ANALISIS SOBRE LA LEY 544-14 LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.


ANALISIS SOBRE LA LEY 544-14 LEY DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.

INTRODUCCION.

El 15 de octubre del año 2014, mediante la Ley No. 544-14, República Dominicana aprobó una importantísima ley que regula las relaciones privadas entre dominicanos y extranjeros en materia civil y comercial. Se trata de la denominada ¨Ley de Derecho Internacional Privado¨, la cual, en noventa y ocho artículos, regula diferentes aspectos ligados al Derecho Privado.  

El objeto de la Ley No. 544-14 es la regulación de las Relaciones Privadas Internacionales, que son aquellas vinculadas a un sistema jurídico extranjero, ya sea por sus elementos objetivos o bien por los elementos personales de quiénes conforman la relación jurídica de que se trate. 

A estos fines, la ley de marras se enfoca en delimitar tres puntos neurálgicos en materia de conflictos de leyes: (i) la competencia de los tribunales locales; (ii) el derecho aplicable a una situación jurídica internacional; y, (iii) el reconocimiento y ejecución de decisiones extranjeras en nuestro país. Han sido excluidos del alcance de ésta ley las materias administrativa, arbitral y el procedimiento de quiebra.

Esta ley entró en vigor el diecinueve (19) de diciembre del año dos mil catorce (2014) y se considera aplicable a todos los procesos iniciados después de la fecha de su entrada en vigor, sin perjuicio de cualquier derecho adquirido con anterioridad.

COMPETENCIAS DE LOS TRIBUNALES LOCALES.

La Ley establece la competencia general de los tribunales dominicanos, los cuales podrán conocer de cualquier litigio que se suscite en el territorio del país, salvo en los casos en que exista un acuerdo de elección de foro e independientemente de la nacionalidad de las partes involucradas, quienes tendrán acceso a la justicia en igualdad de condiciones. 

Es así como definitiva y formalmente quedan derogadas las provisiones legales que establecían la fianza del extranjero transeúnte o fianza judicatum solvi que pesaba sobre los extranje-ros que actuaban en calidad de demandante.

Sin perjuicio de lo anterior, dentro de las competencias específicas que otorga ley podemos referir las siguientes:

Foros Exclusivos: Se refieren a las materias que únicamente pueden ser conocidas por los tribunales dominicanos. A saber:

a. Las relativas a derechos reales y arrendamientos sobre inmuebles dentro del territorio Dominicano;

b. Constitución, validez, nulidad o disolución de las sociedades comerciales que tenga su domicilio en territorio dominicano; y respecto de acuerdos y decisiones de sus órganos, cuando éstos afecten a su existencia y normas de funcionamiento;

c. Validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un registro dominicano;

d. Inscripciones o validez de patente y otros derechos sometidos a depósito o registro cuando se hubiere solicitado en la República Dominicana;

e. Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales y arbitrales en territorio dominicano;

f. Medidas conservatorias ejecutables en República Dominicana; y,

g. La determinación de la nacionalidad dominicana.

DESARROLLO SUSTANCIADO.

No es un instrumento que haya sido concebido sobre la base de regular específicamente una determinada área con preponderancia sobre otra, aunque, es preciso señalar que el aspecto procesal sobresale de las restantes.

La Ley de Derecho Internacional Privado se extiende hacia temas procesales, contractuales, laborales, Derechos del Consumidor, ámbito probatorio, entre otros.

Anteriormente, las relaciones privadas de carácter internacional entre dominicanos y extranjeros, con vinculaciones civiles y/o comerciales en territorio dominicano, básicamente, se regulaban mediante el Código Civil vigente y del Código de Bustamante del 13 de diciembre de 1928, el cual se conformó en el Sexto Congreso Panamericano efectuado en Cuba el 13 de febrero de 1928, siendo adoptado por la mayoría de los países participantes.

Resultando obsoleta, por el paso del tiempo, estas regulaciones jurídicas inter partes entre nuestros nacionales y extranjeros en materia civil y comercial, se tornaba imperativo la adquisición por República Dominicana de un nuevo, fresco y eficaz instrumento que actualizara estas regulaciones.

Esta Ley se corresponde con la realidad internacional que nuestro país viene viviendo desde hace, digamos, al menos quince años. De manera afianzada, República Dominicana aumenta día tras día la cantidad de comercio internacional que establece con socios empresarios en aguas extranjeras, no solo en materia de exportación e importación de bienes, sino, en la captación de inversión extranjera en territorio dominicano. 

Las bondades del crecimiento dominicano se han sucedido gracias a esta  dualidad, que ha permitido consolidarnos como principal economía de Centroamérica y el Caribe. Por ello, una regulación jurídica de la mano con esta realidad, era precisa.

Del ámbito procesal existen dos artículos que merecen nuestra atención.

El artículo nueve destaca una importancia vital para el ejercicio pleno de los derechos de los extranjeros, el hecho de que se estableciera, claramente, que los mismos tendrán acceso a los tribunales dominicanos en condiciones de igualdad con los nacionales y gozarán del derecho a una tutela judicial efectiva. 

