo ya estuviere apoderado del asunto principal.
Así mismo se establece que el juez de los referimientos podrá cancelar, reducir o limitar el embargo en cualquier estado en que éste se encuentre siempre que hubiere motivo serios y legítimos para ello.

El Juez de lo referimiento podrá levantar el embargo conservatorio ya autorizado cuando el deudor así lo solicite y a condición de que éste deposite en manos de un secuestrario judicial que será designado por dicho juez, las sumas necesarias para garantizar la causa del embargo.

En el caso de la hipoteca provisional cuando son autorizadas por el Juez de los referimiento éste podrá levantarlas cuando la sentencia que decida sobre el fondo no haya reconocido el crédito y cuando esta sentencia haya adquirido la autoridad de cosa juzgada.

El referimiento para otorgar una garantía al acreedor
Este tipo de referimiento se encuentra contemplado en el  párrafo final del artículo 110 de la ley 834, que establece que cuando la obligación no es discutible el juez de lo referimiento puede acordar una garantía al acreedor.

Esta señalamiento indica que el juez de los referimientos debe apreciar el carácter de la obligación, a fin de determinar si esta es discutible  o no, y si no es discutible puede aprobar una garantía al acreedor.

El referimiento sobre dificultades de ejecución de una sentencia u otro título ejecutorio.  Saber si hay dificultad en la ejecución de un título es una cuestión de hecho, sujeta por consiguiente a la apreciación soberana de los jueces del fondo. La urgencia no es requerida aquí porque se supone en virtud de la dificultad en la ejecución del título.

Aunque mucho alegan que el referimiento debe ser usado para facilitar la ejecución de los títulos, no para suspenderla, hoy en día el referimiento es usado con mayor posibilidad para suspender la ejecución de los títulos, teniendo su asidero jurídico en artículo 112 de la ley 834.

2- Tipos de referimento.-
a)      Referimiento en el curso de una instancia.-
El referimiento puede ser empleado aún cuando la medida objeto de la demanda tenga conexión con un proceso pendiente entre las partes sobre el fondo. Por ejemplo en una litis de propiedad, cualquiera de las partes puede pedir en referimiento que se ponga bajo secuestro el inmueble litigioso.

b)     Asuntos comerciales.
La ley no distingue entre asuntos civiles y comerciales, por consiguiente puede ser sometida ante le juez de primera instancia en la forma de referimiento, toda pretensión tendiente a obtener una medida provisional, aunque sean comerciales las relaciones que existan entre las parte o los títulos cuya ejecución presenten dificultades.

c)      El referimiento ante la corte de apelación. poderes del presidente.-
El presidente de la corte de apelación dicta verdaderas ordenanzas de referimiento a las que les son aplicables de manera general los principios del referimiento ante el juez de primera instancia, es decir, el carácter provisional, ausencia de autoridad de la cosa juzgada, la contradictoriedad del proceso, etc.

En virtud del contenido de los artículos 140 y 141 de la ley 834 en todos los casos de urgencia el presidente podrá ordenar en referimiento en el curso de la instancia de apelación, todas las medidas que no colindan con una contestación seria o que justifique la existencia de un diferendo.

El presidente podrá igualmente en el curso de la instancia de apelación, suspender la ejecución de las sentencias impropiamente calificadas en última instancia o ejercer los poderes que le son conferidos en materia de ejecución provisional.

3- Procedimiento.  

Generalmente el referimiento se inicia mediante citación a diligencias de la parte demandante para una audiencia que será celebrada el día y hora habituales para los referimientos. Sin embargo en los casos de extrema celeridad el juez puede autorizar que se cite a hora fija, aún en días feriados o de descanso, sea cual sea en el local de las audiencias o en su domicilio con las puertas abiertas.

Los debates son esencialmente orales. Pero las partes pueden depositar conclusiones escritas si ambas están presentes o representa­das, y sin que nada desnaturalice la rapidez que ha de caracterizar a este tipo especial de procedimiento.
Los incidentes de la instancia de derecho común podrían perfectamente suscitarse tam­bién en materia de referimiento (excepcio­nes de procedimiento, medios de inadmisión, demandas en intervención, demandas adicio­na­les, demandas reconvencionales, etc.).
El juez puede ordenar, asimismo, a solici­tud de parte, cualquier medida de instrucción (informativo, comparecencia personal, comu­ni­ca­ción de piezas, peritaje, etc.).
El asunto queda en estado de fallo tan pronto terminan los debates. Ese fallo debe ser dictado lo más rápido posible, en virtud de las características que el mismo reviste. 
Los jueces acostumbran, en la práctica, a otorgar plazos breves, que oscilan entre dos y cinco días, para que las partes depositen escritos justificativos de sus conclusiones.


En existe un plazo fijo para demandar en referimiento, y el juez solo debe observar que al demandado se le haya dado tiempo suficiente, entre la citación y la audiencia, para que prepare sus medios de defensa. En caso de estimar el tiempo insuficiente fija nueva audiencia para la próxima semana.

Además de esta forma de apoderar existe el referimiento sobre acta que es el que se apodera mediante acta emitida por oficial público en el ejercicio de sus funciones en la que hace constar la dificultad surgida y envía a las parte ante el juez, en referimiento, por ejemplo el alguacil en caso de embargo ejecutivo; el juez de paz en caso de fijación de sellos; el notario al momento de proceder a un inventario. El juez queda apoderado del conocimiento de la dificultad por el envío del acta en que el oficial público le ha consignado y sin necesidad de citación a requerimiento de parte.

33.3 Reglas de apoderamiento.

El tribunal se apodera mediante citación diligenciada a requerimiento del demandante para una audiencia que se celebrará el día y hora habituales de los referimientos, en caso de extrema celeridad, el juez puede autorizar que se cite a hora fija.

33.4 Naturaleza jurídica de la ordenanza.- La ordenanza en referimiento es ejecutoria provisionalmente sin fianza, pero el juez puede ordenar que sea prestada una fianza. En caso de necesidad extrema, puede ordenar la ejecución sobre minuta, sin previa notificación. Puede ser susceptible de apelación, pero no de oposición, a menos que emane que del presidente de la corte de apelación. El plazo para la apelación es de 15 días. Esta ordenanza no puede afectar el fondo del asunto y es de carácter provisional.

33.5 Situación creada mediante la ley 50-00.
Con la aprobación de esta ley se instituye una nueva forma de apoderamiento, pues aquí la instancia de solicitud de referimiento debe ser mediante el sistema aleatorio instituido  por esta ley y es el sistema quien determina cual de las salas conocerá de la demanda en referimiento. En este sentido se elimina el apoderamiento directo realizado por las partes.

