¿ES SUSCEPTIBLE DE RECURSO DE APELACIÓN EL AUTO DE APERTURA A JUICIO? ¿QUE DICE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?


¿ES SUSCEPTIBLE DE RECURSO DE APELACIÓN EL AUTO DE APERTURA A JUICIO? ¿QUE DICE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?

El señor Guido Ramón Ventura Williams, mediante instancia de fecha  doce  (12) de  diciembre  de dos mil  trece  (2013) recurre ante el Tribunal Constitucional mediante una acción  directa  de  inconstitucionalidad  contra  la  sentencia  núm. 1294/2013,  de  fecha  veintiocho  (28)  de  noviembre  de  dos  mil  trece  (2013), dictada por la  Cámara  Penal de la  Corte de Apelación  del Distrito Judicial del Distrito Nacional.

El señor Guido Ramón Ventura Williams formuló dicha acción con el propósito de que se declare la inconstitucionalidad de la referida decisión jurisdiccional contra la que se promueve alegada violación al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y debido proceso.

Infracciones constitucionales alegadas por el señor Guido Ramón Ventura Williams.

El  señor invocó la  declaratoria  de  inconstitucionalidad  contra  la Sentencia núm. 1294/2013, de fecha veintiocho (28) de noviembre de dos mil trece (2013), dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Judicial del Distrito Nacional, contra  la cual formuló alegada violación  al  artículo 69.9 de la Constitución de la República, así como también al  303 del Código Procesal Penal, los cuales se transcriben a continuación:

Constitución Dominicana: Artículo 69.- Tutela judicial efectiva y debido proceso. Toda persona,  en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará  conformado  por  las  garantías  mínimas  que  se  establecen  a continuación:  9. Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia.

Código Procesal Penal: Artículo 303 - Auto de apertura a juicio. “El juez dicta auto de apertura a  juicio  cuando  considera  que  la  acusación  tiene  fundamentos suficientes  para  justificar  la  probabilidad  de  una  condena.  La  resolución por la cual el juez ordena la apertura a juicio contiene: 1) Admisión total de la acusación; 2) La determinación precisa de los hechos por los que se abre el juicio y de las personas imputadas, cuando el juez sólo admite parcialmente la acusación; 3) Modificaciones en la calificación jurídica, cuando se aparte de la acusación; 4) Identificación de las partes admitidas; 5) Imposición, renovación, sustitución o cese de las medidas de coerción, disponiendo en su caso, la libertad del imputado en forma inmediata; 6) Intimación a las partes para que en el plazo común de cinco días, comparezcan ante el tribunal de juicio y señalen el lugar para las notificaciones. Esta  resolución  no  es  susceptible  de  ningún  recurso.  Efectuadas  las notificaciones correspondientes, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el  secretario  remite  la  acusación  y  el  auto  de  apertura  a juicio a la secretaría del tribunal de juicio correspondiente.

El accionante reclama mediante su acción directa de inconstitucionalidad la revocación, con todas sus consecuencias legales, de la Decisión  Judicial  núm. 1294/2013, antes citada que, a su juicio, violenta diversas situaciones jurídicas y  procesales,  de  manera  específica  el  artículo  69.9  de  la  Constitución  de  la República, así como también  el  303 del Código Procesal Penal.

 En este sentido, se debe observar que la  Ley núm. 137-11, Orgánica del  Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales ha previsto  un  procedimiento distinto para impugnar las sentencias que hubieren agotado  todas  las  vías  previstas  para  su  revisión  y  que  además  hayan   adquirido  la autoridad  de  la  cosa  irrevocablemente  juzgada.  En    la  especie  se  está  impugnando  una  sentencia  dictada  por  la  Cámara  Penal  de  la  Corte  de Apelación del Distrito Judicial del Distrito Nacional, razón por la cual el Tribunal Constitucional no se encuentra ante ninguno de los supuestos establecidos por el artículo 185.1 de la Constitución. Asimismo, no se configura ninguno de los requisitos exigidos por el artículo 36  de la Ley núm. 137-11, Orgánica del  Tribunal Constitucional y los  Procedimientos  Constitucionales,  por  lo  que  la  presente  acción  deviene inadmisible por estos elementos.