Ciertamente, se trata de puntualizar sobre la debatida fianza judicatum solvi, que se refiere a la fianza que deberán presentar los extranjeros accionantes principales en justicia o intervinientes voluntarios.  

Dicha fianza es improcedente hoy día, por lo siguiente: en primer orden, esta fianza, establecida mediante los artículos 166 y 167 del Código de Procedimiento Civil, y posteriormente en el artículo 4 de la ley 845 de 1978, que enmienda el artículo 16 del Código Civil, una vez firmado y ratificado el Código de Bustamante, quedaron derogadas, ya que el artículo 383 reza: ¨No se hará distinción entre nacionales y extranjeros en los Estados contratantes en cuanto a la prestación de la fianza para comparecer en juicio¨. Al tratarse de un Tratado Internacional, posee un rango paralelo al de la Constitución, por lo que cualquier ley adjetiva que le adverse es nula. 

En segundo lugar, y habiendo sido siempre un principio constitucional la tutela judicial efectiva, tras la entrada en vigencia de la Constitución del 26 de enero de 2010, el artículo 69 en toda su extensión no deja lugar a dudas de que dicho derecho alcanza a los extranjeros. 

Así, no solamente proviene en improcedente, sino, además, en inconstitucional. Recordemos, además, que por vía adjetiva el criterio de la fianza judicatum solvi, incluso antes de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010, ya demostraba dejar atrás esta malsana limitación en nuestro sistema de justicia, cuando  la Ley 479-08, denominada Ley General de Sociedades Comerciales y Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada, incluyó la eliminación de esta fianza. Y no es casualidad, que una ley con carácter comercial sea la que iniciara esta rectificación legislativa, hoy confirmada.

Llama la atención, por otro lado, cierta ambigüedad en el artículo nueve de la Ley de Derecho Internacional Privado. Este artículo ¨foro de competencia no conveniente, forum non conveniens¨, establece dos excepciones donde los tribunales dominicanos pueden abstenerse de conocer o de continuar conociendo de un proceso por causas que surjan fuera del territorio dominicano, cuando (citamos): 

¨1) deban practicarse pruebas testimoniales y los testigos residan en el extranjero, y sea altamente oneroso para cada una de las partes la práctica de tales pruebas en el extranjero, o la comparecencia de los mismos ante los tribunales dominicanos; y 2) Cuando sea necesario una inspección judicial para una mejor apreciación de los hechos y dichas diligencias deban ser efectuadas en el extranjero.¨ 

Resulta sorprendente que este mismo articulado, establezca dos excepciones para la abstención del conocimiento de un juicio, sin establecerse y se abandone, sin más, la búsqueda de una solución justa para el caso en tales casos. ¿De manera que la búsqueda de la verdad de los hechos, principal tarea del sistema judicial, simplemente, se abandona a la mejor de las suertes de las partes? Es un artículo que da apertura a la abstención de los procesos bajo alegatos no muy robustos. Un carácter mucho más restrictivo y limitante del mismo se hubiese deseado. 

Es cierto que existen imposibilidades financieras y materiales para obtener pruebas dentro de los procesos, pero no debe constituirse esta imposibilidad en una apertura a que los jueces puedan abstenerse de conocer el fondo, bajo la sombrilla de la incompetencia territorial. 

En realidad, no se trata de la incompetencia de los tribunales dominicanos en este caso, como se titula el capítulo al que pertenece el articulado, sino de la facultad otorgada al juez, de que ante la onerosidad de las pruebas, éste pueda abstenerse de dilucidar el fondo.

En sentido general, es un valioso avance que contemos con esta nueva Ley de Derecho Internacional Privado. República Dominicana avanza en materia legislativa con ella, y nos posiciona a la vanguardia en materia civil y comercial. En una siguiente entrega nos referiremos sobre otros aspectos de esta nueva ley. 

RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DOCUMENTOS EXTRANJEROS.

Todos los documentos extranjeros de carácter público, contengan estos decisiones judiciales o actos de cualquier naturaleza, deberá cumplir con los siguientes requisitos para considerarse válidos en la República Dominicana:

(i) que hayan sido redactados u otorgados de conformidad con los requisitos exigidos por ley del lugar donde hayan sido emitidos para servir como prueba plena; (ii) que contengan los requisitos de forma válidos para considerarse autentico en la República Dominicana; y, (iii) que se acompañen de la traducción correspondiente, cuando se encuentren suscritos en otro idioma.
Sentencias Contenciosas

Por otro lado, las decisiones resultantes de procesos contenciosos serán reconocidas en la República Dominicana, una vez se obtenga el exequátur para la misma, el cual solo podrá ser denegado en los siguientes casos:

a) Si el reconocimiento fuere manifiestamente contrario al orden público;

b) Cuando en la decisión de que se trate se hubiera declarado el defecto del demandado sin constancia efectiva de haber sido éste citado en su persona o domicilio;

c) Si la decisión fuera inconciliable con una decisión dictada con anterioridad en otro Estado entre las mismas partes, en un litigio que tuviera el mismo objeto y la misma causa, cuando esta última decisión reuniere las condiciones necesarias para su reconocimiento en la República Dominicana;

d) Si se hubieran desconocido las competencias exclusivas de los tribunales dominicanos establecidas en la Ley.

e) Si la decisión no reúne los requisitos exigidos en el país en que ha sido dictada para ser considerada como autentica y los que las leyes dominicanas requieren para su validez.