Así mismo esta ley faculta al presidente de corte de apelación, previa autorización de la suprema corte de justicia a desapoderarse de los expediente que se encuentren bajo su poder en estado de fallo y que hayan pasado de los tres meses, incluyendo la materia de referimiento, debiendo enviar éstos ante otra corte con igual jerarquía para que falle dichos asuntos en un plazo  no mayor de tres meses. Se trata de una competencia excepcional que se ha instituido en virtud del cúmulo de trabajo de la corte de apelación del distrito nacional.

TEMA 34.

(Ojo Jodie con este tema hay que completarlo de la ley 437-06 que es la ley de amparo, yo lo tengo pero manuscrito porque me di cuenta a ultima hora cuando ya el documento estaba impreso y encudernado) TEMA 34. El recurso de amparo. Derechos que protege.  Procedimiento.  Reglamentación legislativa y jurisprudencial.  Similitudes y diferencias con el referimiento.  La apelación. Actos que se controlan por la vía de amparo.

 

34.1 Derechos que protege el recurso: Como se puede deducir de la legislación vigente anteriormente señalada este recurso protege todos los derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, por la ley y por la misma convención, exceptuando el derecho a la libertad, en virtud de que éste recurso está regulado por la institución del Habeas Corpus. Los derechos que protege el Amparo son resguardados contra todas las personas, inclusive contra las autoridades de la administración pública en el ejercicio de sus funciones y autoridades judiciales, aunque de estos último sólo contra los actos administrativos y no jurisdiccionales,  y siempre que lleven consigo una lesión, restricción o alteración a un derecho constitucionalmente protegido.

34.2 Procedimiento: El procedimiento a seguir en esta materia está consagrado constitucionalmente, en virtud de que no existe un ley adjetiva que lo regule, sino que el mismo fue instituido por la Suprema Corte de Justicia, en virtud del poder reglamentario de dicha institución regido por el artículo 14 literal h de la Ley No. 821 sobre organización Judicial. Es en este tenor que se instituye que el juez competente para conocer de este proceso lo es el Juez de Primera Instancia del lugar en el cual se haya cometido el acto alegado como violado por la parte recurrente.

El procedimiento es el mismo procedimiento instituido en materia de referimientos en la Ley 834, artículos 101 y siguientes, por lo tanto, se considera una decisión provisional que es otorgada por un juez que no está apoderado de lo principal.  

El afectado debe incoar el recurso de amparo dentro de los 15 días en que se haya producido el acto u omisión de que se trata.

La audiencia para el conocimiento de la acción, deberá ser fijada para que tenga lugar dentro del tercer día de recibida la instancia correspondencia. Sin embargo cuando la acción fuere ostensiblemente improcedente a juicio del juez apoderado, así lo hará constar en auto y ordenará el archivo del expediente, este auto no será susceptible de ningún recurso.

El Juez deberá dictar su sentencia dentro de los cinco (5) días de haber quedado el expediente en estado de fallo. El recurso de apelación de esta decisión, deberá ser interpuesto dentro de los tres días de haber notificado la sentencia, el cual se substanciará en la misma forma y plazos que se indican para la Primera Instancia incluido el plazo de que se dispone para dictar sentencia.

Los procedimientos del recurso de amparo se  harán libres de costas.

El amparo se trata de un recurso extraordinario y no de una acción en justicia, ya que necesariamente va dirigido contra un acto lesivo de algún derecho individual protegido por la constitución, que puede ser positivo o negativo; por tanto no se trata del ejercicio de un derecho por la vía jurisdiccional, sino de la defensa del mismo frente a la violación de la autoridad administrativa o judicial.

El recurso es extraordinario en razón de que el mismo no procede cuando existen abiertas otras vías jurisdiccionales para atacar el acto lesivo.

34.3 Reglamentación legislativa y jurisprudencial: El Recurso de amparo está previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la constituye ley en nuestro ordenamiento jurídico por haber sido aprobada mediante resolución del congreso nacional No. 739 del 25 de diciembre de 1977, por lo cual se considera una institución del derecho positivo dominicano. El indicado texto legal dispone en su artículo 25.1 lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones oficiales”.

Sin embargo es necesario advertir que esta disposición sólo está contenida en la normativa internacional, sin que haya sido legislada por nuestro Poder Legislativo, en tal virtud nuestra Suprema Corte de Justicia, en virtud del poder otorgado en el artículo 14 literal h, de la ley 821, que le da poder reglamentario, instituyó como fuente de nuestro derecho el procedimiento a seguir en esta materia, acoplándolo al procedimiento seguido en materia de referimiento.

34.4 Similitudes y diferencias entre el recurso de amparo y el referimiento.-

Diferencias.-
1- En cuanto a la competencia el referimiento como debe ser conocido por un juez diferente al que conocerá del fondo del proceso, estas demandas las conoce el Juez Presidente del Tribunal de Primera Instancia, en tanto que el amparo es conocido por cualquier juez da las salas que componen este tribunal.

2- En tanto el Amparo se trata de una acción que se instituye con el fin de resguardar un derecho fundamental protegido por la constitución, el referimiento por el contrario es un recurso que se eleva con la finalidad de paralizar la ejecución de un título ejecutorio o con la finalidad de obtener un medida provisional.

3- En tanto el referimiento es autorizado por un juez que no está apoderado de lo principal, el amparo es una sola acción por lo tanto es sólo un juez quien se encuentra apoderado del asunto.

4- En tanto que para el amparo el plazo para ser interpuesta la acción para ser instituida es de 15 días a partir del hecho que ha producido la arbitrariedad, en el referimiento por el contrario, para el referimiento no se instituye ningún plazo, a condición de que la circunstancia que de lugar a la solicitud del mismo se presente en el curso del proceso, aún en apelación en cuyo caso será competente el juez presidente de la corte de apelación.

5- En tanto que la ordenanza del juez que rechaza el recurso de amparo no es susceptible de apelación la ordenanza de referimiento siempre es susceptible de apelación.

6- El referimiento para ser admitido debe ser examinada tanto la urgencia  como la ausencia de contestación seria de la medida, en tanto que para el amparo sólo se necesita la demostración de que un derecho consagrado constitucionalmente sea vulnerado por alguna autoridad administrativa.

7- La audiencia de amparo debe ser fijada dentro de los tres días de recibida la instancia, el referimiento debe ser fijado en los días habituales de éstos.

8- El palazo para dictar sentencia en el amparo es de cinco días a partir de que la causa haya quedado en estado en tanto que en el referimiento no se establece un plazo específico aunque la ley especifica que sea breve.

9- El recurso de apelación en materia de referimiento es de 15 días en tanto que para el amparo es de 3 días hábiles a partir de la notificación de la sentencia.

10- El amparo es libre de costas, el referimiento no.