Con lo anterior se verifica que en el escrito del recurso los accionantes no hacen una exposición o juicio de confrontación preciso acerca de las razones por  las  cuales  los  artículos  303  del  Código  Procesal  Penal,  y  69.9  de  la Constitución  en  su  contenido,  son  contrarios  a  las  normas  constitucionales enunciadas  en  el  contexto  de  sus  argumentaciones;  es  decir, no  revelan  una contradicción objetiva y verificable entre el contenido de la norma atacada y los textos de la Constitución presuntamente violados, sino que tan solo transcriben textos legales y constitucionales sin formular motivos de inconstitucionalidad.

Con relación a la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 69.9 de la Constitución que refiere: “Toda sentencia puede ser recurrida de conformidad con la ley. El tribunal superior no podrá  agravar la sanción impuesta cuando sólo la persona condenada recurra la sentencia” y el artículo 303 del Código Procesal Penal,  que  indica “El auto de  apertura a  juicio no es susceptible de ningún  recurso”, resulta  que  en  principio  todas las  sentencias  son  apelables, salvo disposición en contraria de la ley, tal como lo indica el citado artículo 69 de la Constitución;  es decir,  depende de la organización legal de la competencia de los casos que conozcan el tribunal que decida sobre el asunto. 

En el caso que nos ocupa resulta que el auto de apertura a juicio se conoce ante un juez de la instrucción, es decir, el juez encargado  solo  de la organización del  proceso  penal  (preparatorio);  por  tanto,  su  decisión  no  es  susceptible  de ningún recurso según el artículo 303 del Código Procesal Penal.

Dicha decisión no resulta apelable porque como indicamos en el párrafo anterior el juez de la instrucción solo prepara y organiza el proceso penal, es decir, no emite una decisión definitiva sobre el proceso y por tanto, no tiene decisión final; solo envía a juicio de fondo los casos que, según las pruebas, evalué procedentes, contrario a lo que sucede con el auto de no ha lugar, que sí le pone fin al proceso penal y que por lo tanto puede ser recurrido.

En definitiva, no es una decisión que le pone fin a un proceso penal, sino que al contrario, en caso de dar apertura a juicio, se envía ante el juez penal e inicia un proceso acusatorio, del que luego emanarán sentencias penales, las cuales sí son apelables.

El tribunal constitucional tiene como precedente   en la Sentencia TC/0142/14, párrafo h) lo siguiente:

En  ese  tenor,  si  bien  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  el  derecho  a recurrir  tiene  rango  constitucional,  su  ejercicio  está  supeditado  a  la regulación  que  determine  la  ley  para  su  presentación,  puesto  que corresponde al legislador configurar los límites en  los cuales opera su ejercicio, fijando las condiciones de admisibilidad exigibles a las partes  para  su  interposición  debiendo  respetar  su  contenido  esencial  y  el principio de razonabilidad que constituyen el fundamento de validez de toda norma destinada a  la regulación de derechos fundamentales. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional comparada ha dicho que “…es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién,  en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos  -positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio…

La jurisprudencia constitucional comparada admite como requisito de exigibilidad  de  la  acción  directa  de  inconstitucionalidad  que  la  infracción denunciada sea imputable a la norma objetada, disponiendo que:  La  Corte  ha  sistematizado  las  exigencias  materiales  que  debe cumplir la demanda y ha señalado que, sin caer en formalismos  técnicos  (…)  los  cargos  formulados  por  el  demandante  deben  ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. Esto significa que la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta).

Además, el actor debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta (especificidad), con argumentos que sean de naturaleza constitucional, y no legales ni puramente doctrinarios, ni referidos a situaciones puramente individuales (pertinencia).

De lo  anterior  se desprende que todo escrito contentivo de una acción directa  de inconstitucionalidad  debe  indicar  las  infracciones  constitucionales que  se  le  imputan  al  acto  o  norma  infraconstitucional  cuestionada.  En  ese sentido,  el  escrito  introductivo  de  una  acción  directa  que  busca  declarar  la existencia de una infracción constitucional debe tener:

1.  Claridad.  Significa que la infracción constitucional debe ser identificada en el escrito en términos claros y precisos.