El procedimiento de exequátur deberá ser conocido por la Cámara Civil y Comercial del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional en jurisdicción graciosa y es susceptible de apelación conforme al derecho común.

Otras Decisiones Extranjeras.

a) Decisiones relativas a la capacidad, a las relaciones familiares y a los derechos de la personalidad: Serán reconocidas cuando hayan sido pronunciadas por la autoridad de un Estado cuya ley resulta aplicable de conformidad con las disposiciones de esta Ley o produzcan sus efectos en el ordenamiento jurídico de ese Estado.

b) Decisiones extranjeras de jurisdicción voluntaria: Serán reconocidas sin que sea necesario recurrir a procedimiento alguno cuando hayan sido pronunciadas por la autoridad de un Estado cuya ley resulta aplicable de conformidad con las disposiciones de esta Ley o produzcan sus efectos en el ordenamiento jurídico de ese Estado.

c) Adopciones pronunciadas en el extranjero: Se reconocen cuando provengan del Estado del domicilio o nacionalidad del adoptante o del adoptando. No se reconocerán las adopciones o las instituciones similares del derecho extranjero, cuyos efectos en orden al vínculo de filiación sean diferentes a los reconocidos en el derecho dominicano.

d) Reconocimiento de relaciones paterno filiales. Se reconocen las decisiones extranjeras relativas a las relaciones paternofiliales cuando hayan sido pronunciadas en el Estado del domicilio del hijo o en el Estado del domicilio del padre demandado.

e) Reconocimiento de sucesión: Se reconocen las decisiones o los documentos relativos a una sucesión y los derechos derivados de una sucesión abierta en el extranjero, cuando: (i) hayan sido pronunciadas o expedidos en el lugar del último domicilio del causante o en el lugar al amparo de cuya ley este último sometió su sucesión; (ii) se refieran a bienes inmuebles y hayan sido pronunciadas o expedidos en el lugar en el cual dichos bienes están situados.

f) En todos los casos anteriores deben considerarse el orden público y el respeto al derecho de defensa.

CONCLUCION.

Tal y como lo establece su preámbulo, la Ley 544-14 ha venido a resolver la carencia normativa que afligía nuestro régimen jurídico en esta materia. Hasta el momento, las normas de derecho internacional privado eran difusas, ambivalentes, en exceso interpretativas y producto de una aproximación mágica hecha por el intérprete que se aventuraba a entender que esa materia existe.

Para el profesor, era un ejercicio creativo y difícil. Para el estudiante, una piedra de última hora en la culminación de sus estudios. Para el litigante, un dolor de cabeza en la misión de persuadir respecto a normas vagas e inasibles, y para los jueces, un conjunto vacío. La Ley 544-14 nos ofrece un verdadero conjunto de reglas claras, armoniosas y completas para llenar esta carencia. 

La Ley 544-14 ha transportado la República Dominicana de la prehistoria a la contemporaneidad, del Código de Bustamante a las más modernas leyes de derecho comparado internacional privado.
Definitivamente, esta ley ha arrojado luz en el ejercicio del derecho en la regulación jurídica de las relaciones privadas internacionales. El nivel de alerta de los profesionales de esta rama, ante la presencia de un elemento de extranjería, se ha incrementado sustancialmente.

En materia contractual y extracontractual el panorama era menos dantesco. Aun así, era frecuente la confusión de la ley aplicable al fondo con la ley del foro, asunto que ha quedado ahora definitivamente zanjado.

Gracias a la adhesión de la República Dominicana a importantes convenciones internacionales, el aspecto de reconocimiento y execuátur de decisiones extranjeras es más conocido para nuestros abogados.

Y finalmente, uno de los aspectos a nuestro juicio más revolucionarios de la ley ha sido la determinación de las leyes aplicables al derecho de familia. De un régimen de aplicación de las leyes nacionales, hemos pasado al régimen del domicilio o residencia habitual, mucho más eficiente y acorde con las relaciones económicas actuales. Este cambio marca una dramática diferencia en las reglas que deben regir ahora temas como el matrimonio, la filiación, la adopción y la sucesión.

Así como en bienes raíces hay tres elementos importantes a tomar en consideración ubicación, ubicación, ubicación, entendemos que el principal desafío para los operadores del sistema es estudio, estudio, estudio. La Ley 544-14 versa sobre un tema complejo que por primera vez recibe un tratamiento integral en nuestro derecho. Necesitamos conocer la materia, entender sus vertientes, desentrañar los conflictos que plantea y analizar cómo se han resuelto en jurisdicciones más adelantadas que la nuestra en la aplicación de esta normativa.

BIBLIOGRAFIA.

Ley 544-14 de Derecho Internacional Privado de la República Dominicana.

www.phlaw.com/ley-544-14.

Código Civil de la República Dominicana

La Ley 544-14 desde las perspectivas y experiencias de los despachos jurídicos

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