11- El recurso de amparo no se trata del ejercicio de un derecho como implica el referimiento, sino de la defensa de un derecho que se pretende ha sido vulnerado.

Semejanzas: La semejanza de estos dos procedimientos viene dada por la disposición que instituyó el proceder del Recurso de Amparo en el ordenamiento jurídico dominicano, toda vez que dicha resolución establece que debe seguirse el mismo procedimiento que para el referimiento. De lo cual se deduce que como la resolución no indica nada respecto a la ejecutoriedad de estas sentencias, éstas se reputan ejecutoria provisionalmente y no obstante cualquier recurso, así también respecto de la contradictoriedad de las mismas. Sin embargo como el amparo se trata de una acción que protege un derecho constitucional se ha de suponer que la decisión que la ampare se impone a la persona cuyo acto se ataca, la cual está en el deber de acatarla.

34.5  La apelación.

El recurso de apelación empezaría a correr a partir de la notificación de la sentencia u ordenanza, según sea el caso, pero nada impide que el mismo pueda ser interpuesto sin que se haya procedido a la notificación de la ordenanza que haya intervenido como producto de ambas acciones. En ambos caso el único efecto que tiene este recurso es el efecto devolutivo, no así el suspensivo, salvo el caso ya señalado.

34.6 Actos que se controlan por la vía de amparo.


TEMA 35.-Principales procedimientos administrativos por ante el juez de primera instancia. Ratificaciones de declaraciones tardías. Rectificaciones de actas del estado civil.  Impugnaciones estados de gastos y honorarios.  Interdicción, fase administrativa. Homologación de testamento, místico y ológrafo.  Homologación constitución de bien de familia.  Renuncia de bien de familia.  Visado del libro de comercio y notario.


35.1 Ratificaciones de declaraciones de nacimiento tardías: Esta situación se da cuando la declaración de nacimiento se realiza fuera de los plazos establecidos por la ley, siendo deber del Oficial del Estado Civil inscribir el acta, previa investigación al efecto, pero no dará copia de la misma hasta tanto la misma no sea ratificada mediante sentencia por el tribunal de primera instancia.

De conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley No. 659 el Oficial del Estado Civil que haya recibido una declaración de nacimiento remitirá inmediatamente copia certificada del acta al Procurador Fiscal del Distrito Judicial correspondiente, quien previa investigación de lugar apoderará al Juzgado de Primera Instancia pudiendo éste tomar todas las medidas de prueba, inclusive consultar libros, papeles, aún difuntos, oír testigos y citar las partes interesadas a fin de ratificar o no mediante sentencia el acta de declaración tardía. El procurador Fiscal remitirá al Oficial del Estado Civil copia de la sentencia que intervenga, debiendo éste hacer mención de la misma al margen de la declaración de nacimiento que le sea relativa con las objeciones que procedieren, pudiendo entonces expedir copia de esa acta.

35.2 Rectificaciones actas del estado civil:  Las rectificaciones de las actas del estado civil pueden ser promovidas de oficio por el Procurador Fiscal, en los casos que interesen al orden público y en los casos que se refieran a errores materiales de escritura, previo aviso a las partes interesadas y sin perjuicio del los derechos que a éstas le asistan. De igual forma podrá promover este funcionario las rectificaciones de las actas del estado civil en interés de las personas pobres que la pidan directamente, siempre que acompañen su petición de las certificaciones requeridas en el artículo 78 de la Ley de Organización Judicial para la concesión de asistencia judicial de oficio en materia civil o comercial.

También puede ser promovida la rectificación por la  parte interesada que desee promover una rectificación, la cual debe solicitarla al tribunal civil de la jurisdicción  en que se encuentra la Oficina Civil depositaria del registro contentivo del acta a rectificar.

Las sentencias que emanen de un tribunal rectificando las actas del estado civil podrán ser apeladas tanto por el Director de la Oficina Central del Estado Civil, quien tiene un plazo de 10 días a partir del recibimiento de la sentencia, como por el Presidente de la Junta Central Electoral, quien tiene un plazo de 15 días.

El secretario del tribunal deberá remitir copia de sentencia certificada a éstos funcionarios una vez dictada.

Procedimiento:  Mediante instancia motivada se apodera al tribunal civil, explicando las razones sobre las cuales se fundamenta la rectificación, las cuales deben ser materiales, es decir, errores involuntarios de escrituras, puesto que si se trata de cambio de nombre es otro el procedimiento a seguir.

Esta instancia deber ir acompañada de los documentos probatorios de lugar y que avalan la demanda, la parte interesada debe visar la instancia que en principio va dirigida por ante el tribunal civil, en la secretaría de la Junta Central Electoral del Distrito que corresponda, luego de esto es que se deposita en el tribunal civil del lugar.

Una vez recibida la instancia en el tribunal civil, el juez envía el expediente al procurador fiscal, vía secretaría, a fin de que éste emita su opinión. En caso de que este funcionario de una opinión favorable y remite nuevamente el expediente donde el juez civil, si éste considera que procede dicta sentencia ordenando al oficial del Estado Civil que proceda realizar la rectificación que se le indica.

Una vez obtenida la sentencia, se eleva una instancia ante el presidente de la Junta Central Electoral, solicitando que dicte oficio a fin de que en virtud de dicha sentencia el requiera del Oficial del Estado Civil la corrección de lugar en el libro y folio correspondiente, esta instancia deberá ir acompañada de la sentencia y demás documentos justificativos.

Una vez el presidente de la junta dicta su oficio, se remite al oficial del estado civil y este procede a transcribir la sentencia y dejar corregido el error material de escritura.

35.3 Impugnaciones de estados de gastos y honorarios. De conformidad con lo que dispone el art. 11 de la Ley No. 302 las liquidaciones de costas son impugnadas mediante instancia dirigida al tribunal inmediato superior, por ejemplo, la liquidación aprobada por el Juez de Paz será impugnada por el Juez de Primera Instancia; las del Juez de Primera Instancia por ante el Presidente de la Corte de Apelación y las liquidadas por éste funcionario judicial serán impugnadas por ante el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y las de éste por ante la Corte en pleno.

A más tardar a los dos días de presentada la instancia de impugnación el secretario citará a las  partes por correo certificado ante el tribunal, quien deberá conocer del caso en los 10 días que sigan a la citación. Las partes producirán sus argumentos en la audiencia fijada y el tribunal dictará sentencia dentro de los 10 días que sigan a la audiencia. La decisión que intervenga no es susceptible de oposición y tendrá la fuerza ejecutoria que tienen los Estados de Gastos y Honorarios aprobados conforme al artículo 9 de dicha ley.

35.4 Interdicción, fase administrativa. Es la prohibición que se hace a una persona mayor de edad de administrar y disponer de sus bienes, a través de sentencia que verifica el estado habitual de imbecilidad, demencia y locura, y que se haya colocada bajo tutela.