2.  Certeza. La infracción denunciada debe ser imputable a la norma infraconstitucional objetada.

3.  Especificidad. Debe argumentarse en qué sentido el acto o norma cuestionada vulnera la Constitución de la República.

4.  Pertinencia.  Los  argumentos  invocados  deben  ser  de  naturaleza constitucional  y  no  legal  o  referida  a  situaciones  puramente individuales.

Este criterio relativo a los requisitos mínimos de exigibilidad de la acción directa de inconstitucionalidad ha sido también reconocido por este tribunal en el  precedente  fijado  en  su  Sentencia  TC/0095/12  del  veintiuno  (21)  de diciembre de dos mil  doce (2012), por lo que al no cumplirse en el presente caso con los requisitos de claridad y especificidad, por el hecho de que en el contexto  de  su  instancia  los  accionantes  no  señalan,  ni  realizan  las argumentaciones  pertinentes  de  cuáles  textos  constitucionales  han  sido vulnerados por los artículos 420 y 422 del Código Procesal Penal,  el mismo deviene en inadmisible en tanto que este tribunal no puede constatar cuáles han sido  las  infracciones  inconstitucionales  de  que  adolecen  las  referidas disposiciones normativas.

En esa virtud, tal y como lo ha señalado el Tribunal Constitucional en su Sentencia TC/0007/13, del 11 de febrero, podemos afirmar que la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta en el presente caso no se encuentra sujeta al control jurisdiccional de la constitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el Art. 185, numeral 1, de la Constitución y 36 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, con  lo  que  se  ratifica  el  criterio  sobre  el  objeto  de  la  acción  directa  de inconstitucionalidad  establecido  en  las  sentencias  TC/0052/12,  TC/0053/12, TC/0055/12, TC/0066/12, TC/0067/12, TC/0068/12, TC/0074/12, TC/0075/12, TC/0076/12, TC/0077/12, TC/0078/12, TC/0086/12, TC/0087/12, TC/0089/12, TC/0102/12,  TC/0103/12,  TC/0104/12,  del  año  dos  mil  doce  (2012), TC/0008/13,  TC/  0064/13,  TC/0083/13,  TC/0084/13,  TC/0087/13, TC/0095/13,  TC/0247/13  y  TC/0248/13,  en  las  cuales  se  ha  determinado  la inadmisibilidad de la acción directa contra decisiones jurisdiccionales u otra actuación distinta de las contenidas en los artículos 185.1 de la Constitución y 36 de la referida ley núm. 137-11.

En efecto, la Constitución y el texto de la ley no contemplan la posibilidad de  accionar  por  vía  directa  contra  decisiones  jurisdiccionales,  pues  tanto  el artículo 277 de la Constitución como los artículos 53 y siguientes de la Ley núm. 137-11 prescriben el recurso de revisión ante el Tribunal Constitucional como un mecanismo extraordinario, cuyo objeto es unificar la interpretación de las  normas  y  principios  constitucionales,  en  su  calidad  de  máximo  y  último intérprete de la Carta Sustantiva.

Sin embargo, en la decisión TC/0242/16 relativo  al  recurso  de  revisión constitucional  de  decisión  jurisdiccional incoado  por  el  Procurador  General  de  la República  contra  la  Sentencia  núm.  177, dictada por  la  Segunda  Sala  de la  Suprema Corte de Justicia  el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014) el Tribunal Constitucional estableció que de acuerdo con el referido artículo 53, el recurso de revisión constitucional contra  decisiones  jurisdiccionales  procede  en  tres  casos:  1)  cuando  la  decisión declare  inaplicable  por  inconstitucional  una  ley, decreto, reglamento, resolución u ordenanza; 2) cuando la decisión viole un precedente del Tribunal Constitucional y 3) cuando se haya producido una violación de un derecho fundamental.