Este procedimiento se inicia con instancia dirigida al Juez de Primera Instancia acompañada de los documentos justificativos en los que son articulados los hechos que justifiquen el pronunciamiento de la interdicción o el nombramiento de un consultor judicial.

El ministerio público emite su opinión al respecto y luego el presidente del tribunal apodera un juez relator, si la demanda parece justificada el juez apoderado dicta una sentencia preparatoria ordenando la conformación del consejo de familia para que emita su opinión. Si la demanda es improcedente el tribunal puede rechazarla inmediatamente sin tener que oír el Consejo de Familia.

Luego de oír el Consejo de Familia el tribunal cita al demandado a fin de oírlo, ésta citación debe estar acompañada de copia de la demanda preliminar, de la opinión del consejo, así como de la sentencia que ordenó su interrogatorio. El interrogatorio que se hiciese al demandado tendrá lugar en cámara de consejo.

Luego de oír al demandado el tribunal nombra un administrador provisional que cuide la persona y los  bienes de la parte demandada.

El juez puede si así lo requiere ordenar un peritaje médico del demandado, que le indique el estado mental del mismo.

El Juez competente para conocer de la interdicción lo es el juez de primera instancia del domicilio del interdicto.

El que esté sujeto a interdicción sólo recobrará el ejercicio de sus derechos cuando una sentencia lo haya habilitado siguiendo para ello todos los procedimientos que se utilizaron para acordarla.

35.5 Homologación de testamento, ológrafo y místico. La homologación es la aprobación otorgada a ciertos actos por los tribunales y que les concede fuerza ejecutoria.

El testamento. El testamento es el acto por el cual dispone el testador, para el tiempo en que ya no exista, del todo o parte de sus bienes, pero que puede revocar. El testamento produce sus efectos, solamente a partir del momento de la muerte del testador. Este no se despoja en vida de sus bienes, como ocurre en las donaciones. Es un acto revocable hasta muerte del testador. Así mismo, el testador conserva la facultad de modificar las disposiciones contenidas en el testamento.


El artículo 1007 del Código Civil dispone que todo testamento ológrafo se debe presentar, antes de ponerse en ejecución, al presidente del Tribunal de Primera Instancia del Distrito en que se abra la sucesión. Este testamento se abrirá si está cerrado. El presidente extenderá actas de la presentación, de la apertura y del estado del testamento, y mandará que se deposite en manos del notario por él comisionado.

Así mismo se establece en dicho artículo que el testamento místico será presentado al presidente del Tribunal en igual forma que el ológrafo, pero la apertura no podrá hacerse sino en presencia de o de los notarios y testigos que firmaron el acta de suscripción y se hallaren en aquel sector.

Es decir que tanto en el testamento ológrafo como en el místico los legatarios universales estarán obligados a hacer poner en posesión mediante acta dirigida al Presidente del Tribunal de Primera Instancia para fines de homologación.

35.6 Homologación constitución de bien de familia.- (OJO)
La homologación del bien de familia se instituye a través de la Ley 1024 sobre Constitución de bien de Familia Inembargable, el objeto de la constitución de este bien es que el mismo sirva de convivencia a la familia y sea inembargable.

La homologación que se hace en este sentido corresponde al Tribunal de Primera Instancia donde se encuentre el inmueble el cual será afectado su constitución,  se hace la solicitud a pedimento de notario, el cual eleva su instancia con todas las piezas justificativas. El Juez de Primera Instancia antes de homologar debe oír previamente la opinión el Ministerio Público, y no dará su opinión sino después de haber constatado que: 1- No existen privilegios, ni hipoteca, ni anticresis que sea obstáculo a la constitución, 2- Que hayan sido levantadas todas las oposiciones o que éstas hayan sido debidamente rechazadas, si las ha habido.

La sentencia de homologación contendrá copia de la petición o del acto de constitución y de la descripción sumaria del título de propiedad con la declaración de que queda constituido en bien de familia inembargable e inenagenable. En los 30 días siguientes  a la sentencia de homologación, ésta se inscribirá en la Oficina del Conservador de Hipotecas del Distrito donde radique el inmueble y si se tratase de terrenos registrados conforme a la ley de Registro de Tierra, la sentencia será registrada en le Registro de Títulos de la República, cancelándose el título de  propiedad del constituyente y expidiéndose a favor del beneficiario de la constitución un nuevo certificado de título que exprese que la propiedad es inembargable. El título contendrá exposición sumaria de la constitución y de la sentencia de homologación, y además todas las enunciaciones que requiere la ley de Registro de Tierras.

35.7 Renuncia de bien de familia. El propietario de un bien de familia puede renunciar a esta condición pero con el consentimiento de la mujer dado ante el secretario del Tribunal que acordó la constitución, si hay hijos menores con la autorización del Consejo de Familia, que no lo acordará sino cuando estime ventajosa para los menores la operación, todo previa homologación del tribunal, cuya decisión no estará sujeta a apelación.

Cuando la constitución no haya sido hecha por el padre o por la madre, la renuncia o la enajenación estará sujeta, además al consentimiento del constituyente.

35.8 Visado de libro de comercio y de notario.

El visado del libro es un acta redactada por el Juez de Primera Instancia en el comienzo o al final del libro, en la cual se declara el número de páginas, las circunstancias de haberse foliado y rubricado cada una de ellas y el uso al cual se destine. Este visado deberá realizarse gratuitamente por el juez actuante.

TEMA 36. El procedimiento de divorcio.  Divorcio por incompatibilidad de caracteres.  Guarda de los menores.  Provisión ad-liten. Pensión alimentaria. Divorcio por mutuo consentimiento (mutuo acuerdo). Requisitos. Contenido del Acto de estipulaciones y convenciones. Otras causas de divorcio. Reglas aplicables. Procedimiento en cada caso. Ejecución de la sentencia.

El procedimiento de divorcio. El divorcio es la disolución del matrimonio pronunciado por sentencia de un  tribunal en vida de ambos esposos, a requerimiento de uno de ellos o de los dos y por una de las causas determinadas por la ley.

36.1 Divorcio por incompatibilidad de caracteres.
Esta demanda se incoa por ante el tribunal o juzgado de primera instancia del Distrito Judicial en donde resida el demandado, si este tiene residencia conocida en la República o por ante el de la residencia del demandante en caso contrario.

La citación debe contener todas las enunciaciones prescritas en el artículo 61 para los emplazamientos, así como la fecha de la citación a audiencia, los testigos que serán oídos, los documentos que avalan la demanda, el pedimento del demandante respecto de la guarda de los hijos.

El día de la audiencia las partes asisten personalmente o por medio de sus apoderados especiales, los cuales deben tener poder auténtico. El secretario deberá levantar acta de la comparecencia de las partes, sus declaraciones, así como de las de los testigos. Esta audiencia se hará a puertas cerradas. Baste decir que en ella se administrarán las pruebas presentadas y habiendo quedado  el expediente en estado de fallo, se procede a pasar el mismo por ante el representante del Ministerio Público el cual deberá dar su opinión en un plazo de 5 días.

Basta señalar que cualquier omisión en las forma de realización del divorcio trae consigo la nulidad del mismo, a diferencia del proceso ordinario que sólo es anulable cuando las reglas de fondo son obviada o cuando la ley así lo prescribe.

La sentencia de divorcio es pronunciada públicamente y se considera contradictoria aunque no haya comparecido la parte demandada. Después de que dicha sentencia haya adquirido la autoridad de la cosa, se deberá proceder a la pronunciación del divorcio por el oficial del estado civil competente previo llamamiento hecho por la parte más diligente mediante acto de alguacil, luego del pronunciamiento se procede a la transcripción de la sentencia en los registros del estado civil y a la publicación de su dispositivo en un periódico de la localidad dentro de los ocho días de su pronunciamiento.

Las sentencias de divorcio serán susceptibles de ser apeladas, el plazo para dicha a apelación es de dos meses a partir de la notificación de la sentencia.

36.2 (Guarda de los menores).

Toda sentencia de divorcio por causa determinada ordenará a cargo de cual de los esposos quedarán los hijos comunes, y el juez deberá atenerse en primer termino a lo que las parte hubieran convenido, pero a falta del convenio estipulado antes de la demanda o en el curso de ésta, deberá atenerse a las reglas siguientes: a) todos los hijos hasta la edad de cuatro años permanecerán bajo el cuidado y amparo de la madre, siempre que el divorcio no haya sido pronunciada contra ésta por las causa enunciadas en el acápite e, f, e, i, del articulo segundo de la ley de divorcio, estos acápites establecen la condenación de uno de los esposos a una pena criminal y las injurias cometidas por uno de los esposos contra el otro. b) Los hijos mayores de cuatro años quedarán a cargo del esposo que haya obtenido el divorcio, a menos de que el tribunal, ya sea a petición del otro conyugue o de algún miembro de la familia o del Ministerio Público y para mayor ventaja de los hijos ordena que todos o algunos de estos sean confiados, bien al otro conyugue o a una tercera persona.       

36.3 Provisión ad-liten. (Según Keila esta figura desapareció)
Tan pronto como se realice cualquier acto o diligencia relativa al divorcio, dejará de tener efecto la disposición del Art.108 del Código Civil que atribuye a la mujer casada el domicilio del marido. La mujer podrá dejar la residencia del marido durante el proceso, y solicitar una pensión alimenticia proporcionada a las facultades de aquél. El tribunal indicará la casa en que la mujer estará obligada a residir, y fijará, si hay lugar, la provisión alimenticia que el marido estará obligado a pagar. Todas las notificaciones incluyendo cualesquiera actos preliminares tendientes a establecer la prueba del abandono del hogar o de otros hechos relativos al divorcio, deberán ser hechas, bajo pena de nulidad radical y absoluta, a su propia persona, o al Fiscal del Tribunal que deba conocer de la demanda, quien practicará las diligencias necesarias para que tales notificaciones lleguen a conocimiento de la mujer.

36.4 Pensión alimentaria. (OJO Confundida con figura anterior)

Esta se establece para los hijos comunes que tengan ambos esposos, la carga de esta pensión la llevará quien se quede con el cuidado de los hijos durante el procedimiento de divorcio.

Es la suma concedida por la justicia para el sustento de una persona, en espera de que se fije ya sea amigable o judicialmente la sentencia definitiva. Es la suma de dinero que convienen en el acto de estipulaciones y convenciones y que deberá suministrarle el esposo mientras corren los términos y se pronuncia la sentencia definitiva.

36.5 El divorcio por mutuo consentimiento: 

El consentimiento mutuo y perseverante de los esposos expresado de la manera prescrita en la ley, justificará suficientemente que la vida en común le es insoportable.

Las partes acuden al tribunal de primera instancia conjuntamente con sus actas de nacimiento y las de los hijos que hayan procreado, personalmente o a través de apoderados especiales con sus debidos poderes, donde se levantará acta haciéndose constar el propósito de las partes de divorciarse.

Luego de la presentación de estos documentos y presentación ante el juez, éste observa que se hayan cumplido todas las formalidades previstas por la ley y procede a fijar la vista de la causa en un tiempo no menos de 30 días ni más de 60 para que los esposos comparezcan a juicio. Cualquiera de los esposos, en este caso el más diligente puede citar al otro para que comparezca en la fecha indicada. Se admite que ellos puedan  presentarse sin citación ante el juez.

La sentencia que se dictare deberá ajustarse a los términos convenidos por las partes en su contrato y es inapelable. A diferencia del divorcio por incompatibilidad el plazo para que le ministerio público dictamine es de tres días e igual plazo tendrá el juez luego de recibido el expediente para dictar sentencia.

La publicación, pronunciación y transcripción también son exigidas en este divorcio, con la salvedad de que aquí los plazos son menores, pues aquí debe hacerse el pronunciamiento 8 días francos después de dictada la sentencia. El divorcio será pronunciado por ante cualquier oficial del estado civil de la jurisdicción del tribunal que conoció del caso.

36.6 Requisitos.

Este tipo de divorcio no es admisible sino dos (2) años después de haber contraído matrimonio los esposos, como tampoco será admisible después de haber éstos convivido durante 30 años, ni cuando el esposo tenga por lo menos 60 años de edad y la mujer 50.

36.7 Contenido del Acto de estipulaciones y convenciones.

Art. 28.- (Modificado por la Ley No. 142, agregando los Párrafos IV y V). Los esposos estarán obligados, antes de presentarse al Juez que deba de conocer la demanda, a: 1) formalizar un inventario de todos sus bienes muebles o inmuebles; 2) convenir a quien de ellos confía el cuidado de los hijos nacidos de su unión, durante los procedimientos y después de pronunciado el divorcio; 3) convenir en qué casa deberá residir la esposa durante el procedimiento, y la cantidad que, como pensión alimenticia, deberá suministrarle el esposo mientras corren los términos y se pronuncia sentencia definida. Párrafo I.- Todas estas convenciones y estipulaciones deberán formalizarse por acto auténtico.
Párrafo II.- Una vez cumplidas las anteriores formalidades, los esposos, personalmente, o representados por mandatarios con poder auténtico, y previsto de los actos en que consten las estipulaciones a que se refiere el presente artículo, como asimismo de una copia del acta de matrimonio y de las actas de nacimiento de los hijos procreados durante el matrimonio, se presentarán al Juez de Primera Instancia de su domicilio, declarándole que tienen el propósito de divorciarse por mutuo consentimiento, y que, al efecto le piden proveimiento en forma para establecer su demanda.