En ese sentido, en tribunal verifico el cumplimiento de los indicados supuestos,  pues el recurrente no tuvo la oportunidad de invocar las referidas violaciones en el ámbito del  Poder  Judicial,  ya  que,  según  se  alega,  fueron  cometidas  en  el  transcurso  del conocimiento de los recursos de casación de que se trata. Por otra parte, la decisión recurrida  no  es susceptible  de  recursos en  el ámbito  del Poder  Judicial,  por haber sido dictada por una  de  las salas  de la  Suprema  Corte  de  Justicia. Por  último, las violaciones  de  referencia  son  imputables,  en  la  eventualidad  de  que  se  hayan cometido, a los jueces que dictaron la sentencia recurrida.

Además de los requisitos de admisibilidad indicados anteriormente, se exige la  especial  trascendencia  o  relevancia  constitucional, según  dispone  el  párrafo  del mencionado  artículo  53.  En  el  mismo  texto,  se  pone  a  cargo  del  Tribunal  la obligación de motivar la decisión.

El recurso  de  revisión  constitucional  de  decisión  jurisdiccional  que  nos ocupa cumple con lo establecido en el párrafo del artículo 53 de la Ley núm. 137 -11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, ya que  su examen permitirá seguir desarrollando el criterio sobre lo imperativo de realizar la tutela judicial efectiva mediante la adecuada y correcta motivación de las sentencias.

En  el  presente  caso,  el  recurso  se  fundamenta  en  la  violación  a  la  tutela judicial  efectiva  y  al  debido  proceso,  que  constituyen  garantías  fundamentales,  es decir, que se está invocando la tercera causal indicada en el párrafo anterior, caso en el  cual,  según  el  mismo  artículo  53,  el  recurso  procederá  cuando  se  cumplan  los siguientes requisitos:

Que el derecho fundamental vulnerado se haya invocado formalmente en el proceso,  tan  pronto  quien  invoque  la  violación  haya  tomado  conocimiento  de  la misma.

Que  se  hayan  agotado  todos  los  recursos  disponibles  dentro de  la  vía jurisdiccional correspondiente y que la violación no haya sido subsanada.

Que la violación al derecho fundamental sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano jurisdiccional, con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso en que dicha violación se produjo, los cuales e1 Tribunal Constitucional no podrá revisar.

Como consecuencia de un proceso penal seguido a los señores Elías Wessin Chávez, José Jacobo de León Garrido y Elvis  Leonor Arias Morbán, la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó contra los mismos auto de apertura a juicio,  el  cual  fue  recurrido  en  casación  por  dichos  imputados  y  se  produjo  la sentencia  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia.

La presente decisión aborda el recurso de revisión  constitucional  de decisión jurisdiccional  incoado por el Ministerio Público contra la  Sentencia  núm. 177,  del dieciocho (18)  de junio de dos mil catorce (2014), dictada por la Segunda Sala de la Suprema  Corte  de  Justicia,  que  confirmó  el  auto  de  no  ha  lugar  dictado  por  el Séptimo  Juzgado de la Instrucción a favor de los señores  Elías Wessin Chávez, José Jacobo de León Garrido y Elvis Leonor Arias Morbán.

El  auto  de no ha lugar dictado por el  Séptimo  Juzgado de la Instrucción fue recurrido  en  apelación  y  la  Tercera  Sala  de  la  Corte  de  Apelación  lo  revocó, dictando,  en tal sentido,  un  auto  de  apertura  a  juicio, que,  al ser impugnado  ante la Suprema  Corte  de  Justicia  y  revocado  por  esta,  dio  como  resultado  la  decisión atacada ante este plenario por el Ministerio Público.

Este  tribunal,  al  analizar  las  argumentaciones  esbozadas  por  la  Suprema Corte de Justicia al revocar la decisión de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte  de  Apelación  del  Distrito  Nacional,  ha  podido  verificar  las  apropiadas argumentaciones  de  la  misma,  las  cuales  retenemos  y  hacemos  propias, específicamente las contenidas en el primer  considerando de la página 141, donde la Suprema Corte de Justicia sostiene:

(…)  la  Corte  a-qua  al  emitir  el  auto  de  apertura  a  juicio  prejuzgo  las pruebas  aportadas  por  la  acusación  y  determino  en  qué  sentido  los imputados  incurrieron  en  algunas  de  las  infracciones  aducidas  en  la acusación; por consiguiente; vulnero el debido proceso de ley.