36.8 Otras causas de divorcio.

Estas son:
a)      La ausencia decretada por el tribunal de conformidad con las prescripciones contenidas en capítulo II del título IV del libro primero del Código Civil.
b)      El adulterio de cualquiera de los cónyuges
c)      La condenación de uno de los esposos a pena criminal, pero no se admite si es por crimen político.
d)     Las sevicias e injurias graves cometidas por uno de los esposos respecto del otro.
e)      El abandono voluntario que uno de los esposos haga del hogar siempre que no regrese a él en el término de dos años. Este plazo tendrá como punto de partida la notificación auténtica hecha al cónyuge que ha abandonado el hogar, por otro cónyuge.
f)       La embriaguez habitual de uno de los esposos, o el uso habitual e inmoderado de drogas estupefacientes.


36.9 Reglas aplicables.

Se observarán para estas causas las mismas formalidades que la de la incompatibilidad, a excepción del divorcio pedido por la condenación de uno de los cónyuges a pena criminal, en cuyo caso bastará con la presentación de una copia certificada y registrada de la sentencia y que éste haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada. 

36.10 Procedimiento en cada caso.

Ley 1306 bis sobre divorcio.

1- Procedimiento del divorcio por causa determinada
Art. 3.- Toda acción de divorcio por causa determinada se incoará por ante el Tribunal o Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial en donde resida el demandado, si éste tiene residencia conocida en la República; o por ante el de la residencia del demandante en caso contrario.

Art. 4.- El demandante hará emplazar, en la forma ordinaria de los emplazamientos, al demandado, para que este comparezca en persona, o por apoderado con el poder auténtico, a la audiencia a puertas cerradas por el Tribunal o Juzgado celebrará el día y a la hora indicados en el emplazamiento y dará copia, en certeza de éste, al demandado, de los documentos que hará valer en apoyo de su demanda, si los hubiere.

Párrafo I.- Junto con la demanda, el demandante comunicará al demandado la lista de los testigos que se proponga hacer oír en la misma audiencia.

Párrafo II.- En toda demanda de divorcio se expresará sumariamente, a pena de nulidad, el pedimento que respecto de la guarda de los hijos hará el demandante, o se hará mención de lo que las partes hubieren dispuesto en el contrato celebrado con este objeto.

Párrafo III.- La mujer no necesitará ninguna especie de autorización para intentar la demanda de divorcio.

Art. 5.- Si alguno de los hechos alegados por el demandante diere lugar a una persecución contra el demandado por parte del Ministerio Publico, la acción en divorcio quedará en suspenso hasta que el Tribunal represivo haya decidido definitivamente.

Art. 6.- Vencido el término del emplazamiento, sea que el demandado comparezca o no a la audiencia, el demandante, la persona o representado, con la asistencia de su abogado, expondrá los motivos de su demanda, presentará los documentos en que la apoya, hará oír sus testigos si los hubiere, u concluirá al fondo.

Art. 7.- Si el demandado comparece a la audiencia, sea en persona, sea por apoderado, podrá proponer sus observaciones sobre los motivos de la demanda, sobre los documentos producidos por el demandante, o sobre los testigos oídos a requerimiento de éste. También podrá el demandado hacer oír en la misma audiencia los testigos que desee presentar, contra los cuales el demandante por su parte, hará sus observaciones. El demandado no tiene el derecho de hacer oír testigos si no ha comunicado al demandante la lista de éstos por lo menos dos días francos antes del día de la audiencia.

Art. 8.- El secretario redactará acta de la comparecencia de las partes, de los decires y observaciones de éstas  de sus confesiones, de las declaraciones de los testigos y de las tachas a que hayan dado lugar. Se dará lectura de esta acta a las partes a quienes se requerirá que firmen, haciéndose mención en aquella de sus firmas o de su declaración de no poder o no querer hacerlo. Los testigos firmarán el acta al pie de sus respectivas declaraciones, después de lectura dada y aprobada, y si no pueden o no quieren firmar, se hará mención en el acta de esta circunstancia.

Art. 9.- Las tachas serán juzgadas en la misma audiencia, sin abandonar el Juez la sala, y se seguirán en todo lo relativo a la prueba por testigos, en materia de divorcio, las reglas consignadas en los Artículos 282 y siguientes del Código de Proc. Civil, siempre que no se opongan a ellas las disposiciones especiales establecidas en la presente Ley.

Párrafo.- No darán lugar a ninguna tacha los parientes de las partes, a excepción de sus hijos o descendientes, ni tampoco los criados de los esposos, en razón de esta calidad.

Art. 10.- Terminada la audiencia, el Tribunal ordenará la comunicación del expediente al Ministerio Público, para que dictamine en el plazo de cinco días francos.

Art. 11.- Antes de ordenar la comunicación del expediente al Ministerio Público, el Juez podrá ordenar, si lo estima necesario y si las piezas presentadas en apoyo de la demanda no son convincentes, a su juicio, informativos en la forma que determina el Código de Proc. Civil.

Párrafo.- Cuando el Juez haya ordenado informativos el Secretario del Tribunal dará copia de la sentencia que los ordena a la parte demandante para que ésta la notifique en tiempo oportuno a la parte demandada y a los testigos presentados cuyos nombres figuren en dicha sentencia. La parte demandada podrá hacer citar los testigos por ella presentados y que figuren en la referida sentencia.

Art. 12.- Devuelto el expediente por el Ministerio Público con el dictamen correspondiente, el Tribunal fallará admitiendo o desestimando el divorcio. La sentencia se pronunciará públicamente.

Párrafo I.- Toda sentencia de divorcio por causa determinada ordenará a cargo de cuál de los esposos quedarán los hijos comunes, y el Juez deberá atenerse, en primer término, a lo que las partes hubieren convenido; pero a falta de convenio estipulado antes de la demanda o en el curso de ésta, deberá atenerse a las reglas siguientes:

a) todos los hijo hasta la edad de cuatro años permanecerán bajo el cuidado y amparo de la madre, siempre que el divorcio no haya sido pronunciado contra ésta por las causas enunciadas en los acápites e, f, e, i del artículo segundo de esta ley;

b) los hijos mayores de cuatro años quedarán a cargo del esposo que haya obtenido el divorcio, a menos que el Tribunal, ya sea a petición de otro cónyuge, o de algún miembro de la familia o del Ministerio Público, y para mayor ventaja de los hijos, ordene que todos o algunas de éstos sean confiados, bien al otro cónyuge, o a una tercera persona.