En este mismo sentido, sostuvo la Suprema Corte de Justicia que (…) resulta prudente indicar que un  envío  por ante el tribunal de juicio en la forma recogida por la Corte a-qua no garantiza el debido proceso de ley, toda  vez que la posición adoptada por esta vulnero el estado de inocencia que le asiste a los procesados y transmite un mandato de culpabilidad, con lo cual no se garantizaría el principio de legalidad ni el respeto a las garantías fundamentales  (…)

Y es que  la Tercera Sala de la  Cámara  Penal de la Corte de  Apelación  del Distrito  Nacional,  más  que  ocuparse  de  su  atribución  de  verificar  sobre  la pertinencia  o  no  del  fardo  probatorio  presentado  por  el  Ministerio  Público  para sustentar  una acusación, en función de lo establecido por el artículo 303 del Código Procesal  Penal,  cuestionó  los  razonamientos  del  juez  del  Séptimo  Juzgado  de  la Instrucción, que  dictó  el auto impugnado,  y en base a las dudas que plantea,  intentó encuadrar las pruebas aportadas al tipo penal.

En tal sentido, la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación, como  fundamento  para  la  revocación  del  auto  de  no  ha  lugar  y  dictar  un  auto  de apertura a juicio, en la página 13 de la supraindicada decisión, presenta como una de sus principales argumentaciones y ratio decidendi lo siguiente:

(…)  pues si la juez-aquo  entendió  que se encontraba frente a hechos que no constituyen tipos penales de acuerdo al marco normativo vigente, esa sola comprobación bastaba para emitir un Auto De No Ha Lugar, sin necesidad de pasar a examinar la prueba desde la perspectiva de una  suficiencia  que no  tenía  razón de ser, ya que si los hechos no son tipos penales no existen entonces pruebas capaces de variar esa verdad inmutable, según su criterio externado en la decisión.”

Contrario a lo sostenido por la Tercera Sala de la  Cámara  Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en función de los artículos 303 y 304 del Código Procesal  Penal,  el  juez  de  la  instrucción  debe  hacer  una  evaluación  armónica  y conjunta de todos y cada uno de los elementos  que componen  la  acusación, como son la tipificación, individualización de imputados, relación fáctica y pertinencia y licitud de los medios probatorios, y de este modo ,  preservar el amplio catálogo de derechos que componen el debido proceso.

Según lo verificado por este plenario,  la Suprema Corte de Justicia con su decisión ha preservado la presunción de inocencia que beneficia  a  los imputados y les ha salvaguardado el debido proceso. 

Se  pretendía que el  juez  de la  instrucción efectuase análisis parciales de los elementos que componen la acusación, cuando lo que efectivamente debe realizar, y de hecho verificó al dictar su auto de no ha lugar, fue  desarrollar  un  análisis  armónico  y  holístico  de  dichos  elementos  que  les sirvieron de sustento al adoptar su decisión.

Esta  decisión,  firmada  por  los  jueces  del  tribunal,  fue  adoptada  por  la  mayoría requerida.  No  figuran  las  firmas  de  los  magistrados  Lino  Vásquez  Sámuel, segundo sustituto; Ana Isabel Bonilla Hernández,  Justo Pedro Castellanos Khoury y  Katia  Miguelina  Jiménez  Martínez,  en  razón  de  que  no  participaron  en  la deliberación  y  votación  de  la  presente  sentencia  por  causas  previstas  en  la  ley.

Consta en acta el voto salvado del magistrado  Víctor Joaquín Castellanos Pizano, el  cual se incorporará a la presente decisión de conformidad con el Artículo 16 del Reglamento Jurisdiccional del Tribunal Constitucional. Por  las  razones  de  hecho  y  de  derecho  anteriormente  expuestas,  el  Tribunal Constitucional DECIDE: admitir,  en cuanto a la forma,  el recurso de revisión constitucional de  decisión  jurisdiccional  interpuesto  por  el  procurador  general  de  la  República contra la Sentencia núm. 177, dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el dieciocho (18) de junio de dos mil catorce (2014).

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