Párrafo II.- Sea cual fuere la persona a quien se confía la guarda de los hijos, los padres conservan el derecho de velar por el sostenimiento y la educación de éstos, y están obligados a contribuir a ello en proporción con sus recursos.

Art. 13.- Cuando el divorcio se pida por razón de que uno de los esposos esté condenado a una pena criminal, las únicas formalidades que deben observarse consisten en presentar al Tribunal una copia en forma de la sentencia que condene al cónyuge demandado a una pena criminal, con un certificado del Secretario del Tribunal que la dictó, atentando que esta sentencia no es susceptible de ser reformada por ninguna de las vías legales ordinarias. El Certificado del Secretario será Visado por el Procurador Fiscal de su Tribunal, o por el Procurador Gral de la República.

Art. 14.- Der. por  Ley No. 2669, de fecha 31 - 12 - 1959, G.O. 7231.

Art. 15.- Toda sentencia de divorcio por causa determinada, se considerará contradictoria, comparezca o no la parte demandada, y será susceptible de apelación; esta apelación se substanciará y juzgará oír la Corte de Apelación respectiva, como materia sumaria.

Art. 16.- No será admisible la apelación si no ha sido intentada en los dos meses a contar de la fecha de la notificación de la sentencia.

Art. 17.- En virtud de toda sentencia de divorcio dada en última instancia o que haya adquirido la autoridad de la cosa juzgada, y salvo que se hubiere interpuesto recurso de casación, el cual es suspensivo de pleno derecho, el esposo que lo haya obtenido estará obligado a presentarse en un plazo de dos (2) meses por ante el Oficial del Estado Civil, para pronunciar el divorcio y transcribir el dispositivo de la sentencia en el registro del estado civil, previa intimación a la otra parte por acto de Alguacil, para que comparezca ante el Oficial del Estado Civil y oiga pronunciar el divorcio. En la transcripción del dispositivo de tal sentencia se agregarán fecha, número si lo tiene y tribunal que la dictó.

Párrafo.- El Oficial del Estado Civil no pronunciará el divorcio ni transcribirá el dispositivo de la sentencia sino cuando se hayan cumplido las formalidades establecidas por el artículo 548 del Código de Procedimiento Civil, u cuando se le demuestre haber sido hecha la intimación al otro esposo para asistir al pronunciamiento de divorcio, tal como anteriormente se dispone en este artículo. El Oficial del Estado Civil que pronuncie un divorcio sin que se hayan cumplida las disposiciones que anteceden, estará sujeto a las destitución, sin perjuicio de las responsabilidades civiles a que pueda haber lugar.

Art. 18.- El plazo de dos meses señalado en el artículo anterior no comenzará a contarse para las sentencias dictadas en primera instancia sino después de expirado el plazo de la apelación; y respecto de las sentencias dictadas en defecto de apelación, después de la expiración del plazo de oposición.

Art. 19.- El cónyuge demandante que haya dejado pasar el plazo de dos meses determinado en  artículo diecisiete perderá el beneficio de la sentencia por él obtenida, y no podrá obtener otra sentencia sino por una nueva causa, a la cual, sin embargo, podrá agregar las antiguas causas.

Art. 20.- Toda sentencia de divorcio se considerará como no pronunciada, o como extinguida, si antes de llenarse las formalidades de ley muere uno de los conyugues.


2- Del divorcio por mutuo consentimiento y del procedimiento que debe seguirse.

Art. 26.- El consentimiento mutuo y perseverante de los esposos, expresado de la manera prescrita en la presente ley, justificará suficientemente que la vida en común le es insoportable.

Art. 27.- El divorcio por mutuo consentimiento no será admisible sino después de dos años de matrimonio, como tampoco lo será después de treinta años de vida común, ni cuando el esposo tenga por lo menos sesenta años de edad y la mujer cincuenta.

Art. 28.- (Modificado por la Ley No. 142, agregando los Párrafos IV y V). Los esposos estarán obligados, antes de presentarse al Juez que deba de conocer la demanda, a: 1) formalizar un inventario de todos sus bienes muebles o inmuebles; 2) convenir a quien de ellos confía el cuidado de los hijos nacidos de su unión, durante los procedimientos y después de pronunciado el divorcio; 3) convenir en qué casa deberá residir la esposa durante el procedimiento, y cuál la cantidad que, como pensión alimenticia, deberá suministrarle el esposo mientras corren los términos y se pronuncia sentencia definida.

Párrafo I.- Todas estas convenciones y estipulaciones deberán formalizarse por acto auténtico.

Párrafo II.- Una vez cumplidas las anteriores formalidades, los esposos, personalmente, o representados por mandatarios con poder auténtico, y previsto de los actos en que consten las estipulaciones a que se refiere el presente artículo, como asimismo de una copia del acta de matrimonio y de las actas de nacimiento de los hijos procreados durante el matrimonio, se presentarán al Juez de Primera Instancia de su domicilio, declarándole que tienen el propósito de divorciarse por mutuo consentimiento, y que, al efecto le piden proveimiento en forma para establecer su demanda.

Párrafo III.- A falta de los actos de nacimiento, por ausencia de éstos en los registros del Est. Civil, los actos de notoriedad tendrán su validez

Párrafo IV.- En el caso de cónyuge dominicanos residentes en el extranjero, las convenciones y estipulaciones podrán ser redactadas a través de apoderados especiales y firmadas por éstos por ante un Notario Público de la jurisdicción que ellos indiquen, en el acto contentivo del poder. En dichas convenciones y estipulaciones, las partes otorgarán, de manera expresa, competencias a un Juez de Primera Instancia de la misma jurisdicción señalada por ellos en el poder, para conocer y fallar sobre el Divorcio.

Párrafo V.- Los extranjeros que se encuentran en el país aún no siendo residentes, podrán divorciarse por Mutuo Consentimiento, siempre que, hallándose por lo menos uno de ellos presente en la audiencia, y el otro representado por apoderado especial, convengan de manera expresa en atribuir competencia a un Juez de 1ra. Instancia, en el acta de conven- ciones y estipulaciones levantada por un Notario Público de la misma jurisdicción del Tribunal por ellos señalado. Para el caso previsto en este párrafo, no serán aplicables las disposiciones del Art. 27 de esta Ley".

Art. 29.- El Juez, en vista de la declaración de los esposos, levantará acta de lo expuesto por éstos.

Art. 30.- (Modificado por la Ley No. 142 agregado al párrafo II). Después de cerciorarse de que se han cumplido todas las exigencias de la ley para hacer admisible la demanda, el Juez autorizará ésta, fijando un término de no menos de treinta ni más de sesenta días para que los esposos comparezcan en juicio: y con vista de todos los actos, pronunciará sentencia ocho días después de la audiencia.

Párrafo I.- La sentencia deberá ajustarse en todo a las estipulaciones consignadas en los actos a que se refiere el artículo veintiocho, los cuales sólo podrán sufrir las variaciones que los mismos esposos quieran introducir el día de la visita de la causa, por mutuo acuerdo anterior.

Párrafo II.- Para el caso previsto en el Párrafo V del Art. 28 de esta Ley, el Juez autorizará la demanda fijándola dentro del término de tres (3) días para que los esposos comparezcan en juicio. Terminada la audiencia el Tribunal ordenará la comunicación al Ministerio Público, para que dictamine en el plazo de tres días franco, y el Juez pronunciará sentencia dentro de los tres (3) días siguientes.

Art. 31.- (Mod. por la Ley No. 142 agregando un párrafo). Los esposos, o el más diligente de ellos, estarán obligados a transcribir en el Registro Civil la sentencia que haya admitido el divorcio; y hacer pronunciar éste, lo cual deberá hacerse no menos de ocho días francos después de pronunciada aquella.

Párrafo.- En el caso previsto en el Párrafo V del Art. 28 de esta Ley, una vez dictada la sentencia, se pronunciará el Divorcio por cualquier Oficial del Estado Civil de la Jurisdicción del Tribunal que conoció del caso, mediante la presentación de una copia certificada de la sentencia, previamente transcrita en el Registro Civil, y el Dispositivo de la misma se publicará en un periódico de circulación nacional.

Art. 32.- La sentencia que ordene el divorcio por mutuo consentimiento será inapelable; y para su ejecución se observarán las reglas establecidas por el código de Procedimiento Civil, habida cuenta de las finalidades consignadas en la presente ley.

Art. 33.- Los esposos están obligados a depositar en Secretaría todos los documentos pertinentes a la acción en divorcio por mutuo consentimiento, en los términos expresados en el artículo 28.


36.11 Ejecución de la sentencia.

Art. 42.- De toda sentencia de divorcio por causa determinada, dentro de los ocho días después denunciado el divorcio, se publicará el dispositivo en uno de los periódicos de la localidad, con las menciones relativas al pronunciamiento del divorcio, depositándose un ejemplar del periódico en la Secretaría del Tribunal dentro de los ocho días siguientes a la publicación; bajo pena de cien pesos, de multa contra el esposo que haya obtenido el divorcio, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurriere por su negligencia. Si en la localidad en que se admita el divorcio no hubiere periódico, la publicación del dispositivo se hará en uno de los de la provincia o común más próxima.

Párrafo.- Cuando el divorcio se admita por mutuo consentimiento, las obligaciones que impone el presente artículo estarán a cargo de ambos cónyuges, bajo la pena ya expresada.



TEMA 37.  La resolución alternativa de conflictos: La mediación. La negociación.
La conciliación. El arbitraje. Viabilidad. Casos que reglamenta la ley.  Inconvenientes cuando se encuentra comprometido el orden público.


La resolución alternativa de conflictos.

La resolución alternativa de conflictos ayuda a mantener una cultura de bienestar común, dado que las disputas entre las personas se resuelven virtualmente de una manera satisfactoria en virtud de una amplia variedad de métodos que permiten resolver disputas sin utilizar la vía del litigio, estos métodos son:  La mediación. La negociación, La conciliación. El arbitraje


37.1 La mediación:   es una negociación estructurada presidida por un moderador dotado de las aptitudes, la preparación y la experiencia par ayudar a resolver sus diferencias. Es un proceso confidencial que no impone obligaciones dirigido  a ayudar a las partes a resolver de manera mutuamente aceptable cualquiera diferencia que se pueda someter  a él.

Es el proceso en el cual una tercera parte neutral, actúa como facilitador para asistir a dos o más partes en la solución de un conflicto, donde las partes generalmente se comunican directamente. El rol de mediador es facilitar la comunicación entre las partes, asistirlas para que puedan enfocarse en los aspectos reales del conflicto y generar opciones para el acuerdo. El propósito de este proceso es el que las propias partes alcancen mutuamente una solución aceptable para ambos. De todos los procedimientos de mecanismos alternativos de conflictos, el proceso de mediación es el más flexible.

 37.2 La negociación: no sólo se negocia para adquirir bienes y servicios, también para solucionar conflictos. La negociación es el más básico e informal método de resolución de disputas, en el cual intervienen usualmente las partes, asistidos o no de sus abogados, intercambiando informaciones y propuestas, sin otras restricciones que las que aquellas mismas se imponen.

37.3 La conciliación: Acto por el cual las partes que tienen planteado un conflicto, comparecen para intentar solucionar y transigir sus diferencias, previamente al comienzo de la contienda judicial.

37.4 El arbitraje: el árbitro escucha una presentación contradictoria de cada una de las partes en el caso y luego dicta una decisión usualmente denominada laudo arbitral. En la mayoría de los sistemas los laudos arbitrales son vinculantes. Sin embargo, algunos países han consignado que las partes,  si ellas previamente lo han acordado, puede participar en un arbitraje no vinculante.

Las partes en litis pueden someter a la consideración de un tercero la solución del asunto litigioso, es lo que constituye un arbitraje, el cual da origen a una convención llamada compromiso.  Se puede someter la pretensión  o el diferendo a más de un árbitro.


37.5  Viabilidad: entre las ventajas que tienen el arbitraje o los mecanismos de solución de conflicto, se encuentran: a) mayor garantía de una decisión imparcial. b) Mayor celeridad en la conclusión de los casos, c) Menor costo para las partes entre otros.

37.6  Casos que reglamenta la ley: el arbitraje  sólo puede acudirse de manera voluntaria, pero que el mismo esté suscrito. El acuerdo para acudir al arbitraje puede manifestarse de manera previa al nacimiento del conflicto, cuando se estipula en el contrato de cuya ejecución surge el conflicto.

Fuera de los casos establecidos en el art. 1004 del Código de Procedimiento Civil el arbitraje es posible en cualquier asunto susceptible de transacción.

37.7 Inconvenientes cuando se encuentra comprometido el orden público.

El art. 1004 del Código de procedimiento Civil expresa, “no pueden establecerse compromisos sobre los dones y legados de alimentos, alojamiento y vestidos; sobre separaciones entre marido y mujer, ni en cuestiones de estado personal, sobre las causas que conciernen al orden público, al Estado, a los bienes nacionales, a los municipios, establecimientos públicos, dones y legados en beneficio de los pobres; sobre los concernientes a los títulos menores y sujetos a interdicción sobre los que conciernan o interesen a personas que se presuman ausentes y generalmente sobre todos los que están encaminados a la defensa de un curador.”

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